Informes

[INFORMES] Sudaca pudo acceder al Expediente 1706-2023-0-0901-JR-PE-09 que refiere a la apelación de sentencia de habeas corpus presentado por la concesionaria Innova Ambiental demandando a la Municipalidad Metropolitana de Lima. “La Sala se pronunció –indebidamente– sobre las supuestas infracciones medioambientales que vienen siendo discutidas en sede administrativa ante el OEFA”, menciona el citado documento sobre la sentencia del 18 de agosto del 2023 en contra de la concesionaria.

“Es necesario recordar que INNOVA ha demostrado su plena disposición para mitigar dichas observaciones. Del mismo modo, es preciso mencionar que los mencionados supuestos incumplimientos ya vienen siendo discutidos en sede administrativa ante el OEFA”, se agrega.

En este mismo documento, vemos que Innova Ambiental interpone Recurso de Agravio Constitucional contra la sentencia del 18 de agosto de 2023. En este mismo culpa a la Municipalidad de Lima por su actuar en medio de todo este proceso:

Pedido de Innova Ambiental al Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Ante esta problemática, el Colegiado Superior mencionó lo siguiente: “CONCEDER el Recurso de Agravio Constitucional planteado por la defensa técnica del beneficiario INNOVA AMBIENTAL S.A., debiendo elevarse al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL con la debida nota de atención”.

Ahora bien, es necesario ver este problema a partir de una de las dudas que ha generado las supervisiones que se realizaron en el Relleno Sanitario “El Zapallal”, ya que Innova Ambiental se rasga las vestiduras en mencionar que están intentando cumplir con los requerimientos del MINAM y la MML.

Respetando la identidad de los denunciantes, se sabe de la comunicación incansable con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en dos oportunidades. Estas se dieron el 14 de junio y el 12 de julio del 2023.

La primera de estas, se solicitó para que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizará un estudio sobre la composición de los gases que arrojan las chimeneas en el relleno sanitario El Zapallal y otro estudio sobre el nivel de partículas por millón emitidas en la infraestructura.

Y es que habían transcurrido más de dos meses desde que se paralizaron las operaciones y la infraestructura seguiría emitiendo gases con los mecheros apagados, lo cual no sería objeto de fiscalización. En medio de ello, la revisión al instrumento de gestión ambiental (IGA) Actualización y Mejora del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para la infraestructura de disposición final de residuos sólidos El Zapallal, el numeral 3.3.13.1 referido a emisiones de gases y olores señaló el siguiente resultado:

  • Las emisiones de gases se producirán principalmente por los drenajes de gases a través de chimeneas donde se quemarán previamente a su descarga al aire libre.
  • Sobre la base de 100 Kg de residuos sólidos introducidos al relleno, el 40% en peso (40 Kg) es transformado en biogás (Metano, CO2 y NH3) y el resto (60Kg) se transforma en lixiviado.
  • Del total de biogás generado, el 50% es canalizado a través de las chimeneas y el otro 50% se pierde por fugas a través de las trincheras y plataformas.
  • Además, se ha estimado que la cantidad de biogás a producirse en el relleno sanitario es de 30,85m3 /h por cada 100 Kg de residuos, (…)»

Extracto del documento presentado por el OEFA

Sudaca al documento que pudo tener acceso, también identifico que dicho organismo destaco que el instrumento de gestión ambiental del relleno sanitario El Zapallal se encuentra caracterizada por la composición de los gases emitidos y no considera la emisión de material particulado. Además, también rescato que el relleno sanitario ya no recibe residuos sólidos -según Innova Ambiental- desde el 21 de febrero del 2022 por la suspensión parcial unilateral del Contrato de Concesión del 25 de octubre de 1995.

El OEFA también recordó que mediante Resolución de Alcaldía N° 284-2023, de fecha 14 de abril de 2023, la Municipalidad Metropolitana de Lima resolvió revocar la autorización de funcionamiento del relleno sanitario “El Zapallal”.

Para esta fecha que se envió la carta al OEFA, se estaba solicitando una evaluación ambiental al relleno sanitario “El Zapallal”; sin embargo, el organismo no dio ninguna luz de esperanza. “Debemos señalar que en atención con la programación de actividades del OEFA no es posible ejecutar una evaluación ambiental respecto a la problemática informada el presente año”, menciona el citado documento que rechazaba la evaluación del relleno sanitario .”Dicho requerimiento será considerado en el universo de solicitudes a ser evaluadas para su posible inclusión en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental– Planefa 2024, de acuerdo a los criterios de priorización correspondientes”, se agrega.

Sudaca pudo acceder a una segunda carta que respondió el OEFA para evaluar los biogases y material particulado del relleno sanitario. Ahora bien, el 4 de julio de 2023 se realizó una reunión en las oficinas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS) y la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) le informaron su análisis.

La DSIS identificó mediante una supervisión que realizó al Relleno Sanitario “El Zapallal” que se realiza la quema de gases en las chimeneas de la plataforma superior de la celda de disposición final de la quebrada N° 1. Por su parte, también se refirieron a los malos olores. Según la respuesta de la OEFA, a la fecha no se cuenta con límites máximos permisibles aprobados que caractericen las emisiones de las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos.

La OEFA advirtió en su carta emitida el 12 de julio del 2023 que la DSIS tiene previsto realizar una nueva supervisión al relleno sanitario “El Zapallal” durante el segundo semestre del presente año, cuyos resultados serán remitidos en su oportunidad.

Chimeneas del relleno sanitario

El informe Nº6201-2016/DSA/DIGESA sobre la evaluación de la actualización y mejora del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del relleno sanitario «El Zapallal» advierte en sus medidas de mitigación en lo que respecta a la alteración de la calidad del aire: «Quema del gas metano en la salida de los sistemas de drenaje de gases, de tal manera de que el gas metano y otros gases combustibles se queman, convirtiéndose en CO2. En este caso es FUNDAMENTAL ASEGURAR QUE LOS QUEMADORES ESTÉN SIEMPRE ENCENDIDOS, YA QUE EL FUERTE VIENTO DE LA ZONA PUEDE APAGAR LA LLAMA«, menciona el documento.

