La trama de sobornos ha causado indignación en la región donde se ha hecho fuerte el partido del lápiz.Llaman la atención la urgencia, el riesgo y la inversión comprometidos en el caso de un gobernador regional al que, a fin de cuentas, le quedarían pocos meses (ya estamos ad portas de las elecciones), pero al parecer lo que está en juego es mucho. “Como ya ven que a nivel de Junín se acaba su mandato y no van a ganar, porque se ha denigrado mucho por el tema nacional, quieren aferrarse al poder. Hay muchos temas de obras, licitaciones en los próximos meses…”, comenta José Miguel Álvarez, correligionario de Villazana y miembro del consejo regional.
Desde que subió Mercado, dice Álvarez, se cambiaron a seis gerentes del gobierno regional. Uno de ellos fue precisamente Portocarrero Almonacid, afiliado a Perú Libre.
“Hay una pugna entre ellos. Y en esa pugna, la misma gente del señor Orihuela lo ha traicionado”, cuenta Villazana. Y agrega: “El señor Mercado es cerronista hasta los huesos, recibe órdenes de Vladimir Cerrón”.
Según fuentes de Sudaca, Orihuela no tiene una buena relación con el mandamás de Perú Libre. Este medio contó a inicios de año que el entonces ministro de Salud, Hernán Condori, había sido sacado del gobierno regional justamente por Orihuela, pues consideraba que el médico promotor del agua arracimada era un incondicional de Cerrón.
Entre la militancia de Perú Libre no reconocen las pugnas, pero sí que Orihuela no los representaba. “Está pasando lo que pasa a nivel nacional. Cuando se fue Cerrón, Orihuela no ha cumplido con el ideario del partido”, dice Eduardo Gutarra, un afiliado del lápiz. Agrega que en este lío de sobornos no se debe meter a toda la tienda política en el mismo saco. “Son personas que han actuado individualmente”, reclama.
Las pugnas en la cuna de Perú Libre han provocado que el Comité Regional del partido emita un comunicado “rechazando las acciones desafortunadas que vienen suscitándose” y “exhortando disciplina” a todos los funcionarios que sean militantes. Lo cierto es que la bronca y las coimas hoy son moneda corriente en el partido de gobierno.
Doctor, usted ha dicho que evalúa querellar a Mariano González, ¿ya lo hizo?
Estoy reconsiderándolo porque reconozco en el señor González un cambio de actitud. Ahora estoy viendo un viral de Tik Tok donde el señor González, un día antes decía que el presidente estaba metido en actos de corrupción, pero luego, cuando Jaime Chincha le pregunta, el señor dice que “las autoridades lo dirán”. Yo con una disculpa al presidente me satisfago; y el presidente estoy seguro que también.
Ha explicado usted, y no el presidente, como hubiese correspondido, que la supuesta razón por la que se sacó a Mariano González fue que no presentó el plan de seguridad ciudadana. Se dará cuenta de que, para un gobierno que no parece tener ningún plan, ese argumento es poco creíble, ¿no?
Pero son las razones del Ejecutivo. Se sumaron varias cosas: el señor González, como dice el premier, asiste a dos sesiones, a una no se queda por completo; luego, no atendió las llamadas del ministro de Defensa; no entrega el plan de seguridad conforme correspondía… Entonces, si no lo hace, si no coordina, si no informa al presidente… ha realizado todos los comportamientos necesarios para que se le retire la confianza.
Se ha convertido usted en el vocero del gobierno, doctor Espinoza. Tener que explicar usted y no el presidente la salida del ministro casi que lo convierte en un asesor político. ¿Le da consejos políticos a Castillo?
Mis consejos siempre han sido jurídicos, pero no puedo negar que, en algunos aspectos, puedo dar mi comentario de cómo debe conducirse el mandatario. En algunos casos le suministro algunas ideas, él las compartirá o no, pero es importante saber que el país tiene un presidente que escucha, que es tolerante, que no está ensimismado con el poder. Yo he conversado con expresidentes en los que veía la soberbia reflejada en sus rostros.
