El mismo modus operandi siguió en licitaciones con otras firmas asiáticas. En octubre del año pasado, le tocó el turno a China Railway Nro. 10 Engineering Group, que ganó la buena pro para remodelar un corredor vial que abarca las regiones de Cajamarca y Piura por S/158,3 millones. La compañía tuvo como socio minoritario a la empresa peruana Grupo Constructor y Consultor Asociados. Para variar, compitió con otra firma estatal china, presentó una oferta al 80% y ganó apelando a la buena fortuna del dragón.
El sorteo electrónico en las licitaciones públicas fue implementado en el 2020, debido a la pandemia. Un funcionario autorizado registra los datos de los postores de una licitación en el portal del Seace y, si hay un empate, la web dirime al azar de manera electrónica. El desempate ya no se hace a través de un notario.
“Si hubiera un empate, el orden de prelación se determina por sorteo. Posteriormente, se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación previstos en las bases, según el orden de prelación que resultó de la etapa de evaluación”, responden en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Dicen que es un sistema libre de sospechas.
Pero el experto Óscar Saravia arquea las cejas al conocer que los chinos tienen tan buena estrella en la ruleta. “Si cada vez que ha habido empate [se refiere a los concursos], ganan los mismos [los chinos], me estaría dando a entender que están manipulando el sorteo”, apunta.
Y es que el asunto no quedó ahí. Dos licitaciones más, realizadas en diciembre y que tuvieron como ganadora a China Railway Tunnel Group, tuvieron el mismo patrón que las anteriores. Una fue para remodelar una carretera en Huancayo, por un monto de S/52 millones. La constructora midió fuerzas en un sorteo con la dupla de China Civil e INIP, que quedó en el segundo lugar.
La otra adjudicación fue para mejorar una pista en Abancay, con un valor de S/180,6 millones. En este último concurso también compitió China Civil Engineering Construction Corporation. Sobre esta, vale decir que su apoderado es Jaime Lino Moya. Él es un exmilitante aprista, al igual que uno de los integrantes del comité de esta licitación, Henry Carrillo Villegas.
Lino y Carrillo coinciden en varias cosas: los dos nacieron en San Juan de Lurigancho, y se afiliaron y desafiliaron en el Apra el mismo día, según el Jurado Nacional de Elecciones. Un 23 de agosto del 2008 ingresaron al partido de la estrella y lo abandonaron un 7 de septiembre del 2021. “No conozco al señor Lino Moya. No sé de qué me estás hablando. A mi me convocan en un comité de licitación. Yo no escojo. Me inscribí en el Apra hace 22 años y nunca activé”, dice a Sudaca Carrillo.
China Civil Engineering Construction Corporation no salió victoriosa en esa puja, pero ganó una compañía que, al igual que esta, es controlada por el Estado chino.
China Civil no quiso responder para esta nota y solo nos reenvió un comunicado en el que acusan a Karelim López de “querer desprestigiarnos y favorecer” a empresas competidoras. Por su parte, Jhon Jairo, representante de China Railway Tunnel Group, dice a Sudaca: “Nosotros presentamos una oferta del 80% porque esa es la idea para quedar primero. La oferta es más atractiva para la entidad mientras más bajo sea el monto. Para ir al 80% hacemos un estudio de mercado. No tenemos nada que ver con los sorteos”.
Jairo dice que Karelim López busca desprestigiar a las compañías chinas. “Nos quieren desprestigiar y quitar a las empresas chinas de la competencia”, dice. Y defiende que firmas del dragón asiático compitan en una misma licitación a pesar de tener un mismo dueño: el gobierno de su país. “Son empresas diferentes las que compiten. Tienen distintas matrices y pertenecen a otros grupos económicos”, añade.
Jorge Ñahue, director ejecutivo de Provías Nacional, insistió en que los sorteos fueron transparentes en la conferencia que significó el último acto público de Juan Silva como ministro de Transportes, antes de su caída. El escándalo, sin embargo, parece no acabar con él.
