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La buena suerte de los aportantes de Perú Libre

Por: 7.11.2021

Entre el  16 y 17 de mayo de este año, Percy Anibal Chávez Lume, un militante de Perú Libre, tomó una buena decisión para su futuro profesional: aportó S/ 5.900 en especies para la campaña de Perú Libre, que consistió en la entrega de 500 polos, 20 gigantografías y 200 banderines, según información de la ONPE. Desde agosto, trabaja como asesor principal en el despacho del congresista Abel Reyes Cam y tiene un sueldo de categoría «nivel 9» (entre S/8.096 y S/.8.899).

Chávez Lume y Reyes, además, son socios de Kausachum SRL, dedicada al rubro de la construcción. El congresista posee el 97% de las acciones, su padre el 2% y Chávez el 1%. El 27 de agosto de 2019, a pocos días de que  Vladimir Cerrón sea suspendido en el cargo por una sentencia judicial de corrupción, la empresa obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Junín por S/ 30.000 para la elaboración de un estudio de preinversión. Llamamos al congresista Reyes para que nos dé detalles, pero no contestó al cierre de esta edición.

Similar es el caso de Segundo Diego Rojas Sánchez. El 23 de abril de este año realizó un aporte de S/3.300 para cubrir el alojamiento y la alimentación para la comitiva de la campaña del lápiz que llegó a Chiclayo. Lo hizo a pesar de que era militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 12 de mayo de 2014. Su aventura en el partido de Acuña acabó el 20 de octubre con su renuncia. Nueve días después, el 29, fue nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

El pasado 29 de octubre, el aportante Segundo Diego Rojas Sánchez es nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

 

Otro caso llamativo es el del empresario Mauro David Gonzales Caballero, amigo de Pedro Castillo y frecuentemente voceado para varios cargos públicos. Después de aportar a la campaña de Perú Libre, él no obtuvo un puesto laboral en el Estado -al menos de manera oficial- pero sí su tío.

En junio de este año, Mauro Gonzales, director de Radio Disco SA (990 AM), el nombre legal de la pro oficialista Radio Latina, realizó un aporte de banners, polos y banderines valorizados en S/12.000. En julio, después de que Pedro Castillo ganó las elecciones, el propietario de  la radio, su tío David Caballero Llanos, fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. 

 

 

El pasado 30 de septiembre, David Fernando Caballero Llanos fue designado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

 

Gonzales Caballero, que es bachiller en Derecho y Administración de Empresas, dice a Sudaca que “es normal” que esto suceda. “Si cumples el perfil, estás apto para el puesto y te llaman, ya pues… Bienvenido, ¿no?”, apunta.

Dice que ese es el caso de su tío, quien es abogado y, según él, posee experiencia en el sector público desde 1989. “Algunos me han ofrecido cargos y no cumplía con el perfil, y no he aceptado. Soy joven, tengo 26 años y los requerimientos de los puestos en el Estado son altos”, reconoce Gonzales.

Pero no descarta ocupar un cargo público en esta gestión. Por el momento, asegura, le da consejos en diversos temas al presidente Pedro Castillo, porque es “mi amigo». Anuncia que mañana lunes inaugurará el nuevo canal Nacional TV, que asegura “no será oficialista”. Veremos.

No todos son puestos en el gobierno central ni en el Congreso de la República. Un caso, plagado de irregularidades, es el de Ángela Ivette Hurtado Caballero, subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín desde julio del 2020. El pasado 1 de marzo de este año, Hurtado realizó un aporte de S/500 en efectivo a la campaña del lápiz.

 

La subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín, Ángela Ivette Hurtado, realizó un aporte de S/500 (ver foto arriba). Y, después, la radio ‘Sudamericana’, que es de su propiedad, obtuvo un contrato de S/450 con el propio Gore-Junín. La ley de contrataciones del Estado se le prohíbe por ser funcionaria.

 

La funcionaria, según su declaración jurada, es gerente titular y accionista mayoritaria de ‘Radio Sudamericana-Señor de Muruhuay’, un conocido medio de comunicación que diariamente transmite noticias en la tierra de Vladimir Cerrón.

Luego de 22 días de haber hecho su aporte a la campaña, el 23 de marzo, la radio obtuvo un contrato por S/450 para difundir publicidad del proceso de admisión 2021 del instituto Adolfo Vienrich. El monto desembolsado provenía de la Dirección de Educación del gobierno regional donde ella es funcionaria. Nadie advirtió la irregularidad.

La contratación de radio ‘Sudamericana’ con el Gore-Junín ha quedado registrada en el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

El experto en procesos electorales, José Tello, asegura a Sudaca que, de acuerdo a Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225), un funcionario de una entidad pública no puede ser dueño o accionista de una empresa privada que gane licitaciones o contratos con el Estado porque habría “conflicto de intereses”, como es el caso de Ángela Hurtado, también militante de Perú Libre. “El impedimento es bastante preciso y acá no hay mayor interpretación”, dice el experto.

Desde el 17 de julio de 2020, fecha en la que Hurtado ocupa el cargo, su medio de comunicación ha ganado contratos con el Estado por un monto total de S/59.987,16, con el gobierno regional de Junín, la municipalidad de Tarma y la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Sudaca se comunicó a su teléfono y un allegado a ella dijo que nos iba a devolver la llamada, pero al final esta no se concretó. Parece que ser aportante del lápiz no solo la ha ayudado a hacer crecer su negocio, sino también a tener luz verde para seguir ganando contratos con el Estado sacándole la vuelta a la ley.

La personera legal de Perú Libre, Ana María Códova, dice a Sudaca que son las instituciones que han contratado los servicios de Hurtado las que deben pronunciarse.  

Aportes de Campaña de Perú … by Juan C Chamorro

Este es el conjunto de informes de los aportes de campaña de las elecciones generales del 2021, entregados por Perú Libre a la ONPE.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Miguel Quispe Soto, asegura a Sudaca que en este momento se encuentran en un “proceso de verificación” de todos los reportes de rendiciones de gastos y aportes entregados por los partidos políticos a esa entidad.