No tendrá soberbia, pero tendrá temor: de los prófugos, de las investigaciones.
No creo que tenga temor, no he visto eso en las reuniones. Creo que se preocupa, como cualquier persona a la que se le abre una investigación, sobre todo cuando la Constitución no lo permite y ve que con expresidentes no se ha hecho lo mismo.
Doctor, ¿le ha contado el presidente cómo hizo para rodearse de tanto personaje lumpen: Zamir Villaverde, Karelim López, Bruno Pacheco?
Mira, lo que te puedo decir es que ni el señor Zamir Villaverde ni Karelim López han sido nunca de su entorno de confianza. La confianza la han tenido con otras personas. Son un par de delincuentes que querían aprovecharse del Estado y ahora cierta prensa los lleva a un santoral porque les conviene para alimentar un discurso contra el presidente. Y sobre el señor Pacheco… creo que hay personas que pueden traicionar la confianza del presidente.
¿Lo cree entonces una persona cándida, doctor?, ¿se le escapa de las manos el accionar de la gente que él mismo pone a su lado?
Creo que es una persona que confía y, como pasa en las relaciones humanas, las confianzas se traicionan.
En medio de sus condenas, Miyashiro padre añadió un lío más. En diciembre de 2020, el empresario Henrry Pino Matos lo denunció por querer desalojarlo de un inmueble ubicado en la avenida Pedro Venturo, en Surco. Pino contó a la Policía que ese día llegaron dos camionetas con una decena de hombres a bordo, quienes empezaron a llevarse todo cuanto había en la casa. Miyashiro –se lee en el acta policial– estaba presente y decía ser el legítimo propietario.
El empresario contó que usaba parte del predio como depósito de su compañía desde el 2009, que lo arrendaba a una mujer que llevaba muchos años asentada allí y que los legítimos propietarios nunca se habían aparecido en el lugar. El exalcalde de Chorrillos tampoco. Sudaca pudo comprobar en los registros públicos que Miyashiro compró el inmueble recién en 2010. Sin embargo, para el 2019, un año antes del desalojo, pesaba un embargo sobre el predio a raíz de la condena contra el exalcalde.
Además, según la denuncia, si bien Miyashiro llegó a un acuerdo extrajudicial con la mujer que vivía allí, nunca hizo lo propio con Pino, quien había invertido dinero para levantar algunas paredes y otros arreglos. Lo cierto es que este caso fue archivado hace poco en el Ministerio Público. El empresario desistió de apelar, pero sigue ocupando el predio hasta que consigan una orden judicial en su contra, algo que no ha pasado hasta el momento.
Los seguidores del patriarca chorrillano parecen haber heredado sus actitudes. El periodista Jeancarlos Durán Ramos, de la página de Facebook ‘Yo soy chorrillano’ denunció a fines de mayo haber sido atacado por simpatizantes de Podemos Perú durante un evento de campaña. Sus equipos quedaron destruidos; él recibió “patadas, puñetes y arañones”. Y aunque identificó al directo agresor, incluyó en su denuncia policial a Miyashiro.
El periodista que sufrió agresiones de los simpatizantes de Miyashiro. También incluyó al exalcalde en su denuncia policial. Foto: Prensa Chorrillos.
Durán se había acercado al lugar alertado de un enfrentamiento entre los simpatizantes de Podemos Perú y sus opositores. Entre estos últimos estaba la madre de un niño fallecido en 2018 en el Parque Quiñones de Chorrillos, cuando un arco de fútbol se desplomó sobre él. La familia del menor denunció en su momento a Miyashiro como responsable de esta muerte, debido a la falta de mantenimiento que ya había sido alertada por los vecinos.
Hace algunos años, fiel a su estilo, el burgomaestre esquivó las críticas señalando: “Tenemos que darle gracias a la municipalidad de Chorrillos que con mi gobierno hemos podido hacer tantas pistas, estadios, obras”. Miyashiro fue absuelto por este hecho en abril de este año. Intentamos comunicarnos con el candidato a su número registrado en Páginas Blancas, pero nadie atendió nuestras llamadas.
