Tacna, ‘ciudad heroica’ de la vacunación: ¿por qué?

Por: 13.08.2021

Mientras en el resto del Perú surgen voces que rehúsan vacunarse por no encontrar su marca preferida, Tacna ya casi agota su stock de Sinopharm y está inmunizando a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Hoy la ‘ciudad heroica’ lidera -después de las priorizadas Lima y Callao- la vacunación contra la Covid-19 a nivel nacional, con un 34,6% de su población totalmente protegida. Detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple y equivocado “Tacna es una región con poca gente”. Sudaca conversó con las autoridades responsables del proceso en la región para descubrirlas. 

 

 

Vencer a Willax

En junio, la Dirección Regional de Salud de Tacna notó un importante grado de ausentismo en las jornadas de vacunación. Tras indagar, lo atribuyó a los intentos de desprestigio contra la vacuna china, cuyo primer lote llegó ese mes al país. La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Gobierno Regional respondió, entonces, con la campaña “#TusDosDosisSePremian” en alianza con empresas privadas. La iniciativa consiste en que toda persona que tenga su carnet de vacunación completo pueda acceder a descuentos de entre 10% y 50% en establecimientos comerciales afiliados. 

“La campaña se lanza al ver que crecía el ausentismo. El gobernador nos pidió que hagamos una campaña creativa y con los comerciantes nace esta idea de incentivar la vacunación de segundas dosis. Más que castigar a la gente prohibiendoles el ingreso a los establecimientos, se nos ocurrió premiarlos con descuentos. Esto va de la mano con la reactivación económica y ha sido bien aceptado”, explica Vanessa Mercado, comunicadora y directora de esta oficina.

A la estrategia la acompañan mensajes que refuerzan la seguridad de la vacuna china. “No hay mejor ejemplo que el mismo personal de salud que ha sido vacunado con Sinopharm en febrero y marzo. Somos los que más contacto tenemos con pacientes covid y, sin embargo, estamos bien. Eso se lo recalcamos a las personas y han venido a vacunarse”, afirma Óscar Galdós, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

La campaña de incentivos con descuentos comenzó a inicios de agosto.

Los tacneños reaccionaron a las campañas de comunicación casi agotando el stock de Sinopharm. Hasta el jueves 12 de agosto, según la base de datos del Cenares, Tacna había recibido 45,966 vacunas de esa marca. De ese total, ya han aplicado el 99,83%, lo que la convierte en la región del país con el porcentaje más alto de antídotos chinos utilizados. 

Otro factor importante para que Tacna no se coma el cuento político de Willax y el biólogo Ernesto Bustamante fue el propio peso de la realidad. Como consecuencia del rápido avance de la vacunación, los efectos positivos se hicieron evidentes. 

“Nuestros indicadores sanitarios han bajado significativamente. Ahora me reportan 16 camas UCI ocupadas. Hemos llegado a habilitar 40 en la temporada más crítica que fue la quincena de febrero y principios de marzo. Ayer [último martes] tuvimos un fallecido. El fin de semana pasado tuvimos cero después de muchos meses. En los peores momentos teníamos 15 por día”, recuerda Galdós. La aparición en medios digitales y tradicionales de gran alcance en la región es constante para dar a conocer estos números.

Hoy, después de Lima y Callao -que fueron priorizadas respecto al resto del país-, Tacna lidera la lista de regiones con mayor porcentaje de población completamente vacunada, con un 34,6%, según OpenCovid. La semana pasada se empezó a vacunar a los mayores de 22 años. Las otras regiones que están por encima del 20% son Arequipa (25,45%), Moquegua (24,8%), Junín (24,1%), Lima Región (22,7%) y Ancash (22,1%).

El ánimo del sector empresarial también ha sido un importante motor. Buena parte del movimiento comercial de Tacna depende de su relación con Chile, la cual hoy está supeditada al descenso del virus. “Los mismos comerciantes están yendo a vacunarse porque quieren que se abra la frontera y así recibir a los hermanos chilenos. Por eso la población está trabajando unida, no solo el sector público, sino con el privado para potenciar la vacunación”, explica Vanessa Mercado.

De hecho existe un acuerdo con las autoridades chilenas para la reapertura de la frontera. “Tacna vive del comercio, por eso la población está motivada para vacunarse. Esto también se viene trabajando con Arica, Chile. Mientras no tengamos más del 70% de la ciudadanía inmunizada no se evaluará la posibilidad de abrir la frontera. Es uno de los requisitos planteados con ellos”, afirma el director de salud, Óscar Galdós.

 

«Descanso forzoso»

Tal como hemos visto, detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple “Tacna es una región con poca gente”. La región tiene poco más de 286.000 habitantes, pero no es eso lo que le brinda una ventaja frente a otras regiones. Madre de Dios, por ejemplo, cuenta con una población de 141.000 y apenas ha vacunado con dos dosis al 11%. Juan Carbajal, miembro de Open Covid Perú, agrupación de análisis de datos sobre la pandemia, apunta que otro factor que hace la diferencia es la distribución de su gente. 

“Lo que en realidad ha ayudado a su vacunación es que cerca del 90% de su población está dentro de la zona urbana y el resto en la zona rural. Esto facilita el despliegue y la cercanía de la población hacia los centros de vacunación. Algo muy distinto a otras regiones del país”, explica el ingeniero electrónico.

 

En Tacna vacunan a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Es la única región en el país que atiende a este grupo etario a la fecha.

En la región han decidido aprovechar esa característica. Según Óscar Galdós, jefe de la Diresa, su despacho ha instalado nueve puntos de vacunación en toda la región. “En cada locación hay cinco brigadas, dando un total de 45 en funcionamiento”, afirma el doctor.

Pero además hay cinco brigadas ‘volantes’ que acuden a ese 10% que vive en las provincias rurales de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. “Para nosotros es bastante fácil cubrir la ciudad y salir para hacer jornadas en las capitales de provincia. Por eso es que hemos logrado avanzar”, destaca Galdós.

Según el jefe de la Diresa de Tacna, el progreso ha sido tal que ya se encuentran casi a la mitad de su meta de 256.000 habitantes mayores de 12 años vacunados. “Ya tenemos en la región más de 106.000 vacunados con dosis completas, totalmente protegidos«, recalca el director de salud. 

Todas las medidas se evalúan y se informan en el Comité Regional de Prevención contra el Coronavirus (Conaprev), implementado a inicios de año y que mantiene reuniones semanales. Este grupo de trabajo está conformado por el gobernador regional y el director de salud, pero además por la fiscalía, los alcaldes, el consejo regional, los directores regionales y los generales de la Policía y Ejército.

A pesar del éxito, la vacunación en Tacna tendrá que detenerse en los próximos días. El pasado 4 de agosto, el ministro de salud, Hernando Cevallos, anunció un retraso en la llegada de los lotes de Sinopharm. Atribuyó la causa al rebrote de la variante delta en China.

“Ahora lo que nos preocupa es que ya no tenemos vacunas. El sábado 7 se nos agotaron las primeras dosis de Sinopharm y Pfizer. Actualmente, el stock que tenemos nos sirve para cubrir solo segundas dosis de Pfizer. Nos faltan 300.000 de Sinopharm para la segunda dosis. Ayer [último martes] hemos tenido reunión con el ministro y viceministros. Hay un compromiso para que nos abastezcan inmediatamente apenas llegue un nuevo lote. Este fin de semana no vamos a tener con qué trabajar. Vamos a tener que replegar nuestras brigadas y darles un descanso forzoso”, reconoce Galdós. 

Para que Tacna siga siendo ‘la ciudad heroica’ de la vacunación, el flujo del antídoto no puede parar. En la región esperan que nada impida la llegada de un lote de un millón de vacunas de Sinopharm al Perú programada para el 15 de este mes.

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Los sindicatos que se enfrentan al presidente sindicalista

Por: 9.08.2021

Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el gobierno, pero ya empieza a espantar a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales lo apoyaron activamente en su campaña. Diversos gremios han manifestado su desaprobación a algunas medidas del profesor chotano, cuyo CV incluye estar al frente de un activo sindicato de maestros recordado por paralizar las clases el 2017. Paradójicamente, hoy Castillo enfrenta amenazas de huelga.

 

Los últimos en alzar la voz han sido los miembros del seguro social de salud. El pasado jueves la Unidad de Gremios de EsSalud (UG-EsSalud) –que agrupa a unos 56.000 afiliados repartidos en siete sindicatos de la institución– publicó un comunicado pidiendo al presidente que desista de su intención de unificar el sistema sanitario, que actualmente está dividido entre EsSalud, el ministerio de Salud (MINSA) y los servicios de las fuerzas castrenses.

Diversos especialistas han encontrado consenso a favor de convertir el sistema público de salud en una sola entidad, según este informe Salud Con Lupa. Incluso la propuesta había sido planteada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero fue rechazada en su momento por los trabajadores de EsSalud, que temen que sus fondos sean destinados a financiar servicios de otras entidades y que consideran que el Ejecutivo ha demostrado impericia al momento de articular esfuerzos con direcciones regionales de salud.

Lo cierto es que el actual presidente revivió aquella propuesta durante su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. Tres días después, los gremios enviaron a Castillo un oficio en el que se le pedía una audiencia para que pueda explicar esta iniciativa, pero Castillo no los atendió. De mantenerse el silencio, anuncian una huelga nacional.

 

“Hay que ser respetuosos de las leyes. Les hemos pedido claridad en el tema, de lo contrario estamos por anunciar una huelga nacional. Sería para fines de septiembre o inicios de octubre. Tienen tiempo suficiente para convocar a las organizaciones y establecer acuerdos. Nosotros no queremos marcar la agenda del gobierno. Solo queremos que nos escuchen”, afirma Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT).

Para los sindicatos, lo que debería impulsar el gobierno no es la unificación, sino la universalización del sistema sanitario. “Lo que vendría a ser un intercambio prestacional. En algunos casos ya se cumple en la práctica”, explica María del Pilar Arévalo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (Suness). 

Esto significa que una persona, incluso no asegurada, pueda atenderse sin problemas en EsSalud, MINSA o el Hospital de la Policía dependiendo de qué institución tenga mayor capacidad operativa, pero que la entidad que deriva al paciente asuma los costos a través de un tarifario único.

Los gremios, además, apuestan por el fortalecimiento de sus arcas. “Unificar no significa que el sistema va a mejorar. EsSalud tiene una deuda por cobrar de años: S/630 millones del sector público y S/3.000 mil millones del sector privado. De repente con algunas normas, a cambio de terrenos o embargos tal vez, pueda pagarse para mejorar las prestaciones que brinda el seguro social”, apunta el dirigente Alberto Meza, , secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS).

