Eso es lo que actualmente vemos y eso lo que, desde una mirada sensata, se debe cambiar. Cambiar para invitar a construir diálogo y entendimiento con la inmensa mayoría del país que ha logrado – a lo largo de décadas- poseer una propiedad, educar a sus hijos y generar ingresos a través de la creación de riqueza. El cambio pasa por reformar el país y no para llevar al abismo lo construido sensatamente por décadas.
El buen manejo de la gobernabilidad en el país necesita de tener un buen manejo democrático con las bancadas en el legislativo para frenar intentos de crisis, dado que -por nuestra naturaleza humana que tiende, por un lado, a transgredir la legalidad- se puede llegar a tener actos de corrupción que agravien la imagen gubernamental. Es allí donde podemos apreciar que, por ejemplo, en el país no ha tenido -a lo largo de los veinte años que tenemos de democracia- una maduración política en el arte de la negociación y convocatoria hacia ciertos sectores opositores, salvo el gobierno de Alan García que tuvo un buen manejo con el legislativo para llevar adelante reformas importantes en educación y economía.
Es en este punto que es necesario poner atención para poder entender que necesitamos afirmar estrategias de concertación o negociación que permitan una mínima gobernabilidad. Por otro lado, es necesario también advertir que los juicios políticos o vacancias presidenciales no son síntomas de inestabilidad que degenere el régimen. Para nada. A pesar de los embrollos que pueda generar, se puede encontrar salidas a ello, como sucedió en Paraguay y Brasil después de los juicios políticos a sus presidentes.
De la informalidad también se puede apreciar su estrecha vinculación con la capacidad de aprender a sobrevivir económica y socialmente, el cual les afecta cuando el Estado -a nivel regional- no les brinda las condiciones y servicios que requieren la ciudadanía para el ejercicio de su individualidad, expresada en el negocio y la casa propia.
Ya es hora de pasar de administrar un problema permanente en el tiempo a una reforma sobre el tema.
Utilizo para mi columna de hoy el concepto utilizado por Pierre Rosanvallon para caracterizar lo que actualmente pasa por los regímenes políticos occidentales. El historiador señala que actualmente -en las democracias liberales- vivimos un tipo de accionar ciudadano y político que impacta de manera negativa en el régimen, desgastándolo y vaciándolo del contenido representativo.
Esas acciones pasan por judicializar, vetar e imputar cualquier tipo de política gubernamental, discurso y proyecto político. No es negativo ello, pero el punto de inflexión está en tener en cuenta que dichas características quedan en el aspecto reactivo. Ante tal contexto, cuando la opinión pública exige cambios importantes, la acción propositiva queda en el vacío. No hay eco que sea recogido por cualquier iniciativa que reconstruya el escenario político representativo. Se queda solo en el aire, como un llamado de atención. Eso es lo que actualmente estamos viviendo por el mundo.
Y eso es por lo que el país transita, desde hace varias décadas. Así entramos a la transición a la democracia. En un escenario político, que transita entre la fragmentación y la organización mínima, las minorías activas de toda índole (políticos y sociales) impulsan discursos y acciones que no generan capacidad de síntesis de aquel contexto que vivimos; por el contrario, acentúa aún más la capacidad de normalizar dicha de coyuntura crítica. De estar conformes de la crisis permanente.
Eso lo podemos evidenciar en la poca capacidad que tienen las minorías activas de movilizar gente por las calles o de reconstruir grandes relatos y proyectos que generen confianza en la mente y corazones de los peruanos. Lo que podemos ver también es que dichas minorías generan agendas que repercuten en la opinión pública (medios y encuestas), así como en la capacidad de canalizar la indignación a través del voto. Ya hemos podido apreciar cuales han sido los resultados de dicha situación en esta última elección: Pedro Castillo y su forma amateur de hacer política.
Me surge una pregunta a partir de dicho contexto: ¿es posible que transitemos a escenarios desencadenantes que impacten negativamente en el país? Vale decir, ¿podemos llegar a tocar fondo, mediante una elección, en la que elija a alguien más nocivo (léase populista) que el actual presidente del país? La entrada teórica propone que los populismos surgen como situación excepcional entre la dictadura y la democracia. Otra propone que el populismo no es excepcional, que es parte de nuestra cultura política y que gira entre ella y las dictaduras, en la que la democracia se vuelve algo no regular.
