Informes

LA DEFENSA DE MAGALY

Dos días después de conocer la fecha para la lectura de sentencia, la defensa de Medina interpuso de la resolución en la que se fijaba la fecha alegando que se habían cometido graves irregularidades y con ello se había vulnerado el derecho a la defensa de la conductora de televisión.

En el documento presentado por la defensa de Magaly Medina y Patrick Llamo, su productor, se alega que los querellados no tuvieron loa oportunidad de presentar su defensa ante las acusaciones que se les estaban realizando.

No obstante, la estrategia de la defensa de Magaly Medina no tuvo éxito. El 18 de mayo, el 38 Juzgado Penal Liquidador emitió la resolución 32 en la que se declaró infundado el pedido de nulidad presentado por la defensa de la comunicadora. En dicho documento se señala que la defensa de Medina Vela y su productor fue notificada el 4 de abril, dato comprobado por el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial, y se explica que tuvieron más de un mes para presentar sus alegatos o solicitar un informe oral. Con ello, se derrumbaba el argumento que pretendía instalar que se había vulnerado el derecho a la defensa.

En ese momento, la lectura de sentencia programada para el martes 30 de mayo parecía imposible de postergarse. Sin embargo, cinco días antes de la fecha en cuestión, ocurrió la cuestionada decisión de María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que cambiaba a las dos juezas que estaban a cargo de los casos que involucraban al exfutbolista y a la conductora de televisión.

Sin embargo, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. En 2018, cuando Vidal La Rosa había asumido el cargo de Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, se difundió una foto en la que aparece junto a César Hinostroza, el exjuez supremo que hoy se encuentra prófugo, en la celebración de su cumpleaños durante el año 2017.

El martes 30 de mayo, el día que se esperaba conocer la sentencia contra Magaly Medina, la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un comunicado en el cual mencionan los cambios de magistrados y señalan que estos se han producido en medio de una búsqueda de eficiencia y que no existen intereses particulares detrás de estas decisiones, aunque las sospechas parecen instaladas dado que los cambios se produjeron únicamente en los juzgados que abordaban los casos que involucran a Magaly Medina y Jefferson Farfán.

Las nuevas juezas designadas para el decimosexto y trigésimo octavo Juzgado Penal Liquidador ahora tendrán la tarea de revisar casos que ya se encontraban en marcha y, el correspondiente a difamación, estaba a puertas de la lectura de sentencia. Aunque el daño a la imagen de la justicia peruana, que no atraviesa su mejor momento, parece irreversible ante decisiones como las que se tomó en este caso mediático.

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Al escuchar al padre de Jorge Alfredo, también escucho a Natalie Montero la viuda de Jorge Lezama porque los dos casos son exactamente iguales, entonces me pregunto qué dice la ley al respecto, qué se necesita para organizar una maratón y ganar dinero sin importar la vida de miles de aficionados a este deporte. Conversamos con Carla Castañeda, abogada del caso Lezama:

“Específicamente no hay ninguna norma que regule las maratones, lo que sí hay es una normativa de nivel municipal que establece ciertos requisitos para la celebración de este tipo de eventos que, como reúnen a mucha gente, necesita que los organizadores garanticen ciertos niveles de seguridad; solamente tenemos normativa relacionada e ese aspecto. Otra normativa vinculada es la referida a la celebración de eventos deportivos, ya sean profesionales o no profesionales. Como este caso es un evento deportivo masivo se requiere -por las normas municipales- de la presencia de cierto tipo de ambulancias para cubrir las emergencias médicas. Eso es lo que los organizadores de un evento de ese tipo tendrían que haber observado y cumplido.

