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La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

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Camisea, Combustibles, Pedro Castillo, Petróleo

La Derrama Magisterial es el siguiente objetivo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio fundado por Pedro Castillo. La institución previsional, que tiene cerca de 300.000 docentes afiliados, es un jugoso botín para este nuevo sindicato, que logró inscribirse oficialmente recién bajo el mandato del actual presidente. En concreto, tras menos de 72 horas de haber asumido Palacio.

Hoy la Derrama Magisterial (DM) está bajo el control del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), gremio vinculado al Partido Comunista del Perú-Patria Roja. El Sutep, como es de esperar, no dejará que le arrebaten tan fácilmente la gallina de los huevos de oro.

De acuerdo a sus Estados Financieros, hasta enero de 2020 la Derrama tenía activos por un valor de S/2.650 millones. Además de ofrecer créditos a sus afiliados, la institución ha invertido el dinero de los profesores -entre otros- en proyectos de vivienda y hoteles tres estrellas en Arequipa, Asia, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Ica, Nasca, Tacna y Tarapoto. También tiene una unidad de venta de retail online llamada DM Plaza y la más reciente joya de la corona: Librerías Crisol.

Esta última fue adquirida en 2016. Para esa fecha, el valor de la librería se estimaba hasta en S/36 millones, sin contar la deuda financiera. Su participación en el mercado, con una treintena de tiendas, era de más del 50% del canal moderno.

El manejo de todo ese imperio está ahora en juego. El movimiento magisterial que fundó Castillo, y que tiene irrefutables vínculos con el Movadef, cuenta con aproximadamente 50.000 afiliados y está en una activa campaña, en el sur y el norte del país, para captar más. Sudaca pudo conocer que al interior de la Fenatep hay dos vertientes sobre qué hacer con dicha entidad si llegan a tomarla. La primera es “democratizar” la participación de otros sindicatos en el directorio. La segunda: cerrar la institución y liquidar sus activos. Esta última responde a las voces más radicales de la agrupación.

Partidario de la primera opción es el actual congresista Édgar Tello, quien a fines del mes pasado ya solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la situación económica de la DM, aunque no ha tenido respuesta por el momento. “En el estatuto que el Minedu ha aprobado para la Derrama existe una condición para ser miembros del directorio y esta es ser afiliado al Sutep, lo que vulnera el derecho de la libertad sindical y de libre asociación”, se queja el parlamentario, consultado para este informe. 

El estatuto de la DM señala que el directorio está conformado por cuatro representantes del Sutep, uno del sindicato de profesores de educación superior y un representante del Ministerio de Educación. No se permiten cambios a menos que sean propuestos por el directorio y aprobados por la cartera ministerial.

Otra vía podría estar en el Congreso, donde la Fenatep es parte de la bancada de Perú Libre. En los dos últimos años se han presentado 14 proyectos de ley sobre la Derrama, a través de parlamentarios de distintas bancadas. Entre ellas, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú o Frepap. Algunos de los proyectos buscaban, por ejemplo, que se incorporen representantes regionales en el directorio, que se autorice el retiro de fondos y la desafiliación o que se modifique el estatuto mismo de la entidad. Ninguna de estas iniciativas vio la luz en El Peruano.

“La ley es muy clara en el sentido de que quien representa a los trabajadores es el sindicato mayoritario. Y el sindicato mayoritario, para todo efecto, es el Sutep. A no ser que cambien la legislación y adecúen todo a los intereses del Fenatep. Entonces ya sería un actuar mucho más descarado”, dijo hace unas semanas Lucio Castro, secretario general del Sutep, a Sudaca. El dirigente asegura tener más de 200.000 afiliados en su gremio.

Sudaca buscó la version de la DM, pero no obtuvo respuesta. Castro, en tanto, sí cuestionó la cercanía del Fenatep con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, y apuntó: “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen. Lo que ellos quieren seguramente es meter la mano en el dinero de los maestros. Eso los afiliados no lo vamos a permitir”.

Lo cierto es que otro sector de la Fenatep que no tiene intenciones de conformar el directorio, sino que quiere liquidar los activos para repartir los recursos entre los docentes. Luego se crearía una nueva entidad. “Nuestro planteamiento es que la Derrama sea intervenida y que se produzca una auditoría, porque no está funcionando a favor del maestro. Además, que se produzca la liquidación y la devolución de los aportes, tanto personales como de capital que existen ahí”, dice Segundo Vásquez, secretario general del nuevo gremio, a Sudaca.

Consultado sobre qué se haría con la previsión social de los docentes, Vásquez indica que eso se verá luego del cierre, en “los eventos realizados en cada base distrital y provincial para ir proponiendo contenido, estructura y estatuto de la nueva entidad de previsión”.

Vásquez no desaprovecha la oportunidad para arremeter contra la actual gestión de la DM. Dice, por ejemplo, que los créditos no son competitivos en comparación con otras entidades bancarias. El directorio -cuyo mandato acaba este año- lo preside Luis Espinoza Tarazona, quien figura como militante de Juntos por el Perú desde 2017 y es afiliado al Sutep.

La influencia del Fenatep sobre el presidente Castillo puede jugar un rol decisivo en la toma de la Derrama Magisterial. Sin embargo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, es hasta ahora un muro de contención. “Con nosotros se hace el difícil para conversar. Con Patria Roja sí para coordinando”, dice Segundo Vásquez. Veremos hasta dónde resiste las presiones.

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**Nota de edición: en una primera versión de este informe se dijo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la hoy encarcelada María Nina figuraban en las listas de Julio Chávez y Edmundo Del Águila, respectivamente. Los datos consignados fueron erróneos. Lo correcto es lo siguiente: ambas postulan independientemente a otros cargos internos en listas cuyas cabezas dieron apoyo político a Chávez y Del Águila. Ello, sin embargo, no las convierte en parte oficial de las fórmulas de dichos candidatos a secretarios generales. Pedimos disculpas a nuestros lectores.

Julio Chávez Chiong, el alcalde de San Martín de Porres, es uno de los favoritos para ser secretario general nacional de Acción Popular, el partido que hoy preside la Mesa Directiva del Congreso y del cual es militante desde 2004. En las próximas elecciones internas, sin embargo, su candidatura es cuestionada debido a recientes acusaciones de prácticas clientelistas.

La primera fue en 2019, cuando su esposa, la excongresista Leslye Lazo, postulaba como precandidata al Congreso en las elecciones complementarias del 2020. Con 427 votos, fue la segunda más votada en las internas de la lampa.

La cifra llamó la atención de algunos militantes, puesto que era la primera vez que la desconocida Lazo postulaba. Ricardo Torres, accionpopulista desde hace más de 15 años, le encuentra la siguiente explicación: “Tú vas a la municipalidad y vas a encontrar a muchos militantes laborando. Obviamente, cuando hay elecciones internas, él [Julio Chávez] dice ‘voten por mi esposa’. Por ello [Leslye Lazo] tuvo muy buenos resultados”.

Solo entre gerentes y subgerentes de la municipalidad de SMP -puestos de confianza designados por el alcalde-, hay actualmente 11 militantes de AP.

La maquinaria de la lampa en el municipio quedó en evidencia cuando los vecinos de San Martín de Porres denunciaron en redes sociales que una trabajadora de la comuna atendía en la mesa de partes con un polo del partido. Una fuente de alto nivel en la municipalidad confirmó a este medio la veracidad de la acusación. Esa ya era la época en que Leslye Lazo, esposa del alcalde, se postulaba como congresista de la República, cargo que finalmente asumió. Y está prohibido porque vulnera la neutralidad electoral. 