La campaña empezó a calentarse también en las oficinas del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste. A inicios de junio, el abogado Mickael Escudero advirtió a esta entidad que Augusto Miyashiro pretendía inscribir su candidatura, a pesar de contar con una sentencia por corrupción, algo impedido por el artículo 34 de la Constitución. El órgano electoral hizo oídos sordos y, pese a las advertencias, inscribió al candidato a fines de ese mes.
Entonces, el Jurado Electoral Especial le dijo al abogado que el camino que correspondía era la tacha. “¿Por qué tenía que esperar que esté inscrito para accionar contra él, si el Jurado puede hacerlo desde antes que se inscriba? Esto es escandaloso”, apunta indignado.
Escudero es simpatizante del candidato rival de APP, pero, ante la desidia de los otros competidores, fue el único que se animó a iniciar este proceso. El Jurado Electoral le terminó dando la razón el pasado 5 de julio. El abogado denuncia, sin embargo, que Miyashiro está en carrera. “Lo que quiere es confundir a la gente diciendo que le van a dar la razón”, señala a Sudaca.
En efecto, el personero legal de Podemos Perú apeló el pasado 8 de julio la decisión. El pleno del jurado tiene la última palabra. “¿Qué fundamento va a presentar? Va a ser la vergüenza de su vida para el abogado que sustente eso. Y en caso el Jurado le dé la razón, y se vaya en contra de lo que dice la Constitución, estarían cometiendo delito de prevaricato”, asegura Escudero. El tiempo asedia a menos de tres meses de las elecciones.
La apelación del pasado 8 de julio puesta por el personero legal de Podemos Perú. El JNE debería ratificar la tacha.
Nos comunicamos con su área de prensa para conocer qué medidas se habían tomado, pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
La lista de liberados entregada por el INPE en marzo pasado.
EL PROBLEMA: NO HAY PLATA
Cuando un preso quiere pasar sus últimos años de condena en libertad es un juzgado el que le otorga o no dicho beneficio. Luego, son los reos los que tienen que rendir cuentas a la Dirección de Medio Libre: mensualmente, un sentenciado asiste al centro de esta dirección más cercano a su domicilio, firma un registro y pasa por un psicólogo y una asistencia social para su evaluación. También tiene que asistir a distintos talleres grupales organizados por el INPE. Eventualmente, los funcionarios penitenciarios visitan su domicilio para asegurarse de que cumplan con no salir de la ciudad.
La ley señala, sin embargo, que el INPE no es el único que debería hacer el seguimiento. También es función del Ministerio Público. El problema es que la norma no especifica cómo. La consecuencia de esta falta de control sería la revocatoria de la libertad para los condenados.
Los ejemplos que hemos visto sugieren un grave problema de cara a la resocialización. ¿Son suficientes nuestras políticas penitenciarias nacionales?, ¿está preparado el INPE para asumir el reto?
Para Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, el problema para la resocialización fuera de la cárcel es que no es la prioridad. La principal preocupación de las autoridades que manejan el sistema penitenciario es el hacinamiento. “Cuando vas al MEF y dices que necesitas más personal y aumentarles el sueldo, te dicen que no hay dinero. Entonces, todo el presupuesto se va tratando de controlar el hacinamiento y la dirección de Medios Libres recibe una mínima partida. El problema del hacinamiento es tan grande y de tantas décadas que no les permite ir abordando lo otro”, apunta.
Andía, que ha trabajo en el Ministerio de Justicia desde el 2013 hasta hace solo unos meses, dice que hay pocas oficinas de Medio Libre. “Son oficinas con poco personal, con instalaciones precarias y ya sabemos cuáles son los sueldos también. No estoy queriendo justificar, pero es un problema estructural”, comenta.
