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Audiocolumna archivos | Página 3 de 59 | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

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Dentro de lo poco que gusta moverse el gobierno -ha consagrado la tesis de la inamovilidad como herramienta de supervivencia-, ayer se produjo un relevo ministerial parcial, que, sin embargo, implica algunas buenas noticias.

Los cambios de Álex Contreras del MEF y Oscar Vera del Ministerio de Energía y Minas, son bienvenidos. Su reemplazo por José Arista y Rómulo Mucho supone un upgrade. Y aunque habrá que verlo en la cancha parece venir bien también el ingreso de Juan Carlos Castro en el Ministerio del Ambiente. El ingreso de Walter Astudillo en Defensa, particularmente, no parece revestir ninguna acción modificatoria de las políticas del sector.

Se comenta que estamos frente a una división de poderes, que Otárola, premier superviviente, ha designado a Arista y Mucho, y que Nicanor Boluarte, a Castro y Astudillo. Puede ser. Entre ambos se distribuyen las cuotas palaciegas alrededor de la presidenta. Para el caso, no interesa mucho, en la medida que revelaría cierta coordinación pacífica de los respectivos ámbitos de acción. Si hubiera fuego cruzado en la cúpula del poder, éste se habría resuelto de manera amistosa.

Lo cierto, sin embargo, es que las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas proinversión privadade la que existía con sus antecesores (particularmente con el nefasto exministro de Energía y Minas). La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el gobierno para recorrer el trance de acá al 2026.

¿Ello tendrá impacto en las elecciones de ese año? Sí, sin duda. Si lo hacen bien y recuperan la senda del crecimiento, habrán abonado en favor de los candidatos de semejante perfil ideológico. Pero si lo hacen mal, si se dejan arrastrar por la mediocridad rampante del régimen o cometen torpezas tecnocráticas que alienten la conflictividad social (es el caso del Minem), alimentarán, más bien, las fuerzas disruptivas agazapadas que alientan el fracaso del gobierno.

La derecha peruana, en lugar de andar buscando modelos disparatados como los de Bukele o Milei, debería verse en el espejo chileno, a propósito del lamentable accidente mortal sufrido por el expresidente sureño, Sebastián Piñera.

Hay que rescatar, por cierto, el ejemplo republicano de ver a exmandatarios de todas las orillas ideológicas sumarse a un homenaje universal, pero lo políticamente destacable es la identificación democrática de un gobernante de derechas, cosa poco frecuente en nuestra región.

Piñera formó parte de la derecha post pinochetista, que supo evolucionar de las cavernas dictatoriales y hacer de la democracia un valor esencial e irrenunciable. Pasó en Chile lo mismo que aconteció en España, donde la derecha franquista desapareció (aunque ahora busca resucitar) y le dio paso a una derecha democrática sin mácula.

Eso no ha pasado en el Perú, lamentablemente, con el fujimorismo, la fuerza derechista más importante de los últimos treinta años. A pesar de la trágica conclusión del mandato de Alberto Fujimori, sus huestes siguen enalteciendo los valores autoritarios por él exhibidos y, peor aún, han retrocedido en otros aspectos de políticas públicas.

Ya no se trata de crear un fujimorismo sin Fujimori, la cuestión política esencial en el Perú es la construcción de una derecha liberal, democrática, creyente en los derechos civiles y humanos, y defensora a ultranza no solo de las libertades económicas sino también políticas. Que el fujimorismo quede en el registro de la historia, con sus luces y sombras, pero ya en el pasado.

Piñera supo construir una relación magnífica con el Perú, a pesar del tránsito por el polémico fallo de La Haya. Fue un hombre pragmático y global, ajeno a cualquier nacionalismo primitivo y xenófobo. En el Perú no necesitamos un Bukele o un Milei, la derecha necesita un Piñera. Su aparición, entre la miríada de candidatos que asoman con ese potencial perfil, sería una gran noticia para la democracia peruana y su sostenibilidad por el buen sendero.

Si ello fuera acompañado de la generación de una izquierda moderna y no retrógrada, como la que hoy tenemos, el país avanzaría mucho no solo en la salida de la crisis política coyuntural que atravesamos, sino que podría dar inicio a un bicentenario efectivamente republicano.

