La precariedad de la institución contrasta con el aumento de sueldo de Janios Quevedo Valle, el jefe nacional. Desde el 20 de octubre del 2020, Quevedo fue designado como Personal Altamente Calificado (PAC) por el Midagri, pasando a percibir S/25,000 por sus labores. Según la escala remunerativa del Senasa –que no se actualiza desde el 2010– su sueldo era de S/13.400 soles.
Cuando Quevedo pasó al PAC, su salario debía aparecer o bien en el sitio web del Midagri, como su personal designado; o en el del MEF, que administra este régimen. Pero eso no pasó. El 24 de enero un ciudadano presentó una queja a varias entidades estatales porque no podía visualizar la remuneración de Quevedo en el Portal de Transparencia. Acusaba como responsable a Karla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Senasa.
La PCM ordenó entonces al Midagri que atienda el caso. El Senasa atribuyó el “error” de transparencia a un problema informático. “La falta de publicación de dicha información en los períodos NOVIEMBRE-2021, DICIEMBRE-2021 y ENERO-2022 se debía a un caso de fuerza mayor por imposibilidad de subir el formato excel”, se lee en el informe que archivó la denuncia.
A la fecha, según corroboró Sudaca, el sueldo de Quevedo sigue sin figurar en el Portal de Transparencia del Midagri. Lo mismo ocurre en las web de Senasa y el Mef.
Para Alexandra Ames, desestimar la denuncia por no encontrar faltas administrativas no era todo lo que debía hacerse. “No basta con archivar la falta bajo ese argumento. Se deben tomar acciones correctivas. No tendrían por qué demorarse meses en resolver algo tan sencillo como subir información a una página web”, explica la especialista de la Universidad del Pacífico.
Actualmente, según constató Sudaca, sigue sin figurar el sueldo de Quevedo en los portales de Transparencia del Senasa, el MEF o el Midagri. El área de prensa de este ministerio le atribuye la culpa a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de gestionar el portal de transparencia del gobierno. “La plataforma y su funcionamiento es administrada por la PCM, las demás entidades solo ingresamos la información del personal activo”, respondieron.
Janios Miguel Quevedo Valle es jefe nacional de Senasa desde finales del 2019. Al año siguiente consiguió un aumento de sueldo del que ahora reniegan los trabajadores de la institución que preside.
Lo ocurrido con el sueldo de Quevedo es un trago amargo para los trabajadores que esperan que se cumplan sus resoluciones judiciales y cuya escala remunerativa no cambia desde hace 12 años. “El jefe nacional se lleva la gloria, pero la peleamos nosotros”, responde, ofuscado, Walter Cañari. Si las sentencias de reposición no se cumplen cabalmente hasta abril, los trabajadores del Senasa advierten a este medio que podrían iniciar un paro indefinido.
«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.
La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.
El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.
La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.
Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta.
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»
También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.
El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.
Esos tres personajes son los que hoy alimentan las teorías conspirativas en Palacio. Una particular visión del mundo que, en conjunto, podría explicar el choque entre la DINI −adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros− y la Policía Nacional. Ambas instituciones están enfrentadas por la orden de inamovilidad de hace tres días.
La noche del 4 de abril, los integrantes del Gabinete se reunieron de emergencia tras “tomar conocimiento por información de inteligencia (de la DINI) que el 5 de abril se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao”, según un comunicado de la Policía.
A las 10 de la noche de ese 4 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, solicitó un informe a la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de la Policía sobre la pertinencia o no de decretar un toque de queda en Lima y Callao. Esta dependencia apenas opinó, de acuerdo a una fuente confiable de la PNP, que una medida así de extrema es una atribución del Ejecutivo.
La fuente policial asegura a Sudaca, además, que el alto mando nunca pidió el encierro porque ese no es su estilo de trabajo. “¿La Policía alguna vez ha pedido que la gente no use autos para frenar los robos de vehículos? Es absurdo”, dice.