Por su lado, César Orozco, expresidente del sindicato del INPE, coincide en que la falta de recursos es un factor importante. “Una persona que accede al beneficio dice a Medio Libre: ‘voy a ir a trabajar con la persona tal, a estudiar tal’. Pero, a la larga, escapa a ese control y, al final, o lo vemos delinquiendo o justificando el control con algunos documentos que solo son para seguir con el beneficio. Hay un trabajo de supervisión que falla porque depende de los recursos”, dice.
Para Orozco hay un abuso del beneficio penitenciario en favor de los reos que pisan por primera vez una prisión. “Yo creo que debería ser al revés, que la ejecución penal debería ser más dura con los nuevos”. Andía, sin embargo, señala que la situación podría ser resuelta, en cierta medida, con la reincorporación de juzgados de ejecución penal.
“Los juzgados de ejecución penal existen en casi todos los sistemas penales de Europa y Latinoamérica y su función no es otra que hacer que la sentencia se cumpla de manera cabal. Eso estaba entre las recomendaciones de la reforma de justicia”, apunta el abogado. Una reforma que avanza a paso de tortuga en el país.
Omar Méndez Irigoyen, jefe del INPE, debe enmendar esta situación.
Ahora, el Ministerio Público ha iniciado una investigación. ¿Van a acatar lo que decida la justicia?
Las rondas campesinas somos una organización constitucional, podemos ejercer funciones jurisdiccionales dentro de nuestro ámbito territorial. Nosotros tenemos el aval de denunciar, de investigar y de sentenciar. Eso lo dice la ley de rondas en su artículo 149 y estamos amparados por la Organización Internacional del Trabajo. Lo que pasa es que a nivel nacional no hay un entendimiento de parte del Ministerio Público, piensan los fiscales que solamente son ellos los llamados a administrar justicia.
Si hablamos de marco normativo también está el acuerdo plenario del 2009, donde se señala que las rondas están sujetas a la justicia ordinaria cuando hay la presunta comisión de un delito.
La justicia estatal no entiende a las rondas campesinas, por eso terminan denunciándonos, criminalizándonos. Cuando estaba en la dirigencia provincial, he terminado con 70 procesos del Ministerio Público. Una vez que nos denuncian, tenemos que responder. Pero cuando un rondero no comete delitos y no hay errores, ellos terminan dándonos la razón o archivando el proceso. La típica de las autoridades es denunciarnos por secuestro, por coacción, por tortura, delitos que no hemos hecho. Nosotros lo demostramos y aclaramos que las rondas son una organización legal, formal, avalada para administrar justicia. Que podemos cometer errores, sí, no somos perfectos. Similar a los que cometen el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En Cajamarca, en diciembre del 2020, condenaron a 20 años a unos ronderos porque tuvieron 17 días privado de su libertad a un sujeto al que acusaban por estafa. Es decir, ya tienen condenadas en contra.
Ellos jamás han cometido secuestro, solo fueron parte de la investigación de un estafador, que se dedicaba a la venta de combis y estafaba a la gente. Las rondas en una oportunidad lo intervienen, lo llevan a una asamblea comunal y el individuo reconoce y hace la devolución. Pero luego de unos días, con algunos malos abogados, algunos malos fiscales y jueces, los terminan condenando. En la segunda instancia, sin embargo, les han dado la razón a las rondas campesinas. Ahora están trabajando con nosotros.
Panamericana también informó el 2019 sobre el asesinato a un presunto delincuente de parte de los ronderos.
Yo desconozco ese caso. Hay que sacar toda esa información, ver si es real o no, pero no conozco yo que líderes de las comunidades campesinas hayan tenido que desaparecer a sujetos. Eso lo desconocemos acá en Cajamarca.
Hay medios que han calificado a los ronderos de Chota como “allegados a Pedro Castillo”. ¿Qué responde?
