PERÚPETRO ha señalado que los lotes 39 y 67 operan bajo Contratos de Licencia suscritos por el Estado peruano, es decir, tienen derechos otorgados preexistentes a la solicitud de creación de la reserva indígena; además, se trata de una zona estudiada ampliamente para la ubicación de recursos de hidrocarburos, conforme obra de la información de la sísmica publicada en el portal institucional de PERÚPETRO. Así mismo, PERÚPETRO expresó su preocupación sobre que estos aspectos tan importantes para el desarrollo energético del país no fueran considerados en este caso específico y que no haya sido invitado a participar de la Comisión Multisectorial durante la fase del procedimiento de reconocimiento de pueblos indígenas en el área propuesta para la creación de esta reserva.
¿Existe certeza absoluta que existen PIACI en este territorio propuesto como nueva reserva indígena? El detalle de las pruebas de esta existencia no puede conocerse pues la propia Ley de Transparencia ha restringido el acceso al contenido completo y detallado del Estudio Previo de Reconocimiento elaborado por el Instituto del Bien Común entre los años 2021-2022. Sin embargo, conforme a lo manifestado por las comunidades nativas asentadas hace varias décadas en este territorio, no existe presencia dePIACI.
En conclusión, de acuerdo con la ley y regulación vigente para PIACI y los antecedentes de casos similares, lo señalado por Perúpetro tiene un sólido fundamentoy no es una afirmación falsa como señala AIDESEP.
Espino detalló que, coludido con Yenifer Paredes, elaboraron y aceleraron el financiamiento de un proyecto en Chadín para beneficiarse ganando la buena pro y obtener el dinero de las ganancias de la ejecución. “Logré acceder a un contrato con la Municipalidad de Chadín para la elaboración del expediente técnico por un monto de S/.33,500 aproximadamente poniendo a la empresa DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS S.A.C. que era de mi hermana pero yo lo manejaba de manera total”, contó Espino y agregó que la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, se benefició porque se concertó para que su hermano, David Paredes Navarro, sea el que ejecute la obra.
Hugo Espino trabajaba en sociedad con la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.
También se refirió a un proyecto en el que fue incluido por Yenifer Paredes y contó con el apoyo del alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui. Espino y Paredes cobraron cuarenta mil soles como adelanto para elaborar el expediente técnico y fue la hermana de Lidia Paredes quien aseguró que se encargaría de obtener la buena pro. “Yenifer Noelia Paredes Navarro tenía el interés de que salga esa obra para que se pueda ejecutar y ganar dinero con la ejecución, debido a que es una obra de gran envergadura que iba a salir aproximadamente veinte millones”, detalló Espino.
Pero la recopilación de hechos ilícitos protagonizados por Hugo Espino y Yenifer Paredes todavía no había terminado. Espino relató esta vez un nuevo episodio en el que, junto con Yenifer Paredes y su primo Rubdel Oblitas Paredes, acordaron el financiamiento de un expediente técnico. En dicha reunión, Rubdel comentó que trabajaba con su tío, el presidente Pedro Castillo, revisando documentaciones y temas técnicos, además de tener acceso al Ministerio de Vivienda, en donde dijo tener proyectos.
El primo de Yenifer Paredes se jactaba de tener proyectos en el Ministerio de Vivienda.
En esta ampliación de su declaración, Espino volvió a referirse a su amigo el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. En esta oportunidad expuso que el montó de diez mil soles con el que colaboró para la campaña de Pedro Castillo fue un monto que era parte de cien mil soles que Medina Guerrero había recibido por una coima. “Desde el año 2019 he venido recibiendo y realizando depósitos de diversas sumas de dinero por órdenes y coordinación con José Nenil Medina Guerrero”, indicó Hugo Espino y expuso que era dinero proveniente de la Municipalidad Distrital de Anguía para contratar personal en Lima y pagar la oficina que habían alquilado en la capital.
El dinero que Espino utilizó para apoyar la candidatura de Pedro Castillo provenía de una coima.
Según expuso Espino en su versión, el alcalde Medina Guerrero pasaba más tiempo en Lima que en su localidad y el tiempo que pasó en la capital aumentó tras la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta. “José Nenil Medina Guerrero apoyó en toda a la campaña de Pedro Castillo, asistiendo a todos los viajes al interior del país y en la ciudad de Lima”, agregó sobre el rol de Medina en la campaña de Castillo.
