Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el último jueves que el retorno a clases presenciales se daría a partir de marzo del 2022, miles de escuelas ya lo han hecho de manera semipresencial. La mayoría está ubicada en zonas rurales. En agosto pasado, el Minedu dijo que estas cumplían con todos los cuidados para proteger a los niños del coronavirus, pero una serie de informes de la Contraloría de la República -a los que Sudaca tuvo acceso- revela una situación distinta.

El órgano de control hizo inspecciones a 33 escuelas en las regiones de Ucayali, Loreto, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y San Martín y realizó un informe por cada una de ellas. Los resultados dan cuenta de la negligencia de las autoridades locales de Educación y de los profesores. Un claro ejemplo es lo que pasa en la Institución Educativa N° 82249, ubicada en la provincia cajamarquina de San Marcos. 

En este colegio -de acuerdo al informe y a las fotos que los inspectores pudieron tomar- los alumnos no usaban mascarillas durante sus clases [ver fotoportada] y no respetaban el distanciamiento social obligatorio. De hecho, algunos alumnos compartían mesa, lo que no garantiza la distancia mínima de dos metros.

“De la verificación a las aulas de la IE, la comisión evidenció que los alumnos no usaban mascarilla; así como había alumnos que compartían un mismo escritorio, no manteniendo la distancia mínima establecida [de 2 metros]”, se lee en el documento de la Contraloría, que visitó la institución el 27 de octubre. 

Además, en este colegio los niños no pueden desinfectarse correctamente las manos. Las “estaciones de lavado” (lavaderos) que tienen en el local no cuentan con jabón, papel toalla y se encuentran en espacios cerrados. Este último punto transgrede las disposiciones del Minedu publicadas en marzo de este año, donde se señala que estos puntos de aseo deben estar en un espacio abierto.

Al incumplimiento se suma la precariedad. Las mentadas “estaciones de lavado”, en el caso de este colegio, no son otra cosa que bidones rellenos con alcohol, dice la Contraloría. Así estamos.

La «estación de desinfección» del colegio cajamarquino es, como se puede ver, un bidón de agua relleno con alcohol dentro del salón de clases.

Estas situaciones alarmantes no son sorpresa si tenemos en cuenta que, como constataron los inspectores, esta institución educativa no cuenta con paneles informativos que sirvan de recordatorio a los niños acerca de las medidas sanitarias para evitar la Covid-19. Una falencia que está presente en el 93% de las escuelas visitadas por la entidad de control, de acuerdo al informe.

 

Condiciones precarias

Otra desagradable sorpresa se llevaron las autoridades cuando visitaron el colegio cusqueño ‘José Carlos Mariátegui-Mahuaypampa’, el pasado 30 de setiembre. Las ventanas de las aulas no se podían abrir porque estaban selladas. El hecho violaba las medidas de ventilación. El informe que realizaron los inspectores sobre este colegio señala que, para arreglar el problema, personal de la escuela tuvo que retirar los vidrios. Así, a la mala.

“La comisión de control evidenció que estos [salones] cuentan con ventanas que no se encuentran operativas, al estar selladas, sin que estas puedan ser abiertas para una correcta ventilación, motivo por el cual se retiraron dos piezas de vidrio para el ingreso de aire. Sumado a esto, no se mantenía el distanciamiento social de dos metros”, se lee en el documento.

Mantener la distancia mínima de separación dentro del salón de clases es un problema que la Contraloría identificó en 12 de los 33 colegios inspeccionados. En el informe correspondiente a la Institución Educativa N° 821259 de Cajamarca, por ejemplo, se observan imágenes de mesas compartidas hasta por tres alumnos.

Así deberían estar organizados los salones según los lineamientos del Minedu. En los colegios visitados por Contraloría se compartían mesas.

Las condiciones en las que acuden los niños no solo pueden ser graves por la propagación del virus, sino por otras enfermedades provocadas por la precaria logística sanitaria de los locales. La entidad de control advirtió, por ejemplo, que ninguno de los 33 colegios que visitó contaba con un punto de acopio de basura que esté fuera del alcance de los estudiantes, lo que podría generar un foco infeccioso. Tampoco tenían contenedores adecuados para los deshechos.

Una de ellas, la Institución Educativa N° 65174 en Ucayali, no solo no tenía un área de depósito de residuos adecuada -con tachos y señalización-, sino que estaba al lado de un árbol a la espalda del colegio y al aire libre. Entre botar residuos al piso y eso, no hay mucha diferencia.

Otro colegio que tiene problemas con sus desperdicios es el ‘Gilberto Pérez Grandez’ de Tarapoto, ubicado en la región San Martín. Esta casa de estudios no cuenta con un ambiente para sus residuos y utiliza botes de pintura como contenedores. En su informe, la Contraloría señala que el director del colegio les dijo que no cumplían esta exigencia porque “la eliminación de los residuos sólidos se realiza de forma diaria”.