Por eso, las cabezas de la Policía quedaron sorprendidas cuando vieron en el Decreto Supremo que se decretaba “la inmovilización social obligatoria” basados en el informe de la Oficina de Planeamiento. En un sector del alto mando se han sentido usados por el gobierno para legitimar una medida desproporcionada.
El primer ministro Aníbal Torres atizó el fuego al decir, en una entrevista con Blu Radio de Colombia, que los policías peruanos tienen una preparación deficiente. Después pidió disculpas, como siempre lo hace después de cada exabrupto. Así las cosas, el gobierno hace agua por todos lados.
El sábado 2, el Ejecutivo finalmente se puso las pilas. O al menos eso parecía, pues anunciaron la tardía mesa de diálogo con los dirigentes para llegar a acuerdos y una tregua. Sin embargo, fueron llegando los ministros, pero el presidente ese día no apareció, lo que exacerbó el ánimo de los protestantes. Ellos pedían que Castillo se disculpara por tildarlos de vendidos.
La reunión con los ministros se llevó a cabo en el Coliseo Wanka. Sin embargo, cuando los manifestantes se dieron cuenta de que el presidente no llegaría, la protesta volvió a estallar. “[Estoy] totalmente indignado, el señor presidente debería estar acá, debe dar la cara acá, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, dijo un manifestante a los periodistas de Canal N. Producto del conflicto, casi 30 personas resultaron heridas, algunos más graves que otros, de acuerdo a medios locales.
Kenyi Huaripata Yauri (23) es estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Ese sábado tenía clases, pero cuando vio a un grupo de agricultores −la mayoría, adultos mayores− que pasaban caminando mientras reclaman sus derechos, decidió ir a marchar con ellos. “Mi familia se dedica a la agricultura en Huancavelica, sé cómo es la labor, bastante sacrificada, por eso es que tomé la decisión de acompañarlos”, sostiene.
Cuando los disturbios comenzaron, cuenta, la Policía empezó a tirar bombas lacrimógenas a los manifestantes. En ese momento, él se retiró para evitar que lo lastimen. Sin embargo, para volver a casa se vio obligado a pasar por donde estaban los agentes. “Vi que estaban usando perdigones y bombas […] también cuando me estaba retirando, vi a un compañero en medio del humo tirado en el suelo, sin poder moverse debido al efecto de los gases lacrimógenos”, recuerda Kenyi.
Kenyi Huaripata salió a marchar junto con un grupo de agricultores. Lo que empezó como una protesta pacífica, terminó en casi una treintena de heridos. A Kenyi le lanzaron una bomba lacrimógena en la ingle y tuvo que ser operado de emergencia.
De acuerdo a su testimonio, al darse cuenta de que eran pocas personas, la Policía empezó a lanzar más bombas para dispersarlos. Y es ahí donde uno de estos artefactos le cayó en la ingle. “El dolor era tan intenso, que ya no pude irme a mi casa como lo tenía pensado, a pesar de estar muy muy cerca”, cuenta.
Como pudo, se acercó a una unidad de primeros auxilios de su universidad y les pidió ayuda. Fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Luego de tenerlo dos horas haciendo papeleos, una prima llegó a ayudarlo y lo trasladó a una clínica para ser operado de emergencia. “Si mis papás no hubiesen hecho un esfuerzo para ayudarme a pagar la clínica, seguramente no me habrían operado y ahora estaría mal”, apunta el estudiante.
Otro de los que resultó herido de gravedad fue Frayan Toribio Yaranga (27), que se encontraba como brigadista de primeros auxilios en la protesta. “Voy a apoyar el paro de los transportistas porque ya mucho se abusa del pueblo y las cosas suben: el petróleo, los víveres. Ya no nos alcanza”, le dijo a su padre Félix Toribio, según recuerda este a Sudaca.