La presencia del alcalde de Anguía en Lima fue más frecuenta tras el triunfo de Castillo en las elecciones.
Al ser consultado por el vínculo entre Castillo Terrones y el alcalde de Anguía, Espino lo describió como una relación de “extrema confianza” y señaló que Medina Guerrero lo frecuentaba tanto en Palacio de Gobierno como en la polémica casa de Sarratea.Medina se jactaba de tener el contacto de varios ministros y Espino encontraba creíbles estos relatos debido a la rapidez con que salían los decretos de urgencia que beneficiaban a las obras que quería realizar en Anguía.
El alcalde de Anguía se reunía con Pedro Castillo en la casa de Sarratea y Palacio de Gobierno.
Espino también se refirió a la participación de otros integrantes de la familia presidencial en los negocios de los que él era parte. Al detallar la entrega de los setenta mil soles que David Paredes, cuñado de Pedro Castillo, le entregó, habló del rol que tenía la primera dama Lilia Paredes para garantizarles que los documentos que requerían iban a salir con la velocidad que lo necesitaban.
La primera dama, Lilia Paredes, tenía un rol importante para coordinar que salgan los decretos que beneficiaban los proyectos de sus hermanos.
El testimonio de Hugo Espino no sólo ha dejado en una situación muy comprometida al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, sino que expone a gran parte del entorno familiar de Pedro Castillo como parte de una organización dedicada a beneficiarse del poder que hoy ostenta desde el sillón presidencial.
El exministro Merino relató que, pese a las advertencias, Castillo insistía en la designación de Hugo Chávez.
El paso de Merino por el MINEM llegaría a su final en octubre del 2021. En una de los tantos cambios de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Sandra Paico, secretaria del mandatario, se comunicó con Merino Aguirre para asista a la renovación en el cargo. Sin embargo, al llegar Palacio de Gobierno, se encuentra con un iracundo Bruno Pacheco que increpa a Paico por la presencia del todavía ministro de Energía y Minas y acusándolo de ser una persona que “no hacía caso a las indicaciones”. Tras presenciar esa escena, Iván Merino se encuentra con el presidente Castillo y le expresa que no tiene nada más que hacer en Palacio y abandona el lugar. “Mi renuncia al cargo fue de facto, no hay acta ni carta de renuncia, tampoco hubo cartas de felicitación por el cargo de ministro”, señaló en su testimonio.
En un gobierno lleno de cuestionamientos sobre la idoneidad de los personajesdesignados al frente de ministerios y otro cargos importantes, que las advertencias hechas incluso por integrantes del equipo que acompañó a Pedro Castillo desde su etapa de candidato sean ignoradas y se convierta una clínica en una especie de centro de operaciones sólo despiertan más sospechas.
Lo anterior ha causado, según Edson Aguilar, vicepresidente de Voces Ciudadanas, que la Organización Panamericana de Salud (OPS) considere al Perú –junto a Brasil y República Dominicana– como uno de los países de alto riesgo en la región para el retorno de enfermedades desaparecidas, gracias a sus planes de vacunación.
“Si bien no se puede cuestionar el valor de las vacunas, ya no tenemos un buen esquema de vacunación. Estamos desfasados”, afirmó Abel Salinas, ex ministro de Salud y también miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa en representación de la Sociedad de Pediatría.
Precisamente esta instancia, dependiente del Viceministerio de Salud, es una de las encargadas de revertir esta situación. De acuerdo al Minsa, tuvieron su primera reunión en abril. Y según dijo Abel Salinas a Sudaca, se han reunido una vez al mes desde entonces con el objetivo de tener una norma técnica que mejore el panorama de vacunación nacional.
“Es urgente actualizar la norma técnica sanitaria de inmunizaciones, con mayores metas de vacunación, con especial foco en los niños y niñas de riesgo, en la primera infancia, para evitar que enfermedades controladas vuelvan a aparecer en el país”, agregó el ex ministro de Salud.
Habrá que esperar novedades de esas y más propuestas de salud pública para evitar brotes problemáticos de otras enfermedades en el Perú.
Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.
Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)
Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.
La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí.Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.
Excongresistas Kenji FujimoriPérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia
Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.
