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Hace tres días, la Fiscalía contra el Crimen Organizado detuvo a 12 de los 14 integrantes de una mafia a la que ha bautizado como “Los embaucadores del sur”. Sudaca revisó -en exclusiva- el requerimiento de detención preliminar presentado por el Ministerio Público, que contiene la declaración detallada de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Sus testimonios son reveladores.

Ambos coinciden en que el excandidato al Congreso por Fuerza Popular René Manrique Cusirramos habría pagado coimas a los excongresistas Juan Carlos Eguren (PPC) y Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional) a cambio de que se opongan a un proyecto de ley para que la SBS pueda supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. El el fiscal Arturo Mosqueira, a cargo del caso, sindica a Manrique como líder de una organización criminal que dejó a cientos de usuarios de la cooperativa Prestaperú sin sus ahorros, luego de que fuera cerrada por insolvencia en 2019 debido a turbios manejos financieros. 

El perjuicio económico a los ahorristas ha sido calculado en S/180 millones. Además, el caso investiga préstamos irregulares a varias empresas controladas por Manrique y la apropiación ilegal de S/450.000 para pagar su campaña con el fujimorismo al Parlamento en el 2016.

Según los testimonios, las presuntas coimas a Eguren y Rondón se habrían pagado a través de familiares de ambos. Pero no son los únicos mencionados en la documentación fiscal. Un colaborador y un correo también dan cuenta de pagos a favor de Miguel Vásquez Cárdenas mientras era asesor de comisiones parlamentarias que presidieron los congresistas fujimoristas Miguel Castro Grandez y Úrsula Letona. 

Vásquez, especialista en cooperativismo, era un opositor de la ley para supervisar a estas entidades financieras solidarias, que finalmente se aprobó al cierre del 2018. Letona, por su parte, cuestionó la iniciativa cuando fue parlamentaria. Ella, en cambio, presentó un proyecto que proponía la creación de una superintendencia distinta a la SBS para fiscalizar a las cooperativas. 

Sobre Vásquez, Castro y Letona, sin embargo, no hay investigación. Más allá del conflicto de interés -como veremos más adelante-, el documento fiscal no menciona que los aspirantes a colaboradores tengan conocimiento de sobornos en sus casos.

LOS TESTIMONIOS

“El proyecto quedó totalmente estancado, nunca llegó al Pleno hasta el siguiente período legislativo”, recuerda el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Se refiere al proyecto de ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas y que en el período 2011-2016 quedó engavetado por la oposición de distintas fuerzas políticas. Recién fue aprobado en el siguiente Congreso. 

Sobre la postura de Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón, García Belaúnde apuntó: “Ambos se opusieron. Y mucha gente más. Yo tenía la sospecha de Eguren”.

En los últimos dos años, la Fiscalía ha recabado detalles sobre los presuntos sobornos pagados a ambos exparlamentarios. Los testimonios más contundentes son los que aluden a Eguren, exmilitante del PPC, quien no quiso participar de este reportaje.

“Debo señalar que el señor René Manrique pagaba por unos supuestos servicios inmobiliarios al señor Juan Carlos Eguren, quien era congresista de la República. Así constaba en los recibos por honorarios que eran girados a nombre del entorno familiar del congresista. Estamos hablando del año 2015, 2016, cuando se discutía el proyecto de ley que disponía la supervisión de la cooperativa por parte de la SBS”, dijo el colaborador de código 1909-2019 al fiscal especializado en crimen organizado Arturo Mosqueira.

También contó que quien giraba los recibos por honorarios por «asesoramiento inmobiliario» a la cooperativa era la esposa de Eguren, Narda Mendoza Olivera. Lo hizo -dice el testigo- de manera mensual entre los años 2011 y 2016, y por más de S/340.000.

El testimonio señala, sin embargo, que los supuestos trabajos realizados por Mendoza eran ficticios. “La cooperativa nunca recibió ningún servicio inmobiliario de la esposa del congresista, quien es la que giraba los recibos […] la señora Narda no acudía a la cooperativa a prestar asesoría, ni presentaba informes, ni trabajos. Las únicas veces que iba a la cooperativa era para cobrar”, apuntó.

Con este testimonio, la fiscalía accedió al sistema informático de Prestaperú y encontró los pagos girados a Mendoza. Los desembolsos eran mensuales y fluctuaban entre S/5.555 y S/7.700. La esposa de Eguren cobró, según el Ministerio Público, entre el 15 de setiembre del 2011 y el 15 de setiembre del 2016. Las fechas coinciden con el paso de Eguren por el Congreso.

