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Transnacionales a la mesa de renegociación: este es el plan de Perú Libre para los hidrocarburos

Por: 27.05.2021

 

Cocinar en el Perú resulta cuatro veces más caro que en Bolivia. Acá, el precio del balón de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico está entre S/30 y S/45, mientras que el mismo producto en el país del sur cuesta entre S/8 y S/12.

El experto boliviano Álvaro Ríos explica que una razón central es el subsidio del estado boliviano durante los últimos 15 años, gracias a las ganancias de sus exportaciones. El equipo económico de Perú Libre, sin embargo, responsabiliza al “fracasado modelo de contratación” de Perupetro con las empresas transnacionales y que ha permitido que se priorice la exportación de gas en vez de satisfacer la demanda interna.

 

Para cambiar esas condiciones, el plan de un eventual gobierno de Pedro Castillo propone primero sentarse a conversar con las empresas que explotan los lotes gasíferos y petroleros del país. El objetivo no es sólo abaratar el precio del balón de gas doméstico, sino recaudar más dinero para el tesoro público. De no llegar a acuerdos satisfactorios, los contratos se renegociarán “desde posición de fuerza”, según un documento interno de su equipo económico al que accedió Sudaca. 

Cambio en las reglas de juego

En Perú Libre apuntan a aumentar la recaudación de las regalías y del impuesto a la renta que pagan estas compañías transnacionales. ¿A cuánto asciende ese monto actualmente? El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, nos ayuda con algunos cálculos.

Nacionalizacion Gas by Juan C Chamorro

Este es el plan del equipo económico de Perú Libre para nacionalizar el gas.

 

Herrera Descalzi apunta que en nuestro país sólo las empresas que participan en la producción de gas (Pluspetrol, Repsol y Hunt Oil, las principales a través del consorcio de Camisea; seguida de Orazul, que administra Aguaytia Energy) pagan 37,24% por regalías y 30% por impuesto a la renta, unos $328 millones anuales. Y si consideramos que estas mismas empresas también realizan la producción, el transporte y distribución del GLP (derivado del gas), diésel y gasolina, la recaudación asciende a $828 millones. 

Según fuentes del equipo económico de Perú Libre el objetivo es “recaudar hasta el doble de esa cantidad”. Esto permitiría, según dicen, incrementar los presupuestos en educación y salud, uno de los caballitos de batalla de Pedro Castillo.

¿Cómo lograrán que las empresas se sienten a conversar? Con una estrategia de año y medio cuya principal ficha será el conjunto de multas que varias de estas compañías tienen debido a pasivos ambientales. “El sistema de fiscalización ambiental [será] con colmillos. Multas se pagan y sólo después se pueden judicializar. Presuponer mala fe del administrado”, se lee en el informe.

Para Herrera Descalzi, lo que busca Perú Libre es “crear una deuda”, es decir, juntar todo lo que deben las empresas por los pasivos ambientales y que de esa forma se vean obligadas a renegociar los contratos que, en el caso del sector hidrocarburos, son mayores a los 30 años.

Pluspetrol, por ejemplo, posee una deuda medioambiental que superaría los mil millones de dólares por su explotación del lote petrolero 192, tal como publicó Sudaca en enero pasado. Esa deuda se encuentra en litigio.

NuevoModeloEconómico-JuanPari by Juan C Chamorro
El nuevo modelo económico del gobierno de Pedro Castillo se llamará «economía popular de mercado», que se dará a través de una economía mixta. Este es el plan del equipo económico.

 

De acuerdo al documento interno del equipo económico, les tomaría un año identificar los pasivos ambientales que tienen estas empresas y los costos de remediación y compensación a los afectados. Para este paso será fundamental la participación del OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.

Ese mismo año se realizarían las negociaciones con las empresas para las nuevas condiciones contractuales. Pero en Perú Libre parecen prever un escenario en el que las conversaciones no lleguen a buen puerto. 

En los seis meses siguientes, calculan en el partido del lápiz, se promulgará “el nuevo marco normativo” que obligue a las empresas a renegociar “desde una posición de fuerza”, añaden. Para que esto último suceda deberá modificarse, por ejemplo, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, la ley de construcción GSP, la ley de seguridad energética de GSP y la ley de modernización de refinería de Talara.

El documento señala incluso la necesidad de una reforma en la Constitución, pero no precisan de qué artículo. Según fuentes del equipo económico de Perú Libre, en este punto plantearían también la reducción del costo del GLP.

Según el diagnóstico del equipo de Pari, nuestro país tuvo que importar 20% de GLP destinado para el uso vehicular y doméstico, cifra que consideran es demasiada. “Está dentro de lo posible que haya habido un 20% de déficit en el 2020. Lo que pasa es que se estarían agotando las reservas de GLP en los lotes petroleros 56, 57 y 88”, explica a Sudaca Herrera Descalzi. 

El exministro asegura que es posible que pueda haber una renegociación de los contratos de gas, pero el éxito dependerá de lo que ofrezca el Estado y de lo que estén dispuestos a aceptar las empresas. “Lo que temo es que el Estado pueda usar la fuerza, como en la época de [el expresidente Juan] Velasco”, comenta.