Los sindicatos de salud viven hoy en la incertidumbre. Meza asegura que el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya sabía de las alternativas que estos plantean antes de la segunda vuelta. “Tuvimos una reunión con el señor Cevallos antes de que sea ministro. Él manifestó que la unificación no se trataba de un tema literal”, afirma. Pero en el encuentro participaron miles de médicos de otros gremios y temen que sus palabras hayan caído en saco roto.

En paralelo, el gremio ya ha entablado conversaciones con algunos congresistas, que podrían capitalizar estas demandas. “Tampoco vamos a esperar de brazos cruzados la respuesta del Ejecutivo. Ellos predican el diálogo social, pero no lo practican”, dice el dirigente Wilfredo Ponce.

 

Un gobierno con sindicato propio

El sinsabor en los gremios del seguro social se suma a otras organizaciones que  hicieron público su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral y que ahora se manifiestan en contra de algunas medidas.

El primer reclamo llegó desde el magisterio, luego de que el ministerio de Trabajo, pocas horas después de que asumiera el nuevo gobierno, le otorgara la inscripción sindical a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este grupo fue fundado por Pedro Castillo luego de la huelga del 2017. De hecho, el ahora presidente de la República fue su secretario general hasta octubre pasado.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), pegó el grito al cielo porque esto le quitaría el monopolio de la representación de profesores. “Ahora va a haber dos sindicatos que dicen representar a los maestros y los auxiliares del país. Uno que es histórico, el nuestro, con 49 años de existencia; y otro que es creación del presidente de la República y del ministro de trabajo, que va a ser un sindicato gobiernista”, critica Castro., que hizo público su apoyo a Pedro Castillo durante la segunda vuelta. 

El Sutep llamó al voto por Castillo en la segunda vuelta. Hoy, Lucio Castro, su secretario general, retira ese respaldo.

“Nos parece poco ético, y no responde a la palabra de maestro, que un gobernante quiera tener su sindicato propio, que diga hacia los medios que va a respaldar y fortalecer las organizaciones gremiales que existen y por otro lado que impulse la creación de un sindicato que divide a los trabajadores”, reclama el sindicalista.

Fenate Perú había intentado inscribirse en años anteriores, pero sus solicitudes siempre fueron observadas por el ministerio. Coincidentemente, esta vez no hubo peros. “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen”, denuncia el secretario del Sutep.

A pesar de este trago amargo, Castro garantiza que siguen “esperanzados en la posibilidad de los cambios históricos que el país requiere” y que apoyarán dichas iniciativas, pero  que “las medidas equivocadas [como la inscripción del Fenatep] que están generando problemas visibles” las van a cuestionar. 

 

Rondas exigentes

Otro conflicto latente se aloja entre el gobierno y una facción de ronderos, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). 

Vallejos, presidente de esta central, ha manifestado a medios internacionales sentirse decepcionado de Castillo por no escuchar sus propuestas para la composición del gabinete. De hecho, como informó Sudaca, él mismo fue propuesto por su organización para el ministerio del Interior. No les hicieron caso.

“Su mensaje ha sido clarísimo: el gabinete ha sido elegido por sus bases. Por ejemplo, los maestros al ministro de Educación, los campesinos al ministro de Agricultura y así. En el caso de nosotros esperábamos, al menos, una consulta para proponer algún personaje para el ministerio de Defensa o del Interior”, demanda el dirigente.

El presidente de la Conarc cuenta a Sudaca que se encuentra preparando dos proyectos junto a un «equipo técnico». El primero es la inclusión de las rondas campesinas en el trabajo de la Policía. “Es muy ambicioso. Haremos una conferencia de prensa para explicar cómo se van a insertar las rondas campesinas urbanas en la vigilancia, soporte y apoyo a la Policía y juntas vecinales”, anuncia.

Rondas Victor Vallejos
A la izquierda, Victor Vallejos Tinoco, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). Fuente: Diario Ahora.

La otra iniciativa consiste en la creación de un instituto para la formación rondera. “Vamos a presentar otro proyecto piloto para la creación de un Instituto superior tecnológico especializado en seguridad ciudadana. Consiste en que nuestros ronderos gocen de esa educación de tres años y tengan un título a nombre del país en seguridad ciudadana”, detalla.

Las iniciativas ya están en la agenda pública y constituyen una presión para el gobierno de Castillo, que se identifica con las rondas campesinas. Pero hay dirigentes ronderos que cuestionan la autoridad de Vallejos para hablar en su nombre, y lo acusan de tener un gremio paralelo a la organización nacional de rondas. 

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc, con «u») desconoce la representatividad de sus homólogos de la Conarc. Las diferencias van más allá de las primeras vocales. “Hay una confusión total. Nos diferenciamos de esos compañeros que se hacen pasar por ronderos. Por un momento coyuntural están pidiendo al gobierno que les den incluso ministerios y presupuesto para cumplir la función policial y de serenazgos. Nosotros históricamente no nos hemos creado para eso. No somos guachimanes ni carne de cañón de nadie”, explica el dirigente de esta facción, Marino Flores. 

 

Rechazo al premier

El nombramiento de Guido Bellido como primer ministro también despertó rechazo en el sur. El 30 de julio, José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), salió en medios locales a cuestionar la designación. Esta agrupación es la rama arequipeña de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Para Chapa, el mensaje del 28 de julio no tuvo “nada a favor de la clase trabajadora” y la presencia de Bellido en el gobierno es nociva para sus intereses. 

Por ello, el dirigente, al igual que la UG-EsSalud, estima que podrían movilizarse para remover a este personaje. “No descartamos nada. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos para pedirle a Pedro Castillo que renuncie este premier [Bellido] que le va a ser daño a esa estabilidad que buscamos nosotros”, declaró a medios arequipeños. 

Así las cosas, entre presiones y anuncios de huelgas, Castillo enfrenta las primeras consecuencias de sus decisiones. No vaya a ser que despierte un día con las calles inundadas de manifestantes, como en aquel invierno del 2017.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: Andina)

 

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Las Bambas: El factor Bellido y la postergación de un conflicto decisivo

Por: 4.08.2021

“Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, exclamó Pedro Castillo en su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, esperaban una propuesta más concreta, que tampoco llegó con la visita del primer ministro, Guido Bellido, el último lunes a la zona. Igual, las comunidades le dan crédito al hombre que alguna vez protestó junto a ellos.

Desde el 23 de julio las comunidades campesinas mantenían bloqueada la carretera en el corredor minero del sur. Protestan contra una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista desde su zona de operaciones en Apurímac.

Raúl Cabrera, periodista de Panamericana Cusco, que conoce muy bien la zona, describe así un día en Chumbivilcas: “Se genera una inmensa polvareda. Creo que pasan 400 camiones grandes al día y son más de 300 kilómetros desde Las Bambas hasta Espinar. El polvo se asienta en el pasto y eso comen los animales. Hay vecinos que viven al lado de la carretera que no está asfaltada”.

Castillo fue notificado de esta situación el mismo día que juró, mediante una carta abierta de los presidentes de las comunidades campesinas de Chumbivilcas. En esta, incluían un pliego de exigencias: la derogatoria de la resolución sobre la vía, el pago de indemnizaciones, que se considere a las empresas comunales como proveedoras de bienes y servicios de la minera, la no criminalización de la protesta, ser considerados parte del área de influencia del proyecto y hasta manifestaban la posibilidad de que las comunidades puedan vender sus terrenos a la compañía “a valores comerciales”. Además, reclamaban la presencia del gobierno en la zona.

Por eso, anteayer una comisión encabezada por el cuestionado premier Guido Bellido y otros congresistas electos por Cusco viajó para reunirse con los protestantes. También asistieron los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Victor Mayta, y de Energía y Minas, Iván Merino.

“Don Guido Bellido es del lugar. Tenemos fe y confianza [en que se darán soluciones definitivas]. Hay que dar tiempo. Lo que hacían los anteriores gobiernos era ir como bomberos y apagar el fuego un ratito”, resalta para Sudaca el comunero Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

El corredor minero del sur y sus proyectos hasta el 2019. Fuente: Gestión.

De momento, la visita de Bellido a Chumbivilcas ya logró apaciguar la protesta. Pero la posible salida al problema todavía está en pañales. Wilber Fuentes, secretario general del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), asegura a Sudaca que “el premier se ha comprometido a que en ese tiempo [60 días] va a resolver todas las agendas de lucha de las comunidades del corredor minero”, pero explica que el lunes no les ofrecieron nada concreto.

Luego de escuchar el discurso de Bellido, sin embargo, las comunidades acordaron levantar el paro y darle dos meses al gobierno para solucionar el conflicto. La comitiva liderada por el premier decidió iniciar una ronda de diálogo, tanto con los comuneros y representantes de la empresa.

Mientras se prepara para recibir o no la confianza del Legislativo, la segunda prioridad de Bellido entonces es qué hacer con Las Bambas.

De los pasillos judiciales a la PCM

Bellido es consciente de su rol protagónico en este conflicto y del respaldo que tiene en Chumbivilcas. El primer ministro de Castillo nació en Livitaca, uno de los ocho distritos que conforman la provincia que hoy reniega de la vía que usa Las Bambas. Y sin ellos no hubiese llegado al Parlamento.

El ahora premier fue el congresista electo por Cusco más votado de Perú Libre, con 20.164 votos, seguido de Katy Ugarte, quien lo acompaña ahora en su cruzada. Al anunciar su visita, dejó claro que los responsables de su seguridad serían “los miembros de la Ronda Campesina de las comunidades presentes” y llegó montando caballo a la cita en Muyoq Orcco. Gestos que auguraban un recibimiento prometedor.

El conflicto no es una novedad para él. Así lo recuerda Richard Arce, excongresista del Frente Amplio, quien conoció a Bellido en el 2019, cuando ambos se cruzaron en las asambleas comunales: “Yo vi a una persona con una posición intransigente, que no generaba espacios de diálogo, sino que más bien exacerbaba la posición de los compañeros». Arce asesoraba a las comunidades de Chumbivilcas en asuntos legales relacionados a sus pedidos a Las Bambas y el Estado. Según él, Bellido buscaba emprender procesos judiciales para obtener indemnizaciones.

Montado a caballo llegó Guido Bellido a su cita con las comunidades de Chumbivilcas. Fuente: PCM.

“Tratamos de explicarles que el proceso judicial tiene su conducta regular y que no es una solución de corto plazo. Eso puede durar 4 o 5 años según responda el Poder Judicial”, explica Arce. A pesar de ello, asesoradas por Bellido, las comunidades no desistieron.

Luego de presentar su demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima en el 2019, el año pasado recién fue admitida. Según el dirigente Wilber Fuentes, ya hubo dos audiencias y a fines de este mes tendrán una primera sentencia.

Pero teniendo un amigo en la PCM, los comuneros ahora apuntan a resolver el asunto alejados de los cansinos fueros judiciales.

