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“No es posible que se siga dando adendas cuando el contrato ya está vencido”: regidora exige aceleramiento en la licitación sobre Innova Ambiental

Por: 17.12.2023

[INFORMES] “Ya es de conocimiento público, el Relleno Sanitario (El Zapallal) ya está clausurado. Lo que falta es que la empresa haga el cierre. Entonces la MML está esperando que haga el plan de cierre para que de una vez pueda quedar todo eso saneado”, mencionó Ivone Tapia, regidora de Alianza para el Progreso sobre el paso a seguir.

Durante todo este proceso, hemos seguido detenidamente el cauce que sigue el proceso judicial entre Innova Ambiental y la Municipalidad de Lima. Y es que la concesionaria no ha dado su brazo a torcer sobre su posible salida y la adenda que se ha visto analizada judicialmente y que se espera para el 2024 ya esté culminado

Consultamos con la regidora sobre este proceso que está llevando a cabo la MML. “Lo que sucede es que todo requiere plazos. Se hizo el cambio de zonificación que ayudó demasiado. Y ha sido la misma población solicitando y haciendo incidencias sobre todo este tema para que pudiéramos llegar a este punto, por un tema del medio ambiente”, manifestó.

La regidora también alegó que los vecinos pudieron tener contacto con ella y con otros regidores para ver todo este tema, y es que el proceso judicial de Innova no va meramente por el tema de la adenda. Desde Sudaca hemos denunciado las graves practicas de gestion que utiliza Innova Ambiental en el Relleno Sanitario “El Zapallal”.

“Todo ha sido mediante documentos. Ellos han enviado documentos, no solamente a mí, sino a otros regidores. Yo como siempre respondo los documentos que me envían y citó a las personas para analizar y tomar conocimiento del caso”, mencionó Tapia mientras hace referencia a los trabajos que se tuvieron que hacer frente a esta problemática. “He presentado una incidencia a la sesión del Consejo”, añadió

Participación de Ivone Tapia en el caso del Relleno Sanitario “El Zapallal”

La regidora no considera que la MML sea la única responsable. “Tiene mucho que ver el Ministerio de Ambiente, tiene parte de responsabilidad”, manifestó. Se le hizo la consulta sobre si había conversado con responsables de la entidad, a lo que su respuesta fue negativa debido a que ella se ha encargado más de la parte municipal.

“Parte de este problema ha sido (también) de la Municipalidad de Carabayllo. Por otra parte, hay que asegurar que se de la licitación y el otro tema es el terreno que se queda ahí”, manifestó la regidora sobre lo que debe seguir en el proceso.

Relleno Sanitario “El Zapallal” antes del cierre

Tapia hizo una advertencia bastante importante con respecto al Relleno Sanitario “El Zapallal” y su posible futuro. “Hay que tener mucho cuidado porque se ha hablado mucho de gente interesada en invadir, el tráfico de tierras. Entonces ahora hay que tener demasiado cuidado con ello”, mencionó.

Con la regidora también se reflexionó sobre el tema de la participación de recicladores y personas que denunciaron que no era posible el cierre del Relleno Sanitario. Y es que se tomó en cuenta que hubo partes que estuvieron en contra de las medidas de la MML. “A mi nunca, los recicladores, me mandaron ningún documento. Si he escuchado de esto, bueno cualquiera vela por sus propios intereses. Pero más allá, no he tenido ninguna comunicación con ellos”, manifestó la regidora mientras se hace referencia a que Parlamento 10 estuvo en constante comunicación con ella mediante documentos oficiales.

Acceso al Relleno Sanitario “El Zapallal”

Culminamos nuestra conversación con la regidora viendo algunos detalles del trabajo público en favor de la población. “El tema es que los procedimientos del Estado, de la gestión pública, son demasiados engorrosos. Entonces, cuando se trata de un procedimiento que hay que acelerar pasa este tipo de cosas, el factor tiempo. A parte la MML debería estar acelerando esto (el tema de la licitación)”, manifestó la regidora.

“No es posible que la gestión anterior haya dado adendas, adendas y adendas cuando sabía que los contratos estaban vencidos. No ha cumplido con algunos procedimientos”, hace referencia Tapia sobre el proceso que se ha estado siguiendo y que ha tenido como consecuencia la permanencia de Innova Ambiental en la MML. Sobre todo, cómo este procedimiento ha podido alargar un problema que tiene más de 20 años en el despacho municipal y que recién ahora se está tomando cartas en el asunto.

Finalmente Ivone Tapia hace referencia a su labor en toda esta problemática. “Desde mi posición he podido señalar y exponer las malas prácticas de la gestión anterior y también los procesos actuales que se deben de pasar para poder tomar decisiones frente a ello”, sentencia la regidora esperando que para el siguiente año se tenga un panorama más claro sobre el futuro de Innova Ambiental.

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, problemas ambientales, Relleno Sanitario

Crónica de un suicidio político: Lo que aún no se sabe del golpe de Estado anunciado el 7D de 2022 por Pedro Castillo

Por: 4.12.2023

[INFORMES]  En julio de 2021, un padre, su esposa, dos hijos en edad escolar y una joven entenada nacidos todos en un caserío de Chota, Cajamarca, llegaron a Lima para ocupar un lugar en la historia nacional, luego que el jefe de familia hubiera ganado en estrechísimo y controversial balotaje la Presidencia del Perú. Y aunque en los textos de historia se dirá por siempre que José Pedro Castillo Terrones entró el 28 de julio de 2021 a Palacio de la mano de su mujer y con un sombrero de paja en la cabeza, todos sabemos que al igual que Potus (President of the United States) y su primera dama, Lula y su pareja, Emmanuel Macron y su odiada esposa y Maduro y su socia en la destrucción de Venezuela, todas las entradas al máximo poder político en las llamadas democracias representativas son realmente “entraderas” de panacas y de clanes familiares o tribales. En todos lados se cuecen habas, pero en el Perú sólo se cuecen habas, como dijo en algún momento el poeta César Moro, pues la entrada de Castillo a Palacio fue el ingreso desordenado, caótico y desesperado de cuñados, cuñadas, sobrinos, aportantes de campaña, compañeros de ruta, sindicalistas hambrientos de dinero y de poder y decenas de desocupados en busca de un primer trabajo donde pudieran ganar plata con el menor esfuerzo.

Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial la revocación de la orden de prisión preventiva impuesta tras el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

La fórmula 44

Desde varias semanas antes de la ceremonia de investidura de Pedro Castillo como primer mandatario del país, todos los grupos, sub grupos y grupúsculos que se habían coaligado para repartirse el poder y, eventualmente, alargarlo todo el tiempo que fuera posible, elaboraron sendas agendas minimalistas y maximalistas, según fuera su origen ideológico y político. Para los poquísimos que aún creían en el modelo cubano de mantenimiento en el poder -o en su variante llamada por Hugo Chávez: socialismo del siglo XXI-, todo consistía en prometer una nueva constitución y crear un clentelaje mediante la entrega de cada vez mayores bonificaciones a la población más vulnerable y más manipulable, y esperar el levantamiento del pueblo. Para los poco iluminados que creían que el régimen chino era comunista, Mao un dios y Abimael Guzmán su principal profeta, “todo consistía en acumular fuerzas y esperar las condiciones objetivas para la toma del poder”. Convencido que los textos para tontos escritos por la chilena Marta Harnecker eran las tablas de la ley de la nueva religión marxista, Vladimir Cerrón, probablemente el más ilustrado de los “genios” llegados al poder como colas de Castillo, tenía una sola idea, básica e incombustible: Pedro Castillo duraría en el poder todo el tiempo que él lograra mantener 44 congresistas dispuestos a impedir que la oposición al profesor chotano consiguiera los 87 votos para despojarlo de su investidura y subrogarlo, es decir, crear la vacancia de la Presidencia de la República.

Mientras los castristas, los maoístas y los caviares elaboraban sus agendas de cara al futuro, Pedro Castillo Terrones pensaba en hacer realidad sus sueños en el tiempo más corto posible. Prueba de ello es que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el destituido comandante general del Ejército, general José Vizcarra Álvarez, narró con lujo de detalles cómo lo presionaron desde Palacio de Gobierno para que la Aviación del Ejército ponga a disposición de la familia presidencial un avión que estaba en fase de mantenimiento. Igualmente, en lugar de preocuparse por encontrar un presidente del Consejo de Ministros que lanzara buenas señales a los inversionistas nacionales y extranjeros, el 29 de julio del peor año de nuestras vidas nombró a Guido Bellido como primer ministro. Una burla al país, sin duda.

En las siguientes semanas y meses, el país se fue enterando que Castillo usaba una casa en el distrito de Breña para en forma ilegal e inconstitucional reunirse con proveedores que le fueron entregando dinero en efectivo, cada vez más y con mayor frecuencia. Y así como él y el secretario presidencial Bruno Pacheco organizaron sendos negociados en diferentes rubros, su esposa y su entenada establecieron otros emprendimientos delictivos de diversos tipos. De igual manera lo hicieron los hermanos de la primera dama Lilia Paredes y las hermanas del mandatario Castillo Terrones.

Vizcarra relató que entre el 11 y 13 de octubre del 2021 fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro (Walter Ayala) llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que Bruno Pacheco estaba incómodo”.

A robar, a robar… que el mundo se va a acabar

Todos los “apretones” a proveedores y aspirantes a proveedores que daban plata en forma constante, pero muy lenta para los intereses de los Castillo Paredes, se vieron frenados de pronto cuando la maquinaria delictiva ingresada al sector Vivienda se encontró de pronto con la mafia de la trujillana Sada Goray. La inversionista inmobiliaria Sada Goray, una mujer con menos escrúpulos que Castillo, Lilia Paredes y toda la parentela de estos, convirtió en la mayor proveedora de dinero en efectivo de Castillo Terrones y su familia. Pero no lo hizo en forma directa, sino a través de Salatiel Marrufo, el brazo derecho del ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Y esa elección de cobrar a través de Marrufo fue la perdición de Castillo, pues una vez que este cayó en manos de la Fiscalía dijo: “prendan la grabadora, yo cuento todo, pero qué ganó”. Una vez acordada la colaboración de Marrufo, este fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que lo contara todo el 7 de diciembre de 2022. Era el principio del fin, pero también el fin del principio. El día que se crearon las muchas preguntas que hoy todavía no tienen respuestas.

El pasado 6 de octubre, luego de escuchar el fallo de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad, sumándose a la lista de prófugos como el exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas y Fray Vásquez, sobrino del exmandatario Pedro Castillo.

¿Qué roles cumplieron el 7 de diciembre de 2022 Aníbal Torres, Betssy Chávez, Vladimir Cerrón, ciertos generales del Ejército y más de un alto mando policial?

Enfrentado a la necesidad de tomar una decisión política trascendental, Pedro Castillo actuó el 7D tal como lo hizo el 29 de julio de 2021, es decir, delegó la pregunta qué hacer a las personas de su entorno más íntimo, vale decir, Aníbal Torres y Betssy Chávez. Estos, tan intolerantes el uno como la otra, pensaron que si le redactaban un mensaje a la Nación igualito al que leyó el expresidente Alberto Fujimori el domingo 5 de abril de 1992, el resultado iba a ser el mismo. Pero ni Torres ni Chávez averiguaron cuál era el ánimo en los cuarteles, cuánto de cierto era el apoyo total del Ejército al golpe castillista, tal como había jurado hasta la ronquera el ministro de Defensa Gustavo Bobbio o cuántos de los jefes policiales castillistas iban a mantenerse en esa línea cuando vieran que las Fuerzas Armadas seguían manteniendo su lealtad a la Constitución.

Es más, creyendo que todo era tan bonito como se lo habían pintado los ayayeros, Castillo, Torres y Chávez concluyeron que todo el tema terminaba una vez que la Policía impidiera el ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo y un grupo de agentes del orden apresara a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Hasta ahora no sabemos quiénes dieron la orden de desatar el caos en la sierra sur del país, toda vez que la lógica elemental nos dice que no se puede tener a la vez el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas y a decenas de revoltosos matando militares y policías y tomando aeropuertos y carreteras.

Probablemente una resonancia a la cabeza de Vladimir Cerrón nos diga qué hay o qué no hay en su cerebro.

Probablemente.

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Controversias políticas, Fiscalización del Congreso, Gobierno peruano, Pedro Castillo

De la venta de la Plaza San Martín a las estafas telefónicas: el delito peruano evoluciona

Por: 30.11.2023

[INFORMES] Años atrás, cuando los recién llegados a Lima pasaban inevitablemente por el centro de la ciudad capital, los avivados les “vendían” las bancas, el monumento y las plazas enteras a los pobres migrantes. De esa forma, los individuos que únicamente sabían usar sus habilidades verbales para abusar de sus compatriotas más vulnerables inauguraron un estilo de vida que fue evolucionando (¿o involucionando?) a una manera de vivir siempre al filo de la ley. Primero “vendían” todo lo que no se movía, luego estafaron con el “cambiazo” de moneda falsa por verdadera y con la venta a precio de incendio de los falsos números ganadores de las loterías de antaño, para finalmente incursionar en las estafas telefónicas, e inaugurar todos los tipos de fraude electrónico habidos y por haber.

Según las estadísticas policiales de diversos países del mundo, los fraudes electrónicos están largamente a la vanguardia de las estafas, sean estas a través del robo de tarjetas de crédito y de débito, del hackeo de cuentas de todo tipo y de las cada vez mayor número de cifras de sustituciones de identidad de los usuarios de todas y cada una de las formas de comprar, de alquilar o de consumir. Estamos ante el auge del robo de los componentes de la personalidad de los seres de este tiempo.