Como no hay una normativa a través del gobierno central que regule en específico este tipo de eventos, entonces tenemos que ir a las que son de nivel municipal o, por ejemplo, a la norma técnica de salud 051 que regula lo que es el trasporte asistido de pacientes por vía terrestre, esa normativa por ejemplo establece cuáles son las características que debe portar cada ambulancia dependiendo de su tipo, otra cosa es cumplir con lo que exige el reglamento de la ley 30037, que es la que previene y que sanciona la violencia en los espectáculos deportivos que se aplica de manera supletoria a este tipo de eventos deportivos, porque esta norma, en su primera disposición complementaria final dice lo siguiente: las normas aplicables a espectáculos deportivos no profesionales organizadas ya sea el caso en cualquier lugar del Perú. La primera disposición complementaria final de esta ley dice: ‘todo lo que resulta aplicable en lo que resultara en las disposiciones de seguridad establecidas en este reglamento se puede aplicar de forma supletoria a los eventos deportivos no profesionales como estas maratones, y qué dice esta ley en su artículo 14 respecto a la regulación de la seguridad de este tipo de eventos dice que si este evento va a reunir a más de cinco mil espectadores de debe contar por lo menos con dos ambulancias tipo II y con el personal médico y con la logística que permita una adecuada atención ante una emergencia, así que por lo menos es estos casos debe de haber dos ambulancias tipo II que además del equipo básico con el dual deben contar todas las ambulancias un monitor desfibrilador portátil y un oxímetro de pulso portátil, por lo tanto los organizadores tiene la obligación de cumplir con ciertos estándares y requisitos. 

¿Podríamos decir que, cualquier persona con auspicios de empresas privadas como Adidas, Perú Runners, puede organizar un evento de este tipo como si se tratara de una kermese?

Claro que sí, los organizadores deben poner atención con los requisitos que solicita cada municipio para un espectáculo deportivo como las maratones, solamente la ley 30037, esta sí se refiere a los espectáculos deportivos profesionales pero esta norma en su reglamento dispone también que se aplica a aquellos espectáculos no profesionales y en esos califica la maratón. Definitivamente es una falla de los municipios de no fiscalizar el cumplimiento de la norma. Sin embargo, donde está la seriedad de los organizadores del evento que deben cumplir las normas ya que el deber de cumplirlas no tiene que estar supeditado a que alguien lo esté vigilando, cómo es posible que organicen un evento y no procuren que el mínimo de los requisitos se cumpla aun sabiendo que en este tipo de eventos es algo usual que se presenten desmayos, paros cardio respiratorios. Y desde la perspectiva de la defensa y la protección del consumidor hay una falta de idoneidad porque no se puede ser proveedor de la organización de un evento de ese tipo y no tener un plan de acción frente a una emergencia que podría suceder.  

Recién en la rueda de prensa de la maratón Lima 42K que se realizó hace unas semanas, nos sorprendió escuchar a Alejandra Rodríguez Larrain, gerente general de Perú Runners informar que “este año” la maratón se convirtió en una ruta “cardio asegurada”, parece que hubiera que ir acumulando errores o mejor dicho muertos para que se vaya haciendo lo que se debió hacer siempre.

“Cómo se desarrolla el protocolo y el plan de seguridad, primero que nada, está coordinado por diversos agentes tanto público como privado y en muy cercana coordinación para que justamente que sean los expertos los que puedan determinar las diversas operaciones. Este plan incluye la prevención médica, incluye el cierre de tránsito con la Policía Nacional del Perú e incluye también los procesos de comunicación de la carrera, en cuanto a la parte médica por ejemplo este año contaremos con 22 ambulancias todas son de tipo II y una de ellas es de tipo III que estas son las normas muy estrictas que tiene el Minsa para que las ambulancias cuenten con todo lo necesario para eventos de esta envergadura, por otro lado tenemos diez motos todas con desfibrilador y con paramédicos tenemos también cinco tópicos entre grandes y medianos que van a estar a lo largo de la ruta y también a la llegada para poder atender diferentes situaciones, para darte un ejemplo en la parte cardiológica tendremos 37 desfibriladores eso convierte la maratón en una ruta cardio asegurada porque en promedio cada medio kilómetro va a ver una persona con un desfibrilador y una persona, moto o ambulancia lista para atender a cualquier participante que presente algún incidente y lo importante es que vamos a tener este año  un centro de operaciones de los niveles de estándar internacional que solamente tienen carreras como las maratón myers es decir vamos a tener un centro de operaciones donde estén los líderes de cada una de las áreas desde el lado de producción, médico, de tránsito etcétera para poder tomar decisiones con pantalla en tiempo real y todos conectados poder recibir la información de lo que sucede y poder tomar una decisión”.

Pero cómo estas maratones no solo corren aficionados sino también deportistas calificados, hablamos con José Luis Page Johnson, jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Atletismo:

“La maratón Lima 42K es una competencia internacional y oficial porque vale para el ranking de la World Athletic que es la federación Internacional de Atletismo, pero además lo que le otorga la valides es que la ruta es certificada por la World Athletic tanto como para la maratón y para la media maratón esta ruta esta certifica y tiene un tiempo de duración que la van a tener valida hasta el 2025.

