Lo más llamativo, sin embargo, ha sido la manera en cómo Pacific Latam afirma que ha realizado la labor, la cual se dio “a través de la colocación de 10 notas de prensa de corte utilitario en el 2021 con temas relacionados a la importancia de las operaciones de un relleno sanitario a la comunidad y medio ambiente, logrando 35 publicaciones en medios Tier 1 como El Comercio, Perú 21, El Popular, Correo, Latina.pe, ATV.pe, Trome, Karibeña, Exitosa, Ojo”.
En este documento también especifican que hubo una campaña de medios “a causa del pedido de cierre de los rellenos sanitarios por parte de asociaciones privadas”. Esta consistía en generar entrevistas en medios grandes y en una intervención del Oefa y la Municipalidad de Lima, a través de notas informativas.
Pese a que los problemas con el servicio de limpieza pública de Innova Ambiental ya llevan arrastrándose varios años, no han sido tan difundidos por la prensa. Este reporte de Pacific Latam puede acercarnos a saber por qué.
CitizenGo también tiene rostros visibles en Perú. Por la mañana, ‘La Encerrona’ dio a conocer que sus representantes en nuestro país son Carlos Polo Samaniego y Alejandro Bermúdez, director de ACI Prensa, una agencia de noticias ultraconservadora. Ambos forman parte del directorio mundial de este colectivo.
Ignacio Arsuaga posa junto a un autobús de Hazte Oír, su organización asociada a CitizenGO, con un mensaje contra la comunidad trans.
Las redes sociales de Vox dan cuenta de fotos que prueban una estrecha relación entre ambos personajes. Una de ellas, por ejemplo, los captó en la calle de Génova en el 2014. Otra prueba del vínculo es que, como parte de sus actividades, Hazte Oír premió a Abascal por su labor como presidente de Defensa de la Nación Española (Denaes), una fundación que impulsa el nacionalismo español, en el 2012. En ese momento, Abascal era militante del Partido Popular. Un año más tarde, fundaría Vox.
Este año, la relación entre Hazte Oír y Vox terminó en discrepancias públicas. Todo indica, sin embargo, que han seguido sus caminos para expandir sus posturas antiderechos por Latinoamérica.
Cabe recordar que una comitiva de Vox se reunió con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en septiembre del año pasado. El objetivo era que los parlamentarios firmen la Carta de Madrid. Este documento nació en la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal, líder de Vox, es “patrono”, según su misma web. Los firmantes del manifiesto -como los congresistas Muñante y Williams- se comprometen a evitar que dichas iniciativas se consoliden en sus países.
Ese es el trasfondo que esconde la aparición del camión publicitario, un episodio más de la relación entre un sector del Congreso y la derecha más conservadora de España. Esta vez se aliaron contra una asamblea de la OEA que tiene como lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.
A pesar de que su candidatura y la de toda su lista fue declarada improcedente horas antes de los comicios, Joaquín Ramírez lidera los resultados electorales.
“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.
¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?
Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.
Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.
Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal.
Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.
En enero de 2014, la empresa -en ese entonces llamada Relima- le envió un oficio a la comuna limeña luego de que esta le solicitara información sobre algunos de sus servicios. Allí, Relima dio cuenta de la situación de dos vertederos con los que contaba, uno de ellos ubicado en El Zapallal. Sobre este, la concesionaria señaló: “la vida útil del relleno sanitario alcanzaría como máximo hasta finales del 2015”.
Sin embargo, esta situación cambió repentinamente. De acuerdo a un comunicado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) de enero de 2021, la vida útil del relleno sanitario se había ampliado “cuatro años y cinco meses”. Esto como resultado de una resolución directoral y un informe de la Dirección General de Salud Ambiental del 2016.
Estas modificaciones se hicieron luego de que se actualizara el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental del relleno sanitario, presentado por la empresa y monitoreado por la Digesa. Con esto, se amplió la capacidad de su infraestructura. Con este cambio, el plazo para que los vertederos pudieran funcionar se extendió hasta marzo de 2021, pero incluso aquella nueva fecha de caducidad tampoco se cumplió.