“Si hubiese casos que ameriten una mayor indagación, la examinación de un aportante o de una situación dentro de una rendición de cuentas, nosotros daremos cuenta de esa situación. Tenemos las sanciones administrativas dentro de la ley, pero también pueden existir indicios penales. Una vez después que haya concluido todo el análisis, se reporta y se va a concluir con un informe técnico ”, advierte el funcionario.

 

 (*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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Cerrón, Chota, Junín, ONPE, PedroCastillo, PeruLibre, Sombrero

Faenón en Junín: funcionarios de Cerrón en la mira de la Contraloría

Por: 5.11.2021

La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.

LO QUE EMPIEZA MAL…

Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.

De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.

El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%). 

A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.

HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.

Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.

Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.

A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?

 

CERRONISTAS EN ACCIÓN

Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.

Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.

Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.

Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.

El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640. 

Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.

De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.

Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.

Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.

Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.

La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.

Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.

Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.

Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.

Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.

Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.

Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.

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Cerrón, contraloria, Junín

El golpe en la mesa de la primera ministra

Por: 4.11.2021

Mirtha Vásquez contraataca. La primera ministra ha pasado a la ofensiva tras la andanada de puyas que recibió del ala dura de Perú Libre en las últimas semanas. Por ahora, ha prevalecido.

En su afán por desmarcarse de cerronistas y radicales, por ejemplo, en la tarde de ayer miércoles convocó a  congresistas del bloque moderado de la bancada oficialista. El objetivo de la reunión: granjearse su apoyo con miras al debate del voto de confianza de hoy. “Nos dijo que esperaba de nosotros apostar por la confianza y la gobernabilidad”, cuenta a Sudaca el legislador José Bálcazar, representante del ala magisterial del lápiz.

Desde que asumió el premierato, Vásquez marcó distancia de Cerrón y compañía. Cambió, por ejemplo, el contenido de la Política General de Gobierno aprobada por el ex primer ministro Guido Bellido, que no llegó a ser publicada por él antes de su caída. “Yo dejé firmada la Política General de Gobierno concordante con el ideario político de Perú Libre [con temas como la renegociación de contratos], pero lo que se publicó no corresponde a nuestro ideario”, asegura el propio Bellido a Sudaca. 

La política general para el quinquenio 2021-2026 que la premier, finalmente aprobó, fue publicada el 16 de octubre en el diario “El Peruano”. No aborda temas polémicos, como la Asamblea Constituyente o la renegociación de los contratos.

La primera ministra también frenó la destitución de Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según una fuente de Perú Libre. Como reportó Sudaca, Bellido le había pedido la renuncia a Moreno a través de un emisario, cuando era primer ministro. El partido del lápiz quería colocar en el puesto a Paco Gavidia, excandidato al Congreso por Alianza Para el Progreso, según la misma fuente.

Los ataques contra Mirtha Vásquez se habían intensificado en las últimas semanas. El ala dura perulibrista le llama –principalmente– “caviar”, en tono despectivo. Ella devolvió el golpe el 29 de octubre: ese día dio por concluido el nombramiento del militante de Perú Libre, Braulio Grajeda, como viceministro de gobernanza territorial en la PCM. En ese puesto, Grajeda se encargaba de monitorear los conflictos sociales. 

Dos fuentes de la PCM alegan que Grajeda no dio la talla para el cargo ante la ola de protestas que sacuden el país, como la quema del campamento minero Apumayo, en Ayacucho, y la huelga en la comunidad de Aquia, en Áncash, contra las operaciones de Antamina. “Tenemos que volver a un enfoque preventivo de los conflictos. Todos estos años la única estrategia que se ha utilizado es la estrategia represiva”, dijo Vásquez a Canal N el 31 de octubre.

Braulio Grajeda
Braulio Grajeda Bellido, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, expectorado por la primera ministra Mirtha Vásquez. Es militante de Perú Libre y cercano a Cerrón. Foto: Facebook de Braulio Grajeda.

 

CHAU, CUOTA DE BERMEJO

Un día después, el 1 de noviembre, Vásquez vio una oportunidad de oro para deshacerse de Luis Barranzuela –exabogado de Vladimir Cerrón– como ministro del Interior. Según un informe de Latina, Barranzuela celebró una fiesta en su casa de Surco por el Día de la Canción Criolla, a pesar de la prohibición para realizar reuniones sociales. El propio ministerio que él dirigía comunicó que este tipo de celebraciones quedaban prohibidas.

Como explicó Sudaca en un reciente informe, la premier ya tenía entre ceja y ceja a Barranzuela –quien llegó al puesto recomendado por el congresista Guillermo Bermejo–, porque no lo consideraba idóneo para el cargo. Para Vásquez, el exministro del Interior tenía agenda propia y era un promotor indirecto de paros cocaleros al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. No consiguió removerlo antes porque el exmayor de la Policía tenía el respaldo del presidente Pedro Castillo, dice una fuente de la PCM. 

Pero a la primera ministra no sólo le incomodó la juerga. También que Barranzuela haya reconocido, en el comunicado que sacó para defenderse, que coordinaba asuntos de gobierno con personas ajenas al Ejecutivo, como los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, presentes en el festejo. “Esa fue una demostración de que Barranzuela tenía un juego propio”, dice una fuente cercana a Vásquez.

Y es que Barranzuela dijo en su comunicado que aquella noche tuvo una reunión vía Zoom con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para tocar el tema de “los conflictos al interior de nuestro Perú”. ¿Qué hacían, entonces, Atencio y Noblecilla en medio de aquella cita?

Así las cosas, el pulso en el gobierno se elevó el lunes 1 de noviembre, el día de los Muertos. Mirtha Vásquez le envió un oficio al todavía ministro para que explique por qué realizó una reunión social pese a las restricciones por el coronavirus. No le pidió una reunión presencial. 