Incluso se creó el grupo de WhatsApp llamado “Santander grupo 5” para coordinar la campaña de la excongresista, según documentos presentados el 23 de enero de 2020 ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción, una asociación de vecinos de SMP. “Les recuerdo amigos, debemos concientizarnos que estamos en etapa de campaña”, se puede leer -por ejemplo- en un mensaje enviado el 13 de octubre de 2019, días previos a las elecciones internas del partido.

En el grupo, según pudo corroborar Sudaca, estaban César Terrones Rojas, funcionario en una oficina de la municipalidad llamada Agencia de la Zona Comercial e Industrial, y Joseph Arriaga Castañeda, asistente de seguridad de la comuna.

Julio Chávez señala que ningún funcionario del municipio hace campañas proselitistas en horario de trabajo, pero “lo que hagan las personas en su tiempo libre es parte de su derecho de participar en política”. Asegura, además, que el JEE nunca le notificó sobre ninguna denuncia, “seguro porque las vio tan absurdas”. Lo cierto es que, a pesar de los chats y las fotos, esta fue archivada por el organismo electoral.

La que sí está abierta es una investigación fiscal contra el alcalde. El 28 de mayo del año pasado, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y la fiscalía anticorrupción de Lima Norte allanaron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas de víveres, las cuales debían destinarse a las familias de escasos recursos del distrito.

Las intervención se dio a raíz de la denuncia de Jorge Maturrano Infantas, presidente del ya mencionado Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción. ¿Los motivos? Una presunta sobrevaloración en los precios de los víveres y que las canastas no habrían llegado a todos sus destinatarios.

Julio Chávez dice que aquella intervención fue parte de un show mediático y trae a colación al caído en desgracia Martín Vizcarra: “Siguiendo una consigna de persecución política del vizcarrismo. Lo único que hicieron fue ir a hacer un show mediático […] para distraer la atención de la opinión”.

Chávez echó mano del procurador de la municipalidad, Oscar Siuce Contreras, para salir del apuro. Siuce pidió ese año al Poder Judicial que se declare nulo aquel allanamiento y acusó al fiscal encargado, Marco Antonio Carrasco Campos, de actuar de manera arbitraria. Pero su pedido no prosperó. El caso se sigue investigando en el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte.

Siuce Contreras es, cómo no, militante de AP desde el 2005. En estos últimos comicios nacionales -donde Leslye Lazo fue elegida, esta vez como Parlamentaria Andina-, el procurador aspiró a ocupar una curul en el Congreso por Lima Metropolitana con el N°3. No tuvo la misma suerte que su correligionaria. 

Jorge Quintana, quien apoya abiertamente la campaña del Julio Chávez, lleva entre su lista a Leslye Lazo (esposa de Chávez) y Oscar Siuce (procurador del municipio donde Chávez es alcalde).

Siuce sigue siendo procurador en la comuna y es parte de la Lista N°1 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima, que lidera el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana. En la misma lista figura Leslye Lazo, para la vicepresidencia general y la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para el cargo de secretaria de coordinación. Quintana ha brindado su apoyo a la candidatura nacional de Chávez Chiong, aunque pesa sobre él una tacha de parte del Comité Electoral de su propio partido.

 

EDMUNDO DEL ÁGUILA MOROTE

El otro favorito es Edmundo del Águila Morote. Militante con 60 años en el partido, anteriormente ya ocupó ese cargo. El 2019, Del Águila ya postulaba a la secretaría nacional en un proceso que luego fue evacuado por la crisis política que se desató con el cierre del Congreso. Una de las promotoras de su campaña fue la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina Garnica, quien hace menos de un mes fue detenida junto a su pareja. La fiscalía los sindica como líderes de la organización criminal ‘Los elegantes de San Jhon’.

Ese 2019, Nina realizó un viaje a Ica junto a Del Águila Morote. “Nosotros los alcaldes tenemos una gran responsabilidad y es enarbolar esa honestidad y ese trabajo que Fernando Belaúnde Terry nos enseñó. Hoy, en aras de unas siguientes elecciones, estamos acompañando al ingeniero Edmundo del Águila en esta tarea de unidad […] por eso nos hemos sumado a esta candidatura”, dijo la alcaldesa ante la prensa local.

En la investigación fiscal que enfrentan Nina y su pareja -que hoy pasan sus días en prisión preventiva-, se señala que la alcaldesa usó recursos del municipio para apoyar a postulantes al Congreso y precandidatos a la presidencia en las elecciones internas de AP, en noviembre del 2020. Uno de ellos fue Edmundo del Águila Herrera, hijo del ahora postulante a secretario nacional.

Según el expediente fiscal, Nina habría colocado el rostro de Del Águila hijo en la cuponera de los tributos municipales del 2020. En su momento, el aludido negó cualquier irregularidad, pero admitió que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, respondió.

Similar apoyo habrían recibido el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo y el propio Walter Huamán, esposo de la alcaldesa, quien tentó una curul en las pasadas elecciones. Este último no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores, de acuerdo a información fiscal.

Consultado al respecto, Del Águila Morote no quiso dar ninguna respuesta sobre su vínculo con la alcaldesa. “No voy a opinar porque estoy en pleno proceso electoral y mi campaña es en búsqueda de la unidad, entonces no voy a decir nada que atente contra mi propia política de unidad en el partido”, respondió.

El alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, ha apoyado abiertamente la candidatura de Edmundo del Águila.

Nina Garnica figura en la lista N°2 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima. Postula al cargo de secretaria de cooperación popular. Encabeza esta lista Carlomagno Chacón, que a la luz de las fotografías que ha compartido en redes sociales, ha manifestado su apoyo a la candidatura nacional de Del Águila Morote. 

Las elecciones en el partido de la lampa se llevarán a cabo el 25 de septiembre. Además de Chávez y Del Águila, también postulan -aunque con menor expectativa- José Ventosilla Ñáñez, militante desde 2009, y Rafael Vásquez Neyra, anterior secretario nacional durante 2015-2016. Las bases clientelares, como ya parece costumbre en Acción Popular, podrían jugar un papel decisivo.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo / Foto: La República

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Julio Chávez

En el Consejo de Ministros no existe el principio de autoridad. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, no ha sido el único que ha ignorado el pedido de renuncia de Guido Bellido en el Gabinete. El titular de Defensa, Walter Ayala, tampoco le hizo caso al premier cuando le solicitó que dejase el cargo, de acuerdo a fuentes cercanas al jefe de la PCM. Este caos tiene como trasfondo el pulso por el poder entre el presidente Pedro Castillo y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. 

La historia se remonta al 16 de agosto. Aquella mañana, la Marina difundió un comunicado rechazando lo dicho por el entonces canciller Héctor Béjar: que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. Béjar, en ese momento, estaba en medio de un intenso fuego cruzado por sus declaraciones.

De acuerdo a fuentes cercanas al primer ministro, ese mismo día Bellido le pidió al jefe de Estado cortar la cabeza de Ayala. Consideraba que la Marina se había excedido en sus atribuciones al cuestionar a Béjar, según él, sin coordinar con el sector Defensa. El premier -irónicamente- opinaba que su ministro había perdido autoridad con este episodio. 

El comandante general de la Marina, almirante Alberto Alcalá Luna. El jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, habría pedido su cabeza. Foto: Marina de Guerra del Perú.

Ayala, con la guillotina encima, buscó el respaldo del presidente de la República. Alrededor de las cinco de la tarde de aquel 16 de agosto, el ministro visitó a Castillo en Palacio, tal como consta en el registro de visitas. Lo acompañaron Aníbal Torres (Justicia), Juan Carrasco (Interior) y Pedro Francke (Economía). Todos estos ministros son cercanos al presidente y distantes de Cerrón. 

