¿Qué es y para qué sirve la franja electoral?

El próximo 10 de febrero se iniciará la emisión de la franja electoral, un espacio en que candidatos de los partidos en carrera presentarán sus propuestas con miras a las elecciones generales del 11 de abril. Tras la confusión generada por algunos candidatos, quienes ofrecieron renunciar a ese beneficio para que el Gobierno destine los fondos que lo cubren a la atención de la pandemia, la red Ama Llulla revisó el marco legal y consultó a especialistas en temas electorales para explicar los alcances de esta práctica.

¿Qué es la franja electoral?

Se trata de un beneficio otorgado a las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral, por el cual el Estado destina fondos públicos para comprar espacios en medios de comunicación con el fin de que los candidatos los utilicen para presentar sus planes de gobierno de manera igualitaria.

De acuerdo a la Ley de Partidos Políticos, los fondos destinados a este fin son administrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se hace cargo de la distribución de la franja electoral.

Para la franja de las Elecciones Generales 2021 se ha destinado un presupuesto de 77 millones de soles. De ese total, unos 70 millones de soles se emplearán en la primera vuelta, y 7 millones de soles en la segunda vuelta.

Cabe precisar que los montos no se asignan en dinero en efectivo, sino en el espacio equivalente para spots de propaganda electoral, de acuerdo a los medios seleccionados por las propias agrupaciones políticas.

¿Cómo se distribuye?

El especialista en temas electorales José Tello explicó que el fondo asignado a cada organización política para la franja electoral está dividido en dos montos que obedecen a criterios de equidad y proporcionalidad, respectivamente.

La primera parte, establecida con criterios de igualdad, es denominado ‘monto equitativo’, que consiste en 1 millón 590 mil 909 soles para cada organización política.

La segunda parte, relacionada con el criterio de proporcionalidad, se establece con base en la escala de representación parlamentaria de cada agrupación: el partido que tiene más curules recibe más fondos. A los partidos que son nuevos y todavía no tienen congresistas, se les asigna el monto del partido con menor representación en el Congreso.

En ese sentido, la Resolución Jefatural N° 000001-2021-JN/ONPE estableció los siguientes montos para los 22 partidos que habían solicitado su inscripción al 29 de diciembre pasado:

El artículo 38 de la Ley Nº 31046, determina que la ONPE pone a disposición de los partidos políticos y alianzas electorales un módulo dentro del Portal Digital de Financiamiento (CLARIDAD) con el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales.

Los partidos eligen “directamente, de acuerdo a sus preferencias y a la adjudicación económica que le corresponde, los tiempos y espacios disponibles en el Portal Digital de Financiamiento”.

La ONPE informó que, con base en estos fondos asignados por el Estado, las organizaciones políticas reservaron un total de 150 mil 275 spots, cuya emisión se realizará del 10 de febrero al 8 de abril.

El partido Victoria Nacional renunció al beneficio que le correspondía, mientras que el partido Frente de la Esperanza 2021 no recibió el suyo, porque fue retirado de carrera. Las normas contemplan de manera específica los procedimientos en estos casos, como se explica a continuación.

¿Se puede destinar este fondo al tratamiento de la COVID-19?

En el curso de la campaña, al menos dos candidatos expresaron su intención de renunciar a ese beneficio y exigieron que el fondo que les correspondía fuera asignado a la atención de la emergencia por la pandemia de Covid-19. La red Ama Llulla constató con expertos en el tema que esto no es posible.

“Lo que no usen los candidatos, lo usará la ONPE para educación electoral, siempre ha sido así”, explicó Percy Medina, jefe de Misión para Perú del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo.

En efecto, el artículo 38 de la Ley Nº 31046 indica expresamente que “los espacios de tiempo no utilizados por los partidos políticos y alianzas electorales en la franja electoral serán destinados a la difusión de educación electoral, según lo determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”.

En tal sentido, el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado mediante la Resolución Jefatural 000436-2020-JN/ONPE, establece del mismo modo que “los espacios de tiempo no utilizados por las organizaciones políticas son destinados a la difusión de educación electoral, según lo determine la ONPE”.

El abogado Roberto Benavides, del Instituto Peruano de Contrataciones y Concesiones con el Estado (IPCCE), explicó que destinar este fondo a otros usos, como para la atención a pacientes con COVID-19, podría configurar el delito de malversación de fondos. Este delito se configura cuando se le da un fin distinto al dinero destinado para algo.

Estas son las condiciones que regirán para la difusión de la franja electoral a partir del 10 de febrero.