Ha causado un terremoto el conocimiento de parte del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, hoy aspirante a colaborador eficaz.

Lo dicho por Villanueva obliga a abrir varias líneas de investigación, algunas de las cuales ya tomó entre manos la Junta Nacional de Justicia, pero a la vez torna imperativo tomar con pinzas lo dicho por alguien que claramente habla en busca de librarse de una pena efectiva de prisión (sin que sorprenda, porque ya ha pasado antes, que actúe inducido por fiscales sin probidad). Todo lo que un aspirante a colaborador eficaz diga, para que adquiera valor penal, debe ser plenamente corroborado o al menos existir indicios razonables de veracidad.

La sociedad democrática debe reaccionar frente a los excesos fiscales, cometidos con fruición, dadas sus sobredimensionadas atribuciones. Allanamientos, prisiones preventivas y demás medidas, sin que haya una condena final o acreditación suficiente de pruebas (solo en base a dichos de aspirantes a colaboradores eficaces), no pueden ser tolerados en un sistema de justicia probo y, valga la redundancia, justo.

Quien escribe ha sido víctima de un claro abuso fiscal. Luego de una denuncia periodística cabalmente sustentada, se ordenó mi seguimiento y videovigilancia, con la complacencia de varios fiscales, y aún hoy está en proceso de apelación con la clara intención de perpetuar el despropósito. Y, claro está, ni los órganos de control internos ni la JNJ se han pronunciado al respecto.

Más allá de hechos puntuales como los relatados, resulta concluyente que se requiere una refundación del Ministerio Público que pase por un acotamiento de sus atribuciones. El esquema vigente ha fracasado, conduce a investigaciones interminables, decisiones abusivas, sentimientos de soberbia impunidad por parte de los fiscales, acusaciones fallidas, casos con tipos penales inventados y, lo que es más grave, politización de sus acciones. Y todo ello, en medio de una guerra civil infraterna, de dos bandos que se disputan el control de la institución. El Ministerio Público está profundamente deteriorado y su vigencia institucional no da para más.

-La del estribo: dos buenos libros sobre la mesa. Páginas del fin del mundo, del escritor limeño Johann Page, una sorpresa propicia, y La crisis del capitalismo democrático, de Martín Wolf, jefe de Economía del Financial Times, libro de tremenda vigencia global y local.

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Jaime Villanueva, Ministerio público

No es posible que estemos ad portas de ver en funciones el mejor aeropuerto de la región y que su puesta en marcha vaya mal acompañada de una empresa calamitosa como es Córpac.

No tiene siquiera capacidad de controlar un mafioso sindicato de controladores aéreos, que ya ocasionó una tragedia mortal y que, aprovechándose de su capacidad monopólica de presión (lo que no sucedería si la empresa fuera privatizada), se permite la osadía de retrasar centenares de vuelos a su antojo y capricho, porque exigía las gollerías de las horas extras que se les había retirado justamente por ser antitécnicas y propicias para la ocurrencia de desastres como el último, ocurrido el 18 de noviembre del 2022.

El gobierno debe entender que las concesiones privadas, cuando son bien reguladas y supervisadas, han probado inmensa mayor eficacia que los monopolios u oligopolios estatales. El Perú tiene sobrada experiencia en ello. Las empresas públicas siempre funcionan mal y cuando, eventualmente, aparentan arrojar utilidades, no lo hacen en la medida que podría hacerlo una empresa privada en cuanto a buena provisión de servicios de calidad.

A través del Centro de Instrucción de Aviación Civil, que administra Córpac, se restringe, con malabares y trucos sindicales, el ingreso de más controladores, y con ello se aseguran poner de rodillas a las autoridades en sus reclamos.

Corremos el riesgo de ser degradados a nivel internacional como país de destino y de partida de vuelos hacia los Estados Unidos, con lo cual de poco o nada habrá servido construir tremendo aeropuerto.

Hoy por hoy, la Dirección General de Aeronaútica Civil no controla nada. Córpac y el sindicato de controladores aéreos hacen lo que les viene en gana. Y todo ello, en abierto perjuicio de los usuarios de la aviación comercial en el país.

