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Informes archivos | Página 3 de 81 | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

Informes

Nacida en Chile en 1939, en medio de la larga crisis económica que sufre dicho país en esos años y que alcanza su punto más alto de 1970, la vida de María Victoria Márquez Alcalde es la historia de un matrimonio forzado, del secuestro de unas niñas, de problemas judiciales debido a fuertes sospechas de acusaciones de estafas y abusos policiales. 

Leamos cómo y en qué orden nos cuenta su tragedia personal la señora María Victoria: “Hace 10 años, mi última hija Felicia María Guerra Márquez se enamoró perdidamente de Marco Antonio Tamashiro Kanashiro, un peruano de origen japones que le propuso matrimonio, pero solamente convivieron. Como mi hija era la única que vivía conmigo, me pidió que les alquilara la casa a ellos para que generaran un movimiento comercial, porque él no tenía profesión. Entonces, yo acepté para ayudarlos, además que yo estaba casi ciega por un problema de cataratas en el ojo izquierdo, y la visión del derecho la había perdido cuando balearon a uno de mis nietos y la impresión de verlo casi muerto me produjo un derrame. Estando en esa situación, me trajeron el contrato; cuando mi hija me leyó el documento, que supuestamente era de alquiler, lo firmé sin reparo alguno, aún cuando ella me dijo que eran cuatro copias: una para ella misma, una segunda para el marido, una tercera para mi y una cuarta para la Municipalidad de Jesús María, porque tenían que hacer cambio de uso, pasando de uso de vivienda a uso comercial. Pero en realidad lo que firmé fue una compra-venta, que decía que me habían pagado 100 mil dólares y ahí empezó mi vía crucis, porque me encerraron en la habitación donde vivo, la casa la pusieron a nombre de ellos, la hipotecaron y no han pagado las cuotas de la hipoteca, y ahora la cooperativa está por rematar mi casa. Cuando terminó la epidemia de la Covid, yo, así con mi discapacidad, trato de movilizarme y buscar ayuda para mi caso, porque me dijeron que efectivamente había sido estafada.  El japonés se fue una vez que puso la casa a su nombre y que recibió el dinero de la hipoteca. Entonces, le dije a mi hija que hiciera la denuncia por abandono de hogar; sin embargo, ella sólo lloraba y me decía que no lo haría por vergüenza. Mi hija me llevó al estudio jurídico Sagástegui Abogados, reconociendo el daño que me había hecho. He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso, porque el abogado me defendía a mí, y otra abogada del mismo estudio defendía a mi hija y a su marido, o sea me tomaron el pelo durante años, porque yo no vendí mi casa, ninguno de los dos notarios me pidió un certificado médico y ninguno me preguntó si yo quería vender mi casa. Cuando me hicieron firmar yo tenía 74 años.

Viviana Rodriguez
María Victoría Márquez cuenta que confió durante muchos años en el abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero fue otro arreglo mafioso, porque el abogado la defendía a alla, y otra abogada del mismo estudio defendía a su hija y a su marido. Imagen: B.Z.J.

Luego de algún tiempo, mi hija se arrepintió y me devolvió el 50% de la propiedad, pero me lo ha devuelto con maña porque no ha pagado el impuesto y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, me embarga mi pensión; he acudido al colegio de abogados y no me quieren atender porque dicen que el CAL es para pordioseros, alegando que como yo tengo una casa buena en Jesús María no tengo derecho a que se me asesore gratuitamente. El estudio del señor Sagastegui que supuestamente me defendió, me sacó como 50 mil soles, pero ellos han hecho una mala defensa porque sabían que la forma en que estaban llevando mi juicio ya estaba perdido o sea esos abogados fueron contratados por mi hija pensando que yo ya no quería vivir porque estaba viuda, porque estaba ciega, porque estaba sola. El abogado Martín Sagastegui hizo un juicio basado en estafa agravada, ´que es cuando una persona se pone de acuerdo con otra para hacer una estafa y hay malicia y dolo´ cuando me lo leyeron yo lo entendí perfecto pero el problema es que esto ocurrió entre  2010 y 2012, pero recién se da la Ley de Estafa Agravada en 2016, así que perdí en todas las instancias, el abogado tendría que haber llevado mi juicio por lo civil no por lo penal, el abogado lo sabía pero en lugar de defenderme a mí todo el tiempo estuvo defendiendo los intereses de mi hija y de Tamashiro.

Mis otros hijos pensaron que como esta niña no fue hija de su padre yo me había vuelto contra ellos y le había regalado la casa a Felicia, pero no es así porque si lo hubiera hecho no tendría problema en admitirlo mi hija mayor tiene como 70 años y ella tiene 42 años. 

Yo sigo viviendo en la casa, de acá no me sacan porque yo no la vendí, ellos recibieron el dinero de la hipoteca que sacaron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico y me entregan a mí 30 mil dólares por concepto de alquiler del inmueble y que era el equivalente a los tres años y medio que no habían pagado el alquiler, entonces yo por eso lo recibí, mi hija Felicia y Tamashiro reciben de la hipoteca 180 mil dólares. 

En la casa, ellos pusieron acá una institución que llaman en japones Kazoku: Calor de hogar y familia, que es un asilo exclusivo para ancianos japoneses que pagaban 1800 dólares mensuales la pensión más cara y 850 dólares la cuota más baja. Ellos tenían 6 a 7 ancianos por habitación, percibiendo un ingreso mensual de 12 a 14 mil dólares, pero no me pagaban el alquiler con el pretexto de que construyeron un piso más y modificaron la propiedad para tener más espacio y que puedan ingresar más ancianos. El albergue funcionó algunos años, pero el Ministerio de la Mujer lo cerró porque las enfermeras eran estudiantes y algunas no sabían ni tomar la presión; murieron muchos ancianos, mi casa se convirtió en la casa de la muerte, no los cuidaban como debería ser. Trajeron unas mujeres como cocineras que eran unas mujeres prófugas de la justicia, a todas esas personas las contrataba el japones Tamashiro, mucho del personal que contrató para el albergue se iba porque no le pagaba. Según el personal Tamashiro dedicaba el dinero al juego, Tamashiro era un ludópata.

Viviana Rodriguez
Marco Antonio Tamashiro Kanashiro junto a las enfermeras y una de las ancianas que vivía en el albergue. Imagen: Javier García Wong Kit.

En los tiempos de la pandemia sobreviví gracias a unas vecinas y a un hijo de la vida que me traían víveres para que yo pudiera preparar mis alimentos. Pase los días encerrada absolutamente sola en mi habitación. Una temporada pasé 18 días enteros sin comer, y no me morí pese a que todos los días le pedí al señor que ya me recoja justo en ese tiempo llegaron los hermanos de la iglesia y comenzaron a venir seguido para curar mi alma”.

