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Reporte Mensual de Fondos Mutuos Mayo 2021, de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú. Infografía: Leyla López

El reporte de la asociación indica que el desempeño de mayo estuvo marcado por la coyuntura local y las expectativas de los inversionistas respecto al posible ganador de la elección presidencial. 

“Gran parte de ese dinero, según las divisiones de los bancos, que son los administradores más grandes, se cambió de soles a dólares y muchos de estos se enviaron afuera. En mayo [el retiro de fondos mutuos] se ha acentuado y lo vemos en el tipo de cambio. Hubo días en que el Banco Central de Reserva [BCR] tuvo que vender muchos dólares o intervenir con ‘forwards’ [operaciones de política monetaria para aliviar la subida del tipo de cambio]. Eso es bastante demanda, y no solo de compañías, sino también de inversionistas chiquitos”, explica Rojas. 

Movimientos como estos parecen haber asustado a los directivos de bancos como el BBVA Perú, que ayer cubrió con paneles protectores las fachadas de 35 oficinas a nivel nacional. El mensaje de temor se concentró principalmente en el centro y sur del país: las ciudades con agencias que colocaron la protección son Lima, Arequipa, Madre de Dios, Puno, Juliaca, Tacna, Ayacucho, Pasco y Moquegua, según detalló a Sudaca la oficina de prensa del banco. 

“Se trata de una medida preventiva de protección a nuestros empleados y clientes en algunas zonas sensibles donde en otras ocasiones las oficinas bancarias se han visto afectadas por hechos relacionados a protestas o manifestaciones. Son 35 oficinas de 320 a nivel nacional. Las oficinas atenderán con normalidad el lunes, pero se debe dar seguridad a los empleados o clientes por si se presenta algún disturbio. Más de 280 oficinas bancarias no tienen esa protección. Con disturbios, nos referimos a marchas”, explicaron. 

Refugiados en el dólar

También ha habido un claro movimiento hacia la divisa de refugio por excelencia. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), entre marzo y abril de este año, los depósitos en soles del sistema financiero peruano han caído entre 1.5% (depósitos a plazos) y 6.4% (dinero de libre disponibilidad), y las cuentas en dólares se incrementaron entre 5.5% y 5.8%, respectivamente frente a marzo. Pero aún más: S/4.709 millones -su equivalente en moneda nacional o extranjera- han sido retirados del sistema. 

Hugo Perea, economista jefe para el Perú del BBVA Research, explica que lo usual en un proceso electoral es que personas y empresas opten por dolarizar sus portafolios de manera preventiva, pero que la incertidumbre ahora ha sido más alta de lo común. “Mi impresión es que en este proceso electoral la dolarización ha sido más acentuada. Creo que es básicamente una demanda vinculada a un factor precautorio”, comenta. 

Perea segura que las cifras de mayo -que aún no han sido publicadas- reflejarán la misma tendencia, sobre todo por el lado de las personas naturales, ya que las empresas se han movido primero porque suelen ser más rápidas. Por el lado de las personas, recordó que esta vez algunos han podido acceder al 100% de sus cuentas CTS, que tradicionalmente han estado en soles. y podrían haber hecho la conversión a dólares.  

Si la tendencia se acentúa después de las elecciones, el economista consideró que el sistema financiero tiene suficiente liquidez para afrontarlo. “Ante la eventualidad de que las cosas sean más complicadas, el BCR también tiene herramientas para proporcionar apoyo transitorio de liquidez en dólares. Tiene disponibilidad de reservas internacionales, más de US$7 mil millones, por ese lado creo que hay un cierto “colchón” que va a permitir enfrentar episodios de volatilidad intensos”, afirmó.

Para Rojas, existe un segmento de la población que siempre confía más en el dólar y ante la incertidumbre hay un efecto de contagio. “La gente se desespera pensando que ya perdió su oportunidad y creo que hay esa sensación de contagio donde lo poco que tengo lo mando a dólares. Hay un tema de emoción en este momento en el que todos estamos muy sensibles y que te incentiva a tomar decisiones emocionales”, afirma. 

De momento, el nerviosismo ha servido para multiplicar las operaciones en las casas de cambio digitales. Según Matías Maciel, Co-Founder & CFO de Rextie, entre abril y mayo su ritmo de captación de nuevos clientes se duplicó. 

“En estos contextos de volatilidad el precio es como un llamado a operar porque el que cree que está caro, vende, el que cree que va a seguir subiendo, compra. Las personas, normalmente, operaban un monto promedio de US$1.000 a US$1.200 dólares por operación y ahora [desde abril] el promedio subió a US$1.500. Los volúmenes claramente aumentaron”, detalla. 

Servicios migratorios con alta demanda

Y así como el dinero se puso en marcha en los últimos días, algunas personas han retomado planes de viaje, incrementando la demanda de pasaportes. La Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana Del Águila Tuesta, explicó que antes de la pandemia se entregaban 800 pasaportes por día. Cuando se empezaron a reanudar los viajes, se repartían 300. Actualmente, en cambio, se entregan 2.000 diarios a nivel nacional.

“Dada la inmensa cantidad de solicitudes se han cubierto las citas hasta septiembre. Vamos a trabajar en Breña de lunes a sábado y así vamos a poder entregar 4.000 pasaportes por día a nivel nacional. En Tumbes antes entregábamos 10 pasaportes por día, ahora son 150 por día”, indicó a Sudaca durante la inauguración de una nueva oficina en el Jockey Plaza.

Del Águila se excusó de pronunciarse sobre temas políticos, pero precisó que este incremento de la demanda se registra desde marzo, antes incluso de la primera vuelta, por lo que lo vincula más al aumento de las frecuencias aéreas o a la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos. No hay, sin embargo, una medición formal de los motivos detrás del fenómeno de la renovación de pasaportes. 

“El 2020 nadie viajaba y por eso, de pronto, no se dieron cuenta que sus pasaportes vencieron. Podemos apreciar que son grupos familiares. Con esta apertura y estas decisiones esperamos que las citas lleguen solo hasta julio y podamos atender a los que ya sacaron cita”, agregó. Según los vuelos directos que han contabilizado, unos 117,000 peruanos han viajado a Estados Unidos desde febrero hasta los primeros días de junio. Allí muchos buscan una dosis del antídoto contra la Covid-19. 

*Fotoportada: Leyla López

 

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Ahorros, BBVA, Dólar, Dólares, Elecciones 2021, Migración

Oscar Galarza es psicólogo, tiene 60 años y recientemente ha tenido que bloquear de su Facebook a su mejor amigo de la juventud. La razón, explica, son los ataques que recibía de este por hacer pública su decisión de votar por Perú Libre. “Yo me pregunto: si psicólogos pierden la amistad por cosas que no valen la pena, por una señora Fujimori que nos dice que va a cambiar, por un señor Pedro Castillo que dice que no va a ser totalitario, ¿qué podemos esperar?”, comenta Galarza, presidente de la Asociación de Psicólogos de Lima.

 

No es el único. La periodista Victoria Pineda contó el pasado 3 de junio en su cuenta de Twitter: “En serio, es increíble las cosas que tengo que ver y responder por WhatsApp. Estas elecciones estoy perdiendo a varios «amigos», pero no me arrepiento”. Y acompañó su mensaje con el pantallazo de la discusión.

En una reciente entrevista para Sudaca, la también periodista Rosa María Palacios contó un pasaje similar acerca de las interacciones que tiene con sus conocidos por redes sociales. “Un sector de mi familia cree que soy comunista. Aunque tú no lo creas. No sé por qué, probablemente por no decir ‘Keiko, te amo’, o algo por el estilo. Y otro sector cree que soy demasiado de derecha, ¿cómo es posible?”, apuntó.