Ayala, de acuerdo a una fuente cercana al ministro de Defensa, le comentó a Castillo que tuvo conocimiento del comunicado de la Marina antes de su difusión y que daba su respaldo a las Fuerzas Armadas. Las mismas palabras, en la noche de aquel día, las repitió en una entrevista con RPP Noticias. El presidente le dio el espaldarazo. Es, al fin y al cabo, uno de sus ministros de mayor confianza.

Al día siguiente, el 17 de agosto, Ayala continuó jugando sus cartas para quedarse en el puesto. A las 9:30 de la mañana, en la sede del Ministerio de Defensa, recibió a los altos mandos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, encabezó la delegación. Lo acompañaron el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá; del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro. 

Una hora después, el ministro y los integrantes de la cúpula castrense fueron a Palacio a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. Así quedó registrado en el portal de Transparencia de la Casa de Pizarro. En la cita, según fuentes palaciegas, los altos mandos militares manifestaron su incomodidad con Héctor Béjar y su apoyo a Ayala. El encuentro duró hasta el mediodía y sirvió para que Castillo se convenciera de la necesidad de sacar a Béjar de Cancillería.

17 de agosto. El registro de visitas de Palacio da cuenta de la reunión del presidente Pedro Castillo con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y altos mandos militares, en medio de la polémica por las declaraciones de Héctor Béjar.

Tras la reunión con la cúpula militar, Castillo llamó inmediatamente a Bellido y le pidió la renuncia de Béjar. “Se va Béjar y también Ayala”, habría respondido el primer ministro, según un portavoz suyo. A las 12:14 de la tarde, tras la conversación con el jefe de Estado, Bellido anunció en su cuenta de Twitter: “Tendremos cambios para la marcha del país”. Bellido le pidió a Béjar dejar Torre Tagle y este aceptó la decisión. 

“Yo esperaba hablar en la interpelación y tengo entendido que ellos [los congresistas] han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”, declaró Béjar al portal cubano “Prensa Latina”. 

El exguerrillero, acorralado por la situación, presentó su renuncia cerca de las dos de la tarde de aquel 17 de agosto. Bellido pensó en hacer lo mismo con Ayala. Ese día, entre las 3:21 y 3:36 de la tarde -según el registro de la PCM- el premier se reunió con el titular de Defensa para también pedirle su dimisión, cuentan las fuentes. El jefe del Gabinete le solicitó, además, cortarle la cabeza al comandante general de la Marina, el almirante Alberto Alcalá, por el comunicado contra Béjar. Ayala, previamente respaldado por Castillo, dijo que no iba a renunciar y repitió que no hubo insubordinación de la Marina. 

17 de agosto. El registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros consigna el encuentro de quince minutos entre Guido Bellido y Walter Ayala. El primero le pidió la renuncia.

“Bellido le dijo a Ayala que era un asunto grave lo de la Marina y que él era el principal responsable”, dice una fuente cercana al jefe de la PCM. Bellido solicitó la renuncia del titular de Defensa con el aval de Cerrón, pero sin el consentimiento del presidente, en un caso similar al de Iber Maraví. 

Cerrón dejó clara su postura el 19 de agosto, en un tuit. “Artículo 169 CPP (Constitución Política del Perú). Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”, escribió, como cuestionamiento al comunicado de la Marina. 

En este juego de tronos Castillo le ganó la pulseada a Cerrón al mantener a Ayala. El ministro de Defensa se ha convertido, además, en uno de los hombres más cercanos del gobernante y lo ha acompañado, incluso, en sus últimas actividades en Tacna y Junín. “A mí no me van a poner la agenda […] No quieren que quitemos la plata a los corruptos porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados”, dijo Castillo en el distrito de Mazamari, Junín. 

La situación pone en evidencia también la falta de autoridad de Guido Bellido, al que no le hacen caso ministros cercanos a Castillo, como Maraví y Ayala, cuando les pide la renuncia. Bellido recordó al presidente el episodio vivido con Ayala –que esta crónica relata– en la reunión que tuvieron en la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres, el sábado 21 de agosto. La pugna sigue abierta en el Gabinete.

Fotoportada: Leyla López.

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**El autor de este informe estudió su etapa escolar en el Colegio Los Álamos, institución aludida en este informe.

Responsabilizó a la ideología de género por los desastres que dejó el Fenómeno del Niño y hasta propuso talleres deportivos para “tratar” a las personas homosexuales. Esdras Medina Minaya (54), congresista arequipeño de la recalcitrante Renovación Popular, es el flamante presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo 2020-2021.

Medina es un líder religioso que llegó al Parlamento respaldado por la ‘Asambleas de Dios’ -a la que pertenece-, una iglesia del ala más conservadora del evangelismo peruano. Pastores de la sede de Camaná lo acompañaron en la inauguración de locales en ese distrito arequipeño durante la campaña electoral.

Cuando juramentó en el cargo, el congresista llevaba una mascarilla alusiva al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Esta agrupación se ha opuesto a la aplicación del enfoque de género en la Currícula Nacional de Educación Básica desde el 2017. En los últimos parlamentos, ha tenido aliados en el Congreso que promovieron la revisión de los textos escolares mediante proyectos de ley. Hasta ahora no han tenido mucho éxito.

Hoy Medina es el único miembro titular de su partido en la Comisión de Educación, pero tendrá el papel más influyente. Su cargo le permitirá marcar la pauta de cada sesión, dirigir los debates y proponer la agenda de trabajo de las sesiones. Tendrá que afrontar temas como la reforma de la carrera docente, modificaciones a la Ley Universitaria o al Currículo Nacional de Educación Básica. 

También podrán fiscalizar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), que ha puesto contra las cuerdas a varias seudouniversidades en los últimos años. Sobre este último punto ya empezaron a girar las sesiones, como veremos más adelante. Medina –ojo al dato– cursó una maestría en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que no consiguió la licencia.

Además, será el consejero legislativo de Medina quien tendrá la voz clave sobre los proyectos de ley que se propongan en este grupo de trabajo. Aunque la decisión final pase por la votación de los congresistas miembros. “El asesor principal del presidente de la comisión elabora informes donde se da una opinión positiva o negativa de los proyectos de ley que ha estudiado. De ser negativa, propone el archivamiento. Caso contrario, recomienda un dictamen. Ambas propuestas son discutidas por los miembros de la comisión”, explica José Cevasco, exoficial mayor del Legislativo. 

De ser aprobado un dictamen, este pasa al Pleno para su discusión. Aún no hay rastro en el sitio web del Congreso sobre quién será este consejero, pero no es difícil adivinar cuál será su perfil.

Con ese poder, la comisión tiene muchas probabilidades de convertirse ahora en una caja de resonancia de la obtusa forma de ver el mundo de Esdras Medina, quien además ha trabajado como administrador de dos colegios –Belen Kids y El Pionero– en su ciudad natal.

Esdras Medina juramentó al cargo de congresista utilizando una mascarilla alusiva a Con Mis Hijos No Te Metas.

El 2018, por ejemplo, cuando postuló sin éxito a la alcaldía de Arequipa, su fanatismo lo llevó a proponer talleres deportivos y culturales para “tratar” a las personas LGBTQ+. “Los respeto y los considero, pero creo que no se avanzó en programas para que vuelvan a su estado natural”, declaró en alusión a los homosexuales. 

“El hecho de que existan personas con una opción errada, es una problemática que afecta a nuestro hijos menores fomentando a tener relaciones sexuales no tradicionales. Nuestras autoridades deben de preocuparse en conjunto con la prensa, en no darle cobertura a este último evento”, arremetió un año después, desde sus redes sociales, contra los activistas de la marcha del orgullo gay. 