Una excusa similar dieron en la Institución Educativa N° 601028 de Loreto. El colegio no contaba con un punto de acopio de basura restringido a los estudiantes y el que tenían no estaba bien señalizado. La respuesta de las autoridades del colegio fue que “los residuos se entierran”.

A otras escuelas, como la Institución Educativa N°38541 en Huamanga, Ayacucho, se les ocurrió colocar las bolsas de basura al lado de los lavaderos, donde todos los niños se desinfectan continuamente.

El «basurero» improvisado del colegio ayacuchano. Está ubicado al lado del centro de desinfección para el alumnado.

La Contraloría reportó todas estas faltas al Minedu para que las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) corrijan la situación inmediatamente. La entidad de control también viene preparando informes similares sobre 17 colegios más.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Minedu para conocer qué medidas correctivas vienen implementando en estas escuelas. Sin embargo, al cierre de edición, no recibimos respuesta. Tienen tarea pendiente de cara a marzo del 2022, para que el necesario retorno a las aulas se haga de manera segura.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. «Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo», dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

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Indecopi, Julián Palacín, pcm

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

La semana pasada Milagritos Pastor Cáceres, gerenta general de Indecopi, recibió en su despacho a tres conocidas comunicadoras. El lunes 18 la visitaron Raquel Palomino Zárate, exasesora de Fiorella Molinelli en EsSalud, y Rocío Marmanillo Gamarra, productora del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Para la segunda cita, el pasado miércoles por la noche, se sumó a ambas visitantes Dayana Cieza, exreportera de Panorama.

Apenas al día siguiente, el jueves a las 9:30 de la mañana, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Jr, le dio una entrevista a la periodista Alejandra Puente para el noticiero matutino de TV Perú. Esa aparición de Palacín en el canal de Estado desató una tormenta en el área de comunicaciones de la entidad. 

En un oficio interno remitido el mismo día, al que tuvo acceso Sudaca, Rubén Cano, hasta entonces jefe de la Oficina de Promoción y Difusión (OPD) del Indecopi, le informó a la gerencia general de la institución que ni él ni su equipo aprobaron o coordinaron dicha entrevista. Cano presentó su renuncia irrevocable e hizo hincapié en que se habían saltado el procedimiento interno para brindar entrevistas. Este medio se comunicó con el renunciante, pero prefirió no declarar.

Parte del oficio que dirigió Cano a Pastor informándole que no gestionó la entrevista de Palacín en TV Perú.

¿Quiénes entonces habían decido por él? Sudaca se comunicó con las tres asistentes al despacho de Pastor. “Me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron el cargo de directora de comunicaciones [se refiere a la OPD], el cual he rechazado”, dijo Cieza. Rocío Marmanillo, sin embargo, dijo “no tener conocimiento” de aquel ofrecimiento. Lo mismo aseguró sobre las coordinaciones para la entrevista de Palacín en TV Perú. No quiso precisar para qué acudieron a la cita. 

Lo extraño es que Marmanillo es la productora del programa matinal que conduce Alejandra Puente en el canal del Estado. Y según Puente, fue Marmanillo quien “gestionó” la entrevista con Palacín. 

“Toda persona es libre de ir a cualquier institución”, responde Raquel Palomino y niega que en aquellas citas hayan coordinado la entrevista de Palacín en TV Perú. No da más detalles, pero asegura no tener interés en volver al sector público. “Ahorita estoy en el privado. No soy funcionaria pública hace tiempo y no estoy para serruchar el puesto a nadie”, señala.

La última reunión con Pastor, la noche previa a la entrevista de Palacín. Cieza dice que le ofrecieron el cargo de Cano. Otra de las asistentes, Rocío Marmanillo, dice no tener conocimiento de ello. Fuente: Registro de visitas de Indecopi.

Sudaca también contactó a Milagritos Pastor, la gerenta general, quien evitó pronunciarse sobre el tema por estar “atendiendo asuntos personales”.

 

Un pasado juntas

Pastor, Palomino y Cieza han coincidido antes en EsSalud. Las tres trabajaron el año pasado en la gestión de Fiorella Molinelli. Antes de ser gerente general de Indecopi, Pastor fue la jefa de la Oficina de Integridad del seguro social entre marzo y agosto del 2020, según su declaración jurada de intereses.

Cieza, por su parte, fue subgerente de Prensa, Comunicaciones Audiovisuales y Redes Sociales entre febrero y agosto de este año. Y Palomino trabajó como asesora de la entidad gracias a ocho órdenes de servicio que recibió entre mayo del 2020 y junio del 2021 por un monto de S/209.500.

En una nota de prensa del pasado 11 de agosto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú calificó a Palomino de “poderosa asesora de Molinelli” y exigió al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, la remoción de varios funcionarios de su cargo, incluyendo a Cieza, al considerarlos parte de la cuota que Palomino dejó en la ORI. Sin embargo, la experiodista de Panorama ya había presentado su renuncia a EsSalud apenas asumió la nueva gestión, como ella misma le indicó a Sudaca. 