La Expo Dubái termina oficialmente el 31 de marzo y el contrato de Continuous Events vence en la quincena de abril, ya que también deben supervisar el desmontaje total del pabellón peruano. El problema es que nuestro país todavía tiene algunos pendientes en la feria. Por ejemplo, la implementación de una tienda abierta al público, sección contemplada en los planes del proyecto, nunca se ejecutó. Y está claro que ya no se hará.
A finales del 2020, según pudo constatar Sudaca, Promperú tenía toda una propuesta de diseño para la tienda del pabellón. En uno de los documentos se señala que este espacio estaría “destinado no solo a la venta en directo, sino a la exposición de productos que se puedan comprar telemáticamente [online]”.
Marcelo Carballar (izquierda) y Sofia Sanguinetti (derecha). Ambos dirigen Continuous Events, la empresa que Suárez recomendó para la operación peruana en la ExpoDubái2020. La exgerente general ya los conocía por otra de sus empresas: MataOjo.
También se marca que la meta era obtener US$7 millones en ventas, los cuales simplemente se han perdido. La propuesta especificaba que la tienda se dividiría en seis zonas, que incluían una de exhibición, una máquina expendedora de artículos de US$1, otra con artículos por US$5 dólares y demostraciones en vivo. Hasta se tenía un eslogan: “Lleva contigo un pedacito del Perú”.
Lo único que faltaba para implementar la propuesta era contratar a un operador exclusivo de la tienda. De acuerdo al TDR elaborado para contratar a Continuous Events, se contempló que esta empresa asistiría al encargado de la tienda en cualquier necesidad. Pero eso no pasó.
Hoy, en el espacio que debía ser la tienda, está el “showroom” –una sala de exposición– donde solo se pueden ver los productos, pero no comprar ninguno. Tampoco está abierta al público. Y permanece cercado, según corroboró Sudaca con fuentes del staff de la Expo Dubái.
Así se ve hoy el showroom peruano en Dubái: cercado y solo disponible para grandes empresarios.
En respuesta a nuestras consultas, Promperú señala que, en análisis posteriores, se vio conveniente implementar “un espacio de exposición de productos ligados a marcas sectoriales”, como café o pisco. Esto en vez de la tienda. “La idea de contratar un operador para una tienda minorista no coincidía con los objetivos de promoción abierta a los productos peruanos. El pabellón peruano invita a una experiencia uno a uno con nuestro país. La experiencia del showroom es una experiencia para compradores mayores”, señalaron.
Y es que, según Promperú, ese espacio está destinado a empresarios: “Tiene como objetivo impulsar y respaldar el desarrollo de reuniones comerciales con compradores potenciales de productos peruanos, por esa razón, se accede a través de citas de negocios con reserva propia”. En redes como LinkedIn, sin embargo, se promociona el lugar sin precisar que es para exposición y no para ventas. Los productos ni siquiera tienen un precio asignado. Únicamente los acompaña un código QR que dirige a una web que promociona el turismo hacia el Perú.
Parte de la promoción que PromPerú hace en sus redes del showroom. No indican que se trata de un espacio restringido a los visitantes de la exposición.
Además de todo ello, está la postergación del “National Day” peruano, una ceremonia donde se celebra a la nación participante destacando su cultura. Todos los países tienen un día asignado para ello. El nuestro, según el TDR con el que fue contratada Continuous Events, iba a ser inicialmente el 21 de enero. Esta compañía está encargada de toda la logística previa de la actividad, lo que incluye un espectáculo del Ballet Folclórico Nacional.
Sin embargo, el National Day no se dio en enero. La organización general de la Expo Dubái suspendió algunas actividades por un repunte de los casos de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, motivo por el cual Promperú justifica su cancelación. Indican que países como Argentina y Canadá también pospusieron sus eventos por el riesgo que implicaba el viaje de sus delegaciones a Dubái.