“Bruno” (22), por ejemplo, es un estudiante del último año de psicología de la Universidad de Lima. Utilizamos un seudónimo porque el entrevistado no quiere revelar su identidad por temor a quedar expuesto a reacciones hostiles. Pero cuenta su experiencia con su entorno universitario. “Más [me han afectado] las reacciones que tienen otras personas que el mismo resultado de las elecciones. Creo que se ha cerrado bastante el diálogo al menos en varios grupos sociales limeños. El que no tiene tu opinión es el enemigo […] Muchos están totalmente decididos a irse del país”, dice. 

Y si en grupos privados la polarización es notoria, redes públicas como Twitter son un verdadero caldero. “Mucha gente esta semana ha renunciado a Twitter. ‘Esta semana he decidido no abrir Twitter’ es como la frase de la semana. Como Twitter puede ser anónimo y la gente habla sin reparos. Veo cosas tan fuertes de los dos lados, ‘mi amiga tal y mi amigo tal se han dicho esto’, me cuentan. Qué difícil será volver a hablarte con el enemigo”, dice Graciela Cardó, vicepresidenta de la Sociedad de Peruana de Psicoanálisis.

¿Qué hay detrás de estas interacciones? “Es el famoso pensamiento binario”, sostiene la especialista. “En los momentos de crisis, de cambio, tendemos a pensar de nuevo así: los buenos, los malos; los míos, los otros; el nativo, el extranjero; hombre, mujer; yo, tú. Y el pensamiento binario implica dominación, implica que uno es mejor que otro, siempre es así”, añade. 

Óscar Galarza coincide y se anima a poner un ejemplo personal. “El ‘yo-tú’, que es una relación humanizante, se empieza a transformar en un ‘yo-ello’. Por ejemplo, a los que vamos a Pedro Castillo nos están llamando ignorantes, brutos, comunistas, que queremos un país como Venezuela o Cuba. Y los de esta parte llaman a los que van a votar por Keiko Fujimori: delincuentes, autocráticos, corruptos. Al final, ¿qué tengo que ver yo, que voto por Pedro Castillo, con un comunista? ¿Qué tienes que ver tú, que votas por Keiko Fujimori, con una corrupta? La consecuencia es un mecanismo muy violento. Es: yo soy bueno, tú eres malo”, explica.

Óscar Galarza, presidente de la Asociación de Psicólogos de Lima, en conversación con Sudaca vía Zoom.

«Todo es defensa acérrima de su posición, ni siquiera del candidato o candidata, todo es lo que tú quieres, son tus ideales, tus esperanzas, son procesos psíquicos complejos», complementa Graciela Cardó.

La distancia que los separa

Hoy, a menos de nueve horas del flash, la preocupación por la situación del país va alcanzando su pico y pueden surgir algunos síntomas. “Hay bastante insomnio, ansiedad, somatizaciones como dolores de cabeza, de cuerpo. Mucha gente ha estado definitivamente más ansiosa, preocupada, fastidiada, irritada, y es que si estás peleando todo el tiempo…”, dice Cardó.

La familia Taboada vive algo similar a lo que describe la psicóloga. Lucía Taboada (23), una estudiante de derecho en la Universidad del Pacífico, dice que ella y su hermana -que estudia la misma carrera en la Universidad Católica- viciarán su voto. Los actos de corrupción y violación de derechos humanos cometidos por el fujimorismo han sido decisivos para ambas.

Pero sus padres, de 60 y 52, votarán por Fuerza Popular. El recuerdo del terrorismo que vivieron durante las década del 80 fue una de las razones. Y llegó a su momento más álgido luego del atentado en el VRAEM. “Así era todos los días”, recuerda Lucía que dijo su papá evocando aquella época. “El medio televisivo que mi papá más consume es Willax y es notoria la campaña de miedo [de ese canal]”, apunta.

Su madre, por otro lado, insistía en lo peligrosa que era la opción de Perú Libre para la economía. “He invertido tanto en ustedes para que al final se queden sin trabajo”, le escuchó decir a su mamá, quien, preocupada, recordaba que durante el primer gobierno de Alan García ganaba el equivalente a S/20 al mes. “Sí, estaba triste al punto que se puso a llorar”, comparte Lucía.

En medio de la polarización, algo que apunta Graciela Cardó parece pasar desapercibido: “Los dos intentan proponer mejoras. Obviamente. Nadie va a proponer destruir el país. Pero la gente lo vive así. [A los ojos de ambos bandos], los dos candidatos están proponiendo destruir el país”.

Graciela Cardó, psicoterapeuta y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP). Foto: Crecedu.

Desde su consultorio en San Miguel, Oscar Galarza ha advertido un paralelo quizás más profundo. “En todos los años, nunca se ha visto una polarización tan fuerte y, por lo tanto, lo que veo en muchos hogares es que los hermanos se están distanciando, padres e hijos pelean por situaciones electorales, amigos que están perdiendo la amistad, y ciertamente [esto] va a traer como consecuencia demasiados problemas en las interrelaciones familiares. Ello aunado al Covid-19, que ya por sí solo es un problema”, apunta. La votación empieza y acaba hoy. ¿Habrá futuro para las relaciones rotas que deja?

 

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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Elecciones 2021, Flash electoral, Fuerza Popular, Perú Libre, relaciones familiares, Voto

“Nos han ignorado olímpicamente”, dice Jorge Chávez, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Le acabamos de preguntar cómo ve el futuro de la comunidad LGTBIQ+ en los próximos cinco años, sea quien sea el ganador de las elecciones generales de mañana 6 de junio. “Vemos un futuro poco esperanzador”, añade con resignación.

“Pensamos que en los próximos cinco años podíamos avanzar un poco más [en temas de derechos hacia nuestra comunidad], pero gane quien gane, la tendremos difícil. Lucharemos para no retroceder en lo avanzado”, insiste.

 

La preocupación de Chávez no se basa en especulaciones. En estas elecciones, los peruanos tendremos que elegir entre dos opciones que tienen planteamientos totalmente opuestos en sus planes políticos, sociales y económicos, pero con una gran coincidencia: ambos son conservadores y se han manifestado abiertamente en contra, por ejemplo, de la unión civil y el enfoque de igualdad de género.

“Este último proceso electoral ha sido muy triste. Han salido quienes están más en contra de nosotros”, reclama Chávez al recordar los vínculos de Keiko Fujimori con grupos evangélicos y el respaldo que Pedro Castillo le dio, en el 2019, al movimiento ‘Con mis hijos no te metas’. Se trata de grupos que se han encargado de obstruir temas como la Unión Civil.

“En el siguiente gobierno, seguro, recibiremos ataques de congresistas. Tal vez querrán desaparecer la Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales GTBI trans en el Ministerio de la Mujer. Seguro que esto se irá diluyendo”, señala.

Recordemos que varias de bancadas tienen propuestas conservadoras y juntas harían que iniciativas que apoyen a las minorías no prosperen en el próximo Congreso. Perú Libre (37 congresistas); Fuerza Popular (24); Acción Popular (15) y Renovación Popular (13); por mencionar las más resaltantes.

Todo eso -afirma Chávez- sin contar que es muy probable que no se haga nada por crear políticas de estado que eduquen contra la discriminación que sufre la comunidad LGTBIQ+ en nuestro país. “Estas elecciones demuestran que en el Perú nos odian», dice de manera categórica Leyla Huerta, activista trans y coordinadora del proyecto Féminas.

Cuando uno revisa cifras, llega a comprender la contundencia con la que ella se expresa. Según la primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada en el año 2017 por el INEI, el 63% de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún acto de discriminación y violencia.