 

Leyenda: La ruta de la maratón Lima 42K esta certificada por la World Athletic que es la federación Internacional de Atletismo.

Esta maratón da la posibilidad a los deportistas de élite de lograr varios objetivos primero al ser una maratón que la ruta esta certificada por la World Athletic todos tienen la posibilidad de poder otorgarles un score en el perfil que tienen en el World Athletic y/o hacer la marca mínima que les piden para el Campeonato Mundial de atletismo en Budapest”.

Lo que me explica es en términos para los deportistas calificados y los deportistas amateur

“Lo que pasa con ellos es que no tienen un objetivo de calificar a un internacional”.

La World Athletic pide a los organizadores algunos requisitos mínimos que cumplir en seguridad 

“La World Athletic para que pueda otorgar el certificado para comenzar viene un representante al país donde va a hacer la maratón y hace la medición oficial de la ruta, y el tema de las ambulancias y de todo lo demás sobre todo para que sea una maratón valida y que tenga un nivel lo que piden es que haya de acuerdo a reglamento las zonas de avituallamiento y de hidratación, un chip y entre otras cosas más que ya la organización te puede dar.  

La maratón de Lima 42k que también la hizo Adidas, yo estuve ahí como representante de la Federación y cumplió con todos los índices, ahí lo único que empañó realmente el evento fue el fallecido, pero el evento se hizo en ruta certificada, tuvo chip de control electrónico, jueces oficiales de CONAFA, pero además tuvo ambulancias, bomberos, cuidado de serenazgo, Policía Nacional, todo estuvo cerrado realmente estuve ahí y fue muy agradable y realmente no tiene nada que envidiarle a un evento internacional.    

De todas maneras, es una maratón oficial reconocida, certificada y avalada por la World Athletic y además tiene también el aval de la Federación Peruana de Atletismo. La federación de Atletismo lo que ha hecho con esta maratón ha firmado un convenio de organización, entonces que ocurre la Federación a otorgado el aval a Perú Runners de que pueda organizar un evento en el cual sus efectos son a nivel profesional del atletismo entonces por eso la maratón Lima 42K como lo hace una empresa privada que es Perú Runners obviamente ellos cobran un dinero por inscripción que es lo que ganan ellos”.

“Al que nace para panzón, aunque lo fajen de chico”, decían mis abuelitos para describir sinópticamente lo inevitable. Y es muy cierto, porque si a los dueños de ese negocio recubierto de ‘deportivismo’ llamado Perú Runners les ha ido bien por la vida convenciendo a un par de marcas de indumentaria deportiva que ‘ellos la llevan’, pues para qué modificar las condiciones de un negocio donde todo es ganancia, el riesgo es igual a cero y hasta los congresistas los condecoran por ‘contribuir al engrandecimiento de la patria’ u otra memez parecida.

Pero detengámonos un ratito para comparar los requisitos necesarios para realizar maratones en la deteriorada Barcelona, una ciudad venida a menos por la pésima administración de su actual alcaldesa. En la ciudad condal nadie puede realizar una maratón si no presenta una batería completa de ambulancias, paramédicos, bomberos, aguateros y controladores de acuerdo a los estándares europeos. Ahora bien, todas esas garantías médicas llevan a que la Maratón y la Media Maratón de Barcelona recauden más de 50 millones de euros cada una, por el turismo agregado, la venta de souvenirs alusivos y el mayor consumo durante esos dos fines de semana de fiesta inininterrumpida, sin paivas ni paivitas.

     

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El proceso fue ganado por el consorcio Vega Upaca S.A., cuya denominación, en un documento que tuvo acceso Sudaca, se le denomino como RELIMA. Dicho contrato de concesión de servicio de limpieza con la Municipalidad de Lima se firmó el 25 de octubre de 1995, dando inicio a sus labores el 1 de julio de 1996.