Hoy el congresista prefiere echarle tierrita al asunto. “Ese tema ya está zanjado, prefiero ya no tocarlo. Ahora tenemos que trabajar por el sector educación, siempre he estado metido en ese sector. Tengo 25 años de experiencia [como administrador de colegios en Arequipa]. Nuestro deseo es aportar para seguir adelante en la educación que es primordial en nuestro país”, dice en comunicación con Sudaca. 

Pero estas afirmaciones no son ajenas a su partido. Basta recordar a Milagros Aguayo, pastora de la asociación evangélica La Casa del Padre, que fue electa por Lima en las últimas elecciones. Como señala un informe previo de Sudaca, Aguayo considera que “ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios entregó al varón”.

O la candidata a la vicepresidencia de López Aliaga, Neldy Mendoza, que se hizo viral a inicios de marzo por sus ideas conservadoras respecto al rol de la mujer en la sociedad y el uso de métodos anticonceptivos. Ella, arequipeña como Medina, también ha sido vocera de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) en la región y encajó perfecto con la lectura general sobre la educación que tiene el partido.

En su plan de gobierno, Renovación Popular identificó como un problema la “reducción de la participación de los padres de familia en la gestión educativa”. Como respuesta, proponían mejorar el sistema con “la participación efectiva de los padres en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y el desempeño de los profesores”. Es lo que promueve CMHNTM para poder ‘cuidar’ y supervisar qué se enseña en los colegios. 

 

De las aulas al Congreso

La maquinaria ultraconservadora de Rafael López Aliaga se acaba de instalar en una de las comisiones más peleadas del Congreso, pero ya tiene una larga trayectoria en las aulas.

Un ejemplo es el modelo educativo impulsado por la Promotora de Educación y Cultura (Prodec), asociación que preside el excandidato y que tiene bajo su manto a tres instituciones: el Colegio Los Álamos, solo para hombres; Montealto, exclusivo para mujeres; y el nido Alamitos, que es mixto. 

En Los Álamos -que funciona desde 1992- gran parte de la plana docente pertenece a la Obra, como se le llama al Opus Dei. El curso de religión es, en buena parte, una oda al fundador de esta rama del catolicismo, San Josemaría Escrivá de Balaguer.

De hecho, una de las actividades más importantes en la materia se lleva a cabo alrededor del 26 de junio, cuando se conmemora el fallecimiento del santo. Por esos días, en secundaria, se toma una prueba memorística de entre 50 a 100 preguntas sobre su vida. El examen tiene uno de los mayores pesos del bimestre y ha sido reconocido en la página oficial del Opus Dei. 

Rafael López Aliaga presentaba a Los Álamos como una de «sus obras exitosas» durante la campaña electoral.

En quinto de secundaria, el curso cambia de nombre a apologética. Esta es una rama de la teología que tiene la misión de brindar argumentos a los creyentes para defender su fe mediante el uso de la razón y lógica. 

Sudaca revisó el material del curso –disponible en la plataforma digital del colegio, llamada BlinkLearning– y asistió a una de las clases de la materia, que se dicta nada menos que tres veces a la semana. En la sesión a la que asistió este reportero, el profesor se esforzaba en dejar clara la superioridad de Jesús sobre el resto de fundadores de otras religiones.

«Los romanos tenían dioses que combatían contra los hombres. Israel tenía a un Dios amoroso, que estaba a su lado, que era recto, justo y te perdonaba los pecados”, señaló. Por supuesto, se saltó el Antiguo Testamento.

En el curso también se enseña el argumento estrella de la Apologética: el trilema de Lewis. Un juego argumentativo que pretende demostrar la divinidad de Jesús mediante la siguiente premisa: “Si Jesús no era el Dios, hubiese sido un mentiroso o un loco”. La lógica del trilema hace que se descarten las dos últimas opciones y, por lo tanto, concluye que Jesús es Dios. Así de sencillo.

Desde el 2014, además, Los Álamos es uno de los 75 colegios peruanos que ofrecen el programa de Bachillerato Internacional (IB) a sus estudiantes de los últimos años. Como parte de uno de los cursos del bachillerato, sin embargo, en tiempos pre-pandemia Los Álamos exigía a sus alumnos asistir a la ‘Marcha Por La Vida’, movilización que rechaza la legalización del aborto, armar pancartas y tomar fotos.

Este es el modelo educativo de alto rendimiento que López Aliaga, líder de Renovación Popular, impulsa en la educación básica regular. Uno que cuesta a los padres de familia de Los Álamos S/1.400 mensuales, según el portal Identicole del Ministerio de Educación, y que constituye un claro ejemplo de los caminos que puede tomar la comisión que ahora dirige su partido.

 

Sunedu en la mira

En su primera sesión –el último martes por la tarde–, la Comisión de Educación recibió al ministro del sector, Juan Cadillo, para que exponga sus planes. Los congresistas no pudieron hacerle preguntas porque tenían un Pleno programado a las 5 p.m.

Sin embargo, fueron reincidentes los pedidos del congresista José Elías, de Podemos Perú, para que el ministro informe sobre el proceso de reevaluación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, un centro universitario al que la Sunedu denegó el licenciamiento en 2019 y que ha iniciado un nuevo proceso de revisión desde el mes pasado.

Elías no solo es parte del partido de José Luna, dueño de la dudosa Telesup. También está en el negocio de la educación: es parte del directorio de la –esta sí con licencia– Universidad San Juan Bautista de Ica, la región por la que postuló.

Según Medina, hay más pedidos como el Elías que están pendientes. “Cada congresista tiene la facultad de solicitar cosas, pero todavía no lo veremos. Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la Sunedu para ver qué criterios han utilizado para evaluar las universidades. No queremos dar una opinión o fiscalizar algo que todavía no hemos evaluado”, sostiene el legislador celeste. Todo indica que será una comisión más –como la que presidió la exparlamentaria Tamar Arimborgo-– que se abocará a cuestionar el trabajo de la superintendencia.

La intervención de Elías parece ser apenas el inicio de una nueva arremetida contra una institución que puso a temblar a las universidades fachada, como la de su jefe partidario. Sorteada la cuestión de confianza, el ministro Cadillo está nuevamente citado para la próxima sesión del 7 de septiembre. 

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Congreso, Andina).

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Luego de semanas de tensión con el Legislativo, Guido Bellido obtuvo luz verde para su Gabinete. Fueron 10 horas de exposiciones y supuesto debate en el Pleno, en el que algunos congresistas tomaron decisiones sobre la hora. El resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones.

Hasta hace diez días, la posición de Acción Popular, la bancada que preside la Mesa Directiva, era incierta. Pero según una fuente con conocimiento del tema, un asesor de la lampa se reunió con Guido Bellido al final de la semana pasada. En el encuentro, el primer ministro se habría asegurado que por lo menos 12 de los 16 congresistas accionpopulistas le otorgarían la confianza.

La fuente apunta que aquel emisario fue Yonhy Lescano, excandidato presidencial y ahora asesor del parlamentario Carlos Zeballos (Puno). Consultado por Sudaca, Lescano confirma que, días antes de la presentación del Gabinete ministerial en el Parlamento, visitó a Guido Bellido, pero asegura que no hablaron “específicamente” de la cuestión de confianza y que no hubo “coordinación” al respecto.

Lo concreto es que, terminado el primer día de debate, los parlamentarios de la lampa ya tenían claro que la intención de la mayoría de la bancada era votar en bloque a favor de la confianza y, según el legislador Elvis Vergara, “dar tranquilidad y estabilidad al país”. 