Los procesos judiciales

El Abogado Manuel Chacaltana nos explica cómo se encuentra el proceso legal que esta llevando la señora María Victoria Márquez contra su hija Felicia Guerra y Marco Antonio Tamashiro 

“En este momento hay dos procesos, uno en ejecución de garantía que es sobre la hija y el exyerno de la señora, que junto a su expareja pidieron un préstamo a una cooperativa y le hicieron firmar a la señora una escritura pública de compra-venta, indicándole que eso era como un aval, pero luego de un tiempo como no tuvieron cómo pagar las cuotas comenzaron a llegarle las notificaciones a la señora Márquez indicando que iban a rematar el inmueble y recién ahí se enteró que lo que había firmado era una escritura pública de compra-venta y procedió a presentar una denuncia en el poder judicial por nulidad de acto jurídico la cual también se encuentra en trámite.

Por la edad que tenía la señora al momento de firmar ese documento, la ley indica que tenían que haberle solicitado un certificado médico, entonces lo que me indicó la señora es que cuando fue a la notaría simplemente bajaron le llevaron la escritura pública y se la hicieron firmar por eso es que se ha presentado la demanda de nulidad de acto jurídico, y presentado el certificado médico porque se ha omitido ese requisito, que sirve para que el notario pueda verificar que la señora se encontraba en pleno uso de sus facultades”, manifestó el abogado.

Felicia Guerra le devuelve a su madre el 50% de la propiedad, no cancelando el impuesto de alcabala lo cual generad que el SAT embargue la pensión de María Victoria.

“En el año 2018, como ya estaba en este proceso de ejecución de garantías la hija de la señora accede a hacerle una escritura pública de dación en pago por el 50 por ciento del valor del inmueble, se le ha transferido ya se ha inscrito en Registros Públicos y la señora Márquez figura actualmente como copropietaria de los derechos y acciones, la expareja de la hija sigue figurando con el otro 50 por ciento. 

La hija al momento de hacer la dación en pago, tenía que hacer un pago de impuesto de alcabala, entonces qué hizo la hija: se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez que eso era lo correcto, entonces de oficio el SAT liquidó un impuesto que debía cancelar la señora Márquez y como ese pago pendiente, le vienen embargando la jubilación a la señora, hecho que como ya sabemos eso está prohibido por ley.

Viviana Rodriguez
Felicia al momento de hacer la dación en pago, se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez.

Recordemos que el abogado que estaba llevando el caso anteriormente también era el abogado de su hija, entonces ahí había un conflicto de intereses; eso no es lo único este mismo abogado presento una denuncia por estafa agravada pero el Ministerio Público rechazó esa denuncia indicando que ya había prescrito porque en el año 2013, cuando sucedieron los hechos, no aplicaba el delito de estafa agravada únicamente se establecía en el Código Penal como una estafa simple, entonces en el 2023 el Ministerio Público determinó que no procedía esa denuncia al no existir ese tipo de delitos”, indicó Chacaltana.

En pocas palabras, el abogado Sagastegui no solo defendió mal a la señora Márquez, sino que se coludió con su exyerno y su hija para consumar la estafa a un mujer ciega, sola y abandonada.

 

  

 

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estafa, María Victoria Márquez., SAT

Estos documentos revelan una situación preocupante que requiere una acción inmediata. Basado en el Proyecto de Monitoreo de la Calidad Ambiental, el informe identifica una serie de problemas significativos, incluida la contaminación del aire debido a la actividad industrial, la contaminación del suelo por metales pesados y el ruido ambiental generado por las operaciones de ladrilleras en la zona. Este análisis detallado destaca la necesidad urgente de medidas correctivas y preventivas para proteger la salud pública y preservar el medio ambiente en esta zona.

Entre los aspectos más relevantes se encuentra la contaminación del aire. Los resultados del monitoreo indican que la actividad industrial, especialmente aquella relacionada con fundiciones, metalurgia y metalistería, es la principal fuente de contaminación del aire en la zona. Puntos de monitoreo como CA-VR-03A y CA-CN-01 muestran concentraciones significativas de material particulado PM10, superando los Estándares de Calidad Ambiental establecidos. Además, se han identificado altos niveles de metales como cadmio, plomo, cobre y zinc en el aire, lo que sugiere una importante contribución de la actividad industrial a la contaminación atmosférica.

Otro de los aspectos que se tocaron fueron la calidad de los suelos. Los análisis de suelos revelan concentraciones elevadas de metales pesados en áreas cercanas a las instalaciones industriales, especialmente fundiciones. Cadmio, plomo, níquel y cobre se encuentran en niveles que superan los estándares ambientales, lo que indica una contaminación significativa y potencialmente dañina para la salud humana y el medio ambiente local. 

En Sudaca también contamos el tema del ruido ambiental generado en el lugar. Las mediciones de ruido muestran que las actividades industriales, como la cocción de ladrillos en hornos, generan niveles de ruido que exceden los estándares establecidos para zonas residenciales durante el horario nocturno. Esto plantea preocupaciones sobre el impacto negativo en la calidad de vida de los residentes locales y destaca la necesidad de implementar medidas correctivas para mitigar el ruido en las instalaciones industriales.

La entidad hace diferentes recomendaciones para realizar una vigilancia continua de la calidad del aire y del suelo en la zona, así como caracterizar las emisiones industriales y modelar la dispersión de contaminantes atmosféricos. Además, se insta a las empresas a implementar controles acústicos y barreras de amortiguamiento para reducir la propagación del ruido generado por sus operaciones. Es esencial que las autoridades y la concesionaria trabajen en colaboración para abordar estas problemáticas y proteger la salud pública y el medio ambiente.

Benjamín Zevallos - relleno sanitario

 Resumen de los componentes evaluados y los resultados obtenidos

Lo mencionado por el Minsa

El presente informe detalla el proceso y los resultados del monitoreo de la calidad del aire en la zona de Lomas de Carabayllo, específicamente en las cercanías del relleno sanitario El Zapallal, realizado durante el período del 18 al 23 de diciembre de 2023. Este monitoreo se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el impacto ambiental generado por diversas actividades industriales y la presencia del mencionado relleno sanitario en la zona.

El objetivo principal del monitoreo fue determinar el estado de la calidad del aire en la población cercana al relleno sanitario y a otras fuentes de contaminación en la zona, con un enfoque específico en la concentración de partículas menores a 10 micras (PM10) y metales presentes en el aire.

Además, para llevar a cabo este monitoreo, se instalaron tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire en diferentes Centros de Salud (C.S. San Pedro de Carabayllo, C.S. San Pablo II y C.S. San Benito) con el fin de obtener acceso seguro y suministro eléctrico para los equipos. Estas estaciones permitieron obtener datos representativos de la calidad del aire en varias zonas de Lomas de Carabayllo.