Esto podría explicar la suspensión de la primera fecha, aunque no todos los ‘National Days’ se cancelaron. En esos meses, países como Qatar, China y Portugal sí usaron su turno. Reino Unido hizo lo mismo el 10 de febrero. Hoy otras naciones siguen haciéndolo. Según fuentes del staff de la Expo Dubái, para ingresar a la feria se pide certificado de vacunación o PCR negativo de máximo 48 horas.
Las fuentes, además, aseguran que se les comunicó que la nueva fecha sería el 15 de febrero, día en el que Turquía lo llevó a cabo. El Perú, nada. Ahora, según la web oficial de la cumbre turística, la nueva fecha es el 7 de marzo.
Según PromPerú, en Dubái se espera tener un retorno de inversión aproximado de US$70 millones al 2024. Veremos si, con todas estas irregularidades encima, se dan las matemáticas.
Fermín Silva, en una declaración al vuelo en las instalaciones de La Luz, nos dice, en principio, que esa fue la última vez que vio al jefe de Estado. “Fue cuando vino acá entre la primera y segunda vuelta”, dice. Pero no es cierto. El doctor fue a Palacio en tres oportunidades cuando Castillo asumió la presidencia, según el registro de visitas.
La primera vez asistió a la casa militar, donde se ubica la residencia de Palacio, el 25 de agosto del año pasado. Lo hizo con Yober Sánchez Delgado, empleado de La Luz y también cajamarquino. En el registro figura que fueron recibidos por Giuliana Roncalla Marín, oficial del Ejército. Al parecer hubo una emergencia médica porque se puso como motivo “ingreso de personal médico a la residencia”.
El 1 de septiembre Fermín Silva volvió al Despacho Presidencial, con su inseparable compañero Yober Sánchez. En aquella oportunidad se reunió con Irma Rojas Regalado, de la oficina de la primera dama Lilia Paredes.
Yober Sánchez Delgado, trabajador de la clínica La Luz, posa con el presidente Pedro Castillo, en una imagen de archivo.
Pero siete días después, el 8 de septiembre, regresó a entrevistarse con el presidente Castillo. Al mismo tiempo ingresó Hugo Chávez, el polémico gerente general de Petroperú, quien -como ya hemos dicho- buscaba en ese momento ser nombrado en un alto cargo de la petrolera estatal.
Al ser consultado por esta última visita con Chávez a la medianoche, Fermín Silva se olvida que acaba de decir que la última vez que vio a Castillo fue en la segunda vuelta. Cambia de versión y señala que fue “una coincidencia”. “Coincidimos [con Hugo Chávez]. Yo fui a hablar con el presidente porque me llamó”, asegura.
Iván Merino, exministro de Energía y Minas, dice que por esa fecha Bruno Pacheco lo presionaba para nombrar a Chávez en Petroperú. “El señor Pacheco me insistía cotidianamente con este señor [Chávez]”, cuenta a Sudaca. Pacheco se salió con la suya: Chavéz fue nombrado gerente general de la petrolera e Iván Merino dejó el cargo de ministro de Energía y Minas.
¿Tuvo influencia en este nombramiento el dueño de la Clínica La Luz? Él lo niega, aunque su empresa sirvió para las citas clandestinas del exsecretario general de Palacio, como ya hemos explicado. Y la fiscal Norah Córdova ha recibido información de más encuentros entre personajes oscuros del entorno palaciego, que contaban con la venia de Fermín Silva.
Sudaca pidió la versión a Pacheco y a Petroperú, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Todo queda entre paisanos.
El 13 de enero del 2022, a las diez de la mañana, el empresario chino Li Qingyong, de China Civil Engineering Construction Corporation, visitó el despacho del congresista de Acción Popular por Ica, Raúl Doroteo. Este legislador ha sido sindicado por Karelim López, junto con otros cuatro parlamentarios de la lampa, como parte de un grupo llamado “Los Niños”, por su presunta obediencia sin cuestionamiento al presidente Castillo.