“Cuando eres gobierno puedes hacer lo que se te dé la gana porque, al final, sacas una norma legal, así sea ilegal, y das por culminado un contrato, ¿no? El hecho inmediato es que nos llevan a una demanda internacional a Washington [al tribunal internacional de arbitraje CIADI]”, cuestiona el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez.

El exfuncionario apunta que el elevado precio del balón de gas se puede corregir no con un nuevo contrato sino con una demanda ante el Indecopi. A su criterio, existe un oligopolio de cuatro o cinco empresas, entre ellas Solgas, que están cobrando un promedio de 20% por encima de su precio original. 

¿Cuándo empezará todo el proceso de nacionalización? Juan Pari responde a Sudaca que “desde el comienzo” del gobierno de Pedro Castillo, aunque reconoce que será un proceso “un poco más complejo”. “Los tiempos sociales, políticos y de diálogo esperemos que no sean traumáticos, sino que partan desde el diálogo nacional y con los que estén involucrados”, apunta.

El informe no deja de lado el tema de la conexión de gas y propone poner en marcha el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, pero “bajo otros términos”. No se descarta que pueda ser una empresa nacional o mixta la que lleve adelante este proyecto, priorizando el mercado interno y la industria petroquímica y energética. Esta iniciativa se encuentra dentro del Plan de los 100 primeros días de gobierno de Perú Libre.

*Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Gas, Juan Pari, Nacionalizacion

Duelo e indignación en el Vraem: hablan las autoridades locales

Por: 25.05.2021

“Nunca, en casi 30 años, he escuchado ni visto un ataque así. Han lanzado fuego abierto. Han podido matarlos a todos”, dice Alejandro Atao, alcalde del distrito de Vizcatán y residente del poblado de San Miguel del Ene. Este es el escenario que dejó la reciente masacre que habría perpetrado el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la facción que se separó de Sendero Luminoso y que hoy concentra gran parte de sus ganancias en el narcotráfico.

 

La incursión criminal en este poblado de la provincia de Satipo (Junín) se saldó con 16 víctimas mortales, entre ellos dos niñas de cinco años. Tres personas más resultaron heridas. Estaban todos en dos locales a los que la población local llama ‘cuchipampas’, que no son otra cosa que bares que funcionan, además, como prostíbulos. Ambos inmuebles eran alquilados por foráneos, según cuenta a Sudaca Leónidas Casas, juez de paz del distrito y una de las primeras autoridades que se acercó a constatar los hechos.

Los locales están separados por un riachuelo, a menos de 100 metros el uno del otro. Conforme se fueron relajando las medidas contra la pandemia, abrían casi todos los fines de semana. “Yo vivo en el lugar de los hechos, en San Miguel del Ene. Todo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del 23 de mayo. Atacaron los dos lugares. Son cantinas donde atendían también chicas. Han matado a quienes encontraron y en el segundo lugar los han quemado”, dice Atao. El ruido de los vecinos lo despertó por esas horas y, aunque no vio a los atacantes, pudo ver el resultado.

Aquella madrugada, dos personas aparecieron en la chacra de Casas, que además de juez de paz es excandidato al Congreso por el Frente Amplio. Le contaron que había ocurrido un crimen en su comunidad. “Yo no entendía nada, pensé que estaban bromeando”, cuenta él.

Cuando llegó a la escena del crimen, después del alcalde Atao, encontró un panorama tenebroso. “Ingresé al primer local y vi casquillos de bala de armas de largo alcance. Había tres muertos, las mesas botadas, las botellas de cerveza rotas. Una señora parecía que había tratado de abrir la puerta trasera y murió ahí, tratando de escapar”, relata.

leonidas casas vizcatan
El juez de paz de Vizctatán del Ene, Leonidas Casas, fue una de las primeras autoridades en llegar a la escena del crimen. «Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres», cuenta.

En el segundo local, Casas vio a un hombre sentado, tapado con una colcha. Había muerto en esa posición. Avanzó un poco más y vio que salía humo de una habitación. “Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres”, dice.

Sobre una mesa de madera, Casas divisó varios comunicados impresos con la siguiente proclama: “Limpiar al Vraem y el Perú de antros de mal vivir, parásitos y corruptos”. El escrito estaba firmado por el MPCP, un grupo narcoterrorista liderado por Víctor Quispe Palomino. Según la Dircote, Vizcatán es la guarida y la base de operaciones de esta organización.

Casas guardó uno de los comunicados en su bolsillo y lo entregó a la Policía local. El juez de paz confirma que se trata del panfleto que viene circulando en distintos medios, con fecha del 10 de mayo, y en el que se llama a boicotear las elecciones y a votar blanco o viciado. También califica de traidores a quienes votarán por Fuerza Popular. El alcalde de este distrito, Alejandro Atao, llegó al sillón municipal por ese partido.