¿Por dónde va nuestro rumbo? Por generar proyectos democráticos que conecten de abajo hacia arriba -mediante proyectos de partido-escuelas- la necesidad de reconstruir la política representativa tan venida a menos desde los años noventa. Eso pasa por discutir reformas de los partidos que vayan más allá de la cuestión electoral.
Desde hace siete meses, el país se encuentra en una crisis política que -hasta la fecha- no ha encontrado solución alguna. Y es que el presidente Pedro Castillo en vez de mostrar apertura a esa inmensa mayoría que no votó por él mediante un gabinete de consenso, mostró -a todas luces- que lo que busca es un gabinete que le permita repartir cuotas de poder a los grupos que lo “respaldan” para poder sobrevivir políticamente. Eso hemos podido apreciar en todo este tiempo.
Dicha situación trae consigo que, poco a poco, la confianza depositada en su gobierno se vaya debilitando. La reciente encuesta de Ipsos-Apoyo, de este domingo que acaba de pasar, es revelador al respecto. Un 65% desaprueba la gestión de Pedro Castillo. Si esa cifra lo desagregamos a nivel de regiones podemos apreciar que solo el sur del país muestra un apoyo similar a su desaprobación (46%). El resto del Perú lo desaprueba de manera categórica: el norte (69%), el centro (74%) y el oriente (56%).
Y si vamos más allá de la crisis de confianza, y vemos su continuidad como mandatario, podemos apreciar que un 56% de peruanos piden la renuncia de Pedro Castillo. Un 36% estarían a favor de una vacancia presidencial (más un 17% que podrían respaldar dicho proceso). Estas cifras que presentamos no es más que consecuencia de sus pésimas decisiones para nombrar ministros, así como de su impericia para la solucionar los problemas que tiene el país en estos momentos críticos que atravesamos producto de la pandemia. Esa impericia se vio reflejada cuando no vimos respuestas claras ni contundentes en la entrevista que le hizo Fernando Del Rincón para el canal CNN.
Un dato adicional, que es necesario resaltar de la encuesta de Ipsos, es que 74% de peruanos, frente a esta situación, piden que se convoquen a nuevas elecciones presidenciales y congresales si es que Pedro Castillo renuncia o es vacado. Dato revelador que nos permite ver la coyuntura crítica en la que se encuentra el país. No son tiempos normales lo que actualmente vivimos; son tiempos turbulentos en que los populismos vacían los avances que la democracia peruana ha tenido en estos 21 años que hasta el momento tenemos. El más largo de nuestra historia.
Seamos claros, la academia peruana (vinculada a los grupos de izquierda) han generado el relato que durante el segundo gobierno de Alan García el crecimiento promedio de 7% se debió al alto precio de los metales. Nada más falso. En estos momentos que nos encontramos en otro superciclo del precio de los comodities (vinculados al cobre y al litio) podemos apreciar que la tendencia de crecimiento del país no superará el 2% ó 3%, según expertos nacionales e internacionales. Como afirma el exministro de economía, Ismael Benavides: no fue el contexto el que permitió el crecimiento económico, fue la gestión y decisión política.
Esta situación nos muestra que el país debe repensar las consecuencias de votar por políticos inexpertos. Y que las coyunturas críticas por la que atravesamos deben ser resueltas a través de reformas que atenúen los diversos problemas que tiene nuestro régimen, entre los que destacan el enfrentamiento constante entre ejecutivo y legislativo, así como la administración de la crisis (y no la transformación de ella) de los partidos políticos.
Después de la entrevista internacional a Pedro Castillo, en la que se mostraron la poca disposición del presidente a solucionar las crisis que sus decisiones y su propio entorno genera; de las declaraciones de sus exministros señalando inercia presidencial (y gabinetes en las sombras) en temas concernientes al daño ambiental ocasionada por Repsol y a designaciones cuestionables al interior de la Policía; así como por la poca capacidad de generar gabinetes que no tengan cuestionamiento alguno, como fue el caso de Valer y otros, podemos advertir que nos encontramos -a siete meses de haber asumido Castillo la presidencia- con un gobierno que está en camino a su deriva política, en la que exaliados, periodistas, analistas políticos y la oposición, piden su renuncia.