La nueva modalidad de extorsión comienza con una llamada telefónica desde un rincón de un centro penitenciario, en la cual alguien te dice: “Hola, te saluda el comisario Equis de la comisaría Hache porque tenemos una denuncia, según la cual un primo tuyo ha sido intervenido por (aquí viene el tipo de delito imaginado por los delincuentes), y para poder ayudarte a ti y a tu primo tienes que pagar una ayuda a unos agentes para que no lo detengan. Ante la desesperación de la persona que ha recibido la llamada, el supuesto comisario le dice que le va a pasar un número de cuenta bancaria para que deposite dos, tres o cinco mil soles según el tamaño del supuesto delito.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las cárceles del país hay actualmente 1046 presos por extorsión. En el caso de internos extranjeros, de los 4042 recluidos, 77 están por ese delito, 38 por secuestro y 17 por sicariato, estos dos últimos delitos afines a la extorsión.

Así empiezan todas las llamadas que buscan extorsionarnos, entonces lo que debemos tener en cuenta es que ningún comisario ni ningún jefe de una unidad policial va a llamarnos para decirnos que tienen un expediente que nos vincula con un delito o que nos va a detener esa misma mañana.

Pese al Estado de Emergencia declarado en algunos distritos de la capital y en algunas ciudades del país, las extorsiones, amenazas y cobro de cupos continúan atemorizando a los empresarios y comerciantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los puntos desde donde se orquestan todos estos crímenes son los penales y cárceles del país.

“Luisa” como vamos a llamarla, es una víctima más y su caso se suma a la larga lista de afectados por extorsión vía telefónica que día a día van en aumentaron debido a inseguridad ciudadana que aqueja al país.

“Me llamó el mayor de la comisaría de Alfonso Ugarte, me saludó y dijo que había estado llamando a mi esposo, pero que él no contestaba, que quería ayudarlo. Entonces, le pregunté qué pasaba y me respondió que mi marido tenía una denuncia por tocamientos indebidos a una joven mujer. Le respondí que era imposible, que Luis era incapaz de hacer algo así. El supuesto comisario de inmediato me dio un número de expediente, conminándome a no dejar pasar más tiempo, porque ese expediente iba a pasar a la Fiscalía y tendría que venir a mi casa a detenerlo. Me asusté más y le dije qué podía hacer, en ese momento me dijo que me iba a dar un número de cuenta para que deposite 3,000 soles y así frenar la detención. Si no lo haces, la Fiscalía detendría inmediatamente a mi esposo; y me cortó la llamada. En ese momento, llamé a mi esposo y como este seguía sin contestarme, transferí el dinero a la cuenta y le envíe el voucher por whattsapp. A los pocos minutos, recibí una nueva llamada del supuesto comisario, quien me dijo que me había demorado mucho y que el expediente ya había pasado a la Fiscalía, y que ahora necesitaba más dinero para pagarle al fiscal y a su gente, por lo que tenía que depositar 5,000 soles más, y que no me demore porque no quería que mi hijo crezca con su papá en la cárcel. Cuando decidí depositar el dinero para evitar la catástrofe familiar, mi marido me llamó para decirme que se había dado cuenta de mis llamadas y por eso me llamaba recién. Cuando le dije por qué era la insistencia, me dijo que la comunicación del supuesto comisario era una estafa”.

Este caso es aún más asombroso, porque en el colmo de los colmos el delincuente le propuso a la víctima cambiar la denuncia a su favor. María, como la llamaremos por motivos de seguridad, nos cuenta que hace unas semanas recibió la llamada de un supuesto policía de la Comisaría de Cieneguilla, quien le dijo que había una denuncia contra su hermano porque le había pegado a otro chico en una fiesta.

“Me pareció raro, pero coincidía efectivamente con el hecho que mi hermano había estado el fin de semana anterior en un fundo de Cieneguilla en un matrimonio de unos amigos. El supuesto policía me dijo que nos quería ayudar para que el caso no pase a la Fiscalía porque el agraviado había recibido muchos golpes y estaba hospitalizado. Me aseguró que si el expediente policial número 3378-2024-2 pasaba a la Fiscalía, lo tenían que detener al instante o buscarlo en mi casa o en su trabajo. Con todos esos datos, no dudé que lo que el supuesto policía decía era verdadero; entonces, le pregunté dónde quedaba la comisaría para acercarme con mi abogado, y él me respondió que no era necesario que fuera a la comisaría, y que, más bien, deposité 4,000 soles para arreglar el tema de la denuncia y mi hermano no fuera detenido. Al acabar la llamada, hice el depósito solicitado; pero inmediatamente recibí una nueva llamada pidiéndome 5,000 soles más, que era lo que solicitaba el fiscal para desaparecer literalmente el expediente. Me dijo también que no me demorara porque sino tendría que poner en práctica el Plan B para voltear totalmente el expediente, convirtiendo al agresor en agredido y viceversa. Si me preguntan cómo pude pagar más de diez mil soles en una hora, tengo que decir que el supuesto policía sabía todo de mí y de mi hermano. Además, “como música de fondo”, había sonido de radios policiales, computadoras y bocinazos. Como para no dudar, por eso terminé pagando todo lo que me pidieron”.

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció que su gestión no será en el escritorio, sino en la calle, combatiendo a las bandas criminales que atentan día a día contra la vida de las personas.

 El futuro de la criminalidad en el Perú

Consultamos al experto en seguridad integral y temas sobre narcotráfico, Pedro Yaranga sobre que, en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado un supuesto Plan Boluarte contra el crimen organizado, ha propuesto la creación de una Policía de Orden y Seguridad y ha declarado el estado de emergencia en unos cuantos distritos donde no se ha visto ningún resultado alentador, y, finalmente, cediendo a la presión parlamentaria y periodística, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales de ese constructo de ‘buenas intenciones’?

En realidad, el tema de la seguridad es multidimensional; por lo tanto, el responsable de la seguridad no es solamente el titular del Ministerio del Interior. El ministro del sector es sólo el que maneja y monitorea los indicadores de la inseguridad, pero quien debe responder por la respuesta integral es el Presidente del Consejo de Ministros. Por eso, digo que quien está mal es el Premier, y, también, el Congreso de la República que no evalúa que la censura a un ministro que medianamente estaba en franca mejoría para poner a una persona que tiene menos experiencia que el ministro saliente nos puede pasar factura, y dudo que esa factura pueda pagarse en el camino. Entonces, pienso que el nuevo ministro debe rodearse de buenos asesores.

¿Es decir, el mandato de la señora Boluarte seguirá avanzando y la inseguridad seguirá como está o avanzando?

Creo que en el camino hacia ese 2026, la Policía va a solucionar todo o parte del problema, porque ella está bien organizada, pero con serios problemas de logística y de indefensión ante la actitud de los fiscales y de los jueces, quienes muchas veces acusan y juzgan a los policías que eliminan a los delincuentes en actos de servicio, castigándolos por cumplir su deber. Con bajos sueldos y escasos recursos para enfrentar las acusaciones, es muy difícil que los policías quieran involucrarse directamente porque saben lo que les espera. Sin decisión política no hay posibilidad alguna de enfrentar a las bandas organizadas, las cuales tienen abogados bien remunerados a su servicio. Esa es la forma de anular a la policía peruana, una de las mejores de toda América Latina.