Las rondas campesinas somos autónomas, independientes, democráticas. Nunca hemos pertenecido a ningún gobierno de turno, menos a algún partido político. Siempre hemos deslindado de la mafia, la corrupción, venga de donde venga. Si el presidente está involucrado en cosas negativas, que se le juzgue. Pero que se les mida con la misma vara a todos.
¿Y qué piensa entonces de la actual gestión de Castillo?
Vemos que el Congreso, por su lado, y el Ejecutivo, por el otro, quieren encaminar su propio rumbo. La bronca es entre ambos poderes. Ahora, las autoridades no están haciendo nada, por lo cual no nos parcializamos con nadie. No se está cumpliendo lo que Castillo dijo en campaña: cambios reales, la transformación de la patria, la segunda reforma agraria. Se habló de la nueva Constitución, pero ha quedado en el discurso. Entonces, no nos convence nada. Parece que esto va a terminar siendo un gobierno continuista, defendiendo a los grandes y olvidándose de los pobres.
Pero si Mi bebito fiu fiu es efectivamente una parodia, ¿por qué se la bajaron de Spotify? Erick Iriarte explica que las plataformas digitales pagan por derechos de autor, monitorean permanentemente los contenidos que se publican en ellas y ‘dan de baja’ los contenidos que pueden atentar contra los derechos patrimoniales, incluso antes de que presente un reclamo concreto. Esta es una forma de ‘curarse en salud’ ante posibles demandas posteriores, en el marco de un protocolo que en Estados Unidos se conoce como ‘notice and take down’ (que se podría traducir como ‘dar aviso y dar de baja’).
En estos casos suele aplicarse la normativa estadounidense debido a que muchas de estas plataformas digitales están asentadas en ese país y se someten a su legislación.
“Ante el reclamo de un usuario, la plataforma [YouTube, por ejemplo] tiene que retirar el contenido si no quiere caer en responsabilidad, entonces tiene todos los incentivos para actuar rápido”, complementa Óscar Montezuma. “Pero, justamente como actúa rápido, el análisis no puede ser tan exhaustivo, como para determinar que un contenido es parodia, y se dan estos problemas”.
El caso es que, en el Perú, no existe una figura similar al ‘fair use’, a la que se puede apelar en el sistema de ‘copyright’ estadounidense y de otros países anglosajones. “En los sistemas de derechos de autor europeos continentales y latinoamericanos –explica Montezuma–, lo que tienes es una regla que dice ‘nadie puede tocar, a menos que pidas permiso’ y un ‘set’ de excepciones que son muy literales, taxativas, es decir, tienen que cumplirse al pie de la letra. Así funciona nuestro sistema. En los sistemas anglosajones existe esta figura [el ‘fair use’], que en buena cuenta es una suerte de defensa judicial, porque se activa cuando alguien te denuncia, cuando alguien argumenta que se está cometiendo un plagio o un uso no autorizado. En ese momento puedes activar esa defensa y decir: ‘yo no cometí una infracción, lo que yo hice fue una utilización razonable, sobre la base de cuatro criterios, que analizará el juez’. Esto le da a los jueces libertad de interpretación”.
Sudaca se contactó con el área de comunicaciones del Indecopi para solicitar una opinión especializada sobre este tema del organismo estatal encargado de velar por la protección de los derechos de autor en el Perú. Sin embargo, al cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Por lo pronto, da la impresión de que el insospechado hit de Tito Silva será, a fin de cuentas, un éxito compartido. A tenor de lo que dice la norma, los otros padres y madres de Mi bebito fiu fiu –incluida Zully Pinchi– tienen derecho a una compensación económica, incluso en el hipotético caso de que Silva no genere ingresos por su adaptación. Es un bebito con varios progenitores, y llegó con más que un pan bajo el brazo.
Pablo Ramos nos envía una serie de informes de la Contraloría General de la República que también avalan la deuda generada por Elmar Franco. En uno de estos, de agosto del año pasado, el órgano de control advertía que la universidad había requerido servicios sin la documentación requerida, “generando desorden administrativo y compromisos para la ejecución de obras sin contratos”.