Entonces, OEFA, si es necesario que todos los quemadores se encuentren en funcionamiento, ¿Por qué en su reporte público de supervisión se evidencian que hay 5 chimeneas “no visibles”? Esto se podría traducir que estas chimeneas se encontraban sin funcionamiento y apagadas. “En tal sentido es muy importante la vigilancia permanente del encendido de los quemadores en cada venteo”, advierte el informe de la DIGESA que obviamente Innova Ambiental no respeta.

Se visualiza que el OEFA evidencia 5 chimeneas “no visibles”
El OEFA informa que existen 10 chimeneas en el relleno sanitario, de las cuales, son 5 las que tienen “flamas no visibles”

Hay mucho que hablar sobre las irregularidades que ocurren en medio de las deficiencias que la Municipalidad de Lima no puede controlar. Lamentablemente hablamos de vecinos perjudicados y la integridad de los ciudadanos y su salud perjudicados por la concesionaria negligente y avara por intereses de quedarse con el servicio de limpieza de la capital. Hay mucha más que hablar del tema, pero lo veremos en un siguiente informe de Sudaca.pe

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CO2, evaluación ambiental, INNOVA, Municipalidad de Lima, OEFA

Se empiezan a desvanecer los intentos de Diego Uceda, alcalde de La Molina, contra la apertura del nuevo centro comercial que Cencosud ha construido en su distrito. Tal como lo reportó Sudaca en el informe publicado el último martes bajo el título LA GUERRA DE UCEDA CONTRA EL CENTRO COMERCIAL, la nueva gestión encabezada por Uceda emprendió desde inicio de año una campaña contra el proyecto que empezó sus obras hace más de cinco años y, a lo largo de ese periodo, no presentó inconvenientes graves para renovar las licencias que se requerían.

Sin embargo, tras la llegada al mando distrital del candidato de Renovación Popular, el panorama cambió radicalmente y empezaron a salir a la luz una serie de excusas que parecían tener como único propósito impedir que el centro comercial en cuestión abra sus puertas y para ello se podían valer de la excusa que fuese necesaria.

Tal como se relató en el informe de Sudaca, la negativa del alcalde a emitir la licencia de funcionamiento se basó en argumentos poco serios, como lo fue el ampararse en la existencia de una demanda contra la municipalidad pese a que esta no involucraba a la empresa que solicitó la licencia o a la insólita exigencia de permitir el estacionamiento gratuito pese a que los otros centros comerciales que operan en la ciudad cobran por este servicio.

Entre sus más recientes y desesperados esfuerzos para convencer a sus propios vecinos de La Molina que la postura de Uceda es la correcta, la Municipalidad de La Molina ha publicado recientemente en sus redes sociales un oficio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el cual se declaraba la nulidad de un informe técnico favorable por incumplir la normativa vigente.

Pero lo que la municipalidad omitió en dicha publicación fue la fecha de dicho documento que data de 2021. Aunque el posteo viene acompañado de un texto que dice “Cencosud está vertiendo información falsa. No cuentan con los permisos del Ministerio de Vivienda para su apertura”, lo cierto es que Cencosud empezó un nuevo trámite este 2023 en el cual se adecuaron a los requisitos vigentes para el proyecto del centro comercial y recibieron al aval del Ministerio de Vivienda que fue presentado a la municipalidad el pasado mes de agosto.

No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.

En este documento, que fue firmado por los revisores urbanos Gabriel López, Alberto Champion y Jorge Rodríguez, le solicitan a Uceda abstenerse de dar declaraciones imprecisas o parciales para no perjudicar su imagen pública. Un pedido que llega tras una de las recientes entrevistas que brindó el alcalde de La Molina en la cual señalaba que el revisor urbano era un particular contratado por Cencosud.

Los revisores urbanos añaden que ellos, tal como lo estipula la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, asimilan las funciones de una comisión técnica que verifica que los proyectos cumplan con las disposiciones y que, además, son personas del régimen privado pero actúan con potestades públicas aprobando y evaluando expedientes técnicos.

Además, como se mencionó en el informe del pasado martes, el revisor urbano debe estar habilitado por el colegio profesional que le corresponde e inscrito en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda y no podría estar al servicio de la parte involucrada, como sería Cencosud.

La postura del alcalde Uceda incluso lo está llevando a perder aliados de su propia agrupación política. Este es el caso de la regidora Milagritos Quintana, quien pese a haber ingresado junto a él como parte de Renovación Popular no duda en mostrar sus críticas a la negativa por parte del alcalde para permitir que el centro comercial abra sus puertas.

Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.

Con menos argumentos en los cuales apoyarse, el alcalde Uceda parece estar cada vez más solo en una inexplicable guerra contra un centro comercial que, además, lo está llevando a ser visto por sus vecinos de La Molina como un político enemigo de la inversión.

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Centro Comercial La Molina, controversia, Diego Uceda, La Molina, Revisores Urbanos

[INFORMES] Manuel Velarde Dellepiane era burgomaestre del distrito de San Isidro cuando se declaró viable el “Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro”; según la información a la que pudo acceder Sudaca. Este proyecto, con Código Único Nº 2369797, tenía una inversión de S/. 21,491,037,27 Nuevos Soles.

Dicho monto comprendía, entre otros, mejoras de las instalaciones de la infraestructura del local de calle  Paul Harris, la adquisición de un inmueble para el Centro Médico Municipal en la urb CORPAC, cuyo monto estaba presupuestado  en S/. 4 860 000,00 Nuevos Soles y su acondicionamiento presupuestado en S/. 1 425 454, 07 Nuevos Soles.