Muy al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, los 12 congresistas de AP presentes en el hemiciclo votaron en bloque a favor de la confianza. No hubo disidentes, aunque sí una clara omisión. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Maricarmen Alva, quien ha sido una de las más críticas del gobierno de Castillo, fue la única que no emitió su voto.

La única congresista presente en el hemiciclo que no votó fue la presidenta del Congreso Maricarmen Alva.

Consultada por el motivo de esa actitud, Alva respondió que “la presidenta del Congreso no vota, solo cuando hay empate y debe dirimir… Merino nunca votó, ni el día de la vacancia”. Sin embargo, de acuerdo al Reglamento del Congreso, ella no contaba con ningún impedimento para hacerlo. José Cevasco, exoficial mayor del Congreso por varios años, es enfático al señalar que Alva sí podía y debía votar. 

Otra bancada cuya postura fue definitiva para inclinar la balanza fue la del partido de César Acuña. A pesar de ser parte de la oposición, la manera en la que sus congresistas votarían dejaba dudas. Hasta ayer en la mañana, cuando se alcanzó la certeza absoluta: 13 parlamentarios le darían su confianza a Bellido y dos se la negarían.

Para llegar a este apoyo casi total al Gabinete, Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, cuenta que su bancada participó de varias reuniones partidarias en las que se conversó sobre el tema. En algunas de ellas estuvo presente su líder César Acuña, quien -según Camones- manifestó estar a favor de darle la confianza a Bellido. Pero no fueron las únicas reuniones que tuvieron los de Alianza para el Progreso (APP).

Dos semanas antes de la presentación del Gabinete, los voceros de la bancada se reunieron con Guido Bellido. También visitaron los Ministerios de Economía y Transportes. ¿De qué se habló? Según Camones, su bancada pidió, por ejemplo, que se reevalúe la designación de los ministros cuestionados. Bellido -asegura- respondió que “esperen hasta escucharlo y que más adelante tal vez se tomaba la decisión”. Esto habría sido una de las razones para no tomar una postura con anticipación.

La versión de algunos congresistas es que la decisión de dar la confianza se tomó el mismo jueves, después de escuchar el discurso del premier. “Durante el receso parlamentario [del primer día], estuvimos almorzando y comentando el tono conciliador de Guido Bellido y la omisión del tema de la Asamblea Constituyente”, dice el parlamentario Eduardo Salhuana.

Camones asegura que la decisión de APP no significa, ni de lejos, un cheque en blanco, y que tendrán bajo lupa las carteras de Salud, Educación y Economía. Además, afirma: “Esperamos que se den los cambios en el Gabinete luego de haberles dado la confianza”.

 

OBEDIENCIA Y DESACATO

Si el jueves APP y AP ya habían decidido sumarse a los votos a favor del Gabinete de Bellido, dentro de la bancada conformada por Somos Perú y el Partido Morado no había certeza de qué decisión tomarían estos últimos en la votación de ayer. 

Fuentes de Somos Perú aseguran que estaban convencidos de que sus pares morados votarían por la abstención o se sumarían a su decisión en bloque de dar la confianza. Esto último, siempre y cuando Bellido los convenciera con su última intervención del viernes.

Para su sorpresa, sin embargo, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga-Trillo votaron en contra, al igual que las bancadas de la oposición más radical como Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.

Pero esta decisión de la bancada no fue de última hora. Al interior del partido se había expresado la voluntad de que no se le otorgue la confianza al Gabinete desde el 29 de julio, el día que juramentó Bellido. “El equipo de gobierno del Presidente Pedro Castillo no puede estar liderado por una persona que no cree en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo”, se lee en un comunicado del Comité Político.

 

Días después, desde el partido también cuestionaron las decisiones de sus tres congresistas de unirse a Somos Perú. Este tipo de decisiones, se lee en otro documento, “deben ser coordinadas con el Comité Político”. 

Y finalmente la presión funcionó. Fuentes del Partido Morado apuntan, además, que esta decisión podría responder a una estrategia de alguno de los congresistas, quienes tendrían intención de participar de las próximas elecciones internas del partido -si es que este mantiene su inscripción-, por lo que lo más conveniente era alinearse con la postura ideológica de este.

Del lado de Somos Perú, el apoyo al Gabinete Bellido se saldó con una disidencia. El jueves, al terminar el debate, Héctor Valer contó a Sudaca que en su bancada había un preacuerdo mayoritario para que den el voto de confianza, pero que no estaba decidido completamente. “Yo sí pienso votar a favor, pero soy disciplinado, y si la bancada dice que no, haré caso”, aseguró.

Aunque el viernes en la mañana se mantenía el convenio para que los seis parlamentarios de SP votarían a favor, inesperadamente la congresista Kira Alcarraz, decidió hacerlo en contra. Rompió, así, el bloque.

Según una fuente del mismo partido, el motivo del voto de la congresista Alcarraz fue “un desencuentro con el primer ministro”. Y es que el martes Guido Bellido habría citado a Alcarraz para conversar sobre algunos temas de interés de la congresista. Sin embargo, no fue atendida, lo que generó su incomodidad.

Valer dice también que desde la bancada de la ultraconservadora Renovación Popular se acercaron a conversar con ellos para convencerlos de votar en contra, pero que finalmente decidieron apostar por la gobernabilidad. Esta vez, la oposición más radical no ganó. Pero la victoria del Gabinete sigue siendo muy frágil.

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Acción Popular, Cuestión de confianza, Guido bellido, Partido morado

Fue un choque de trenes. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón tuvieron un áspero enfrentamiento verbal el pasado sábado por la noche. El escenario del encuentro entre el presidente de la República y el líder de Perú Libre fue la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres, ubicada en la calle Roma, en San Isidro. La reunión presencial fue convocada por Castillo tras varios días sin comunicación con Cerrón, de acuerdo a fuentes confiables. Y se realizó en medio de un cortocircuito entre ambos por las críticas del exgobernador regional de Junín a la designación de Óscar Maúrtua como canciller.

La cita en la calle Roma fue a las 9:30 de la noche. Cerrón llegó acompañado del primer ministro Guido Bellido y Roger Nájar, su mano derecha. Castillo, además del anfitrión Aníbal Torres, estaba con Auner Vásquez, jefe del gabinete técnico de la Presidencia, y con el constitucionalista Francisco Eguiguren.

Según uno de los testigos de la reunión, Eguiguren fue el primero en pedir la palabra y habló de la conveniencia de la renuncia de Guido Bellido para que el Gabinete obtenga el voto de confianza en el Congreso. El pedido cayó mal en el núcleo duro del partido del lápiz. Primero, porque era Eguiguren y no el presidente el que ponía las cartas sobre la mesa. Y segundo, porque el exministro de Justicia del gobierno humalista es visto como un infiltrado de los “caviares” por el ala dura de Perú Libre. Eguiguren, quien no quiso dar declaraciones para esta nota,  entró al círculo de confianza de Castillo por Aníbal Torres. 

Francisco Eguiguren Praeli, exministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala, cercano al presidente Pedro Castillo. Foto: Andina.

Con este episodio cobra sentido el tuit de Cerrón, dos días después de la reunión, en el que señala que un exministro de Justicia “ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea”.

Tras el comentario de Eguiguren, Bellido dijo que sólo renunciará al premierato si Perú Libre se lo pide. Cerrón, de acuerdo a las fuentes, comentó que “por ningún motivo» el actual premier debía renunciar, al considerar que eso sería un signo de debilidad frente a la derecha. “La victoria no se puede compartir con los derrotados”, habría dicho también Nájar en su intervención.