Antes del mediodía de ayer, la noticia se empezó a manosear con fuertes tintes políticos de uno y otro bando. La prensa capitalina afirmaba que los ataques provenían de Sendero Luminoso. La situación no fue bien tomada por los vecinos del distrito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Como autoridad política, hago saber la indignación que está teniendo la población de Vizcatán del Ene, que está viendo todo lo que está afirmando la televisión. Nosotros como autoridades no sabemos quiénes han hecho ese acto. La población pide que se esclarezcan estos hechos”, dice Nélida Mansilla, subprefecta del distrito.

“Nosotros justamente para tener esa ayuda [descubrir la verdad], nos hemos acercado a la Policía. Para saber si son o no son los señores del monte [se refiere a los narcoterroristas]. A eso nos hemos acercado, pero al rato ya había un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, se queja Leónidas Casas. Los militares responsabilizaron a Sendero Luminoso, sin hacer la precisión de que quienes operan en el Vraem son un grupo de remanentes que se desligó políticamente de Abimael Guzmán hace varios años.

Al cierre de esta edición, Ojo Público había dado a conocer el testimonio de una sobreviviente del ataque. “Eran civiles. No eran policías, no tenían polos negros de Sendero [Luminoso]. Era gente normal, vestidos con ropa a colores. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada señor, solo mataban”, contó la mujer.

quispe palomino 2019
Un panfleto firmado por los narcoterroristas en enero del 2019 amenazaba a las ‘cuchipampas’, o prostíbulos de la zona. «Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos», añadía. Un comunicado similar se halló en la escena del crimen.

En la Dircote, sin embargo, ven el caso como el posible corolario de una serie de amenazas previas, que hasta ahora no se habían materializado. El 2016, por ejemplo, luego de las elecciones que dieron como ganador a PPK, el MPCP lanzó un comunicado con el título: “¡Expulsar a los cuchipampas de todos los poblados del Vraem!”.

En enero del 2019, fueron más específicos. Y en los puntos 18 y 19 de un comunicado, los narcoterroristas llamaban a atentar contra estos locales:

-Destruir los cuchipampas-prostíbulos y expulsar a sus dueños.

-Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos, a mujeres que abandonen a su marido e hijos por hacer fechorías con otro, por parásita y corrupta.

El documento también amenaza a la población por la vestimenta que usan y hasta por los productos que consumen. “A los varones que usan aretes hay que arrancharlos, si se pintan las uñas hay que rascarlos, si tienen tatuajes advertir los que se hagan limpiar y, si no obedecen hay que tajarlos, que tengan vestimenta y corte normal de los cabellos y no de acuerdo a la podrida moda capitalista”, se lee.

Otro párrafo añade: “Por ignorante, necio y zombi, no tragar arroz “Tonderito”, porque es sintético y es “comida” basura. A aquellos que transporta este veneno vamos a dinamitarlo e incendiarlo e incendiarlo. Consuman arroz que producen los campesinos del VRAEM y del Perú”.

Leónidas Casas, sin embargo, no conocía estas advertencias. Dice que no tenían mayores roces con los narcoterroristas. “En los 90 sí los veía, pero luego de diez años en adelante ya no teníamos ningún caso acá como para decir que son los remanentes. No sé qué ha ocurrido”, cuenta.

En las últimas horas, un grupo de agentes de la Dircote viajaba a Junín para investigar los hechos. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central está a cargo del caso.

 

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narcotráfico, sendero luminoso, Terrorismo, VRAEM

“Haremos que vuelvas a ser una señora poderosa”: Keiko Fuijimori se impone entre los evangélicos

Por: 23.05.2021

“Haremos que vuelvas a ser una señora poderosa” o  “te entregamos el país porque creemos que vas a hacerlo bien”. Son frases de apoyo lanzadas a favor de Keiko Fujimori el pasado jueves 20 de mayo durante el “Forum Democrático”, que incluyó a miembros de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas (Unicep). Este gremio reúne a las iglesias más conservadoras del país.

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Elecciones 2021, Evangélicos, Keiko Fujimori, Pedro Castillo

El fiscal que juega en pared con los delincuentes

Por: 21.05.2021

El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

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corrupción, Ministerio público, tráfico de madera, tumbes

Impunidad: La UNI entregó plantas de oxígeno incompletas

Por: 20.05.2021

 

La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.

 

Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.

Fuente: DIEM-Minsa.

Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.

El tira y jala de la conciliación

La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.

Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.

Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando. 

Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.

Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.

—¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?

—En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.

—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.

—Correcto.

—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas. 

—Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.

Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informó Sudaca a fines de abril.

Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes: 

Diseño: Leyla López.

—Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?

—En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].

Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.

—¿Cuándo deben recibir este informe?

—Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.

Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto. 

“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.

“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.

Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.

Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.

En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.

Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.

 

Fotocomposición de portada: Leyla López.

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Ministerio de Salud, Minsa, Oxígeno, oxígeno medicinal, Pandemia, plantas de oxígeno, UNI

Réquiem para un partido que aún gobierna

Por: 19.05.2021

El Partido Morado (PM) se desmorona. De la plataforma que hace seis meses colocó a Francisco Sagasti en la presidencia, tras una audaz negociación parlamentaria, hoy queda un páramo arrasado por riñas intestinas y un grupo de dirigentes tratando de recoger los escombros para volver a construir. Los sueños electorales se apagaron con el fracaso de abril, y el cariño entre el gobierno y el aparato partidario está roto.  