El alcalde Velarde terminaría su gestión sin poder iniciar el proyecto  y al ingresar el cuestionado sr Augusto Cáceres a la alcaldía de San Isidro (personaje que en Sudaca también hemos hablado) se modifica el monto de inversión a S/. 23 331 937, 20 Nuevos Soles.

Estando Cáceres en la alcaldía, se efectúa la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 “Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano”

Centro de salud municipal perjudica a San Isidro
Augusto Caceres (sentado), alcalde de San Isidro, detenido por la PNP

La Municipalidad de San Isidro concede la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble de su propiedad ubicado en la avenida Guardia Civil N° 754-760 y  por un valor de  6 595 842,24 Nuevos Soles.

El 21 de diciembre de 2020 la MSI  emite la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9800,00 para el expediente técnico de la partida de demolición del inmueble.

Sudaca converso con Mario Altuna, vecino sanisidrino, quien ha estado al pendiente del tema y que ha sido uno de los denunciantes de este caso. “Los vecinos le hicimos una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) para saber si podría funcionar un centro de salud en el lugar pues la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 no lo permitía al encontrarse el terreno a menos de 100 metros de una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones y eventos; respondiendo la entidad que NO PROCEDÍA”, menciona.

Centro de salud municipal perjudica a San Isidro

Dicha información ya había sido remitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional ( OCI-MSI ) el 30 de junio de 2021. “Por lo tanto, no es posible la instalación del centro médico municipal en dicho lugar«, menciona el citado documento. Puesta a disposición de la gestión Cáceres; gestión que no tomó relevancia de la advertencia y demolió la vivienda que, además, no cumplía con los requisitos del MINSA por haber sido construida para ese uso ( vivienda ), empezando luego la construcción de  un edificio de cinco pisos que no está aún terminado por diferentes problemas y que la gestión actual no ha querido parar.

Centro de salud municipal perjudica a San Isidro
Respuesta de la DIRIS CENTRO a Mario Altuna, vecino de San Isidro

Nancy, ¿Qué hacemos?

Es lamentable que en medio de estas irregularidades, la actual alcaldesa de San Isidro no haya impedido el avance de la obra . Ella fue regidora durante la gestión del alcalde Cáceres y tenía conocimiento del tema .

Centro de salud municipal perjudica a San Isidro “Este es un caso grave que amerita abrir procesos contra los que resulten responsables, pues la edificación nos costaría a los vecinos cerca de 35 millones y no podría ser utilizada como centro de salud”, refiere  Mario Altuna.

No es poca la preocupación que debemos tomarle al caso, y es que este predio se encuentra ubicado a 81.97 mts del grifo REPSOL y a 70.80 mts del Colegio John Neper:

Ubicación del “Centro Médico Municipal de San Isidro”

Citando los documentos oficiales, la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01 aplica obligatoriamente para centros del primer nivel de atenciòn del sector salud y nos dice :

Art 6.1.1.3. Relacionado a la ubicación del terreno:

  1. b) Los terrenos NO deben ubicarse a una distancia menor a los 100 metros equidistantes del lìmite de propiedad de una estación de servicios de combustibles , de grandes edificaciones comerciales , edificaciones que generen concentración de personas como centros educativos, centros culturales, campos deportivos , centros religiosos u otros”

Ante los hechos expuestos; la Contraloría GDR y el MINSA deberían pronunciarse de inmediato.

Vemos que no se cumplen ninguna de estas precauciones que proporcionalmente puede perjudicar a los vecinos de San Isidro. Al día de hoy el edificio y los sueños truncados de varias gestiones sigue en cuestionados trámites para que pueda ser concluida. Hay mucho más que decir del caso; sobre todo, del actuar de la Contraloría, la DIRIS y la actual burgomaestre de San Isidro. Sin embargo, hablaremos de ello detenidamente en otro informe de Sudaca.

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Centro de Salud, Escándalo, Malversación, Normas de Construcción, San Isidro

[INFORMES] El pasado 9 de septiembre Sudaca dio a conocer la historia de Glenda Villegas Vargas, una mujer de setenta y ocho años que se encontraba internada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa padeciendo una grave fractura en la pierna y la indiferencia del personal médico de dicho centro de salud.

En el informe titulado SOBREVIVIENDO A LA INDIFERENCIA: OTRA HISTORIA DE NEGLIGENCIA MÉDICA también se relataba que, durante su internación, Glenda sufrió un ACV durante su internamiento y, además, le notificaron que se le encontró un tumor, aunque no le ofrecían tratamientos ni alternativas para estos problemas de salud.

Tras la publicación de informe periodístico, el área responsable de relaciones públicas del hospital se comunicó con la familia de Glenda en lo que parecía ser la luz al final de camino lleno de problemas. “Después que salió el informe de Sudaca me llamaron de relaciones públicas para decirme que yo había entendido mal y que sólo le habían dado el alta de neurología”, relata Ania Villegas, sobrina de Glenda, aunque agrega que no confiaba en esta excusa debido a que cuando le comunicaron el alta le dijeron a su familia que se la debían llevar del hospital y no sólo del área de neurología. Sin embargo, el calvario para Glenda estaba lejos de terminar tal como se expondrá en este informe.

LA ESPERA INTERMINABLE

Luego de la aclaración que le hizo el área de relaciones públicas, Ania esperó dos días para que encuentren una cama para su tía Glenda en traumatología y pueda ser trasladada. Tras haber esperado por semanas, unos días más podían parecer poco con tal de ver a su tía librarse del dolor que día a día experimentaba en su pierna. “Me dijeron que no me preocupe porque mi tía estaba estable y el jueves la iban a operar”, relata Ania, quien paralizó su vida hace más de un mes para viajar a Arequipa y acompañar a su tía en una operación que, inicialmente, sólo iba a ser cuestión de días.

