Informes

Karen insistió con su reclamo, pero la plataforma le indicaba que no podía responder. Cuando intentó hacerlo en redes sociales, la cuenta de Latam solo le pedía sus datos y, luego de recibirlos, no le brindaba más respuestas. Esta usuaria revela que no es la primera vez que tiene problemas viajando con Latam, ya que en el pasado sufrió cambios de horario y retrasos.

Josué Morán Pezo es otro cliente de Latam que perjudicado por los cambios de horario. Su primer inconveniente con Latam se remonta al mes pasado, cuando el viaje de Lima a Iquitos que había reservado con un mes de anticipación fue reprogramado: iba a salir a mediodía y lo pasaron a las 4 de la tarde. No le pareció tan grave. A fin de cuentas, era la primera vez que le pasaba. Sin embargo, le volvería a ocurrir. Más recientemente, Josué adquirió un pasaje de Lima a Pucallpa, para setiembre. Se suponía que el vuelo debía salir del Jorge Chávez a las 2 p.m., pero a la fecha ya ha sido reprogramado tres veces, y ahora se supone que saldrá de Lima a las 11 p.m., para aterrizar en Pucallpa alrededor de la medianoche. “No hay ninguna explicación, solamente te notifican”, cuenta Morán, quien se encuentra desconcertado ante la falta de respuesta por parte de Latam.

Caseritos del Indecopi

Sudaca conversó Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor. En relación con estos casos, este experto señala que los usuarios descontentos con el servicio que brinda Latam pueden recurrir a Indecopi si la empresa no responde a sus quejas o les brinda una respuesta que consideran insatisfactoria. Aunque Indecopi no puede disponer un resarcimiento para el usuario (solo multas para las empresas infractoras), sí abre la posibilidad de buscar una compensación posterior.  “Si hay una sanción de Indecopi pueden recurrir a la vía judicial para solicitar el pago por daños y perjuicios, tomando como antecedente administrativo que ganaron”, agregó Cuellar.

“Suspender la licencia es una sanción que la ley le da al Estado cuando detecta comportamientos que van en contra del interés general”, agrega el abogado especialista sobre las recurrentes sanciones que viene recibiendo Latam y que la tienen como una de las aerolíneas con más reclamos presentados por sus usuarios.

Latam goza de una posición privilegiada en el mercado aerocomercial peruano. Es largamente dominante en las rutas domésticas y en muchos destinos es la única aerolínea que llega. Sin embargo, casos como los relatados en este informe parecen evidenciar que con esa posición de dominio ha llegado de la mano de un sistemático desprecio por sus usuarios.

La Gerencia de Asuntos Corporativos de Latam se comunicó con Sudaca tras la publicación del informe y brindó el siguiente descargo sobre los casos mencionados:

disclaimer-sudaca

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Aeropuerto, Latam, Reclamos, Viaje

Empapelada por pedir sustentos técnicos

La gestión dirigida por Sotelo Canales también ha puesto en la mira a Tania Mabel Zurita Sánchez, jefa encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. A ella, que labora en Cenfotur desde 2018, se le ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, que incluye una medida cautelar que le impide le “exonera” de asistir a su centro de labores. En la práctica, no la dejan asistir a su lugar de trabajo.

MINCETUR Tania Zurita
A inicios de julio, en Cenfotur se inició un proceso administrativo disciplinario a Tania Zurita Sánchez

¿Por qué le han iniciado proceso disciplinario a Zurita Sánchez? En la documentación del caso se señala como presunta falta una “negligencia en el desempeño de sus funciones”. Y se detalla que esto ocurrió luego de que recibiera un pedido para solicitar un incremento en el presupuesto de la entidad –mediante una demanda adicional– y ella replicara solicitando la justificación técnica para formular ese requerimiento. Al parecer, Sotelo Canales quiere incrementar el presupuesto y el gasto a la mala.

