Pie Derecho

Deben suprimirse feriados religiosos

Por: 30.08.2023

No tiene sentido que un país laico como el Perú tenga la cantidad de feriados religiosos que mantiene: semana santa, día de San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima (hoy), Todos los Santos, Inmaculada y Navidad.

El Perú es mayoritariamente católico, pero practicante de a de veras no debe pasar del 30% de la población. Por esa minoría, el país laboral y productivo pierde siete días al año en crecimiento de la economía, que hoy tanto urge (vamos a crecer alrededor del 1% al año hasta el 2026, según acaba de declarar el solvente economista Luis Carranza).

Dice textualmente Apoyo Consultoría: “En los últimos tres años, el Congreso ha aprobado cuatro nuevos feriados nacionales. Hemos pasado de 12 a 16 feriados para el sector público y privado al año. Si, además, consideramos otros períodos de descanso como las vacaciones, los días no laborales en el Perú suman 46 días al año, es decir, casi 20% del total de días potencialmente laborales del año”.

“Antes de la inclusión de estos nuevos feriados, el Perú ya era uno de los países con más días no laborables, con lo cual sobrepasamos a cualquier otro país de la región. Evidentemente, las vacaciones son un beneficio necesario para que los trabajadores descansen y por eso son un derecho laboral. Asimismo, todos los países celebran días especiales ya sea por religión, cultura o alguna festividad. Sin embargo, el Perú hoy se consolida como el segundo país con más días no laborables a nivel mundial, solo superado por Irán (53 días)”.

Los días religiosos que los celebren los católicos en su íntimo guardar y que eventualmente solo se mantenga vigente Navidad, que es ya una fiesta universal. Más bien, habría que agregar feriados laicos significativos, como el 12 de setiembre para recordar la captura de Abimael Guzmán y la victoria contra Sendero Luminoso.

Ya somos un país con un periodo de vacaciones laborales (un mes) extendido. La mayoría de países tiene a lo sumo quince días, como para encima sumarle los feriados. A ello hay que agregarle los de naturaleza solo estatal que con graciosa displicencia los gobiernos conceden a cada rato. Necesitamos urgentemente recuperar productividad y eso requiere ajustarse los cinturones y, además, se trataría de un justo recordaris de que no somos un país teocrático sino uno que se pretende laico y moderno.

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Verdad a medias no es verdad

Por: 29.08.2023

Lo que no dijo y debió decir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como bien ha hecho énfasis Jaime de Althaus, es que el triunfo del Estado peruano sobre Sendero Luminoso se debió, en gran medida, al cambio de la estrategia antisubversiva desplegada, sobre todo, por Alberto Fujimori.

Se modificaron las relaciones con las comunidades campesinas, volviéndolas aliadas contra SL y no en sospechosas de terrorismo y, por ende, arrasadas, como sucedió en la década de los 80, pero además se otorgó más recursos a las labores de inteligencia policial. En ese sentido, la CVR, si bien pone justo énfasis en el Grupo Colina, una barbaridad por donde se le mire, no dice mucho del GEIN.

Alguna vez le pregunté a Salomón Lerner por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori y no en Belaunde y García, a pesar de que las mayores barbaridades contra los derechos humanos se cometieron en los 80. Su respuesta fue que Fujimori era un dictador y que como tal tenía cadena de mando perfecta sobre todas las ocurrencias ilegales de su gobierno. Viéndolo con serena objetividad, esa respuesta fue un despropósito que tiene que ver mucho con la naturaleza de su encargo: Toledo creó la Comisión de la Verdad porque pensó hallar pruebas contundentes del proceder asesino de Fujimori y al final descubrió que fue durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García, que eso mayormente sucedió.

Eso tiene que expresarlo la narrativa del LUM -la heredad viva de la CVR-, y despejar el sesgo antifujimorista que allí predomina. Solo así podrá irse logrando paulatinamente el proceso de reconciliación, que también es un mandato de la CVR y su sucedáneo museístico.