Rául Doroteo Carbajo, congresista de Acción Popular por Ica, el día que juramentó como congresista. Karelim López lo describe como parte del grupo “Los Niños”, una presunta red que gana licitaciones en el MTC. Fuente: Congreso.
Doroteo es un parlamentario que ha votado mayoritariamente a favor del Ejecutivo en momentos claves, de acuerdo a un informe de “El Comercio”. Por ejemplo, marcó en rojo cuando el pleno discutió la moción de vacancia del presidente Castillo, en diciembre pasado. Doroteo, vocero alterno de Acción Popular, no contestó a las llamadas para este informe.
El representante de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong, visitó el despacho del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, el 13 de enero.
Ese mismo 13 de enero, mientras Li Qingyong visitaba a este parlamentario, INIP Ingeniería Integración de Proyectos ganaba otro contrato, este por S/116,5 millones. El objetivo: instalar un sistema de electrificación rural en el Cenepa, Amazonas. El benefactor esta vez fue el Ministerio de Energía y Minas.
Esa vez, sin embargo, la firma peruana acompañó en la aventura, con 5% de participación, a otra compañía asiática: China Camc Engineering. Sudaca se comunicó al teléfono del afortunado empresario Roberto Aguilar Quispe, pero no obtuvimos respuesta.
El 2019, Perú Libre ganó la alcaldía provincial de Huancayo y la convirtió en su feudo. La impunidad bajo la que operaban sus autoridades, sin embargo, apenas les duró un par de años. La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular a ‘Los Tiranos del Centro’, una presunta organización criminal que se dedicaba a cobrar cupos a ambulantes y comerciantes de la Ciudad Incontrastable. Si alguno de ellos no entraba al ‘juego’, era desterrado u hostilizado.
Sudaca pudo revisar la resolución judicial que ordena la detención de las 18 personas involucradas en este caso, entre gerentes, funcionarios y colaboradores del municipio. El presunto líder de la mafia es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo, fundador de Perú Libre y antiguo personal de confianza de Vladimir Cerrón en una de sus gestiones como gobernador regional.
Este medio también accedió a un reciente informe de la Contraloría que explica cómo funcionarios del mismo municipio contrataron, en el 2020 y sin concurso público, a 88 trabajadores que terminaron brindando servicios para áreas a las que no estaban destinados. El perjuicio económico de esto último ha sido calculado en más de S/461.000.
En ambos casos se muestra, una vez más, cómo los militantes del lápiz habrían copado la administración pública para beneficiarse de prácticas corruptas.
VENTAJAS DE UN PERULIBRISTA
“El espacio que está en la esquina sepáralo, ¿ya? Es para un tema del partido. Voy a coordinar con el alcalde,pero igual sepáralo, no quiero a nadie desconocido ahí”, le dice uno de los investigados a Danny Luján Rojas, quien fue gerente de Promoción Económica y Turismo durante el 2019 y militante del lápiz desde el 2017. Esta conversación, interceptada legalmente, es parte de las evidencias que tiene la fiscal Bonnie Bautista y refuerza su hipótesis de que los funcionarios de la municipalidad de Huancayo separaban espacios en la vía pública para favorecer a comerciantes afines a Perú Libre.
El monto del cupo variaba según el tipo de comerciante extorsionado. Los ambulantes, por ejemplo, pagaban entre S/1 y S/10 diarios para que los dejen trabajar en las calles. Los perulibristas les entregaban tickets que no tenían ningún valor contable ni nombres. Según la Fiscalía, les sacaban más de S/20.000 semanales.La plata era recolectada por funcionarios de la subgerencia de Promoción Económica, quienes luego entregaban el dinero a sus superiores.
En una ocasión, Hernán Chircca, jefe de esta subgerencia, ordenó a un emisario recoger S/350 de una comerciante informal. Chircca le dijo a su interlocutor, en una llamada interceptada, que la mujer le daría el dinero en “un vaso descartable como de emoliente”. Según la tesis de la fiscal Bautista, esta era una de las formas en las que camuflaban la coima y evitaban ser descubiertos.