Pero en medio de la batalla campal que se armó en las afueras del Coliseo Wanka, a Frayan le cayó un perdigón en el ojo derecho. Su familia se enteró de que estaba herido cuando vieron una foto de él en redes sociales. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron tirado en una camilla y sin atención médica. Tuvieron que trasladarlo de emergencia hasta el Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima. Fue operado, pero perdió la visión del ojo derecho. Ahora corre el riesgo de perder el otro ojo debido a la gravedad de las heridas y a la atención tardía, según le informaron los médicos a su padre.
A Frayan Toribio le tiraron un perdigón en el ojo derecho. Aunque lo operaron, perdió la visión en ese ojo. Ahora se encuentra en peligro su ojo izquierdo.
“Mi hijo trabaja en Arequipa, en la mina, gana su plata con el sudor de su frente. No es un delincuente. No entiendo por qué le hicieron esto. Muy mal la policía, ¿cómo va a disparar de frente a las personas como si fuesen animales? Queremos justicia, nos sentimos indignados”, reclama Toribio.
Ahora Frayan se encuentra deprimido, por lo que su familia pide que los ayuden con un psicólogo para su hijo. “Mi hijo está llorando, está desesperado. Ahora yo le pido a Castillo o a los congresistas que me ayuden con un psicólogo que le hable a mi hijo”, pide su padre.
Daniel Zacarias Tejeda (28) también resultó herido. Él fue golpeado por los efectivos policiales en varias partes del cuerpo. “Cuando ya me estaba retirando, nos empezaron a tirar bombas y luego entre varios nos golpeaban, nos maltrataban. Tuve que ir a sacarme ecografías y rayos X para descartar cualquier fractura”, recuerda.
Daniel Zacarias también resultó herido en las manifestaciones: fue golpeado por los efectivos policiales en los exteriores del Coliseo Wanka.
Zacarias, quien se dedica a la construcción, tuvo que dejar de trabajar por los golpes recibidos. Cuando fue a la clínica, había 20 personas más que también estaban heridas. Ahora solo espera ver a Castillo dando la cara hoy en Huancayo. “Mi familia está muy molesta por lo que me hicieron. Y ese es el sentir general”, advierte.
Al cierre de esta edición, el presidente de la República acababa de llegar, entre pifias, al Coliseo Wanka para clausurar el Consejo de Ministros. Cuatro horas después que sus ministros. Tarde y mal para los juninenses y sus muertos.
El rubro textil también pasó las de Caín el día de ayer. Las fábricas de TopiTop, por ejemplo, estuvieron desiertas. Ni qué decir de sus 27 tiendas ubicadas en la capital. “Son más de 3.000 trabajadores en las tres fábricas de Lima. Nosotros producimos 50.000 prendas al día. Imagínese. Lo más crítico para nosotros es el incumplimiento con los clientes del exterior y la mala imagen de inestabilidad del país”, asegura Gustavo López, gerente general de la división industrial de esta compañía.
Lo más complicado, asegura, es tener que explicarle los vaivenes políticos a sus clientes extranjeros. “Tratamos de no entrar mucho en detalle. Darles esperanza de que esto se va a resolver. Si esto se extiende, será complicado no sólo para los textiles, sino para todos los exportadores. En los próximos días empezarán las dudas de si seguir [invirtiendo] en un país con tanto conflicto político”, se lamenta López.
En Gamarra cerraron los ingresos al emporio comercial incluso desde el lunes por temor a saqueos. Foto: Twitter.
“Detenernos un día significa una pérdida de S/20 millones”, señala con preocupación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. El inopinado anuncio del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización para Lima y Callao afectó la jornada laboral de las más de 100.000 familias que tienen a alguien trabajando en el emporio, y encima en pleno periodo de producción para la campaña otoño-invierno.
Saldaña advierte que en Gamarra no permanecerán sumisos ante otra decisión similar por parte del Ejecutivo. “Los empresarios de Gamarra no vamos a aceptar más medidas restrictivas que no son legítimas y que no tienen el mayor sustento. Somos respetuosos de las normas y las autoridades, pero no podemos permitir abusos”, remarca la empresaria.