El Estado peruano derrotó al terrorismo. Es una victoria histórica que merece mayor reconocimiento. Nos hemos cansado de proponer que se declare feriado nacional el 12 de setiembre, día de la captura de Abimael Guzmán, sin que se derramase una gota de sangre. Fue el triunfo de la inteligencia republicana sobre la demencia maoísta, que dio pie a la caída del grupo terrorista que estuvo cerca de capturar el poder y perpetrar desde allí un baño de sangre sin par en nuestra historia.

¿Por qué no se hace? Porque ocurrió durante el gobierno de Fujimori. Una muestra más de que la ausencia de reconciliación viene mayoritaria y paradójicamente, por parte de quienes la propalan a los cuatro vientos, como parte de su narrativa institucional.

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20 años de la verdad

Por: 28.08.2023

Se cumplen hoy 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al país y fue y sigue siendo un hecho fundamental que es menester destacar.

Primero, se dejó muy bien establecido que los principales responsables del baño de sangre fueron Sendero Luminoso y el MRTA, dos movimientos terroristas que emergieron en la década de los 80, y que en ese trance murieron cerca de 70 mil peruanos.

Segundo, se dejó muy en claro que la mayor parte de los muertos ocurrieron a manos de los terroristas y en menor medida, pero no menos importante, por las propias fuerzas armadas y policiales.

Tercero, se fijaron cifras que mostraron que, contrariamente a lo que Toledo quería utilizar como munición contra el fujimorismo al crear la CVR, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García (por eso, de paso, no se explica el sesgo antifujimorista mayoritario de la muestra del Lugar de la Memoria).

Cuarto, se fijaron pautas de reparaciones y atribución de responsabilidades que luego han servido para acciones judiciales eficaces, aunque aún incompletas, a pesar del tiempo transcurrido.

El país maduró democráticamente con la dación del Informe y no se explica, honestamente, la reticencia de cierto sector de la derecha a administrarlo y apoyarlo, al amparo de tonterías como que se use el universal y legal término “conflicto armado interno” que no rebaja responsabilidad alguna a los terroristas y no les otorga rango jurídico de protección.

El Informe de la CVR es un hito liberal en la defensa de los derechos humanos y debe ser visto así, por ende, por los sectores pensantes de la derecha, sin que sorprenda ya la reacción cavernaria de los sectores conservadores que quizás hubieran querido que se eche tierra por encima de las violaciones ejecutadas por los institutos armados, como si ello fuera posible y saludable.

La verdad repara, la memoria es socialmente terapéutica y ayuda a que sucesos semejantes no se repitan. Y, por último, se trata de un acto de justicia histórica con las decenas de miles de deudos de las víctimas del terror originado en las demenciales tesis senderistas y las sanguinarias tácticas del “guevarismo” emerretista, grupo que no merece mejor consideración que los radicales maoístas de Sendero.

 

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Ciudadanos por las reformas

Por: 27.08.2023

Propongo una iniciativa cívica Ciudadanos por las reformas, que empuje a las autoridades a hacer algo respecto de la urgencia de reformas de segunda y tercera generación, que permitan que el país salga del entrampamiento económico en el que se encuentra.

Los ministros del sector económico y productivo y los titulares de las comisiones respectivas del Congreso deben sentir la voz de la calle exigiendo que retorne la espiral de inversiones privadas, la única capaz de dinamizar la economía, el empleo y la reducción de la pobreza.

Hay mucho por hacer en pesca, minería, agricultura, industria, construcción, turismo, servicios. Y mal que bien se ha abierto una ventana de oportunidad con la perspectiva de que el gobierno dure hasta el 2026 y con la confluencia de autoridades que, a pesar de la mediocridad de muchos, por lo menos están alineados en una mirada promercado y proinversión.

Según la última encuesta de Ipsos, el 54% de la población considera que su ingreso familiar ha disminuido y 39% que sigue igual. Un 72% considera que la posibilidad de encontrar trabajo está peor hoy respecto de hace un año. Por ello, la reducción de la pobreza es la tercera de las preocupaciones principales (con 28%) solo por debajo de la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Se requiere en el país un remezón institucional que reforme la salud y la educación públicas (y las mafias que allí funcionan, enquistadas hace décadas), la seguridad ciudadana, la corrupción, entre otros temas de ese perfil, pero hoy por hoy, lo que urge es que haya un shock de inversiones privadas, capaz de movilizar capitales y salir de la trampa recesiva que nos acecha. Es un tema de agenda nacional.