La última prórroga fue planteada por Innova Ambiental en mayo de 2021. En esta, haciendo un cálculo con el volumen neto utilizado en el relleno sanitario y el que quedaba disponible, la empresa estimaba que la vida útil restante era de seis meses más.
En junio de aquel 2021, un informe del Oefa le daba la razón a esta extensión, afirmando que “aún no culmina la vida útil de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos” y que las prórrogas se basan “en un estimado teórico”. Pese a que la fecha propuesta por Innova Ambiental también ya ha pasado, los rellenos sanitarios siguen operando.
A mediados de agosto, la vicepresidenta del Congreso pechó al Oefa por su actuación en toda esta trama. “Oefa menciona que advirtieron de las situaciones anómalas, pero ¿hicieron algo al respecto?, ¿fiscalizaron el trabajo de esta empresa que incumplía algunas cláusulas del contrato que se había hecho en beneficio de la población? No, no lo hicieron. Hoy los vecinos de Lomas de Carabayllo necesitan una reubicación inmediata del botadero de basura, no buscan un nuevo concesionario”, apuntó.
Entre enero y marzo de 2020, una asociación de abogados organizó dos charlas dirigidas al personal de dicho organismo ambiental. Una de las ponentes invitadas fue la abogada Cecilia Madrid, la cual pertenece al estudio de abogados Oré Guardia. No solo Innova Ambiental es cliente de este estudio, como se señala en la web del mismo, sino que Madrid fue una de las representantes de la empresa en cuestión cuando la municipalidad de Carabayllo fue a hacer la inspección al relleno sanitario. Es decir, los fiscalizadores capacitados por la fiscalizada.
Para demostrar legalmente que se trata de la misma obra, un perito debe analizar ambas creaciones y llegar a una conclusión. Y aunque el BCRP hace hincapié en que su obra es original por los nuevos elementos añadidos, Jorge Córdova sostiene que para determinar la originalidad de una obra, lo que se analiza son las semejanzas, no las diferencias. Por su parte, el abogado Alaín C. Delion dice estar seguro “en un 98% de que los resultados arrojarán que es la misma foto”.
Pero el Banco Central de Reserva tiene otro argumento para respaldar su accionar. Según su explicación, hay una excepción en el Código Civil que establece que, para la utilización de la imagen de una persona con notoriedad pública, no es necesario contar con su permiso. Sin embargo, esto se sale del ámbito de los derechos de autor y entra al terreno del uso de imagen y voz de las personas. “Esto se refiere a que no es necesario pedirle permiso a la familia de Arguedas para poner su imagen en el billete. Pero eso no excluye el hecho de que se debió pedir permiso a la familia del fotógrafo para usar su creación”, aclara Córdova, quien se desempeñó como ejecutivo de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.
SIEMPRE LO MISMO
Esta no es la primera vez que se toma una fotografía de Pestana y se usa sin su consentimiento. Durante el primer gobierno de Alan García, el BCRP usó un retrato que el artista tomó a Haya de la Torre para usarlo en el billete de 50 mil intis.Tampoco pidieron permiso. “En ese entonces ‘Baldo’ todavía estaba vivo y se indignó. No pudimos hacer nada porque nos enteramos muy tarde, después de varios años. Pero esta vez sí estamos a tiempo”, dice Carmen Rico.
“Es muy común que no se respeten nuestros derechos de autor. Esto es solo una muestra. Las fotos no cayeron de los árboles, tienen un dueño, pero muchas veces se pasa por alto”, dice Herman Schwarz. Y agrega resignado: “¿Cuántas veces no he paseado por Chorrillos y me he sorprendido al ver mis fotos sin créditos y sin que me hayan pedido permiso para usarlas?”.
Esta es una sensación compartida. Raúl García, de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, explica que ahora con internet es más fácil que otros tomen su trabajo. “Tenemos muy poco control sobre nuestro propio trabajo”, lamenta. Y es que, como las personas ven las imágenes en la red, piensan que pueden usarlas libremente.