Es imperativo que se culmine con la privatización de empresas públicas como Petroperú, Sedapal, Córpac y algunas otras que constituyen lastres en sus respectivos mercados. Ninguna de esas empresas cumple siquiera con el criterio de ser “estratégicas”. Lo estratégico es que funcionen bien y eso pasa porque dejen de ser empresas públicas, onerosas, ineficientes y teñidas de corrupción.

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Corpac, Privatización

El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

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Bukele, Dina Boluarte, Pedro Castillo

La Policía Nacional del Perú la quiere emprender contra el caricaturista “Carlín”, Carlos Tovar Samanez, por publicar una viñeta en la que dejaba manifiesta la corrupción de la institución.

¿Cuál es el motivo de escándalo, si efectivamente la Policía Nacional es, desde hace tiempo, una de las entidades más corruptas del organigrama estatal? Casi a diario vemos noticias donde policías son detenidos o descubiertos cobrando coimas, participando en delitos varios o prestándose al accionar de mafias delictivas.

El tejido institucional que favorece el crecimiento de las organizaciones criminales incluye al INPE (las cárceles son oficinas del delito), el Ministerio Público y el Poder Judicial (donde los mafiosos son librados por fallos absolutorios o “errores procesales” que luego favorecen su impunidad), pero es la policía el principal eslabón de la cadena corrupta que propicia la ola delictiva que el país está sufriendo.

Hace muchos años, un exministro del Interior me contó cómo, el primer día que asumió el cargo, se le acercó el alto mando policial y le hizo entrega de un maletín con una enorme suma de dinero y le indicaron que era el monto correspondiente que le tocaba por su cargo (claramente era el precio de no tocar el statu quo). Mi informante rechazó la coima y desde allí solo sufrió boicots y trampas que pronto le costaron el puesto.

¿Quién de los que me lee y conduce un vehículo no ha recibido jamás una solicitud de dinero por parte de la policía de tránsito a cambio de no imponer una multa? Y ese es el delito al menudeo. Los delitos de corrupción mayores son los vinculados a las operaciones de las diversas mafias delictivas (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, contrabando, extorsión, etc.), que sobreviven gracias a la colaboración policial.

Quien quiera combatir el delito creciente en el Perú tiene que empezar por una purga de la costra corrupta de la policía. Hay buenos elementos y buenos mandos, que han sabido mantener la decencia en medio del pantano. En base a ellos, que se les conoce, se debe edificar la nueva policía. Sin ese paso, será imposible derrotar a la delincuencia y llama poderosamente la atención,por ello, que muchos de los impulsores de la mano dura, eviten hablar de ella cuando se trata de imponerla a una institución donde la corrupción ha hecho metástasis.

Se necesita una policía decente e ilustrada, que sea una institución democrática y moderna, que sepa aquilatar, por lo pronto, la Constitución y respetar, como derecho básico, la libertad de prensa.

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corrupción, policias, policias corruptos

Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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Conga, Petroperú, Privatización, privatizar, sedapal

“El delincuente tiene que ser declarado como objetivo militar. Además, declarar la tenencia ilegal de armas como terrorismo delictivo. Tercero, los delitos como sicariato, secuestro, extorsión, declararlos como traición a la patria”.

“Leyes más duras, más drásticas (…) Yo sí estoy de acuerdo en que se aplique la pena capital aquí en el país, y si tenemos que salirnos del Pacto de San José, nos salimos pues”.

“La delincuencia criminal ha convertido en un baño de sangre el Perú y esta situación necesita medidas duras, mano dura. Por lo tanto, creo que tenemos que eliminar a aquellos sujetos, lacras que asesinan a peruanos inocentes (…) Que se aplique la pena capital a todos aquellos delincuentes en flagrancia”.

Son algunas de las frases lanzadas en la entrevista que le efectuara este fin de semana Perú21 a Carlos Álvarez, el potencial outsider de la derecha para los comicios del 2026 (de antemano, ya hemos señalado que tiene un potencial electoral muy superior al de sus competidores del mismo espectro ideológico).