DEL JOCKEY A LAS MALVINAS
A la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la medida del gobierno también le generó un millonario dolor de cabeza. “Un día perdido representa el 12% de la venta semanal. Estamos perdiendo S/70 millones en ventas”, afirma Juan José Calle, presidente de esta asociación que incluye 50 centros comerciales, como el Jockey Plaza y Plaza Norte.
Para Calle, decretar un toque de queda en estos momentos es un absurdo. “Nosotros generamos 180.000 empleos a nivel nacional e impedir que trabajen en una zona como Lima, en un momento donde la economía familiar es golpeada por todos los efectos que conocemos, es contraproducente”, señala.
Centros comerciales como Plaza Norte lucieron cerrados con rejas ante el desconcierto de la gente que pasaba por la zona. Foto: La República.
A las grandes galerías ubicadas en la capital, donde convive el comercio formal con el informal, la decisión del jefe de Estado también les pasó factura. César Vásquez, por ejemplo, es secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas. “[El centro comercial] Las Malvinas genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, señala. Las restricciones del martes, asegura, representan pérdidas de entre S/30 y S/35 millones.
“Es una medida espantosa. Es el colmo clausurar Lima por un día. La gente está buscando recuperar su economía, pero el gobierno no deja de generar inestabilidad. Justo ahora, que todo ha subido, se les priva de trabajar”, sostiene Juan Infante, director de la Escuela Fábrica de Empresarios.
El empresario también señala que la incertidumbre de este tipo de medidas no sólo influye en los inversionistas. “Los consumidores actúan de manera prudente, reprimen su gasto. Eso, que pasa en las familias, también ocurre en las empresas: se contrata e invierte menos. Eso genera escasez de productos. Es una espiral fatídica”, comenta. Una espiral en la que el gobierno del lápiz se enroló solo. Y que, en total, podría costarnos S/1500 millones del PBI por un día.
Las consecuencias de esta recomposición al interior del TC ya se veían venir, dice Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP. Y el caso Primax es apenas una muestra. “Era muy claro que ante un TC con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra”, apunta.
Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Prímax, que tiene como principal punto de controversia la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal.“Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que, como la Sunat y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no pueden cobrar intereses moratorios más allá de ese plazo legal”, explica Francisco Eguiguren.
“La empresas dicen ‘Tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora’. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores”, añade.
En su voto singular, Sardón le respondió a Ledesma argumentando que, “quizá”, ella aprovechó el fallecimiento de Carlos Ramos para imponer su opinión en los casos de intereses tributarios.
En la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso.
“El voto en mayoría [de los tres magistrados] lo que dijo simplemente, y a la ligera, es ‘la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo’. ¿Cómo este caso no va a ser complejo? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta once bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años”, crítica Eguiguren.
“El TC no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Eso depende de los recursos que tenga la Sunat y el Tribunal Fiscal. Hay casos que demoran más que otros […] Al Tribunal Fiscal le faltan recursos, se le ha bajado el sueldo a los vocales, es un órgano muy especializado que debería tener más recursos sobre todo para temas que cada vez son más complejos”, dice, por su lado, Fernando Loayza.
Pero hay otro factor a tomar en cuenta y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. ¿El motivo? Demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario, vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y luego reclamas», sostiene Loayza.
Para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la Sunat en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva a que las empresas impugnen indefinidamente. “Estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente […] No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y al presupuesto público sin recursos», sostiene. Como están las cosas, todo apunta a que el TC ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados.
Además, Karelim López aseguró que el verdadero financista fue un empresario, aunque no reveló el nombre. “Le contacté a Bruno Pacheco con el promotor del Grupo 5, Christian Robles, a efectos de que coordine sobre la contratación de dicho grupo musical. Sé que el Grupo 5 ha contratado con un empresario que no es Bruno Pacheco”, dijo la lobista, en una declaración obtenida por Sudaca.
Y añadió: “Sé que Bruno Pacheco comentó que le había dado a Christian Robles el número de un empresario que se iba a hacer cargo de todo y sé que Christian Robles coordinaba con ese empresario para el tema musical”.