“Pero no es así. Si la imagen está en Internet se tiene que averiguar de quién es. Seguramente los del BCRP, como vieron la fotografía de mi tío en alta definición, la tomaron y pensaron que podían usarla como quisieran. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Además, ¿cómo una entidad del Estado con un departamento legal no va a conocer sus propias leyes?”, cuestiona la sobrina de Pestana.
Durante el primer gobierno de García, también se usó una fotografía de Pestana en el billete de 50 mil intis. Nunca le dieron los créditos. Composición: Facebook Herman Schwarz.
Nos contactamos con el área de prensa del Indecopi, organismo estatal encargado de proteger los derechos de autor, para solicitar una opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Mientras tanto, el rostro de Arguedas, que Pestana inmortalizó hace más de 50 años, sigue circulando de mano en mano sin que se le dé reconocimiento al fotógrafo.
Espinoza, según las últimas encuestas en su distrito, tiene altas posibilidades de ganar. El último simulacro de votación de Datum con cédula en Puente Piedra coloca a Somos Perú primero con 31,2%, muy adelante del segundo puesto: Renovación Popular con 15,3%.
Nada de esto sería posible sin su gran inversión en su campaña. El ex congresista no es solo el candidato que más ingresos anuales registró en Lima ante el JNE. También es el que más ha invertido en su distrito: S/194,215.70, de acuerdo al Portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo él mismo su principal aportante y dejando muy atrás al segundo puesto: Stefani Reyes, del Partido Patriótico del Perú (PPP), con S/5,200. Dicho monto corresponde a un primer reporte de gastos, del 4 de enero hasta el 2 de septiembre, por lo que ese total podría aumentar en esta recta final.
Surfeando la pandemia
El otro aspirante a un sillón municipal que supera el millón de soles en ingresos anuales es Óscar Benavides Majino, candidato por Alianza Para el Progreso (APP) en Ate. A sus 74 años, intentará volver a dirigir el distrito por quinta vez.
Benavides es abogado por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega al igual que Rennán Espinoza. Como el ex congresista también incrementó su patrimonio considerablemente desde su última postulación a un cargo público. Ante el JNE declaró un ingreso anual de S/298,713 cuando intentó –sin éxito– ser congresista también con APP en el 2021. Para estos comicios, declaró S/1,451,193.92.
Este considerable crecimiento no se puede explicar sin su principal negocio: las funerarias. Tal vez uno de los pocos sectores que realmente prosperaron con los lamentables picos de mortalidad cortesía del coronavirus.
Y él mismo lo reconoce así. “Debería ser más [lo declarado ante el JNE] por la cantidad de fallecidos que he atendido. He donado cualquier cantidad de entierros. Soy un hombre bien humano. Tuve convenios con EsSalud y el Minsa, algunos todavía me deben”, le dice, con seguridad, a Sudaca.
El ex alcalde de Ate dirige una funeraria que lleva su nombre: la Agencia Funeraria Óscar Benavides. Según le dijo a este medio tiene seis sucursales. “La primera la fundé cuando tenía 20 años, en Jirón Abtao [La Victoria]”, recordó.
En su hoja de vida señaló como única experiencia laboral ser gerente general de “Oscar Benavides Majino Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” desde 1991. Este RUC tiene como domicilio fiscal la dirección de su primera funeraria. Además tiene una deuda coactiva vigente con el Tesoro Público de S/ 4,742.
El logo de la funeraria que dirige Óscar Benavides desde 1991.
Más allá de eso, Benavides tiene cinco inmuebles valorizados en S/1,080,000, tres de ellos en San Isidro. También tiene cinco vehículos –cuatro de ellos son carros funerarios– que juntos tienen un valor de S/ 186,720. Según la última encuesta publicada de CPI, el ex burgomaestre está entre los favoritos de Ate con 16.1% solo detrás de Juan Enrique Dupuy, de Podemos, que lidera con poco: 16.9%.
