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Me parece bien que no se le haya inhabilitado al exPremier, Aníbal Torres. La moción consideraba tan solo sus expresiones beligerantes como razón para dicha inhabilitación, lo cual hubiera constituido un despropósito democrático tremendo.

Otra cosa sería si el Poder Judicial finalmente determina que tuvo efectiva participación -como todo lo hace pensar- en el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. En tal caso, la inhabilitación caería por su propio peso, pero en tanto ello no suceda, solo estamos, claramente, ante un intento antidemocrático de excluir candidatos que se considera riesgosos (una última encuesta de Ipsos lo coloca en lugar expectante).

Lo mismo sucede con el manido afán de algunos congresistas de reformar la Constitución para impedir que Antauro Humala pueda postular el 2026. También es claramente antidemocrático. La razón -señalan- es que su mensaje no se condice con los valores democráticos y que la democracia se debe defender. Pregunto: ¿deben prohibirse entonces todos los partidos comunistas? Eso no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, a pesar de que claramente dichos partidos trastocarían el orden político vigente.

O, para medir con la misma vara, entonces que el fujimorismo también sea excluido de cualquier contienda electoral ya que tiene probada solera antidemocrática y riesgo latente de reeditar el autoritarismo de los 90.

Lo peor de todo es que semejantes actos de exclusión no tendrían ningún efecto práctico, como el que desean sus promotores. ¿Creen realmente que si excluyesen a personajes como Aníbal Torres o Antauro Humala, la izquierda radical desaparecerá del escenario electoral venidero? Claramente eso no va a ocurrir. Surgirán otros en su reemplazo. Hay una pulsión antiestablishment radical en el país, asentada sobre todo en el sur andino, que se va a expresar por los mencionados o por cualquiera que asome el rostro el 2026, por más exclusiones que la derecha congresal perpetre.

A la izquierda radical se le debe desterrar del país. Es un peligro para la economía de mercado y la institucionalidad democrática, pero se la debe derrotar en las calles y las urnas, no mediante leguleyadas que, además, fácilmente podrían ser revertidas en instancias legales, nacionales o supranacionales.

Se asoma un horizonte electoral de alto riesgo, pero por culpa, sobre todo, de la irresponsabilidad política del centro y la derecha. Que no pretendan zafar responsabilidades excluyendo adversarios inconstitucionalmente y destruyendo los parámetros electorales democráticos.

Según la última encuesta que sobre el tema ha hecho Ipsos (abril del 2023), el 14% del electorado se identifica con la izquierda, 48% con el centro y 21% con la derecha. Más recientemente, en enero de este año, IEP hizo la misma pregunta y la ciudadanía respondió así: 29% se autodefine de izquierda, 36% de centro y un porcentaje similar (36%) de derecha.

Como es obvio, hay una clara mayoría centroderechista en el país, que se explica por varias razones sociológicas e históricas: la huella mnémica de Sendero Luminoso, la migración del campo a la ciudad, la proliferación de iglesias y sectas conservadoras, el fracaso estrepitoso de la izquierda, tanto en su versión moderada (Susana Villarán) como en su versión radical (Pedro Castillo), la gran informalidad (individuación forzada) existente, etc.

Ello ocurre a pesar de que la mayor parte de los gobiernos de transición (del centro a la derecha) le fallaron al país en cuanto a la urgencia de emprender reformas de mercado e institucionales. Y a que el gobierno actual y su pacto con el Congreso es percibida como una coalición derechista con enorme grado de impopularidad.

Intuimos, sin embargo, que esta identidad ideológica señalada es muy frágil y que los ánimos antiestablishment crecientes terminarán por desbordarla, haciendo muy probable que a pesar de estos resultados que comentamos, un candidato de izquierda radical -si no, dos- pasen a la segunda vuelta el 2026.

Dos razones hay para ello: primero, el factor anti statu quo señalado, asentado sobre todo en el sur, pero que irradia el mundo andino en general y algunos bolsones de pobreza de la costa y la selva. Y el segundo factor es la irresponsable actuación política de las fuerzas de centro y derecha que se están presentando absolutamente fragmentadas. A la fecha, entre ya inscritos y en trámite de hacerlo, hay diez candidatos que se podría identificar de centro y dieciocho de la derecha. ¡Es de locos!

Si eso no cambia de acá al 2026, estaremos lamentando que una situación sociopolítica proclive a que se repita un escenario como el del 2016, con dos candidatos finalistas de centroderecha, como Keiko Fujimori y PPK, sea desperdiciada.

El Fenatep, sindicato sucedáneo del Movadef, asentado en el Congreso merced al Bloque Magisterial, y a quien increíblemente le han regalado la Comisión de Educación -una de las más importantes del Parlamento- ha aprobado una iniciativa legal que vuelve a la carga en el intento de intervenir la Derrama Magisterial modificando sus estatutos y disponiendo el retiro de fondos de sus afiliados.

Es un despropósito inconstitucional porque ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden entrometerse en la organización interna de una empresa privada. Es equivalente a que mañana se pretenda reformar los estatutos del Banco de Crédito o de Alicorp. Es gravísimo que siquiera haya habido congresistas incautos que le hayan dado al Bloque de marras la mayoría necesaria para aprobar este dislate y se espera, en consecuencia, que cuando se vea en el Pleno, sea desaprobado por la mayoría del Congreso, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades (no es la primera vez que el sector ultraradical del magisterio pretende demoler o controlar a la Derrama Magisterial).

Resulta profundamente demagógico, además,comparar a la Derrama con una AFP e indicar, por ello, que así como lo han hecho con las AFP pueden hacer que los maestros retiren sus fondos. En primer lugar, no hablamos de pensiones sino de un fondo de jubilación que es entregado a los pocos días del retiro laboral del maestro. En segundo lugar, es un aporte voluntario, no obligatorio, y constituye, por ende, un acuerdo entre las partes, que le permite a la Derrama invertir esos fondos, rentabilizarlos y aportar un monto significativo a los maestros cuando se jubilan.

Desde que el Sutep asumió el control de la Derrama, hace cuarenta años, la ha logrado reflotar. Era una entidad quebrada. Hoy funciona a la perfección. Ha entregado más de mil millones de soles a los maestros y su manejo es estrictamente supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y el propio Ministerio de Educación, que nombra un miembro en el directorio.

No se puede permitir un zarpazo ilegal como el mencionado. Las fuerzas filosenderistas del magisterio deben ser expectoradas del quehacer educativo y no se puede aceptar, por ello, que sus ansias destructivas de todo lo que signifique bienestar para el maestro -al que quieren empobrecido e irritado, como carne de cañón para sus propósitos levantiscos- tenga éxito en el Congreso. Hay que estar advertidos.