Otro informe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del 2016 indica que un 70% de las mujeres trans en Lima se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales.

“Muchos medios de comunicación nos quieren hacer ver como prostitutas. Otros sectores buscan hacernos creer que no tenemos los mismos derechos. Debemos aspirar a un país que nos mire por igual y no fomente los discursos de odio”, señala Huerta.

Ante un eventual gobierno de Fujimori o Castillo, la comunidad LGTBIQ+ seguirá luchando por la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ya sea a través de la unión civil o el matrimonio igualitario; así como el compromiso de las instituciones de estado para hacer campañas por un país más inclusivo y menos violento.

Naturaleza en riesgo

El pasado domingo 30 de mayo, Vanesa Escobar Marcavillaca, participó en el bloque ‘Pregunta Ciudadana’ del segundo debate presidencial. La joven cusqueña lanzó una consulta sencilla a los candidatos Castillo y Fujimori: ¿Qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de los defensores ambientales? Su pregunta -además- recordaba que el Perú, según la organización internacional Global Witness, es el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.

Fujimori respondió que respetaría el cuidado del medio ambiente y luego habló sobre la desnutrición infantil. Castillo, en tanto, recordó su lucha como rondero en la defensa de nuestra naturaleza y -de manera enfática- señaló: “Me ratifico: Tía María y Conga no van”.

Después mencionó a los extranjeros que delinquen en nuestro país. Ninguno de los dos contestó la pregunta y la incógnita se instaló. ¿Qué peso le dará -sea quien sea el ganador- a la defensa del medio ambiente y el cambio climático?

“Es evidente la orfandad del tema ambiental [en ambos candidatos]. Nos encontramos con dos opciones cortoplacistas, populistas y que expresan bastante bien la crisis de nuestra sociedad”, dice Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales).

Saavedra recuerda cuando oyó la pregunta de Vanesa Escobar y luego cómo la consulta fue toreada por los postulantes al sillón de Pizarro. “Me generó frustración e indignación. Sensación de quienes tratamos de sumar con un grano de arena a que esto cambie. Con Keiko Fujimori la posibilidad de diálogo será limitada y Pedro Castillo, seguro, tendrá una estrategia de reacción permanente. Seguro va a meter la pata y tendremos que salir a hacer nuevas propuestas técnicas y reforzar la defensa de la gestión sostenible de los recursos naturales. Habrá muchos desafíos en la agenda”, señala el ambientalista.

Según DAR, uno de esos desafíos es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la incorporación de la opinión técnica previa del sector Salud que sea vinculante a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Además, el nuevo gobierno debe responder al pedido de las organizaciones indígenas de impulsar la consulta previa de los EIA de los proyectos de inversión.

También pierden…

“Ideología de género” es el término que usan los candidatos Castillo y Fujimori para referirse con desprecio al enfoque de igualdad de género del Currículo Nacional de Educación Básica, implementado por el Ministerio de Educación desde el 2017.

Durante la campaña, la candidata de Fuerza Popular aseguró que “eliminará” la “ideología de género”; mientras que el postulante de Perú Libre dijo estar “en contra” del enfoque de género. Aunque lo avanzado todavía es incipiente, ¿se retrocederá? Le consultamos a Diana Miloslavich Túpac, vocera del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan.

“Nosotros seguiremos insistiendo en levantar nuestra agenda de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir libres de violencia”, insiste Miloslavich Túpac, ante el panorama incierto. “Estaremos vigilantes a quién gane, para que los avances que hay en el Ejecutivo, donde están las políticas de igualdad de género en los ministerios de la Mujer, Salud y Educación, continúen y no haya retrocesos y más bien tengamos avances”, añade.

De algo está segura la activista: con Fuerza Popular ya tienen experiencias desagradables. En el 2018, por ejemplo, desde la sociedad civil se inició la campaña ‘Déjala decidir’, que promovía la despenalización del aborto para los casos de violaciones y malformaciones congénitas. Pero la iniciativa fue sepultada por el Congreso de ese año, cuando los naranjas tenían la mayoría parlamentaria.

En una columna publicada en la web Pata Amarilla, Miloslavic, en una reflexión más íntima escribió: “Quiero imaginar un Congreso que dialogue y un Estado cuyo centro sean las personas, las mujeres, nuestros pueblos olvidados, la comunidad LGTBI. Quiero imaginar un lugar de diferentes en diálogo permanente. Lo que hemos vivido las últimas semanas es una guerra entre peruanos y peruanas”.

Al cierre de esta edición, el candidato Pedro Castillo, que recientemente ha tenido frases misóginas y transfóbicas, se reunió con organizaciones y activistas de diversos espacios sociales, entre ellos la comunidad LGTBIQ+. Rechazó ser machista, pero no se conoce compromisos concretos hasta ahora.

 

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cambio climático, Enfoque de género, Keiko Fujimori, Medio ambiente, Pedro Castillo

¿Por qué un candidato presenta tres equipos técnicos pero casi no promociona las propuestas que estos elaboran para él? Pedro Castillo Terrones llena mítines, canaliza el sentimiento popular de inequidad y representa un conjunto de voces que han sido dejadas de lado. Sin embargo, tiene unas falencias clamorosas cuando se trata de comunicar sus propuestas técnicas -con las que deberá gobernar- a través de los medios. 

 

Y esto, pese a que sí tiene documentos, elaborados por sus distintos equipos, que detallan decenas de medidas que implementaría en un eventual gobierno, aunque él parezca no haberse enterado. En el sector salud, por ejemplo, el miembro de su equipo técnico Antonio Quispe difundió hace unos días el «Plan para controlar la pandemia y repotenciar el sector salud», con 100 propuestas iniciales.

Entre las medidas están, para citar solo algunas, la creación de un viceministerio de regulación sectorial para la salud, implementar más plantas de oxígeno en establecimientos de salud I-4, sistemas de vigilancia y rastreo según la carga viral que arrojan las pruebas moleculares, instalar 3 mil camas con cánulas de alto flujo y generar un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) destinado a la comida chatarra y las bebidas azucaradas. 

Además, este medio publicó recientemente documentos internos del equipo económico de Juan Pari, que detallan sus planes en materia tributaria y para la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Por qué Castillo no ha mencionado nada de esto en el debate?

Sudaca conversó con cinco integrantes de los círculos más cercanos del profesor chotano para responder a esta pregunta. 

Decisiones propias

En el último debate entre los dos candidatos presidenciales, cuando tocó hablar sobre salud, Castillo preguntó abiertamente: “¿por qué no un ‘razonador’ magnético en cada centro de salud para detectar a tiempo las enfermedades de los compatriotas?”. No es el error en la palabra ‘razonador’ -que en realidad es ‘resonador’- lo que importa, sino la propuesta. 

Hay una idea concreta detrás de lo que dijo Castillo: la implementación de resonadores magnéticos -que permiten tener una visión clara del interior del cuerpo a través de la construcción de imágenes por campos magnéticos- en todos los centros de salud del país. Esto, sin embargo, no es compatible con el concepto mismo de atención primaria. No en términos prácticos, al menos.

Así se lo hizo saber al candidato una fuente vinculada a su equipo técnico en salud en una reunión con el candidato, de la que Sudaca pudo enterarse, cuando este consultó si sería correcto lanzar la propuesta de los resonadores. En la reunión estuvo también Hernando Cevallos, jefe del equipo de salud. Los técnicos le dijeron al profesor que no era buena idea vincular la atención primaria con estos dispositivos, porque son demasiado caros y su demanda no justifica que estén en cada posta. 