Ceros de más
Los candidatos a regidores distritales que encabezan la lista con mayores ingresos declarados ante el JNE tienen varias coincidencias. Ambos son contadores de carrera, estudiaron en universidades hoy sin licencia, postulan con el número 1 en sus listas, y tienen una queja que hacerle al Jurado Nacional de Elecciones: se equivocaron al momento de colocar sus ingresos en la plataforma electoral.
La aspirante a regidora que aparece con más ingresos anuales es Eloisa Correa Muñoz. El postula por Acción Popular en Magdalena del Mar. El candidato distrital accionpopulista en ese distrito era Franco Salinas, el ex congresista, hasta que fue tachado por el JNE. Según la plataforma del ente electoral, tuvo un ingreso anual el año pasado de S/55,869,200.
Pero Correa lo desmiente. “Hay error de digitación”, asegura a Sudaca sin agregar más. La postulante tiene 63 años y es contadora de carrera por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su única experiencia laboral registrada es llevar las cuentas del Colegio Peruano Chino Diez de Octubre desde 1986 hasta el año pasado. Aparte de eso registra dos carros a su nombre valorizados en 21 mil soles. No tiene inmuebles a su nombre.
La hoja de vida rellenada a mano por Correa. EL JNE le agregó un cero más a sus ingresos anuales al final.
El siguiente en lista sería Giovanni Venancino Salas, que postula en San Luis con Avanza País en la lista de César Mendoza. Según la plataforma electoral del JNE, tuvo un ingreso anual el año pasado ascendente a S/47,897,000.
Eso sí el JNE hubiese digitado bien sus finanzas. “Me ha sorprendido porque hay un error de tipeo evidentemente. Voy a presentar una carta solicitando una rectificación. Debe decir 47,897 soles, pero está en millones y evidentemente no he ganado eso”, asegura a Sudaca.
Venancino tiene solo 28 años. Y también es contador como Correa por una casa de estudios con licencia denegada por Sunedu: la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).
No tiene bienes muebles o inmuebles, pero sí una amplia experiencia en el sector público. Ha trabajado auditando a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de Villa María del Triunfo y el Hospital Nacional Sergio Bernales. Actualmente es jefe de riesgos de rentabilidad de las inversiones y proyectos en la Fonafun, la funeraria de la Policía.
Ambos candidatos compartieron a Sudaca el formato de hoja de vida llenado a mano que entregaron al JNE para su registro en la plataforma electoral. Este medio pudo corroborar lo que afirman: les agregaron unos cuantos ceros al final de sus ingresos anuales de manera inexplicable.
Si descartamos a Correa y Venancino, el regidor distrital en Lima con mayores ingresos sería Leoncio Quispe Huamaní, que postula con el número 1 por Santa Anita con el Partido Patriótico del Perú (PPP). Según su hoja de vida, declaró ganancias por S/ 22,876,680 el año pasado.
Quispe cuenta con estudios técnicos como mecánico aeronáutico en la Escuela Técnica del Ejército y su única experiencia laboral consignada es como certificador en Helisur, empresa que traslada pasajeros y carga industrial como petróleo y elementos de construcción desde 1994.
Sudaca intentó contactar al señor Quispe, pero no fue posible. De hecho, ni siquiera su cabeza de lista sabe de él. “A ese señor no lo conozco. Nunca se acercó a mi domicilio para la campaña ni nada. El partido lo puso, pero ahí tampoco lo ubican. No sé cómo habrán hecho”, le dijo César Valdivia, candidato distrital por el PPP en Santa Anita, a este medio. Una pequeña muestra de cómo se organizan los partidos para esta contienda electoral.
Según la resolución 1020-2021 de la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, que Sudaca revisó, la agencia presentó el mismo problema que el comercio de Zegarra: le retuvieron 14 mil dólares y 19 mil dólares en operaciones realizadas en partes por dos clientes que fueron reportadas como fraudulentas en septiembre de 2018.