“Yo advierto que hay una animadversión de la primera ministra al emplazar de manera escrita al ministro”, dice Ronald Atencio, abogado de Luis Barranzuela y del congresista Guillermo Bermejo. Atencio, sin embargo, no quiso responder sobre el ‘tono’ en Surco.

Barranzuela dio su versión a la premier también mediante un escrito, pero la jefa del Gabinete lo consideró “inaceptable”. El exmayor de la Policía intentó aferrarse al cargo buscando el respaldo de Pedro Castillo. Vásquez, sin embargo, condicionó su permanencia en el Ejecutivo a la salida de Barranzuela, durante un encuentro con el presidente que se produjo a las seis de la tarde del martes 2 de noviembre.

“La primera ministra le dio una suerte de ultimátum al presidente diciéndole que resuelva [la salida o permanencia de Barranzuela] el martes”, dice una fuente cercana a la premier. A su círculo de confianza, la primera ministra le contó que había presentado su renuncia, que desde el gobierno le habían pedido que no se fuera y que les había dado como plazo hasta el cierre del día. A sus más allegados les comentó que había límites que no estaba dispuesta a cruzar, según pudo conocer Sudaca. 

Y así fue como Vásquez le ganó la pulseada a Barranzuela, quien se vio forzado a renunciar. Esta mañana juró como nuevo ministro del Interior Avelino Guillén, quien marcó distancias con Vladimir Cerrón en la campaña electoral. “Mi deslinde es claro y contundente con el señor Cerrón. En relación a su participación o no, a quien le corresponde señalar -y lo ha dicho y respaldo la posición- es al profesor Castillo, quien ha dicho que el señor Cerrón no va a tener participación en el Ejecutivo”, dijo Guillén a la prensa.

 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, exministro del Interior, perdió en el pulso con la jefa del Gabinete. Foto: Facebook de Luis Barranzuela.

 

BANCADA DIVIDIDA

Tras todo ello, y en su afán de reducir al máximo la influencia del radicalismo de Perú Libre en el gobierno, Vásquez pactó el encuentro de ayer con los legisladores del bloque moderado que reseñamos al inicio de este informe. La premier se reunió con once parlamentarios, mientras circulaban nuevas versiones de un rompimiento de la bancada de Perú Libre. 

Esto, tras una columna de Vladimir Cerrón que se publicó en la página oficial del partido el 31 de octubre. En el escrito se lee que sólo falta “oficializar” la ruptura porque “la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes: de la militancia nata del Partido y los aliados del sindicato magisterial”.

Los parlamentarios moderados anuncian que le darán su respaldo. “Conversamos de que el rumbo del presidente Castillo no se va a desviar y vamos a respaldarlo”, dice el parlamentario Óscar Zea, integrante de ese bloque. “La idea es trabajar para lograr avances en el país. Yo le puedo ratificar que voy a darle el voto de confianza a este gabinete”, dice, por su parte, Luis Kamiche, legislador también alineado con ese grupo. 

Los cerronistas, en cambio, ratifican que no le darán tregua a la primera ministra. “Nosotros vamos a votar en contra de Mirtha Vásquez. Es un voto de rechazo hacia ella. No tenemos por qué respaldarla”, dice el congresista y exprimer ministro Guido Bellido. 

Bellido dice que él no se haría problemas en caso la bancada de Perú Libre se fracture. Y marca distancia con su colega Guillermo Bermejo, quien está más cerca al presidente de la República en las últimas semanas. Bermejo es convocado a Palacio por el presidente cada vez que hay una crisis política. Ayer no fue la excepción.  

“[Si la bancada se divide,] no creo que Bermejo esté con nosotros. ¿Qué haría con nosotros? Los que tienen agenda propia terminan solos. Siempre”, dice Bellido. Las tensiones no tienen cuándo acabar.

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Luis Barranzuela, Mirtha Vasquez

Ordenan embargar cuentas de Latina por el caso Berríos

Por: 2.11.2021

La periodista Perla Berríos sigue lidiando con el que fue su lugar de trabajo por casi diez años: la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, mejor conocida como Latina. El canal que decía “hacerse cargo” se negó a pagarle los intereses legales de la indemnización que recibió tras ganar un juicio por despido indirecto en el 2018. Por eso, en enero el Poder Judicial ordenó el embargo de las cuentas de la empresa. El proceso para cobrar el dinero, sin embargo, aún debe pasar por varias etapas para hacerse efectivo.

La cifra -S/11.509- no es significativa para los dueños del canal, el fondo de inversión Enfoca, controlado por el ‘Zuzo’ Zamora, cuyos accionistas mayoritarios están domiciliados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El fondo también tiene millonarias inversiones en la red de clínicas Auna, la pesquera Diamante, la empresa de servicios aeroportuarios Talma, entre otros negocios. 

Este es el colofón de una historia de injusticias que empezó a fines del 2015, cuando Perla Berríos se negó a leer publicidad como si fuese contenido informativo en el noticiero ‘90 Segundos’. El hecho le costó el puesto por presunto “incumplimiento de contrato”.

La periodista recuerda que fue retirada del aire, le dijeron que no regrese a trabajar e, incluso, no la quisieron dejar entrar al canal. Ella mandó una carta para que cesara la hostilización en su contra, dirigida a varias gerencias, incluídas la de recursos humanos y la de noticias.

“La hostilización en una empresa o institución empieza con un jefe que decide desconocer un contrato o desnaturalizarlo. Y luego la empresa o institución pública lo secunda. Es muy fácil decir: ‘no me gusta lo que haces o quién eres, entonces te maltrato, te congelo, te aislo porque, como en teoría tengo el poder, entonces puedo mandarte a hacer lo que se me venga en gana’. Y eso no es así”, dice Berríos a Sudaca.