Mucho que perder

Para Javier Torres, antropólogo y director de Noticias SER, que este paro haya finalizado no resuelve nada. “No siempre lo van a recibir como ha sido ahora en Chumbivilcas. Si ven que no hay respuestas, dirán que es más de lo mismo. Tienen que tener cuidado con lo que prometen, porque este gobierno ha generado muchas expectativas”, señala.

“Cuando la gente dice que quiere el cambio, más allá de la Constituyente, buscan que se resuelvan los problemas ahora, no dentro de dos años. Eso lo debe tener claro este gobierno y creo que hay ministros que no reúnen las condiciones para resolver esos problemas”, agrega Torres.

Uno de esos ministros, por ejemplo, es Iván Merino. El nuevo ministro de Energía y Minas fue presentado por la PCM como “un pequeño empresario” que se ha dedicado a “la resolución de conflictos” con su empresa SUR Análisis. Sin embargo, su compañía recién inició funciones en el 2019 y actualmente tiene apenas dos trabajadores, según SUNAT.

Otra cartera involucrada sería Ambiente. El nuevo ministro de ese sector es Rubén Ramírez, un abogado sin experiencia en el rubro recordado por haber defendido a los invasores de la zona conocida como “Lomo de Corvina” en el distrito de Villa el Salvador, en abril de este año. También postuló sin éxito al Congreso con Perú Libre por Lima en estas últimas elecciones.

Sudaca pudo conocer, además, que en las reuniones del equipo técnico de transferencia en Energía y Minas –que en parte deberá atender este asunto– no se analizó el conflicto con Las Bambas ni otros. Así lo confirmó Alfonso Gayoso, miembro del equipo de transferencia de este sector, diciendo que “estos temas de conflictos no se tocaron, por ser muy recientes”, aunque también garantizó que “se tendrán más reuniones”.

Aún así, resolver este conflicto social no deja de ser una oportunidad de oro para Bellido y su gabinete. Luego de remarcadas críticas a su experiencia e idoneidad para la tarea, salir airosos en Chumbivilcas podría significar el crédito político que el gobierno del lápiz necesita.

Como destaca Maritza Paredes, socióloga de la Pontificia Universidad Católica experta en conflictos sociales, “el nombramiento de Bellido es interesante para los comuneros”. “Ellos no sabían que sería ministro cuando iniciaron su protesta. Él está en la obligación de resolver el problema por ser de la zona”, apunta. El riesgo, según Paredes, es que no se den soluciones profundas.

Para el excongresista del Frente Amplio, Richard Arce, “el corredor minero va a ser como el Conga de Humala para Castillo”, en alusión a la paralización del proyecto minero cajamarquino que tuvo que enfrentar el humalismo a inicios de su gobierno y que nunca pudo resolver.

Una mala movida del Ejecutivo en Chumbivilcas, dice Arce, podría provocar otros estallidos en todo el corredor minero del sur que va desde Apurímac, pasa por Cusco y termina en el puerto de Matarani, en Arequipa. “Bellido ya no es representante de las comunidades, sino del Estado, de todos los peruanos. Es un peligro porque él tiene una personalidad intransigente y populista. Sus decisiones podrían afectar el desarrollo de proyectos mineros que, mal que bien, están encaminados y que nos permiten salir adelante en este contexto de crisis económica”, advierte el exlegislador.

Un ciclo inacabable

Desenredar la disputa en Las Bambas no será sencillo. El proyecto minero de la empresa china MMG es escenario de conflictos hace años. Desde el 2015 son varios los levantamientos de distintas comunidades a lo largo del llamado corredor minero del sur. Chumbivilcas es uno más.

“La raíz del problema sigue siendo la misma: el cambio en el diseño del proyecto y la suspensión de la construcción del mineroducto [que permitía el traslado del mineral bajo tierra]. Esto llevó a la reclasificación de estos caminos que eran comunales en una vía nacional para el flujo de minerales”, explica el director de Noticias SER, Javier Torres.

Precisamente MMG canceló el proyecto de mineroducto cuando adquirió Las Bambas de manos de la empresa Glencore Xstrata en el 2014. Esta vía de transporte de minerales iba desde Apurímac, zona de operaciones de la minera, hasta Antapaccay en el Cusco, donde procesarían los materiales. En su lugar, como ya se dijo, optaron por trasladar su carga en camiones que levantan polvo por montones a su paso.

Para la experta en conflictos sociales, Maritza Paredes, el mineroducto era la solución a este conflicto socioambiental. “Era la salida que hubiese evitado toda esta conflictividad, pero el Estado tomó una mala decisión. Las empresas lo permitieron no viendo esto a largo plazo”, afirma.

En el 2015 una protesta contra la cancelación de esa iniciativa terminó con tres muertos. Al año siguiente, en Challhuahuacho bloquearon la carretera porque los camiones de traslado levantaban demasiado polvo. En el 2017 ocurrió lo mismo, pero en la comunidad de Maras. En agosto del 2018 fue el turno de Nueva Fuerabamba. Con el reclamo de Chumbivilcas este año el ciclo se repite. En el último quinquenio, nadie resolvió nada.

Si bien la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene a su cargo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, órgano encargado de lidiar con este tipo de controversias sociales, el protagonismo recaerá en el nuevo premier. Con el levantamiento del paro ha ganado tiempo. Para Pedro Castillo, su gobierno ha demostrado “el compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales”, pero en realidad solo está postergando el capítulo final de la película. Vencido el plazo de dos meses, tocará ver ese desenlace que puede tener consecuencias determinantes para el régimen del lápiz.

Sudaca intentó comunicarse con Iván Takahashi, gerente de asuntos públicos y desarrollo local de la minera Las Bambas, pero no atendió nuestros mensajes.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: ACI Prensa, Andina)

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Guido bellido, Las Bambas, Pedro Castillo

Relación tóxica: Los métodos coercitivos de Tarjeta Oh! para que no te puedas desafiliar

Por: 21.07.2021

“Es como si tuvieras una pareja y te dijera: ‘no voy a terminar contigo hasta que me devuelvas todas mis cosas o hasta que me pidas perdón’. ¡Es un absurdo!”. Así describe Andrés Calderón lo que considera que fue una relación tóxica con la Tarjeta Oh!, el producto estrella de la financiera que lleva el mismo nombre, uno de los tentáculos del grupo Intercorp. Anular su tarjeta le costó poco más de 30 meses de sufrimiento innecesario, que acabaron hace apenas unos días. 

El vínculo del abogado con Oh! comenzó a inicios del 2018 y terminó el lunes de la semana pasada. Como muchos otros usuarios, se dejó seducir por las jugosas promociones que ofrecía la tarjeta en establecimientos como Plaza Vea, Oeschle, Promart, etc. Todos propiedad del conglomerado que dirige Carlos Rodríguez-Pastor. Los problemas de Calderón comenzaron hacia mediados de su primer año como cliente de Oh!.

 

“Aparentemente había hecho una compra por S/159,20 soles, pero según la Financiera Oh! la había pedido a 24 cuotas. Casi S/160 en 24 cuotas. ¿Quién puede ser tan ilógico para partir en tantas cuotas algo que saldría menos de S/10 por mes?”, pregunta Calderón. 

El abogado asegura que esa compra la hizo a una sola cuota, como suele hacer con sus tarjetas de crédito, justamente para evitar inconvenientes (y también los intereses). Y así lo hizo saber en su reclamo, donde también pidió cancelar su relación con Oh!. Lo que no esperaba era la escueta respuesta de la financiera.

RespuestaOh!Calderón
La escueta respuesta que la Financiera Oh! le dio a Calderón.

El 17 de octubre del 2018, la empresa le contestó “que los cobros son correctos de acuerdo a los pagos y consumos realizados, lamentablemente la devolución no ha sido aprobada”. Esto indignó a Calderón. “Es una respuesta de un párrafo. No me muestran el voucher de compra donde aparezca que yo había firmado por 24 meses y ni siquiera me dicen algo sobre que no me dejaban cancelar la tarjeta”, reclama el abogado. 

Luego de eso, Calderón no usó más su tarjeta de crédito. En el medio, visitó en reiteradas oportunidades Oechsle de Real Plaza Salaverry para anularla. La respuesta siempre era la misma: primero cancele su deuda, luego vuelva en 48 horas si aún quiere deshacerse de ella. Calderón tuvo que pagar las cuotas. 

Pero el año pasado, a inicios de la pandemia, le notificaron que tenía otro pendiente, esta vez por la membresía. Ofuscado, Calderón volvió a pedir que cancelen su tarjeta. Nuevamente le dieron la misma orden: cancele y vuelva a intentarlo en dos días. Hace una semana le volvieron a cobrar. 

“Fui a pagar la cuota de membresía el viernes de la semana pasada. Este ha sido el tercer intento en tres años para cancelar mi tarjeta. Ahora felizmente ya admiten hacerlo por teléfono”, dice el abogado, harto de visitar Real Plaza Salaverry para sus gestiones. 

Recién este último lunes 12 de julio recibió el correo que tanto esperaba: la Financiera Oh! le comunicaba que su relación -al fin- había terminado. Pero su calvario es muy parecido a otros que pudo recopilar Sudaca. Según el abogado, en todos ellos aplican lo que se conoce en derecho del consumidor como métodos comerciales coercitivos.

“La voluntad del cliente es doblegada. Esto se puede hacer para forzarte a contratar algo que no querías o mantener una relación que no quieres tener. Por eso hacía alusión a una relación tóxica. Si una persona quiere cancelar un servicio, debería poder hacerlo de manera inmediata”, afirma.

“Lo más evidente en este caso es que te den un plazo. 48 horas después de que has hecho la primera gestión del pago de la deuda, recién vas a poder cancelar [tu tarjeta]. Eso no tiene ningún soporte legal”, agrega Calderón, amparándose en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Pero parece que estas técnicas están tan normalizadas en el sistema financiero que pasan por agua tibia. 

 

Un calvario por “20 centavos” 

“La historia es tan surreal que todavía la recuerdo”, comenta Álvaro Ledgard, periodista financiero de 31 años. En mayo del 2017 sacó su Tarjeta Oh! para adquirir unas zapatillas en Oechsle del Parque Kennedy. Él no lo sabía en ese momento, pero tendría que volver a esa tienda para reclamar por algo que ahora le parece broma: no le dejaron cerrar su cuenta por una deuda estrafalaria de apenas 20 céntimos.

El problema empezó cuando, a mediados del 2018, le cobraron la comisión de mantenimiento de la tarjeta. “Yo no entendí por qué. Revisé mis estados de cuenta y sí había hecho un consumo todos los meses, pero igual me cobraban esa comisión», asegura Ledgard. 