De acuerdo a una investigación del portal El Foco, durante el paso de Palomino como asesora en temas de comunicación de Molinelli, la ORI se convirtió en una agencia de empleos. El medio señala que el objetivo de EsSalud era mejorar su imagen sin escatimar en gastos. Por ello, durante los meses de pandemia, esta oficina contrató un staff con más de 40 comunicadores. Los pagos a los periodistas que se encargaron de la elaboración de boletines y resúmenes eran en promedio S/8.000 mensuales. Por este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación que podría terminar en una acusación contra Palomino, ahora visitante del Indecopi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. 

En la práctica, según fuentes consultadas por Sudaca, Palomino habría sido la verdadera jefa de la ORI. “Al no estar nombrada, si pasaba algo con sus órdenes, no era ella a quien sacan, sino a la directora de comunicaciones [Jessica Maldonado, que ocupó el cargo durante el 2020], quien era una especie de monigote que solo firmaba”, asegura una fuente que trabajó con Palomino en EsSalud y que renunció -dice- por los maltratos que cometía Palomino contra los trabajadores.

Lejos de facilitar el trabajo, los comunicadores llevados por Palomino originaron un ambiente tenso que llevó a varias renuncias. “Si bien las cosas eran estresantes [el año pasado, al inicio de la pandemia], las cosas se manejaban bien dentro de toda la coyuntura. Pero luego vinieron comunicadores traídos por Raquel que volvieron oscuro el ambiente porque eran ellos los que tomaban decisiones por encima de los jefes. Ahí es donde se habló de maltrato y se tomaban decisiones de mala manera. Eso a mí me hizo renunciar”, sostiene otra extrabajadora que pidió reserva de su identidad.

Y luego añade: “Los que nos fuimos no queremos saber nada de ellos, son personas antiéticas que pueden hacer cosas en nuestra contra”. Las personas a las que alude, sin embargo, hoy parecen tener las puertas abiertas en Indecopi.

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ESSALUD, Indecopi, Julián Palacín

Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.

Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events. 

Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!

 

Destino Dubai 

Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.

Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio. 

Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.

Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo. 

Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.

En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos. 

En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.

En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades. 

Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero. 

La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía

Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.

Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.

Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia. 

La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.

Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014. 

Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto. 

Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés. 

Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn. 

 

Contra la ley

El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca. 

Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses. 

Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.

Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán». Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.

Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel. 

La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.

Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda? 

 

Descargos de Promperú

A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Estado, Expo Dubái, Promperú

Augusto Trelles Velásquez (43) tuvo un septiembre horrible. El comunicador social arrancó el mes con la sorpresa de que su línea de celular, una que tiene hace más de 10 años, no funcionaba. “Entre los días 8 y 11 de septiembre no tuve línea. Cuando llamé a Movistar, me dijeron que todo estaba perfecto, pero que tal vez el chip estaba malogrado y debía renovarlo”, explica. Por temas laborales, Trelles recién pudo acudir a una agencia el 12. Recién era el inicio de la pesadilla.

Cuando se acercó ese día al módulo de Movistar en Real Plaza de Salaverry, nada lo alarmó. La persona que lo atendió le entregó un chip y le repuso el mismo número celular. ¿Pero qué había pasado entre el 8 y 11 de setiembre? Trelles se enteraría más adelante. 

En esos días, una persona utilizó otro chip con su número, suplantó su identidad y realizó transferencias desde sus aplicaciones bancarias.

 

Suplantado por partida doble

El 14 de setiembre, Movistar envío al correo electrónico de Trelles un contrato por la adquisición de un chip. No era el que acababa de reponer, sino otro. La compra, señala el correo, había ocurrido el 7, un día antes de que advirtiera que su línea no funcionaba. Una gestión aprobada sin su firma, ni control biométrico ni presentación de su verdadero DNI.

El comunicador acababa de ser víctima de “SIM swapping”, una modalidad de fraude cibernético que consiste en acceder a información sensible a partir del uso del chip de celular de otra persona. 

Y aunque el nombre suene refinado, no es una técnica compleja: alguien se hace pasar por ti y adquiere un chip con tu línea. “Es un fraude basado en la suplantación de identidad frente al operador. No es un tema muy tecnológico. Simplemente alguien va a la empresa telefónica y aprovecha los pobres procesos para darle de baja a un chip usando un DNI falso y saca un duplicado”, explica Mauricio Urizar, fundador de Deep Security, empresa que se encarga de evaluar la ciberseguridad en -entre otras compañías- bancos. 

Precisamente el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) advirtió de la llegada de esta modalidad al país a finales de agosto. La descripción que hace la entidad calza al detalle con el caso de Trelles. “Mientras [el robo de información] ocurre, los usuarios titulares reales de la línea telefónica experimentan la pérdida de la señal y del servicio móvil. Luego, cuando consultan a su empresa operadora, descubren que el servicio está activado en un chip que se encuentra en posesión de un tercero”, se lee en el documento publicado por la institución. 