En cambio, le dijeron, los resonadores deberían ubicarse en los centros de referencia más grandes. La atención primaria es, por definición, accesible y esencial. Todo lo que reviste mayor complejidad debe ser derivado. Castillo asintió, pero igual lanzó la propuesta en el debate. Es decir, escuchó, pero no hizo caso. «Castillo escucha a todo el mundo, pero casi no le hace caso a nadie», dice una fuente cercana al equipo de salud de Perú Libre. 

Otra fuente, con llegada directa a los círculos más íntimos de Castillo, confirma lo dicho. El ‘profe’ toma apuntes, pero no hace mucho caso, asegura. No confía en los equipos que ha presentando, ya que su confianza responde a entornos más familiares y amicales, de sobrinos y hermanos, explica.

Al ser consultado sobre cómo preparó su participación en el debate, Cevallos reconoció que Castillo “ya tenía una visión [propia] de los problemas” y que los equipos técnicos solo “puntualizaron algunos aspectos”. 

Quispe ensaya otra explicación. Para él, es urgente que el candidato complete su media training. En comparación a Fujimori, asegura, tiene dos campañas menos. “Es su primera campaña y errores ha cometido y seguirá cometiendo”, lamenta.

Apoyos y ministerios

Para entender la escasez de propuestas pese a que sí están puestas sobre un papel, Sudaca también se comunicó con el economista Pedro Francke, quien ha cobrado mayor relevancia mediática recientemente, pues antes el encargado del tema económico era Pari. “Como todo equipo vamos intercambiando funciones y vemos qué funciona mejor”, afirma.

Francke asegura que estuvo trabajando para ayudar a Castillo de cara al debate, pero destaca que el discurso es del propio candidato. Reconoce que no se reúnen a diario, aunque afirma que el trabajo con él se da a “un ritmo bien fuerte”. “Nuestro rol es de asesoramiento y tenemos un ritmo con Castillo, pero no me parece correcto comentarlo”, señala.

Para Cevallos, Castillo sí planteó varias propuestas en salud. Pero se trata de tópicos generales. Por ejemplo, impulsar la atención médica primaria -con la ya explicada contradicción de los resonadores magnéticos- o el acercar la salud al ciudadano. El excongresista asegura que el profesor no es un experto en el sector salud, y que “el tema es explicarlo para que la gente sencilla lo entienda. Tiene una forma de comunicarse que es andina, no es político, pero es inteligente”.

Pero el trastabilleo parece ir incluso más allá. El jueves, tras la tercera presentación de técnicos del lápiz en la Casa del Maestro, a una cuadra de la base principal de su contrincante Keiko Fujimori, Sudaca conversó con Gonzalo Alegría, parte del equipo en materia económica. 

Alegría aseguró que no haber pulido las propuestas para el debate de candidatos fue ‘casi culpa suya’. La explicación, dijo, es que quiso incorporar diversas propuestas de sindicatos y grupos sociales, y por eso el planteamiento final en materia económica no se habría culminado a tiempo. También reveló que internamente ya se está conversando sobre quiénes asumirían las carteras ministeriales de ganar el profesor. Señaló a Sudaca que Pedro Francke probablemente asumiría la cartera de Economía y Juan Pari, “al menos va a ayudar” en el Ministerio de la Producción.

“Se está conversando a la interna. El único que decide finalmente es el presidente. Castillo tiene mucho tacto, porque ya va insinuando qué podría ser útil, pero no se compromete hasta ganar las elecciones y ver las comisiones de transferencia”, anotó. Francke prefirió deslindar del tema. “No se ha hablado nada del tema de carteras ministeriales y me parece que es lo correcto. No corresponde hablar de eso hasta que llegue ese momento”, indicó.

Aquel día también hubo un episodio extraño que ya ha sido retransmitido a nivel nacional. Al ser presentado como responsable del área de transportes, el abogado Julián Palacín aseguró que la obra del bicentenario que haría Perú Libre sería la construcción de un teleférico en Lima de 100 kilómetros, “10 veces más grande que el de Bolivia”. 

Como reacción inmediata, Luis Gutiérrez, supuesto miembro del equipo que estaba a menos de un metro de Palacín, calificó lo propuesto como ‘penoso’. «Soy parte del equipo técnico y estoy absolutamente en contra de esa propuesta. No ha consultado con el equipo. Estoy pensando votar nulo, porque eso es pura cutra», afirmó a ATV. Perú Libre, a través de su oficina de prensa, negó que Gutiérrez sea parte del equipo técnico, pero no supo explicar qué hacía el señor en la presentación del mismo.

En términos técnicos, la candidatura del ‘profe’ parece armarse cada día con algo nuevo. Y así, en la improvisación, llega a su recta final.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Perú Libre

Por la mañana, en la plaza de armas del distrito de Tacabamba (provincia de Chota, Cajamarca), las canciones al ritmo de huayno y cumbia salen disparadas desde un parlante ubicado en el balcón de una antigua casona. En medio de las melodías, se escuchan las frases de campaña: «Este 6 de junio, marca el lápiz. No más pobres en un país rico».

 

Sudaca llegó el pasado miércoles a este distrito, lugar de nacimiento de Pedro Castillo y donde el pasado 11 de abril arrasó en las urnas. Según los resultados electorales de la ONPE, en la primera vuelta, el 79,51% de los electores tacabambinos votó a favor del candidato del lápiz; es decir, 7.338 personas de las 12.560 habilitadas. Su contendora de segunda vuelta, Keiko Fujimori, obtuvo el cuarto lugar con el 2.32%, o sea solo 137 votos.

El profesor Jorge Bocanegra conoce al candidato presidencial y a su esposa, Lilia Paredes, hace más de 30 años, cuando ambos estudiaban pedagogía en el instituto ‘Octavio Matta Contreras’, situado en el distrito también cajamarquino de Cutervo. Bocanegra cuenta que, tras conocer la decisión de su colega de candidatear a la Presidencia de la República, en octubre del año pasado, un grupo de docentes decidió realizar aportes económicos para su campaña. Señala que hubo profesores que mensualmente han hecho colaboraciones de entre S/50 y S/100. En Tacabamba, una amiga de ellos ha puesto su casa para que funcione como local del partido. 

«El profesor Castillo ha trabajado en escuelitas muy alejadas. Y, finalmente, ha llegado a ser profesor en Puña [una localidad del distrito de Tacabamba], la tierra donde ha nacido. Qué oportunidad y qué orgullo que, como hijo de esa comunidad y como niño que esa comunidad ha visto crecer, llegue allí [a la Presidencia] como profesor, como docente al servicio de la niñez», dice Bocanegra emocionado.

El profesor Luis Arturo Díaz es otro viejo amigo de Pedro Castillo. Dice a Sudaca que se conocieron en los años 90, cuando ambos trabajaban en la escuela N°10449 ‘Genoveva Díaz Loayza’, donde el candidato presidencial fue entrenador de la selección de fútbol y vóley de los estudiantes de primaria.

 

 

Equipos de futbol de Pedro Castillo
El profesor Pedro Castillo aparece junto al excapitán de la selección de fútbol, Roberto «El Chorri» Palacios, vistiendo la camiseta de la selección de fútbol de Tacabamba. Fue en el 2017. En la foto de abajo, un recuerdo de cuando fue entrenador del equipo de vóley de la escuela N° 10449 ‘Genoveva Díaz’, también de ese distrito. Las fotografías son del profesor Luis Arturo Díaz, quien aparece en las mismas imágenes.

Díaz aparece junto al candidato presidencial en una fotografía tomada el 12 de septiembre de 2017, durante un partido de fútbol en el que enfrentaron los equipos de profesores de Tacabamba y sus pares de Anguía, un distrito vecino donde tiene su residencia Castillo. «Aquella vez, Pedro jugó de delantero y metió un gol», recuerda Díaz. El resultado terminó en empate, 3 a 3, y el invitado especial al encuentro fue el excapitán de nuestra selección de fútbol, Roberto «El Chorri» Palacios, quien anotó dos veces.

