Pie Derecho

-Que, dicho sea con ironía, el presidente Castillo sufra una descompensación grave, que vea de cerca la muerte, y así tal vez se ilumine respecto de las graves responsabilidades que le toca desempeñar y a futuro las ejerza, por ende, con sentido de responsabilidad y con la entereza moral que hasta ahora, en casi cinco meses de gestión, no logra exhibir.

-Que la derecha peruana sea capaz de construir una pronta alternativa electoral, distinta a la fórmula tripartita ya desgastada de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Se necesitan nuevos cuadros, voces frescas, propuestas originales y seductoras, capaces de contrarrestar la demagogia implícita en la mayoría de propuestas radicales.

-Que algún día la izquierda peruana entienda que puede ejercer un gobierno de cambios estructurales sin afectar la economía de mercado y el flujo capitalista normal. Ya le costó, en el caso peruano, dos décadas, aquilatar el valor de la democracia (en los 80s buena parte de la izquierda, hoy formal y electoral, creía aún en la lucha armada); ojalá le cueste menos tiempo entender que la dinámica de las inversiones privadas es el motor de la economía, sin el cual no hay políticas sociales ni redistributivas posibles.

-Que haga carne alguna organización política liberal, que haga suyas no solo las banderas del libre mercado sino también de la institucionalidad democrática y los derechos civiles. Tanto libertario iletrado pulula por estos lares que están logrando distorsionar la imagen de una correcta propuesta liberal. Y como deseo adicional, ojalá esta alternativa tenga éxito electoral y alcance una votación si no triunfal, al menos protagónica en los próximos comicios.

-Que no surja ninguna nueva variante del Covid-19, que sea más letal que las sufridas hasta el momento, y podamos empezar el camino de la vuelta global a la normalidad, como ahora parece. Lo ocurrido ha sido de espanto y va a dejar huella en varias generaciones durante el siglo que corre.

-Que el periodista Christopher Acosta gane el juicio irracional que le ha entablado César Acuña (el líder de APP haría bien en desistir del mismo) y que Paola Ugáz salga bien librada del cargamontón judicial que le han lanzado los turiferarios del Sodalicio.

-Por último, que este año entrante campeone la U, preparando el terreno para el que debe ser un año triunfal imperativo, como es el 2024, en las celebraciones del centenario. Felizmente, los advenedizos de Gremco ya perdieron poder -ojalá salgan, inclusive, como corresponde, de acreedores-, y, por ende, se puede esperar un manejo administrativo no solo decente sino con la camiseta crema bien puesta.

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Celebraciones, Navidad, pedidos navideños

La fallida expulsión de 41 ciudadanos venezolanos del Perú, no por haber cometido delitos en nuestro país sino por ingresos irregulares o antecedentes en su lugar de origen -operación, además, frustrada porque el avión no tenía los permisos correspondientes en Venezuela-, ha sido un acto vergonzoso.

¿Qué tenían que hacer en ese acto, eventualmente administrativo, el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el propio presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Qué se quería transmitir? ¿La idea de que se combate la inseguridad ciudadana expulsando a los causantes de la misma, los inmigrantes venezolanos? Xenofobia pura y dura a la que se ha prestado el Primer Mandatario, un personaje dizque de izquierdas y, por ende, globalista.

Ya habitan nuestro país cerca de un millón doscientos mil venezolanos que han huido y huyen de la miseria y la dictadura de Maduro. El Perú los ha acogido con relativa dignidad. Porque se han integrado a la sociedad, no habitan en ghettos urbanos y la mayoría de ellos trabaja honradamente.

Pero la asimilación es incompleta porque la mayor parte de esos migrantes no obtiene los papeles necesarios para ser considerado ciudadano pleno, acceder a los servicios de salud y educación gratuitos y eventualmente aspirar a un puesto formal de trabajo. Son, por ello, ilegales y algunos se ven compelidos al mundo delictivo porque no tienen posibilidad formal de trabajar adecuadamente (ese fenómeno ha sido estudiado hasta la saciedad en sociedades que han recibido, igual que la nuestra, un influjo masivo de migrantes).

El Presidente, en lugar de acudir demagógica y xenofóbicamente al aeropuerto a ver partir un avión con venezolanos expulsados, debería visitar la Superintendencia Nacional de Migraciones y supervisar que se les esté dando a los venezolanos, con la celeridad adecuada, sus permisos temporales de residencia o de trabajo, y que luego se les otorgue la ciudadanía plena.