Auner Vásquez, asesor presidencial, tomó la palabra y comentó la necesidad de hacer cambios en el Gabinete para lograr el voto de confianza, aunque no especificó las carteras. La intervención del asesor incomodó a Cerrón, de acuerdo a un testigo con el que conversó este medio. Vásquez es visto con recelo por la gente del lápiz por su camaleónico pasado: en el 2016 fue personero legal de Alianza Para el Progreso y, en el 2018, postuló sin éxito para alcalde del distrito de Tacabamba con la camiseta de Acción Popular. Al igual que el presidente, es de ese distrito cajamarquino. 

Auner Vásquez Cabrera, jefe del gabinete técnico de Presidencia y hombre de confianza del presidente Castillo, estuvo presente en la reunión en la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres. Foto: Facebook de Auner Vásquez.

Los dirigentes de Perú Libre aprovecharon la oportunidad para cuestionar a otros asesores del presidente Castillo. Le hicieron saber al jefe de Estado que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, no les inspira confianza por su pasado aprista en la universidad Villareal. También pusieron en la mira a Óscar Cabrera, nombrado asesor en Palacio, por ser excandidato de Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín, en el 2018.

Cerrón reprochó a Castillo, además, por no colocar como asesor en Palacio a Richard Rojas, dirigente y jefe de campaña de Perú Libre en las pasadas elecciones.

El testigo del encuentro dice a Sudaca que Castillo reaccionó y mencionó que quería renunciar a Perú Libre, agrupación a la que se afilió en septiembre del 2020, obligado por la ley electoral que no acepta invitados. Fuentes allegadas al presidente confirmaron que está incómodo por la presión ejercida por Cerrón a través de los medios, que lo hacen ver como su subordinado.

El exgobernador de Junín, de acuerdo a las fuentes, le recomendó aquel sábado que pidiese licencia en el partido. Le advirtió también que, de renunciar a la militancia, le haría juego a la derecha y sería visto como un traidor por las bases partidarias. A eso apuntó otro tuit del neurocirujano, publicado un día después de la reunión, en el que advierte que “el gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias cualquier disidencia es una traición”.

Castillo, secundado por Eguiguren, insistió en la conveniencia de realizar ajustes en el gabinete. Roger Nájar pidió la palabra y subrayó que Perú Libre no tiene mayoría en el Consejo de Ministros, sino apenas cuatro carteras (PCM, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente y Energía y Minas).

Cerrón apuntaló esa idea y comentó que los ministros cuestionados son los que ha elegido el presidente de la República: Interior, Trabajo, Defensa, y Transportes y Comunicaciones. Dijo que los cambios en el Gabinete deben hacerse gradualmente, después de la presentación del primer ministro en el Congreso. En plena escalada de tensión,  Guido Bellido recordó que le pidió la renuncia a Héctor Béjar y al titular de Defensa, Walter Ayala, y que sólo el primero presentó su carta.

“Ayala no quiso renunciar al tener el respaldo del presidente. Perú Libre ha pedido su cabeza por permitir que la Marina cuestione a Béjar en un comunicado sin pedir autorización para hacerlo”, dice una fuente palaciega.

En la cita en la calle Roma, el primer ministro adelantó lo que será su discurso el próximo jueves 26 y dijo que no tocaría el tema de la Asamblea Constituyente para no caldear más los ánimos. El presidente Castillo habría estado de acuerdo con eso. Cerrón opinó que el tema de la asamblea ya es una “batalla perdida” en el Parlamento y que apuestan todas sus fichas al referéndum con la recolección de firmas.

Eguiguren se retiró a la medianoche. La reunión acabó a la una de la mañana sin llegar a ningún acuerdo concreto. El presidente no cedió en su postura inicial. Por esta razón Cerrón publicó una avalancha de tuits presionando a Castillo y convocó a una marcha para el jueves 26, el día clave para el Gabinete en el Congreso.

 

MENDOZA, LA MEDIADORA

El rompimiento entre Castillo y Cerrón parecía inminente luego de aquella reunión. Pero la intervención de Verónika Mendoza, aliada del profesor, ha contribuido a calmar las aguas, de acuerdo a una fuente cercana a la excandidata presidencial. 

Mendoza, en la reunión que tuvo con el presidente el lunes pasado, abogó por la permanencia de Bellido como primer ministro y se ha sumado a la movilización convocada por Cerrón.

Tras la conversación con la lideresa de Nuevo Perú, el presidente Castillo convocó a Guillermo Bermejo a Palacio para comunicarle la continuidad de Bellido. “Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del Gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él decida, sin ningún tipo de presión”, escribió Bermejo en un tuit. 

Mendoza, mientras tanto, se comunicó con el núcleo duro del lápiz para protestar por los ataques de Cerrón contra ella y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda y militante de Nuevo Perú. A Mendoza no le gustó un comentario de Cerrón a una portada de “Diario Uno” de ayer martes, en la que ponen a la lideresa de Nuevo Perú como una de las que quiere tumbarse a Bellido.

24 de agosto. Comentario de Vladimir Cerrón en Facebook a una portada de “Diario Uno”, que incomodó a Verónika Mendoza y propició una queja a Perú Libre.

“Para que el Diario Uno considere a Mendoza entre los que se quieren bajar al premier, es porque sabe algo concreto y confirma que la caviarada está defendiendo el neoliberalismo”, escribió Cerrón en su cuenta de la red social Facebook.

En Perú Libre bajaron la tensión y le explicaron a la excandidata que esa declaración fue a “título personal”. El asunto ha quedado en el aire. Por ahora, un clima de tensa calma se respira en el gobierno.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

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Guido bellido, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

El paso de Evo Morales por Lima hace dos semanas no solo tuvo motivos políticos, sino también comerciales. Minutos antes de su presentación frente a los profesores de la Federación Nacional de Trabajadores en Educación (Fenate-Perú) -el sindicato vinculado a Pedro Castillo-, un empresario boliviano aprovechó la audiencia para ofrecer la ‘Virus Block Out’ o ‘tarjeta bloqueadora’. Se trata de un producto similar a un fotocheck que emana un gas de dióxido de cloro. Al hacerlo, aseguró el hombre de negocios, el químico “limpia” las partículas de Covid-19 que se encuentren en el aire. ¡Otra falsa proeza de la lejía milagrosa!

Riky Moppi, quien se presenta como representante legal de la empresa boliviana Jaitana Group, anunció aquel 11 de agosto que estas tarjetas pronto se comercializarán oficialmente en nuestro país, a pesar de que -como veremos más adelante- otra empresa ya lo hace con un producto similar y al margen de las leyes sanitarias. Expertos aseguran que la sustancia que sale del artefacto no previene el Covid-19 y es potencialmente dañina.

Riky Moppi, representante legal de Jaitana Group – Tarjeta 360, envió este video donde aparecen Pedro Castillo y Dina Boluarte usando la tarjeta ‘Virus Block Out’. La imagen de Castillo con la tarjeta ha sido manipulada. En la foto real no se aprecia ese producto sobre su cuello (ver fotos abajo).

Pedro Castillo y Dina Boluarte

“Es una tarjeta de bioseguridad que desinfecta el medio ambiente. El clorito de sodio más el dióxido de titanio, esos dos químicos con el oxígeno, activan el químico. Ese momento de activación libera el gas de dióxido de cloro con doble oxigenación. Pero para el ambiente, no para ingerirlo […] No es para tomar, como el té, actúa en el exterior”, intentó explicar Moppi a Sudaca.