MINCETUR documentación
El haber solicitado una justificación para un aumento de presupuesto terminó siendo la decisión que hizo a Zurita Sánchez merecedora del proceso disciplinario.

Sudaca ha accedido al documento de defensa presentado por Zurita Sánchez. Allí, la servidora empapelada no se guarda nada. No solo señala claramente que se le ha iniciado procedimiento disciplinario por no acceder al pedido de solicitar una demanda adicional sin el adecuado sustento técnico; también advierte y denuncia el hostigamiento que vienen padeciendo ella y otros trabajadores del Cenfotur, con acciones como descuentos salariales injustificados y correos de presión “para realizar modificaciones a instrumentos”.

MINCETUR hostigamiento laboral
La jefa de la oficina de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo relató el hostigamiento laboral que venía padeciendo en Cenfotur

¿Quién está a cargo de la secretaría técnica del órgano instructor de los procedimientos administrativos disciplinarios en el Cenfotur? La ya mencionada Evelin Ypanaque Rupay. No obstante, la respuesta de Zurita Sánchez también menciona un informe del Órgano de Control Institucional, en el que se señala que esa función es incompatible con su cargo de asesora de la dirección nacional, debido a que se estaría vulnerando el principio de imparcialidad y, además, se suma a su trabajo al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica de Cenfotur.

MINCETUR evelin yapanaque
El Órgano de Control Institucional cuestionó que Evelin Yapanaque Rupay se desempeñe en puestos que suponen la vulneración de la imparcialidad

Sudaca ha tomado conocimiento que, además, se encuentra en proceso una demanda penal por negociación incompatible contra Víctor Sotelo Canales, Evelin Ypanaque Rupay y otros funcionarios de Cenfotur. Lo que se expone ahí compromete incluso más a la administración. Según la denuncia, la alta dirección del centro está presionando para modificar el cuadro de asignación de personal y el clasificador de cargos, con la finalidad de modificar los requisitos de contratación y así poder copar la institución.

MINCETUR demanda penal
En la demanda penal se relata que, detrás del interés por cambiar los requisitos para ocupar cargos en Cenfotur, existe el interés de copar la institución.

Copamiento, reducción de los requisitos para contratar personal idóneo, gasto sin sustento y hostigamiento a los servidores públicos que se resisten a aceptar sin chistar los pedidos de sus jefes… todo esto lo hemos visto en numerosas entidades públicas. A juzgar por las denuncias expuestas en este reportaje, el Mincetur de Roberto Sánchez no es la excepción. Sudaca intentó comunicarse con el ministro para obtener su versión sobre este caso, pero no respondió nuestras llamadas. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Acoso, cenfotur, MINCETUR

Restaurantes con la soga al cuello

Otro de los sectores que esperaban un lugar especial en el discurso del presidente es el relacionado a restaurantes. Las complicaciones producto de la pandemia dejaron a este sector seriamente golpeado y, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por lo menos cerraron 100 mil restaurantes durante el primer año de la pandemia. 

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, le comentó a Sudaca que hasta la fecha siguen cerrando restaurantes y el gobierno ha sido indiferente a esta situación. “Nosotros venimos con un déficit tremendo y el crecimiento actual no llega a cubrir los préstamos requeridos para poder subsistir en la peor época de la pandemia”, relata Chávez. 

“Los bancos están cobrando las tasas comerciales desde un 9% a 17% y eso es insostenible. No se va a poder pagar”, cuenta preocupada la representante del sector. Para Blanca Chávez, la reducción el IGV es necesaria si se quiere evitar que más negocios de este rubro sigan cerrando ante un panorama económico insostenible. 

Más allá de la defensa que ejercen algunos integrantes del gabinete, todos los sectores consultados para este informe coinciden en apuntar algo: que entre el país que pintó el presidente en su discurso y el país real hay una tremenda distancia. 