Karelim López Arredondo, la delatora, negó haber costeado la fiesta en Cieneguilla, como lo declaró el prófugo exsecretario de Palacio. “Sé que el Grupo 5 ha contratado con un empresario que no es Bruno Pacheco”, dijo a la Fiscalía.
Sobre Villaverde, Karelim López sólo dijo que dos camionetas del empresario estuvieron estacionadas en la casa de Cieneguilla y que las reconocía “porque eran usadas para transportar a las hijas de Bruno Pacheco”.
¿Una fiesta de cumpleaños puede desnudar una trama de corrupción al interior del gobierno? Todo apunta a que sí. De comprobarse que Zamir Villaverde financió el evento con el Grupo 5, esto desmontaría su principal argumento de defensa: que él no tuvo relación cercana con Bruno Pacheco y, por eso, no pudo ser favorecido con licitaciones.
Villaverde, actualmente con detención preliminar, está con la soga al cuello. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro lo acusa de ser un “operador” del presidente Castillo y de ofrecer un listado de obras en el Ministerio de Transportes al empresario constructor Luis Pasapera Adrianzén. Ello, valiéndose de sus presuntos contactos con Bruno Pacheco y con los sobrinos del mandatario.
25 de marzo. Zamir Villaverde García levanta pesas, con música de la película “Rocky” de fondo, a tres días de ser detenido. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.
Sudaca llamó a uno de los abogados de Villaverde, quien dijo desconocer que su patrocinado haya participado del financiamiento de la fiesta de la hija mayor de Pacheco. “Todo lo dicho por la señora Karelim López está siendo desmentido. Esa colaboración eficaz se va a caer”, afirmó el abogado, quien pidió que no se revele su nombre al no tener autorización para declarar. No dio más detalles.
El 25 de marzo, tres días antes de su arresto, Villaverde colgó un video levantando pesas en su Facebook, con música de la película “Rocky” de fondo. “El entrenamiento te hace fuerte para estar preparado para lo que sea”, escribió. La novela aún no termina.
El acoso telefónico no quedó ahí, porque esas comunicaciones terminaron elevando su plan hasta los S/100, asegura mostrándonos el recibo que le llegó. “Entel te llama de manera insistente y encima te cobra por contestarles”, dice Pinzás, que en varias oportunidades había solicitado a la empresa que deje de llamarlo para ofrecer promociones.
Lo peor es que muchos clientes enfrentan la suspensión de sus servicios cuando no pagan lo que les pide la empresa de telefonía. Walter Curioso Vilchez, por ejemplo, hizo un viaje con su familia a Estados Unidos en noviembre del año pasado. Solicitó a Entel la activación del roaming, pero durante el tiempo que estuvo fuera del país le llegaban mensajes de una deuda que él no reconoce hasta hoy.
“Me suspendieron la línea por una deuda de S/300 por uso de roaming”, relata Curioso, y nos muestra los mensajes de las amenazas de Entel. Indica, además, que la empresa no le permitía hacer el pago por Internet y le sugirieron que busque un amigo que viva en Perú para que pueda cancelar la deuda.
Suspendidos: Pese a que solicitó la activación del roaming, Walter Curioso no pudo usarlo durante su viaje y, además, le suspendieron la línea.
Sudaca se comunicó con Entel para pedirle explicaciones ante estos reclamos. La empresa apenas atinó a comunicarnos que “debido al secreto de las telecomunicaciones, sólo podemos brindar los detalles del procesos a las personas involucradas”.
Los abogados consultados para este informe señalan que si la respuesta a las quejas de un cliente no es satisfactoria, lo mejor es recurrir a Osiptel, que solo en el primero semestre del año pasado impuso multas a esta compañía por S/7,3 millones, principalmente debido al incumplimiento de obligaciones relacionadas a la “portabilidad” (el servicio que permite a los usuarios mantener sus números aunque cambien de operador). Al parecer, a Entel le hacen falta algunas multas más para cambiar su proceder.