El presidente, por desconocimiento del rol que representa su investidura, no genera la posibilidad de llevar adelante las reformas que requiere el país para reactivar la economía (aprovechando el superciclo del precio del cobre y del litio), para liderar el Consejo de Seguridad Ciudadana en la toma de medidas pertinentes que pongan orden las calles del país y para emprender la vuelta a la presencialidad en las escuelas a nivel nacional. Esto se evidencia, claramente, en la baja aprobación con la que cuenta hasta ahora: según Ipsos, 60% lo desaprueba.
Por otro lado, dada su condición de haber tenido por largo tiempo liderazgo gremial, no genera la posibilidad de llegar a consensos. Consensos que permitan avanzar en temas concretos que tengan como horizonte la gobernabilidad del país. Hasta la fecha, mostrada las evidencias en temas corrupción, de allegados a Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) y a gente sin experiencia en cargos ministeriales, personalidades y técnicos destacados no muestran posibilidad alguna de trabajar junto a Pedro Castillo. Del simbolismo que representa su sombrero no se puede vivir políticamente. Es más, lo está desprestigiando.
Tengamos en cuenta que todos estos detalles presentados muestran a un Pedro Castillo que no gobierna para el país, sino para intereses de sus grupos con el que actualmente cuenta, que no son más que activistas y personas sin experiencia gubernamental en su entorno. Las evidencias muestran que esos consejos que recibe el presidente generan desgobierno, caos político que no hace más que provocar malestar económico y social.
Por el bien del país y de su gobernabilidad, es necesario que se tomen las medidas necesarias, dentro del cauce democrático y del Estado de derecho, para que la crisis que actualmente vivimos no sea una crisis prolongada.
Lo sucedido en las últimas elecciones que acaba de suceder hace unos siete meses merece una lectura en perspectiva. A la luz de los datos presentados por la ONPE, la situación política del país pasa por una representación social y política con limitaciones, aún sin proyección real a largo plazo. Sobre todo, después de dos décadas y media de crecimiento económico, el cual generó nuevas clases medias, nuevos sectores ricos del país y una dinámica popular ligada a la creación de riqueza sin canalización de demandas por parte de un Estado ineficiente en medio de una descentralización que necesita un segundo reimpulso.
Carlos Meléndez escribió en su columna para El Comercio (16/05/2015), el cual nos puede servir como referente para explicar mi argumento lo siguiente: “los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos”, y que “los dirigentes sociales ven reducidas a las de simples operadores políticos […] sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social”. Detengámonos aquí que tengo mis observaciones.
Estando en un sistema postcolapso del sistema de partidos a nivel nacional, ¿aún seguimos con los canales de intermediación política y social rotos como sostiene Meléndez? Hace unos años realicé un estudio sobre formación partidaria a nivel subnacional para mi maestría, y los resultados que encontré son que, después de dos décadas y media de intensa actividad minera en el Perú, se está configurando el escenario político en algunas regiones del país (como Cajamarca la parte sur del país) que pueden tener repercusión a nivel nacional.
En ese sentido, no se puede seguir sosteniendo que los canales de intermediación están rotos, sino que están reconfigurándose en un contexto político que gira en torno al resquebrajamiento y la organización mínima, en donde las minorías activas cobran fuerza que la situación de crisis de toda índole lo permite para polarizar escenarios electorales. Así llegó -por ejemplo- Pedro Castillo al gobierno.
El pésimo manejo de las empresas mineras en casos emblemáticos como Conga y Tía María y –ahora- Las Bambas formaron un cúmulo de descontento social de décadas, que ha devenido en división política, que están aprovechando algunas minorías activas que cuentan con organización mínima.
Recalco: tengamos en cuenta cómo de ciertas coyunturas se están formando representación política y social aún con limitaciones que es aprovechada por minorías activas en ciertas coyunturas críticas que nos presenta el escenario político peruano.
La oferta electoral en estos momentos cuenta con más de una veintena de agrupaciones entre inscritas y en proceso de inscripción. Así como lee, estimado lector, más de una veintena de agrupaciones políticas. Muchas de ellas de vida orgánica prácticamente inexistente, la cual no merecen la etiqueta de partidos políticos. Terrible escenario para nuestra joven democracia en el país.