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Gobierno, Mensaje a la nación, Pedro Castillo

Acceso nebuloso

Sacar a la luz los documentos que sustentaron el toque de queda del último 5 de abril no fue sencillo. La transparencia, una característica de la que adolece el gobierno, se ha vuelto engorrosa. El periodista de Sudaca que firma este reportaje solicitó sin éxito los informes de la Policía y la DINI mediante un pedido de transparencia al Mininter. Su pedido fue denegado porque se consideró “información reservada”.

Quien sí lo consiguió fue la abogada Dania Coz, consultora en transparencia y derechos fundamentales en el Estudio Iriarte & Asociados. Su interés en conocer las motivaciones de la inmovilización social obligatoria le hizo esperar tres meses para obtener los informes. 

Coz solicitó los documentos al Mininter, la Policía y la PCM. Las tres entidades se negaron, también bajo la excusa de la reserva, pero la letrada decidió apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) a finales de abril. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia (MINJUS), cuenta con dos salas conformadas por tres vocales cada una, y desde finales del 2018 resuelve controversias relacionadas al acceso a la información pública. 

Cualquier ciudadano puede acudir al TTAIP. Lo único que debe hacer es registrar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MINJUS. “Tu presentas la apelación, el tribunal la recibe, notifica a la entidad y les piden que eleven el expediente junto a sus descargos. Con ese material ya pueden emitir una decisión”, explica la abogada Dania Coz. Un fallo puede tardar entre 2 y 3 meses. 

Durante su fallida interpelación, el premier Aníbal Torres aseguró que fue por «información de inteligencia» que tomaron la decisión de inmovilizar Lima y Callao por un día entero. Foto: Congreso.

Coz apeló al TTAIP porque dudaba del argumento de reserva de la Policía. “Tienen la manía de catalogar toda información como reservada, pero según la Ley de Transparencia, [se niega] la divulgación de la información si entorpece la lucha contra el crimen. También existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que dice que los ciudadanos tienen derecho a saber los motivos detrás de un Estado de Emergencia”, explica la especialista en Derechos Humanos. 

Ya con la información en mano, a la letrada le quedó la misma impresión que el resto de entrevistados por Sudaca. “No hay fundamento fáctico que respete criterios jurídicos establecidos por el TC. Es claro que fue una medida de carácter político. El principio de necesidad exige que evalúes el abanico de medidas para limitar derechos y optes por la menos gravosa, no la más extrema de arranque. Podían reforzar puntos estratégicos, por ejemplo”, asegura Coz.

Así se cocinó el toque de queda del último 5 de abril. Una fecha de connotación nefasta para la historia del Perú, y que gracias al gobierno del lápiz, este año también atormentó a la capital entera. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

anibal torres, Gobierno, informes, Pedro Castillo

Según La República, la creación de este centro de estudios fue planteada hace una década a la extinta y criticada Asociación Nacional de Rectores. Fue una moratoria la que suspendió temporalmente esta propuesta, debido a que no se estaba velando por una educación de calidad. Diez años después, APP ha retomado el proyecto y las críticas continúan: el intento de crear esta universidad no contempla financiamiento ni infraestructura, según lo que el vicerrector de la Universidad San Antonio Abad señaló al mencionado diario. 

lady-camones-presidenta-congreso
Primera foto de la nueva Mesa Directiva. De izquierda a derecha: Martha Moyano (1era vicepresidenta), Lady Camones (presidenta), Digna Calle (2da vicepresidenta) y Wilmar Elera (3er vicepresidente)