Pero al día siguiente surgió el primer inconveniente. En el hospital le notificaron a Ania que, para operar a su tía, debía conseguir cinco unidades de sangre adicionales. Aunque esta situación representaba un problema debido a que tanto Glenda como Ania no tienen familiares ni conocidos en Arequipa, la posibilidad de ponerle punto final a la dolencia de su tía llevó a que Ania consiga que varias personas viajen de Tacna a Arequipa para cumplir con la exigencia del hospital.

Cuando se habían hecho las gestiones y las personas dispuestas a colaborar se encontraban listas, un nuevo percance se topó en el camino. “Hice setenta y seis llamadas al banco de sangre y me dijeron que no iban a atender. Llamo al día siguiente y me dicen que estaban en campaña y no iban a atender”, cuenta Ania todavía indignada, un sentimiento que aumentaría al día siguiente cuando, tras llevar cuatro personas, le dijeron que sólo podían recibir dos donantes por paciente.

La tarde del día anterior de la operación, la familia de Glenda recibiría una nueva y desagradable sorpresa. “Un técnico me comentó que nadie le había dicho nada (con respecto a la operación de Glenda) pese a que normalmente los doctores le avisaban para alistar a los pacientes”, relata Ania y señala que tampoco le explicaban las razones detrás de esta decisión.

Finalmente, tras la constante presión por parte de la familia, le dijeron que el lunes 18 se realizaría la operación. Cuando llegó el día, Ania vio que a la una de la tarde su tía fue llevada para ser operada. Sin embargo, como se ha repetido a lo largo de esta historia, un cambio de último momento terminaría por sorprender a la paciente de 78 años.

caso de Glenda VillegasTras varias horas sin información sobre su tía, Ania vio que la camilla volvía al cuarto. Pero, increíblemente, al levantar la sábana que cubría la pierna de su tía no encontró ninguna marca propia de una operación y, para exasperar los ánimos todavía más, nadie le brindaba información sobre lo que había ocurrido durante esas largas horas en las que supuestamente estaban operando a Glenda.

LABERINTO SIN SALIDA

“No tienen la valentía de decirme que no la quieren operar”, cuenta la sobrina de Glenda a Sudaca y, en medio de lágrimas, señala que lo único que buscan es que su tía tenga una mejor calidad de vida y que esto sería posible si le realizan la operación en la pierna que a diario le produce un dolor intenso. “Mi tía todo el rato grita y llora por el dolor de la pierna”, relata Ania Villegas.

El panorama de Glenda no es alentador y empeora con cada día de indiferencia por parte del personal médico del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Durante el tiempo que ha estado internada ha sufrido un ACV para el cuál no está recibiendo terapia de rehabilitación y el tumor que le detectaron recientemente no está siendo tratado y tampoco se han hecho los estudios para conocer su gravedad.

caso de Glenda Villegas“Mi tía entró con sus cinco sentidos”, reclama con impotencia Ania al recordar que, días antes de internarse para lo que sería una operación en la pierna, Glenda se encontraba lúcida y, en la actualidad, ha perdido una considerable cantidad de peso y ha perdido la movilidad de la mitad del cuerpo.

caso de Glenda Villegas“Están dejando morir a mi tía”, es el reclamo de Ania y sus familiares que hace más de un mes se encuentran en una ciudad en donde se encuentran solos y atrapados en un laberinto sin salida debido a la indolencia que padecen a manos de un hospital que parece buscar todas las excusas posibles para no operar a Glenda y tampoco es capaz de ofrecer otras alternativas para mejorar su calidad de vida que a lo largo del último mes se ha deteriorado ante la indiferente mirada de quienes debían velar por su salud.

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Caso Glenda Villegas, ESSALUD, Hospital Seguin Escobedo, Indiferencia Médica, Negligencia Médica

[INFORMES] En 2016, Censosud, empresa internacional con amplia experiencia en operar centros comerciales en Perú y  varios países de la región, empezó la construcción de un moderno centro comercial en el distrito de La Molina. El ambicioso proyecto que contó con una inversión de más de 150 millones de dólares para el terreno de catorce mil metros cuadrados había superado todos los requerimientos necesarios para su realización y todo parecía encaminado para que abran sus puertas en el primer semestre del 2023. Sin embargo, cuando los trámites estaban por llegar a su etapa final, la Municipalidad de La Molina les preparó una inexplicable sorpresa.

CARRERA DE OBSTÁCULOS

Para la realización del proyecto en La Molina, Cencosud había optado por el uso de revisores urbanos. Acorde a esta alternativa que fue aprobada en 2020, la empresa podía solicitarle al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se asigne un equipo de profesionales que es integrado por arquitectos e ingenieros quienes se encargarán de verificar que los proyectos cumplan con las disposiciones urbanísticas en los distritos en los cuales se están construyendo.

Luego de someterse a esta revisión, el proyecto del Centro Comercial La Molina no había presentado mayores inconvenientes, así como tampoco los tuvo durante las constantes actualizaciones que de licencia de construcción que se hicieron en los años 2018, 2021 y 2022, y la obtención  de la licencia de funcionamiento parecía inminente. Pero fue en ese momento cuando el nuevo alcalde de La Molina empezaría lo que se podría considerar una carrera de obstáculos para el centro comercial.

En las elecciones municipales que se realizaron en octubre del 2022, el candidato con más votos en el distrito de La Molina fue Diego Uceda, representante del partido Renovación Popular, y asumió sus funciones el pasado mes de enero, el mismo mes en cual Cencosud solicita la licencia de funcionamiento.

Al no haber presentado dificultades a lo largo de toda la etapa de construcción, la emisión de la licencia de funcionamiento parecía un trámite sencillo. Sin embargo, la llegada de Uceda a la Municipalidad de La Molina cambiaría drásticamente la historia. La nueva gestión a cargo de este distrito, más precisamente la Subgerencia de Obras Privaadas, se rehusaba a que Cencosud obtenga esta licencia alegando que debían cumplir requisitos que no figuran en la ley que establece los requerimientos para obtener la licencia de funcionamiento y sobre los cuales no tuvo la intención de explicar con mayor detalle ni justificar técnicamente.