 

Los dirigentes que aún quedan junto a Julio Guzmán culpan de su derrota en las urnas a Sagasti. Ello pese a que, en lugar de servirle como pararrayos natural ante los embates de sus adversarios, eligieron un discurso de distanciamiento retórico. “¿De dónde sale esa absurda separación?”, reclamó ayer por la noche Carlo Magno Salcedo, en una reunión virtual con otros 375 militantes a la que Sudaca pudo infiltrarse.

Salcedo es asesor presidencial desde noviembre. Pidió licencia a sus cargos partidarios, pero ha sido un personaje clave en la construcción de la doctrina republicana que ha adoptado el PM. Como tal, es el nombre más pesado entre los 14 dirigentes −nacionales y regionales− que ayer renunciaron públicamente a un proyecto político en naufragio. A solo dos años de conseguir su inscripción, el Partido Morado está a poco de perderla. Y en las bases se cocinan más dimisiones.

Para entender por qué los que se van acusan a los que se quedan de ‘argolleros’ e incapaces, mientras que al revés son condenados como desleales y revanchistas, queda por contar la historia de los últimos seis meses. Y no es este apenas un lío de blancos, sino el ocaso de una organización a la que todavía está afiliado el presidente de la República.

 

Sentimiento centralista

“Si el ciudadano Sagasti es presidente, es porque hubo un morado en cada región del país recolectando firmas”, dijo uno de los que participaron en el Zoom disidente de anoche, al que se llamó ‘Conexión Republicana’. Tal como los apristas se llaman “compañero” y los accionpopulistas “correligionario”, los morados han agregado un “ciudadano” antes de referirse los unos a los otros. 

Esta no es la única costumbre que el partido ha copiado de la política tradicional. La otra es el manejo centralista de las decisiones clave, en desmedro del poder de las bases regionales. Así lo indican hasta cinco fuentes con las que conversó Sudaca para esta nota. Y lo acepta como error de esta última campaña el propio secretario general del partido, Rodolfo Pérez. “Sí, esta fue una campaña que no tuvo un mensaje para las regiones”, dice.  

Wilder Mamani, secretario de plan de gobierno de Arequipa y otro de los renunciantes, asegura que el malestar de sus bases tiene varios meses. Se queja de las decisiones de su bancada y, luego, de la democracia interna. En octubre del año pasado, un mes antes de las elecciones internas que dieron como vencedor a Guzmán, militantes arequipeños enviaron un oficio al actual congresista José Antonio Núñez pidiendo que se investigue la inscripción irregular de “aproximadamente 400” nuevos militantes y advirtiendo la intención del guzmanismo de, con ello, “asegurar una elección interna”. 

El 19 de diciembre del año pasado, en una reunión con las bases de esa región, el ya electo Julio Guzmán le dejó claro a Mamani lo siguiente, de acuerdo a un audio al que pudo acceder Sudaca: “El comando de campaña va a tomar decisiones sobre la gente que confíe, y que confíe no solo en el jefe de campaña, sino que confíe y crea en el candidato presidencial. Todos aquellos que lamentablemente tengan dudas o no crean o están confundidos o lo que sea, no van a ser parte del equipo. Porque para esto […] hay que estar convencidos de que la fórmula presidencial Guzmán-Pablo va a ganar”.

Después de Lima, Arequipa es el segundo bastión de los morados. En estas elecciones, fue la única circunscripción además de la capital donde pelearon una curul. La perdieron contra el partido de su acérrimo enemigo Rafael López Aliaga. Fue la región que quedó más molesta tras el último 11 de abril. 

“Los candidatos al Congreso [de Arequipa] tuvieron que cargar una mochila muy pesada en función a los errores de campaña del partido […] El efecto arrastre de la candidatura presidencial fue más un ancla”, se queja Mamani. Señala dos ejemplos ya clásicos: el spot del bus morado y la conversación sobre marihuana. Agrega que se trató el tema agrícola “como si fuera solo semillas, vacas y créditos agropecuarios, demasiado simplón para un partido con un reto nacional”.  

Desde el 13 de abril, Sudaca adelantó que las bases regionales se preparaban para pedir la cabeza de Guzmán y, de no tener éxito, dimitir. El comunicado publicado ayer combina −a partes iguales− firmas de militantes vinculados a la Secretaría de Doctrina con dirigentes regionales de Arequipa, Lambayeque, Junín, Huancavelica y Áncash. Decenas de militantes de las bases departamentales discuten sumarse al pronunciamiento de sus cabezas. 

El documento de los renunciantes detalla los errores de Guzmán y su círculo: “su profunda incapacidad para generar espacios de decisión colegiada y de diálogo que empoderen a la militancia, su opción por las argollas, y la acomodada y falsa lealtad personal (o subordinación acrítica) al líder”. 