Nuestros compatriotas venezolanos deben ser integrados plenamente al país, con todos los deberes y derechos ciudadanos. No se puede tolerar la situación de ilegalidad en la que muchos viven. Y en esa medida, si delinquen pues que vayan a las cárceles peruanas, como corresponde, y no que se perpetre un espectáculo xenofóbico como aquel en el que participó Pedro Castillo, encima con el bochorno de ni siquiera haberlo coordinado adecuadamente.

Es lamentable ver a un mandatario, que supuestamente cree en la “Patria Grande”, actuando como el más vulgar de los conservadores de la ultraderecha respecto de la migración venezolana, la misma que debemos agradecer en lugar de lamentar, por su aporte cultural, económico y social.

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Pedro Castillo, venezolanos, Venezuela, xenófobo

Se hizo una el Congreso de la República al censurar al inefable e incompetente ministro de Educación, Carlos Gallardo. Como habíamos señalado en anteriores columnas no era admisible que el Legislativo se abocara, entusiasta, a buscar la vacancia del Presidente y no haya sido capaz, en más de 130 días, de haber siquiera censurado a uno de los tanto ministros impresentables que este gabinete alberga.

En el caso de Gallardo, se trataba de un ministro comprometido con la reversión de la reforma magisterial y universitaria, sospechoso de haber filtrado la prueba docente de manera corrupta, ligado a un sindicato como el Fenatep, de filiación filosenderista, empeñado exclusivamente en destruir el tejido sindical del Sutep antes que en desvelarse, por ejemplo, por el reinicio de las clases presenciales. Muy bien censurado. Más bien, lo criticable es que no se haya hecho mucho antes.

La lista de próximos censurados cae por su propio peso. Juan Silva, ministro de Transportes, entre otros, resalta por su incapacidad y por su manejo sinuoso del portafolio. Ha destruido lo poco que se había avanzado en materia de reforma del transporte, entregándole cuotas de poder a las mafias del transporte informal, orondo e impune.

Eduardo Gonzáles, ministro de Energía y Minas, cómplice de la destrucción de la actividad minera que este gobierno está dejando que se produzca, ausente, cuasi responsable delictivo. El propio ministro ha llegado a hacer declaraciones contemplativas con los autores de los desmanes violentos que ya han paralizado varios proyectos mineros (ayer nomás han incendiado las instalaciones de la mina Anabi, en Chumbivilcas, Cusco).

El propio ministro del Interior, Avelino Guillén, merece, al menos, una interpelación. ¿Cómo es posible que las fuerzas policiales no intervengan en el levantamiento de los ilícitos y extorsivos bloqueos de carreteras, o que no actúen respecto de los ataques a la propiedad privada que hemos visto en varios campamentos mineros, sin que se haya producido siquiera una acción de custodia o de investigación posterior? La policía, al parecer por órdenes del ministro, ha decidido no actuar.

¿El Congreso quiere recuperar sus fueros y su legitimidad? Que acentúe su labor de fiscalización de un Ejecutivo que no da la talla. Eso no es obstruccionismo. Por el contrario, al hacerlo, el Parlamento colabora con la escasa gobernabilidad que un Presidente tan mediocre como Pedro Castillo despliega.

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Congreso de la República, ex ministro Gallardo, Ministro de educación

Ayer se pintó de cuerpo entero el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En medio de la controversia surgida por la denuncia propalada en el programa de Milagros Leiva, respecto de la participación de una colaboradora eficaz que denunció que una congresista oficialista, de la mano de la hija del ministro, habían sido los autores del filtrado de la prueba docente, en lugar de aclarar las dudas sobre el tema, se dedicó a zaherir gratuitamente al gremio mayoritario del magisterio, el Sutep, en claro afán distractor.

Totalmente descaminado, sin perspectiva de gestion, guiado por sus odios personales o respondiendo a encargaturas presidenciales, sin ningún desvelo por los problemas principales del sector, así es el titular de Educación que nos ha tocado en suerte.

La moción de censura, presentada el 17 de diciembre, cuestiona precisamente la idoneidad de Gallardo para el cargo; su evidente vinculación con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio promovido por el presidente Pedro Castillo y vinculado al Movadef; su presunta participación en eventos con miembros del citado movimiento filosenderista; su rol en la contrarreforma magisterial; su falta de compromiso con el reinicio de las clases escolares presenciales; las cuestionables designaciones en su sector; y las mencionadas irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, respecto de la difusión o filtración de preguntas y el cuestionario.