Ante esta inesperada negativa por parte de la municipalidad y el tiempo que podría tomar el entrar en una disputa legal, Cencosud optó por empezar el trámite desde cero. Por ello, el pasado mes de agosto volvieron a intentar obtener la licencia de funcionamiento presentando en esta oportunidad las nuevas exigencias que inesperadamente la Municipalidad de La Molina les había impuesto.

Sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el encargado de evaluar el expediente con el cual se solicitó la licencia de edificación y se comprobó que los aspectos viales demandados se cumplían para que dicho ministerio apruebe el Informe Técnico Favorable (ITF), la Municipalidad de La Molina ha puesto un nuevo obstáculo para que las puertas del Centro Comercial La Molina no se abran.

Pese a que luego de presentar el Informe Técnico Favorable (ITF) correspondía que se gestione de forma automática la licencia de funcionamiento, el municipio de La Molina se amparó en una demanda que data de 2022 para inhibirse y no darle continuidad al trámite. Acorde a este argumento, la Municipalidad de La Molina se encontraba obligada a abstenerse por ser una de las partes en disputa.

No obstante, la demanda a la que hace referencia la municipalidad bajo el mandato de Uceda data de 2022 y no fue presentada por Cencosud, quienes actualmente piden la licencia, sino por la inmobiliaria Tres Palmeras S.A. que es la gestora de los terrenos. A ello se le suma que dicho proceso es con respecto a una licencia de 2022 que no tiene relación alguna con el nuevo trámite que se realizó en este 2023.

¿QUÉ PASA EN LA MOLINA?

Fuentes confiables le han señalado a Sudaca que, desde el inicio de su gestión, el alcalde Diego Uceda nunca mostró predisposición para explicar con argumentos técnicas las razones por las que se ha emprendido una casi desesperada campaña por impedirle al Centro Comercial La Molina abrir sus puertas y tampoco ha estado dispuesto a escuchar las explicaciones  que respondían a los argumentos en lo que se ampara la municipalidad para negarles la licencia e incluso llegó a realizar una insólita exigencia que consistía en que el estacionamiento sea gratuito para personas que no realicen consumos en el centro comercial pese a que cobrar por el uso de estos espacios ocurre en los principales establecimientos de la ciudad.

Pero en el comunicado emitido el lunes 11 de septiembre por la Municipalidad de La Molina no sólo evitan mencionar que se han inhibido por el proceso judicial sino que alegan que la postura de dicha municipalidad es por el impacto que tendría en la fluidez vehicular con lo que ignoran que fue el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el encargado de comprobar que se cumplan con los aspectos viales que el distrito requiere y, además, el trabajo de los revisores urbanos exigía que estos tengan en cuenta las disposiciones del distrito antes de dar el visto bueno.

Además, el alcalde Uceda muestra en sus redes sociales poca predisposición al diálogo atacando y realizando acusaciones a quienes cuestionan la postura de municipalidad con respecto al centro comercial y también contradiciendo el comunicado en el cual dicen promover y alentar la inversión privada pero al mismo tiempo se lee al alcalde menospreciar el rol de una empresa como Cencosud.

Pero esta no es la primera vez que Diego Uceda se ve involucrado en una polémica. En enero del 2022, cuando todavía era candidato, el actual alcalde de La Molina fue protagonista del informe de Sudaca titulado EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA en el cual se detallaba que Uceda tenía una deuda de S/48.500 por el concepto de pensión alimentaria que debía pagar entre 2010 y 2019.

Por lo pronto, el imponente Centro Comercial La Molina con sus más de treinta tiendas siguen a la espera de una inauguración que se viene posponiendo por casi un año debido a una injustificada negativa de una municipalidad que dice apoyar la inversión privada pero cuenta con un alcalde que parece haberle declarado la guerra a un centro comercial.

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Centro Comercial La Molina, disputa, Inversiones Privadas., Licencia de funcionamiento, Municipalidad de La Molina

[INFORMES] Trabajé para el Servicios de Parques de Lima (SERPAR) tres años y nueve meses. Van 8 meses de la gestión de Rafael Lopez Aliaga y no pagan los beneficios laborales a sus extrabajadores, que somos muchos”, menciona uno de los extrabajadores del SERPAR para Sudaca.

Este es uno de los tantos martirios que viven diferentes funcionarios públicos cesados cuando existe inestabilidad en las gestiones que lideran las diferentes entidades del país .   “Yo ingresé con la gestión Muñoz y trabajé hasta su abrupta salida de la Municipalidad”, mencionó mientras recordaba que al ingresar Romero a la alcaldía fue cesado en octubre del 2022, logrando en noviembre de ese año la resolución de reconocimiento de la deuda laboral.

No es novedad que, el 25 de abril del 2022, la comuna limeña despertó con la vacancia de Jorge Muñoz como burgomaestre de Lima Metropolitana. La Resolución Nº 0447-2022-JNE daba fin a la gestión del burgomaestre de Acción Popular; lamentablemente, este accionar trajo como consecuencia los vacíos e incertidumbre de los trabajadores de la Municipalidad de Lima, entre ellos: los trabajadores del SERPAR.

Resolución que daba por terminada la gestión de Jorge Muñoz como alcalde de Lima Metropolitana

Le hice la guardia al entonces Secretario General, y creo que ante tanta insistencia me recibió y dijo: “ Mira, no hay orden de pagar pero te voy a escuchar”. Me escuchó y le explique un tema complejo de  salud familiar por el que atravesaba y de la urgencia de contar con esos fondos ” ( la ley obliga al empleador a pagarlos en un máximo de 48 horas de producido el cese), recuerda el ex trabajador cuando se reunió con el ex Secretario General para tratar el tema de sus beneficios laborales adeudados. Para su fortuna, decidió pagarle la tercera parte de la deuda el 23 de diciembre del 2022.