Las bandas criminales brasileñas y el Tren de Aragua venezolano han ganado una gran presencia en los países de la costa occidental de América del Sur, ¿hacia dónde avanzan?

El Primer Comando de la Capital (brasileño) tiene en la mira a nuestro país, el Comando Vermelho (también brasileño) ya está operando en el Perú, está asentado en la triple frontera (la que separa al Perú de Colombia y del Brasil), en parte de Ucayali y de Madre de Dios. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), las cárceles peruanas ya albergan a una cincuentena de presos del PCC y del CV, lo cual significa un problema explosivo para el país, pues la gran especialidad que tienen ambas organizaciones es crecer desde las cárceles -como la Hermandad Aria en las prisiones norteamericanas-, llegando a tener el 80 por ciento del control de las prisiones brasileñas y el 90 por ciento de las paraguayas. Tienen en la mira al Perú porque nuestro país se ha convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, uno de los primeros en explotación y exportación del oro de manera ilegal. Además, esos criminales internacionales manejan la trata de personas, convirtiendo esa práctica cobarde y abusiva en la segunda actividad en ganancias brutas en el año 2022.

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estado de emergencia, Extorsión, Ministerio del Interior

Noviembre sin soluciones: indiferencia de la Municipalidad de Lima alarga la permanencia de Innova Ambiental

Por: 28.11.2023

[INFORMES] Noviembre se volvió un mes gris para Innova Ambiental. Sudaca tuvo acceso al Expediente 1706-2023-0-0901-JR-PE-09, que detalla la apelación de sentencia de habeas corpus presentada por la empresa contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. El documento revela una serie de acusaciones y contradicciones en torno a las supuestas infracciones medioambientales que desencadenó: la clausura del relleno sanitario, el bloqueo de accesibilidad y el licenciamiento del lugar.

El expediente señala que la Sala se pronunció, de manera indebida, según Innova Ambiental, sobre las alegadas infracciones medioambientales que están siendo discutidas en sede administrativa ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La sentencia del 18 de agosto de 2023, que dictaminó en contra de la concesionaria, ha sido el punto de partida para una serie de eventos legales y mediáticos.

La empresa, en su recurso de agravio constitucional, culpa a la Municipalidad de Lima por su actuación en el proceso, solicitando al Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima la revisión del caso. El Colegiado Superior ha concedido dicho recurso, elevándolo al Tribunal Constitucional para su evaluación.

Con respecto al Relleno Sanitario «El Zapallal»

Innova Ambiental enfrenta acusaciones de irregularidades. A través de comunicaciones con el OEFA, se revela que se realizaron solicitudes para estudios sobre la composición de gases y partículas emitidas por la infraestructura, con un énfasis en el periodo en que las operaciones estuvieron suspendidas.

Sin embargo, el OEFA, en una respuesta fechada el 12 de julio de 2023, informa que no es posible ejecutar una evaluación ambiental debido a la programación de actividades, dejando la solicitud para su posible consideración en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2024.

Adicionalmente, se destaca que la Municipalidad Metropolitana de Lima revocó la autorización de funcionamiento del relleno sanitario «El Zapallal» mediante Resolución de Alcaldía N° 284-2023, fechada el 14 de abril de 2023. La concesionaria, por su parte, asegura que el relleno sanitario ya no recibe residuos sólidos desde el 21 de febrero de 2022 debido a la suspensión parcial unilateral del Contrato de Concesión de octubre de 1995.

Sudaca también tuvo acceso a una segunda carta del OEFA que responde a la solicitud de evaluación de biogases y material particulado del relleno sanitario. La respuesta destaca la falta de límites máximos permisibles aprobados que caracterizan las emisiones de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos.

En medio de este entramado legal y ambiental, Innova Ambiental se encuentra en una encrucijada que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en su reputación como concesionaria de limpieza.

Un mes de respuestas negativas

En esta saga legal que rodea a Innova Ambiental, la concesionaria de limpieza enfrenta días grises tras una serie de acontecimientos que amenazan su continuidad en la gestión ambiental de la ciudad. La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) desaprobó el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentado por Innova Ambiental, en respuesta a la modificación de zonificación realizada por la Municipalidad de Lima. La empresa, en un intento por mantener su posición, apeló esta decisión.

Las tensiones entre entidades salieron a la luz cuando Innova Ambiental alegó que no fue notificada sobre ciertos documentos enviados por la Municipalidad de Lima, argumentando que esto afectó su derecho a presentar alegatos. Sin embargo, el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales consideró que no hubo vulneración de la colaboración entre las entidades, dejando a la concesionaria en una posición más comprometida.

En un intento de intervenir en el proceso, Parlamento 10 (Lomas de Carabayllo) solicitó ser incorporado como tercero administrador interesado, pero el tribunal desestimó la solicitud al no demostrar un interés legítimo en el caso. Esto refuerza las barreras que Innova Ambiental enfrenta en su intento de mantener su operatividad.

El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales ha emitido su veredicto, respaldando la decisión de la DGGRS del MINAM de rechazar el PAMA debido a la revocación de la Autorización de Funcionamiento.

En un llamado a la acción, la resolución exhorta a esta dirección a resolver los procedimientos administrativos de evaluación de residuos sólidos dentro de los plazos establecidos, enfatizando la importancia de evitar demoras.

Al cierre de la presente investigación, hemos podido acceder a un informe hecho por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), donde se han revelado hallazgos preocupantes relacionados con el Relleno Sanitario El Zapallal. El documento, fechado el 27 de octubre de 2023, destaca diversas acciones de evaluación y supervisión realizadas en la zona de Lomas de Carabayllo, así como en el propio relleno sanitario.

Entre las conclusiones más destacadas se encuentra el monitoreo de gases en El Zapallal, donde se llevaron a cabo acciones de supervisión del 19 al 22 de septiembre de 2023. Durante este período, se verificaron las celdas de residuos sólidos municipales de las Quebradas N° 1 y N° 2, así como las pozas de almacenamiento de lixiviados. El informe identificó un total de 99 chimeneas en ambas quebradas, de las cuales 61 estaban operativas y 38 inoperativas.

Adicionalmente, se constató la emanación de gases desde las fracturas presentes en los drenes de conducción de lixiviados, así como la salida de gases mediante burbujas. Como respuesta a estas observaciones, el OEFA emitió la Resolución N° 00086-2023-OEFA/DSIS, que ordena la variación de oficio de la Medida Preventiva N° 2 establecida previamente, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de medidas de mitigación ante el proceso de descomposición de los residuos sólidos.

La variación de la medida preventiva tiene como finalidad el control, monitoreo y encendido diario de los quemadores de las chimeneas ubicadas en El Zapallal. Este enfoque busca mitigar la generación de biogás (gases de descomposición) y reducir su impacto ambiental.