Se evaluaron parámetros como las PM10, metales en PM10 (incluyendo cobre, plomo, manganeso, hierro, zinc, cromo, entre otros) y variables meteorológicas. Los resultados obtenidos fueron comparados con los estándares de calidad ambiental establecidos por la normativa vigente, incluyendo el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y los Criterios de Calidad del Aire de Canadá (AAQC).

Ahora bien, este monitoreo indicó que las concentraciones de PM10 se encuentran dentro de los límites establecidos por los estándares de calidad ambiental. Se observó una mínima concentración diaria de 76.22 ug/m3 en la estación C.S. San Pablo II y una máxima de 86.80 ug/m3 en la estación C.S. San Pedro de Carabayllo.

En cuanto a los metales pesados evaluados, se encontraron concentraciones por debajo de los valores establecidos en la normativa vigente. Aunque se detectó la presencia de sílice en algunos casos, esta se atribuyó a fuentes naturales de suelo y/o actividades como la fabricación de ladrillos.

La dirección predominante del viento durante el período de monitoreo fue del sur y suroeste, según se observó en las estaciones de San Pedro y San Pablo II.

Los resultados obtenidos sugieren que, en términos generales, la calidad del aire en Lomas de Carabayllo, cerca del relleno sanitario El Zapallal, se mantiene dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, se recomienda continuar con el monitoreo periódico de la calidad del aire y tomar medidas preventivas para mitigar cualquier impacto ambiental negativo.

Al cierre de este informe, se ha constatado que miembros de DIGESA, representantes de la Municipalidad de Lima y parlamentarios están visitando el relleno sanitario para seguir de cerca el caso de Innova Ambiental. Según lo expresado por Ruth Luque, se pretende llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar medidas concretas respecto a esta cuestión.

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cadmio, calidad ambiental, el zapallal, Relleno Sanitario

Sudaca conversó en exclusiva con uno de los trabajadores de la Municipalidad de La Molina que fueron despedidos luego que se dieran a conocer las influencias de la esposa del alcalde.

La gestión de Diego Uceda en la Municipalidad de La Molina se vuelve a ver involucrada en un nuevo episodio de manejos irregulares. Como ha venido reportando Sudaca en una serie de informes, el alcalde que llegó al poder en enero del 2023 ha sido seriamente cuestionado en más de una oportunidad por decisiones inexplicables y polémicas, como lo fue su oposición a la apertura de un centro comercial o el pago excesivamente alto por asesorías que no cumplían los requisitos.

Sin embargo, en esta oportunidad las luces no apuntan a Uceda por contratar a aliados del partido político que integra ni por obstaculizar a los negocios de su distrito sino por el inapropiado rol que ha empezado a desempeñar su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, en la municipalidad que está a su cargo.

¿UNA DICTADORA EN LA MOLINA?

Durante los últimos días, una serie de videos en los cuales se observaba a la esposa del alcalde de La Molina empezaron a circular en diversas redes sociales. En estas grabaciones, se podía observar y escuchar a Lizzi del Rocío Sueldo decir frases como “El tema social lo veo sólo yo” y “¿Quién está sobre mí? Para botarlo” delante de trabajadores de la municipalidad de este distrito  que escuchaban atentos sus instrucciones.

En otro de los audios se escucha que a la esposa de Diego Uceda coordinar con funcionarios de la Municipalidad de La Molina desde la lista de embajadores de debían ser invitados a eventos organizados por la municipalidad de dicho distrito hasta las diferentes bebidas alcohólicas que iban a ofrecer.

 

Tras la exposición de estos audio y videos en el programa “Ocurre Ahora” de ATV, se esperaba que la Municipalidad de La Molina tome acciones al respecto y brinde alguna explicación. Sin embargo, lo que ocurrió en las siguientes horas parece estar más cerca de una venganza que de un intento de justificación a estos manejos irregulares.

Sudaca conversó con Humberto Quesquén Pérez, quien desde febrero de este año se desempeñaba como maestro de ceremonias y asistentes de protocolo. Humberto cuenta que tiene más de veinte años de experiencia trabajando en municipios, pero que nunca vio una situación como la que le ha tocado observar en La Molina.

“Han empezado a sacar a las personas que ellos creen que pudieron grabar a la esposa del alcalde”, relata Humberto. Quesquén aclara que las represalias por la filtración de los audios empezaron días antes y agrega que entre los afectados estuvo su jefa Ana María Gotuzzo, la cual se habría ido llorando tras su despido según cuenta Humberto.

AQUÍ MANDO YO

Sin embargo, los maltratos en la Municipalidad de La Molina no serían algo inusual para quienes trabajar en este distrito. “Le grita a los gerentes. Ella decide quién entra y sale. Por ella se han ido desde el año pasado hasta ahora más de cuarenta funcionarios”, comenta Humberto sobre la actitud de Lizzi Sueldo en la municipalidad que parecía estar manejando como si fuese la alcaldesa.

“A uno de los últimos gerentes municipales lo sacaron porque ella (Lizzi Sueldo) decía que estaba pintado. Ella decide todo”, explica Humberto sobre el poder de la esposa de Diego Uceda en La Molina. Sudaca pudo revisar las últimas designaciones de este municipio y se comprobó que el en octubre designan a Jorge Luis Rey De Castro Mesa como gerente municipal y el 29 de noviembre hacen un nuevo cambio en este cargo para dejarlo en manos de Liliana Antonieta Loayza Manrique de Romero.

En las últimas horas, Humberto fue otra de víctimas de la venganza que ha emprendido la gestión de Diego Uceda contra todo aquel que considera como sospechoso de haber grabado a la esposa del alcalde tomando un poder que no tenía. En el documento se puede observar que le solicitaban acercarse a brindar declaraciones en calidad de testigo. Sin embargo, antes que pueda tomar una decisión al respecto le dijeron “te tienes que ir”.

“Ella va de lunes a viernes y hace que trabajen los sábados de ocho de la mañana a cinco de la tarde”, dice Humberto sobre la presencia constante de Lizzi Sueldo en la Municipalidad de La Molina y explica que son muchos los trabajadores que han sido testigos de sus actitudes pero callan.

Tras la difusión de audios y videos, la Municipalidad de La Molina optó por responder escudándose en que son víctimas de una campaña de desinformación y acusó a quienes dieron a conocer este material de ser personas que “evidencian su escasa catadura moral”. No obstante, el Comité de Apoyo Social que, según el comunicado de la municipalidad, preside la esposa de Diego Uceda no figura en la web del municipio y los vecinos no han tardado en usar las redes sociales para manifestar que desconocen la labor de dicho comité.

“No cobraré mi mes completo”, cuenta un Humberto muy angustiado tras un despido que más parece una venganza por una irregularidad que, además, no fue él quien la expuso y agrega “aún no llego a mi casa porque no sé cómo decirle esto a mis hijos. Estoy totalmente afectado”.