El partido de confraternidad se realizó una semana después de haber acabado la huelga magisterial, desarrollada a nivel nacional y liderada por el profesor Pedro Castillo entre junio y la primera semana de septiembre de 2017. Luego de paralizar al sector educación, los huelguistas consiguieron que el piso del salario mensual del magisterio se incremente a S/2.000 (ahora es de S/2400).

La mañana del jueves nos dirigimos a Chugur, en el distrito de Anguía. Según el censo de población del año 2018 del INEI, es uno de los 20 distritos más pobres del país. Allí tiene su casa Pedro Castillo. Al frente del inmueble, hay una sede de la evangélica ‘Iglesia del Nazareno’ y en el mismo frontis de su vivienda, un lema en inglés: «Jehova is my shepherd (Jehová es mi pastor)».

Raúl Oblitas -hijo de Lelis, la hermana de su esposa- cuenta que a su tío lo mueve una fe inquebrantable que proviene de su adhesión a esta iglesia. En el desayuno electoral del pasado 11 de abril, esta quedó evidenciada ante las cámaras de televisión, cuando junto a su esposa y a sus tres hijos se tomaron de las manos y realizaron una oración.

 El sobrino de Pedro Castillo, Raúl Oblitas, aparece en el patio de la casa de su tío, en la localidad de Chugur. Se puede ver la frase: «Jehová es mi pastor» (fotos: Juan Carlos Chamorro)

 

«La iglesia tiene un promedio entre 40 y 50 años [de fundación]. Hay templos en todo el país. El profesor Castillo llega [a la iglesia] por medio de su esposa. Mi mamá ha sido profesora aquí [se refiere a que ha sido instructora del evangelio]. Su hermana, también, como asistente. Sus hijos [del profesor] se han criado acá. Es un tema de formación personal», señala Raúl, que estudia ingeniería civil. Si bien no es militante de Perú Libre, en algunas ocasiones ha acompañado a su tío a Chota durante la campaña electoral. 

 

Iglesia del Nazareno-Chugur
La ‘Iglesia del Nazareno’ de Chugur se levanta frente a la casa del candidato de Perú Libre (foto: Juan C. Chamorro).

Los preparativos en Tacabamba

Pasan las horas y varias personas que se alejaron de Tacabamba, principalmente por trabajo, van retornando a este distrito para emitir su voto. Es el caso de Geiser Olivera, quien se dedica a la venta de caballos y toros. «Voy a votar por Pedro Castillo, porque es un líder humanista y porque, además, es campesino», apunta.

 

Los distritos de Tacabamba y Chota están separados por solo una hora y media de distancia (infografía: Leyla López).

 

La tarde del jueves, un nutrido grupo de profesores y amigos del candidato presidencial, entre los que está Jorge Bocanegra, se reúne en la base de campaña del partido del lápiz. Alistan los últimos detalles para recibir los resultados electorales del domingo. Aún no está confirmado si el profesor Castillo retornará hoy, viernes, o mañana a Cajamarca, luego de su cierre de campaña en la capital.

Cuando Castillo retorne, se detendrá en Tacabamba, donde recibirá los resultados electorales. La mayoría de los docentes de este distrito estuvo con el candidato presidencial de Perú Libre el pasado 11 de abril en el local de campaña ubicado a tres cuadras de la plaza de armas, esperando los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvo el primer lugar y su pase a la instancia final junto a Keiko Fujimori.

 

La plaza de armas de Tacabamba será el escenario de la celebración en caso el profesor Castillo gane las elecciones este domingo (fotos: Juan C. Chamorro).

 

El sobrino del profesor Castillo, Raúl Oblitas, confirma a Sudaca que, a las siete de la mañana, según la agenda programada, el profesor Castillo tomará el desayuno junto a su familia y la prensa. El menú estará compuesto por una clásica sopa verde y tamales. Después, acompañará a su esposa Lilia Paredes a votar al colegio ‘Arturo Osores Carrera’, en el distrito de Anguía. Antes del mediodía, emitirá su voto en el colegio N° 10446 ‘Salomón Díaz’ de Tacabamba. Y, por la tarde, esperará los resultados en el local de campaña de este distrito.

«Hay un apoyo decidido [de los profesores]. Estamos hartos de la corrupción. Todo se ha centralizado en Lima. El profesor [Pedro Castillo] va a ser el Presidente y esperemos que gobierne para el pueblo» asegura el profesor Almansor García Delgado, que conoce al candidato presidencial hace más de 15 años, cuando ambos trabajaban en la escuela N° 10475 de Chugur. Mientras, sus colegas cargan una pancarta que será colgada en la entrada del distrito: «Pedro Castillo, Presidente del Perú, con justicia y con verdad».

 

La base principal de campaña de Perú Libre de Tacabamba está ubicada a dos cuadras de la plaza de armas (foto: Juan C. Chamorro)

 

(*) Foto de portada: Juan Carlos Chamorro

Los profesores y colegas de Pedro Castillo, Almansor García Delgado, Óscar Guevara, Wilson Carranza, Juan Chamaya, Jorge Bocanegra y Tomás Gálvez, aparecen en el local de campaña de Perú Libre de Tacabamba. Allí, el candidato presidencial recibirá los resultados del domingo 6 de junio.

 

 

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La lección del último quinquenio fue clara: ningún presidente de la República puede sentirse fijo en su cargo. Censuras, vacancias y renuncias fueron parte del menú político de los últimos años. Como el escenario de inestabilidad no ha mejorado (sino, lo contrario), hay una alta probabilidad de que ello se repita. Y los llamados a cubrir el hueco serán –nuevamente– los vicepresidentes. Estos son los perfiles y las ‘credenciales democráticas’ de quienes podrían asumir la conducción del país.

 

 

Galarreta: a la cabeza del obstruccionismo

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, es –de todos los postulantes– el que más recorrido tiene en la política peruana. Su kilometraje incluye haber ocupado una curul de manera ininterrumpida desde el 2006 hasta el 2019, cuando el Congreso fue disuelto por Martín Vizcarra. Antes de eso, también fue regidor provincial de Lima.

En estas elecciones, Galarreta postuló al poco conocido Parlamento Andino y fue elegido como representante del fujimorismo. En declaraciones para América Noticias, a mediados de marzo, aseguró que su candidatura a ese órgano supranacional se dio por un pedido de su partido, y agregó que dentro del Congreso había cumplido con “lo que corresponde” y que para él “la política no es una aventura, es una carrera”.

Parte de esa ‘carrera en la que ya cumplió’ incluye haber sido la cabeza del Congreso obstruccionista, término que su propio partido hoy acepta. Galarreta presidió el Parlamento entre el 26 de julio del 2017 y la misma fecha del 2018, uno de los periodos más conflictivos de la relación Legislativo-Ejecutivo del último quinquenio. Durante su presidencia se le negó la confianza al expremier Fernando Zavala y pasaron las dos mociones de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Además, fue cuestionado por la compra de televisores, frigobares y flores meses antes del Mundial Rusia 2018. Cuando fue increpado por los medios, defendió las adquisiciones y aseguró que aprobarían “otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”, en alusión a la llamada ‘Ley Mulder’.

Un año antes, cuando era vocero de la bancada naranja, se hizo público el chat de Telegram “Mototaxi”, donde la agrupación liderada por Keiko Fujimori coordinaba sus movimientos legislativos. En medio del debate para censurar al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, Galarreta escribió: “Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente!”. La decisión de tumbarse a Saavedra ya estaba tomada.