La empresa, cuenta, no reconoció la falta. Entonces, ella se dio por despedida y acudió al Poder Judicial. Allí ganó en primera y segunda instancia el caso por despido indirecto. En mayo del 2018, la Corte Superior ordenó a Latina pagarle su indemnización, CTS, vacaciones y gratificaciones. La empresa quiso seguir el caso mediante una casación, pero terminó retirando el recurso, aseguran desde la defensa de la periodista.

Latina finalmente cumplió con pagar la indemnización, pero debía hacer lo mismo con los intereses que se habían generado desde que la periodista fue injustamente despedida, a fines del 2015, hasta que les ganó el juicio. El monto fue calculado por un perito judicial en septiembre del 2018 “no habiendo ninguna de las partes presentado recurso de observación alguno contra la liquidación de intereses legales y financieros”, según una resolución posterior.

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Izquierda: el requerimiento del juzgado de marzo del 2020 para que Latina pague los intereses. Derecha: la decisión de embargar sus cuentas de enero de este año. Tiene un error de tipeo en el nombre de la empresa.

Aquel fallo fue la primera advertencia para que el canal pague. En vista de que no cumplió, a inicios de este año se tomó la decisión de embargar sus cuentas. El pasado 20 de enero, el 19° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente dispuso “trabar embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias que pudiese tener la empresa demandada”. El siguiente paso era que los bancos respondan al Poder Judicial si registraban alguna cuenta a nombre de la empresa.

Entre mayo y junio, el BCP, Interbank, el BBVA y otros enviaron oficios al juzgado, según se puede ver en la web de consultas de expedientes judiciales. El contenido de aquellas cartas no está en el sistema. De tener cuentas de la empresa en sus centros financieros, el juzgado cobrará el dinero para luego transferirlo a Berríos.

“Hoy me río, porque ya gané y sé que el pago se dará tarde o temprano. Pero en su momento padecí tremendamente”, dice la periodista.  Cuando se produjo su despido, tenía siete meses de embarazo. A pesar de su situación, dice, Latina nunca se mostró dispuesta a cumplir ni siquiera con el pago de su liquidación. Tuvo que acudir a la Sunafil luego de dar a luz.

“Recién había dado a luz y Latina no quería ni pagar mi liquidación, que no estaba judicializada y que por derecho me correspondía. Acudí a la Sunafil, hicieron una inspección y les dieron 24 horas para pagarme”, recuerda. Terminó cobrando el dinero luego de un mes y medio. Fue el primer paso de un largo proceso.

Berríos ahora está a la espera de cerrar definitivamente el capítulo más incómodo de su carrera profesional. Aún falta que Latina le devuelva también los “costes y costos” del proceso, entre ellos los honorarios de su abogado. El asunto podría derivar, visto lo visto, en otro embargo.

El caso de la exconductora de Latina podría ser usado en los tribunales por otros periodistas que enfrenten este tipo de abusos de parte de sus empleadores. “Nada más bajo que jugar con la estabilidad laboral de alguien que necesita el trabajo para darle de comer a su familia. En mi caso, pude defenderme gracias al estudio Blancas Bustamante, por eso le digo a las personas que no se dejen. Hay que ir de frente, no son todopoderosos”, apunta Berríos.

Sudaca se comunicó con Latina por varios medios, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron al pedido de descargos. Quizá estaban entretenidos con alguna de sus novelas turcas.

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latina, perla berríos, Poder Judicial

Exoperador de Montesinos es el gurú jurídico de un congresista fujimorista

Por: 1.11.2021

Luis Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, tiene un gurú jurídico y político. Se trata del controvertido exjuez Alejandro Rodríguez Medrano, quien fue considerado un alfil del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. Rodríguez fue condenado a ocho años de prisión en el 2000 por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.

El exmagistrado, conocido como ‘El Chino’,  figura como encargado del departamento jurídico en la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por el legislador Cordero en el 2016. Rodríguez Medrano, además, fue el invitado estrella en varias ediciones de un programa que tuvo el parlamentario hace tres años en el canal de esa asociación. En aquel espacio, el exhombre del ‘Doc’ se despachaba a su gusto, clamaba su inocencia y defendía a Alberto Fujimori. 

Los dos han demostrado simpatía por el fujimorismo. Uno de los programas que transmitía la asociación, vía YouTube, sirvió para blanquear la imagen del sentenciado exjuez Rodríguez Medrano y darle tribuna como una autoridad en los asuntos legales y hasta políticos. Grabaron unos veinte programas. Cordero le daba pase para que emita sus “valiosas opiniones” sobre temas de coyuntura y, especialmente, sobre el caso judicial de “El Chino” Rodríguez Medrano, como veremos más adelante.

2018. Link de Youtube del programa de la asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero, con Alejandro Rodríguez Medrano como invitado estelar. El espacio hacía una cerrada defensa de Fujimori y proclamaba la inocencia del controvertido exmagistrado.

No es lo único. Ambos están vinculados a la masonería, ya que pertenecen al Supremo Concejo del Grado 33. “Él [Cordero] pertenece a la misma logia que yo. Yo lo conozco hace años. La Cámara Perú Asia Pacífico me permitió salir al aire”, cuenta a Sudaca Rodríguez Medrano, quien dice desconocer que aparece como encargado jurídico de la asociación fundada por Luis Cordero. Esto a pesar de que su nombre  figura -al cierre de la edición- en la web. “No lo veo hace dos, tres años”, añade. 

Rodríguez Medrano, de 77 años, anda encorvado por una operación en la columna. Su apariencia inofensiva de hoy contrasta con un polémico pasado, donde fue el hombre fuerte del Poder Judicial en tiempos de Fujimori y Montesinos. “Si quieres creerme, créeme. Yo creo en Dios y punto. Él sabe lo que he hecho y no he hecho”, dice. 