Como la clase política afincada en el Ejecutivo y el Legislativo no reacciona, tendrá que ser la ciudadanía activa -y desde este humilde espacio periodístico nos sumaremos- la que promueva, aliente y empuje a que las mismas se desplieguen.

El país productivo y empresarial que apuesta por el Perú quiere seguir haciéndolo, pero deben darse las normas y tomarse las decisiones políticas que favorezcan que ello ocurra. A esa causa nos plegaremos.

–La del estribo: ameno, entretenido e informativo el último libro de Christopher Acosta, periodista de investigación, Presidentes por accidente, publicado por Aguilar, donde se llega a conocer mejor la personalidad política y hasta psicológica de los dos principales protagonistas de la historia política reciente: Pedro Castillo y Dina Boluarte.

 

 

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¿La sorpresa Álvarez?

Por: 26.08.2023

De un tiempo a esta parte viene prodigándose en sus redes sociales, el cómico Carlos Álvarez, pero no con apariciones satíricas o humorísticas (sus famosas imitaciones) sino con rollos claramente políticos y hasta ideológicos sobre diversos temas de coyuntura.

Todo lleva a pensar que estamos ante los tanteos iniciales de una incursión en la política seria, si cabe tal término para la atribulada política nativa. Y la pregunta que corresponde hacer es si tal posibilidad tiene visos de realización.

Antecedentes internacionales, al menos, hay. El más famoso hoy es el de Volodimir Zelenszki, presidente de Ucrania, que se ha puesto al hombro el liderazgo de su país en el conflicto bélico contra Rusia. El mandatario ucraniano era un actor cómico de poca monta. Otro caso reciente es el de Jimmy Morales, un comediante que el 2016 se hizo de la presidencia de Guatemala.

Álvarez tiene varias ventajas. Sus spitchs políticos agarran carne, se centran en la crisis de corrupción y de seguridad ciudadana, leyendo mejor que otros políticos cuál es la demanda real de la ciudadanía. Es ultraconocido, donde acude arrastra público, luego de una trayectoria televisiva de más de tres décadas. Tiene ideas claras (según trascendidos, salió de Willax por negarse a seguirle el amén a un úkase de Erasmo Wong, propietario del canal). Llena un vacío de arraigo popular que ningún candidato de la centroderecha -salvo Keiko Fujimori- puede exhibir.

La centroderecha adolece de candidatos con capacidad política y, sobre todo, electoral, de hacerle frente a los disruptivos de izquierda que de todas maneras van a ser protagonistas gracias a la indolencia de la derecha, a la alineación de los astros (el “pacto derechista Ejecutivo-Congreso” ha agarrado carne popular), y a la apuesta del sur andino y las zonas rurales del país en favor de un candidato de ese perfil (si no se hace nada, esas regiones van a votar en la primera vuelta del 2026 como votaron en la segunda vuelta del 2021).

Un personaje como Carlos Álvarez, que es disruptivo, pero no antisistema, sí podría hacerles frente a los Antauro, Bellido, Bermejo, Huillca y compañía, quienes ya se alistan para ser protagonistas de la jornada definitoria, felices de la vida de ver la proliferación de candidatos de centroderecha “pechofríos” que surgen en el firmamento. Vamos a ver si lo quiere hacer.

 

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Candidato Político, Carlos Alvarez, Comedia y Política, Panorama Político

Un código penal adefesiero e injusto

Por: 25.08.2023

Se requiere una reforma urgente del Código Penal. El que existe es un disparate que permite que a un excongresista como Michael Urtecho, por mochar sueldos, le claven 22 años de prisión.

Producto del populismo penal de nuestros anteriores Congresos, poco a poco se ha ido incrementando penas para supuestamente disuadir a los delincuentes, pero en la práctica eso no ha resuelto absolutamente nada.

Haría bien el Congreso actual en formar una comisión revisora de dicho instrumento legal y proceder a dar penas más justas por delitos que no son graves, como sí lo son, en cambio, la violación de menores, la pedofilia, el asesinato, la corrupción grande, etc.

Los fiscales y jueces, aunque también ponen su granito de arena exagerando los cargos, no pueden, en la práctica, hacer mucho si la ley les manda imponer esas penas absurdas.