A diferencia de lo ocurrido con Zegarra, Niubiz sí solicitó descargos a Madec Tours. Sin embargo, igual les cobraron el dinero inicialmente retenido. Por eso la agencia turística la denunció ante la Oficina Regional de Indecopi en Cusco por consignar una cláusula abusiva en su contrato y no brindar un servicio idóneo, de acuerdo a los artículos 19, 47 y 49 del Código de Protección y Defensa del Consumidor el 30 de abril del 2019.
Madec Tours renegaba de la cláusula 9.3 en su contrato de afiliación con VisaNet, cuando aún no cambiaba su identidad a Niubiz. Era precisamente aquella referida a la detección de compras fraudulentas. “Tratándose de transacciones sin tarjeta presente, es decir, sin lectura de chip, banda magnética u otra forma física, Visanet Perú aplicará directamente el descuento a la afiliada sin requerir la documentación de sustento”, decía en tono muy similar a lo que hizo Niubiz con el negocio de Zegarra, de acuerdo a la resolución de Indecopi.
Luego de analizar el caso, la entidad sancionó a Niubiz con 2 UIT por infringir el artículo 47 y 49 del código. El primero referido a no entregar una copia del contrato de afiliación y el segundo sobre cláusulas abusivas que colocan al consumidor “en una situación de desventaja o desigualdad” que anula sus derechos. Ese es el precedente que carga la pasarela de pagos y que hoy se relaciona a la experiencia del comercio de Zegarra.
Sudaca solicitó a Indecopi un pronunciamiento sobre este caso. Como respuesta, desde su área de prensa nos aseguraron que para que el negocio de Zegarra calce dentro de la definición de microempresario como consumidor debe alinearse a los lineamientos del Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE. En su artículo quinto la norma establece que una microempresa es aquella que no supera las 150 UIT –unos S/ 690 mil– como ventas anuales.
Sobre las faltas detalladas del caso, la entidad aseguró que eso corresponderá “ser evaluado en el marco de un procedimiento administrativo sancionador”, por lo que no pueden adelantar opinión específica. Para que ese proceso se dé, cualquier persona natural o jurídica debe activar los mecanismos de arbitraje de consumo, procedimiento administrativo ordinario o sumarísimo, según escoja. El emprendimiento de Zegarra aún evalúa si tomar alguno de esos caminos o dejar el asunto como una anécdota nada satisfactoria.
Una experiencia que debe poner en alerta a otros emprendedores digitales respecto a las condiciones –más allá de las comisiones– de los acuerdos que firmen con pasarelas de pagos como Niubiz.
¿Y por qué no filtró a los candidatos desde el inicio para prevenir incidentes? La candidata se excusa diciendo que ella “confiaba en la buena fe de todos” y condena el supuesto mal accionar de Velarde. “No es correcto lo que hizo, porque ella está engañando. Yo no puedo llevar en mi lista a alguien que miente”, asegura Rodríguez. Paradójicamente, en el 2018, Rodríguez fue excluida por no declarar sus sentencias por deudas impagas. “No declaré esas sentencias porque no sabía que también se tenía que declarar los temas contractuales. Ahora lo sé y para estas elecciones he declarado todos mis antecedentes”, dice
Intentamos comunicarnos con Virginia Velarde, pero se negó a hablar con nosotros porque una sentencia se lo prohíbe, como se explicará más adelante. En el documento de la denuncia, sin embargo, la empresaria ha desmentido que haya presentado dos hojas de vida porque, asegura, nunca llenó nada.
Así, con la excusa de los DNI donde se consigna el nivel de educación, sacaron a Virginia Velarde de carrera. No importó que durante ese tiempo haya aportado a la campaña cerca de S/62.700, monto que declaró en la denuncia presentada a la Fiscalía. Frustrada, y sintiéndose estafada, la empresaria empezó a exigir que se le devuelva el dinero que dio, la mayor parte en efectivo, la otra en depósitos a cuentas de terceros y también por el material de campaña que entregó (como almanaques, llaveros y volantes).