El último de los informes es de mayo de este año y le atribuye a Elmar Franco haber “gestionado e impulsado” la prestación de servicios de tres empresas “evadiendo la aplicación de las normas de contratación del Estado”. “Yo tengo todos los dosieres de calidad [documentos que certifican la calidad del servicio], registros fotográficos, las actas de entrega, la conformidad del decano. Los trabajos se hicieron, pero me faltaba el documento principal: el contrato”, dice, por ejemplo, César Sánchez, gerente general de César y Francisco Contratistas (Ceyfra).
Su empresa exige a la universidad que le pague S/480,857.08 por la instalación de un sistema de tuberías para las plantas de seis hospitales. Los trabajos, asegura, culminaron a mediados del año pasado. Incluso, los médicos de dichos hospitales firmaron actas de recepción de los trabajos. “Nosotros estamos preocupados. Yo ya he tenido que honrar mis deudas con nuestros proveedores y he pedido préstamos al banco para eso”, asegura Sánchez.
La Contraloría señaló en mayo que Ceyfra contaba con actas de entrega de obras en Puno, La Libertad y Áncash suscritas por representantes de los hospitales.
Otra de las afectadas es Gomsay SAC, que construyó tres módulos donde iban a funcionar las plantas de oxígeno, en hospitales de Chincha, Puno y San Martín. Por el trabajo reclaman S/1’125,000. En la empresa aseguran que confiaron en la palabra de Elmar Franco, quien expidió a favor de esta compañía una constancia de que venían trabajando en el proyecto ‘Oxigena 47’. Las obras las entregaron en marzo del año pasado.
“Primero quedamos con el decano [Franco] en que nos iban a pagar a la mitad de la obra. Como no lo hicieron, yo paré. Pero nos pidieron que apoyemos, que la gente se estaba muriendo, así que terminamos la planta de Chincha. Pedí que me paguen, pero sacaron otro argumento: que había que entregar cinco plantas antes. Entonces nos fuimos a Ayaviri (Puno), luego a Lamas (San Martín). Cuando retorné a Lima, empezaron los problemas con todos los proveedores”, dice el gerente de esta constructora, Lizandro Sayas.
“Lo que yo entiendo es que no es responsabilidad de las empresas. Fueron ellos [la UNI] los que hicieron una gestión nefasta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me siento estafado por mi propia casa de estudios”, añade Sayas, exalumno de esta universidad.
A esta firma se suman las empresas Gringe, Hitex y Vadomo. Esta última reclama una deuda de S/460,000 a la UNI por la elaboración de 26 expedientes técnicos. “Mi representada cumplió al 100% con la entrega, servicio que fue recepcionado por los profesionales del proyecto a entera satisfacción, brindándonos la conformidad total de los servicios (…) sin embargo, no tenemos respuesta de la formalidad de nuestros pagos”, se lee en una carta enviada por el consorcio a la universidad.
Izquierda: parte del informe de Coramsa que muestra la obra que entregó en Cajamarca. Derecha: el trabajo realizado por Gomsay en Chincha.
LA POSICIÓN DEL RECTORADO
En noviembre del 2021, Vadomo envió a la UNI una invitación a conciliar. El área legal de esta casa de estudios, sin embargo, se negó. Esta oficina señaló que las actas de recepción de las obras habían sido firmadas por personas diferentes al decano de la facultad y que no había “el soporte legal necesario para efectuar el pago, dado que no se observa documentación alguna que cumpla con los estándares de la ley de contrataciones del Estado”.
“El rector solo puede firmar cuando tiene el visto bueno del área legal y del área logística”, dice el rector de la UNI, Alfonso López Chau, quien heredó este problema cuando asumió el cargo en diciembre pasado. El economista señala que lo primero que deben hacer las proveedoras es hablar con la persona que las contrató (Elmar Franco) y este debe, a la vez, darle explicaciones del aval con que lo hizo. Hasta el momento, dice, eso no ha ocurrido.