Hace un mes, la presencia de Lady Camones en la lista para presidir la mesa directiva parecía incierta, pues se filtró un audio en redes sociales donde calificaba de “banda delincuencial” a Acción Popular. “Acción Popular es una banda delincuencial […] Yo tengo uno de Áncash, Dios mío, es el que lidera todo y es el cabecilla […] es Darwin Espinoza”, se le oye decir en el audio, que fue grabado durante una reunión de su bancada. Como se recordará, Espinoza fue señalado como miembro de Los Niños, grupo implicado en la presunta mafia de reparto de obras que habría operado dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Este audio puso en riesgo el acuerdo verbal entre APP y AP, que señalaba que este año le tocaba a un congresista del partido de César Acuña liderar el Parlamento. La bancada de la lampa rechazó las expresiones de Camones e, incluso, algunos congresistas reevaluaron el apoyo a su candidatura. Luego de la difusión, Lady Camones se disculpó públicamente con la bancada y el congresista Espinoza ante las exigencias de dicho grupo. En ese entonces, Gladys Echaíz era el nombre que sonaba fuerte para liderar la lista multipartidaria de la oposición.

Su última controversia se dio apenas la semana pasada y sigue siendo un tema pendiente. El pasado viernes Sudaca advirtió que la hoy presidenta del Legislativo podría ser denunciada por firmar –en su condición de vicepresidenta del Congreso– la promulgación de la ley de contrarreforma universitaria, pese a que hay un amparo judicial que detiene su aplicación. “Han violado la Constitución”, sostuvo al respecto el abogado y exasesor del Congreso Javier La Rosa. 

Finalmente, y luego de controversias y disputas internas que dejaron muertos y heridos –Echaíz renunció a la bancada, Héctor Acuña hizo lo propio y ambos terminaron postulando por otras listas–, Camones fue la elegida por el partido de César Acuña y terminó haciendo valer el acuerdo asumido hace un año. La fórmula ganadora también la componen Martha Moyano (FP) en la primera vicepresidencia, Digna Calle (PP) como segunda vicepresidenta y Wilmar Elera (SP) en la tercera vicepresidencia. 

En su discurso, la apepista defendió el trabajo de fiscalización que han venido realizando los parlamentarios y llamó a “recuperar la imagen” del Congreso. Es mucho lo que hay que recuperar: las encuestas evidencian que la aprobación ciudadana del Congreso está por los suelos.

**Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Congreso, Lady Camones, Mesa Directiva

DEFENSA DE SUNEDU

La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.

“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.

Arriba: parte del petitorio de febrero donde el procurador de la Sunedu pide la inaplicación de la norma. Abajo: pedido de inaplicación que hizo Luciano López horas después de la sentencia.

Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.

La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.

“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro. 

“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.

Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.

Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.

Tags:

Congreso, reforma universitaria, SUNEDU

ARREMETIDAS

En medio de sus condenas, Miyashiro padre añadió un lío más. En diciembre de 2020, el empresario Henrry Pino Matos lo denunció por querer desalojarlo de un inmueble ubicado en la avenida Pedro Venturo, en Surco. Pino contó a la Policía que ese día llegaron dos camionetas con una decena de hombres a bordo, quienes empezaron a llevarse todo cuanto había en la casa. Miyashiro –se lee en el acta policial– estaba presente y decía ser el legítimo propietario.

El empresario contó que usaba parte del predio como depósito de su compañía desde el 2009, que lo arrendaba a una mujer que llevaba muchos años asentada allí y que los legítimos propietarios nunca se habían aparecido en el lugar. El exalcalde de Chorrillos tampoco. Sudaca pudo comprobar en los registros públicos que Miyashiro compró el inmueble recién en 2010. Sin embargo, para el 2019, un año antes del desalojo, pesaba un embargo sobre el predio a raíz de la condena contra el exalcalde.

Además, según la denuncia, si bien Miyashiro llegó a un acuerdo extrajudicial con la mujer que vivía allí, nunca hizo lo propio con Pino, quien había invertido dinero para levantar algunas paredes y otros arreglos. Lo cierto es que este caso fue archivado hace poco en el Ministerio Público. El empresario desistió de apelar, pero sigue ocupando el predio hasta que consigan una orden judicial en su contra, algo que no ha pasado hasta el momento.