Por otro lado, los cupos pagados por locales establecidos, como bares o discotecas, habrían sumado alrededor de S/150.000 mensuales. La gran mayoría de ese dinero era repartido entre los integrantes de ‘Los Tiranos del Centro’, apunta el documento fiscal.
El mencionado Danny Luján Rojas habría sido una pieza clave de esta trama criminal. No sólo para coordinar los cupos, sino para expulsar a quienes se negaban a “colaborar”. Lo hacía a través de acciones de “fiscalización y orden”, cuya verdadera finalidad era recolectar el dinero de los cupos bajo la premisa “paga o vete”. Por ejemplo, el 21 de noviembre del 2019, Luján Rojas dispuso la ejecución de un operativo.
Según la resolución, en el operativo participaron 40 policías municipales que, “de forma agresiva, violenta y utilizando lenguaje discriminatorio, agredían a las personas que se dedican al comercio ambulatorio y secuestraban sus respectivas mercaderías, observándose que dichos desalojos y decomisos estarían siendo direccionados en contra de ciertos comerciantes, quienes se estarían negando a pagar el dinero exigido, el cupo”.
La sucesora de Luján en el despacho de Desarrollo Económico y Turismo fue Mabel Mendoza García, quien también coordinaba la contratación de personal al interior del municipio de Huancayo y el favorecimiento de ciertos trabajadores afines a Perú Libre, un hecho que la fiscal Bautista también investiga como presunto tráfico de influencias. Uno de estos, por ejemplo, buscaba una renovación de su contrato. Mendoza le cumplió el deseo porque estaba bien apadrinado. “Su padrino es Dany [Luján], por eso le he renovado un mes”, se le escuchó decir en una de las llamadas interceptadas.
Más allá de los favores entre militantes y funcionarios del lápiz, las comunicaciones de Mendoza evidencian también las represalias que se tomaban contra los comerciantes que se negaban a pagar cupos. “A esa señora ni le facilites ah. Es orden de Henry [López] que no se va a trabajar con ella […] Esa señora cuando entramos el año pasado nos ha hecho problemas y por eso Henry le ha puesto la cruz”, se le escucha decir a la mujer.
Quienes se atrevían a denunciar tampoco corrían mejor suerte. “La señora que tiene seis hijos del pasaje Huamanmarca no sé a dónde la llevas, la mandas a Chilca o al Tambo, porque en la mañana te ha macheteado duro en la radio… No sé, pero te ha difamado feo”, se interceptó a otro de los investigados.
Danny Luján Rojas fue gerente de Promoción Económica y Turismo. Según la tesis fiscal, fue colocado en ese cargo por el exalcalde Henry López para asegurarse de que se cumplan “las disposiciones del líder”.
TIRANO EN LAS SOMBRAS
Según el Ministerio Público, el líder de ‘Los Tiranos del Centro’ es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo y persona de confianza de Vladimir Cerrón. López Cantorín es fundador de Perú Libre y actual ‘secretario de profesionales’ de esta agrupación política. La hipótesis fiscal apunta que tuvo “como propósito inmediato llegar a la alcaldía de Huancayo, aprovechando el puesto para beneficiarse económicamente”.
Su paso por el municipio no duró mucho. Ocho meses después de asumir el cargo, en agosto de 2019, fue suspendido como alcalde debido a que fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los hechos ocurrieron cuando, en el Gobierno Regional de Junín, fue gerente general de la primera gestión de Vladimir Cerrón (2011-2014), quien también fue sentenciado en este proceso. Ambos fueron hallados responsables de favorecer al Consorcio Altiplano por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya.
Sin embargo, la fiscal Bonnie Bautista asegura que López Cantorin continuó operando desde las sombras y que tomaba decisiones dentro del municipio de Huancayo. Y es que quien lo sucedió en la alcaldía fue su tío Juan Carlos Quispe Ledesma. Este militó en el partido de Vladimir Cerrón entre el 2015 y el 2017.