Pero eso no es lo peor. El chip puede facilitar el ingreso no solo a cuentas bancarias, sino también a correos electrónicos y otros datos almacenados en la nube. No es difícil para los delincuentes reponer las contraseñas de estas aplicaciones. Precisamente, durante esa semana, en los mismos días que Augusto Trelles no tuvo señal telefónica, se realizaron 10 pagos de servicios, cinco retiros de Rappicash (un aplicativo de Rappi) y dos compras internacionales. Todo sumaba un gasto de S/20.284,95 desde sus tarjetas de crédito y débito del Banco Falabella.

Parte de los desembolsos que el delincuente que suplantó a Trelles hizo desde sus cuentas bancarias en el Banco Falabella.

Esto es posible gracias a la dependencia de diversos aplicativos al número de celular para la recuperación de contraseñas. Casi todos los códigos de confirmación para cambiar una clave son envíados como mensaje de texto al celular. “El SIM [el chip] es el número, pero lo que lo hace poderoso es que la mayoría de transacciones que se realizan a través de Internet son por móvil, debido a sus facilidades. Normalmente cuando haces una gestión de la banca digital, por ejemplo, te piden, además de tu contraseña, que estés en un equipo específico asociado a tu número de teléfono”, sostiene Carlos Guerrero, abogado especialista en ciberseguridad.

Para Urizar, casos como el de Trelles se podrían evitar si los bancos u otras entidades mejoraran sus procesos de seguridad. Por ejemplo, si le llegaba a una alerta a su dispositivo que, a pesar de no tener línea, estaba conectado a una red de Wi-Fi. “Ahora te suplantan el SIM, solicitan la contraseña al banco e ingresan a tu cuenta. Suena fácil. Podrían implementar lo que hace Google: cuando entras a una nueva computadora, te piden reconocerla con tu teléfono. Ahí ves todos los dispositivos con tus cuentas abiertas. Los bancos tendrían que dar esa posibilidad”, sugiere.

Pero Trelles no solo tiene que lidiar con el robo de su dinero. Una persona –él sospecha que la misma que pidió un chip con su número el 7 de septiembre– ahora quiere hacerse pasar por él. El 22 de ese mes, el comunicador recibió otro correo de Movistar donde, como la primera vez, le enviaban un contrato. Esta vez era por una línea prepago con el número 978 186 884, distinto a cualquiera que haya usado antes. El documento no llevaba la firma de Trelles.

La persona que adquirió esa línea a nombre del comunicador no solo lo hizo sin su autorización, sino que también colocó la foto de Trelles en el WhatsApp de ese número. “El dinero no me preocupa tanto. Me importa más el tema de esta línea nueva que sacaron a mi nombre. Eso sí me podría generar problemas legales porque me podrían vincular con delincuentes. Yo nunca he tenido una denuncia”, lamenta el agraviado cliente de Movistar.

La cuenta de WhatsApp del número suplantado utiliza una foto de Trelles para suplantar su identidad.

 

Movistar, la más sancionada, se lava las manos

En Indecopi, Movistar es caserito. Trelles le pone rostro a los cientos de casos de clientes insatisfechos con Telefónica del Perú, el nombre legal de Movistar. La empresa española acumula 462 sanciones firmes impuestas por la entidad que defiende a los consumidores, desde finales del 2017 hasta la fecha, de acuerdo al portal de la institución.

En ese periodo Telefónica ha recibido 772.95 UIT como multa, unos S/3.5 millones. Con esas cifras, es el sexto proveedor más sancionado entre todos los sectores económicos y el primero en telecomunicaciones, por encima de Entel y Claro. 

De ese total, el 66.2% son sanciones por “falta de idoneidad” en la venta de equipos telefónicos o derivados. Eso significa, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que no entregó los productos en buen estado, incumplió cláusulas de los contratos con el cliente o que las condiciones y circunstancias de las transacciones respecto a los servicios ofrecidos no fueron las acordadas.

Ahora Trelles se suma a esas cifras de terror y padece, además, la mala atención a sus reclamos. El comunicador ha hecho de todo para que lo ayuden. Durante septiembre, ha presentado denuncias policiales y una infinidad de reclamos ante Osiptel, el mismo Movistar y Banco Falabella. De momento, lo único que ha recibido es una lavada de manos de parte de la empresa de telefonía móvil.

El martes 28 de septiembre recibió una respuesta de la empresa a su reclamo por la línea prepago abierta que nunca autorizó. Le dijeron que habían verificado que no pidió ese servicio y que, por eso, consideraban darle de baja y “anular la deuda” de la línea. Ni una coma sobre qué acciones tomarían por la suplantación de identidad. Tampoco sobre los perjuicios monetarios y personales que ha sufrido Trelles. 

La respuesta de Movistar a Trelles a sus reclamos. Lo más importante, en el segundo párrafo.