En aquella oportunidad, el empresario boliviano aprovechó en vender unas 100 tarjetas a S/10 cada una. “Hoy la vendemos a mitad de precio, a precio de introducción”, dijo en el auditorio de la Universidad Las Américas, una de las instituciones organizadoras del evento. Minutos después, Evo Morales haría su presentación -con la ‘Virus Block Out’ colgando del cuello- y aseguraría que la pandemia responde a una “guerra biológica” del capitalismo.

UN DUDOSO EMPRESARIO

Las ‘tarjetas bloqueadoras’ han sido ya criticadas por especialistas alrededor del mundo. En julio del año pasado, el portal Bolivia Verifica recogió información de expertos internacionales que desmienten la supuesta efectividad de este producto. Este empezó a venderse sin autorización sanitaria en su país. Según la BBC, por ejemplo, la Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dice que la sustancia liberada por las tarjetas, el dióxido de cloro, es dañina para la salud. 

“Si se acerca el dispositivo a la cara, el ingrediente activo, el dióxido de cloro, podría causar irritaciones respiratorias y oculares graves y quemaduras en la piel, ya que es altamente corrosivo”, señaló, además, la viróloga e inmunóloga Ariane Davison a la página The Bipartisan Press. Como ya ha explicado Sudaca, el consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro no sirve para combatir la Covid-19

El 11 de agosto, Riki Moppi presentó la ‘Tarjeta Block Out’, que emana dióxido de cloro, en un evento organizado por la Fenatep con Evo Morales. La tarjeta no previene la Covid-19 y es potencialmente dañina. 

 

A pesar de las advertencias, en Bolivia permitieron la comercialización del dióxido de cloro a fines del año pasado y las tarjetas tuvieron vía libre para venderse. Hasta la entonces presidenta Janine Yáñez la usaba en público.

Riky Moppi, uno de los principales promotores de estas tarjetas en su país, puso la mira en el mercado peruano. El empresario nos compartió un video promocional de ‘Virus Block Out’. Allí aparece un hombre que luce un sombrero similar al de Pedro Castillo. Mirando a la cámara, el sujeto dice: “Los peruanos se protegen con la tarjeta 360”.

En el mismo video se muestra una imagen de Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte luciendo una tarjeta similar al ‘bloqueador’ durante la presentación del equipo técnico, en mayo pasado. En los registros fotográficos de aquel día, sin embargo, únicamente Boluarte aparece con una tarjeta celeste sobre el pecho. Castillo no tiene ninguna. Desde Palacio aseguran a Sudaca que el presidente nunca ha usado ese producto.

¿Modificó Moppi la fotografía para sus fines comerciales? Todo indica que sí. En comunicación con este medio, el empresario niega alguna mala intención de su parte y señala que comerciantes de Paruro, a quienes les vendió el producto, le pasaron esa foto. Moppi asegura además que le regaló algunas tarjetas a Dina Boluarte el día de la proclamación en Ayacucho. 

En el despacho de la vicepresidenta no recuerdan lo narrado por Moppi. “En la campaña de la segunda vuelta electoral un colega de Arequipa tuvo a bien obsequiarme un dispositivo que supuestamente protegía contra el Covid-19. Sin embargo, lamento que los promotores de dicho producto usen mi imagen para fines comerciales”, dice Boluarte para este informe. Ya ha pedido que su imagen sea retirada de cualquier publicidad.

Riky Moppi también aparenta estar bien contactado en el entorno del nuevo gobierno. Asegura, por ejemplo, que algunos docentes de la Fenate-Perú -que recientemente han formado el nuevo Partido Político Magisterial y Popular- consumen dióxido de cloro y que le han propuesto hablar con la bancada de Perú Libre para que lo inviten a exponer los beneficios de este producto en la comisión de Salud. Se retomaría así el propósito de la polémica comisión que promovía el uso de la ‘lejía milagrosa’ en el parlamento anterior.

Pero nuevamente Moppi es desmentido. En el gremio magisterial rechazan haberle propuesto algo similar al empresario y niegan estar promoviendo el uso del dióxido de cloro, ni como sindicato ni como partido, dice el secretario general transitorio de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez.

En la Fenate tampoco sabían que Moppi iba a participar en el evento del pasado 11 de agosto. El ubicuo empresario dice a Sudaca que lo invitaron representantes de la Universidad Las Américas y la delegación boliviana.

 

EL FACTOR EVO

Riky Moppi deja claro que comparte con Evo Morales la teoría de que la pandemia es producto de una conspiración mundial. De hecho, el expresidente boliviano no titubeó en aquella jornada frente a los profesores cuando dijo: “Por ejemplo, sobre la pandemia, yo estoy casi convencido que esta pandemia es una guerra biológica. ¿El capitalismo qué exporta? Armas químicas, armas nucleares y hasta esta guerra biológica. Hace cuatro o cinco años, ¿qué decían? En la política del nuevo orden mundial, es importante una planificación». Morales llevaba la ‘Virus Block Out’ colgando del cuello.

La presentación de Evo Morales en la charla organizada por la Fenate-Perú. Usa la tarjeta ‘Virus Block Out’ y dice que el Covid-19 es una «guerra biológica» (ver minuto 1:18)

El cocalero no solo lanzó teorías conspirativas, también cuestionó la medicina occidental. Dijo, por ejemplo, que desde pequeño su mamá y su papá le curaban la tos haciéndole tomar su propia orina y con una planta oriunda de su país llamada “wira wira”.

“No me avergüenzo. Cuando estaba empezando como dirigente sindical, estaba en un encuentro nacional del movimiento indígena. Un viejito dijo [algo que] se me ha quedado grabado en la mente hasta ahora: ‘Desde Occidente, solo llega la sifilización; no la civilización. Me quedé sorprendido y parece que es verdad. Después de la sifilización, de esta pandemia, llega el medicamento, ¿quién gana [con] eso?”, señaló.

Lo cierto es que la tarjeta boliviana de nombre anglosajón está muy lejos de los respetables medicamentos ancestrales. Y es una amenaza para los incautos.

Moppi anunció aquel 11 de agosto que pretendía ingresar al Perú un lote de medio millón de estas ‘tarjetas bloqueadoras’. Dijo que se encontraba realizando los trámites de homologación del registro sanitario a través de un supuesto “convenio» entre ambos países por ser miembros de la Comunidad Andina (CAN).

“Si un producto peruano tiene registro en su país puede ir a Bolivia, a la Cancillería, y lo registra. Igual, para un boliviano que tiene un producto, puede ir a Perú con su registro sanitario y lo puede homologar para que ese producto tenga comercialización en dicho lugar. Es un convenio”, aseguró.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, lo desmiente. “No tengo la menor idea de qué [homologación de registro sanitario] está hablando ese señor. Mientras no haya una evidencia científica que le dé seriedad a esas tarjetas, no hay forma de que el Ministerio de Salud las valide. Ningún trámite se puede hacer sin que el Ministerio de Salud lo autorice. Todo lo que ingresa al país que tenga que ver con la salud pública tiene que ser validado por el ministerio”, dice Cevallos para este informe.

Sudaca ha podido confirmar, sin embargo, que otra empresa ya madrugó a Ricky Moppi y al Minsa. Se trata del ‘Consorcio Vive Salud’, ubicado en el distrito de Jesús María, que ofrece la tarjeta en redes sociales y en dos presentaciones: la de S/20, que tiene una duración de 30 días; y la de S/25, que puede ser usada el doble de tiempo. Nos comunicamos por teléfono con la empresa peruana y nos confirmaron que el producto “no posee registro sanitario”.

En comunicación con este medio, Riky Moppi dice que, a diferencia de otras empresas, la suya quiere contar con el registro sanitario en nuestro país. Mencionó, incluso, que ha enviado sus peligrosas propuestas a las tiendas Metro y Tambo para que sean puntos de venta.