En las internas, la congresista Carolina Lizárraga ya había llevado la bandera de la representación de las regiones en contra del centralismo de Guzmán. Perdió rotundamente, aunque sus seguidores acusaron irregularidades en el proceso. Pedro Gamio, exintegrante de la plancha de Lizárraga y otro de los renunciantes, asegura que ella no renunciará al partido hasta que acabe su mandato como congresista, pese a que desde hace mucho no hace vida institucional. 

Todas las fuentes que hablan sobre centralismo político acompañan su afirmación con un nombre: Jonathan Reynaga. Huancaíno radicado en Nueva York, ha hecho su carrera y su vida en Estados Unidos. Está tan afianzado en la cultura norteameriana que incluso hoy habla el español con la sintaxis del inglés y un ligero acento gringo. 

Reynaga, exasesor del británico de Tony Blair, fue uno de los socios fundadores de la productora de contenido de entretenimiento Tiny Horse, que se vendió por US$30 millones hace un año, según la revista Variety. Es amigo de Daniel Olivares y de Guzmán, y también dirigió su campaña ‘contra los dinosaurios’ en el 2016. Asegura creer en el proyecto morado, pese a la cantidad de anticuerpos que este medio ha podido comprobar que tiene en la interna.

Mamani, por ejemplo, dice haberse sentido “ninguneado” por el jefe de campaña. Otras fuentes que pidieron anonimato recalcaron su molestia con la selección de los invitados que él tuvo a cargo. 

Reynaga se defiende brevemente en diálogo con Sudaca. “Después de las elecciones internas, los que perdieron saboteaban a los ganadores. Y los ganadores estaban más concentrados en [las municipales del] 2022. El compromiso de hacer campaña no estaba ahí”, dice sobre el fracaso electoral fuera de Lima.

Jon Reynaga (el segundo de la izquierda) junto a otros tres socios fundadores de Tiny Horse, la empresa estadounidense que vendieron el año pasado.

La grieta de origen

Si el barco morado hoy se hunde, es porque se empezó a agrietar hace varios meses. Según lo que explicó en el Zoom de anoche Salcedo, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Política, Guzmán tomó junto a su círculo cercano la decisión de separar al gobierno de Sagasti de la bancada y la militancia apenas este asumió. En lugar de abrazar su rol como partido que gobierna, buscó que los posibles errores del presidente no afecten la campaña morada. Obtuvo 2,3% de los votos. 

La grieta entre el Ejecutivo morado y el partido del mismo color se agrandó en diciembre, cuando Sagasti firmó dos decretos supremos que autorizaban a una minera fantasma a adquirir derechos mineros en la convulsionada zona de frontera de Tambogrande, en Piura. La congresista morada de esa región, Angélica Palomino, movió a su bancada para solicitar en conjunto la derogación de ambas normas. 

El gobierno cedió y anuló los decretos luego de unos días. Sin embargo, Palomino se sintió desairada por el presidente, a quien pensó poder llegar con mayor facilidad. El trato que recibió en el interín, cuentan dos fuentes cercanas a ella, la hizo tomar una actitud casi de oposición de allí en más. Un congresista de su región confirma que se sentía defraudada porque esperaba ser recibida con más amabilidad por un presidente de su partido.

Según dijo Salcedo en el Zoom, el gobierno quedó desamparado políticamente ante sus adversarios. En tienda morada tienen especialmente presentes los ataques de programas como el de Beto Ortiz, en Willax TV. Fuentes del partido alegan que, de haber tenido un aparato institucional como respaldo político, el gobierno habría podido responder con más contundencia a sus ‘informes’ sobre la vacuna de Sinopharm, que retrasaron el proceso de inmunización. 

En el Zoom de anoche, Salcedo aseguró que el gobierno ha podido conversar con sus congresistas en los últimos seis meses apenas de forma individual, como en los casos de Olivares y Gino Costa, pero no con la bancada como un bloque. Fuentes cercanas a la presidencia de la República confirman que incluso el vínculo entre Sagasti y Guzmán se ha resquebrajado. 

Tras el desastre electoral del último 11 de abril, y pese a la retórica de distanciamiento que intentaron poner en medio, el guzmanismo ha hecho circular en la interna una explicación sobre la derrota que tiene como pilar la baja aprobación de Sagasti. Así lo confirma a Sudaca Rodolfo Pérez, quien atribuye la mala performance electoral a tres factores: “un serio problema de posicionamiento político”, los ataques de Willax y compañía, y el gobierno de Sagasti. 

Pérez dice que a Sagasti hoy “no le ayuda que su asesor principal [Carlo Magno Salcedo] esté tomando este protagonismo político” y acusa a Gamio de esgrimir un “revanchismo infantil” por perder en las internas. Asegura que no entiende a los firmantes del comunicado, porque ya hay un proceso interno de reestructuración, en el que primero se está escuchando a la militancia y “analizando los errores”. Pero el presidente sigue siendo el mismo que perdió. «No hay voluntad de enmienda», reclama Gamio.