El mismo colaborador también habla de pagos directos al excongresista por S/17.000 el 5 de setiembre de 2012 y de tres pagos por más de US$4.000 “que se contabilizaron como gastos de la cooperativa en junio de 2012”. Los pagos directos a Eguren por parte de la cooperativa ya habían sido revelados por Panorama en el 2016.

Otro testimonio da luces de cómo empezó la relación de Eguren con Prestaperú. El aspirante a colaborador con clave 2808-2020 dio detalles sobre una reunión entre mensajeros del gerente de la cooperativa y el entonces congresista. El encuentro se habría dado el 2011 en Arequipa, antes de que se presentara el proyecto de ley.

“Samuel Polanco y César Ortiz [los mensajeros] acuden a la oficina del congresista en la ciudad de Arequipa, ubicada en un segundo piso en la Avenida Independencia. En esa ocasión se concertó una cita entre el congresista y el gerente general de Prestaperú [René Manrique]. Tengo conocimiento que en dicha visita a la oficina del congresista, se quiebra la silla de este y, enterado de lo sucedido por sus funcionarios, René Manrique dispone que se le entregue una silla ejecutiva del almacén de Prestaperú, lo que sucede el mismo día”, contó.

Luego, se lee en su declaración, ocurrió una reunión entre Eguren y Manrique. “En los siguientes días se reúnen Manrique Cusirramos y el congresista Eguren en las oficinas de Prestaperú, y acuerdan un apoyo mensual de S/5.000. Según Manrique Cusirramos, [esto fue] con el propósito de que el congresista asista a los eventos que realizaba Prestaperú, como cursos e inauguraciones, pero posteriormente con el fin de que el congresista se oponga a los proyectos de reforma de la Ley General de Cooperativas”, dijo el aspirante a colaborador. La Fiscalía sospecha que esos fueron los pagos que se concretaron a través de la esposa del exparlamentario.

La presencia de Eguren en eventos de la cooperativa se evidenció en agosto del 2014. En una publicación de la revista especializada Mundocoop, se le ve participando de la inauguración de la sede de Magdalena del Mar de Prestaperú. Incluso tomó la palabra. “Les debo presagiar, mi querido René, que si en estos 10 años se saltó tanto y se creció de esta manera, entonces Prestaperú no va a durar mucho porque dentro de unos años va a ser Prestamérica”, dijo Eguren, según la transcripción de la revista.

En el mismo evento estuvo Gustavo Rondón, entonces congresista de Solidaridad Nacional. El médico también tomó la palabra y lanzó una arenga a favor de la cooperativa: “Viva Prestaperú”. Consultado por Sudaca, el excongresista señaló que “ese entusiasmo se explica porque era una empresa de Arequipa que se estaba presentando a nivel nacional”. “No responde a otra situación”, juró.

Pero el colaborador 1909-2019 también lo puso en el radar de la fiscalía. “Presta Perú le pagaba sin justificación alguna, consignando recibos a terceros por servicios inmobiliarios, lo cual no era cierto”, señaló en referencia a Rondón.

El intermediario de los pagos, de acuerdo al colaborador de clave 2808-2020, habría sido su hermano Leopoldo. “Tengo conocimiento de que también se hicieron pagos al congresista Gustavo Rondón Fudinaga utilizando una modalidad parecida. Es decir, primero se reúne el señor Guillermo Manrique con el congresista Rondón en el local de Prestaperú y, posteriormente, Manrique comunica el acuerdo de abonar a la cuenta de su hermano Leopoldo. No recuerdo el monto exacto de lo que cobraba”, señala este testimonio.

La Fiscalía accedió al registro de compras” de la cooperativa y corroboró la entrega de dinero a favor del “proveedor” Leopoldo Rondón “por cantidades que fluctúan entre los S/1.000 y S/2.000 mensuales, durante el periodo del 17 de diciembre del 2011 al 29 de febrero del 2016, y que suman S/104.000”. El período de los pagos también coincide con el tiempo en que Rondón fue congresista.

“Lo que él [su hermano] tiene es la factura, los pagos. Me dice que no tiene problema, porque él acredita todo con su contrato por publicidad”, responde Rondón a Sudaca. El aspirante a colaborador, sin embargo, señala que los servicios eran sobre temas inmobiliarios y no publicitarios. 

El exparlamentario rechaza cualquier vínculo turbio con Prestaperú y señala que no participó en la elaboración de proyectos sobre cooperativas. “No recuerdo haber participado en la comisión de Economía, no es mi especialidad”, dice.

EL ASESOR

El aspirante a colaborador 1909-2019 también contó que se le pagaba a un asesor de comisiones presididas por fujimoristas que ocuparon curules en el período 2016-2020. Se trata de Miguel Vásquez Cárdenas, un extrabajador de Prestaperú y opositor en aquel entonces a la ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas. Aunque no hay investigación por sobornos, como con Eguren o Rondón, sí hay detalles que llaman la atención.