Cuando conversamos con el extrabajador nos comentó que en la actual gestión han intentado buscar respuestas de los actuales directivos y funcionarios, sin mayor éxito.  “En lo personal tengo dos cartas que emití en enero de este año al presidente del SERPAR, Luis Molina, y también al Secretario General de turno (van tres en la actual gestión)”, recuerda.

“Los ex trabajadores no hemos tenido respuesta a ninguna de las cartas remitidas tanto al Presidente del SERPAR (Luis Molina ) cómo a los Secretarios Generales de turno. Tu pides hablar con el secretario y no te dan cita o quieres hablar con Molina, menos”,recalca el ex trabajador, lamentando la odisea que tienen que vivir para buscar alguna solución con respecto a la deuda que tienen con ellos.

“Se excusan en que no tienen plata”, recalcó el ex trabajador con quien pudimos reflexionar sobre las carencias  que vive actualmente el SERPAR LIMA, y es que, lamentablemente, la institución necesita del aporte de la MML para poder cubrir su presupuesto anual de casi 100 M de Soles ; aporte que al parecer, a la fecha, no llega.

Carta dirigida al Secretario General de la Municipalidad de Lima

“ No sabemos si hay una orden del alcalde de Lima para que no se le transfiera fondos al SERPAR o si es por falta de  manejo de los actuales directivos de la institución” , señaló.

Hay que señalar que si bien el SERPAR argumenta falta de fondos, destinó cerca de S/ 145,000 para una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho y mantiene una planilla abultada de trabajadores . “Con esa plata nos hubieran podido pagar pero, esta es nuestra triste realidad”, añadió el ex trabajador.

Al cierre del informe, los extrabajadores del SERPAR siguen esperando respuestas del alcalde que prometió una “Lima, potencia mundial” y que hasta ahora solo hemos visto estragos de una Lima que va de mal a peor.

 

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[INFORMES] Pero una de las estafas, precisamente la de la empresa Primus Capital, reunió las características que la convirtieron en una historia digna de ocupar la primera plana del Trome y en informe principal del programa del carismático Rodrigo González, Peluchín. Y la característica más importante es que uno de los estafadores, el gerente chileno Ignacio Amenábar, perdió la cabeza, la razón y la vertical y se tiró a los pies de la señora Elva Vracko, madre de uno de los hijos del futbolista fallido Jean Deza.

La historia oficial de esta estafa comienza los últimos días de marzo pasado cuando un informe de auditoría interna revela la existencia de operaciones que habrían sido respaldadas por cheques falsificados por una suma ascendente a 10 millones de dólares. Desde entonces, Coeymans y Amenábar fueron acusados de ser responsables de la existencia de un esquema criminal destinado a defraudar a la compañía en Chile y en el Perú.

Según las líneas de investigación de los medios chilenos, el pecado (mortal) de Amenábar fue haberle comprado un departamento a la modelo peruana Vracko con fondos de la compañía. Como es lógico, uno de los testigos de ese ‘affaire’ descubrió la operación, se volvió loco de rabia y de envidia y les dijo a las autoridades: ‘los comprobantes de los pagos del regalo de ese departamento eran enviados regularmente por Amenábar a Vracko vía correo electrónico’.

Amenábar usó el dinero del factoring para comprarle un departamento a Vracko.

Enterados del escándalo internacional entre el gerente chileno y la damisela peruana, a quien el programa ‘Amor y fuego’ de Peluchín había defendido meses atrás de la violencia de Deza, los productores del programa conducido por González iniciaron su propia investigación. Sorprendidos por el espectacular estado de vida de Vracko, los reporteros quedaron boquiabiertos cuando descubrieron que la antigua compañera de Deza vivía como rica, usaba un automóvil de alta gama y viajaba por el mundo como cualquier integrante de la ‘socialité’ peruana. Ante semejante despliegue de riqueza, los reporteros de ‘Amor y fuego’ decidieron buscarla para preguntarle cómo lo haces, y la encontraron en el Jockey Plaza, específicamente en el local de Louis Vuitton. Al abordarla y preguntarle qué sabía de Primus Capital, ella dijo algo así como la frase de los guachimanes desorientados: ‘desconozco totalmente’.

Los ejecutivos de Primus Capital Perú, con la finalidad de conservar los lazos ganados con Promperú, donde eran invitados frecuentemente como expositores en seminarios institucionales, además de ser una empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros, declararon que Coeymans y Amenábar dejaron de asistir a sus oficinas desde 2020, y que estaban más interesados en atender sus negocios propios.

La empresa Primus Capital es el segundo factoring no bancario de Chile

En las estafas piramidales no hay inocentes

Y así como ese grupo de chilenos chuecos cayó por la exhibición de riqueza de un ‘zapatos rotos’, en lo más alto de la estructura socioeconómica limeña un individuo tan parecido al primer ministro Alberto Otárola que ni la mismísima Dina Boluarte notaría la diferencia, timó a media docena de ministros de diferentes gobiernos, al gerente general de la consultora más importante del país y a unas cuantas docenas de aspirantes a ricos, a millonarios y a multimillonarios, dependiendo de cuánto pusieron para obtener más. Obtener más sin importarles cómo reventarían los que venían atrás, porque si hay algo que ningún sacerdote confesor perdonaría es que ellos sí sabían que ‘la plata no viene sola’. Pero como este asunto es un tema para arreglar entre iguales, el desenlace terminará con un suicidio, uno o dos recluidos en clínicas psiquiátricas y dos o tres alcoholizados hasta dar pena. Punto final.