La gota que terminaría hundiendo al barco que Guzmán se niega a abandonar cayó el último lunes 10. Según tres fuentes, Salcedo −quien intentó regresar a los espacios políticos del partido en las últimas semanas− fue expectorado de un Zoom partidario en que estaba Reynaga. Este niega haberlo sacado de la reunión virtual, pero con ese confuso incidente la grieta terminó de quebrarse. 

Salcedo, quien presidió la Secretaría de Doctrina, fue el enlace entre el descontento regional y el nacional, confirman sus firmantes. Así fue que se terminó alumbrando el comunicado que señala: “denunciamos la decisión manifiesta de la mayoría de la dirección nacional de no asumir responsabilidades, de no rectificar y, por lo mismo, liquidar a una organización política que estuvo llamada a hacer la diferencia en el país”. 

Pérez, del ala guzmanista, y Zenaida Solís −quien tuvo un choque con Sagasti recientemente por la promulgación de la Ley Antimonopolio− han asegurado que lo que le ocurre al Partido Morado no es una rotura. A menos que tengan éxito en una eventual impugnación, la próxima tarea que tendrán para reflotar el barco es la reinscripción partidaria.

Además de los 14 dirigentes que firman el comunicado, han renunciado ya Raúl Salazar, socio de Macroconsult y exjefe del plan de gobierno y Marco Zevallos, ex personero legal. El columnista de este medio Daniel Parodi también ha manifestado su alejamiento. La mayoría de ellos había abandonado al guzmanismo. Y aún más: ahora el PM podría quedar solo con invitados en el nuevo Congreso. 

Tocará ver si Guzmán asume la responsabilidad en la derrota política o se coloca nuevamente al frente del nuevo partido cuando se reinscriba, que probablemente tenga el mismo nombre porque él lo ingresó bajo su titularidad en Indecopi. Lo que sí es claro es que será un proyecto distinto al que está naufragando. 

 

Fotoportada: Leyla López

 

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Francisco Sagasti, Julio Guzmán, Partido morado

Fuerza Popular: ReKambio parlamentario con dudas

Por: 18.05.2021

Junto a Alba Ñaupas

Luego de la actuación aplastante de su mayoría parlamentaria, la nueva bancada de Fuerza Popular dice querer enmendar los errores del pasado. ¿Qué hace para lograrlo? Buscan los consejos de quienes les hicieron ganarse a pulso la etiqueta de obstruccionistas.

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Congreso, Elecciones 2021, Fuerza Popular, Keiko Fujimori

Perú Libre: este es el ‘Plan Pari’ para reestructurar la Sunat y cobrar más a las grandes empresas

Por: 17.05.2021

Aumentar el presupuesto en educación y salud es una de las prioridades del plan de emergencia para los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, en caso sea electo presidente. El documento de 17 páginas, publicado ayer por Perú Libre en sus redes sociales, traza el camino para lograrlo: la «nacionalización de nuestras riquezas»; la creación de impuestos a las sobreganancias; y, por último, la reforma de la administración tributaria.

 

Este último punto no es más que la “reestructuración” de la Sunat. Entre sus objetivos está empezar a cobrar millonarias deudas tributarias que grandes empresas aún mantienen en litigio. Sudaca ha podido acceder a un informe preliminar del equipo económico de Perú Libre, cuyo coordinador es el excongresista e ingeniero economista Juan Pari Choquecota, en el que explican cómo y por qué -según el equipo del lápiz- es necesario hacer cambios en la administración tributaria. 

“Actualmente, mientras los pequeños empresarios son coaccionados por la Sunat por unos pocos soles [que adeudan], los grandes deben miles de millones y nadie les cobra”, dice el documento. El texto, al que llamaremos “Plan Pari”, no precisa el número ni el monto de dinero específico de la deuda que tienen las grandes empresas con el Estado.

El informe preliminar del equipo económico de Juan Pari presenta el porqué se debe reestructurar la Sunat y da las justificaciones para crear nuevos impuestos a la riqueza.

El Plan Pari by Juan C Chamorro

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), de septiembre de 2020, impidió que S/9.256 millones en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas del país prescriban. Entre las que se habrían visto beneficiadas estaban, por ejemplo, Buenaventura, Antapaccay, Telefónica, Latam Airlines, Supermercados Peruanos, Unacem, Odebrecht, Southern o Interbank.

Muchas de estas deudas tributarias, sin embargo, aún no son cobradas. Ello puntualmente no se debe a la inacción de la Sunat -que peleó en el TC para que no prescriban-, sino a que siguen en litigio tras no haber prescrito. Las grandes empresas juran que los montos no son correctos y tienen capacidad financiera para apelarlos hasta las últimas instancias legales. 

Pero desde Perú Libre echar mano de ese dinero parece ser crucial. Según el documento del equipo económico, han detectado que algunas empresas deudoras “reciben una devolución equivalente al 10% de sus ingresos”. Se refieren a la devolución fiscal que hace la propia Sunat, de la cual el sector minero ha sido el más favorecido en los últimos años. «Esto es inaceptable», concluyen.