El testimonio dice, por ejemplo, que se usó fondos que debían ser destinados a otros asuntos para hacer los pagos. “Se utiliza esta cuenta de ‘Descuento Tardanzas’ para pagar dos vales con la glosa ‘VAL MV’ el 5 de junio y 31 de julio de 2018 por un monto de S/12.625 soles al señor Miguel Vásquez Cárdenas, quien era asesor del Congreso de la señora Úrsula Letona y que había trabajado antes en Prestaperú”, se lee.

Consultada por Sudaca, Úrsula Letona dice recordar a Vásquez como uno de los asesores de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización y Desarrollo Económico (OCDE) que ella dirigía el 2017. El 2018, Vásquez fue asesor de la comisión de Defensa del Consumidor, que presidía Miguel Castro Grandez.

La fiscalía accedió a un correo electrónico enviado a la entonces gerenta de operaciones de Prestaperú que detalla los pagos a Vásquez Cárdenas entre el 2016 y el 2018 por un total de S/15.890. Los pagos coinciden con el tiempo en que Vásquez trabajó para los fujimoristas.

Vásquez Cárdenas dice que trabajó en Prestaperú entre el 2015 y el 2016. Y señala que los montos del 2017 y 2018 debieron ser por consultorías externas. “El trabajo que desempeñé con los congresistas que usted alude no tenía nada que ver con la temática cooperativa”, responde el licenciado en cooperativismo.

Pero Vásquez se enfrenta a sus propias declaraciones. Y es que a la par que Prestaperú le giraba los montos ya mencionados, en octubre del 2017 participó de un evento organizado por la Conferencia Nacional de Cooperativas del Perú. De acuerdo al portal Ojo Público, el asesor expuso un análisis sobre los “efectos negativos” del dictamen que proponía la supervisión de las cooperativas. 

«Es un documento de mi autoría, pero por encargo de la congresista Letona, quien me ha pedido que redacte un documento que va a ir a la comisión de Producción como un aporte de su despacho al proyecto de ley», dijo Vásquez, como quedó registrado en una edición de la Revista de las Cooperativas.

Miguel Vásquez prefirió no responder cuando le mencionamos esa cita. Úrsula Letona, por su lado, señala que ella nunca le pidió documento alguno sobre el tema de cooperativas.

Aquel 2018 fue un año álgido para el debate de la ley de supervisión de las cooperativas. Y el fujimorismo se oponía ferozmente, recuerda García Belaúnde. “Fuerza Popular no lo quiere aprobar [el proyecto de la SBS y García Belaúnde], sino que quiere impulsar el proyecto de Úrsula Letona, pese a que la SBS es la que fiscaliza a todas las entidades financieras. Quieren distraer y dar una excusa para ganar tiempo”, declaró ese año Gino Costa. 

La excongresista naranja, sin embargo, niega que ella haya sido una opositora del proyecto, pero dice que “consideraba que era necesario hacer modificaciones al dictamen”. “Lo que hice fue hacer cuatro observaciones al dictamen de la ley. Todas fueron incorporadas”, asegura.

APORTES NARANJAS

Los vínculos entre las cooperativas y el fujimorismo, sin embargo, no terminan allí. René Manrique Cusirramos, el gerente de Prestaperú, postuló al Congreso por el fujimorismo hace cinco años. Fue invitado, según él mismo declaró, por el polémico Joaquín Ramírez.

Manrique tenía el número 2 en la lista de candidatos naranjas por Arequipa. Fracasó en el intento, pero no parece haber perdido plata. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Manrique se apropió de S/450.911 de Prestaperú para financiar su campaña.

“La forma en que Manrique Cusirramos se apropió de diferentes sumas de dinero de la cooperativa para su campaña electoral consistió en retiros directos de la caja, justificando los egresos con la suscripción de “vales” con cargo a devolver. Los retiros fueron realizados en diferentes agencias de la cooperativa”, se lee en el requerimiento de detención preliminar. 

Para ese momento, Manrique había creado otra cooperativa a la que bautizó como La Nueva, que recibía a la vez préstamos de Prestaperú. Fue a través de esta nueva firma que pagó la deuda que generó su campaña. Además, recurrió a cuentas de Prestaperú que estaban destinadas a otros asuntos. Así lo contó el aspirante a colaborador eficaz de código 1909-2019.

René Manrique también aportó S/112.323 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori aquel 2016, según el reporte de la ONPE. Hoy está detenido junto a exsocios y familiares que, según la Fiscalía, lo ayudaron en sus fechorías. Lo que sigue es la prisión preventiva.

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