 

 

Aunque el ex congresista parezca un fujimorista de larga data, lo cierto es que milita recién desde el 2018. Antes militó en el PPC y en Renovación Nacional. Hoy es secretario general del partido naranja y, como tal, está involucrado de lleno en la campaña. Esto incluye ser consejero de la nueva bancada electa, la que tendrá la labor de limpiar la cara del fujimorismo en el Legislativo.

De darse el caso que Fujimori gane las elecciones y luego deba dejar Palacio, ponerse la banda presidencial será un déjà vu para Galarreta. En marzo del 2018, como presidente del Congreso, la vistió brevemente tras la renuncia de PPK y antes de la toma de mando de Martín Vizcarra.

A pesar de ser un acto simbólico –y durar unas cuantas horas– Galarreta no desaprovechó la oportunidad de posar campante con la banda presidencial. Junto a sus colegas de bancada improvisaron una sesión fotográfica mientras esperaban a Vizcarra. La sonrisa entonces no cabía en su rostro. ¿Tendrá la oportunidad de revivir ese momento en el futuro?

GalarretaBandaPresidencial
Galarreta cuando tuvo la fortuna de utilizar la banda presidencial brevemente. A su lado Luz Salgado, colega fujimorista.

 

Juárez: del amarillo al naranja

La plancha presidencial del fujimorismo la completa, en la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez. Aunque sus posibilidades de asumir son pequeñas, ‘Patty’ ya ganó en estas elecciones: será congresista fujimorista por Lima, cargo que había intentado alcanzar en el 2011 con Solidaridad Nacional.

Precisamente, su pasado político es totalmente amarillo. Juárez fue regidora provincial y teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre los años 2014 y 2018. Como tal, fue una férrea defensora de la gestión de Castañeda Lossio hasta que el sol del partido se apagó.

El ex burgomaestre es hoy investigado por el Equipo Especial Lava Jato y la acusación salpicó a ‘Patty’. Ambos son acusados de haber favorecido a la constructora brasileña OAS con la entrega de peajes, presuntamente a cambio de un aporte de US$480 mil para la campaña municipal del 2014, donde Juárez fue electa regidora.

La ex funcionaria edil enfrenta un glosario de delitos: concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. El caso recién está empezando, según reveló el portal Convoca.

Con esa mochila infame la hoy candidata a la vicepresidencia abandonó a Castañeda en el 2018, y renunció a su partido. Divagó brevemente, pero al año siguiente se reubicó como secretaria general del último bastión solidario: Miraflores. Luego llegó Patricia Juárez a Fuerza Popular, otro partido que también tiene problemas con las palabras “Lava Jato”. Intercambiando el amarillo por el naranja, la ex teniente alcaldesa aceptó la invitación de Keiko Fujimori a finales del año pasado.

 

Boluarte: las denuncias por maltrato

En las últimas semanas apareció en televisión una representante de Perú Libre que, hasta ese momento, había pasado desapercibida para la mayoría de la prensa. Su nombre era Dina Boluarte y, con mayor solvencia que el propio Castillo, defendió a su partido ante las cámaras. Esta vocera inesperada también es la candidata a la primera vicepresidencia del lápiz.

La única experiencia en el sector público que lista en su hoja de vida es la de jefa de la oficina de Reniec en Surco desde el año 2007, al que hoy ha pedido licencia sin goce de haberes. Tras su crecimiento como figura mediática y vocera de su partido, un sector de la prensa empezó a escudriñar su gestión en esa entidad registral. Encontró unas cuantas cosas.

Boluarte tiene, según Canal N, tres denuncias policiales entre los años 2011 y 2020. Dos de ellas ocurrieron alrededor de su local laboral, la Reniec.

La primera fue en mayo del 2015. Paula Parina denunció a Boluarte por lesiones ante la Policía. «La denunciante trabaja como lava carros en el lugar de los hechos y a eso de las 4 p. m. se presentó Boluarte, la misma que agredió físicamente a la denunciante, debido a que su espacio de estacionamiento estaba siendo ocupado por otro vehículo», describe el parte policial.

El otro incidente en la Reniec de Surco es más reciente. En febrero del 2020 la activista transexual Marina Kapoor la denunció por maltrato. Luego de esperar varias horas para que la atiendan en la oficina que dirigía Boluarte, Kapoor pidió el libro de reclamaciones. Esto, según su versión, hizo estallar a la hoy candidata a la vicepresidencia de Perú Libre.

“Escuchó ‘libro de reclamaciones’ y la señora es la que más bien se exaltó. Salió de su oficina y comenzó a decir al vigilante ¿quién ha dejado entrar a este señor aquí, cuando se dio cuenta de que era una mujer transexual”, explicó la denunciante a Canal N.

Frente a ambas revelaciones Boluarte respondió, nuevamente, en una pantalla televisiva. Y a nivel internacional. Frente a la pregunta de Fernando del Rincón sobre estas denuncias en CNN la candidata aseguró que “sus manos están bien limpias”, que no tiene “ni un acto de corrupción” y se quejó porque no “dicen nada del otro lado” en referencia al fujimorismo.

 

 

La funcionaria registral está ligada a Perú Libre hace años, aunque milita solo desde finales del año pasado. Su cercanía incluye dos postulaciones previas. La primera fue a la alcaldía de Surquillo en el 2018 –cuando el partido aún se llamaba Perú Libertario– y la segunda al Congreso en el 2020. En ambas oportunidades fracasó.

También intentó postular este año al Parlamento, pero fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque la personera legal del lápiz presentó documentación de subsanación sobre su candidatura fuera de plazo. ¿Cambiará su suerte si sale ganador Castillo?

 

El excluido

La fórmula presidencial de Perú Libre solo tiene a Boluarte como candidata a la primera vicepresidencia. La razón: el otro vicepresidente fue excluido por tener una sentencia firme de corrupción.

Se trata de Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general del partido. Cerrón también es autor del ideario que fue presentado como plan de gobierno en primera instancia al JNE. Este documento fue actualizado después porque, entre otros graves problemas, no tenía ninguna mención relevante sobre la pandemia.

A pesar de no ser el candidato presidencial, Cerrón ha tenido un rol protagónico en esta campaña. Como ideólogo del lápiz, ha hecho trabajo político en redes sociales, aunque no siempre parece hacerlo a favor de Castillo.

Su simple presencia política ya es cuestionable. El llamado “médico del pueblo” fue gobernador de Junín en dos periodos entre el 2011 y 2019. Su segunda gestión terminó abruptamente cuando fue sentenciado por el delito de negociación incompatible.

La justicia determinó que Cerrón, junto a otros miembros de su gobierno regional, favorecieron al Consorcio Altiplano mediante el pago de S/850 mil por “gastos adicionales” en la ejecución de un proyecto de saneamiento en La Oroya en 2011, durante su primer gobierno regional. Por este delito Cerrón tendrá que cumplir cuatro años de prisión suspendida y está inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. La decisión fue ratificada a mediados de abril.

Tanto Castillo como otros representantes de Perú Libre se han cansado de decir que Cerrón no fue sentenciado por corrupción, sino “por la corrupción”. Un juego de palabras que lo victimiza e ignora las pruebas en su contra.

Incapaz de volver a postular a la presidencia –lo hizo en el 2016 cuando su partido aún se llamaba Perú Libertario– quiso pasar “escondido” dentro de la plancha presidencial del lápiz, pero el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente su candidatura.

CerrónBandaPresidencial
Vladimir Cerrón con su banda presidencial durante su gobierno regional en Junín.