Quesquén Pérez es padre de dos hijos de ocho y diez años que pronto iniciarán el año escolar, tal como lo contó Humberto en sus declaraciones a Sudaca, y lo que parecía un trabajo que le brindaría estabilidad económica ahora hoy lo deja en total incertidumbre como consecuencia de un nuevo manejo irregular de una gestión municipal que en poco más de un año sólo ha ganado titulares por sus malas decisiones a la que parece sólo poder responder con victimización y venganza.

El presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachahua, mostró su preocupación y subrayó que incluso en las áreas donde estos mineros se encuentran en proceso de formalización, se enfrentan a invasiones de individuos que operan al margen de la ley, ignorando los requisitos establecidos por las autoridades. Esta situación no solo plantea desafíos económicos y sociales, sino que también agrava los conflictos en estas comunidades.

Ahora bien, ¿Qué es la Fenamarpe?

Hablamos de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú cuya representación intenta velar por la integridad y respeto de los trabajadores mineros. En palabras de su presidente, cuya federación fue establecida en el 2002, esta representa a los mineros y está comprometida con la formalización de sus actividades. 

Sus miembros están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero han enfrentado una serie de desafíos, desde obstáculos normativos hasta la falta de apoyo por parte de administraciones anteriores, que no solo no promovieron la formalización, sino que criminalizaron la actividad.

A pesar de estos desafíos, Cajachahua ha enfatizado por el compromiso de su organización con la legalidad y la transparencia en su trabajo. Los mineros de la Fenamarpe operan y están en proceso de formalización, practicando una minería responsable que no solo busca el beneficio económico, sino también el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, la burocracia y las leyes restrictivas han dificultado este proceso. Leyes como la de Interdicción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, promulgada en 2014, imponen requisitos y plazos poco realistas, como los 1260 días y una inversión de 87 mil dólares para obtener toda la documentación necesaria.

Benjamin zevallos

 Capacitación de mineros. Foto: RUMBO MINERO

Para superar estos obstáculos, Cajachahua hace un llamado al compromiso del Estado y los gobiernos regionales. Es crucial que la formalización minera sea vista como una política de largo plazo, que trascienda las administraciones gubernamentales y garantice un ambiente propicio para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y pequeña en el país.

La carta al congreso

En el 2018, el «Proyecto de Ley Nº 2090/2017-CR», destinado a ampliar el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, ha sido objeto de un estancamiento en el Congreso de la República, generando un impacto adverso en miles de pequeños productores mineros y mineros artesanales.

El proyecto, que fue aprobado favorablemente en la Comisión de Energía y Minas el 7 de marzo de 2018, ha quedado relegado desde entonces, sin ser incluido en la agenda de sesiones plenarias. A pesar de los esfuerzos realizados por la presidencia de dicha comisión para priorizar su discusión y su eventual incorporación en la agenda legislativa, la espera se ha prolongado durante más de medio año, afectando gravemente a los trabajadores mineros que buscan regularizar su actividad.

La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE) expresó su profunda preocupación por esta demora, señalando que la falta de acción por parte del Congreso está generando consecuencias negativas en la economía y la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la minería como su principal fuente de ingresos.

 

La convocatoria en enero 

El 15 de enero, en Nazca, se produjo una movilización con la participación de los mineros en una marcha programada para el 22 de enero en Lima. La movilización, convocada por diversos gremios de pequeños mineros y mineros artesanales, tenía como objetivo principal la derogatoria del D. L. Nº 1607 y la implementación del Plan Nacional de Minería, aprobado hace varios años, pero aún sin ejecución.

Benjamin zevallos

 Protestas que se ampliaron a la capital peruana. Foto: Canal N

Cajachahua enfatizó que la marcha se llevó a cabo de manera pacífica, reflejando la preocupación y el descontento de estos sectores con la situación actual. Esto alienta la decisión de protestar también contra el gobierno de Dina Boluarte cuya atención no ha sido constante. 

En Nazca, se contó con la presencia de representantes de más de 117 bases de mineros a nivel nacional, de las cuales 36 estuvieron presentes en la reunión. En este encuentro se acordaron las acciones a seguir, incluida la participación en la marcha y la preparación de medidas adicionales para hacer oír sus demandas.

En un país donde la minería representa un pilar fundamental para la economía y el sustento de miles de familias, la demora en la discusión y aprobación de leyes que faciliten su formalización no puede ser pasada por alto. Al cierre de este informe sigue al pie un nuevo paro minero que el Ejecutivo puede evitar. Sin embargo, quedaría en manos de un Gobierno que no tiene los pies sobre la tierra ante la desagradable realidad. 

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federacion de mineros artesanales, fenamarpe, Minería, reinfo

Todos los que tenemos un pariente o un amigo afectado por esa enfermedad tan antigua como el hombre llamada cáncer, sabemos que en el Perú una parte de los pacientes muere irremediablemente por errores de diagnósticos, pero, sobre todo, por esa timba mensual que los pone en manos de un nuevo oncólogo cada 30 días, arrojándolos muchas veces a las manos de doctores que guardaron sus juramentos hipocráticos junto a las bolsas de la ropa vieja, de los zapatos con hueco y de los resentimientos, las envidias y las oportunidades perdidas.

Para entender de dónde vienen y a dónde van los oncólogos que abren nuestra historia clínica, la miran por encima y nos recetan lo que les viene en gana, hurguemos en sus probables biografías. Primero, en la cúspide de la cadena alimentaria están los hijos de los oncólogos famosos, con consultorio en clínica de primera y los yernos de los famosos. Esos médicos viven bien, ganan bien y están en contacto con la modernidad. Jamás atienden o atenderán a un canceroso pobre.

Segundo, son médicos que han sido y seguirán siendo asistentes de los oncólogos famosos. Atienden a los asegurados y aspiran a tener alguna vez un consultorio en un centro especializado de lujo; mientras ese día llega, atienden rápido, mal y con desgano a los pacientes de EsSalud. Viven renegando de su suerte y odiando a sus pacientes y a los parientes de estos. 

Tercero: ¿cómo cree usted que funciona el cerebro pasional de un oncólogo que no ocupa una plaza fija en un hospital de Salud, reemplaza esporádicamente a los médicos que tienen consultorio en clínicas y no tienen futuro en la especialidad.

Esos son, a grandes rasgos, los perfiles de quienes “atienden” a nuestros amigos y parientes cancerosos. Dios se apiade de ellos.

El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor del grupo más sufrido y segregado del país: el de los niños pobres que sufren algún tipo de leucemia y cuyos padres carecen de los medios necesarios para solventar un tratamiento que aumente sus posibilidades de supervivencia.

Fuera de las condecoraciones, de los aplausos que sirven de muy poco y del apoyo desinteresado de algunas personas que donan a la Asociación que preside María Teresa, todo resulta insuficiente, ya que la incidencia de esa terrible enfermedad en los niños peruanos pobres crece año tras año, mientras la asignación estatal a los hospitales de salud decrece ante el sufrimiento de los niños y la desesperación de sus progenitores.