La historia de este oscuro personaje, ahora cercano al congresista fujimorista Luis Jon Tay, empezó en 1995. Ese año fue nombrado presidente de la Corte Superior de Lima a pesar de que solo era un juez provisional, según consta en archivos periodísticos y documentos judiciales. 

«‘El Chino’ Rodríguez Medrano fue el principal operador de la mafia de Montesinos en el Poder Judicial durante buena parte de los años noventa. Se convirtió en un instrumento fundamental del régimen de Fujimori y del propio Montesinos para manipular a la justicia en el tema de los tribunales sin rostro, en el tema de la persecución a políticos y las llamadas comisiones interventoras”, dice Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.

El propio Rodríguez Medrano reconoció ante el Congreso, apenas se desmoronó el régimen fujimorista en el 2000, que fue 36 veces al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dominado por Montesinos, aunque –según él– lo hizo para dictar charlas sobre terrorismo y narcotráfico. Aseguró que no recibió un centavo. “Mi relación con Montesinos fue profesional. Él me llamaba. Yo he sido profesor en el Servicio de Inteligencia”, dice ahora a Sudaca. 

Chino
Alejandro Rodríguez Medrano, exjuez sentenciado: ““Mi relación con Montesinos fue profesional”. Foto: Alonso Ramos.

Pero las evidencias van más allá de una relación “profesional” y dibujan a un hombre dispuesto a todo con tal de defender a Montesinos y a sus compinches. Tras la difusión del primer “vladivideo’, en septiembre del 2000, donde se vio a Montesinos sobornando con U$15.000 a Alberto Kouri, Rodríguez Medrano trató de limpiar la situación. Así lo confesó a las autoridades en esa época el propio ‘Beto’ Kouri.

El exlegislador dijo durante el proceso en su contra que, para tratar de arreglar la situación, Rodríguez supervisó en el SIN la declaración que dio, apenas estalló el escándalo del soborno, a una fiscal ligada al fujimontesinismo  

Rodríguez Medrano cayó, finalmente, a inicios del nuevo milenio. El exhombre fuerte del Poder Judicial fue denunciado en el 2000 por presionar a la entonces jueza provisional y hoy procuradora antidrogas, Sonia Medina, para que falle a favor de Enrique Escardó, director de la revista ‘Gente’, en una querella por presunta difamación que le entabló al periodista Hugo Guerra, entonces editor de ‘El Comercio’. ‘Gente’ era una publicación afín al régimen fujimorista.

Según contó Sonia Medina en el proceso, Rodríguez Medrano la convocó a su oficina, le habló de su amistad con Enrique Escardó y dijo que le interesaba ese proceso. Medina, indignada, se retiró de la oficina. En represalia fue separada del cargo. La ahora procuradora antidrogas dio a conocer el hecho ante los medios y todo desencadenó en un proceso judicial contra el entonces poderoso juez.

Rodríguez Medrano fue condenado a ocho años de prisión por este caso y a un pago de reparación civil de S/500.000 soles. Salió de la cárcel en el 2008. 

VIDAS PARALELAS

Por su parte, Luis Cordero Jon Tay inició su aventura política en el fujimorismo en el 2011. Aquel año postuló sin éxito al Congreso por Fuerza 2011, el embrión de Fuerza Popular. Él es hermano de la también actual parlamentaria fujimorista Pilar Cordero. Y ambos son allegados al expresidente Alberto Fujimori, de acuerdo a fuentes del partido naranja.

En el 2012, por ejemplo, Pilar Cordero saltó a la palestra por visitar con frecuencia al exmandatario en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, fuera del horario de visitas. 

“Yo me acerco al partido, aproximadamente, en el año 2011, por amistades afines al partido Cambio 90. Fui invitado a participar en este partido”, declaró Luis Cordero en el 2017, cuando fue interrogado como testigo en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos. 

Al ser consultado sobre el aporte de S/5.000 a la campaña de Fuerza 2011, según un reporte de la ONPE, Luis Cordero Jon Tay dijo no recordar. “De acuerdo al informe que se me presenta a la vista, no recuerdo las circunstancias en que la realicé ni a quién entregué o si suscribí algún documento al respecto. Puede ser que hayan sido [contribuciones] económicas, más no recuerdo por los años que han transcurrido”, declaró Cordero a la Fiscalía. 

Los caminos de Luis Cordero Jon Tay, actual congresista por Lima Provincias y abogado de profesión, y Alejandro Rodríguez Medrano se cruzaron en el 2018 en la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por Cordero, supuestamente, para promover el intercambio comercial entre empresarios peruanos y asiáticos.

Alejandro Rodriguez y José Carlos Feliciano
Pantallazo a la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay. Allí figura en la actualidad Rodríguez Medrano como encargado del departamento jurídico.

“Yo no debí haber estado ningún día preso”, dijo Rodríguez Medrano en una de las ediciones del programa de la asociación, argumentando que fue víctima de una persecución política. Cordero Jon Tay, quien fungía de entrevistador, intervino muy poco y sólo dejaba hablar a  sus anchas al invitado estelar. 

El espacio sirvió también para ejercer la defensa de Alberto Fujimori.  “Las denuncias [contra Fujimori] no tienen validez jurídica”, dijo Rodríguez Medrano en otra edición. Incluso, a propósito del estallido del caso Cuellos Blancos, opinó que “es una mafia que merece ser extirpada de raíz”. 

El exjuez, en sintonía con el fujimorismo, dice en la actualidad que las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo son ilegítimas. Ello basándose en tecnicismos legales, como que el Jurado Nacional de Elecciones debió proclamarlo con sus miembros completos; es decir, con cinco y no con cuatro magistrados. Le busca cinco pies al gato. 

Rodríguez Medrano no hace ninguna autocrítica y explica por qué defiende su inocencia.  “Yo no vivo con rencor. Lo que yo quiero es una garantía para mis hijos y mis nietos en un futuro. Yo estoy doblando la esquina. El hombre es pasajero. Tus actos lo reconocen después de muerto”, dice. 