En una próxima fase, el OEFA tiene previsto iniciar el modelamiento meteorológico en El Zapallal durante el cuarto trimestre de 2023. Esta evaluación ambiental permitirá determinar la dispersión de los gases, considerando su composición e identificar las áreas donde pueden distribuirse con base en las condiciones climáticas de la zona. Estos hallazgos subrayan la importancia de una gestión ambiental responsable y efectiva en los rellenos sanitarios, especialmente cuando se trata de instalaciones críticas como El Zapallal.

La pelota está ahora en el tejado de las autoridades ambientales, mientras Innova Ambiental enfrenta un futuro incierto que podría tener implicaciones significativas para la ciudad y su medio ambiente.

Plano extraído del informe del OEFA

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Crisis ambiental Gestión ambiental, Innova ambiental, Medio ambiente, Residuos sólidos

Corpac y una exención mortal

Por: 27.11.2023

[INFORMES] La tarde del viernes 18 de noviembre del 2022 fue un día que, sin lugar a dudas, quedará como un recuerdo imposible de borrar de la memoria de aquellos pasajeros del vuelo 2213 de Latam así como del personal de emergencia que acudió al lugar de la tragedia. Pero, principalmente, será una fecha que marcará por siempre la vida de los familiares y seres queridos de Ángel Torres, Nicolás Santa Gadea y Manuel Villanueva, los bomberos que perdieron la vida como consecuencia de este accidente. Sin embargo, a más de un año de la tragedia, sigue apareciendo información que expone diferentes situaciones de negligencia que precedieron al trágico desenlace.

Sudaca pudo acceder a documentos que comprometen seriamente a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) por decisiones que no sólo le costaron la vida a los tres bomberos sino que, al día de hoy, siguen poniendo en riesgo la vida de los miles de pasajeros que visitan los aeropuertos nacionales.

EL PEDIDO MORTAL

Desde septiembre del año 2021, un conjunto de reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos que se conocen como la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) 311 fueron aprobadas. En sus 108 páginas figuran numerosos criterios que la Dirección General de Aeronáutica Civil así como los proveedores de servicio deben seguir para que el tránsito aéreo en el Perú sea seguro.

En este texto, el apéndice 14 aparece con el título “Gestión de la fatiga” y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, en él se señala que el Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) deberá establecer los horarios de trabajo siguiendo los criterios mencionados para el máximo y mínimo de horas.

No obstante, aunque fue aprobado en 2021, esta norma viendo siendo infringida desde hace un largo tiempo por los controladores de tránsito aéreo en varios aeropuertos del Perú poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que los visitan y también del personal de estos terminales aéreos.

Aunque lo más grave de este nuevo destape es que esta infracción se viene cometiendo con la complicidad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Tal como se aprecia en el siguiente documento al que tuvo acceso Sudaca, Miguel Ángel Moreno Ramírez, quien firma como gerente general del CORPAC, presentó una solicitud de exención del cumplimiento de limitaciones relacionadas con la gestión de la fatiga alegando, entre otros motivos, cantidad insuficiente de personal.

El 12 de diciembre del 2022, Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, quien pertenecía a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondió al pedido del gerente general de CORPAC señalando que se les concedía la exención solicitada por el periodo de un año que recién terminaría el próximo 5 de diciembre del presente año.

CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA

El pasado 17 de noviembre, Sudaca publicó en exclusiva un video en el cuál se exponía con detalle lo vivido en la torre de control el día del trágico accidente. Las imágenes del personal durmiendo así como los intentos de coordinar una historia que los exima de la responsabilidad generaron una profunda indignación. Aunque, con la nueva información que Sudaca detalla en este informe, pareciera que el riesgo de nuevos accidentes sigue latente hasta la fecha ante la indiferencia de CORPAC.

A diferencia de lo que ocurre con el transporte terrestre, donde trágicamente los accidentes se han convertido en parte de lo cotidiano, en la industria aeronáutica, a nivel mundial, los accidentes siguen siendo lo inusual. Sin embargo, si los responsables de mantener esos estándares de seguridad continúan actuando de espaldas a las normas que buscan garantizar la tranquilidad de pasajeros y el personal que trabaja en los aeropuertos, Perú corre el riesgo de convertirse en un país en el cual viajar genere miedo ante la posibilidad de un controlador aéreo dormido que provoque un accidente mortal.

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Accidente Aéreo, Corpac, Negligencia, Regulación Aeronáutica, Vuelo 2213

¿La venganza del Partido Morado?

Por: 25.11.2023

[INFORMES] La interminable crisis política, que el país parece no poder superar y que ha destruido la reputación de los partidos tradicionales, también representa una oportunidad para aquellas agrupaciones que llevan menos años de vida política y gozan de una cierta imagen positiva que les podría permitir ser los que lideren la renovación que un importante sector de la población está reclamando.

El Partido Morado apareció, algunos años atrás, dentro de este grupo de agrupaciones políticas que podían captar el voto de las mayorías decepcionadas de los presidentes y congresistas que han estado en el poder y tuvieron mayoría durante los últimos años. Sin embargo, durante los recientes procesos electorales, el voto de la mayoría no estuvo del lado de los morados y la reestructuración del partido se hizo inevitable.

En este contexto, Luis Durán Rojo asumió la presidencia de dicho partido. No obstante, lo que inicialmente parecía una renovación que ayudaría a subsanar los errores del pasado, en la actualidad ha desatado una lucha interna que hasta ha terminado por ahuyentar y decepcionar a los militantes que se habían sumado durante los últimos años.

LA TACHA DE LA DISCORDIA

Kevin Vásquez Soto se convirtió en simpatizante del Partido Morado en 2019. Desde su lugar, Kevin empezó a colaborar con las actividades del partido así como en las campañas para los procesos electorales recientes en los que participaron. “Es un partido con una buena ideología”, comenta Vásquez sobre la agrupación que supo despertar su interés por incursionar en la militancia política.

Conforme se iba involucrando más en el Partido Morado, Kevin llegó a ocupar algunos cargos dentro del partido. El más reciente y último fue el de presidente del Órgano Electoral Regional de Lima Metropolitana. “Con un equipo de cinco personas nos encargábamos de las tachas que se podían presentar”, relata Vásquez Soto sobre la función que desempeñaba.

Pero fue la llegada de Kevin a esta presidencia la que terminó por enfrentarlo con el partido del que supo ser militante activo. La historia del conflicto empezó con las elecciones internas para las recientes elecciones municipales. En este proceso, Raphael Christian Valencia Diestra se enfrentaba a Mauricio Enrique Palomino Vidal para convertirse en el candidato a alcalde del distrito de Jesús María.

En este contexto, el 5 de abril del 2022, la militante María Clementina Rufasfo Falen presentó una tacha contra el precandidato Valencia Diestra. En ella se alegaba que Raphael Valencia tenía antecedentes por tráfico de drogas. Sin embargo, la verdadera historia parecía ser muy distinta. “El señor valencia informó que existía el caso, pero que él estaba como testigo, no como agraviado ni como investigado”, explica Kevin Vásquez sobre este caso.