“Es una respuesta bastante general. El problema va más allá porque hay una persona que se ha hecho pasar por mí y que posiblemente esté haciendo extorsiones. Adoptan una actitud abusiva donde se quieren lavar las manos y no hacen un mea culpa. Podrían decirme que se equivocaron y que lo van a solucionar ya, pero no es así. ¿Cuántas personas más estarán pasando esto y ni se han enterado?”, reclama Trelles.

Sudaca se comunicó con el área de prensa de Movistar y envió sus preguntas respecto a este caso. La empresa señala que se encuentran investigando el origen de lo ocurrido, sin dar mayores alcances de su indagación.

Añade que que sus protocolos para la reposición de tarjetas SIM implican validar la identidad del titular de la línea “a través del control de biometría dactilar”, pero que existen “organizaciones delictivas que clonan las huellas dactilares” para burlar dichos controles. Finalmente, indica que está práctica delictiva no solo afecta a la banca o a ellos, “sino también a todas las empresas de telecomunicaciones”.

Pero la única víctima de esta trama es Trelles. Y por extensión, personas como él. A la fecha, el WhatsApp trucho con su foto sigue activo y la deuda en el Banco Falabella sigue en pie. El comunicador, además de recurrir a Osiptel, evalúa presentar una denuncia penal contra Movistar por daños y perjuicios. 

De acuerdo con el abogado Carlos Guerrero, la víctima podría optar por otros caminos. “En Osiptel no le dirán a Movistar que le pague al señor, quien lo puede hacer es Indecopi. Al ser dinero extraído de una cuenta bancaria tiene que reclamar por falta de idoneidad en el servicio y que con ello le devuelvan el dinero. Tiene las herramientas legales, aunque puede demorar uno o dos años”, recomienda el abogado especializado en ciberseguridad. Como ya hemos visto, el Indecopi conoce bien a la empresa de telecomunicaciones. 

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Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.

Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.

Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.

Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu. 

Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.

El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria. 

Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.

A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran. 

Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.

Fue precisamente el CAL una de las instituciones que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. En noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pedido. 

Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.

Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma. 

“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información», aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier. 

 

Lo que cocina el Congreso

Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu. 

El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.

Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.

“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca. 

“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario. 

El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.

En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.

Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.

Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.

El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”. 

Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.

Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.

“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.  

Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

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**El autor de este informe estudió su etapa escolar en el Colegio Los Álamos, institución aludida en este informe.

Responsabilizó a la ideología de género por los desastres que dejó el Fenómeno del Niño y hasta propuso talleres deportivos para “tratar” a las personas homosexuales. Esdras Medina Minaya (54), congresista arequipeño de la recalcitrante Renovación Popular, es el flamante presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo 2020-2021.

Medina es un líder religioso que llegó al Parlamento respaldado por la ‘Asambleas de Dios’ -a la que pertenece-, una iglesia del ala más conservadora del evangelismo peruano. Pastores de la sede de Camaná lo acompañaron en la inauguración de locales en ese distrito arequipeño durante la campaña electoral.

Cuando juramentó en el cargo, el congresista llevaba una mascarilla alusiva al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Esta agrupación se ha opuesto a la aplicación del enfoque de género en la Currícula Nacional de Educación Básica desde el 2017. En los últimos parlamentos, ha tenido aliados en el Congreso que promovieron la revisión de los textos escolares mediante proyectos de ley. Hasta ahora no han tenido mucho éxito.

Hoy Medina es el único miembro titular de su partido en la Comisión de Educación, pero tendrá el papel más influyente. Su cargo le permitirá marcar la pauta de cada sesión, dirigir los debates y proponer la agenda de trabajo de las sesiones. Tendrá que afrontar temas como la reforma de la carrera docente, modificaciones a la Ley Universitaria o al Currículo Nacional de Educación Básica. 

También podrán fiscalizar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), que ha puesto contra las cuerdas a varias seudouniversidades en los últimos años. Sobre este último punto ya empezaron a girar las sesiones, como veremos más adelante. Medina –ojo al dato– cursó una maestría en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que no consiguió la licencia.

Además, será el consejero legislativo de Medina quien tendrá la voz clave sobre los proyectos de ley que se propongan en este grupo de trabajo. Aunque la decisión final pase por la votación de los congresistas miembros. “El asesor principal del presidente de la comisión elabora informes donde se da una opinión positiva o negativa de los proyectos de ley que ha estudiado. De ser negativa, propone el archivamiento. Caso contrario, recomienda un dictamen. Ambas propuestas son discutidas por los miembros de la comisión”, explica José Cevasco, exoficial mayor del Legislativo. 

De ser aprobado un dictamen, este pasa al Pleno para su discusión. Aún no hay rastro en el sitio web del Congreso sobre quién será este consejero, pero no es difícil adivinar cuál será su perfil.

Con ese poder, la comisión tiene muchas probabilidades de convertirse ahora en una caja de resonancia de la obtusa forma de ver el mundo de Esdras Medina, quien además ha trabajado como administrador de dos colegios –Belen Kids y El Pionero– en su ciudad natal.