Cuando se asoció a Oh!, al experiodista de Semana Económica le habían garantizado que podía librarse del mantenimiento si compraba todos los meses, lo que lo incentivaba a visitar Oeschle con regularidad. De hecho, llegó a comprar un televisor por el que debía S/2.000 al momento en que le cobraron indebidamente la comisión.

Ledgard envió un correo quejándose y lo pasearon como a Calderón. Le dijeron que debía reclamar en tienda. Volvió al Parque Kennedy solo para llenar el formulario. Ahí el empleado que lo atendió corroboró que había consumido todos los meses. “Me dijo ‘tu reclamo debería proceder, incluso has hecho un par de compras grandes. No hay ningún motivo para que te cobren esta comisión”, afirma el periodista. Pero la relación tóxica con la financiera de Intercorp no se corta así nomás. 

Financiera Oh! tenía un mes para responder. El 3 de julio del 2018 contestaron que “lamentablemente no es posible realizar el extorno, ya que el cobro se realizó de manera correcta al encontrarse tu tarjeta activa en el mes de cargo”. En cristiano que, como su cuenta estaba habilitada, podían cobrarle lo que les pareciera conveniente.

RespuestaOh!Ledgard
La respuesta de Financiera Oh! a Ledgard. En sencillo le dijeron que le cobraron porque su «tarjeta estaba activa».

Molesto, imprimió ese correo y volvió al Kennedy a reclamar otra vez. Le dijeron que nada se podía hacer, porque el reclamo ya había sido resuelto. Pidió cancelar su tarjeta, pero le explicaron que primero debía pagar la ‘tele’ y llamar por teléfono al día siguiente. Sólo así podía desvincularse de Oh!

Aunque estaba fastidiado, Ledgard hizo caso. Sacó los S/2.000 y esperó 24 horas para cancelar sus pendientes. Le reiteró al empleado que lo atendió que, por favor, verificara si con eso ya podía anular su tarjeta. Solo cuando se lo garantizaron regresó a su casa.

Pero cuando llamó al día siguiente para cancelarla, asegura que le dijeron: «lo siento, pero acá figura una deuda de 20 centavos». No lo podía creer. El empleado le explicó que esa ínfima cantidad era un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) generado por la transferencia de S/2.000 para pagar su ‘tele’ el día anterior. 

«Ese es el truco. Yo le insistí múltiples veces al empleado que yo pagaba mi deuda con la intención de anular mi tarjeta. Él sabía que ese era mi propósito y probablemente también que se iba a generar un ITF, pero no me lo dijo. Me lo ocultaron», afirma el periodista. 

Aún así, Ledgard dice que se acercó al día siguiente con su moneda de 20 céntimos y, aliviado, por fin pudo terminar con Oh!. Pero la experiencia lo marcó. “Me trataron de ignorante cuando intenté cerrar la cuenta con esa deuda. Y no fue hasta el final que trataron de voltear la situación, pero ya era demasiado tarde», explica. 

 

Protegida sin saberlo

Ledgard no es el único cliente de la financiera que fue sorprendido por omisiones clamorosas de información. A Káterin Infante no le cobraron una deuda irrisoria, pero sí le hicieron pagar un seguro que nunca aceptó. La psicóloga de 31 años se asoció a Oh! en marzo del 2017. 

Todo estuvo bien hasta mayo de ese año cuando, al recibir su estado de cuenta, se enteró que, además de su consumo mensual, tenía que pagar un seguro de protección. Ella había aceptado el servicio -asegura- porque el empleado que le ofreció la tarjeta en Plaza Vea de La Rambla descartó que haría pagos adicionales. “Por simpatía accedí, pensando que era como las tres tarjetas que hasta ese momento tenía. Dije ‘una más no hay problema’”, explica. 

Con la noticia, Infante fue al Real Plaza Salaverry para cancelar el servicio. Como a Calderón y Ledgard, le dijeron que debía cancelar su deuda primero y volver 24 horas después. Esto incluía pagar S/25,08 por su consumo del mes, pero también asumir el costo de S/59,90 del “Interseguro” que no pidió. En total: S/84,90. 

“Me hizo pasar un mal momento. Unos pueden decir que S/84 no es para tanto, pero para otros si lo puede ser. La indignación fue porque me mintieron. Cuando le pregunté a la persona que me ofreció la tarjeta si había algún pago adicional me dijo que no”, recalca Infante.

Infante pagó y solo así pudo desafiliarse de Oh!. Lo anecdótico es que tres meses después de cerrar su cuenta, en agosto de aquel 2017, le llegó al buzón el seguro que nunca aceptó. “En agosto fui nuevamente extrañada [por] ese correo, pero me dijeron que mi cuenta estaba anulada y que tampoco sabían por qué me llegó eso”, explica la psicóloga.

KaterinCorreo
Los correos de Oh! a Infante. El «aviso» del seguro llegó 3 meses después que ella se desvinculó de la financiera.

La pandemia no fue pretexto para mejorar sus mecanismos de atención al cliente. Como señala un informe previo de Sudaca, la Financiera Oh! lidera el ranking de sanciones en Indecopi de todos los sectores para el periodo 2017-2021. Solo desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año eran 431 sus sanciones firmes. ¡Hoy la cifra ha subido a 540! Los testimonios aquí recogidos explican por qué el número sigue creciendo. 

Para el abogado Andrés Calderón, en todos ellos existe un patrón similar. “Hay una estrategia detrás que es super maliciosa. Se demoran y juegan a que la persona se olvide o se canse para que no pueda cancelar la tarjeta. No te dejan hacerlo en una sola acción”.

Sudaca solicitó descargos a la Financiera Oh! a través del área de prensa del grupo Intercorp. Nos aseguraron que nos confirmarían su participación. Sin embargo, al cierre de esta edición, nos dejaron en visto.

 

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El Minsa envió respiradores bamba a doctores del Hospital Loayza

Por: 11.07.2021

El 13 de mayo pasado llegó un aviso desde el almacén del Minsa al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El ministerio tenía un regalo para ellos: se trataba de 700 respiradores industriales –supuestamente de la marca 3M– destinados al área de cuidados intensivos del nosocomio.

 

Los presentes del Minsa decían ser respiradores del modelo 3M 7502. Este equipamiento “brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico”, entre otros gases, como se explica en la página web de la empresa. Además, es una importante herramienta para los médicos que trabajan atendiendo casos de Covid-19.

«Son mucho más seguros que la mascarilla N95, que protege 99%. En teoría es la máxima protección, pero si es falsificado todo es malo, incluyendo los filtros. Entras a la UCI, respiras puro bicho y pones en riesgo la vida”, advierte Godofredo  Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

De acuerdo a Talavera, un respirador original tiene un costo promedio de S/260. “Un falsificado te lo venden a la tercera parte”, agrega.

Luego de trasladar los respiradores a sus almacenes, y por protocolo, el Loayza debía inspeccionar el obsequio. Al hacerlo, fuentes del hospital que vieron el producto en persona, aseguraron a Sudaca que los filtros y cartuchos que se colocan a los lados del respirador no calzaban. Esto es gravísimo: al no encajar, no bloquean el paso de partículas.

Tras la revelación, los doctores enviaron dos muestras del lote a la empresa 3M para que esta verifique su autenticidad. El 21 de mayo, el Loayza recibió la respuesta de la compañía: el regalo del Minsa era falso.

El informe de 3M, al que accedió este medio, confirma la incompatibilidad del donativo del ministerio con los productos originales de la empresa. El segundo párrafo dice claramente. “Concluimos que los productos presentan características atípicas, las cuales no son compatibles con los Respiradores 3M 7502 fabricados por 3M Company”. Además advierten de su peligrosidad: “En opinión nuestra, ninguno de estos productos [del lote del Minsa] debe ser usado, y en caso de que se haya distribuido alguno de ellos, se sugiere cesar su uso de inmediato”.

Respuesta3M
La respuesta de 3M a la inquietud del Loayza. Su veracidad fue garantizada por personal de la empresa a Sudaca.

Más adelante también se descarta que el donativo haya sido entregado por la empresa. “Los productos revisados a los que hacemos referencia en este documento no han sido abastecidos por 3M ni por alguno de los distribuidores autorizados”. En comunicación con Sudaca, Marko Kardum, gerente de cuentas de la compañía, confirmó la veracidad del documento. “Esa es la carta que enviamos”, dijo textualmente.

Fuentes del Hospital Loayza también dan fe de los hechos narrados aquí. Y los que siguen. Sus identidades se mantienen en reserva por temor a vivir lo mismo que Elizabeth Rojas, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé, quien fue suspendida sin goce de remuneraciones por un año luego de denunciar un hecho similar el año pasado: en el área de cirugías de su hospital, operaban con goteros enormes en el techo.

 

Empolvado

Con la confirmación de 3M, el Loayza inmovilizó el lote recibido en su almacén. Luego comunicaron a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa (DGOS) sobre lo ocurrido. Desde el 26 de mayo, Edward Cruz Sánchez, responsable del área, sabe de la denuncia. Y desde esa fecha, el Loayza no recibe una respuesta, lo que les parece muy sospechoso.

Sudaca pudo acceder al Sistema de Trámite Documentario Web (STDW) del ministerio, un mecanismo interno que registra cómo avanza un determinado trámite, en este caso, la solicitud del hospital para conocer el origen del donativo. Hasta el 6 de julio, el día que este medio pudo entrar por primera vez al sistema, se observaba claramente que desde aquel 26 de mayo el Loayza se encuentra “a la espera de indicaciones sobre la autenticidad” de los respiradores truchos.

EmpolvadoSTDW
El STDW deja en claro que desde finales de mayo el Hospital Loayza espera «indicaciones sobre la autenticidad de respiradores procedentes del MINSA».

Este reportero pidió información sobre el caso al área de prensa del Minsa y solicitó una entrevista con Edward Cruz el último jueves. En el ministerio parecían no saber nada de los respiradores. Fue tal el desconocimiento que el funcionario del área de prensa, que se presentó como Juan Vargas, contestó: “¿entenderás que eso no dice nada, no?” y que “la carta [de 3M], que sería incriminatoria, no está firmada por nadie”. También nos pidió el número del expediente de su propia entidad porque “no encuentran nada”.

Todo indica que nuestra llamada descongeló la denuncia de los respiradores falsos en el ministerio. Mágicamente, en el sistema de trámite documentario empezaron a haber movimientos desde el viernes 9 de julio, solo un día después de que Sudaca solicitara los descargos a la entidad. En esa jornada se registraron varias comunicaciones entre los funcionarios de la DGOS en el sistema de trámite documentario, aunque en el Loayza aún no tienen respuestas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegaron los respiradores truchos al Minsa?, ¿por qué hasta ahora no envían una explicación al Hospital Loayza? En todo caso, esperemos que el ministerio sea más transparente con los médicos que con la prensa.