Según la resolución judicial que ordena la captura de ambos, Quispe estaba “subordinado” a Henry López, cuyo “liderazgo e influencia crecieron […] incluso tomando decisiones que competen a funcionarios públicos de alto nivel”. Aunque Quispe también gozaba de cierta autonomía “dirigiendo y controlando la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir quienes están bajo su mando”.
Prueba de ello es una conversación entre dos investigados. “El alcalde está en Lima pues… te sugiero que todo aquel que tome el nombre del alcalde le pidas su DNI, le tomes foto y tú me mandas a mí y yo le consulto al alcalde. ‘Señor alcalde, ¿usted está avalando a esta señora?’. Me va a decir sí o no, y te evitarás problemas”, se oye decir a uno de ellos, en referencia a que los comerciantes que buscaban ser beneficiados debían tener el visto bueno del burgomaestre.
Según la hipótesis fiscal, Quispe también utilizaba su cargo para proteger a ciertos trabajadores ambulantes, permitiéndoles trabajar en lugares privilegiados de Huancayo, “prohibiendo a funcionarios o servidores públicos de la gerencia de fiscalización y policía municipal que incauten, decomisen o los expulsen”.
Vladimir Cerrón y Henry López son cofundadores del partido del lápiz. En el 2019, los dos fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. En esa ocasión, se dio a la fuga. Hoy, nuevamente, el exalcalde de Huancayo se encuentra prófugo.
Los ya mencionados Danny Luján Rojas y Mabel Mendoza García, jefes de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo en el 2019 y 2020, respectivamente, fueron detenidos ayer. Henry López y Juan Carlos Quispe, sin embargo, se dieron a la fuga.
Y es que dentro del aparato de justicia hay topos aún no identificados. En noviembre de 2020, la Fiscalía intentó solicitar la prisión preliminar de ‘Los Tiranos del Centro’, pero antes de hacerlo, “según información del personal policial, se informó que las cabezas de esta presunta organización criminal ya habían sido alertadas de la pretensión del Ministerio Público”. Al final, el operativo no se llevó a cabo ese año.
El operativo de ayer coincide con un informe de la Contraloría que da cuenta de un perjuicio económico de casi S/.462.000 en la Municipalidad Provincial de Huancayo, “al permitir gastos para fines distintos a los transferidos”.
Debido a la pandemia, en el 2020 se publicó un decreto de urgencia que permitía financiar actividades de fiscalización relacionadas a la emergencia sanitaria. El objetivo era, según el informe, “abordar de una manera efectiva la problemática de las aglomeraciones y la pérdida de control de algunos espacios públicos debido al incremento del comercio informal ambulatorio”. Estos recursos no podían ser destinados, por ningún motivo, a fines distintos.
Así, entre julio y diciembre de 2020, el municipio liderado por Juan Carlos Quispe Ledesma contrató 305 trabajadores sin concurso público. Pero la Contraloría halló que 88 de ellos, que inicialmente fueron contratados como fiscalizadores municipales, terminaron realizando labores ajenas a sus funciones.
Entre los responsables de esta irregularidad detectada en el informe de Control Interno se encuentran el ya mencionado Danny Luján Rojas, presunto integrante de ‘Los Tiranos del Centro’. Ese año, ya ocupaba otro cargo: el de gerente de Seguridad Ciudadana. Otro de los involucrados es Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador del partido del lápiz y, según la Fiscalía, parte de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’. Con el lápiz, esto es ya apenas más de lo mismo.
Una primera traba le ha aparecido a los partidos políticos en la carrera por hacerse de alcaldías y gobiernos regionales. Según el cronograma electoral, todo el que quisiera candidatear tenía hasta el 5 de enero para afiliarse a alguna agrupación. Los partidos eran responsables de tramitar las inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad electoral, sin embargo, hizo un cambio en las reglas de juego el año pasado que pasó desapercibido.