Según el abogado Mario Amoretti, si el producto no demuestra ser efectivo -como que no lo es-, así tenga el registro sanitario, podría incurrir en los delitos de suministro infiel de productos farmacéuticos o estafa.

Preocupa que, ad-portas de una tercera ola, las ideas de Evo Morales y los empresarios que parecen rodearlo puedan calar en el aún indescifrable Pedro Castillo y su entorno. El ministro Cevallos será un filtro importante.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Fotos: Evo Morales aparece en el evento organizado por la Fenate-Perú, realizado el pasado 11 de agosto, en el auditorio de la universidad Las Américas. Porta la tarjeta ‘Virus Block Out’. (foto: Juan Carlos Chamorro)

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Dina Boluarte encabeza el ala moderada de Perú Libre. La vicepresidenta es quien apuesta por la gobernabilidad y la mesura, en contraposición a Vladimir Cerrón, el secretario general, que quiere imponer a rajatabla la agenda del partido. Fuentes de su entorno aseguran, además, que ella se ha vuelto mucho más cercana al presidente de la República que al hombre fuerte del lápiz. 

“[Boluarte] se ha mantenido al margen del señor Cerrón. Tiene constante comunicación con el presidente por la gobernabilidad”, dice Víctor Torres. Él administra el club departamental Apurímac, que fue uno de los centros de operaciones de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la última campaña. Torres preside el club, precisamente, en reemplazo de Boluarte. Su relación con ella es estrecha. 

La vicepresidenta, está claro, no forma parte del círculo de confianza de Cerrón. Eso quedó demostrado cuando el líder de Perú Libre no la propuso para dirigir el Consejo de Ministros, sino que lanzó los nombres de incondicionales suyos como Guido Bellido, Álex Flores, Silvana Robles y Jaime Quito. En la entrevista que dio a Sudaca la semana pasada, Cerrón dijo sobre Boluarte: “La siento del lado del partido porque es militante. No sé si mañana pueda cambiar o pasado”. 

Ella y Cerrón chocaron en la interna partidaria por la situación de Arturo Cárdenas, secretario nacional de organización, quien está implicado en el caso Los Dinámicos del Centro. Boluarte pidió públicamente evaluar la separación de Cárdenas, luego de que este fuera acusado por el Ministerio Público de hacer y deshacer en el gobierno regional de Junín sin tener un cargo público. 

Cerrón defendió a Cárdenas. “[No lo hemos separado] por la presunción de inocencia. Porque quien habla también ha sido víctima de una sentencia política. Y el partido no decidió retirarme del cargo porque cree en mi inocencia”, dijo en otro momento de la entrevista que nos dio la semana pasada. Al ser consultado sobre la opinión de Boluarte de separar a Cárdenas, Cerrón respondió: “El secretario general soy yo”. 

Como parte de la apuesta por la mesura en tiempos previos a la tormenta, Boluarte apoya al ala moderada de la bancada de Perú Libre. Esta facción la encabezan Betssy Chávez y Luis Kamiche. “Lo que busca la doctora Boluarte es concertar. Nosotros no somos radicales. No vamos al golpe, al choque. Queremos coordinar con otros grupos”, explica Kamiche. 

“Siempre hay controversia. No es nada personal. Es parte de la trayectoria política. El señor Cerrón tiene su formación, una ideología que se respeta. Es el secretario general del partido. Y la señora Boluarte tiene otro concepto que se respeta”, añade el congresista. 

La vicepresidenta marca distancia con la actuación de algunos parlamentarios del lápiz, como Guillermo Bermejo, que tienen como estrategia la confrontación. Por eso, en una declaración pública, reclamó a su propia bancada -la de Perú Libre- y a otros grupos parlamentarios que “no es momento de estar generando zozobra”. 

Ella, en cambio, trata de tender puentes en el Congreso. Y ha puesto la puntería a la bancada de Acción Popular, que con 16 integrantes puede inclinar la balanza en una votación reñida como la del pedido de confianza al Gabinete. El 5 de agosto pasado acudió a su despacho el gobernador regional de Cajamarca y secretario general del partido de la lampa, Mesías Guevara. Siete días después, el 12, asistió a la oficina el excandidato presidencial, Yonhy Lescano, según el registro de visitas de la cartera. 

El registro de visitas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El 12 de agosto pasado el excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó el despacho de la ministra Dina Boluarte para tender puentes.

Las reuniones sirvieron para acercar posiciones con miras al 26 de agosto, el día en que el premier Bellido pedirá el voto de confianza al Parlamento. “Le dije que no pongan ministros cuestionados, que tengan problemas. Me dio una buena impresión. Es una persona que escucha. Y espero que no se deje arrastrar por algunas corrientes que están dentro de Perú Libre, que ponen siempre trabas. No está radicalizada”, cuenta Lescano. 

El asunto es que no todos los legisladores de Acción Popular responden a Lescano y Mesías. Hay otros que siguen la línea de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se ha mostrado dura con el gobierno. 

 

Un despacho en Palacio

Boluarte, abogada de profesión, milita en Perú Libre desde el 2018. Ese año postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo, prometiendo convertir al distrito en una “ciudad dinámica”. No forma parte del buró político del partido y tiene, en la agrupación, un perfil más técnico. 

“Dina Boluarte es un gran contrapeso en Perú Libre porque tiene un perfil entre tecnocrático y político. Me pareció raro que ella no estuviese en el premierato. Hubiese jugado un rol más de báscula entre el Ejecutivo y el Congreso”, dice el economista Eduardo Recoba, que apoyó a Perú Libre en la campaña.

La titular del Midis lideró el equipo que defendió los votos de Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones, mientras Fuerza Popular y otros grupos de oposición clamaban fraude sin pruebas. En junio se presentó en una conferencia de prensa rodeada de cuatro figuras moderadas: Pedro Francke, Aníbal Torres, Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Ella habría convocado al actual ministro de Justicia y también logró aliarse con Francke y Verónika Mendoza, rivales políticos de Cerrón. Incluso, trabajó de la mano con el ministro de Economía en el fortalecimiento del equipo técnico del lápiz. 

Junio, 2021. Vicepresidenta Dina Boluarte flanqueada por Aníbal Torres y Pedro Francke en una conferencia de prensa para defender los votos de Perú Libre ante las denuncias de fraude. Foto: Facebook de Dina Boluarte.

El pasado 21 de julio Boluarte fue a Palacio de Gobierno junto a Pedro Castillo, invitados por el entonces presidente Francisco Sagasti. “Ella estaba interesada en saber si es que había un despacho para la vicepresidencia. […] Le mostré el despacho que había utilizado la señora Mercedes Aráoz “, recuerda para Sudaca la expremier Violeta Bermúdez. 

Ocupar la vicepresidencia, en el Perú, no es poca cosa. Lo han demostrado los últimos cinco años. En caso Pedro Castillo fuese vacado, sería Boluarte la que asumiría las riendas del Ejecutivo.

Luego de que el profesor chotano le encargara encabezar el proceso de transferencia de gobierno, la vicepresidenta ha guardado un perfil bajo estas semanas. Pero pronto le tocará la exposición mediática: como cabeza del Midis, maneja los programas sociales del Estado y será la encargada del reparto del bono de los S/350. 

Mientras, vive en una pugna soterrada con Cerrón al interior del partido. El círculo de confianza del exgobernador regional de Junín le reprocha no sacar cara por Perú Libre dentro del gobierno en momentos álgidos y buscar posicionar su imagen con el manejo de los programas sociales. ¿De qué lado se quebrará el lápiz?

 

*Fotoportada: Leyla López

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