Movimientos STDW
El detalle completo del STDW. El MINSA «recordó» el pendiente recién el último viernes.

Mientras tanto, los doctores del Loayza siguen enfrentándose al Covid-19. Se trata, después de todo, del “hospital general más grande del país”, como reseña su sitio web.

Godofredo Talavera asegura que este hospital “ha llegado a tener más de 300 pacientes con covid por día en emergencias” y que la ocupación de camas UCI “pasa las 200”. En este combate, estos respiradores serían realmente útiles. El Minsa parece recién recordar este pendiente.

**Fotoportada por Leyla López (Fuentes: Andina y 3M). 

 

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Loayza, Minsa, Pandemia

La agresión por la que nadie se indignó: el acoso a la hija de Keiko Fujimori

Por: 3.07.2021

“¿Por qué la gente me está atacando por mi familia? Yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí la familia que tengo y la amo”, dice la hija de 13 años de Keiko Fujimori, en un video de TikTok publicado el pasado 20 de junio. Esta fue su respuesta ante los insultos y el acoso que padece sistemáticamente en esta red social.

En uno de los videos subidos ese día, la menor asegura leer “todo lo que ponen” y que “algunas cosas sí pueden herir”. También advirtió que “la mayoría de personas que comentan son mayores de edad”. Y señaló, no sin razón: “Ellos deberían estar dando el ejemplo”.

 

Como respuesta, la cuenta “vladimircerronoficial”, una cuenta apócrifa del fundador de Perú Libre, le comentó: “Tu mamá irá al paredón y pumpumpum”.

Otros mensajes que Sudaca pudo encontrar en un breve patrullaje virtual fueron: “¿Cómo hace tu mamá para pagar tu plan de datos si no trabaja’”, “¿15 años de cana se pasan volando, verdad?”, “tu mamá es corrupta, dile que ya no postule a la presidencia, que acepte su derrota con Pedro Castillo”, “cuando suba [Castillo], la señora K y su papito estarán en cana y no habrá quién la cuide, ¿algún bondadoso que la adopte?”.

Las cuentas

Para entrar a TikTok debes tener, como mínimo, 13 años. Esa es, precisamente, la edad que tiene hoy la hija mayor de Keiko Fujimori. Mientras su madre decidió sumergirse en esta plataforma digital para promover su campaña política, su hija difunde contenido relacionado a sus gustos personales, que van desde Faraón Love Shady hasta mostrar a su gatito Maluma.

Tal vez el único contenido “político” haya sido el que publicó el 6 de junio pasado, día de la segunda vuelta. ¿Pidió a sus más de 600.000 seguidores que votaran por Fuerza Popular? ¿Criticó la candidatura de Pedro Castillo? No. Solamente agradeció a unos chicos que le regalaron una patineta en el cierre de campaña fujimorista. Y acompañó el saludo con una canción de fondo que decía que “no los olvidaría”.

Aún así, la publicación desató la ira de una legión de cuentas anónimas que le reclamaron a una niña los errores y delitos de su madre y su familia. Muchos de ellos cometidos por los Fujimori cuando la menor ni siquiera existía. Es el caso de la cuenta ‘End_Flor’, aparentemente manejada por una mujer, quien comentó: “Jajajaja que se vaya pa’ Santa Mónica tu mamá”.

Este reportero visitó TikTok para comunicarse con los agresores. Ninguno quiso revelar su verdadera identidad, pero sus justificaciones resultaron incluso más perversas que los mensajes vertidos. ‘End_Flor’, por ejemplo, se presentó como estudiante de leyes y aseguró estar muy informada sobre la situación actual del país. “Sé de política, estudio derecho y pues lo que hizo el fujimorismo no está nada bien, atrasó mucho al Perú”, se justificó.

La respuesta de End_Flor
La justificación de la cuenta «End_Flor» para atacar a una niña de 13 años en TikTok.

Para esta supuesta abogada era necesario exigirle a la menor “aceptar la derrota” de su madre, aunque su verdadera motivación era aún más ridícula: “Más cólera me da que se cuelgue de la fama de su mamá y me da igual su edad como para que hagan quedar como buena [a Keiko]”, respondió.

“Me parece una respuesta bien sádica. Lo que llama la atención es que sea dicha por alguien que estudia derecho. Ya la culpó, le asignó una intención, ya la juzgó y sentenció. Con eso no da ninguna posibilidad de pensar en nada. Es dramático. Imaginémonos a esa persona a cargo de un juicio futuro”, dice a Sudaca el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Otro usuario de TikTok al que contactamos responde al indescifrable nombre de ‘Omiraelgeydeyolo’, que también le enrostraba a la menor los problemas legales de Keiko Fujimori. “Tu mamá se irá a la cárcel si no gana #humor vamos Keiko”. El hashtag pretendía darle un tinte sarcástico al cruel mensaje.

La persona detrás de esta cuenta reconoce que su mensaje puede tener consecuencias en la hija mayor de los Fujimori. “Bueno si [fuera] mi mamá a mí también me afectaría”, admite. Aún así, insistió que Keiko terminará presa y, por eso, debía recordárselo a la adolescente.

RespuestaAgresor
La justificación de otra de las cuentas: predecir el futuro.

Revestir como algo chistoso estos comentarios hirientes, según la psicóloga social y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Priscilla Pecho, es un intento de camuflar el daño. “Muchos utilizan esta estrategia para que no se vea como violencia. Se piensa que de alguna manera se le baja la gravedad [al mensaje]. Buscan que la otra persona lo acepte y normalice. Hay que empezar a nombrarlo por lo que es”, afirma.

“La verdad dicha sin empatía es una agresión. Si resulta cierto, no deja de serlo. Es una niña de 13 años. ¿Por qué se lo tiene que recordar? ¿Cuál es el beneficio detrás? ¿Va a contribuir a qué?”, se pregunta Caravedo.

Es delito

Pero también hay comentarios de carácter sexual. En TiksToks donde la menor baila como cualquier adolescente de su edad, se puede encontrar comentarios como: “que sexy”, “mi mujer”; “¿quién será el suertudo de ser su novio?” o “yo te haré creer en el amor”.

Para la psicóloga Priscilla Pecho este tipo de mensajes calza dentro de lo que se conoce como violencia simbólica y está, tristemente, normalizado en nuestra sociedad. “Eso también devela la hipersexualización de las adolescentes mujeres. Son comentarios de acoso que ellas no esperan [referidos] a su cuerpo o aspectos netamente sexuales”, explica.

El Código Penal peruano contempla el delito de acoso sexual gracias al Decreto Legislativo N°1410 aprobado a finales del 2018. La ley, de hecho, ya ha mostrado algunos resultados. En octubre del 2019 se dio la primera condena con prisión efectiva por este delito a través de Internet. Alex Álvarez fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel por hostigar a su expareja, una menor de edad, para retomar su relación y tener sexo.

Para Dilmar Villena, abogado especialista en derechos en entornos digitales, lo que vive la hija de Keiko Fujimori en su TikTok también encaja en este crimen. «Me parece que estamos totalmente frente al delito de acoso. La situación alrededor de [la hija de Keiko] tiene varias consideraciones: es menor de edad, es mujer, por lo que es sexualizada; y está expuesta públicamente, lo que la vuelve vulnerable”, afirma el abogado.

Comentario sexista
El otro tipo de comentarios que suele recibir la hija de Keiko Fujimori en su TikTok.

La aparente “exposición pública” de la hija de Keiko tampoco es suficiente para librarse del delito. «En este caso una cosa no justifica la otra. Es cierto que la mayor exposición pública es por decisión de sus padres. Al hacer eso las exponen a posteriores ataques, pero ella no ha decidido por voluntad propia entrar a la vida pública«, asegura Villena.

El abogado señala, sin embargo, que la norma aún está en pañales. “Lo que pasa es que cuando estas denuncias llegan a la Fiscalía no se les da mucha prioridad. Dicen: ‘bueno, están molestando [en] redes sociales, ¿qué se puede hacer?’. No se tiene consciencia sobre el daño que puede generar», apunta.

Villena lidera un grupo legal de la asociación Hiperderecho que ha analizado la aplicación de esta ley. Los resultados han arrojado falencias de todo tipo. “En los casos que hemos acompañado, incluso con personas identificadas, se complica mucho la investigación. Con cuentas anónimas es mucho peor”, explica el abogado.

Ocultar su identidad para atacar es justamente la estrategia que aplican estas personas con la hija mayor de Keiko Fujimori. “Lo más terrible del asunto es que están haciendo exactamente lo mismo que le critican a esa familia, porque están usando de la manera más burda ese espacio de impunidad donde se sienten protegidos y descargan todas sus frustraciones”, afirma el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Las propias redes sociales favorecen dicha impunidad. TikTok no permite enviar mensajes, como sí lo hace Facebook, a otra cuenta. A menos que esta persona te siga de vuelta. Esto dificulta la identificación, como pudo comprobar este reportero al intentar comunicarse con otros agresores.

Por ello las autoridades requieren la colaboración de las mismas plataformas. Sin embargo, esa es otra barrera: el contacto de TikTok para América Latina queda en Singapur. 

Por eso estos procesos suelen demorar. «Lamentablemente termina siendo largo si no tienes muchas pruebas y tienes que investigar desde cero. Casos que nosotros tenemos van a cumplir un año y recién van a iniciar la etapa de juicio”, se lamenta Villena.

Daños irreparables

Pasar por agua tibia estos actos puede ser gravísimo para quien los recibe. La psicóloga Pecho considera que las consecuencias pueden llegar a “trastornos de conducta alimentaria o depresión por tener esta visión de que su imagen necesita ser validada por otras personas”.

Las consecuencias de esta experiencia indeseable para la hija de la candidata naranja podrían afectarla a largo plazo. “Que a uno le digan ese tipo de cosas puede ser muy impactante. Algunos síntomas se llegan a presentar después de 15 años incluso. Probablemente lo que ocurra es que el sentimiento de rabia, de odio, sea muy grande. Esa chica va a sufrir mucho en su vida futura”, asegura Leopoldo Caravedo.

Al parecer en Tik Tok varios no le perdonan a la menor ser la hija de la lideresa naranja. Para Caravedo esta atribución es peligrosa. “No sé si se piensa esto con claridad de cara a la convivencia futura del país. Uno puede estar en contra de Keiko Fujimori, pero no podemos hacer de esto una cosa de familia, por más que varios de ellos estén metidos en política”, asegura.

“La violencia no puede ser una forma de expresar desagrado. Es la manera más fácil que encuentran de expresarlo, pero lo hacen de forma equivocada: atacando a una persona que directamente no ha sido responsable, que es conocida por ser ‘hija de tal persona’”, agrega Priscilla Pecho.

OtroAtaque
Otro de los mensajes que suele recibir. En TikTok parecen creer que la niña también hace campaña política.