Un rosario de dislates y barbaridades cometidas en el portafolio de Educación que, al parecer, el presidente Castillo está dispuesto a tolerar, sin ningún empacho por la falta de probidad intelectual, ideológica o moral del citado ministro. Dado ese escenario, le corresponde al Congreso, en ejercicio de sus facultades, proceder a su fiscalización y, en caso extremo, como aparenta serlo el de Carlos Gallardo, censurarlo y sacarlo del gabinete ministerial.

Es un tema de dignidad institucional el que le corresponde zanjar al Legislativo. Si no es capaz de censurar a un ministro absolutamente incompetente, que está destruyendo el sector Educación -uno de los sectores esenciales en la marcha del Estado peruano-, sería un baldón que desprestigiaría aún más al Parlamento. Si consigue los votos y lo saca del poder, en cambio, dignificaría su propia institucionalidad.

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legislativo, parlamento

La denuncia de Panorama, que señala que luego de una reunión entre el presidente Castillo, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, la ubicua lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, éste obtuvo un jugoso contrato de 74 millones de dólares para proveer de biodiesel a la petrolera estatal, es grave.

Ya no parece que estemos siendo testigos de reuniones accidentales o de casualidades fortuitas, sino de un patrón de conducta presidencial, que atenta contra las buenas prácticas administrativas y tiende un manto de sospecha de corrupción que involucra, sin duda, a su propia persona.

Castillo no parece entender que es ilícito y poco ético reunirse previamente con proveedores del Estado que están postulando y compitiendo con otros -que no tienen la suerte de reunirse con él en Palacio- por obtener determinados contratos. No está bien, es incorrecto, es pasible de sospecha de corrupción.

Ya la Contraloría General de la República anunció que iniciará una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación, más aún cuando, según la denuncia, fueron cambiadas a último momento dos condiciones de la misma para favorecer al ganador (práctica corrupta habitual en este tipo de procesos).

Si el presidente Castillo cree que el cargo le otorga impunidad se equivoca de cabo a rabo. No se trata, pues, de que lo que aparentemente hacía en el pasaje Sarratea ahora lo haga en Palacio y asunto arreglado, sino de que no practique lo que aparentemente está haciendo, que es tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. Sin empacho ni rubor. Aparentemente, sin consciencia plena (quisiéramos creer).

El fallido proceso de vacancia debería haber tenido el efecto virtuoso de hacerle entender al Primer Mandatario de que ese tipo de conductas son inapropiadas y punibles (la reunión que denuncia Panorama ocurrió el 18 de octubre y la votación por la vacancia fue la primera semana de diciembre), porque si no es así y siguen apareciendo denuncias de este tipo, ya estaríamos ante un caso temprano de corrupción palaciega cuyo único correctivo es la vacancia presidencial, en vista de que el Presidente no es pasible de acción penal mientras dure en el cargo. A ese juego está jugando irresponsablemente el personaje que precariamente ocupa el sillón palaciego.

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Hugo Chávez Arévalo, Karelim López, Pedro Castillo, Petroperú

El presidente Castillo tiene margen para mejorar su gestión de gobierno, sin duda. Si cumple algunos requisitos y sigue algunos pasos podría darle viabilidad a su gobierno y lograr, inclusive, cierta eficacia en algunos aspectos de su gestión pública.

Lo primero que tiene que hacer es descartar la tesis de la Asamblea Constituyente, que pende como una espada de Damocles sobre la confianza de los inversionistas. Hay dos vías para hacerlo: o la descarta explícitamente, de plano, o simplemente deja que siga su curso en el Congreso la reforma constitucional del artículo 206, espera a que sea rechazada y luego lo da por hecho y asumido y da vuelta a la página. No se imagina el Presidente, el impacto positivo que ello tendría en la reversión de la fuga de capitales, en el descenso del dólar y en la recuperación de la confianza de los inversionistas, quienes están dispuestos a tolerar un gobierno mediano, pero no uno disruptivo.

En segundo lugar, tendría que darse cuenta que es aconsejable un giro a una convocatoria de tecnócratas o funcionarios de centro o, cabe pensarlo, algunos de derecha para puestos clave (Economía, Energía y Minas, Transportes, Educación, Interior, etc.), que hoy son sus puntos flacos en términos de una correcta administración pública.