Lo que corresponde es ajustar e invertir en establecimientos penitenciarios (ya el 2025 colapsan y no pueden recibir un preso más), activar las unidades de flagrancia, acelerar los plazos judiciales, devolverle a la policía la capacidad de investigación, evitar la impunidad para delitos menores, ya que sancionándolos se evita la gran delincuencia.

Las penas altas no son disuasivas, deben ser justas simplemente y apartar de la sociedad a los delincuentes. La mejor demostración de ello es lo ocurrido con Pedro Castillo. Está Fujimori en prisión por corrupción, entre otros delitos, está Toledo, luego de una persecución judicial internacional, han pasado meses en la cárcel Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, y llega un señor de Chota y desde el primer día se dedica a asaltar el erario público (se calcula que debe haber robado cien millones de soles en el corto periodo en el que fue Presidente).

Incrementar penas con afán disuasorio no solo no funciona sino que altera el sentido de una pena, que debe ser justa por sí misma, sin fines subalternos o colaterales.

El caso de Urtecho debería dar pie, como señalamos, a una comisión revisora del código penal, el mismo que ya tiene tal cantidad de perforaciones y alteraciones que se ha convertido en un cajón de sastre, medieval y anticuado, además de injusto y desproporcionado.

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¡Ay el fujimorismo!

Por: 24.08.2023

En un solo día, el fujimorismo ha sido capaz de mostrarnos que su rostro político es el mismo que el de hace décadas. Primero aparece una publicación del Fondo Editorial del Congreso -a cargo de Fuerza Popular- en el que se publica un mamotreto casi justificando el golpe de  Estado del 5 de abril del 92. Segundo, aparece el primer vicepresidente del Congreso respaldando al impresentable titular del Legislativo, quien ya hace días debería haber renunciado al cargo o ser censurado por la propia mayoría que lo colocó allí, por un asomo de dignidad política.

El fujimorismo debe ser uno de los pocos movimientos políticos que, lejos de evolucionar, camina al revés, va en retroceso. Similares ejemplos al suyo han sido el franquismo y el pinochetismo. Y en ambos casos, la derecha española y chilena supieron hacer del pasado un pasivo crítico sobre el cual poder empinarse y construir opciones democráticas modernas y tolerantes.

El fujimorismo pudo haber hecho propósito de enmienda, más aún estando ausente su padre fundador, y construir una opción basada en la perspectiva vital de la heredera, Keiko Fujimori. En las tres campañas que ha participado, y ha perdido, dio aparentes muestras de ello, pero luego, su conducta política, sobre todo la congresal, ha terminado por generar la impresión de que sus discursos electorales han sido un sainete y poco o nada ha cambiado del fujimorismo auroral.

Es una lástima, porque tiene arraigo transversal en la sociedad peruana -cosa que ningún partido de derecha alcanza-, pero su ideología conservadora y autoritaria socava sus enormes potencialidades.

Va camino a protagonizar, si Keiko insiste, como parece ser el caso, en postular el 2026, una nueva derrota, que ya para entonces ojalá la convenza de que lo suyo no es la definición electoral y que debe abocarse a otros menesteres profesionales distintos a la política.

Y así, de paso, lo positivo es que le abriría terreno a la posibilidad de que surjan otras derechas populares, que sean capaces de competir con la cada vez más predominante narrativa izquierdista.

El fujimorismo es refractario al cambio y nos pone en entredicho, inclusive, a quienes vimos en Keiko al mal menor de las últimas elecciones. Qué difícil es seguir sosteniendo que a pesar de todo, ella era mejor opción que el nefasto Pedro Castillo. No se pudo dar el caso para demostrarlo, pero en las últimas horas, quien más ha hecho por socavar esa idea, es el propio fujimorismo, con sus destemplanzas y falta de la menor sindéresis política.

 

 

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Sin reformas no hay inversión

Por: 23.08.2023

Tiene que ver, sin duda, la caída de la inversión privada con la pérdida de confianza en el porvenir político del país, producto de un Ejecutivo incompetente y de un Congreso deleznable.