Para enterarnos desde adentro del tamaño de la desesperanza de los niños y de sus padres, le preguntamos a María Teresa cuál es la magnitud de la enfermedad y cuáles los problemas visibles del drama.

informe Viviana Rodriguez

  El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor de los niños con cáncer.

“Los dolores, las desatenciones, las carencias y los sufrimientos que enfrentan los niños son los mismos que enfrentan los adultos, pero los primeros, además, están hacinados en hospitales que ya están colapsados por los adultos en iguales y peores condiciones. Entonces, ambos grupos etarios sufren las carencias de camas hospitalarias, de médicos especializados y de medicamentos de última generación. En el tema de los menores de edad, el sufrimiento se multiplica porque un día cualquiera la enfermedad debuta sin causa aparente; a partir de ese momento, y mientras los médicos provincianos los diagnostican tarde, mal y nunca, la mitad de los niños fallece. De los sobrevivientes, una parte de ellos consigue un médico que diagnostica la enfermedad y ordena su traslado al hospital infantil de la avenida Brasil. El niño, que ya está en una etapa avanzada del mal, llega a un nosocomio que no está acondicionado para enfermos de cáncer infantil, y, mucho menos, para pacientes afectados por leucemia. A partir de ahí, el niño enfermo y diagnosticado de leucemia solamente recibe suero, mientras espera que haya una cama disponible en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) o en el Hospital del Niño de San Borja, donde, dicho sea de paso, yo logré que se implementara el Centro de Transplante de Médula, pero, por falta de camas hospitalarias especializadas, se convirtió en un hospital de tratamientos contra el cáncer infantil donde los médicos son oncólogos, pero no hematólogos pediatras, oncólogos pediatras y oncólogos para tumores sólidos.

En ese instante comienza un capítulo nuevo del drama ya teñido con los colores de la tragedia, pues los médicos ordenan una quimioterapia, luego de la cual los niños regresan a su provincia y se preparan para la siguiente quimioterapia. Cuando se acerca la fecha para venir a Lima a recibir la siguiente quimio, los padres y amigos comienzan nuevamente a buscar el dinero para financiar el viaje familiar y el alojamiento y alimentación de los padres. Cuando consiguen el dinero y llegan al hospital para recibir la quimioterapia, los padres se encuentran con un médico que no tiene idea del avance de la enfermedad, porque en los hospitales peruanos no hay forma de hacerse una tomografía o una resonancia magnética, porque, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, el único resonador existente no funciona hace un año, y los dos tomógrafos están malogrados y no se espera la reparación de por lo menos uno de ellos antes de mayo”, indica María Teresa Dulanto.

 

 

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Cáncer, ESSALUD, INEN, Leucemia, Minsa

Tal como lo ha informado Sudaca en las últimas semanas, la situación de la industria pesquera en el Perú, especialmente en la zona sur, ha entrado en un periodo de crisis que el tiempo sólo ha empeorado y parece entrar en una etapa decisiva. Sin embargo, a diferencia de aquellas que golpean a un país como efecto rebote de alguna crisis internacional, en esta oportunidad quienes la han causado, y también quienes la podrían detener, son las propias autoridades peruanas encargadas del sector pesquero.

Esta crisis que tiene como actor principal a la anchoveta no se debe a la escasez del recurso ni a una posibilidad, aunque sea mínima, de un caso de pesca irresponsable que ponga el riesgo la supervivencia de la especie. Lejos de cualquier escenario de esa índole, la anchoveta parece mostrarse abundante en la costa peruana, aunque el gran beneficiado con su captura es Chile.

CRISIS Y MALAS DECISIONES

José Huiza es tripulante de una embarcación con capacidad para doscientas veinte toneladas y, con respecto al presente de la pesca de anchoveta en el sur, señala que “la anchoveta en el sur se pega a la costa y no se encuentra fuera de las cinco millas”. Huiza y sus colegas respetan las regulaciones vigentes para la pesca de esta especie, pero son estas mismas las que hoy ponen en riesgo su futuro laboral.

“En esta primera temporada no se ha pescado nada y se ha suspendido hasta nuevo aviso”, comenta y agrega que la situación ha sido similar en los últimos años. “Tanto el año pasado como este, la pesca no está muy buena y por lo menos cinco empresas han cerrado”, contó José en declaraciones para Sudaca.

No obstante, José señala que esta crisis se podría remediar si existiese voluntad por parte de las autoridades peruanas. Tanto para él como para muchas personas que se dedican a la pesca en la zona sur, resulta desconcertante ver el desinterés que existe en los responsables de las regulaciones para la pesca peruana mientras que Chile aprovecha el recurso que Perú desperdicia. “Con Chile compartimos stock y ellos son los que pescan. Esa pesca pasa por nuestra costa y ellos la pescan porque tienen normas favorables a los pescadores”, explica Huiza.

De acuerdo a la información correspondiente a los últimos dieciséis años, el desembarque de anchoveta en el norte chileno ha crecido considerablemente mientras que los números de esta actividad en el sur peruano muestran una reducción constante que no ha tardado en reflejarse en los cierres de empresas que se dedican a este rubro.

Informe - Cristian Rebosio

 

“Llevamos varios golpes a nivel nacional, como El Niño Costero y la pandemia del Covid. Como resultado de estos golpes al sector pesquero, el 70% de los negocios están en riesgo”, explica Germán Orozco, quien es armador de la flota de madera, y explica que la mala temporada del 2023 ha generado costos de operación inesperados para el sector.

“El costo operativo se ha duplicado porque todas esas embarcaciones normalmente hacían una faena de dos o tres calas (lance de la red) para completar las toneladas que tienen permitidas y, en la segunda temporada de pesca del 2023 han salido ocho o diez veces”, comenta sobre el panorama que enfrentaron durante el último año.

Orozco señala que esta crisis afecta a diferentes rubros en la zona sur que normalmente tenían más trabajo gracias a la pesca. “Hablamos del sector ferretero, carpinteros, soldadores y mecánicos. Si no hay liquidez, no se puede contratar la mano de obra”, cuenta Germán y advierte que, en caso no se tomen medidas pronto, “no vaya a ser que cuando tomen la decisión muchas empresas tengamos problemas de quiebra”.

Para Germán, la reducción de la talla de captura de la anchoveta podría aliviar los problemas del sector pesquero en el sur. Sin embargo, también denuncia que “falta factor de decisión para salvar a la clase empresarial formal. Vemos que se está favoreciendo a los informales y prueba de ello es la harina de anchoveta que están haciendo las fábricas de harina residual con tallas menores”.

UN MIEDO IRREAL

Tal como lo señalan Germán Orozco y José Huiza, la reducción de la talla mínima de captura de la anchoveta podría aplacar los efectos de una crisis que por ahora amenaza con arrasar un sinnúmero de empleos, pero para ello sería necesario que se cambie una disposición que, según sus defensores, busca asegurar la sostenibilidad del recurso. Sin embargo, estos temores a una depredación irresponsable de la anchoveta podrían ser un miedo irreal más que una posibilidad científicamente respaldada.