El JNE dispuso, por primera vez, que las fichas de afiliados se entreguen en mesa de partes en una sola tanda y ya no en múltiples ingresos, como lo venían haciendo varias organizaciones políticas. El 26 de noviembre se publicó la resolución que lo oficializaba en El Peruano, pero varias organizaciones no advirtieron el anuncio y hoy acusan falta de publicidad. Lo cierto es que al menos 25.000 fichas de afiliación de más de 40 partidos se han quedado fuera de los comicios. El asunto ha generado rápidas reacciones en el Congreso, que ya tiene propuestas legislativas en la puerta del horno.
LAS DEVOLUCIONES
“En mesa de partes te atendían y no te decían que ya no podías entregar más, que todo debía ser en un solo momento”, indica José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral que representó a dos organizaciones políticas durante su proceso de apelación: el Movimiento Agua de Huancavelica y el Frente de la Esperanza.
En el caso del Frente de la Esperanza, se presentaron más de 6.000 fichas en un mismo día, pero en tres entregas. En su primera cita, el personero dejó dos cajas; y por la tarde, una tercera. Seis días después, el JNE informó que solo iban a aceptar la primera caja (la ‘primera entrega’) y que 4.327 fichas de afiliación iban a ser devueltas.
“La sanción [se refiere a la devolución de las fichas] que han aplicado no es razonable, se afecta la participación política de miles de ciudadanos porque un partido o movimiento presentó sus papeles en conjunto o separado, pero nunca lo hicieron fuera del plazo, que era el 5 de enero”, asegura Villalobos.
Hasta el 19 de febrero, el pleno del JNE ha declarado infundadas, en última y definitiva instancia, 14 apelaciones de los partidos respecto a este tema. A través de los fallos sobre estos casos que han sido publicados en El Peruano, Sudaca contabilizó que hasta la fecha se han devuelto al menos 25.000 fichas de afiliados.
«Fuente: Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano por el JNE. Elaboración propia»
Uno de los partidos más afectados es Alianza para el Progreso (APP). Luis Valdez, secretario general del partido, calcula que al menos 10.000 fichas presentadas por su agrupación han sido devueltas. “Eso es antidemocrático. Son militantes de todo el Perú, de Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y de todas las regiones”, refirió. En su opinión, el JNE está restringiendo la ley.
Villalobos asegura que varios partidos han presentado acciones de amparo. Sin embargo, para cuando estas se resuelvan, lo más probable es que ya haya pasado la etapa de verificación -que termina el 28 de febrero- y el hecho esté consumado.
En respuesta a una consulta de Sudaca, el JNE dice que el área de Servicios al Ciudadano funciona como una mesa de partes que recibe todos los documentos que presentan los ciudadanos, y que es otra unidad la que analiza si las fichas son válidas o no. Es decir, le pasa la pelota al ROP. “Corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas [ROP] evaluar la viabilidad o no de los padrones presentados”, indican.
LAS PRESIONES DEL CONGRESO
José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, asegura que al tratarse de una resolución que reglamenta el procedimiento de entrega de fichas, la medida debió ser prepublicada. “Los reglamentos electorales se prepublican para conocimiento de los ciudadanos para que envíen sus observaciones. Como especialistas también damos opiniones, pero en el caso de la resolución del JNE, no la prepublicaron”, apunta.
El tema ha desatado rápidas reacciones de los partidos con curules en el Congreso. Como principal agraviado, APP ha interpuesto una demanda constitucional para que el Poder Judicial vea el tema. Pero a través de su bancada en el Congreso también vienen planeando una salida.
Tras confirmarse la decisión del JNE negando las apelaciones, el congresista de APP Eduardo Salhuana presentó el proyecto de ley 1227/2021-CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo correspondiente al padrón de afiliados, se incorporaría lo siguiente: “las organizaciones políticas podrán presentar su padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales”.