Los seguidores del patriarca chorrillano parecen haber heredado sus actitudes. El periodista Jeancarlos Durán Ramos, de la página de Facebook ‘Yo soy chorrillano’ denunció a fines de mayo haber sido atacado por simpatizantes de Podemos Perú durante un evento de campaña. Sus equipos quedaron destruidos; él recibió “patadas, puñetes y arañones”. Y aunque identificó al directo agresor, incluyó en su denuncia policial a Miyashiro.

El periodista que sufrió agresiones de los simpatizantes de Miyashiro. También incluyó al exalcalde en su denuncia policial. Foto: Prensa Chorrillos.

Durán se había acercado al lugar alertado de un enfrentamiento entre los simpatizantes de Podemos Perú y sus opositores. Entre estos últimos estaba la madre de un niño fallecido en 2018 en el Parque Quiñones de Chorrillos, cuando un arco de fútbol se desplomó sobre él. La familia del menor denunció en su momento a Miyashiro como responsable de esta muerte, debido a la falta de mantenimiento que ya había sido alertada por los vecinos.

Hace algunos años, fiel a su estilo, el burgomaestre esquivó las críticas señalando: “Tenemos que darle gracias a la municipalidad de Chorrillos que con mi gobierno hemos podido hacer tantas pistas, estadios, obras”. Miyashiro fue absuelto por este hecho en abril de este año. Intentamos comunicarnos con el candidato a su número registrado en Páginas Blancas, pero nadie atendió nuestras llamadas.

La campaña empezó a calentarse también en las oficinas del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste. A inicios de junio, el abogado Mickael Escudero advirtió a esta entidad que Augusto Miyashiro pretendía inscribir su candidatura, a pesar de contar con una sentencia por corrupción, algo impedido por el artículo 34 de la Constitución. El órgano electoral hizo oídos sordos y, pese a las advertencias, inscribió al candidato a fines de ese mes.

Entonces, el Jurado Electoral Especial le dijo al abogado que el camino que correspondía era la tacha. “¿Por qué tenía que esperar que esté inscrito para accionar contra él, si el Jurado puede hacerlo desde antes que se inscriba? Esto es escandaloso”, apunta indignado.

Escudero es simpatizante del candidato rival de APP, pero, ante la desidia de los otros competidores, fue el único que se animó a iniciar este proceso. El Jurado Electoral le terminó dando la razón el pasado 5 de julio. El abogado denuncia, sin embargo, que Miyashiro está en carrera. “Lo que quiere es confundir a la gente diciendo que le van a dar la razón”, señala a Sudaca.

En efecto, el personero legal de Podemos Perú apeló el pasado 8 de julio la decisión. El pleno del jurado tiene la última palabra. “¿Qué fundamento va a presentar? Va a ser la vergüenza de su vida para el abogado que sustente eso. Y en caso el Jurado le dé la razón, y se vaya en contra de lo que dice la Constitución, estarían cometiendo delito de prevaricato”, asegura Escudero. El tiempo asedia a menos de tres meses de las elecciones.

Carta-expediente
La apelación del pasado 8 de julio puesta por el personero legal de Podemos Perú. El JNE debería ratificar la tacha.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Alcaldía de Chorrillos, Augusto Miyashiro, Chorrillos

Otra vez los fondos de pensiones

Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular). 

En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS. 

En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.

Informe SBS
Parte de las conclusiones del informe de la SBS, donde muestra su desacuerdo con el proyecto de ley del retiro de 100% de fondos de la AFP

“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.

Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.

Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.

“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes. 

Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.

“No hay discusión en la Comisión” 

Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.

“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión. 

El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.

Monteza y Anderson
Izquierda: Silvia Monteza, presidenta de la comisión de Economía. Derecha: Carlos Anderson, secretario de la comisión de Economía. (fotos: Agencia Andina)

Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza. 

Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.

Tags:

Congreso, Gobierno, Pedro Castillo
x