“La anchoveta es una de las especies más abundantes del mundo en los últimos sesenta años”, comenta Luis Icochea, profesor de oceanografía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y le señaló a Sudaca que también “es una de las especies que mejor manejo tiene en el mundo. Todas las embarcaciones de anchoveta tienen control satelital, control de pesos exactos e inspectores abordo”.

“En Japón y China hay cuotas de anchoveta de uno y cuatro centímetros para las 80 a 100 mil toneladas, porque ellos lo usan para un producto seco o refrigerado. En otros países ocurre eso y nadie dice que están depredando”, agrega Icochea y cuestiona que “ahora hay políticas y dirigentes que están detrás de suspender las temporadas”.

Luis Icochea considera que, entre las soluciones que se debería adoptar para la pesca peruana de anchoveta, se podría tener en cuenta un aumento del porcentaje de tallas menores. “Si tienes una población donde predominan entre diez y doce centímetros, entonces tendrías que fijar una cuota en base a la abundancia estimada como se hace en muchas partes del mundo”, comenta sobre esta posibilidad.

“Chile se está favoreciendo. Están pescando muy bien y hasta pueden salir dos veces a hacer faena entre la milla uno y dos”, señala Icochea sobre las diferencias entre las regulaciones de los dos países que hoy afrontan un presente radicalmente opuesto en lo que respecta a su industria pesquera.

“Aquí había predominado la de 11.5 centímetros y decían que es juvenil, pero no lo es porque ya maduró sexualmente”, cuestiona Icochea y compara esta situación con lo que ocurre en Chile. “En Chile no hay talla mínima legal y la anchoveta que sacan en Arica es de once centímetros”, agregó.

Tanto Perú como Chile parecen gozar en la actualidad de una abundante cantidad de anchovetas en sus costas. Sin embargo, los testimonios y los datos de los últimos años demuestran que, mientras Chile ha implementado políticas que los mantienen protagonistas en la pesca de esta especie, Perú se ha resignado a ser un espectador que no actúa mientras miles de peruanos ven una crisis que parece empujarlos al peor desenlace posible.

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Inviernos que registran temperaturas que no se habían alcanzado en muchas décadas y veranos que pueden durar muchos más meses de lo que nos tenían acostumbrados, estas han sido las noticias sobre el clima a las que nos hemos empezado a acostumbrar en el último tiempo a nivel mundial. 

Como consecuencia del cambio climático o por otras razones, lo cierto es que el clima en todo el mundo está mostrando cambios inesperados y esto no solo trae consecuencias en la sensación térmica con la cual tiene que lidiar la población en su vida diaria, sino que también afecta a ciertas actividades como es el caso de la pesca.

LA “NUEVA” ANCHOVETA

Perú, por supuesto, no es ajeno a esta situación y, más precisamente, el ecosistema marino nacional tampoco ha permanecido inmutable ante estos cambios drásticos en la temperatura que se vienen registrando. Estos cambios en las condiciones ambientales habrían dejado, entre sus muchas consecuencias, una modificación en las características biológicas de la anchoveta.

En uno de los proyectos del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola se hace referencia a algunos de estos cambios que se han observado en los últimos años y demuestran que en la última década, con respecto a la anchoveta, hay una proporción más alta de peces por debajo de la talla mínima legal en comparación a los peces por encima de esta y resalta que esta situación ha llevado a una disminución de capturas que está generando un impacto considerable en la economía del sector pesquero a pesar de que la biomasa se mantiene estable y saludable.

El investigador Jorge Payán Alejo, quien realizó un análisis de la distribución de frecuencia de tallas de la anchoveta en el sur peruano, señala que, durante el fenómeno del Niño, “las aguas frías se iban al fondo y eso no permitía que los organismos tengan acceso a los alimentos. Por lo tanto, crecen más lento y, como consecuencia, se quedaban en tallas chicas”.

Según Payán Alejo, durante el estudio que realizó en el mar peruano pudo observar que este fenómeno no afecta a la población de anchovetas en términos de abundancia sino únicamente en lo que respecta a la talla. “Cuando hay una condición ambiental que no favorece, como lo es no tener suficientes alimentos, lo primero que hacen es sobrevivir”, agrega el docente sobre el cambio en la talla de la anchoveta y explica que estos pueden continuar en el futuro. “La población va a estar respondiendo a estos cambios, especialmente si son intensos. Van a  estar respondiendo porque el ambiente es dinámico”, comenta Payán.

Para entender mejor esta situación, resulta imprescindible tener en cuenta que la actividad pesquera en el Perú está sujeta a una serie de regulaciones que buscan un desarrollo sostenible de esta actividad y, tal como se señala en la Ley General de Pesca, es el Ministerio de la Producción el responsable de establecer aspectos como la zona de pesca o cuotas de captura.

Cristian Rebosio

Sin embargo, tal como lo establece el propio Artículo 9 de la Ley General de Pesca, las regulaciones se deben sustentar en evidencias científicas, con respaldo de los datos que puede conseguir el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), y es este punto el que actualmente se encuentra bajo cuestionamientos debido a que las evidencias actuales estarían mostrando que los factores climáticos han modificado la estructura de la anchoveta y se podría realizar una modificación del tamaño mínimo de su captura que en la actualidad está fijado en doce centímetros de longitud.

Cristian Rebosio

LA RUTA DEL LENGUADO

Estas variaciones del tamaño mínimo legal de su captura, que al parecer no reflejaría el mínimo biológico real, no representarían un cambio inédito en la pesca peruana. En septiembre del 2022, el Ministerio de la Producción utilizó evidencia científica de un informe realizado por IMARPE para modificar la talla mínima de captura del lenguado que, a partir de esta fecha, pasó a ser de treinta y ocho centímetros de longitud luego de varios años en los que la medida era cincuenta centímetros.

Cristian Rebosio

No obstante, este no es el único ejemplo de cambios en la talla mínima de captura. En 2019, el Ministerio de la Producción estableció en cuarenta y seis centímetros la talla mínima para el bonito y, en octubre de ese mismo año, también se hizo una modificación similar para la cabinza que pasó a ser de diecinueve centímetros de longitud como talla mínima.

“La anchoveta peruana, como cualquier otra especie de pez pelágico, es altamente sensible a la variabilidad del clima oceánico”, se menciona en el proyecto de investigación del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola sobre las variaciones de la abundancia, distribución y estructura de las tallas de la anchoveta peruana. 

Teniendo en cuenta esta descripción, así como los cambios en la temperatura del mar frecuentes en esta zona del Pacífico y motivados por el Fenómeno El Niño, el ingreso de ondas Kelvin cálidas y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, se podría afirmar que sería pertinente que el Ministerio de Producción junto al IMARPE realicen investigaciones sobre la anchoveta peruana y determine si hay cambios que se deban realizar en las regulaciones de la pesca de esta especie.