Por ello mismo preocupa que Álvarez haga suyo el populismo punitivo, que a nada bueno conduce y no es el mecanismo adecuado para luchar contra el grave problema de inseguridad que el país vive.

Lo que se requiere, y es la llave mágica que muchos países han hallado para disminuir la tasa delincuencial (no es El Salvador, en ese sentido, el mejor ejemplo), es asegurar que el delito sea sancionado efectivamente. Ya existen penas duras en el Perú, pero los delincuentes saben que ni siquiera van a ser capturados o que, si lo son, lo más probable es que sean liberados o sancionados levemente.

Lo que se requiere es una profunda reorganización de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial, preñados de corrupción o intimidados por los criminales, y que, al disminuir la tasa de efectividad en la real sanción de los delincuentes, alientan su proliferación (hemos descendido 20 lugares en el ranking global de la corrupción que realiza Transparencia Internacional).

No hace falta ser autoritario para combatir a las mafias. Se necesita firmeza, eso sí, para combatir a aquellas que se han infiltrado en nuestras instituciones llamadas a combatir el delito. Y para ello no hace falta romper los cánones democráticos, ni construir un Estado policíaco, ni vulnerar el respeto estricto a los derechos humanos.

Siendo, como es, un líder popular, inteligente y bien articulado, Carlos Álvarez está a tiempo de estudiar mejor el tema y proponer soluciones que no constituyan un peligro democrático. Tenemos experiencia como país de que cuanto más indiscriminada fue la lucha antiterrorista, Sendero Luminoso creció y prosperó. Cuando se aplicó la inteligencia y la civilización, fue derrotado. Lo mismo debiera aplicarse a la lucha contra la lacra delincuencial que nos está sometiendo. No necesitamos un Bukele. La DBA no debe tener vela en el entierro de las bandas criminales que asolan el país.

Si el gobierno entrante es, como sería deseable, de centroderecha, será imperativo que obtenga mayoría parlamentaria -por propia cuenta o por coaliciones partidarias– para lograr gobernar con relativa estabilidad y conseguir las metas de enderezar la economía, desbaratar las redes de corrupción que han hecho metástasis en el Estado peruano y combatir la inseguridad ciudadana, los tres grandes desafíos del presente, que lo seguirán siendo el 2026, dada la incompetencia del actual régimen por resolverlos.

Si el 2001 Toledo no se hubiera aliado al Frente Independiente Moralizador, de Fernando Olivera, y el 2006, Alan García a Unidad Nacional de Lourdes Flores y al fujimorismo, obteniendo así mayoría congresal, no se hubieran plasmado los dos gobiernos más exitosos de los últimos lustros (Ollanta Humala logró también mayoría con la concurrencia de Perú Posible, pero, a pesar de no ser el chavista que algunos temían, fue en su gobierno que empezó el desmontaje del modelo económico heredado de los 90, y que tantos frutos ha dado al país, permitiendo décadas de desarrollo y de reducción de la pobreza).

De hecho, quien asuma las riendas del poder el 2026, tendrá que labrar una múltiple coalición partidaria, considerando la perspectiva de que haya una veintena de candidaturas del mismo perfil ideológico, muchas de las cuales colocarán alguna cuota parlamentaria.

Pero bajo los antecedentes funestos de lo que sucedió el 2016, con la cainita actuación política del fujimorismo, socavando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo ideal sería que quien descollecomo potencial presidente no descuide una tarea esencial: trabajar provincias con ahínco, visitarlas frecuentemente, conformar buenas listas locales, y lograr así una propia bancada congresal lo suficientemente poderosa para no ser víctima luego del chantaje de líderes mezquinos, como lo fue Keiko Fujimori luego de su segunda derrota presidencial (si el fujimorismo apoyó a García el 2006 fue porque Keiko no se presentó; lo hizo Martha Chávez).

Restan poco más de dos años para la realización de los comicios presidenciales del 2026, tiempo suficiente para que las organizaciones que logren inscribirse y postular hagan la tarea política que corresponde y respecto de la cual, la izquierda ya viene corriendo metros por delante.

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elecciones 2026, Keiko
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