Luego de tantos reclamos, Rodríguez aceptó reponer parte del dinero, pero eso sí, aclarando que todo había sido un aporte voluntario (aunque las conversaciones muestran que, antes de la exclusión, la abogada insistía y presionaba a Velarde para que pague su ‘aporte’). “Lo que yo hice no es devolverle, somos conscientes del gasto que hizo, por eso los precandidatos tomamos la decisión de reconocerle los gastos, pero no el monto que ella quería. No podía coaccionarme de esa manera”, explica Rodríguez.
Y aunque al inicio la precandidata de Solidaridad Nacional coordinó que le entregaría S/20,000 y lo restante se lo daría en partes, al final a Velarde solo le devolvieron S/16,000 por concepto de “trabajo de imprenta”.
CONTRADEMANDA
Luego de que la excluyeron de la lista de regidores, en el 2018, Virginia Velarde interpuso una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Como no conocía los procedimientos a seguir, al final desistió de continuar con la demanda. “Además, le daba pena porque la denuncia no le regresaría el dinero perdido, sino que enviaría a la cárcel a Rodríguez. Ella [Virginia Velarde] no quería eso, solo quería su dinero de vuelta”, cuenta una fuente con conocimiento del caso.
A la izquierda: mensaje de Rodríguez en el que envía la relación de candidatos a regidores y le pide más dinero a Virginia Velarde. A la derecha: lista oficial de regidores donde se excluyó a Velarde, luego de que haya aportado más de S/60.000.
Por ello, al no presentar pruebas para seguir con el trámite de la denuncia, esta quedó archivada. Pero quien sí decidió continuar hasta las últimas consecuencias fue Isabel Rodríguez, pues demandó por difamación agravada a su ex aportante y solicitó una reparación civil de S/750,000.
En junio de este año, la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a la ahora candidata de Renovación Popular. En la sentencia, se señala a la empresaria por emitir frases agraviantes contra Rodríguez al llamarla estafadora. Uno de los sustentos de la sentencia es, justamente, el archivamiento de la denuncia inicial. Por ello Velarde tiene prohibido hablar de este tema y debe pagar una reparación civil de S/5.000. Además, se le impuso un año de prisión suspendida. “Por todos lados me ha difamado la señora diciendo que yo cobro cupos. Imagino que ahora apelará la sentencia porque es su derecho. Veremos qué pasa”, dice Rodríguez.
Como fuese, Velarde retomó el caso y, hace unas semanas, denunció penalmente a Rodríguez. Esta vez lo hizo adjuntando las pruebas correspondientes –que Sudaca revisó en detalle–, como vouchers, mensajes de WhatsApp y audios donde le aseguran que le devolverán el dinero. El tiempo dirá quién tiene la razón.
Nota de edición: días después de la publicación de la nota, Sudaca pudo acceder a la mencionada carta enviada por la gestión de Muñoz. A continuación, la adjuntamos.
El silencio a medias de la Municipalidad
Intentamos obtener los descargos de la Municipalidad de Lima y la explicación sobre esta carta de enero de 2019. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, los responsables de comunicaciones de la MML no respondieron nuestras consultas.
La información que la comuna sí llegó a brindar es sobre el precio real que le pagan a Innova Ambiental por el servicio. Como se recuerda en la primera nota sacada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos estimaba que el monto excedía los 300 soles por tonelada para el servicio de recojo y transporte de basura. Innova Ambiental, por su lado, sostenía que en verdad era “la suma de S/221.09 incluyendo el IGV por tonelada”. Finalmente, en septiembre, la Municipalidad de Lima le remitió al regidor Jorge Valdez la información exacta sobre dichos pagos, el cual consiste en 274.31 soles por tonelada (contando la recolección y transporte, así como la operación de planta de transferencia y relleno sanitario).
El detalle del monto pagado a Innova Ambiental por sus servicios, de enero a julio 2022.
Como advirtió Sudaca, Innova Ambiental recibió 481 millones de la Municipalidad de Lima desde enero de 2016 (que comenzó la última e indefinida extensión) hasta abril de 2022. Con un concurso suspendido por el Poder Judicial, el otro cancelado por una supuesta falta de recursos financieros de la comuna y ninguno nuevo a la vista, este monto seguirá aumentando.