Le consultamos si esto no le parecía una ley “con nombre propio”, que beneficia directamente a su partido. “Es una manera de interpretar las cosas, pero nuestro punto de vista es que el Congreso dio una ley en octubre del año pasado y en esa ley se estableció el plazo máximo. En esa ley no se estableció ninguna exigencia adicional o requisito”, señala.
A los pocos días, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también presentó otra iniciativa. El proyecto de ley 1271/2021-CR apunta a interpretar el numeral 4 de la Ley N° 31357, aprobada el año pasado para regular las elecciones, bajo los siguientes términos:
“Interprétese que la presentación de los padrones de afiliados para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM 2022), que hayan sido presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando no hubiese sido en conjunto ni en un solo momento, son válidos y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”.
Ambos proyectos se estaban debatiendo en la comisión de Constitución del Congreso y fueron rechazados por los organismos electorales. Pero los congresistas han insistido. El 15 de febrero los portavoces de Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular firmaron un acta para exonerar el Proyecto de Ley 1271/2021 del congresista Muñante del dictamen en la comisión de Constitución, ante la proximidad del cierre de la presente legislatura, el 28 de febrero.
En sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizada el viernes 11 de febrero, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya se había mostrado en contra de los dos proyectos. “Se pretende aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento en el curso de un procedimiento regular ante el JNE”, indicó sobre el proyecto de ley de Salhuana. Agregó que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, sobre el principio de la independencia en la función jurisdiccional.
Respecto al segundo proyecto de ley, el de Muñante, advirtió que este podía ir en contra de la intangibilidad del proceso electoral, el principio que impide hacer cambios en medio de la carrera. “La intangibilidad no es una intención del jurado, ni un capricho del jurado, es una norma de un rango muy alto que todos debemos conservar”, aseguró. Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y de RENIEC, Carmen Velarde, también mostraron su preocupación de que las iniciativas pudieran poner en riesgo el calendario electoral previamente establecido.
“El JNE dice que estaríamos afectando su autonomía. Ellos son los que han limitado con una resolución, que es una norma de inferior categoría a una ley ordinaria, [ellos] son los que han puesto una exigencia que no existía en la ley, ellos han creado el problema”, argumenta el congresista Salhuana.
En su presentación ante el Congreso, Salas Arenas sostuvo que la resolución del JNE solamente ha ordenado el proceso con el fin de evitar demasiadas interacciones presenciales, en un momento en el que se esperaba la llegada de una tercera ola de la pandemia.
Pero para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la norma es un error del JNE porque no va de la mano con la realidad. Y es que, según explica, para una organización con 20.000 o 30.000 afiliados, lo más práctico es entregar los padrones de a pocos.
“Peor aún, pudiendo corregir eso cuando se dieron los casos, mantienen su postura, generando este problema. Y, sobre todo, activa al Congreso para que se meta a sacar esta norma interpretativa, que, dicho sea de paso, es una ley a la medida y ‘express’ para determinados partidos políticos”, precisa.
Agrega que es de esperar que la norma resultante se apruebe rápidamente, pues todos los partidos tienen contactos con movimientos regionales y existe el antecedente de la Ley N° 31357, aprobada en octubre del año pasado, donde todos los frentes políticos se pusieron de acuerdo muy rápido. Hasta el momento, así está ocurriendo.
El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.
A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.
Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN
Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.
“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.
En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.
Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.
El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.
Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.
“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.
Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.
Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.
Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.
Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado por la vía de la “contratación directa”.
Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.
Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.
Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía.Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.
Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.
Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.
«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.
Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.
Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.
El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.
Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.
Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.
El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.
Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores,que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.
En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.
Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.
Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.
En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.
En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.
Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.
En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.
Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.
“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.
“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.
LAS RAZONES DE LA PROTESTA
Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).
Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.
La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.
Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico –promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista– menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días
En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.
“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.
Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.
PASÁNDOSE LA PELOTA
Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.
A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.
El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.
El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.
Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.
En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.
De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.
El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.