El caso de Primus reviste unas características muy, pero muy diferentes, porque involucra en primer lugar al mecanismo de conversión de papeles por pagar en plata constante y sonante, el llamado ‘factoring’, una industria que tiene más de tres décadas en nuestro país, pero ahora mueve más de 3,500 millones de dólares. Y que por Primus, por unos traferos que tomaron el nombre de Promperú y por la falta de controles estatales está en el medio exacto de una tormenta.

En las dos crónicas anteriores sobre unos vivazos que engatusan a cientos de personas desesperadas por tener un poquito más de platita, hemos visto que en ambos casos hay unos ‘inversionistas de primera línea’ que invitan a familiares y amigos para usufructuar de sus aportes. Son tan culpables como Juan Carlos Reynoso, Montes de Oca y Vecco Scavino, cómplices secundarios diría un policía de la División de Estafas.

En los casos relatados en este informe, el chileno enfermo de amor es tan culpable como la ex número dos de Jean Deza y los funcionarios de Promperú. Y en el caso de los ex ministros de Estado de Humala y de García, como de sus primos, yernos y entenados sólo cabe preguntarnos: ¿en manos de quiénes han estado los intereses económicos, los productivos y los territoriales de nuestro país? Y, para no olvidarme, ¿cómo pudieron ser tan cándidos Ernesto de la Jara y Patricia Arévalo, fundador del Ideele y directora del Fondo Editorial de la universidad mejor ranqueada del Perú.

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[INFORMES] En agosto de este año, Glenda Villegas, una paciente de 78 años, ingresó al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo para una operación en su pierna. Semanas después, Villegas padece las consecuencias de un accidente cerebrovascular y se le ha detectado un tumor mientras el centro de salud parece decidido a librarse de ella sin importar los riesgos para su salud.

En octubre de 2019, Glenda Villegas Vargas, una exprofesora de primaria que por entonces tenía setenta y cuatro años, sufrió un caída que le produjo una fractura cerca de la cadera por lo que debió ser operada en Tacna, ciudad en la que vivía. Este procedimiento médico no fue el único al que tuvo que someterse Villegas, quien debió pasar dos nuevas operaciones, la segunda en Tacna y otra en Arequipa, con el objetivo de mejorar la prótesis que se le había colocado tras su accidente.

Pese a que por su edad ese tipo de lesiones pueden presentar complicaciones, el caso de Glenda parecía marchar bien luego de las tres operaciones. Sin embargo, en abril de este año, Villegas Vargas volvió a sentir dolor y, al consultar con los médicos de Tacna, sólo recibía la indicación de realizar terapia. Su familia, preocupada por el avance de un problema que en un momento parecía solucionado, optó por realizarle radiografías por su cuenta y recibieron con sorpresa unas imágenes en las cuales se podía observar que los elementos de metal que le colocaron en las operaciones se habían movido.

La familia de Glenda buscó ayuda en Tacna, donde había sido atendida anteriormente, pero ellos decidieron que lo mejor era enviarla a Arequipa. Esta decisión se tomó durante el pasado mes de agosto y fue ahí cuando empezó un calvario para Glenda, quien hoy se encuentra en Arequipa no sólo padeciendo el dolor en su pierna sino sufriendo las consecuencias de un accidente cerebrovascular y la presencia de un tumor en su cuerpo.

PESADILLA EN AREQUIPA

En agosto, Glenda Villegas fue trasladada de Tacna a Arequipa con el propósito de someterse a una operación para corregir el problema que presentaba en su pierna. Ania Villegas, su sobrina, la acompañó en este viaje para internarla en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo y, según relató a Sudaca, desde su llegada a este establecimiento de Essalud empezó una interminable tortura para su tía.

“Estuvo tres días en emergencia hasta que le encontraron una cama”, relató Ania a Sudaca sobre le llegada de su tía a Arequipa y agrega que el trato en el área de traumatología, quienes se iban a hacer cargo de la cuarta operación, fue pésimo desde el inicio y las imágenes del área de emergencias que pudieron grabar expusieron la precariedad que hoy se vive en Arequipa. Pero la indiferencia por parte del personal médico se sentiría mucho más días después.

El viernes, como todos los días desde que llegó a Arequipa, Ania acudió al hospital Seguin Escobedo para visitar a su tía y llevarle algunos elementos de aseo personal sin imaginar la escena con la que se encontraría. “El viernes veo medio rara a mi tía y me decía que le dolía el brazo derecho. Me mira y me dice ”ah, eres tú Ania”. No me había reconocido. Entonces la veo y se le estaba arrugando la cara y hacía muecas, como cuando tienes un acv”, relata Ania Villegas.

El cuadro era preocupante, pero al personal de salud parecía no interesarle en lo más mínimo el destino de Glenda. Ania cuenta que, al ver a su tía en ese estado, preguntó a las enfermeras qué había ocurrido en las últimas horas con la salud de Glenda y lo único que obtuvo fue un indolente “la encontré así”.

Cuando finalmente un médico confirmó que Glenda había sufrido un accidente cerebrovascular, se decidió trasladarla al área de neurología, donde recibió un mejor trato según cuentan sus familiares. “La neuróloga me dijo que mi tía había tenido un acv porque tenía un tumor en el estómago del tamaño de una mano y le estaba aplastando varios órganos”, explica Ania y añade “me enseñó una radiografía y el hueso estaba totalmente para el otro lado. Me dijeron que la tenían que operar sí o sí”.

ENTRE EL DOLOR Y LA INDIFERENCIA

La sobrina de Glenda cuenta que en este hospital no estaban dispuestos a realizar la operación hasta que ella consiguiera la donación de sangre para dicho procedimiento. Pese a encontrarse en una ciudad donde no tenía conocidos, Ania y su familia lograron ingeniársela para que algunos amigos pudiesen viajar desde Tacna para donar la cantidad de sangre que le exigían si quería que su tía sea operada.