Contrato entre la Municipalidad de Lima y Vega Upaca. Octubre 1995

A muy poco de haber empezado a ejecutarse el contrato de limpieza, entre las partes surgió un desacuerdo respecto al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) : Relima mencionaba que el monto del servicio prestado a la Municipalidad de Lima no incluía el IGV y la institución municipal argumentaba lo contrario. Por ello, Relima no había incorporado a sus facturas el monto correspondiente al pago del IGV

Consorcio Vega Upaca no iniciaba como un pequeño grupo. Hablamos de un consorcio cuyos números eran notoriamente importantes, y es que con un personal de 7 500 personas, un patrimonio inmovilizado de USD 86,000,000.00 y un capital social y reservas de USS 176,000,000.00; la nueva concesión se consolidaba de una “pequeña empresa” a una compañía que reunía a directores de sus diferentes empresas para conformar este proyecto.

Presentación formal del consorcio Vega Upaca:

El documento es firmado por los representantes legales, entre ellos:

Ahora bien, según los datos obtenidos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, el 1 de julio de 1998 se dispuso que el IGV fuera pagado en forma equivalente tanto por Relima como por la Municipalidad de Lima. Esta última tendría que habilitar las previsiones presupuestales necesarias. Con ello, la concesionaria tenía que adicionar a sus boletas emitidas un recargo del 9% del total del monto cobrado por los servicios de limpieza pública de la ciudad.

Como indicamos al inicio de la nota, el 20 de diciembre de 2005, el consorcio Vega Upaca firmó el contrato de cesión de derechos a favor de Comunicaciones y Representaciones S.A. (COMUNICORE) por el monto de S/. 14΄635,000.00 nuevos soles. Siendo esta situación un proceso privado, la deuda de la Municipalidad de Lima permaneció siendo la misma, es decir, S/. 35΄941.93 nuevos soles

Viendo esta problemática, la Municipalidad de Lima, inició un “convenio de deuda” con el presidente del directorio de Comunicore, Rafael Ruiz García. Lo cuestionable en este proceso fue que se firmó el 2 de enero de 2006, día no laborable para la administración pública.

Segunda parte de la presentación y el relato de la historia de VEGA SOPAVE.

Si bien la Municipalidad de Lima contaba con 10 años para cancelar la deuda a favor de Comunicore, esta se realizó rápidamente en un plazo aproximado de cinco semanas. El primero se realizó a menos de dos semanas de la cesión de derechos (3 de enero de 2006) con un depósito de S/. 3 ́842,641.02 nuevos soles. El segundo se realizó al día siguiente, se pagó S/. 19΄380,039.47 nuevos soles, y así sucesivamente hasta el día 10 de febrero de 2006, fecha en la que se canceló la totalidad del monto convenido. Es importante mencionar que, de acuerdo con la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicora más no a la Municipalidad de Lima.

Informe final del caso Comunicore-Relima

Al cierre de este informe, hemos visto los antecedentes y el actuar de la concesionaria Vega Upaca. Dicha empresa, hoy por hoy, ha seguido teniendo un proceso irregular, la diferencia es que cada paso lo viene dando con diferentes caras: Iniciamos con Vega Upaca, la denominaron Relima y, en la actualidad, es la tan cuestionada Innova Ambiental. A pesar que este tema sea de fechas lejanas a la actualidad, aún queda mucho por contar de esta historia.

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CAMBIO INESPERADO

Pero, cuando estos casos parecían llegar a su final, una polémica decisión ha despertado suspicacias en la defensa sobre el posible desenlace que podría tener. El 25 pasado 25 de mayo, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso cambiar a las juezas que tenían a su cargo ambos casos.

El documento al que tuvo acceso Sudaca alega que esta decisión, que hace mención exclusiva del 16 Juzgado Penal Liquidador y 38 Juzgado Penal Liquidador, está motivada por la elevada carga de expedientes pendientes.

De esta forma, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima dio por concluida la designación de Tello Meneses y Mitacc Parra, las juezas a cargo de los casos que involucran a Jefferson Farfán y Magaly Medina. En sus lugares, Marcela Bellido Luna y Fenirupd Chagua Payano estarán a cargo de 38 Juzgado Penal Liquidador y 16 Juzgado Penal Liquidador respectivamente.

Según fuentes consultadas por Sudaca, la defensa de Jefferson Farfán estaría por comunicarse con la Junta Nacional de Justicia para que estos cambios que llegan a días de una sentencia sean revisados. Por ahora, las demandas que vienen desde 2019 parecen entrar en una nueva etapa de dudas y polémicas.