Esdras Medina juramentó al cargo de congresista utilizando una mascarilla alusiva a Con Mis Hijos No Te Metas.

El 2018, por ejemplo, cuando postuló sin éxito a la alcaldía de Arequipa, su fanatismo lo llevó a proponer talleres deportivos y culturales para “tratar” a las personas LGBTQ+. “Los respeto y los considero, pero creo que no se avanzó en programas para que vuelvan a su estado natural”, declaró en alusión a los homosexuales. 

“El hecho de que existan personas con una opción errada, es una problemática que afecta a nuestro hijos menores fomentando a tener relaciones sexuales no tradicionales. Nuestras autoridades deben de preocuparse en conjunto con la prensa, en no darle cobertura a este último evento”, arremetió un año después, desde sus redes sociales, contra los activistas de la marcha del orgullo gay. 

Hoy el congresista prefiere echarle tierrita al asunto. “Ese tema ya está zanjado, prefiero ya no tocarlo. Ahora tenemos que trabajar por el sector educación, siempre he estado metido en ese sector. Tengo 25 años de experiencia [como administrador de colegios en Arequipa]. Nuestro deseo es aportar para seguir adelante en la educación que es primordial en nuestro país”, dice en comunicación con Sudaca. 

Pero estas afirmaciones no son ajenas a su partido. Basta recordar a Milagros Aguayo, pastora de la asociación evangélica La Casa del Padre, que fue electa por Lima en las últimas elecciones. Como señala un informe previo de Sudaca, Aguayo considera que “ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios entregó al varón”.

O la candidata a la vicepresidencia de López Aliaga, Neldy Mendoza, que se hizo viral a inicios de marzo por sus ideas conservadoras respecto al rol de la mujer en la sociedad y el uso de métodos anticonceptivos. Ella, arequipeña como Medina, también ha sido vocera de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) en la región y encajó perfecto con la lectura general sobre la educación que tiene el partido.

En su plan de gobierno, Renovación Popular identificó como un problema la “reducción de la participación de los padres de familia en la gestión educativa”. Como respuesta, proponían mejorar el sistema con “la participación efectiva de los padres en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y el desempeño de los profesores”. Es lo que promueve CMHNTM para poder ‘cuidar’ y supervisar qué se enseña en los colegios. 

 

De las aulas al Congreso

La maquinaria ultraconservadora de Rafael López Aliaga se acaba de instalar en una de las comisiones más peleadas del Congreso, pero ya tiene una larga trayectoria en las aulas.

Un ejemplo es el modelo educativo impulsado por la Promotora de Educación y Cultura (Prodec), asociación que preside el excandidato y que tiene bajo su manto a tres instituciones: el Colegio Los Álamos, solo para hombres; Montealto, exclusivo para mujeres; y el nido Alamitos, que es mixto. 

En Los Álamos -que funciona desde 1992- gran parte de la plana docente pertenece a la Obra, como se le llama al Opus Dei. El curso de religión es, en buena parte, una oda al fundador de esta rama del catolicismo, San Josemaría Escrivá de Balaguer.

De hecho, una de las actividades más importantes en la materia se lleva a cabo alrededor del 26 de junio, cuando se conmemora el fallecimiento del santo. Por esos días, en secundaria, se toma una prueba memorística de entre 50 a 100 preguntas sobre su vida. El examen tiene uno de los mayores pesos del bimestre y ha sido reconocido en la página oficial del Opus Dei. 

Rafael López Aliaga presentaba a Los Álamos como una de «sus obras exitosas» durante la campaña electoral.

En quinto de secundaria, el curso cambia de nombre a apologética. Esta es una rama de la teología que tiene la misión de brindar argumentos a los creyentes para defender su fe mediante el uso de la razón y lógica. 

Sudaca revisó el material del curso –disponible en la plataforma digital del colegio, llamada BlinkLearning– y asistió a una de las clases de la materia, que se dicta nada menos que tres veces a la semana. En la sesión a la que asistió este reportero, el profesor se esforzaba en dejar clara la superioridad de Jesús sobre el resto de fundadores de otras religiones.

«Los romanos tenían dioses que combatían contra los hombres. Israel tenía a un Dios amoroso, que estaba a su lado, que era recto, justo y te perdonaba los pecados”, señaló. Por supuesto, se saltó el Antiguo Testamento.

En el curso también se enseña el argumento estrella de la Apologética: el trilema de Lewis. Un juego argumentativo que pretende demostrar la divinidad de Jesús mediante la siguiente premisa: “Si Jesús no era el Dios, hubiese sido un mentiroso o un loco”. La lógica del trilema hace que se descarten las dos últimas opciones y, por lo tanto, concluye que Jesús es Dios. Así de sencillo.