Cuando ya parecía que no quedaban excusas para que Glenda sea operada, Ania se llevó una nueva sorpresa el último martes. Luego que se le impidiese entrar al hospital para visitar a su tía, como sí había podido hacer todos los días desde su llegada a Arequipa, la mañana del pasado 5 de septiembre no se le permitió el ingreso y, horas después, cuando finalmente pudo entrar recibió un mensaje inesperado. “Cuando regreso al hospital me dicen que mi tía está de alta y que me la lleve”, cuenta Ania.

Por supuesto este anuncio no venía acompañado de una recuperación milagrosa. La paciente de setenta y ocho años seguía con rezagos del accidente cerebrovascular, con el tumor dentro de su cuerpo y con el problema inicial, una fractura que este periodo había empeorado y provocaba que Glenda grite de dolor por varios minutos sin que nadie la intente ayudar.

“Me atendió un doctor de apellido Salcedo y me dijo que no sabía por qué Tacna la había enviado para acá. Cuando le pregunté por el tumor, él se quedó callado”, relata la Ania Villegas y cuenta, muy indignada, que nunca supieron explicarle cuáles eran los criterios para dar de alta a una persona cuya salud estaba más comprometida que cuando ingresó al hospital.

“Mi tía tiene setenta y ocho años y varias complicaciones, pero al menos podrían solucionarle el problema de la pierna para que tenga una mejor calidad de vida”, reclama Ania con la esperanza de recibir algún tipo de solución por parte de un hospital que parece indiferente ante el dolor de una paciente que día a día se va deteriorando mientras que el personal de salud parece preocuparse únicamente por cómo sacársela de encima.

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A fines de febrero de 1962, un grupo de integrantes de la élite empresarial del país apoyado por la jerarquía de la Compañía de Jesús, la congregación más grande de la Iglesia Católica y a cuyos miembros se les conoce como los jesuitas, fundó una universidad que debería dedicarse a la formación y a la investigación en materia económica. Tiempo después, las autoridades de esa joven institución que usaba como sede un edificio de pequeñas dimensiones en el centro de Lima decidieron especializarla en las carreras de Administración y de Economía, tal como había sido el sueño de sus fundadores: Carlos Ferreyros, Alfonso Montero, Juan Pardo Heeren y Alberto Benavides de la Quintana. Esos ejecutivos, quienes fundaron desde abajo cuatro dinastías empresariales sólidas y preocupadas por el país, fueron asesorados por el conocido jurista y ex ministro de Economía Rómulo Ferrero Rebagliati y por Felipe McGregor (S.J.) en el diseño, formación e impulso de una universidad dedicada a las disciplinas económicas. Como diría Henry J. Winterberger (S.J.) de la Universidad Loyola: ‘la Universidad del Pacífico debe dedicarse fundamentalmente a las áreas administrativas y socioeconómicas’.

Entonces, ¿cómo entender que un centro de estudios económicos y administrativos creado por las más prominentes figuras de la actividad empresarial nacional y extranjera afincada en el Perú y respaldado por los prominentes jesuitas de los años sesenta derivara a un campo de batalla ideológico que siembra el desconcierto entre sus ex alumnos?

Para intentar una explicación al conflicto público entre la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico (AGEUP), liderada por José Espósito Li Carrillo y el rector Felipe Portocarrero, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), debemos situar el momento histórico en el que se fundó la Universidad del Pacífico (UP) y el tiempo de inestabilidad política e ideológica en el que vivimos en los últimos treinta años. En los primeros años de la sexta década del siglo XX, nuestro país vivía el fin de más de una década de ‘vacas gordas’, como resultado de la utilización coherente de las divisas procedente del auge exportador, y una evidente preocupación de los mineros, industriales y agro exportadores por los años por venir. Se habían dado cuenta que el país necesitaba más y mejores economistas, administradores de empresas y especialistas en ciencias contables. Paralelamente, opinaron que la Compañía de Jesús tenía todo lo que se necesitaba en organización, en experiencia académica y en contactos internacionales para iniciar desde cero una institución formativa de los alumnos que serían al cabo de unos años los economistas y administradores requeridos. Además, vista por el espejo retrovisor, la era abierta por la Presidencia decadente de Manuel Prado, el golpe anti aprista de los militares liderados por Ricardo Pérez Godoy y el sexenio belaundista interrumpido en 1968 por los militares socialistas encabezados por el resentido, ignorante y abusivo Juan Velasco, fue altamente complicado, nunca analizada con suficiente claridad y destructiva a más no poder.

Sin hacernos cargo de ninguna de las dos posiciones enfrentadas por el control ideológico de una universidad que alguna vez fue un modelo de excelencia académica y un centro de estudios dispuesto a admitir a los postulantes que tuvieran en talento lo que sus padres no tenía en sus cuentas de ahorros, creemos que en algún momento la institución creada para formar economistas, administradores e investigaciones de ambas disciplinas se desplazó peligrosamente a terrenos circunscritos en su acta fundacional a otras universidades. Probablemente, también habría que preguntarnos si los jesuitas de ahora no han contribuido a esa invasión a territorios vedados por los jesuitas fundadores por causas que se pueden intuir, pero que no tienen explicación oficial de los miembros de la jerarquía de la orden de los jesuitas. ¿Se ha izquierdizado esa jerarquía y al izquierdizarse ha permitido el ingreso de profesores y autoridades llamadas progresistas a los claustros de la Universidad del Pacífico? Según los conocedores, los jesuitas de ayer y los de hoy defienden los mismos valores que en el siglo XVIII, cuando fueron expulsados de España. Y lo harán siempre.

La asociación de ex egresados emitió este comunicado

Intentamos hablar con Esposito Li Carrillo y nos respondió que no le interesaba hablar sobre el tema.

Posteriormente la universidad publicó un larguísimo comunicado dónde sienta su posición, pero siembra más dudas que certezas.

También nos comunicamos a la Universidad del Pacífico, pero no obtuvimos respuesta.

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Ageup, Asociación de Egresados, Jesuitas en Perú, Universidad del Pacífico
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