Como Galarreta, el fundador de Perú Libre ya sabe lo que es usar la banda presidencial. Al menos una imitación. Durante su gobierno regional Cerrón se lucía en eventos públicos portando una muy parecida a la original, pese a que ese no era el protocolo. Mientras dure su sentencia se quedará con las ganas de tentar la verdadera.

 

**Fotoportada: Leyla López (Fuente: Andina)

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Abel -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- cuenta que era funcionario del Gobierno Regional de Junín (GRJ) cuando a mediados del 2020 sus jefes inmediatos le dijeron que él y su familia tenían que afiliarse al partido que estaba gobernando. “Tienes que conseguir [militantes para el partido]”, recuerda que le dijo uno de sus superiores.

 

Y así lo hizo. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), él se registró al partido, que hoy disputa la Presidencia de la República, el 22 de septiembre de 2020. Cuatro miembros de su familia y un amigo también lo hicieron ese mismo día, según pudo corroborar Sudaca. En ese momento, Abel estaba trabajando en la Agencia Agraria Concepción, un área de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. 

Vladimir Cerrón, líder de PL y elegido gobernador regional para el periodo 2019-2022, había dejado su puesto a mediados del 2019 luego de ser sentenciado por el delito de negociación incompatible. Estuvo en prisión unos meses, hasta que a fines de ese mismo años, la Corte Superior de Junín decidió que afronte su pena en libertad. Lo que no se modificó fue el pago de una reparación civil de S/850.000.

Al año siguiente, Cerrón seguía sin pagar, por lo que su libertad estaba en riesgo. Entonces a Abel le pidieron que aporte dinero para ayudar al fundador de Perú Libre. Debía hacerlo a una cuenta mancomunada. “Más o menos en noviembre mi jefe me manda un mensaje donde dice que tenemos que pagar porque, si no, a Vladimir Cerrón lo iban a encarcelar”, señala.

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Uno de los titulares de la cuenta que aparece en el mensaje de WhatsApp es el ingeniero Rolando Salazar Cordova, actual director regional de Producción, puesto que es designado por el mismo gobernador regional según la web del GRJ. El otro es Jonny Vargas Gutiérrez, militante de Perú Libre desde el 2014 y trabajador del GRJ durante aquel 2020.

Abel aportó S/300. “No me sentí presionado, sino obligado porque era mi jefe quien me mandó ese mensaje […] Hemos estado sometidos. Todo el grupo de poder es así. Si trabajas, tienes que pagar”, agrega.

No es un caso aislado. Ginés Barrios Alderete, exconsejero regional del 2011 al 2014, durante la primera gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional, explica que durante esos años a él le llegaron denuncias de trabajadores del GRJ a los que se les descontaba parte de su sueldo.

“Yo puedo asegurar [que ese tipo de acciones ocurre] porque en una sesión de consejo yo presenté unos recibos en los que se descontó parte de su sueldo a trabajadores. Yo cuestioné eso y les dije que no me parecía correcto, que cómo era posible que el personal que se ha incorporado a las planillas del Estado tenga que estar sujeto a una obligación de dar parte de sus remuneraciones a un partido político [Perú Libre]”, asegura Barrios. 

El exconsejero agrega: “Según dijeron era un aporte voluntario, pero a mí no me parece. Ningún trabajador que se incorpore a la administración pública puede tener, más allá de su contrato laboral, un contrato al margen para regentar un porcentaje de su sueldo permanentemente, eso afecta a la gestión pública”. 

Dentro del consejo regional había mayoría oficialista de Perú Libre, así que la denuncia de Barrios no prosperó.

Durante aquella primera gestión, el 2013, el diario Correo denunció además que trabajadores del GRJ recolectaban firmas en horario de trabajo para poder inscribir a Perú Libre, hasta ese año movimiento regional, como partido de alcance nacional. 

Según pudo identificar el diario, entre los trabajadores que acudieron a recolectar firmas, bajo amenaza de despido, se encontraban funcionarios de la Procuraduría, quienes supuestamente se encontraban “de comisión” realizando trámites. El exconsejero Ginés Barrio pidió investigar el hecho, pero nuevamente la mayoría oficialista no lo permitió.

A Abel le pasó algo similar años después, ya durante la segunda gestión regional de PL. Cuenta que su jefe le dijo que tenían que ir a Lima para apoyar a Cerrón, pero él respondió que no podía porque tenía que trabajar. “Ahí es donde me han odiado”, asegura. Fue en ese momento cuando uno de sus compañeros de trabajo le explicó la razón del porqué él sí había decidido ir a apoyarlo.

«A mí no me paga el sueldo el Estado, a mí me paga Vladimir Cerrón», es la frase que Abel recuerda haber escuchado.

“Yo estaba triste por lo que me dijo mi amigo, que es ingeniero. ‘No hay principios, no hay valores’, pensé. Vladimir puede hacer esto con la gente, hacer que piensen que dependen de él», cuenta. Cuando terminó su contrato, en diciembre de 2020, no le renovaron.

Ginés Barrios confirma que esto es algo común durante los gobiernos de PL. “Cada vez que había manifestaciones que tenían que ver directamente con las actividades del partido de este señor [Cerrón], las sedes del Gobierno Regional se quedaban sin trabajadores”, dice.

 

Silenciar al que opina distinto

El pasado 7 de mayo, el congresista César Combina (APP) hizo público un informe interno de la Municipalidad de Huancayo. El documento estaba dirigido a la subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y daba cuenta de dos opiniones que Julio Nieto Tinoco, un trabajador de la comuna, había realizado en su cuenta de Twitter y que luego habían replicado algunos medios. La comuna huancaína es uno de los bastiones de Vladimir Cerrón. Su alcalde es Juan Quispe Ledesma, electo por Perú Libre.

 

informe contra Julio Nieto

 

Julio Nieto es el responsable del área de Beneficios Sociales y Laborales de esta municipalidad. El 11 de abril (el día de la primera vuelta), escribió en Twitter: “La mayoría de peruanos no tiene idea quién lidera Perú Libre, si supiera que es un sentenciado por corrupción y que tiene tomada las municipalidades y el GRJ y que Castillo solo es y será monigote de Vladimir Cerrón”.

El tuit fue reproducido en el diario Correo al día siguiente, lo que produjo malestar en sus superiores, según declaraciones de Julio Nieto. No era la primera vez que hacía este tipo de comentarios.

“En varias ocasiones ya hice comentarios en contra de Perú Libre, por la gestión en general, porque acá en Junín ese partido tiene gran parte de los municipios provinciales y también tienen el gobierno regional. Como ciudadano y como representante de un partido político [APRA], hago opiniones sobre la situación administrativa, política que sucede”, explica Nieto a Sudaca.

Como es trabajador permanente, no lo pueden despedir sin más. Pero según Nieto buscan otras formas de hostigarlo. “Cuando ellos iniciaron su gestión en el 2019 y yo hacía mis comentarios, empezaron a molestarme. Me rotaron en dos ocasiones de una gerencia a otra, y de otra a otra. Y ahora que estoy comentando, los funcionarios de turno me dicen ‘Julio deje de escribir, porque los de arriba se están molestando, los de arriba quieren que te saque’”, apunta.

Sobre este caso, el congresista Combina, férreo opositor de Cerrón y la persona que difundió el documento, asegura que ante la imposibilidad del despido, lo que se estaría buscando es acumular sobre Nieto distintas llamadas de atención para sacarlo sin que parezca un despido arbitrario. De hecho, por los tweets recientes, dice Nieto, el subgerente de Recursos Humanos ya le avisó que volverían a rotarlo de puesto. 