Por razones de espacio, quisiera reflexionar sobre lo que refleja la inconsistencia política de gran parte de la oferta electoral y las consecuencias que traído a los ojos de la ciudadanía.
La inconsistencia política que se aprecia es el reflejo de los problemas estructurales por lo que atraviesan actualmente las organizaciones políticas (como la falta de principios, organizaciones no duraderas en el tiempo y –como consecuencia de ello- ausencia de trayectorias políticas). El transfuguismo, la improvisación y el desmedido poder otorgado a los tecnócratas, y últimamente a sindicalistas y activistas políticos son un claro ejemplo de la actual situación en la que nos encontramos.
Gobernar un país no es fácil. Para ello se necesita personas calificadas técnica y políticamente. Por ejemplo, el 2021 se apostó por el “cambio” que supuestamente representó Pedro Castillo. A la fecha, hemos visto que la inconsistencia política del presidente representa un retroceso económico y social. Ante esos problemas por la que atraviesa el país (y por otros problemas) muchos de los que ahora están con Castillo, no dudemos que terminaran por irse a otras agrupaciones políticas. Es la constante en la política del país.
Desde las elecciones pasadas hasta esta que se avecina este año, hemos estado apreciando declaraciones poco acertadas de ciertos políticos en la que se puede ver su poco conocimiento de la geografía del país, de reformas importantes del Estado y del buen funcionamiento del mercado. Mucho de esta oferta política reinante tiene conocimiento de turista sobre nuestros diversos problemas y sus soluciones.
Con estos argumentos expuestos no quiero descalificar lo nuevo en política. Hemos visto que en España la crisis política tuvo una respuesta política como Podemos, Ciudadanos y la renovación del PSOE. Actualmente, en el Perú eso no pasa, vemos que la inconsistencia política del legado autoritario y el mercantilismo se han apoderado del escenario político sin respuesta alguna desde dentro del sistema. Necesitamos volver a la política que representa organización territorial en regiones y funcional que genere agregación de intereses, así como escuelas de gobierno para preparación de reformas importantes que requiere el Perú. No volver al siglo xx, de política de masas, es ingenuo pensar ello, sino volver mínimamente a estas características mencionadas que requiere nuestro sistema político.
Para Pedro Castillo -el año que acaba de pasar- fueron de muchos problemas, típicos de gobiernos que no cuentan con un real partido que lo sostenga tanto con técnicos como con políticos profesionales (como fueron también los gobiernos de Humala y Toledo). Hemos visto que recurren a activistas y sindicalistas que tienen una forma gremial de ver la acción política y con poca carrera pública. Para el ejercicio público no sólo es válido el conocimiento, sino también la práctica política y conocer país para hacer viables reformas importantes.
Eso lo pudimos apreciar con el mal manejo de los conflictos sociales el torno a la minería, teniendo –como ejemplo de este problema- el caso de las Bambas y el corredor minero del sur del país. Se puede apreciar también que no se encuentra un norte que tendrá el gobierno de Pedro Castillo. En los primeros cien días no se ha visto ningún gesto y dirección o qué tipo de reformas emprenderá. Lo que se ha podido apreciar es el copamiento del Estado peruano por parte de sus aliados, convirtiendo a las entidades públicas en un soviet de soviets.
En el Perú hace años que se tiene problemas de representación tanto a nivel vertical (de gobernantes hacia los gobernados), así como a nivel horizontal (de organizaciones sociales hacia los ciudadanos). Por el bien del país, si el gobierno de Pedro Castillo hace un balance del tema, puede -a partir de este año en adelante- dar un giro mayor, acercándose a temas como, salud, educación, seguridad y empleo para desde ahí partir en búsqueda de acentuar cierto tipo de consenso político sobre estos temas urgentes.
Tengamos en cuenta también que el Estado –frente al superciclo del precio de los comodities vinculados al cobre y al litio– debe avanzar hacia plan de reactivación económica por sectores y en tiempos precisos. Declarar en emergencia, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa para su proceso de competitividad. Pero eso no se hace sin dirección política. Pedro Castillo tiene que pensar que conducir un país no es fácil y que no necesariamente todos tienen que estar contentos.
Hay que tener firmeza para la ejecución de los temas económicos y políticos pendientes aún en el país. La ciudadanía en general y la opinión pública así lo requiere.