Tal como lo reportó Sudaca en el informe titulado PESCA EN EL SUR: LA OPORTUNIDAD PERDIDA, la pesca de anchoveta atraviesa un presente crítico que ha derivado en pérdidas millonarias y el cierre de por lo menos una decena plantas que tenían a la anchoveta como su principal insumo. Pero, paradójicamente, esta crisis no se debe a la escasez del recurso sino a regulaciones aplicadas sin un adecuado sustento técnico.

Con respecto al tamaño mínimo para la captura de la anchoveta, el Ministerio de la Producción podría estar cometiendo un nuevo error que repercute negativamente en la industria pesquera al ignorar el gran impacto que podrían tener algunos centímetros de diferencia en la talla mínima de captura en el presente de la pesca que, por ahora, parece estar dejando pasar una oportunidad envidiable.

Entre todos los sectores imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad, uno de los más descuidados en el Perú es, sin lugar a dudas, el de educación. Lejos de causar preocupación y una respuesta inmediata, los pésimos resultados de los estudiantes peruanos en cuanta evaluación para medir la calidad del aprendizaje parecen no motivar ningún cambio en la educación nacional.

Ante un panorama tan crítico, la vocación de los profesores se muestra como la única esperanza de alcanzar un nivel decente que les permita a los estudiantes terminar su etapa escolar con los conocimientos básicos para ingresar a la educación superior. Sin embargo, el desinterés por parte de quienes manejan la educación peruana podría terminar por ahuyentar a estos profesores que aman su profesión. Este es el caso de Regina Pereira que Sudaca pudo conocer en detalle.

SUEÑO FRUSTRADO

En 2022, Regina Pereira Pizarro, una profesora de inglés natural de la provincia de Ilo, participó del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial. Luego de superar las distintas evaluaciones, como rendir exámenes y dar una clase modelo, la profesora Pereira recibió uno de los puntajes más altos entre los profesores de inglés que se presentaron en el sector correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 7.

Con 244 puntos, Regina había sido uno de los mejores puntajes entre los profesores de inglés que se presentaron en el sector correspondiente a la UGEL N°7. Al igual que todos los profesores aprobados, Regina Pereira había presentado una lista con veinte instituciones educativas a las que les gustaría ser designados y, como recompensa por su mérito académico, ella iba a tener la posibilidad de trabajar en el colegio que eligió como primera opción.

Para Regina, que tenía planificado abandonar Ilo para mudarse a Lima, poder trabajar en la I.E. Ricardo Palma de Surquillo iba a facilitar su adaptación debido a que su hermana vivía en este distrito. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para que Regina Pereira llegue a su trabajo soñado, una noticia desmoronó sus expectativas.

“El 29 de diciembre recibo un correo electrónico en el que me dicen que no cumplo con un requisito”, cuenta Regina a Sudaca. Según la información publicada por la propia UGEL N°7, el impedimento para que Pereira ocupe la plaza que se había ganado era tener un título extranjero que no estaba revalidado.

Informe Cristian Rebosio

“Me extraña porque yo presenté en mi expediente virtual legalizado ante notario todos mis documentos y mi título yo anexé una hoja con mis títulos registrados”, explica Regina con respecto a este inesperado impedimento y agrega que la razón que le daban era que “mi título no dice Sunedu sino Asamble Nacional de Rectores (ANR), pero yo hice la regularización en la Sunedu”.

Informe Cristian Rebosio

Sin embargo, en los documentos que tiene registrados Sunedu se puede encontrar que sí figura el título de Regina Pereira que la UGEL N°7 le señalaba como impedimento para que ocupe el puesto que se había ganado en el concurso público de 2022. 

Informe Cristian Rebosio

RECLAMO EN ESPERA

Si bien esto podía representar un contratiempo en el sueño de Regina, por tratarse de un malentendido que no era culpa de la profesora sino de la UGEL, la solución de este impedimento parecía cuestión de tiempo debido a que se podía resolver con rapidez ante la evidencia contundente.

Sin embargo, mientras pasaban los días crecía la incertidumbre para Regina. “El 3 de enero presento una carta en la que solicito revisión de mi expediente”, cuenta y agrega que, en las semanas siguientes, tanto su hermana como su cuñado, que viven en Lima, se acercaron a la UGEL N°7 en búsqueda de novedades sobre su reclamo, pero la única respuesta que obtenían era que debía esperar treinta días hábiles.

“Todo es virtual. No se puede hablar con los especialistas ni con nadie”, explica Regina sobre el reclamo que presentó y relata que, usando el número de seguimiento que le brindaron cuando lo presentó, lo único que veía era que se lo iban pasando de una oficina a otra sin que ninguno le de algún tipo de solución a un problema que ella no había generado. 

Pero fue el 19 de enero cuando se produjo un punto de quiebre debido a que publicaron que las plazas de profesores no asignadas por la UGEL de cada zona debían retornar al Ministerio de Educación y entre esas plazas estaba la de Regina que sería entregada a otro profesor ante las demoras y aparente desinterés de la UGEL N°7.

“Fui al Ministerio de Educación y me dicen que ellos no tienen nada que ver, que eso tengo que resolverlo con la UGEL y que ellos no revisan expedientes”, cuenta Pereira, quien vino a Lima con la intención de encontrar respuestas. No obstante, tanto la UGEL N°7 como el Ministerio de Educación se señalaban entre ellos como los responsables de resolver el reclamo de la profesora.

“La plaza que yo gané con mi esfuerzo ya se la entregaron a otro profesor”, relata Regina impotente ante una injusticia que la UGEL, aparentemente, nunca tuvo intención de resolver pese a que eran ellos los responsables de revisar la documentación que Pereira Pizarro había presentado correctamente.

En un país en el cual la educación padece la infraestructura precaria de muchos colegios así como la falta de materiales, la pasión por la docencia de profesores preparados se convierte en la esperanza de muchos escolares. Sin embargo, casos como el de Regina demuestran que los errores y la displicencia de los encargados del sector puede alejar a buenos profesores de la carrera magisterial perjudicando todavía más a los estudiantes peruanos.

Desde que empezó la gestión del burgomaestre se venía advirtiendo sobre la falta de sostenibilidad en las promesas que venía proyectándose con la comuna limeña. Con una desaprobación del 70%, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se encuentra bajo una intensa presión debido a la falta de avances y los esfuerzos incumplidos en su gestión municipal. La ciudadanía expresa crecientes niveles de insatisfacción, especialmente en relación con las promesas de campaña no cumplidas y las decisiones controvertidas tomadas durante su mandato. 