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 “EL TEJIDO TURÍSTICO PERUANO NO VA A DURAR MÁS DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO”

En su intervención, Pablo García, segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, calificó como catastrófica la situación del sector turismo. «Estamos hablando de un 55% de llegadas por debajo de 2019, un 57% de turistas menos que el periodo 2019, las visitas a Machu Picchu siguen en un 58% con respecto al 2019 y la ocupación de los hoteles sigue muy baja», explicó y agregó «el sector turismo está prácticamente quebrado».

Sobre esta problemática que afronta el sector, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, comentó «me ha tocado ir a los bancos y me han dicho que califico, pero me dan 14,3% de interés. Tenía que pagar, prácticamente, todo lo que ya había pagado en ese año más el 10%. No había avanzado nada en mi esfuerzo por pagar Reactiva. El banco nos dijo que esas son las condiciones».

@sudacaperu Enrique Quiñones presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo #sudaca #peru ♬ sonido original – Sudaca

Además, Quiñones agregó  «nosotros queremos pagar el crédito que tenemos, pero a una tasa que sea justa. Hay asociados a quienes les han dado 25% de tasa. Hablamos de créditos de tres millones de soles. Imagine que ha hecho el esfuerzo de pagar el 30% del crédito, pero con esa tasa del 25% no solamente retrocede sino que se queda más endeudado» y advirtió que «si es que las condiciones siguen así, el tejido turístico peruano no va a durar más de diciembre de este año».

El representante de Adex, José Carlos Schroth,  también se mostró crítico con la posibilidad que tienen los bancos de negarse a reprogramar deudas o hacerlo con una tasa comercial y manifestó que «mientras a los bancos no se les obligue, esto no va a funcionar. Lo que están esperando los bancos es que se cumpla la fecha el 30 de junio de 2023 para obligarlos a tomar los recursos de los bancos y negociar las garantías hipotecarias».

Por otro lado, Ricardo Márquez, vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú – Utah, demandó un rol más activo por parte del gobierno  «no hay créditos disponibles para los microempresarios. No están pidiendo que los exoneren porque no quieren pagar, están diciendo que les den un crédito pero a la tasa que se necesita. Estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo».

@sudacaperu Ricardo Márquez – vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú-Utah #sudaca #peru #camaradecomercio #utah ♬ sonido original – Sudaca

Aunque durante el evento la mayoría coincidió en la necesidad del programa Reactiva en el contexto de una pandemia, las advertencias sobre las posibles consecuencias de la indiferencias del Ministerio de Economía ante temas como la reprogramación de deudas y la libertad de los bancos para negarlas ha terminado por convertirse en el tema más preocupante de la jornada ante la posibilidad de terminar en un panorama sombrío para los empresarios que se verían perjudicados y que en su mayoría son pymes.

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¿Cómo logró la madre de la congresista Milagros Jáuregui elevar a la Corte Suprema un proceso judicial con sentencia firme, cinco meses después de vencerse todos los plazos y cuando la justicia le exigía devolver el inmueble?

Ellos fueron notificados el 22 de enero, es decir, que tenían hasta el 23 (solo un día) para presentar su Recurso de Queja Excepcional, usted va a poder ver aquí que el Recurso de Queja Excepcional lo presentan el 24 de enero del 2020. Esa extemporaneidad de la presentación del Recurso fue confirmada por una Resolución de Sala, donde dice: “su recurso de Queja Excepcional ha sido presentado extemporáneamente, porque la ha presentado después de 48 horas, cuando el Recurso se debe presentar dentro de las 24 horas.

Por arte de magia aparece que el escrito de Queja Excepcional, lo habrían presentado dentro del plazo, el 23 de enero. Aquí está, un sello puesto de manera manual por un trabajador del poder judicial. Esto entra en contradicción con el documento emitido por el Sistema Integrado del Poder Judicial, que señala claramente que el Recurso fue interpuesto el 24, y NO el 23 como señala; sin embargo, el Poder Judicial, los jueces a cargo de esta investigación han dado valor a este documento, y obviamente ¿eso a quién beneficia? A la mamá de la congresista, porque ella sigue teniendo la administración provisional.

Sudaca llamó a la señora Piedad Martínez, y cuando le realizamos la pregunta correspondiente al caso sólo cortó la comunicación, también tratamos de comunicarnos con la congresista María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo, nunca nos respondió la llamada y de igual forma sucedió con el abogado.