López Chau también muestra una resolución rectoral que explica los requisitos para que un proveedor pueda exigir una deuda generada en años anteriores por la universidad, entre estos la orden de servicio que nunca les llegó a varios proveedores. Hasta el momento, no hay ninguna empresa que haya prestado servicios a la facultad de Ingeniería Mecánica que se haya sometido a este procedimiento, dicen desde el rectorado. “Seguramente porque incumplen los requisitos”, aseguran.
Las compañías, sin embargo, tienen pruebas de que, efectivamente, se brindó un servicio. Los empresarios entrevistados por Sudaca reiteran que actuaron de buena fe. “Yo dudo de ese argumento. Si ellos conocen las normas legales, nunca debieron hacerlo [el servicio]”, responde López Chau.
Actualmente, hay una comisión de investigación en marcha contra la gestión desastrosa de Elmar Franco a cargo del proyecto ‘Oxigena 47’. Sus conclusiones deben conocerse en siete días y lo más seguro es que las deudas asumidas por este serán parte de su historial de negligencias. Sudaca lo contactó para obtener sus descargos, pero prefirió el silencio. A la fecha sigue haciendo de las suyas al frente de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI.
Alfonso López Chau, rector de la UNI desde diciembre del 2021. Se apega al reglamento de su institución y no cree en la “buena fe” de las empresas.
El 20 de mayo del 2021, sin embargo, la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi rechazó este argumento. “En el contrato de 1997, las partes señalan que el mismo sería de coproducción, por lo que los derechos patrimoniales sobre la obra corresponderían en partes iguales a ambos (…) La denunciante [la asociación Pataclaun] se encuentra legitimada para presentar la presente denuncia”, dice la resolución que declaró fundada la demanda contra Telefónica, Media Networks y Canal 2, a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad.
Sin embargo, esta comisión del Indecopi desestimó las pretensiones económicas de la asociación cultural. El Indecopi se negó a calcular el monto de la compensación de acuerdo con el contrato firmado en 1997, pues este fijaba un valor por la producción de la obra y no por las licencias posteriores que pudieran afectar el producto.
Luego de las apelaciones de ambos lados, el último 6 de junio, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual fijó el pago a favor de Pataclaun apenas en US$27,500. Un monto que debe haber dado risa a las tres grandes empresas de comunicación involucradas, porque la sacaron barata. El monto corresponde al primer año del contrato que se pagó a favor de Latina, lo único que se había cancelado antes de que la serie fuera retirada del streaming. El Indecopi tampoco impuso una multa a las involucradas, pero sí dispuso que Latina cubra los gastos derivados del proceso.
La resolución de abril de este año, luego confirmada en junio, que le dio la razón a Pataclaun. Telefónica, Media Networks y Latina la sacaron barata
Sudaca se comunicó con July Naters para recoger su versión sobre el desenlace de este contencioso, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta. De seguir en desacuerdo con el monto que el Indecopi les reconoció, la asociación que dirige la productora puede acudir al fuero judicial.
Pataclaun no solo ha sufrido este intento descarado de desconocer a sus autores, sino también la falta de pago a los actores que protagonizaron la serie. Por las retransmisiones que hacía Latina estos debían percibir regalías. Desde Inter Artis, la asociación encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de artistas e intérpretes, informan que ya han llegado a un acuerdo con la empresa para que asuma sus responsabilidades. Este medio se comunicó con el área legal de Latina, pero no atendieron nuestras consultas.
“Hay una cultura de desconocer la propiedad intelectual ajena. Nosotros tenemos una serie de mecanismos para convencernos de que, cuando el producto es un intangible, robar no está mal. Pero la persona que ha producido el contenido tiene derecho a ser compensado por el tiempo que ha invertido en eso, porque, si no, no existiría. Ese es un problema a nivel país”, reflexiona Carlos Zúñiga. A final de cuentas, este caso, que involucra a una de las series cómicas más recordadas de la televisión peruana, se saldó con una compensación ridícula.