Pero un detalle que llamó la atención en las pruebas que presentó Rufasto Falen fue una extraña omisión en el documento con el que pretendía involucrar al precandidato Valencia con el caso en cuestión para que el pedido de tacha sea declarado procedente. En el documento, que se trataba de una solicitud para que se entregue un vehículo incautado, se había ocultado el nombre del abogado de Raphael Valencia.

La situación se torna aún más extraña al descubrirse que el abogado, cuyo nombre había sido ocultado, era el de Mauricio Palomino Vidal, quien casualmente era el único precandidato que se encontraba en competencia con Raphael Valencia por la candidatura del Partido Morado.

Esta situación despertó más dudas en Kevin Vásquez y su equipo de trabajo debido a que, tal como lo señala Vásquez en su solicitud de apelación, el acceso a este tipo de información está reservado de forma exclusiva a las partes involucradas y sus respectivos abogados. El entonces titular del Órgano Electoral Regional solicitó a la militante que presentó este caso que aporte más pruebas, así como el documento completo, pero esto no ocurrió.

“El órgano colegiado dispone que esa tacha no proceda porque el señor Valencia no está investigado”, comenta Vásquez, quien en su calidad de presidente del Órgano Electoral Regional observó que no existían motivos para sacar a Raphael Valencia de la contienda interna por la candidatura a la alcaldía de Jesús María de la que posteriormente saldría victorioso.

LA VENGANZA

Sin embargo, aunque Kevin Vásquez Soto relata que actuó de forma íntegra y las irregularidades provenían de la parte que presentó el escrito de tacha, Kevin fue notificado por el Partido Morado el 9 de diciembre del 2022 que se iniciaría una investigación y proceso disciplinario en su contra por el tratamiento que le dió a la tacha contra el precandidato Valencia. Además, para sorpresa de Vásquez Soto, en dicho documento se hace mención a la existencia de un vínculo con Raphael Valencia que pondría en duda su accionar ético.

Según el documento del propio Partido Morado, los comentarios en Facebook realizados por Vásquez Soto probarían que existía un vínculo entre ambos y que, por lo tanto, existía un conflicto de intereses que habría influenciado en la decisión que posteriormente se tomaría con respecto a la tacha contra Valencia.

En su defensa, Vásquez Soto señala que los cinco miembros del Órgano Electoral Regional estuvieron de acuerdo con declarar infundado el recurso de tacha, pero sólo él está siendo objeto de esta investigación. Además, en otro extraño giro que ha dado este caso, cuando los otros cuatro integrantes del Órgano Electoral Regional pidieron ser citados para aportar pruebas no fueron escuchados.

Si bien el caso mostraba situaciones por demás extrañas, la renuncia irrevocable de Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo, quien fue miembro del Tribunal Regional de Ética y Disciplina de Lima Metropolitana, genera más suspicacias sobre el tratamiento que se le dio al caso de Kevin Vásquez. En la carta de renuncia, Cotrina Oquendo presenta argumentos muy graves como el uso ilegal de su firma en la investigación contra Vásquez así como las sanciones desproporcionadas.

Kevin, quien fue suspendido por 18 meses de su militancia, relata que la cercanía de Mauricio Palomino, el precandidato que se enfrentó a Raphael Valencia, con la cúpula que maneja el Partido Morado actualmente podría explicar la manera en que se desarrolló su caso. “Son personas que no deben continuar en el partido”, señala Vásquez sobre el presidente Luis Durán y quienes hoy están al mando del Partido Morado y agrega que “la cúpula actual liderada por el presidente Durán es ineficiente”.

El partido que intentó ser la cara de la renovación en la política peruana y que, con Francisco Sagasti, aportó a uno de los pocos presidentes que dejaron el cargo con un porcentaje de aprobación respetable, hoy parece destruir el crédito que habían logrado conseguir en su corta historia en la vida política del Perú con estrategias que lo exponen como un partido capaz de perseguir a sus propios militantes en venganza por no someterse ante el poder de turno.

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“Necesito tu sueldo para poder pagar”: El maltrato laboral en el IRTP

Por: 24.11.2023

[INFORMES] “Para un 29 de junio del 2017 pedí una compensación o que se me permitiera faltar, ya que era un feriado. Obviamente me dijeron que no. Aun avisando que me lo iba a tomar porque me correspondía, me llevé la sorpresa más ingrata de mi vida. Fui a trabajar el día lunes, después del feriado, y me dijeron que no podía entrar al canal”, confesó María mientras recuerda la travesía judicial en defensa de sus derechos laborales.

María de Jesús Gonzales es una profesional del periodismo que se ha desempeñado 22 años en TV Perú y cuya trayectoria es reconocida por haber pasado por todos los horarios, como reportera y presentadora. “En 22 años nunca he recibido una gratificación. Nunca he pasado por servicios no personales, luego CAS y ahora emito recibo por honorarios sin ningún beneficio. Hace cinco o seis años decidí hacer una acción legal contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que en realidad es contra el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Por la falta de derechos laborales”, sentenció María de Jesús mientras hace referencia que todo esto ocurrió durante la gestión de Hugo Coya como presidente del directorio.

“Llegué a la puerta del canal, iba a ingresar, como cualquier día, y me dicen: No María de Jesús, no puedes ingresar, hay una orden que ya no ingresas, ya no estás en el canal”, reveló la periodista quien regresaba al canal después de este feriado que le corresponde por derecho y pensaba que se trataba de una confusión, ya que el agente de seguridad era nuevo.

“Me fui a la puerta principal. Ahí fue peor, me bloquearon igual. No, no, María de Jesús, no lo hagas más difícil, por favor, no podemos permitirle el ingreso. Recuerdo a una señora en recepción que le dije, ¿qué está pasando? Me dijo que le habían indicado que ya no podía ingresar al canal”, recuerda la periodista mientras añade que pudo entrar al baño, ya que se encontraba muy afectada por el trato que había recibido.

Esta fue la oportunidad para la periodista y habló con el entonces gerente de prensa, José Vargas, quien le indicó que ya se había tomado una decisión. Ante la falta de respuestas, María de Jesús fue a increpar por los abusos recibidos al presidente del directorio del IRTP, Hugo Coya, quien se encontraba con visitantes en su oficina. “¿Por qué me haces esto? ¿Así tratas a los periodistas?”, fueron las palabras de María de Jesús hacia el alto directivo de la entidad. Este solo mostró su indiferencia pidiendo que la retiraran de su oficina.

Recuerda que varios periodistas la llamaron para mostrarle su apoyo, ya que este vergonzoso incidente ocurrió en los dos accesos que tiene el IRTP. A pesar de ello, pudo hablar con el gerente de prensa y después de quince días pudo regresar al canal. Obviamente estos quince días no se le reconoció en su pago y fue interpretado como una sanción, según ellos por haber faltado el 29 de junio. María de Jesús Gonzales decide empezar una acción legal. “Necesitaba protegerme”, añade.