 

Camino al cielo

En una investigación de Sudaca en marzo de 2021, antes de las elecciones congresales y presidenciales, la número 2 del partido Renovación Popular dijo haber ganado S/123.196 en el 2019 por trabajar únicamente como pastora desde 2006, según la declaración de ingresos presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

En su hoja de vida también se declaró que posee bienes muebles e inmuebles valorizados en S/ 1 millón 864 mil 300.

En 2018, los Aguayo compran una casa valorizada en S/ 1 millón 701 mil 400 en la exclusiva urbanización Club Campestre Las Lagunas, en el distrito de La Molina.

Su esposo, Guillermo Aguayo, pagó S/ 2 millones 700 mil por una vivienda en la urbanización Las Gardenias, en el distrito de Santiago de Surco.

 

El sueldo no le alcanza

“La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacemos muchos descuentos, se da un aporte al partido que uno pertenece y nosotros tenemos muchísimos gastos que hacer y no alcanza”, dijo a La Zairita, programa de la excandidata al Congreso, Zaira Arias, en Nacional TV.

La parlamentaria de Renovación Popular aseguró que hay muchos “profesionales que dejan literalmente de ganar un buen ingreso para estar en el Congreso” y que este “no te hace millonario, te da un sueldo para vivir, pero si tienes que pagar universidad, hipoteca de tu casa, no alcanza”.

Milagros Jáuregui de Aguayo sostuvo que a los parlamentarios no le dan autos, gasolina ni canastas navideña. “El congresista debería tener su buen sueldo. De los 15 mil soles al final recibimos 10 mil”, agregó.

Desde que mis padres, sus padres y los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de todos ellos, trabajaban para mantener a sus familias honradamente, hemos conocido la existencia de sinvergüenzas de todo tipo: timadores, estafadores, ladrones y coimeros, pero nunca -hasta hoy día- hemos visto a tantas personas vinculadas espiritualmente al Hacedor estafar y robar a propios y ajenos. Probablemente Dante Alighieri nunca imaginó que algún día habría que construir un horno en los infiernos para quemar a los pastores y a los sacerdotes que roban sin piedad a sus feligreses. O, mejor dicho, con Piedad, la madre de la pastora, ¿no María de los Milagros?

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Zoraida Ávalos y el Informe Policial de Cavassa Roncalla que desapareció del mapa 

El hecho de la demora de más de dos años en abrir investigación al hacedor de su nombramiento como Fiscal Suprema, sin que haya justificación alguna que no sea el mero chalequeo descarado y al más alto nivel del Ministerio Público, no se debe ver como un acto aislado, sino en un contexto más amplio y delicado que explica el proceder de Ávalos Rivera. Veamos:

El 4 de febrero del 2021 la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DIVIAC) remitió el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 (firmado por SO PNP Norman Valdarrago Soria y con la conformidad del Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), mediante el Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 (firmado por el Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, que en ese entonces despachaba la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra. En dicho Informe se realizaba un “análisis de contenido de la información existente en diversos audios obtenidos producto de la ejecución de la medida limitativa de derechos (escuchas legales), practicado a integrantes de la Organización Criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre los cuales se encuentra inmerso José Luis CAVASSA RONCALLA”.

En la página 41 del el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 se identifica a José Luis Cavassa Roncalla como titular del celular número 993686608 y se señala que dicha persona es conocida como “Pepe Lucho”. El Informe analiza 21 audios en los que directamente estaría relacionado “Pepe Lucho” Cavassa Roncalla y se comunica con otros miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto o simplemente se refieren a él. En las conclusiones del Informe Policial se destaca la intervención de Walter Ríos Montalvo y José Luis Cavassa Roncalla para beneficiar al candidato a la Presidencia del CNM Orlando Velásquez Benites y en el que Cavassa habría influenciado ante sus amistades (Guido Águila Grados y Julio Atilio Gutiérrez Pebe) para que voten a favor de dicho candidato (página 24).

Sudaca se comunicó con la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, quien confirmó la autenticidad del Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 y nos señaló, para disipar cualquier duda, que en la parte superior del Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 se puede ver el sello de recepción del 4 de febrero del 2021 a las 3.47, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra el crimen organizado –Equipo Especial– que en ese entonces dirigía.