Para Caravedo la motivación de las personas que están detrás de estas cuentas consiste en atacar al indefenso. “Ahí es donde más daño pueden hacer. Atacan a la hija para generar esa sensación de miedo y temor en Keiko Fujimori que no puede hacer nada porque no es un ataque directo hacia ella. Así es bien difícil defenderse”, afirma.

Nadie sabe si se tomarán medidas legales al respecto. Tampoco si la víctima será otra Fujimori en política. De momento, lo cierto es que solo es una niña que ni siquiera ha terminado el colegio. La gente que la ataca por llevar el apellido de su madre y abuelo tendrán que recordar que su accionar no solo es cobarde, sino también criminal.

**Fotoportada por Leyla López

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Redes sociales

Dióxido de cloro: el elixir de la mentira que obsesiona al Congreso

Por: 21.06.2021

PubMed es como un Google para médicos. Esta base de datos tiene más de 32 millones de papers sobre los últimos estudios científicos publicados en el mundo. Si uno busca ahí las palabras “dióxido de cloro + covid” no encuentra documento alguno que concluya que este desinfectante es eficaz para combatir al coronavirus. Por el contrario, el primer resultado resalta uno de sus muchos efectos nocivos para el ser humano: la disfunción renal.

 

La Organización Mundial de la Salud, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS); diga usted, querido lector, una entidad. El consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro (CDS) no sirve para combatir la Covid-19. Y es, para fines prácticos, lejía. Por supuesto, en nuestra fauna parlamentaria hay quienes han hecho oídos sordos.

“Que la FDA apruebe o desapruebe un medicamento no es la voz de dios”, responde el irreverente Posemoscrowte Chagua, congresista de Unión por el Perú (UPP), cuando Sudaca le recuerda la desaprobación del CDS a nivel mundial. El legislador y médico cirujano es el padre de la flamante Comisión Dióxido de Cloro de este Congreso, que ya está de salida.

Chagua presentó la moción para crear este grupo especial el 20 de agosto del 2020. El pedido no fue visto hasta mayo de este año. En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, 49 congresistas votaron a favor de su creación. Algunos forman hoy parte del equipo investigador. “Los congresistas que lo usan son los que han votado a favor”, asegura Chagua.

Todo fue posible gracias al respaldo de su bancada (UPP), junto a legisladores de Podemos Perú y Somos Perú. Les pareció que destinar 30 días para investigar un producto desacreditado por la ciencia desde el año pasado era una buena idea. Y están seguros de que harán historia.

Iro Chagua
El congresista Iro Chagua sustentando la creación de la Comisión Dióxido de Cloro en el Pleno del Congreso.

Para el grupo parlamentario, su labor será parte del legado que dejarán para el combate contra la pandemia. “¿Por qué no esperar, con buena fe, que en el próximo Congreso algún congresista totalmente libre, neutro, con libertad de pensamiento, pueda decir: ‘voy a revisar esto’?», se aventura a decir Chagua.

Para lograr su cometido, la flamante comisión parlamentaria viene trabajando arduamente desde el pasado miércoles 16 de junio. Ese día se declararon en sesión permanente porque están a contrarreloj. Los testimonios son la principal base que tienen los congresistas para su cruzada. Y en menos de un mes, el informe final será expuesto en el Pleno, publicado en la web del Congreso y remitido al Poder Ejecutivo. Sin duda, un nuevo hito en las excentricidades de nuestra política.

Chagua, sin embargo, dice que “no pueden esperar que los resultados del informe resulten aceptables para la gran prensa y las autoridades de la ciencia” y que garantizarán que “todo lo que salga va a ser producto de un estudio, una contrastación de las posiciones”.

Pero hasta el cierre de esta edición, solo han asistido ingenieros químicos y otros investigadores fanáticos de la llamada «lejía milagrosa». Es el caso de la doctora Arlene Falcón, de la Universidad Nacional de Ucayali. Durante su intervención, la médica destacó que su casa de estudios es “la única en el Perú que está investigando” el blanqueador.

También se dio tiempo para agradecer al principal promotor de este “medicamento multiusos”: el alemán Andreas Kalcker. “Tenemos que agradecerle a Kalcker [por patentar] esta sustancia como CDS y que nosotros utilizamos”, dijo.

MenciónCreadorCDS
La breve aparición del creador del CDS, Andreas Kalcker, durante una de las sesiones de la comisión especial del Congreso. Fue para agradecerle.

De hecho, Kalcker fue invitado a la Comisión de Salud del Congreso en julio pasado, un mes antes de presentada la moción de Chagua, como “creador de la fórmula magistral” del dióxido de cloro. Sin embargo, desistieron de recibirlo al enterarse de sus cuestionamientos, entre estos una investigación de la justicia española por el delito contra la salud pública.

“Una reverenda cojudez” 

Ruben Ramos, exUPP y hoy en la bancada Nueva Constitución, fue uno de los parlamentarios que votó a favor de la moción. Hoy es vicepresidente de esta comisión. El congresista dice que “no está a favor de su uso”, pero admite que la consume y la recomienda. “Es una realidad su uso clandestino y creo que a las instituciones encargadas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, no les interesa. Sacan sus comunicados de alerta, pero para advertir no tienen ningún fundamento científico”, afirma el farmacéutico de carrera.

Pero el INS y EsSalud sí han buscado razones para oponerse al blanqueador. En julio y agosto del 2020, respectivamente, mientras el congresista Chagua presentaba su moción en el Congreso, ambas instituciones se dieron el trabajo de hacer una revisión sistemática en reconocidas bases de datos para encontrar estudios clínicos favorables al CDS. No encontraron nada.

Al parecer a Ramos no le llegó la noticia.

Otro de los legisladores que apoyó la iniciativa fue Carlos Almerí, de Podemos Perú, el partido que lidera el dueño de Telesup (la universidad de la fachada bamba).  “Este es un tema que venía peleando el colega Chagua que, al margen de que no compartamos muchas posiciones políticas, ha venido exigiendo permanentemente”, dice el miembro del grupo parlamentario. Y denuncia que la demora en la puesta en marcha de esta comisión recae en la presidenta del Congreso: “Por la mezquindad de la señora Mirtha Vásquez y su Mesa Directiva no se han logrado algunas comisiones. Esa es la razón por la cual es casi extemporánea su creación”.

AlmeríComisión
Carlos Almerí en la Comisión CDS. El legislador asegura que esta labor no genera ningún gasto estatal.

Lo cierto es que mientras estos parlamentarios invertían tiempo en la creación de este grupo, la comunidad científica no se cansaba de descartar una y otra vez al CDS.

El mito de que este producto combate innumerables enfermedades no es de ahora. Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador de la Universidad Científica del Sur, considera que “era previsible que ante el covid, lo iban a proponer”. “La vienen usando desde hace varios años contra cualquier enfermedad incurable planteando que podría ser útil [como el VIH, cáncer y el autismo]”, dice.

“Lo que nunca han logrado explicar es el mecanismo de acción, es decir, cómo esta molécula que tiene cloro y dos oxígenos, logra funcionar contra cualquier cosa de las que plantean”, agrega.

Magaly Blas, médica especialista en salud pública y epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, detalla la extensa lista de efectos nocivos del CDS para humanos.

“Al ingerirlo, las personas que lo toman pueden tener quemaduras e irritación en todo el aparato digestivo. Inclusive puede dañar el esmalte de los dientes. Además,  causa metahemoglobinemia, un cambio en los glóbulos rojos que no permite que estos transporten oxígeno. La persona siente que se está ahogando”, explica la doctora.  Y aún no ha terminado.

Blas asegura que “también se han reportado casos de arritmias cardiacas”. Otros síntomas muy comunes son la insuficiencia hepática, náuseas y vómitos. Como si faltaran argumentos, la Digemid recordó a finales de julio del año pasado que “no ha otorgado registro sanitario a ningún producto” que contenga CDS para consumo humano.

Pero en la comisión dicen que existen testimonios de lo contrario, que en sus regiones hay familias enteras que se han curado de la Covid-19 gracias al CDS, que al tío de tal le ha funcionado, que la cuñada de cual le salvó la vida. Para Mayta-Tristán y Blas esto no sería más que un efecto placebo.

“Más del 80% de personas se recuperan de la Covid sin hacer nada. Muchos lo pueden atribuir a diversas cosas. Antes era la ivermectina y ahora el dióxido de cloro. Yo no puedo decir que funciona porque mi abuelita lo tomó”, explica la doctora. “Hay evidencia tangible que personas hospitalizadas graves [por Covid] habían consumido dióxido de cloro”, complementa el doctor.

De hecho, en agosto del año pasado, Victor Manchego, gerente de la Red Asistencial de Cusco, dijo a RPP que el 30% de los pacientes en cuidados intensivos por Covid-19 en su región presentaban también cuadros de intoxicación con dióxido de cloro e ivermectina.

Para el padre de la comisión, el congresista Posemoscrowte Chagua, la evidencia de los especialistas son sólo eco de la FDA y OMS. “Por lo general somos muy obedientes a las instituciones internacionales”, afirma, como lamentándose. Mayta-Tristán, que dice conocer al legislador, considera esta afirmación una “reverenda cojudez”. “Las personas que se oponen no tenemos ningún tipo de influencia farmacéutica. Es un tema de cordura, de salud, de proteger a la población”, explica.

El alcance de las conclusiones del informe final sobre el uso del CDS es un misterio. Para Carlos Almerí el objetivo del grupo parlamentario no es otro que “dejar establecido que el dióxido de cloro no es realmente un medicamento que podría dañar a las personas”. En oposición, claro está, a lo que la OMS se harta de evidenciar desde el año pasado.

Rubén Ramos, por su parte, cree que lo único que harán será “sistematizar la información que existe, que es primigenia, y dar recomendaciones” al Ejecutivo. Esto con la esperanza de que el gobierno inicie una indagación propia con un estudio clínico.

RubenRamos
Rubén Ramos, vicepresidente de la flamente comisión. En julio del año pasado anunció que pediría al MINSA autorizar el uso del CDS para tratar la Covid-19.

A Magaly Blas esto le parece imposible. “El asunto es cómo investigar una sustancia dañina para el ser humano. No creo que ningún comité de ética en el Perú apruebe una investigación de ese tipo. ¿Quién va a querer enrolarse en un estudio donde el consentimiento informado te diga que te puede producir arritmia cardiaca, insuficiencia hepática y te puedes morir?”, pregunta, entre risas, la doctora.

**Fotoportada por Leyla López (Imágenes: Andina)

 

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Historias de migrantes: los testimonios detrás del decisivo voto extranjero

Por: 12.06.2021

“Mi padre era agricultor en Ica y tenía tierras. El gobierno de Velasco le quitó todo. Como comprenderás, para mí la opción comunista no existe”, dice Diana (56), una peruana que reside en Toronto, Canadá, hace más de 20 años. En este país, Fuerza Popular obtuvo más del 76% de los votos.