“Solamente me había tomado un feriado calendario, y había vuelto a trabajar el lunes, y me dijeron que no. Es ahí cuando tomó la decisión de interponer una acción legal contra el Ministerio de Cultura. Han pasado cinco años de audiencias, apelaciones, la casación y entre otros procesos para que, finalmente, el juez del decimoquinto juzgado diera mi resolución favorable, lo cual constituye una sentencia de COSA JUZGADA”, indicó.

“En la resolución se le ordena al IRTP que me coloque bajo el régimen laboral 728 y por supuesto se me paguen todos esos años de mis derechos laborales, además de mi CTS y otros. Fue emitida el 8 de noviembre de 2022 y lamentablemente el canal no ha cumplido hasta ahora con parte de la indicación judicial (hace referencia que solo la han puesto en el régimen 728)”, menciona María de Jesús mientras recuerda que cuando ingresó Ninoska Chandia, como presidenta del IRTP, le hizo hincapié sobre la resolución y que se pueda cumplir lo que decía la Sala.

“Mira, mejor vete a tu casa, ya no te hacemos órdenes de servicio, y lo que vamos a hacer es esperar que se dé todo adecuadamente para que ya ingrese como estable”, fue la respuesta que le dio Ninoska Chandia con respecto a su pedido. “Mi abogada me dijo que no era posible, tú no puedes estar ni un solo día desligada de tu trabajo porque tú ya eres estable a través de una resolución de cosa juzgada de noviembre 2022”, manifestó la periodista indicando que era inadmisible que una ejecutiva aluda ese tipo de soluciones.

Transcurría el tiempo y en finales del mes de agosto, el gerente de prensa, Roberto Wong, le indicó a la periodista que la gerencia general, la alta dirección, la presidenta del canal y los gerentes ya no le harían orden de servicio y que estaba fuera, que ya no vaya el 1 de septiembre a laborar. María de Jesús recuerda una confesión atroz del gerente. “La verdad, María de Jesús, necesito tu sueldo, necesito tu sueldo para poder pagar a las nuevas personas que tenemos que contratar”, manifestó.

“Te estás prestando a una indicación que recibes y no nos defiendes. A tus colegas, a los periodistas que trabajamos día a día como tú, sólo por un puesto de gerente”, recordó la periodista sobre lo que increpó al gerente de prensa quién reiteradas veces le seguía diciendo que ya no fuera a laborar ese día. Aun así, María de Jesús se presentó el 01 de septiembre.

“La procesión va por dentro”. Esta es una de las frases que rescatamos de nuestra conversación con María de Jesús Gonzales, ya que hace referencia a que no quería escándalos y que siempre ha sido respetuosa con su trabajo y con quienes ha laborado a pesar del hostigamiento, maltrato y grave violación a sus derechos laborales. Sin embargo, lo ocurrido ese 01 de septiembre ha marcado profundamente la vida y trayectoria de la periodista.

El atropello del IRTP contra María de Jesús

El 01 de septiembre del 2023 a las 08:30 am, María de Jesús Gonzales se presentó en la puerta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. “Me esperó la seguridad en la puerta, con otra seguridad más en la otra puerta que da acceso al pasillo del canal. Intenté entrar, pero me indicaron que la secretaria de presidencia ha llamado y ha dicho que ya usted no tiene ningún vínculo con la empresa y por lo tanto no puede entrar. Entonces yo reconozco que me afectó un poquito y dije: esto no se queda así”, confesó.

La periodista anticipándose, a partir de lo dicho por Roberto Wong días atrás y para evitar otro escándalo como lo ocurrido en el 2017, decide apersonarse con agentes policiales. No obstante, decidió acercarse sola al acceso del canal, y es que pensaba que no sería necesario la actuación de las fuerzas del orden; sin embargo, al ver todo este suceso del impedimento de ingreso de la periodista, la policía decide intervenir. “Se pusieron a hacer mil llamadas (personal del canal) y se dieron cuenta que era un error. Luego vino el gerente de prensa a intentar revertir la situación. Le dije, no, definitivamente”, sentenció.

Roberto Wong, gerente de prensa, intenta que la periodista ingrese a las instalaciones, y es que ya se había advertido a la presidencia ejecutiva y gerencia que la periodista se había acercado al IRTP con agentes policiales. “Yo ya no ingresé. Por más que él quiso que yo ingrese, el daño ya estaba hecho, ya se había perpetrado el abuso de autoridad”, mencionó.

“Voy a la comisaría y puse la denuncia”, mencionó la periodista. Por su parte, desde el canal se intentó decir que la responsabilidad era de la Jefa de Administración, Sonia Alegría, porque supuestamente es la jefa del Área de Seguridad. “Hablé mil veces con ella y me juró en mil idiomas, y creo que lo hizo en un descargo por escrito, que no había sido ella quien dio la orden”, añadió.

MARIA DE JESUS PONIENDO LA DENUNCIA DESPUÉS DE SU IMPEDIMENTO DE INGRESO AL CANAL

“Me acompañó a la oficina central del canal para hablar con el gerente general, Francisco Vivanco, y nos hicimos una especie de careo. Nos sentamos el gerente general, el gerente de prensa, la jefa de administración y esta humilde periodista. Le dije por qué han dado una orden. Me dijeron, aquí nadie ha dado ninguna orden, es mentira. Mi pregunta lógica es, si quien ha llamado es la secretaria de la presidencia ejecutiva, la señora Blanca, y ha ordenado a la seguridad que me impidan el ingreso, entonces, ¿quién dio la orden?”, fue la gran interrogante que se hizo la periodista para Sudaca.

“Solicite la versión de la telefonista que estaba en recepción, donde la señora Sendi, que es quien estaba en recepción en ese momento, me entrega un documento por WhatsApp y me señala la correlación de hecho. Efectivamente, una llamada de la presidencia ejecutiva que recibió el señor Ciro Tineo, que era en ese momento el de seguridad, le dicen que cuando yo regrese, ya no tenía vínculo, y por lo tanto no entraba. Esa versión fue corroborada verbalmente entre este señor de seguridad y yo, porque se lo pregunté, ya que no quiero cometer ninguna injusticia. ¿Quién te dio la orden? Y él, por supuesto, reafirmó lo dicho”.

DENUNCIA INTERPUESTA POR MARIA DE JESUS POR LO OCURRIDO EL 01 DE SETIEMBRE

María de Jesús nos comenta lo desgarrador que fue todo eso. Además, hace referencia que “el canal de todos los peruanos” tiene problemas más allá de lo administrativo. “A los temporales, el mes de octubre les han pagado en la quincena de noviembre. Hemos tenido problemas hasta de apagón de los monitores de prensa por muchos días, todos están, ya parece, obsoletos, y seguramente es interesante querer diversificar la oferta televisiva, pero no puedes colocar tanta gente, tantos espacios en la parrilla cuando no le pagas a tu gente, ni siquiera de manera puntual”, menciona la periodista.