Sin necesidad de renunciar a su voluntad de cambio del país, que entendemos transita básicamente por reformar radicalmente la salud y la educación públicas, y lograr una mejor distribución del ingreso, puede albergar una coalición mucho más amplia, que además de sus alfiles de izquierda admita personalidades de otras vertientes.

Si en estos tiempos de reflexión se da cuenta que ese camino es transitable, no solo -reiteramos- le aseguraría una mejor gobernabilidad a su gestión, sino que, al basarse, esa amplitud de convocatoria, en un pacto más consolidado con los partidos de centro en el Parlamento, le daría una mayor tranquilidad respecto del escenario siempre movedizo de una eventual vacancia presidencial.

Si todo ello es acompañado por una mayor prolijidad personal (nunca más Sarrateas), Castillo podría completar su mandato con mejor pie que el que hasta hoy ha exhibido. Ojalá su curva de aprendizaje personal sea lo suficientemente rápida para no ser desbordado por la crisis.

La del estribo: notable el biopic documental The Real Charlie Chaplin, bajo la dirección de Pete Middleton y James Spinney. Estrenado este año -ya lo tiene su proveedor favorito-, muestra, con imágenes inéditas y audios desconocidos, el itinerario vital de un genio, desde la pobreza más absoluta hasta el triunfo total y, luego, su exilio autoimpuesto. Chaplin fue un protagonista de la historia y fue partícipe de los sucesos políticos de su tiempo (el inefable Hoover, mano férrea del FBI, lo tenía en su lista negra). El documental invita a revisar su filmografía y para verla no necesita de su habitual proveedor. Está toda o casi toda en Youtube.

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Pedro Castillo, Sarrateas

Lo que vemos en este momento en el ejercicio del gobierno: mediocridad rampante, serios indicios de corrupción, marasmo económico, inacción general y políticas públicas funestas (como el golpe que le acaban de dar anoche, con su participación, a la reforma magisterial), es la esencia de la izquierda en el Perú.

No tenemos una izquierda progresista o liberal, capaz no solo de entender que el funcionamiento de una economía de mercado capitalista no está reñido con un proyecto político redistributivo, y que pueden convivir perfectamente, sino que no está en posibilidad de exhibir cuadros tecnocráticos con la mínima capacidad de ejercer los puestos públicos que su filiación política les regala en estos días de laxitud burocrática.

Se la han pasado décadas criticando a los gobiernos de centro o de derecha, transmitiendo una actitud no solo de superioridad moral sino técnica o académica, y hoy vemos que todo no pasaba de ser fufulla política, porque en los hechos, lo suyo es de una medianía de escándalo, con niveles de impericia y de creciente deshonestidad pocas veces vistos en la historia republicana del país.

Las consecuencias del desastre las vamos a pagar, por supuesto, todos los peruanos, a excepción de la izquierda, que va disfrutar cinco años de sueldos públicos altos y ninguna rendición de cuentas posterior. En medio de un superciclo de materias primas, que nos debería llevar a las tasas de crecimiento exhibidas durante el segundo gobierno de Alan García y a los consecuentes niveles de reducción de la pobreza y el desempleo, el Perú va a perder cinco años por culpa de la izquierda.

Lo único bueno o positivo de esta desventura es que esperamos que esta vez los peruanos aprendan en carne propia lo que significa votar, llevados por un ánimo irracional antiestablishment o por las furias de una situación pandémica que no era culpa de nadie, y que ha permitido que un improvisado como Pedro Castillo lleve las riendas del poder, quien en apenas 130 días de gobierno ha destrozado la economía, ha deteriorado la poca excelencia institucional que exhibían algunas instituciones del Estado y ha degradado las pocas reformas que se habían emprendido en las últimas décadas (como en transporte y educación).

Nuestra izquierda está anquilosada en materia económica y política. No han pasado los años de modernidad liberal, que el mundo ha exhibido, por ella. Sigue atrapada en lógicas binarias del siglo pasado y por eso cuando asume alguna cuota de responsabilidad de poder, guiada por prejuicios y anteojeras ideológicas, provoca desmadres como los que hoy pasa el Perú.

¿Cómo el Congreso le va a dar facultades legislativas en materia tributaria a un gobierno que quiere aumentar el peso fiscal a los grandes contribuyentes, si, en paralelo, deja abandonados a su suerte a proyectos mineros que son los que mayor caja fiscal le brindan?