 

La mujer prefiere mantener en reserva su identidad. Cuenta que tras el inicio de la Reforma Agraria su familia terminó huyendo a Costa Rica, pero cuando los militares dejaron el poder, regresaron al Perú. Un año después, su padre murió repentinamente. Hecho que, para ella, “probablemente comenzó con la reforma”.

Muchos años después, cuando ya había formado su propia familia, Diana se instaló en Canadá. Actualmente trabaja en el sector minero. “Solo he votado por Keiko porque era la opción que tenía. Para mí no tiene ética y es demasiado corrupta. Me molesta votar por ella, pero me molesta más que el Perú sea comunista. Es la única razón por la que fui a votar”, comenta la mujer cuando le preguntamos por qué eligió al fujimorismo.

Una razón similar empujó a July Dávila (50) a votar por la hija de Alberto Fujimori. Ella vive en Denver, Estados Unidos, el país donde Fuerza Popular pasó la valla del 80% de los votos. “Emigramos por medio de una hermana que se casó con un americano. Yo soy peruana casada con un ciudadano americano. Obtuve mi residencia antes de conocer a mi esposo”, cuenta.

La mujer nunca había acudido a votar, a pesar de que sus padres eran un par de devotos apristas. En esta ocasión, frente al peligro “del candidato comunista”, dice, no dudó en manejar dos horas hasta su local de votación, vestida con una camiseta de la selección peruana de fútbol. Fuerza Popular, asegura, no tiene las mejores propuestas, “pero están del lado democrático”.

July Dávila
July Dávila yendo a votar el 6 de junio alegremente con su camiseta peruana.

Dávila es contadora, trabaja para una transnacional de venta de alimentos y tiene a toda su familia allá, a excepción de su hermano menor que sigue viviendo en Perú. Ahora que este está de visita en el país norteamericano –y que Castillo es virtual presidente– le ha pedido que se quede. “Le digo eso nada más por miedo. Yo sé que no nos van a hundir en un día, pero ¿donde has visto un país comunista racional?”, dice la mujer, que asegura haber conversado con cubanos y, en sus visitas a Perú, con venezolanos que le contaban “lo horrible que era vivir en comunismo”.

Pero en el país capitalista por excelencia, aunque en minoría, vive Tatiana Bejar (47), quien defendió los votos de Perú Libre en Nueva York. La socióloga sanmarquina se inscribió como personera del lápiz en un ambiente donde claramente no eran favoritos. El profesor apenas alcanzó el 18.9% de las preferencias en ese país.

“En mi mesa estuvieron muy parcializados con los fujimoristas. En el conteo, yo quise impugnar un voto que era un asterisco, pero no hubo acuerdo entre los miembros de mesa. Llamamos al representante del consulado. Su labor fue convencer a la presidenta de mesa que acepte el voto, a pesar que yo decía que era inválido, porque las instrucciones eran claras: aspa o cruz”, afirma.

Tatiana Bejar
Tatiana Bejar muestra orgullosa la credencial de personera que le permitió defender los votos de Perú Libre en Nueva York.

Bejar dice que tuvo “el privilegio de salir del país” gracias a dos de sus hermanos que ya vivían en Estados Unidos. En el Perú, no se sentía cómoda. “Quería vivir en una ciudad más abierta, cosmopolita. Me casé y me quedé aquí”, cuenta.

Hoy impulsa iniciativas de derechos humanos y organización ciudadana. Trabaja con inmigrantes que tienen subempleos, como las trabajadoras del hogar. “A nosotros nos interesa crear espacios para que ellos puedan eventualmente entrar en política y representar su sector”, apunta. Para ella la candidatura de Pedro Castillo representaba esa posibilidad.

La indignación también motivó su inscripción como personera del lápiz. “Veía en las redes memes racistas, anticomunistas y fascistas, ¿qué le pasa al Perú? Acá eso se veía [con Trump], pero fuera de las ciudades grandes. Verlo en Lima me parecía alucinante”, comenta. Una campaña de terror que, según ella, el fujimorismo impulsó con amenazas de deportación en el vecino estado de Nueva Jersey.

 

El voto europeo

El peruano Julio Alcántara (49) vive en la ciudad de Zurich, Suiza, hace 11 años. No tenía muchas razones para quedarse en el Perú. “Me casé con un suizo. Acá existe el matrimonio igualitario. Tú sabes que la situación de una persona LGTBIQ+ en el Perú no es como la de una persona heterosexual. Más que un futuro, uno debe buscar su tranquilidad”, cuenta este fotógrafo profesional, que vive con su pareja y su perro en el campo, rodeados de la naturaleza del lugar.

A pesar de que la agenda por los derechos LGTB no existía para Perú Libre, Alcántara votó en segunda vuelta por Pedro Castillo. “Siempre he votado más o menos así [por candidatos de izquierda]. En la elección anterior voté por Humala; ahora [en primera vuelta], por Verónika Mendoza”, explica.

Como su candidata quedó fuera de competencia, su decisión fue casi automática cuando se enteró por Twitter que Castillo, un desconocido para él, había pasado a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. “Era fácil. No podía votar por Fujimori, porque es una persona que tiene muchos cuestionamientos. Uno no puede confiarle su casa a alguien que sabes que ha robado, aún si es algo pequeño”, asegura. Incluso su esposo, Conrad, le decía que no le parecía justo que la hija de un dictador y con acusaciones a cuestas esté postulando a la presidencia.

Alcántara es parte del 31.8% de los peruanos en Suiza que votaron por el lápiz. En este país europeo, Fuerza Popular arrasó con el 68.2% de los votos. El fotógrafo cree que la decisión de sus compatriotas no fue necesariamente por las propuestas fujimoristas. “Tengo amigas que iban a votar por Fujimori porque decían que Castillo no sabía hablar. Y yo les decía que me parecía un poco absurdo”, comenta.

Cifras del voto extranjero
La participación de los peruanos en el extranjero en esta segunda vuelta en cifras.

La aparición de Pedro Castillo fue una sorpresa para todos los peruanos en el extranjero con los que Sudaca pudo conversar. Nina Arias (55), por ejemplo, que reside en Roma, dice que “ni siquiera había notado [a Castillo] cuando vio la cédula en primera vuelta”. Fue después, gracias a su padre y los chats familiares de WhatsApp, que conoció mejor al profesor. Para el 6 de junio ya no tenía dudas de su voto.

“Eso te viene automático. Yo prefiero escoger a una persona que no conozco antes que a una delincuente. Fue Pedro Castillo, pero en realidad pudo ser cualquier otro. Aunque si hubiera sido el pescadito [Frepap], ahí sí hubiese votado en blanco», bromea esta enfermera peruana.

Arias vive en la capital italiana desde 1993, un año después del autogolpe del gobierno fujimorista. No escapaba de ninguna crisis ni del régimen recién instaurado. Llegó, dice, para “trabajar sin hacer proyectos para el futuro”, cuando tenía 27. Fue cuando conoció a su actual esposo, un italiano de nombre Marco, que todo cambió. Casarse la motivó a estudiar enfermería y firmar una familia.

Arias y Alcántara le ponen rostro al sorpresivo a ese 43% de los electores que votó por Pedro Castillo en el continente europeo, aunque Keiko Fujimori se impuso con casi 57%.

Madrid, por ejemplo, fue un bastión importante para el fujimorismo, donde obtuvo más del 60% de votos. La abogada Alicia (52), que pide la reserva de su identidad, vive allá hace 22 años. Cuenta que terminó quedándose en esta ciudad luego de haber ido a visitar a unos amigos. Al poco tiempo vino la maestría y el matrimonio con un compatriota ancashino. “Mi caso fue algo excepcional, no tenía necesidad material de venir a España”, comenta.

Alicia votó en blanco en primera vuelta porque “no veía a nadie que en realidad estuviera a la altura de las circunstancias”. Pero el pasado 6 de junio eso cambió. Aunque no admite haber votado por Fujimori, dice que se vio en la “obligación de acudir a votar para conservar la democracia”.

 

Latinos, y el curioso caso chileno

A pesar de que en el 2011 la comunidad peruana en Chile votó mayoritariamente por Keiko Fujimori (74%) frente a Ollanta Humala (25%), en esta ocasión la extrema izquierda logró un sorprendente 43%.

La socióloga peruano-chilena Tamara Jerí (43), quien radica hace 37 años en Santiago, cree que el lápiz sacó más votos de los esperados porque los peruanos en Chile “han visto que los cambios más radicales no siempre están asociados a una pérdida total de la institucionalidad”.

A Jerí le tocó nacer en el Perú porque su familia, chilena, era de izquierda y tuvo que huir de la dictadura de Pinochet. Cuando cursaba la primaria, ya con el dictador derrocado, volvió a Chile. Pero hace tres años que tramitó su DNI durante una visita a nuestro país.

Esta segunda vuelta fue la primera vez que la socióloga acudió a las urnas. “Me pareció que, más allá de la viabilidad de su proyecto, Pedro Castillo sí propone algo que desean los peruanos. Voté por el proyecto de equidad, de mayor distribución de la riqueza y mayor participación, no por él ni el partido”, se justifica Jerí.

La socióloga confía en que Castillo podrá impulsar cambios significativos, aunque no cree que pase más de dos años en el poder. “No creo que vaya a durar en el gobierno. Le va a pasar como a todos los proyectos de izquierda peruana. El fujimorismo va a mover los hilos para boicotear la posibilidad de continuidad. No me extrañaría que sea vacado”, afirma.

Ese es el mismo temor de Reyna Torres (43), una peruana que vive en Buenos Aires, Argentina. «Lo que me a mí me da miedo es que algún día lo saquen a patadas. Soy consciente de que no está preparado», dice.

En el país gaucho se repitieron las cifras del 2011 y Keiko Fujimori se impuso con el 57% de las preferencias. Pero Torres, junto a su hija Rossmery, apostaron por su paisano, el profesor Pedro Castillo. Ella también es de Cajamarca.

Reyna Torres
Reyna Torres junto a su hija Rossmery en Buenos Aires.

La peruana migró hace cuatro años en busca de oportunidades. Hoy se dedica a limpiar oficinas y cuidar adultos mayores por horas, mientras su hija se forma en la Universidad de Buenos Aires (UBA). «Es casi lo mismo que hacía en Perú, pero la diferencia es que mi hija no hará lo mismo. Mi sueño es que sea una buena médica», afirma.

Torres nunca tuvo como opción al fujimorismo, por la actuación obstruccionista de su lideresa en estos últimos años. Tenía claro su voto por Perú Libre desde la primera vuelta, pero confiesa que no tenía mucha esperanza de que Castillo alcance la instancia final. Cuando vio que el profesor competiría con Fujimori por la presidencia no lo podía creer. El pasado 6 de junio ratificó su apoyo.