Desde el 2014, además, Los Álamos es uno de los 75 colegios peruanos que ofrecen el programa de Bachillerato Internacional (IB) a sus estudiantes de los últimos años. Como parte de uno de los cursos del bachillerato, sin embargo, en tiempos pre-pandemia Los Álamos exigía a sus alumnos asistir a la ‘Marcha Por La Vida’, movilización que rechaza la legalización del aborto, armar pancartas y tomar fotos.

Este es el modelo educativo de alto rendimiento que López Aliaga, líder de Renovación Popular, impulsa en la educación básica regular. Uno que cuesta a los padres de familia de Los Álamos S/1.400 mensuales, según el portal Identicole del Ministerio de Educación, y que constituye un claro ejemplo de los caminos que puede tomar la comisión que ahora dirige su partido.

 

Sunedu en la mira

En su primera sesión –el último martes por la tarde–, la Comisión de Educación recibió al ministro del sector, Juan Cadillo, para que exponga sus planes. Los congresistas no pudieron hacerle preguntas porque tenían un Pleno programado a las 5 p.m.

Sin embargo, fueron reincidentes los pedidos del congresista José Elías, de Podemos Perú, para que el ministro informe sobre el proceso de reevaluación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, un centro universitario al que la Sunedu denegó el licenciamiento en 2019 y que ha iniciado un nuevo proceso de revisión desde el mes pasado.

Elías no solo es parte del partido de José Luna, dueño de la dudosa Telesup. También está en el negocio de la educación: es parte del directorio de la –esta sí con licencia– Universidad San Juan Bautista de Ica, la región por la que postuló.

Según Medina, hay más pedidos como el Elías que están pendientes. “Cada congresista tiene la facultad de solicitar cosas, pero todavía no lo veremos. Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la Sunedu para ver qué criterios han utilizado para evaluar las universidades. No queremos dar una opinión o fiscalizar algo que todavía no hemos evaluado”, sostiene el legislador celeste. Todo indica que será una comisión más –como la que presidió la exparlamentaria Tamar Arimborgo-– que se abocará a cuestionar el trabajo de la superintendencia.

La intervención de Elías parece ser apenas el inicio de una nueva arremetida contra una institución que puso a temblar a las universidades fachada, como la de su jefe partidario. Sorteada la cuestión de confianza, el ministro Cadillo está nuevamente citado para la próxima sesión del 7 de septiembre. 

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Congreso, Andina).

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El conflicto social en Chumbivilcas (Cusco) sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Hoy por la mañana las comunidades dieron marcha atrás en un nuevo bloqueo del Corredor Minero del Sur, el cual habían retomado el último lunes ante la desidia del Gabinete. Y es que, desde que el premier Bellido visitó el lugar -el pasado 2 de agosto- hasta el inicio de esta semana, los manifestantes no supieron absolutamente nada sobre la atención de sus reclamos.

 

El breve retorno de las protestas sirvió para que el gobierno ponga fecha a las mesas de diálogo. Precisamente las comunidades se quejaban de que Bellido había incumplido su promesa de convocar estos encuentros la semana pasada, como marcaba el cronograma. Los dirigentes incluso habían invitado por cuenta propia a la empresa que opera Las Bambas, MMG, pero sin la presión del gran mediador –el Ejecutivo–, era esperable que la minera china les hiciera poco caso.

Hoy el anuncio de los diálogos de parte de la PCM calma las aguas solo en apariencia. Si no se encuentran soluciones rápidas, las comunidades tienen planeado volver a tomar la carretera. 

 

Promesas incumplidas

El pasado 2 de agosto, según las fuentes con las que habló este medio, el premier se comprometió a instalar una mesa de trabajo durante la semana del 9 al 15. Dicha convocatoria serviría para conocer los primeros avances en la resolución del problema. Como constancia, ese mismo día se redactó un acta donde se señalaba que en una semana tendrían una reunión para iniciar el “proceso de solución del conflicto”. Pero esta no contó con la firma de ningún representante del Estado. Los dirigentes locales aseguran a Sudaca que Bellido se negó a estampar su rúbrica en el documento.

“El señor no firmó el acta con la que se comprometió el día que nos visitó. Eso es una tremenda irresponsabilidad sobre la que tendría que manifestarse. El que ha redactado el texto me dice que le ha insistido en varias ocasiones. Sin embargo, no lo hizo”, revela Wilber Fuentes, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH).

Sin la firma de Bellido en el documento, el plazo para instaurar la mesa de diálogo venció. Por eso volvieron a bloquear la carretera: se dieron cuenta que solo con presión social los ministros parecen reaccionar. En la provincia cusqueña, advierten, no tolerarán que un gobierno más los pasee.

“Pasaron casi 20 días y no hubo ninguna respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones y mucho menos de Guido Bellido. Esa ha sido la causa [para retomar la huelga]”, asegura Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Chumbivilcas.

Los dirigentes locales no se habían quedado de brazos cruzados. De manera reiterada, aseguran haber llamado por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al no ser atendidos, presentaron una carta a mitad de la semana pasada.