Uno de los puntos más críticos ha sido la gestión del servicio de limpieza de la ciudad, donde el concurso internacional para reemplazar a la concesionaria Innova Ambiental ha generado controversia y preocupación por la falta de transparencia y eficiencia en el proceso. Además, otras promesas clave, como la reestructuración de los peajes y la implementación de programas de seguridad ciudadana, han quedado en el aire. 

En este contexto, el alcalde enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y demostrar resultados concretos que aborden las necesidades y preocupaciones de la población limeña.

Benjamín Zevallos - Informe

Promesa de inversión en seguridad ciudadana ha sido una iniciativa llamativa para la comuna, sin embargo, los resultados no se han visto reflejados en la práctica. Foto: Andina

¿Qué ha llevado al fracaso de la gestión de López Aliaga en la MUNILIMA en los últimos meses?

En el 2023, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunciaba su intención de negociar con los actuales concesionarios de peajes, los cuales, según él, han obtenido beneficios a expensas de la población limeña y están implicados en casos de corrupción. Aunque reconoció que no tiene la facultad para anular los contratos de concesión, afirmó que estaba tomando otras medidas, como explorar rutas alternativas y buscar vías legales para abordar la corrupción, mencionando específicamente el caso de Susana Villarán. Hoy por hoy se ha dado la orden por parte del Poder Judicial hacia RUTAS DE LIMA para que suspenda el cobro de peajes en Puente Piedra.

En su momento y debido a una presión por parte de las municipalidades y vecinos en general de la zona, el alcalde anunció que tenía la intención de trasladar los peajes de Puente Piedra y Lurín para eximir a los vecinos del pago de peajes al salir de sus hogares. 

Otra de las promesas de López Aliaga durante su campaña electoral fue el alquiler de 10 mil motos para combatir la delincuencia en la capital. Sin embargo, esta adquisición aún no se ha materializado y podría tardar entre seis y siete meses más. Aunque se había anunciado que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) gestionaría este proceso, aún no se ha llevado a cabo. 

Asimismo, López Aliaga se comprometió a destinar el 10% del presupuesto municipal a las ollas comunes. Sin embargo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana informó que no han recibido los fondos prometidos. Aunque la administración de López Aliaga ha asignado S/80 millones para este fin, esta cifra representa una fracción del presupuesto originalmente prometido durante la campaña.

El colmo de la vergüenza es que el burgomaestre para simplemente dar a entender que “atiende las necesidades de los vecinos” se reunión con integrantes de las ollas comunes de la capital para donar 500 cuyes en la sede del municipio de Lima. ¿De esta manera se solucionan los problemas y necesidades?

Benjamín Zevallos - Informe

El alcalde de Lima posando con una de las donaciones de cuyes para las ollas comunes

La falta de conexión con los vecinos de Lima

En cuanto a otras promesas, como la instalación de tanques elevados de agua en los cerros de Lima y la declaración de las quebradas como intangibles para evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo, aún no se han cumplido. Anticipadamente al inicio de su gestión se mencionaba que las ambiciones del burgomaestre eran viables, pero que no podían ser ejecutadas en corto plazo.

Además, la administración de López Aliaga ha enfrentado críticas por las designaciones de funcionarios, con al menos 20 de ellos cuestionados por aparecer en informes de la Contraloría General de la República. Por ejemplo, el expresidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Humberto Guzmán, fue intervenido en tres ocasiones por presuntamente conducir en estado de ebriedad. 

Justamente entre estos funcionarios se encontraba también Hernán Roberto Pérez Vélez, servidor de quien nos hemos referido en anteriores informes e Sudaca. Pérez Vélez asumía el cargo de Gerente de Servicios a la Ciudad, y quien actualmente ya no posee dicho cargo público debido a que fue expuesto sin experiencia en el cargo; además, se sabe que no respaldo ni atendió de manera oportuna las denuncias de los vecinos de Lomas de Carabayllo sobre el Relleno Sanitario “El Zapallal”.

El caso de Innova Ambiental

El Relleno Sanitario “El Zapallal», operado por Innova Ambiental, ha sido objeto de numerosas denuncias y controversias relacionadas con incumplimientos de protocolos ambientales que han generado una profunda preocupación en la población de Lima y sus autoridades. Una de las principales preocupaciones se centra en los estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los cuales, según informes, se encuentran por debajo de las normativas vigentes, lo que representa un riesgo para la salud y el bienestar de la población local.

Este revés llevó a Innova Ambiental a presentar un recurso de reconsideración, el cual fue aceptado en marzo de 2022, permitiendo así que el relleno continuará operando mientras se resolvían los problemas pendientes. No obstante, esta situación ha generado tensiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM, especialmente en lo que respecta a la aprobación final del PAMA y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos.

La situación alcanzó su punto álgido cuando la Municipalidad de Lima, respondió a las demandas y preocupaciones de la comunidad local, decidió cerrar temporalmente el Relleno Sanitario El Zapallal debido a preocupaciones sobre contaminación, mal manejo de residuos y la duración cuestionable del contrato con Innova Ambiental. Sin embargo, este cierre temporal genero tensiones entre las autoridades municipales y el MINAM, especialmente en lo que respecta a la aprobación del PAMA y las medidas necesarias para resolver los problemas ambientales en el área. En ese sentido, el alcalde cumplió “a medias” su promesa, y es que actualmente el problema persiste y no tiene fin. Además, se sigue insistiendo en que la MUNILIMA pueda iniciar el concurso internacional para que una nueva concesionaria se encargue de la limpieza pública de la ciudad.

La irónica playa artificial de San Juan de Lurigancho

La playa artificial de San Juan de Lurigancho, proyecto “emblemático” de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha sido objeto de polémica tras una nueva inspección del Ministerio de Salud que la califica como no saludable para bañistas. A pesar de las afirmaciones previas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Serpar sobre la subsanación de las observaciones de Digesa, esta última evaluación contradice dichas afirmaciones, señalando problemas de mantenimiento y calidad en el complejo del club Huiracocha. 

Esta situación refleja un panorama preocupante para la salud de los ciudadanos y sus expectativas de disfrutar de un espacio seguro y saludable. En un contexto marcado por denuncias y renuncias en otras esferas de la administración pública, este episodio resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. 

 

Benjamín Zevallos - Informe

La respuesta de la MUNILIMA con respaldo del SERPAR sobre el tema

El panorama que rodea la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se tiñe de un matiz de desaprobación que alcanza el 70% de la población. Desde los desafíos ambientales que abarcan el Relleno Sanitario “El Zapallal” hasta las promesas incumplidas y los conflictos institucionales, este escenario nos invita a contemplar con profundidad las prioridades y valores que guían el destino de nuestra ciudad y un llamado inmediato a la acción para el burgomaestre de la capital.

En esta encrucijada, donde las expectativas ciudadanas y la necesidad de soluciones efectivas convergen, es imperativo que las autoridades se comprometan con la transparencia, la responsabilidad y la búsqueda activa del bienestar común. Solo así podremos trazar un camino hacia un Lima más próspero, justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

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