Ha hecho bien el gobierno en designar a Alfredo Ferrero como embajador en Washington. Es un profesional altamente preparado, que conoce los entresijos norteamericanos a cabalidad y que ha sido, además, agente operativo de la concreción de los tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos durante el gobierno de Toledo.
Su nombramiento es clave, además, en momentos en que los países de la región se hallan en medio de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y al Perú le conviene mantener incólumes las buenas relaciones con la potencia norteamericana, que ya ha expresado su preocupación por la creciente presencia oriental en nuestro país.
Ni bien se hizo público su nombramiento saltó, para variar, la aplanadora de medios izquierdistas queriendo desmerecer su designación haciendo eco de una injusta investigación que sobrelleva por el caso Lava Jato, y que, analizada objetivamente, es un disparate mayúsculo.
A Ferrero se le investiga por haber sido parte del directorio de Proinversión, en su calidad de ministro de Industria y Comercio Exterior, cuando se produjo la concesión de la Interoceánica Norte, cuando el proceso administrativo es responsabilidad del comité de infraestructura, el mismo que, además, estuvo conformado por profesionales probos, como Alberto Pasco Font, también investigado.
El Consejo Directivo, como es usual en la administración pública, actúa bajo las consideraciones del principio de confianza, y en este caso, en particular, la corrupción ocurrida fue en la firma de las adendas, ya cuando Ferrero no era ni siquiera ministro.
Se ha destacado, con horror mediático, que el susodicho tiene propiedades embargadas por 27 millones de soles, cifra que, claro, llama la atención y genera inmediatas sospechas respecto de probable patrimonio mal habido. Es un horror contable el que le permite a la Fiscalía inflar hasta por ocho veces los montos de valores inmobiliarios de modo de “asegurar” el eventual monto de reparación que se le impondría de hallarlo culpable.
La realidad es que hablamos de 21 propiedades, pero de las cuales 10 son estacionamientos y depósitos, seis son terrenos y uno es un palco en el estadio Monumental. Pero eso no se tiene en cuenta, la prensa suelta, con escándalo, la cantidad de propiedades y alienta el ensuciamiento de la imagen pública del afectado.
Nos detenemos en el caso de Alfredo Ferrero, porque es de actualidad y ejemplifica el manejo torpe y abusivo con el que la Fiscalía maneja la mayoría de investigaciones del caso Lava Jato, disponiendo procesos de larguísima duración, ni siquiera en fase acusatoria, tiempo en el cual la honra y buena imagen de los imputados es afectada y que nadie les va a devolver una vez que salgan inocentes, como, estamos seguros, va a ocurrir en la mayoría de casos.