¿Cómo el Congreso le va a dar las facultades solicitadas, si el Gobierno y junto con él todos los gobiernos locales (regionales y municipales), apenas tienen capacidad de gasto -en algunos casos ni siquiera llegan al orden del 60% de ejecución presupuestal- y no son capaces de invertir a plenitud los recursos que ya reciben?

El superciclo de precios de las materias primas, que disfrutamos, debería colocar al país en un círculo virtuoso de mayores inversiones mineras, por un lado, y de reactivación económica de toda la industria que funciona alrededor de los proyectos mineros que deberían estar en expansión.

Pero un gobierno no solo mediocre -lo que ya sería razón suficiente- sino, además, zigzagueante en materia de señales de confianza inversora, está arruinando groseramente esa inmensa posibilidad económica del Perú.

Entre mensajes estatizantes, que luego son desmentidos, anuncios radicales respecto de proyectos gasíferos, puesta de soslayo frente a la extorsión comunal que sufren minas como Las Bambas, hasta la aún vigente pretensión de instalar una Asamblea Constituyente, lo único que se hace es destrozar la confianza inversora y, por ende, la posterior inversión misma.

En circunstancias de un gobierno propicio a la inversión privada, el 2022 deberíamos crecer en el orden del 5 o 6%. Pero no, apenas, en la mejor y más optimista de las hipótesis, creceremos 2% y hay economistas que estiman un crecimiento de 0% o, inclusive, decrecimiento.

Frente a ese panorama de desgobierno y de medianía, es una ofensa política que el ministro Pedro Francke pretenda que el Congreso le dé carta blanca para que legisle en materia tributaria, financiera y económica, a su antojo y buen parecer.

Lo correcto, por parte del Legislativo, es que le niegue esas facultades solicitadas, que el Ejecutivo presente proyecto por proyecto y que, uno por uno, se vea si se ajustan a criterios técnicos y no a caprichos ideológicos o prejuicios políticos, como los puestos de manifiesto por el propio titular del MEF en sendas entrevistas periodísticas.

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Congreso de la República, Pedro Francke

La cuasi aceptación de la colaboración eficaz de Karelim López señalando que habría entregado dinero, a través de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, al propio presidente Castillo a cambio de favoritismo en obras públicas, roza los términos suficientes para resucitar, esta vez con mayor fundamento, la posibilidad de una vacancia presidencial.

Karelim López, visitante de Palacio y del pasaje Sarratea en Breña, concurrió entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, según revela IDL Reporteros, a la oficina del procurador anticorrupción Javier Pacheco y luego a la de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, con el objetivo de ofrecer su colaboración eficaz.

La misma le fue negada porque Karelim López no aceptó, en principio -requisito legal para acogerse a dicha figura-, admitir culpa en el delito investigado y “luego, revelar, con pruebas, otras ilegalidades que pudieran servir para contrapesar la responsabilidad confesada”. Puntualmente, se le pedía que reconociese haber cometido tráfico de influencias sen el caso del puente Tarata, obra adjudicada, como aparente intercambio de favores.

Está en la cuerda floja nuevamente el Primer Mandatario. Bastará que López, reconvenida por su abogado, acepte lo solicitado por la fiscal y aporte más pruebas, que certifiquen la relativa veracidad de sus dichos, o indicios suficientes de que el tema alcanza al Presidente, y la vacancia volverá a estar en ristre.

Y dado ese caso, esta vez será difícil que los partidos que lo protegieron en la última oportunidad que se votó por la vacancia -particularmente Acción Popular y Alianza para el Progreso-, se sumen al tándem oficialista de protección.

La interpretación más estricta de la incapacidad moral permanente -que fue la esgrimida por el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinoza en su oportunidad-, hablaba de ella como de una minusvalía psíquica, mental, que incapacitase al mandatario para gobernar. La interpretación de Marianella Ledesma y Carlos Ramos -quienes junto con Espinoza, votaron por precisar el tema- era que aludía al incumplimiento de ciertas condiciones morales para ejercer el gobierno.

Ajustada a esta segunda interpretación, más sensata, si se prueba que Castillo, a los pocos días de llegar a Palacio, recibió una coima para facilitar el acceso a obras públicas de una “oferente”, califica de lleno en el rango de incapacidad moral permanente. Por cierto, ¿a esa “chanchita” se habrá referido Castillo cuando, asustado, la mencionó, casi autoinculpándose, aludiendo al contenido de los audios que él temía que saliesen en un programa dominical? Queda claro, una vez más, que el principal promotor de su vacancia es el propio Presidente de la República.

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