«Es una persona como yo, que viene de abajo. Mi familia es del campo, rondera. Mi hermano es el presidente provincial de las rondas campesinas de Cutervo ahora», cuenta. Y aunque cutervinos y chotanos no son conocidos por el cariño que se profesan, esas tonterías desaparecen cuando uno está fuera.

**Fotoportada e infografía por Leyla López

 

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Candidatos, Elecciones 2021

Estos son los llamados a asumir si el Congreso se trae abajo a Fujimori o Castillo

Por: 3.06.2021

La lección del último quinquenio fue clara: ningún presidente de la República puede sentirse fijo en su cargo. Censuras, vacancias y renuncias fueron parte del menú político de los últimos años. Como el escenario de inestabilidad no ha mejorado (sino, lo contrario), hay una alta probabilidad de que ello se repita. Y los llamados a cubrir el hueco serán –nuevamente– los vicepresidentes. Estos son los perfiles y las ‘credenciales democráticas’ de quienes podrían asumir la conducción del país.

 

 

Galarreta: a la cabeza del obstruccionismo

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, es –de todos los postulantes– el que más recorrido tiene en la política peruana. Su kilometraje incluye haber ocupado una curul de manera ininterrumpida desde el 2006 hasta el 2019, cuando el Congreso fue disuelto por Martín Vizcarra. Antes de eso, también fue regidor provincial de Lima.

En estas elecciones, Galarreta postuló al poco conocido Parlamento Andino y fue elegido como representante del fujimorismo. En declaraciones para América Noticias, a mediados de marzo, aseguró que su candidatura a ese órgano supranacional se dio por un pedido de su partido, y agregó que dentro del Congreso había cumplido con “lo que corresponde” y que para él “la política no es una aventura, es una carrera”.

Parte de esa ‘carrera en la que ya cumplió’ incluye haber sido la cabeza del Congreso obstruccionista, término que su propio partido hoy acepta. Galarreta presidió el Parlamento entre el 26 de julio del 2017 y la misma fecha del 2018, uno de los periodos más conflictivos de la relación Legislativo-Ejecutivo del último quinquenio. Durante su presidencia se le negó la confianza al expremier Fernando Zavala y pasaron las dos mociones de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Además, fue cuestionado por la compra de televisores, frigobares y flores meses antes del Mundial Rusia 2018. Cuando fue increpado por los medios, defendió las adquisiciones y aseguró que aprobarían “otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”, en alusión a la llamada ‘Ley Mulder’.

Un año antes, cuando era vocero de la bancada naranja, se hizo público el chat de Telegram “Mototaxi”, donde la agrupación liderada por Keiko Fujimori coordinaba sus movimientos legislativos. En medio del debate para censurar al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, Galarreta escribió: “Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente!”. La decisión de tumbarse a Saavedra ya estaba tomada.

 

 

Aunque el ex congresista parezca un fujimorista de larga data, lo cierto es que milita recién desde el 2018. Antes militó en el PPC y en Renovación Nacional. Hoy es secretario general del partido naranja y, como tal, está involucrado de lleno en la campaña. Esto incluye ser consejero de la nueva bancada electa, la que tendrá la labor de limpiar la cara del fujimorismo en el Legislativo.

De darse el caso que Fujimori gane las elecciones y luego deba dejar Palacio, ponerse la banda presidencial será un déjà vu para Galarreta. En marzo del 2018, como presidente del Congreso, la vistió brevemente tras la renuncia de PPK y antes de la toma de mando de Martín Vizcarra.

A pesar de ser un acto simbólico –y durar unas cuantas horas– Galarreta no desaprovechó la oportunidad de posar campante con la banda presidencial. Junto a sus colegas de bancada improvisaron una sesión fotográfica mientras esperaban a Vizcarra. La sonrisa entonces no cabía en su rostro. ¿Tendrá la oportunidad de revivir ese momento en el futuro?

GalarretaBandaPresidencial
Galarreta cuando tuvo la fortuna de utilizar la banda presidencial brevemente. A su lado Luz Salgado, colega fujimorista.

 

Juárez: del amarillo al naranja

La plancha presidencial del fujimorismo la completa, en la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez. Aunque sus posibilidades de asumir son pequeñas, ‘Patty’ ya ganó en estas elecciones: será congresista fujimorista por Lima, cargo que había intentado alcanzar en el 2011 con Solidaridad Nacional.

Precisamente, su pasado político es totalmente amarillo. Juárez fue regidora provincial y teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre los años 2014 y 2018. Como tal, fue una férrea defensora de la gestión de Castañeda Lossio hasta que el sol del partido se apagó.

El ex burgomaestre es hoy investigado por el Equipo Especial Lava Jato y la acusación salpicó a ‘Patty’. Ambos son acusados de haber favorecido a la constructora brasileña OAS con la entrega de peajes, presuntamente a cambio de un aporte de US$480 mil para la campaña municipal del 2014, donde Juárez fue electa regidora.

La ex funcionaria edil enfrenta un glosario de delitos: concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. El caso recién está empezando, según reveló el portal Convoca.

Con esa mochila infame la hoy candidata a la vicepresidencia abandonó a Castañeda en el 2018, y renunció a su partido. Divagó brevemente, pero al año siguiente se reubicó como secretaria general del último bastión solidario: Miraflores. Luego llegó Patricia Juárez a Fuerza Popular, otro partido que también tiene problemas con las palabras “Lava Jato”. Intercambiando el amarillo por el naranja, la ex teniente alcaldesa aceptó la invitación de Keiko Fujimori a finales del año pasado.

 

Boluarte: las denuncias por maltrato

En las últimas semanas apareció en televisión una representante de Perú Libre que, hasta ese momento, había pasado desapercibida para la mayoría de la prensa. Su nombre era Dina Boluarte y, con mayor solvencia que el propio Castillo, defendió a su partido ante las cámaras. Esta vocera inesperada también es la candidata a la primera vicepresidencia del lápiz.

La única experiencia en el sector público que lista en su hoja de vida es la de jefa de la oficina de Reniec en Surco desde el año 2007, al que hoy ha pedido licencia sin goce de haberes. Tras su crecimiento como figura mediática y vocera de su partido, un sector de la prensa empezó a escudriñar su gestión en esa entidad registral. Encontró unas cuantas cosas.

Boluarte tiene, según Canal N, tres denuncias policiales entre los años 2011 y 2020. Dos de ellas ocurrieron alrededor de su local laboral, la Reniec.

La primera fue en mayo del 2015. Paula Parina denunció a Boluarte por lesiones ante la Policía. «La denunciante trabaja como lava carros en el lugar de los hechos y a eso de las 4 p. m. se presentó Boluarte, la misma que agredió físicamente a la denunciante, debido a que su espacio de estacionamiento estaba siendo ocupado por otro vehículo», describe el parte policial.

El otro incidente en la Reniec de Surco es más reciente. En febrero del 2020 la activista transexual Marina Kapoor la denunció por maltrato. Luego de esperar varias horas para que la atiendan en la oficina que dirigía Boluarte, Kapoor pidió el libro de reclamaciones. Esto, según su versión, hizo estallar a la hoy candidata a la vicepresidencia de Perú Libre.

“Escuchó ‘libro de reclamaciones’ y la señora es la que más bien se exaltó. Salió de su oficina y comenzó a decir al vigilante ¿quién ha dejado entrar a este señor aquí, cuando se dio cuenta de que era una mujer transexual”, explicó la denunciante a Canal N.

Frente a ambas revelaciones Boluarte respondió, nuevamente, en una pantalla televisiva. Y a nivel internacional. Frente a la pregunta de Fernando del Rincón sobre estas denuncias en CNN la candidata aseguró que “sus manos están bien limpias”, que no tiene “ni un acto de corrupción” y se quejó porque no “dicen nada del otro lado” en referencia al fujimorismo.

 

 

La funcionaria registral está ligada a Perú Libre hace años, aunque milita solo desde finales del año pasado. Su cercanía incluye dos postulaciones previas. La primera fue a la alcaldía de Surquillo en el 2018 –cuando el partido aún se llamaba Perú Libertario– y la segunda al Congreso en el 2020. En ambas oportunidades fracasó.

También intentó postular este año al Parlamento, pero fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque la personera legal del lápiz presentó documentación de subsanación sobre su candidatura fuera de plazo. ¿Cambiará su suerte si sale ganador Castillo?

 

El excluido

La fórmula presidencial de Perú Libre solo tiene a Boluarte como candidata a la primera vicepresidencia. La razón: el otro vicepresidente fue excluido por tener una sentencia firme de corrupción.

Se trata de Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general del partido. Cerrón también es autor del ideario que fue presentado como plan de gobierno en primera instancia al JNE. Este documento fue actualizado después porque, entre otros graves problemas, no tenía ninguna mención relevante sobre la pandemia.

A pesar de no ser el candidato presidencial, Cerrón ha tenido un rol protagónico en esta campaña. Como ideólogo del lápiz, ha hecho trabajo político en redes sociales, aunque no siempre parece hacerlo a favor de Castillo.

Su simple presencia política ya es cuestionable. El llamado “médico del pueblo” fue gobernador de Junín en dos periodos entre el 2011 y 2019. Su segunda gestión terminó abruptamente cuando fue sentenciado por el delito de negociación incompatible.

La justicia determinó que Cerrón, junto a otros miembros de su gobierno regional, favorecieron al Consorcio Altiplano mediante el pago de S/850 mil por “gastos adicionales” en la ejecución de un proyecto de saneamiento en La Oroya en 2011, durante su primer gobierno regional. Por este delito Cerrón tendrá que cumplir cuatro años de prisión suspendida y está inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. La decisión fue ratificada a mediados de abril.

Tanto Castillo como otros representantes de Perú Libre se han cansado de decir que Cerrón no fue sentenciado por corrupción, sino “por la corrupción”. Un juego de palabras que lo victimiza e ignora las pruebas en su contra.

Incapaz de volver a postular a la presidencia –lo hizo en el 2016 cuando su partido aún se llamaba Perú Libertario– quiso pasar “escondido” dentro de la plancha presidencial del lápiz, pero el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente su candidatura.

CerrónBandaPresidencial
Vladimir Cerrón con su banda presidencial durante su gobierno regional en Junín.

Como Galarreta, el fundador de Perú Libre ya sabe lo que es usar la banda presidencial. Al menos una imitación. Durante su gobierno regional Cerrón se lucía en eventos públicos portando una muy parecida a la original, pese a que ese no era el protocolo. Mientras dure su sentencia se quedará con las ganas de tentar la verdadera.

 

**Fotoportada: Leyla López (Fuente: Andina)

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