Luis Cordero Jon Tay, el hombre que le tiene fe al juez que visitaba el SIN de Montesinos, no respondió a las llamadas y mensajes para este reportaje. En agosto contrató como asesora principal en su despacho congresal a la excongresista fujimorista Rosa Bartra. El siguiente mes, en septiembre de este año, Bartra pasó a trabajar en el mismo puesto para la legisladora Pilar Cordero, la hermana.

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Alejandro Rodríguez Medrano, Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay

Universitarios abandonados en la Garcilaso

Por: 30.10.2021

Los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) están en vilo. La casa de estudios enfrenta un proceso de liquidación y no está asegurada la continuidad de las clases para miles de estudiantes. La misma Sunedu les ha dado la espalda, aunque lo niegan. El pasado 31 de agosto acudieron al Poder Judicial en busca de un salvavidas.

La decisión de liquidar la universidad se tomó debido a cinco años seguidos de pérdidas, según se puede ver en sus estados financieros. A fines de 2019, la Sunedu había sancionado a la UIGV por infracciones muy graves debido al mal uso de excedentes de la universidad por más de S/77 millones y de los activos de la universidad para fines no académicos, además del incumplimiento de la Ley Universitaria. La superintendencia terminó negándole la licencia a esta casa de estudios

En ese momento, el rector era Luis Cervantes Liñán, que ocupó el cargo por más de 15 años y tenía un poder casi absoluto sobre la administración de esta casa de estudios. «Ganaba ocho veces más que el rector del MIT y como 10 veces lo que percibe el rector de Harvard. Se le acusó de al menos seis delitos, como apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir, estafa, lavado de activos, entre otros. En ese entonces, el Estado había dejado de percibir al menos S/47 millones por defraudación tributaria”, dice a Sudaca Daniel Mora, excongresista que investigó la corrupción en la UIGV.

Las millonarias multas hicieron que la gestión de la UIGV sea inviable y se sumaron acreedores que exigían el pago de millonarias deudas. De acuerdo a la última resolución publicada por Indecopi, los principales son la Sunedu con S/10.5 millones (46.8%), Prima AFP (28%), Hewlett Packard (9.8%) y sus trabajadores (7.1%), de un total de más de 400 afectados.

El pasado 28 de junio, finalmente, los acreedores y la empresa Gestión Económica acordaron la liquidación de la universidad, un proceso que debe ejecutarse en el plazo de un año. Esto porque el convenio entre ambas partes reconoce que no se puede interrumpir unilateralmente las clases.

El convenio señala, además, que se establecerán los mecanismos de continuidad de los estudios, ya sea en la misma universidad o en otra que los reciba, por lo que la empresa liquidadora «realizará el costeo del traslado de los estudiantes a las universidades receptoras». Los alumnos, sin embargo, viven un presente bastante gris.

FUTURO INCIERTO

El caos ha hecho que algunos estudiantes preocupados por el futuro se organicen en la Federación Comunidad Garcilasina, presidida por Sonia Negreiros, una estudiante de Estomatología que cursa el 10 ciclo.

Los estudiantes -dice la representante estudiantil- vinieron estudiando con normalidad hasta fines de 2019, luego vino la pandemia y en muchas carreras no se permitió la matrícula a todos los cursos. El inicio del semestre debió empezar en agosto, pero no han podido porque el rectorado, designado por la empresa liquidadora, aún no determina el reinicio de clases. Según Negreiros, en una reunión con la empresa liquidadora se les comunicó que eran cerca de 12.000 alumnos los que podrían perjudicarse con toda esta situación.

En un comunicado del 25 de septiembre, Patricia Concha, gerente general de Gestión Económica, les dijo que estaban atados de manos porque las autoridades salientes «han hecho caso omiso y no han cumplido con entregar el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles de la UIGV, hecho que perjudica directamente la prestación del servicio educativo».

Negreiros asegura, además, que se han cesado decenas de trabajadores de la universidad como parte del proceso de liquidación. “La Ley Universitaria indica que el nombramiento de las autoridades se hace en base [lo dispone el] al Consejo Universitario, pero han destituido a estos y han enviado carta de cese a los docentes ordinarios, que son constituyentes [miembros] de la Asamblea Universitaria”, explica Negreiros a Sudaca.

Cabe precisar que con el nuevo reglamento de la universidad, los órganos de gobierno son la Asamblea General de Asociados, a cargo de la Junta de Acreedores; y la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, ambos a cargo de la liquidadora.

Los estudiantes han tocado la puerta de la Sunedu en varias oportunidades en busca de ayuda. En febrero de 2021, más de 200 estudiantes le indicaron a la superintendencia que no podían obtener el registro de sus títulos, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad. El escollo era Cervantes Liñán, cuya designación no cumplía los requisitos de ley, por lo que no podía registrar más de 2.000 títulos. Con el ingreso de la empresa liquidadora a la administración de la universidad, Cervantes fue destituido a inicios de este mes.

En julio pasado, además, la federación que comanda Negreiros denunció ante la Sunedu que no se habían programado matrículas para el ciclo regular 2021-I a excepción de los de último año debido a que «no había docentes que lo dicten».

Señalaban que la transferencia de alumnos a otras universidades podría perjudicar hasta con dos años académicos no reconocidos. La denuncia también apuntaba que los egresados entre 2019 y 2020 no podían solicitar su diploma de bachiller ya que no había atención administrativa o esta era muy deficiente, pese -aseguran- a haber cumplido con sus pagos.

A fines de octubre, Sunedu les respondió y les dio apenas dos días hábiles para que adjunten una serie de documentos que respaldaran las denuncias, aun -según Negreiros- habiéndolos adjuntado desde el inicio del proceso. Les fue imposible. Hace unos días, la entidad le respondió a los alumnos que «habiendo vencido en exceso el plazo otorgado de fecha límite el 12 de octubre, no se atendió el requerimiento efectuado, por lo que, corresponde disponer el archivo de la denuncia». La respuesta les fue enviada el 26 de octubre, aunque el documento tiene fecha de 19 de octubre. En otras palabras, tiraron al tacho sus demandas.