Para otros trabajadores, sin embargo, es más difícil conservar sus empleos dentro de los municipios dominados por Perú Libre. Los que no tienen contratos o los que están contratados por un tiempo limitado están sujetos a despidos o a la no renovación de sus contratos, como el caso de Abel.

“Este tipo de acciones son recurrentes en esta gestión. La municipalidad básicamente es gobernada por PL y el representante máximo es el señor Vladimir Cerrón (..)  PL son un grupo muy radical, muy fuerte. Da un poco de temor [hablar] ”, sentencia Nieto.

Por enésima vez, Sudaca contactó a Vladimir Cerrón para este informe, pero prefirió no contestar.

 

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Si hay alguien en Fuerza Popular que no puede negar conocer a Jorge Barata ese es Luis Carranza Ugarte, el jefe del plan económico de la candidata Keiko Fujimori. 

La empresa de Carranza fue una socia clave de la constructora Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima SAC, el mismo que a inicios del 2013 había obtenido un sospechoso contrato de más de $498 millones para mejorar las carreteras y administrar los peajes de nuestra capital por un periodo de 30 años.

 

El economista era entonces presidente del directorio de Sigma Capital, una empresa que es parte de la firma Sigma Safi y que asesora a esta en la administración de un fondo de inversión llamado, redundantemente, Sigma FI.

Este fondo coloca recursos de sus clientes -entre estos algunas AFP- en distintos proyectos de infraestructura. “Somos el vehículo por el cual los fondos de pensiones pueden entrar en el capital de proyectos de infraestructura, como Rutas de Lima”, explicó el mismo Carranza en una nota del diario La Primera, el 21 de octubre de ese año, ocho meses después de que Rutas de Lima firmase el contrato con la comuna limeña.

Para ese momento el jefe del plan económico naranja aún no se hacía directivo del consorcio, pero meses después, el 7 de julio del 2014, las cosas cambiarían.

Durante una reunión del directorio Rutas de Lima, hasta entonces conformada por representantes de Odebrecht, se decidió aumentar el capital en el consorcio. Sigma FI, el fondo que ayudaba a administrar Carranza, decidió transferir a la sociedad $37 millones de dólares y hacerse con el 10% del accionariado.

 

De Sigma FI a Rutas de Lima SAC. Este documento del BCP, acreditado por la notaría Laos de Lama, acredita la transferencia de 37 millones de dólares a la cuenta N° 193-2177359-1-33 del consorcio en el que participaba Oebrecht, como parte del aumento de capital. Este aporte le permitió a Luis Carranza ser parte del directorio junto a Jorge Barata, entonces presidente de Odebrecht Latinvest.

 

Con la transferencia hecha a través de una cuenta del BCP, Luis Carranza fue nombrado en el directorio que ya conformaban Jorge Barata, Nelson Vieira de Bulhoes, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes y Fernando Antonio Ocampo Vásquez. Todo consta en un acta de aquella fecha inscrita en la Notaría Eduardo Laos de Lama a la cual Sudaca pudo acceder.

En el documento se puede leer que la sesión del acuerdo estuvo dirigida por el mismo Barata, como presidente de Odebrecht Latinvest, quien después de casi dos años y medio de esa fecha, a inicios de 2017, comenzaría a confesar sus coimas en el Perú. Aunque la fiscalía brasileña ya tenía en la mira a la constructora al menos desde el 2013.

 

El acuerdo del directorio en el que se acepta el aporte de Sigma FI a Rutas de Lima SAC fue presidido por Jorge Barata (arriba) y fue legalizado notarialmente.  Después, el directorio de Rutas de Lima, con Luis Carranza como flamante director, fue inscrito en Registros Públicos (abajo).

 

Rutas de corrupción

La historia de Rutas de Lima empezó en septiembre del 2012, durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, cuando la comuna capitalina le adjudicó el proyecto “Vías Nuevas de Lima”. El 9 de enero del 2013, dos meses antes de la consulta de revocatoria contra Villarán, el contrato se firmó.

“La MML [Municipalidad de Lima] entregó la explotación de los peajes de las vías metropolitanas por 30 años [Rutas de Lima] y 40 años [Línea Amarilla] sin una proyección adecuada de la recaudación a obtener en esos plazos. Las concesionarias, con poca inversión, recuperarían su capital en poco tiempo y aumentarían sus ganancias muy por encima de lo declarado en su iniciativa privada, en agravio de las finanzas de la MML y del bolsillo de los usuarios de los peajes”, se lee en el informe del 2018 elaborado por la comisión Lava Jato, que entonces presidía la excongresista de Fuerza Popular Rosa Bartra.

El informe señala, entre varias de las irregularidades, que la municipalidad de Lima contrató “los servicios de asesoría legal externa del estudio de abogados Rebaza Alcázar & De las Casas para el análisis del proceso de iniciativa privada”.

Según el informe, el estudio tenía como consultor externo a Fernando Antonio Ocampo Vásquez, quien a la vez era director de Rutas de Lima. El bufete de abogados participó del acto de revisión de los documentos solicitados para el contrato de concesión.

No solo eso. Uno de los socios del estudio, Gonzalo de las Casas, era director junto a Luis Carranza en el negocio de los fondos de inversión de Sigma.

El 2017, además, se terminó por confirmar que para hacerse del proyecto, Odebrecht había pagado coimas. Los gastos aparecían en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de febrero y octubre del 2014. El receptor era José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Villarán.

Carranza renunció al directorio de Rutas de Lima el 2016 y lo reemplazó el ya mencionado Gonzalo De las Casas. 

Si bien ni él ni los exdirectores del consorcio son investigados por la Fiscalía -únicamente están siendo procesados los funcionarios públicos-, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado, en enero pasado, la incorporación de la Constructora Norberto Odebrecht y del consorcio Rutas de Lima como terceros civiles responsables en las investigaciones contra Susana Villarán.

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la  figura del “tercero civil responsable” no impide que en el camino se pueda encontrar responsabilidad individual de los directivos de una empresa para conocer si era política de la compañía realizar actos irregulares, como pago de coimas o, simplemente, si sus directivos “lo sabían”. ¿Cómo se puede descubrir eso? “A través de los testimonios de los involucrados”, responde Lamas Puccio.

Carranza ya ha desfilado por el Ministerio Público cuando fue llamado a declarar por el caso de la Línea 1 del tren eléctrico. Él había sido uno de los ministros de Alan García que firmaron decretos que terminaron permitiendo la ejecución y la adjudicación de la obra, según contó el exsecretario de Palacio Luis Nava.

Según Registros Públicos, Carranza sigue figurando como presidente de Sigma Capital. Al cierre de esta edición, el exministro no había respondido nuestras consultas.

 

(*) Focomposición de Portada: Leyla López

Fotografías tomadas de Andina en la que aparecen Jorge Barata (izquierda) y Luis Carranza (derecha), y atrás de ambos, el peaje administrado hoy por Rutas de Lima.

 

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Por Alba Ñaupas y Alessandro Azurín

A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante. 

 

“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.

Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.

Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.

vraem narcotrafico mapa
Nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem son los que focalizan el 90% del narcotráfico en el país. Infografía: Leyla López.

 

Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica. 

Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.

La sociedad del narco-terrorismo

“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.

El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.

Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.

Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.

El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.

Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.

Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella. 

De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas. 

“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.

Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.

Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.

Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.

“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.

Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Angel Pedro Valerio CARE
Pedro Valerio, presidente de CARE, denunció la presencia de hombres armados en las comunidades asháninkas y la aparición de cuerpos en el río Ene. Ambos hechos lo atribuye al narcotráfico. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín.

 

Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.

“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.

Cifras de abandono

“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.

A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.

Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.

En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación. 

En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.

Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.

Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.

Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.

Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.

Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.

 

*Fotoportada: Leyla López

 

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