En el documento, al que tuvo acceso Sudaca, se recuerdan los compromisos que asumió el premier durante su visita a Chumbivilcas y se exige al gobierno que cumpla su primera promesa básica: iniciar el diálogo con la minera.

Parte de la carta que enviaron los comuneros a la PCM el 11 de agosto. Pedían cumplir con la conformación de las mesas de diálogo en el plazo acordado.

“El 11 del presente mes se presentó la carta por mesa de partes virtual de la PCM y también de la Presidencia de la República. Ahí los exhortábamos a que emitan una resolución para conformar la mesa de diálogo. De no ser ese el caso, por lo menos un pronunciamiento sobre cuándo realmente empezarían nuestros procesos de acuerdo”, resume Wilber Fuentes, el dirigente que presentó el documento.

Durante varios días, la respuesta fue la misma que a sus llamadas: el silencio. Recién ayer, con la presión de los comuneros que habían vuelto a bloquear la vía, la PCM lanzó el solicitado pronunciamiento.

“Se está formando una comisión de diálogo en Ccapacmarca [para el 21 de agosto]. Luego una reunión más amplia para entrar al tema de fondo con autoridades y asesores [el 28 de agosto]. Esa es la última información que tenemos”, explica Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

Lo cierto es que el silencio del gobierno reavivó la desconfianza de las comunidades de Chumbivilcas. “Nosotros ya tenemos muchas experiencias de mecidas de parte del Estado, desde el gobierno de PPK. A raíz de esa desconfianza nosotros tomamos la decisión de retomar el bloqueo de la carretera. Observamos que no se ha cumplido lo que Bellido prometió”, se queja el dirigente Luis Huamaní.

Las “mecidas” hoy duelen más en Chumbivilcas, porque vienen de alguien que ha nacido en el lugar. A comienzos de mes, el premier llegó triunfante, montado en un caballo, a su provincia natal. Su sola presencia apagó el conflicto ese 2 de agosto. Desde el 23 de julio, los comuneros mantenían bloqueado el Corredor Minero del Sur. 

Ellos se manifiestan en contra de una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista rumbo a su zona de operaciones en Apurímac. Aunque el conflicto allá tenga más razones de fondo. 

En Chumbivilcas exigen una propuesta concreta, que esperan encontrar este fin de semana. “Mínimamente tendríamos que tener los cronogramas de cómo vamos a abordar este proceso. Hay varias agendas que involucran a varios sectores como el MTC, Ambiente, Energía y Minas. Todos ellos deben estar involucrados. Es una situación que se arrastra hace varios años y se está complicando más”, asegura Fuentes, del FUDICH.

 

Más leña al fuego

El 16 de agosto -día en que se retomaron las protestas- Guido Bellido estuvo en Cusco realizando otras actividades. Ante los medios locales, el premier no reconoció que se haya roto alguna promesa. Más bien, señaló que los manifestantes estaban siendo mal asesorados. “Tengo entendido que, lamentablemente, hay ciertos abogados que vienen azuzando a la población. Hay oscuros intereses tras ello y eso a mí no me parece la forma correcta”, dijo antes de viajar a la provincia de Acomayo, sin precisar quiénes serían estos personajes.

El argumento de Bellido no es nuevo. En el 2018, los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo fueron detenidos por azuzar las protestas de la comunidad de Fuerabamba, otra localidad del corredor minero. Pero el conflicto no se detuvo con su captura. Se trataba, pues, del viejo discurso de atribuirle toda la responsabilidad de un conflicto social a un agente externo, un ‘perro del hortelano’. Un discurso ineficaz.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, el premier se explayó aún más. “Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. [sic] Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo”, escribió el funcionario.

Lo manifestado por el premier no ayudó a aplacar las molestias en Chumbivilcas. Todo lo contrario. “Lo ha dicho de manera irresponsable para evadir las responsabilidades que tenía que asumir estos días con nuestras comunidades. Lo repudiamos. Las comunidades son las que toman las decisiones”, manifiesta el dirigente Wilber Fuentes.

Luis Huamaní, del Comité de Lucha de Chumbivilcas, cree que las palabras de Bellido demuestran que no conoce realmente el problema y no descarta volver a tomar medidas de fuerza si vuelve a incumplir sus promesas. “Si el paro tiene que durar tres o cuatro meses, lo haremos. Las 17 comunidades campesinas van a salir a bloquear la carretera escalonadamente. Hay una agenda bien distribuida sobre a qué comunidad le toca en determinado día. Estamos bien organizados”, advierte.

A Bellido y al gobierno le quedan poco menos de 45 días para cumplir con las comunidades de Chumbivilcas, una provincia donde el 96.5% del electorado votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta. De momento, la PCM anunció que instalarán mesas de diálogo durante los siguientes fines de semana. Mientras eso no suceda, para los manifestantes son palabras vacías, llamadas desatendidas y cartas ignoradas.

Sudaca intentó comunicarse con funcionarios de la PCM a través de su Oficina de Prensa e Imagen Institucional, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Canal N, PCM).

 

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