Sudaca accedió a conversar con Joseph Dager

Conversamos con el expresidente del IRTP, Joseph Dager, para analizar lo sucedido con el caso de María de Jesús Gonzales, y es que el expresidente tomó conocimiento de lo sucedido a la periodista cuando asumió su cargo. “Le ofrecieron dejar la planilla para pasarla a una condición de tercera con la historia de que ganaría un poco más y, efectivamente, pasó a ser tercera y pasado un tiempo se vence su contrato y deciden no renovarle. Eso ella lo interpretó como una trampa que en su momento le hicieron”, comentó Dager quien recuerda que la periodista se hizo asesorar por abogados y encontraron que hubo una irregularidad en todo este problema.

“Cuando tú estás en planilla, la empresa o el Estado, quien fuera, no te puede contratar inmediatamente por tercero, tiene que pasar un año para que te contraten así. Eso que le hicieron a ella no está permitido legalmente. Ella puso una demanda y en medio de ello hubo cambió del directorio del IRTP y, es el nuevo presidente quien la contrata de nuevo, la coloca en su cargo que tenía como planilla, pero en calidad de tercero, ya que para que salga una cuestión por planilla es imposible en el Estado”, mencionó el expresidente del IRTP.

Durante la presidencia de Joseph Dager. “Cuando asumo la presidencia del IRTP, la encuentro a ella como presentadora y me enseñó justamente dicha resolución. Yo me reuní con ella y con la gerente general de ese entonces y le dije que no importaba si yo estoy de acuerdo o no, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con este mandato judicial, ya que era la última instancia”, manifestó. “Sin embargo, para hacer cumplir esto, es decir, para yo pedirle al MEF; primero me tiene que notificar a mí, el juez. No basta con que te notifiquen a ti (por la periodista). Una vez que me llegue esa notificación, lo primero que voy a hacer es abrir un CAS y le pido al MEF lo que está obligado a darme, un 728, una planilla estable. Pero bueno, en eso vino mi cambio”, indicó.

Le consultamos al expresidente del IRTP porque personal de tercera no recibe beneficios (véase gratificaciones, aguinaldos, entre otros). “Los puestos de 728 de CAS son muy pequeños en el Estado. Es este mismo quien termina completando los puestos que necesita a través de lo que se llaman terceros o servicios no personales. Eso pasa en el IRTP, pero pasa también en los servicios no personales. Pasa en todo el Estado y, lamentablemente, son trabajadores, pero sin derechos”, mencionó Dager lamentando la situación de María de Jesús y recordando la gran profesional que ha sido a lo largo de estos años en TV Perú.

Cuando conversamos con la periodista hizo mención que se sentía desplazada y excluida de los eventos del canal. Y es que este miércoles TV Perú ha realizado su Preventa 2024, la cual no ha contado con la presencia de la periodista, quien confesó que no se le hizo extensiva ninguna información o invitación del evento; además, no se le está teniendo en cuenta para las actividades del canal. Le consultamos sobre su permanencia en el canal y el claro mensaje que le están dando los directivos al excluirla de las actividades oficiales del medio de comunicación, como una preventa:

“Es una posición dura y difícil para ellos, dado que ahora yo ya tengo la estabilidad laboral. Al tenerla ganada por el juicio de cinco años, ellos no podrían tocarme. Lo que yo quiero es hacer mi trabajo, lo que amo, lo que sé hacer, lo que he logrado estos años. Ser periodista, conductora, presentadora, estoy preparada para muchos retos, como lo fue cuando tuve que tomar esa decisión. No fue fácil porque me advirtieron muchas personas lo que venía”

María de Jesús Gonzales para Sudaca

La falta de puntualidad en los pagos

“Cuando entra la gestión de Pedro Castillo, la cosa se puso peor a nivel de puntualidad de pagos. En un mes, por ejemplo, te podían pagar el 31 con suerte; en el siguiente mes, el 2, 3 o 4”, menciona la periodista quien recuerda que los trabajadores del canal se desmotivan y no entendían a qué se debía, si a la falta de dinero o por la falta de abasto con tanto personal.

Es curioso que estos problemas sacudan al principal medio de comunicación del país; sin embargo, es más penoso que dentro de ella lo manejen y administren personas que no son capaces de dirigir una gran responsabilidad, como lo es el IRTP. Y es que llama la atención uno de los comentarios realizados por la presidenta del IRTP, Ninoska Chandia, cuando María de Jesús le tocó el tema del escandaloso impedimento de ingreso en su contra al canal. “¿y no te has puesto a pensar que de repente fue alguien a quien le puedes caer un poco mal o que te puede querer hacer una broma de mal gusto?”, recuerda la periodista mientras asegura que solo atino a dejar de lado ese comentario que le parecía desatinado y muy poco profesional; sobre todo, viniendo de la más alta autoridad ejecutiva del IRTP.

Además, la periodista hace mención sobre la actitud de la abogada del canal quien en reiteradas ocasiones intentó ridiculizar y quitarle el derecho de increpar y exigir respuestas claras. “La abogada quiso jugar su papel como defensora de la presidenta, o de querer ridiculizarme. Porque le dijo, usted, presidenta, no está obligada a responder nada de lo que la conductora le pregunta”, menciona la periodista quien asegura que la abogada se volvió la defensora de la presidenta y no de los trabajadores.

Compartimos con ella una de las tantas reflexiones que sentencia este actuar y que sirve como un llamado a la acción para otros colegas. “En esas dos ocasiones me botaron como un perro, porque me dijeron, tú vas a trabajar, y después me dicen, no, ya no perteneces acá. Eso es algo que suele pasar en el Estado, me parece. Yo lamento, verdaderamente, pero invito a mis colegas y a mis amigos periodistas a que aprendan a luchar. A mí me costó mucho tomar la decisión, como me ha costado mucho también decidir hablar con Sudaca y contarles todo, porque realmente tenemos que, no sólo defendernos, es un tema de respeto a mí misma, no permitirme dar mi versión y no permitir más atropellos”, menciona.

Al cierre de este informe, el futuro laboral de María de Jesús se vuelve incierto en el “canal de todos los peruanos”. A pesar de ello, nuestra colega asegura que seguirá en pie de lucha contra viento y marea para que se respete lo dictado por el juzgado. No solamente por ella, sino también, por su familia y por aquellos que reconocen la calidad de profesional que ha demostrado ser durante estos 22 años en TV Perú.

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El Minsa contra las enfermeras

Por: 18.11.2023

[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.

En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.

Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.

Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.

“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.


“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.

EL ERROR DEL MINISTRO

“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.

Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.

La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.

“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a  que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.

 

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Conflicto laboral, Enfermeras, Escala remunerativa, Ministerio de Salud, protesta

Congresistas de izquierda y ministra de cultura crean ley Frankenstein contra el patrimonio arqueológico del Perú

Por: 16.11.2023

[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.

Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.

Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.

Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.

Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.

Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.

El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura

¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?

El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.

Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.

Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.

Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.

Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.

Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:

¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?

En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.

Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.

A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,

El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?

Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.

En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.

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