Lo grave del asunto es que el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 ha desaparecido de la Carpeta Fiscal en la que se investiga a José Luis Cavassa Roncalla como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Se ha consultado a algunos abogados y asistentes que han conocido la carpeta principal del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y ninguno recuerda haber visto incorporado a la Carpeta Fiscal el Informe N° 08-2021.

Resulta sumamente preocupante y escandaloso que dicho Informe, que llegó a la Fiscalía el 4 de febrero del 2021 en horas de la tarde y se comprueba con su sello de recepción, se haya extraviado y nadie lo ubique, luego que Zoraida Ávalos decidiera remover del cargo a la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, pocos días después de recibido el Informe. Y justamente, lo extraño es que dicho Informe tenga como objeto exclusivo de análisis la intervención en la Organización Criminal de los Cuellos Blancos de José Luis Cavassa Roncalla, quien fue la persona que se encargó del nombramiento de Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema el año 2013.

La historia oficial del caso “Cuellos Blancos” refiere que la Fiscal Rocío Sánchez fue retirada del caso por haberse reunido con el expresidente de la República, Martín Vizcarra; sin embargo, es absolutamente razonable sostener como lo hizo hace casi tres años Ricardo Uceda en su artículo “Recuerdos de un ascenso” que: “Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza”.

Con ello, no solo se comprueba que hay una situación de complicidad e impunidad recíproca entre Zoraida Ávalos y su mentor José Luis Cavassa Roncalla, sino que refleja cinematográficamente la magnitud de cómo se llega a utilizar el poder en la Fiscalía en beneficio propio y de las personas cercanas que en su día fueron claves para la toma del Ministerio Público.

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SE REPITE LA HISTORIA

Pero esta no es la primera vez que existe un conflicto entre los trabajadores del Ministerio de Educación y las personas a cargo de dicho sector. En febrero del presente año, los empleados que se encuentran bajo el régimen CAS habían denunciado que Óscar Becerra, quien entonces era ministro de Educación,  había generado un clima de confrontación con ellos al repetir en sus apariciones en medios de comunicación que el Minedu contaba con más de ocho mil empleados CAS pese a que, tal como lo expuso Sudaca en el informe titulado MENTIRAS Y POLÉMICAS EN EL MINEDU, el número real apenas superaba la mitad de la cifra señalada por el ministro.

Además, el clima en las oficinas del Minedu venía de otro escenario de tensión, esta vez originado por el predecesor de Becerra, el exministro Rosendo Serna, quien había acusado a los coordinadores territoriales de no viajar para cumplir con sus obligaciones y señaló que estos recibían un salario “exorbitante” mayor al de gerentes y directores regiones de educación pese a que esto era mentira.

Pese a los cambios en Palacio de Gobierno, en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el mismo Minedu, el ministerio parece sumido en una interminable crisis que no sólo afecta a los estudiantes sino a los propios trabajadores del sector educación. Sudaca intentó comunicarse con dicho ministerio, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

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Para ese entonces, el asesor legal de la casa de estudios era Manuel Castillo Venegas, actual superintendente, y quien en su momento manifestó su rechazo ante la decisión de la ahora institución que representa. Ante dichas declaraciones, SUNEDU emite el informe que analiza, cuestiona y establece observaciones al acta electoral que daba como ganador a Santos Montaño.

 

Pronunciamiento del sindicato

Castillo Venegas en un intento de hacer “bien las cosas” intentó culpar a las anteriores gestiones de la Sunedu por su actuar de forma sicaria e inquisidora. Esto en medio de un evento que sucedió entre el 12 y 13 de abril del 2023 y que tuvo como asistentes a los rectores de todas las universidades del Perú.

En dicha conversación, como indica el comunicado que luego publicó el SITRASUNEDU, el superintendente pidió disculpas y manifestó que su gestión no incurrirá en dicho accionar. Un poco irónico que venga de alguien que ha defendido una elección irregular como la de Santos Montaño o quien ha cobrado una cantidad monetaria pasando por encima de la normativa actual.

Comunicado de SITRASUNEDU sobre las declaraciones de Manuel Castillo Venegas.

Sudaca intento comunicarse con el actual superintendente, pero no se ha tenido respuesta al cierre del informe. Y es que deja un ambiente de sospecha todas las anomalías que el actual Jefe de la Sunedu incurre desde antes de asumir el cargo de superintendente.

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