Cabe precisar, no obstante, que la devolución del IGV a las exportaciones (como son los minerales) es estándar global. Ello, bajo la lógica de que «los impuestos no se exportan», lo que haría menos competitivos a nuestros productos. 

 

Este es el tuit del coordinador del equipo económico de Perú Libre, Juan Pari, en el que confirma el presente informe.

 

Nuevos impuestos a los más ricos

El análisis que hace el informe de Perú Libre es que “este gobierno [el de Francisco Sagasti] reconoce que la presión tributaria peruana (16.9% para el 2019) está por debajo de los estándares de América Latina (23.2%) y de la OCDE (34.3%). Se recauda aquí menos que el promedio de América Latina”. 

El diagnóstico apunta su artillería contra los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a quienes tilda de defender “los intereses de los más ricos”. Según el documento, en el informe de proyección económica llamado Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024) elaborado por el MEF “no hay ningún cambio y ningún tributo aplicable a los estratos de mayores ingresos del país”.

De acuerdo al partido del lápiz, esta realidad desnivela la cancha entre los grandes y pequeños empresarios y contribuyentes. “Los funcionarios del MEF, en vez de hacer lo posible para que cada uno pague en función a la riqueza, proponen aumentar los impuestos municipales y los dirigidos a profesionales y pequeños empresarios formales”. Esta situación, añade el documento, “promueve la informalidad, la elusión y la evasión [de impuestos]”.

Otro análisis que brindan los técnicos de Perú Libre es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos: “La recaudación tributaria por el Impuesto a la Renta es cada vez menor en el tiempo (…) Y en el  2020, con pandemia, mucho menos”, remarca el documento. Por lo tanto, añaden, “los trabajadores tienden a contribuir más a la recaudación tributaria. ¿Es eso equitativo?”, se preguntan en el partido del lápiz. La recaudación por Impuesto a la Renta suele ir de la mano con el crecimiento (o ralentización) de la economía.

El “informe Pari” le desinfla la llanta al sector minero y dice que es un mito que la minería sea el que aporta la mayor carga tributaria en el país. “Los resultados de la recaudación tributaria por actividad económica muestran que no es la minería la que aporta más. Son los impuestos recaudados a los servicios, a la industria no primaria y al comercio los que aportan en su conjunto el 81% frente al aporte del 7% de la minería en el año 2020”, dice el informe que muestra cifras de la Sunat.

“Los registros de la Sunat muestran que las empresas nacionales y los trabajadores que no gozan de ningún convenio de estabilidad tributaria son los que contribuyen más. Los pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y trabajadores son además sujetos a sanciones de diverso tipo y cobranzas coactivas”, concluye.

El informe, en esa línea, propone “la eliminación de las devoluciones a sectores económicos que no generan industria ni tecnología” y la “transformación” de la estructura tributaria “hacia otra que enfatice los impuestos directos (Renta), bajo el principio de equidad y justicia fiscal”.  

Aunque no entra en detalles, también promete eliminar todos los “trucos” contables y de gestión en las empresas para evadir impuestos, que hacen que se pague poco o nada en tributos por parte de las empresas y propone la “elevación” del impuesto selectivo al consumo (ISC) a actividades como casinos y similares.

En el debate de los equipos técnicos del próximo domingo 23 de este mes, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que participará Juan Pari, se conocerán más detalles de este plan programático.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Juan Pari, Pedro Castillo, Perú Libre, Sunat

Represalias del Ministerio de Educación contra trabajadores de ‘Aprendo en Casa’

Por: 16.05.2021

Poco tiempo después del lanzamiento de ‘Aprendo en Casa’, a fines de marzo, varios de sus trabajadores han sido separados del programa ancla del Ministerio de Educación (Minedu). Y no solo eso: al menos cuatro de las seis fuentes consultadas para este informe reclaman que aún no se les paga por sus servicios pese a que se han presentado informes de sus trabajos que incluyen jornadas de más de 12 horas diarias.

 

Las personas que hablaron con Sudaca −que han pedido su anonimato para este reportaje, dado que ya fueron víctima de represalias− aseguran que la decisión de los ceses vino después de dos situaciones: la primera, una carta enviada a la alta plana del ministerio y que fue firmada por los “supervisores de comunicación” del programa. En esta, manifestaban una serie de situaciones adversas que perjudicaba el desarrollo de su trabajo.

La segunda: las publicaciones de Sudaca en las que se denunciaba la improvisación con la que se venía trabajando. No sólo llegaron un mes tarde al inicio de clases, sino que lo hicieron mal.

 

[Lea aquí los dos informes de Sudaca sobre Aprendo en Casa]

“Nos avisaron que no nos van a contratar más por la nota que sacaron ustedes. Hemos quedado en nada y tengo compañeros bastante desolados porque estamos en una coyuntura bien complicada [de pandemia]», cuenta a este medio una extrabajadora recientemente cesada a la que, en el colmo de la desfachatez, se le pidió recomendaciones para ver quién sería su reemplazo.