Desde Sunedu niegan esta versión y señalan que Negreiros presentó una denuncia solicitando 7 puntos, de los cuales se le pidió que se subsane en tres y se reiteró lo mismo mediante una carta. Al no obtener respuesta, se archivó la denuncia, aunque con la posibilidad de volver a presentar evidencia posteriormente.

“La Sunedu podría contratar a profesores y administrativos para reiniciar las clases, pero quieren que los alumnos se cansen. Casi el 70% se han quedado en el aire y apenas un grupito ha podido matricularse”, cuenta Negreiros.

“[La Sunedu] tiene un área de supervisión para ver los títulos, pero luego de varios meses me piden que adjunte todos los actuados en la denuncia, evidencias de pagos que hemos realizado con dos días de plazo de vencimiento. Piensan que soy una abogada para acopiar todo eso”, agrega.

En la Sunedu explican que la responsabilidad recae en la liquidadora. Una fuente de la superintendencia consultada para este informe señala que la responsabilidad de la gestión de la universidad está a cargo de esa empresa, ya que -como acreedora- la entidad no puede ser juez y parte sobre la supervisión de la UIGV.

Los estudiantes también han intentado acercarse al nuevo rector, Julio César Villar Castillo. “Le hemos enviado una carta notarial y una persona cercana a él nos dijo que ya nos iba a contestar. Por ahora ya hay rumores de que están cotizando los locales más costosos que son las facultades de Estomatología, Derecho e Ingeniería”, dice una agobiada Negreiros.

En una reunión realizada el día de ayer entre Sunedu, algunos representantes de la universidad y empresa liquidadora, esta última informó que se está dialogando con universidades para la suscripción de convenios, pero aún sin formalizar ello y sin dar mayores detalles.

Sudaca buscó comunicarse en reiteradas veces con la liquidadora sin éxito. La Sunedu le ha otorgado a la universidad un plazo para que cese sus actividades hasta marzo del 2023. Por ahora, el 18 de octubre, el Poder Judicial admitió una demanda de acción de amparo interpuesta por los estudiantes que buscan el reinicio de todas las actividades académicas. Mientras tanto, viven con el miedo de no saber en qué han invertido sus años de juventud.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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SUNEDU, uigv, universidades

Indecopi: estos son los vínculos con empresas de quienes resuelven las denuncias

Por: 29.10.2021

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. «Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo», dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

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Indecopi, Julián Palacín, pcm

Fenate-Perú, los tumbaministros

Por: 28.10.2021

“Si sigue con la misma política [del exministro Juan Cadillo], pediremos la reorientación del ministerio y, en ese camino de reorientación, tiene que salir”, asegura a Sudaca el secretario general de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez. Se refiere al actual ministro de Educación Carlos Gallardo, excompañero de luchas de este gremio.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) no la va a tener nada fácil con la Fenate-Perú. Si pensó que iba a calmar las aguas con su reciente anuncio de que se nombrarán (entrarán a planilla) profesores que “durante años” han venido siendo evaluados, se equivocó. 

Los anuncios realizados ayer por el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en conferencia de prensa, no han caído nada bien en la Fenate.

“En el Perú, para el nombramiento, se presentan 220.000 maestros. A todos no se les puede nombrar, tienen que ser a aquellos que reúnan las competencias profesionales para el ejercicio de una docencia de calidad”, declaró ayer Gallardo durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Vamos a avanzar con una disposición […] para que quienes han pasado decenas de evaluaciones ya sean nombrados”.

El anuncio no ha caído bien en el sindicato que hizo conocido al presidente Castillo tras la huelga de 2017. Ellos demandan el nombramiento de los profesores contratados bajo la ley N°30328 -régimen parecido al CAS-, que tengan tres o más años en el sector. No solo de algunos que hayan pasado “decenas” de evaluaciones, como ha anunciado ayer Gallardo, que entienden que son los que tienen 10 años con contrato y no menos. La propuesta de Gallardo, para la Fenate, solo beneficiaría a 20 mil docentes. 

La Fenate-Perú calcula que son 100.000 profesores los que deberían ser pasados a planilla. Según cifras del gremio, hay alrededor de 350.000 ya nombrados, pero las cifras del Minedu indican que son 405.000. Una diferencia que seguro también será materia de discusiones entre la cartera que dirige Gallardo y los sindicalistas.

Otra demanda de la Fenate-Perú es la suspensión de las evaluaciones a los profesores que está programada para el próximo 13 de noviembre. También buscan el cambio del enfoque de género por el “enfoque científico” en el modelo educativo que se implementará con el nuevo currículo escolar, tal como informamos en mayo. La posición de la Fenate-Perú está plasmada en su “plan de reorientación”.

“El currículo debería tener vigencia a partir del próximo año -señala Vásquez- con la participación de padres de familia, alumnos de secundaria, alumnos de institutos y de universidades, y catedráticos”. Y añade: “Nosotros queremos una educación científica: un enfoque científico, democrático, tecnológico, humanista, porque esta educación de ahora ha descuidado la formación de valores. La cuestión de género hay que tomarlo como algo natural y no darle mayor importancia”.

El dirigente de la Fenate dice que, como las evaluaciones a los docentes “están a la vuelta de la esquina” y el ministro aún no los recibe, van a movilizarse. Aunque siguen apostando por un diálogo que hasta ahora no se da. 

La amenaza no debería ser pasada por alto. La Fenate-Perú impulsó la salida de Juan Cadillo a inicios de este mes. El gremio pidió su renuncia al presidente Pedro Castillo el 1 de octubre, en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, tal como informó Sudaca. Vásquez explicó que pidió la salida de Cadillo porque se negó “a reorientar el Minedu».