Ello, a su vez, es lo que está generando la caída del crecimiento económico y el aumento de la pobreza que se aprecia en todas las regiones del país, especialmente en aquellas que más zozobra causaron con los desmanes de diciembre y enero. Miguel Palomino, economista y presidente del IPE, señala, para el caso: “Veamos las cifras de Puno, por ejemplo. Entre enero y marzo se registró una caída anual de 16% en el empleo, explicada en buena parte por un retroceso de 28% en el empleo juvenil. Uno de cuatro jóvenes puneños perdió su empleo en el primer trimestre”.

Pero no es solo la incertidumbre política lo que está generando el estancamiento señalado. Ya se venía advirtiendo desde hace años en la urgencia de emprender las reformas de segunda generación en favor de la inversión privada en varios sectores productivos del país (agro, pesquería, minería), y eso, lejos de haber sucedido, se ha ido revirtiendo con los años (por ejemplo, con la derogatoria de la ley de promoción agraria, que debería no solo retomarse sino ampliarse a otras regiones, como la andina).

No es suficiente recuperar el statu quo precedente a la pandemia. Ya es hora de que algún gobierno (lamentablemente, éste no tiene el empaque de hacerlas) retome las banderas reformistas, promercado y proinversión privada. Sin ello, no será posible reencaminar al país por la senda del desarrollo que permitió en los últimos tiempos crecer como lo hicimos y reducir la pobreza, en solo 20 años, de 59% de la población a 20%.

Una nueva ola de reformas productivas e institucionales se requiere para volver a atraer inversión. Ya no basta con que haya un gobierno que no ataque a la inversión privada o no ponga en riesgo los capitales activos. Se necesita un impulso que, infelizmente, ningún candidato de la centroderecha propone con el énfasis pertinente.

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Corrupción municipal en medio de la granja

Por: 22.08.2023

Detrás de la inmensa multa municipal a la empresa Granja Azul, hay cutra de todas maneras. Como la hay cuando se clausura un centro comercial como Larcomar, por “gravísimas irregularidades” y luego se le otorga la reapertura a las pocas horas.

Se ha vuelto un negocio mafioso de muchos municipios clausurar y luego extorsionar con coimas a los establecimientos formales que deben soportar onerosos cierres de operaciones, muchas veces por detalles nimios fácilmente resolubles en cuestión de horas.

Los municipios distritales compiten con las mafias extorsivas en ver quién sangra más a los empresarios formales. Llegan las clausuras ostentosas, con letreros llamativos pegados en las puertas de los locales, a la par aparecen los sobres intimidatorios o las llamadas amenazantes de los mafiosos delictivos que piden cupos para dejar funcionar al negocio en “paz”.

Y ni hablar del aún más lucrativo negocio de las licencias de construcción, donde, en complicidad con la alcaldía provincial, se permiten alturas de edificios cuya propia normativa prohíbe, pero que el cabo del tiempo, o del ingreso de un nuevo alcalde, terminan siempre regularizadas. Entre tanto, los alcaldes capitalizan y se enriquecen (no conozco casi exalcalde distrital que no haya terminado siendo millonario luego de su gestión y después se les ve años sin trabajar, y sin oficio conocido, dándose la gran vida; les bastó un periodo edil para lograrlo).

En mi distrito, Barranco, he tenido suerte con la anterior administración y con la actual, pero otros distritos sufren y son víctimas de alcaldes corruptos que llenan sus arcas en paraísos fiscales a costa del bienestar de sus contribuyentes.

Y la Contraloría bien gracias. Si ni siquiera es capaz de revisar el irregular contrato de limpieza pública que tiene el Municipio de Lima con Innova Ambiental (ex Relima, la de Comunicore), sobre el cual hemos decidido hacer campaña sostenida en Sudaca hasta que el señor López Aliaga cumpla su promesa de campaña y convoque a una licitación pública internacional para el recojo y procesamiento de los residuos sólidos de la circunscripción metropolitana. Huele feo este tema.

La corrupción se ha enseñoreado en toda la administración pública, pero ha agarrado especial carne en los municipios, que merecen por ello la mayor fiscalización de los organismos competentes y de la opinión pública, que debe mostrar sana suspicacia sobre todos los actos ediles aparentemente administrativos que se toman.

 

 

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