 

Carta premonitoria

El pasado 20 de marzo, los supervisores de comunicación del Minedu −hasta entonces intermediarios entre el equipo pedagógico del ministerio y la productora contratada para la realización de los programas−, enviaron una carta a Nora Delgado, directora general de Educación Básica Regular; María Luisa Chávez, directora de Educación Primaria; y Maribel Aguilar, directora de Educación Secundaria.

En la misiva −la cual revisó Sudaca− los firmantes se quejan de la falta de lineamientos claros para la redacción de los guiones y una burocracia desmedida en la revisión del material que terminaba retrasándolos. “En el caso de secundaria […] el equipo pedagógico ha hecho pedidos y observaciones sobre la presentación de algunos insumos que luego, en las reuniones de esta semana, han venido contrariando a esas observaciones iniciales que se recibieron”, se lee en el oficio.

Los supervisores indican, además, las faltas a los cronogramas establecidos para aprobar los guiones y se quejan de las contradicciones en las directivas, de la excesiva cantidad y duración de reuniones, y de la ausencia de claridad en los roles de trabajo. No solo eso. También dejan constancia de que se les está haciendo trabajar hasta 14 horas diarias.

“Hace un mes venimos trabajando 14 horas al día, en promedio a más, muchos sin tomarnos descansos ni para almorzar (almorzamos trabajando) y trabajando los fines de semana. El trato inicial con cada uno de los firmantes incluyó la propuesta de que este puesto no nos demandaría trabajar durante los fines de semana (que se presentó como mejora al año pasado)”, se lee en el documento.

Los trabajadores del Minedu terminan recomendado que se tome como experiencia lo hecho el año anterior, pero ninguno de sus reclamos fue tomado en cuenta. A algunos se les empezó a excluir de algunos correos y reuniones, según denuncian varios colaboradores y excolaboradores del Minedu. “Cortaron la comunicación con el equipo de comunicaciones”, cuenta un actual trabajador del Minedu. Valga la redundancia.

En paralelo −pocos días antes y también después de la carta interna presentada por los trabajadores− se hicieron públicos dos informes de Sudaca que dejaron al descubierto el caos y la improvisación con la que se estaba trabajando. Ambos factores habrían desencadenado la ira de las cabezas del Minedu, tras lo que se decidió no renovar el contrato de varias personas a fines de marzo. 

Otra de las consecuencias fue que, en la práctica, según las fuentes, la responsabilidad de coordinar el trabajo pasó del equipo de “supervisores de comunicación” a la empresa productora elegida para la realización de los programas: Marketing Táctico.

 

Calidad cuestionada

Todos los entrevistados coinciden en que el material que se está emitiendo no alcanza los estándares de calidad esperados, al punto de que ‘TV Perú’ lo transmite con un anuncio donde se señala que el canal no se responsabiliza por los contenidos. “Desde el viceministerio de Gestión Pedagógica, dirigido por Killa Miranda, surgieron órdenes directas para abaratar los costos de producción, simplificando los contenidos”, cuenta un actual trabajador del Minedu.

“Vi un par de episodios y me dio pena. Están super mal hechos. Querían hacer un programa de Netflix sin ser conscientes de los recursos y la realidad. A eso se suma una productora improvisada”, revela una fuente que fue separada de la producción.

Un exmiembro que se retiró por voluntad propia del equipo de editores detalla que la realización partió mal desde un inicio porque se usó el mismo número de profesionales del año pasado, en el que solo trabajaron contenidos de secundaria. La diferencia es que este año se ha contemplado primaria, secundaria y otras áreas. Más chamba con la misma cantidad de gente.

La misma fuente confiesa que, al tener poco personal y estando tan cerca de la emisión, entregó el contenido a TV Perú siendo consciente que “era cualquier cosa”. “La producción estaba muy desorganizada y había solo una persona que veía todas las observaciones de todos los grados, lo cual es imposible. Era inviable, íbamos a patinar. Luego me retiré porque profesionalmente no era atractivo”, agrega.

“Nos duele profundamente ver cómo nos piden que saquemos programas sin coherencia entre ellos. El desorden y la improvisación son el pan de cada día de esos programas”, cuenta un miembro del equipo de postproducción.

De acuerdo a un informe interno de mediados de abril, al que también pudo acceder Sudaca, trabajadores ya han advertido la falta de coherencia en algunos episodios y han sugerido mejoras en los programas. Un ejemplo es la representación de una niña con vestimenta típica de la calurosa selva peruana, pero que vive en la fría sierra de Junín.

Sudaca se puso en contacto con Guido Vaccaro, gerente general de Marketing Táctico, pero se excusó de responder hasta el cierre de esta nota. La responsabilidad principal, sin embargo, recae en un nombre: Killa Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica.

Cuando este reportero la contactó, la funcionaria sólo atinó a decir que el canal para solicitar sus descargos es el de área de prensa del Minedu. “Me parecen tan raras sus preguntas”, le escribió al autor de este informe. Desde el despacho de prensa se limitaron a responder sobre los ceses: “Los contratos se acaban, eso sucede en el ámbito laboral”. Parece que en el Minedu no aprenden.

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Aprendo en casa, Marketing tactico, Minedu
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