La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.
La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.
Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.
También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.
Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo
2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables
Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.
Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.
Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.
Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de laUniversidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OASy Odebrechta favor deLuis Castañeda Lossio”.
Miguel Perez Arroyo
Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.
Alertó que, de enero a agosto del presente año, EsSalud detectó 1566 casos nuevos de cáncer de mama a nivel nacional, lo que representa un incremento de 10%, respecto a lo registrado en el mismo período del 2021 (1412 casos).
“EsSalud continúa reforzando las acciones de prevención contra el cáncer. El día de hoy, en una labor conjunta con la Municipalidad de Chorrillos, hemos llegado hasta la playa Agua Dulce, para brindar atención médica y también intensificar el control preventivo.Con un diagnóstico a tiempo y atención oportuna, se puede combatir el cáncer”, enfatizó.
Por su parte, Rosy Mulánovich, saludó la iniciativa de EsSalud de promover campañas preventivas e hizo un llamado a todas las mujeres a tomar conciencia del cáncer de mama y realizarse los controles periódicos como el autoexamen, ecografías y mamografías a fin de prevenir y/o detectar a tiempo la enfermedad.
“A mi me diagnosticaron cáncer de mama hace más de 20 años y logré vencerlo, gracias al autoexamen inicial y también al diagnóstico y tratamiento oportunos. Por eso, es importante que las mujeres se hagan los chequeos preventivos”, aconsejó.
Otras atenciones
Durante la jornada de salud, se realizaron ecografías y despistajes de cáncer de mama, así como consejería preventiva de cáncer de cuello uterino y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de 9 a 13 años.
También se brindó atención en medicina general, dermatología, psicología, nutrición y otras especialidades a la población asegurada y no asegurada de diversos distritos de Lima.
El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.
Las polémicas
Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.
El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.
Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.
Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.
En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la misma línea que Rospigliosi opina ÁngelDelgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.
Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.
Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.
Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.
Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.
El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.
“Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.
Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.
“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.
Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.
Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.
El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.
La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.
El Movimiento Regional Agua de Huancavelica es el más antiguo de los tres que han sido protagonistas en este proceso electoral. Su fundación data de 2015 y, al igual que en los casos de Ancash y Ayacucho, tuvo a su fundador como el candidato a gobernador regional. Samuel Morán Cárdenas de 68 años, a quien sus seguidores se refieren como “padre Samuel” por su paso como docente en una institución educativa religiosa, obtuvo 87,704 votos según el conteo de ONPE, pero no le alcanzaron para superar a su rival del Movimiento Regional Ayni.
La agrupación política de Morán Cárdenas, que se define como independiente, regional y “sin ideologías políticas de codicia y maldad” y también prioriza en su ideario el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, ha tenido a dos candidatos ganadores en las municipalidades provinciales de Angaraes y Catrovirreyna. Pero, además, han sumado veinticuatro alcaldías distritales en Huancavelica.
No obstante, el proceso electoral no estuvo libre de problemas para el padre Samuel. En agosto, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica lo excluyó en primera instancia por no haber declarado empresas que tenía a su nombre. “El padre Samuel no tenía la obligación de hacer declaración de estas empresas en su hoja de vida, a razón que desde el 2014, 2016 y 2018, respectivamente había hecho venta de estas acciones”, señaló su abogada Magaly Contreras en declaraciones recogidas por Diario Correo. El candidato de la gota apeló y, finalmente, fue devuelto a la contienda.
Samuel Morán Cárdenas obtuvo el 44.696% en las elecciones del domingo 2 de octubre. Imagen: Diario Correo
Fuerzas políticas jóvenes en años de existencia aunque no necesariamente con candidatos y que encaran las elecciones dándole un lugar importante en sus discursos al cuidado ambiental lejos del debate dicotómico derecha versus izquierda que sí predomina en la capital. Así se podría definir a estos candidatos de la gota de agua que han rebalsado las ánforas de tres regiones del Perú convirtiéndose en una de las alternativas políticas más ganadoras que dejaron las elecciones de este año. A partir del 2023 se verá si sus representantes en más de cien distritos, trece alcaldes provinciales y un gobernador regional logran consolidar el nombre de sus partidos o si, como tantas veces ha ocurrido en la política nacional, son un fenómeno momentáneo.