“Tarde o temprano tenía que darse [mi salida]. Yo tenía como meta, por lo menos, llegar a diciembre”, cuenta a Sudaca el exministro de Educación, Juan Cadillo, al recordar la forma en la que fue removido del cargo, el 6 octubre. Fue a través de un mensaje por Whatsapp enviado por el presidente Castillo. El exministro dice que el mandatario no le dio los motivos en el mensaje.  

Cadillo señala que los dirigentes de la Fenate-Perú “siempre se opusieron” a su nombramiento. “El sindicato expresó su malestar porque no quería que yo fuera ministro. En el equipo hablábamos que, si llegábamos a diciembre, iba a ser algo increíble”, dice.

Segundo Vásquez, por su parte, recuerda que en una reunión que tuvieron con Juan Cadillo -antes de que sea ministro- le manifestaron que el plan que tenía no favorecía a la educación nacional. “[Cadillo] sabía que íbamos a presionar, necesariamente [para su salida]“, añade.

Vásquez apunta ahora su artillería contra Gallardo y señala que, si viene actuando como hasta ahora, “no durará” en el cargo como su antecesor. “Nosotros, en nuestra huelga [del 2017] hemos traído abajo un Gabinete y lo menos [difícil] será el ministro del área”, asegura. Vásquez alude al cambio de Gabinete de setiembre de aquel año, en el que Mercedes Aráoz entró en reemplazo de Fernando Zavala.

En la Fenate están disgustados con Gallardo porque, según ellos, viene “ignorándolos”. El sindicato que fundó Pedro Castillo reclama por una fecha para que su gremio pueda reunirse con el ministro y hacerle llegar su ya mencionado “plan de reorientación”. “La secretaria de oficina de diálogo [del Minedu] nos ha dicho que estamos a la espera y primeros en la fila, pero, como buen peruano, el ministro desconoce la cola y está pasando a sus amigos [a su oficina]”, señala.

Vásquez sostiene que lo que le interesa a la Fenate-Perú “es el cambio de la política educativa”. “Y, si va a seguir con lo mismo del señor Cadillo y si es cierto que no va a cambiar, tendrá que irse el señor”, añade. Se refiere a Gallardo. 

 

TUMBARSE AL SUTEP

Con quienes sí se ha reunido Gallardo ha sido con el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre. Un día después del nombramiento en el Minedu, el pasado 7 de octubre, el ministro de Educación recibió en su despacho a los congresistas Fernando Herrera [quien falleció hace algunos días], Edgar Tello, Álex Paredes, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina.

La Fenate-Perú ha pedido la nulidad de la inscripción del Sutep. Quiere ser el único sindicato de los maestros.

 

La congresista Katy Ugarte cuenta a Sudaca que le pidieron al ministro que el sueldo de los profesores no sea menor a 1 UIT (que actualmente es de S/4.400), que implemente el servicio de internet en todos los colegios donde se realizan las clases semopresenciales, que cumpla con la entrega de laptops para alumnos y docentes, y la recuperación en el currículo escolar de cursos sacados como Educación Cívica, Economía, Filosofía e Historia del Perú (que ahora está incluido en el curso de Ciudadanía y Ciencias Sociales). 

Segundo Vásquez dice que esa cita no fue coordinada con su sindicato. “Tenemos escasas coordinaciones con la ‘bancada magisterial’”, señala.

Mientras esperan por una cita con Gallardo, en la Fenate-Perú ya se están llevando a cabo otros planes que apuntan a dejarlos como únicos representantes de los profesores a nivel nacional. El pasado 21 de octubre, el gremio envió a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, un documento pidiendo la nulidad de la inscripción del Sutep. “Le hemos pedido a la ministra de Trabajo que anule la inscripción del Sutep porque no cumple con los requisitos que le dieron en su inscripción, en 1984”, señala Vásquez.

“En la misma resolución le recomiendan que tiene que adecuar su estructura a una categoría de gremio nacional [con dos gremios regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Sindical del Ministerio de Trabajo, ROS] y no lo ha hecho. En 1995 le reiteran y tampoco lo ha hecho”, agrega. 

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, asegura a Sudaca que el artículo 57 de la ley Servir, que exige como mínimo tener dos gremios regionales inscritos en el ROS, no se puede aplicar porque es posterior a la creación de su sindicato. “La ley no es retroactiva, pero sí se le puede aplicar a la Fenate-Perú porque nació en el 2017. Esto es un tema político”, dice el dirigente, que no cree que el pedido de la Fenate prospere “porque sería algo injusto e ilegal”. Por el momento, el Sutep ya hizo sus descargos ante el Ministerio de Trabajo.

Del Sutep al Ministerio de … by Juan C Chamorro

El Sutep ha solicitado al Ministerio de Trabajo la nulidad de la inscripción de la Fenate por haber recibido supuestamente ayuda del gobierno.

De la misma forma, el 31 de agosto, el Sutep también pidió la nulidad de la inscripción de la Fenate por el presunto favoritismo de parte del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su inscripción. “Él [Maraví] fue juez y parte”, apunta Castro, y recuerda que el presidente Castillo también fue parte de ese gremio.

El ministro Carlos Gallardo, que fue la inspiración del escritor Oswaldo Reynoso para crear el personaje ‘Cara de Ángel’, protagonista del célebre libro ‘Los Inocentes’, puede estar con las horas contadas en el Minedu.

Lucio Castro señala que, a fines de noviembre, tal como lo exige la ley de negociación colectiva, vence el plazo para que los sindicatos puedan demostrar quién tiene más afiliados. “Allí se verá cuál es el sindicato que tiene mayor representatividad”, añade. Castro dice no tener problema de que ambos gremios puedan convivir en el sector educación, ya que los profesores “elegirán a qué sindicato afiliarse”. La convivencia, sin embargo, promete  conatos de bronca.

(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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