Un grupo que se identifica como de extrema derecha ha emprendido una estrategia de apropiación ilícita de la identidad gráfica y los mensajes de la red Ama Llulla en redes sociales, a través de una cuenta de Facebook que difunde contenido falso y mensajes de odio contra candidatos de distintos partidos, en lo que constituye una de las acciones de desinformación más agresivas de la campaña electoral 2021 en el Perú.

La página, cuyo registro de Facebook indica que fue creada el mismo día en que la red Ama Llulla difundió sus primeros chequeos electorales, se ha apropiado incluso de videos y mensajes originales, que intercala con piezas gráficas de contenido abiertamente falso y en algunos casos difamatorio.

Uno de esos mensajes atribuye una afirmación inventada al presidente de la República, Francisco Sagasti, tomada de una supuesta entrevista de la que no se da mayores referencias. El mensaje está cargado de adjetivos y un lenguaje inapropiado que transgrede las normas elementales del periodismo.

Además de Sagasti, el grupo, que utiliza el nombre de Ama Llulla acompañado de la denominación Alt Right –una expresión comúnmente utilizada por sectores de extrema derecha estadounidense– ha dirigido sus ataques de desinformación contra candidatos como Julio Guzmán, quien aspira a la presidencia por el Partido Morado, y Gahela Cari, quien postula al  Congreso por Juntos por el Perú. A Guzmán se le atribuye una declaración falsa, mientras que sobre Cari se han publicado ataques de índole personal.

Esta serie de ataques empezó a ser publicada el último domingo 24 de enero, precisamente el día en que se publicaron tres chequeos que calificaron como falsos los mensajes de tres candidatos: el aspirante al Congreso Alberto Morote (Juntos por el Perú) y los contendores en la carrera presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El grupo promotor de esta página pirata anuncia la participación de dos medios y de algunos personajes como presuntos aliados. Los medios mencionados son el canal por cable Willax Televisión y el sitio digital Manifiesto Perú. Los personajes mencionados son los conductores de televisión Phillip Butters y Kike Bravo, vinculados al canal digital PBO.

Ama Llulla envió consultas por distintos medios para conocer la posición de Willax Televisión y Manifiesto Perú respecto a la fraudulenta página de Facebook.

El gerente general de Willax, Enrique Luna Victoria, respondió lo siguiente a través de un mensaje de Whatsapp: “No tenemos nada que ver con esa publicación [de Facebook]. Evidentemente esto no es serio, si tuviéramos que salir a responder a todos los malos usos que hacen de nuestra marca y todo lo que nos dicen, no podríamos dedicarnos a lo importante”.

El conductor Kike Bravo indicó que no había autorizado el uso de su imagen o nombre y que no tenía vínculo con la página apócrifa en cuestión. “Esa página Ama Llulla bamba no me ha preguntado absolutamente nada, yo no soy colaborador de ninguna manera”.

“Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea investigación y todo lo que sea con desmentir a otra persona con datos y cifras, pero si utilizan una imagen que yo no he autorizado, ni he pedido, definitivamente vemos que son una partida de mentirosos”, insistió Bravo.

El conductor Phillip Butters fue consultado a través de sus redes sociales y de mensajería, pero no envió respuesta.

En el caso de Manifiesto Perú, que aparece etiquetado en las publicaciones de la cuenta fraudulenta, las consultas se enviaron a las redes sociales y el supuesto correo institucional de ese sitio digital, debido a que su portal no identifica a los responsables de su contenido. Los mensajes fueron recibidos y leídos, pero no hubo respuesta.

La red Ama Llulla alerta a las autoridades, candidatos a las elecciones e instituciones de la sociedad civil y organismos de protección de la prensa sobre el uso ilícito de esta página y las posibles consecuencias de la difusión de mensajes de odio provenientes de grupos que se identifican con opciones extremistas en el país.

Durante una transmisión en vivo difundida a través de sus redes sociales el pasado viernes 22 de enero, el expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por el partido Somos Perú, se refirió a la cantidad de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) habilitadas en el Perú para atender a los pacientes con Covid-19. En ese contexto, afirmó lo siguiente: “¿Saben cuántas camas UCI tenemos ahora? Mil 700, las mismas que hace dos meses y medio”. Luego de revisar el registro oficial de este equipamiento clínico en todo el país, la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

Las declaraciones específicas del expresidente se encuentran en la siguiente transcripción, extraída del video que transmitió:

“Estamos prácticamente al tope [de la capacidad]. ¿Pero cuántas camas UCI tenemos ahora? Yo dejé en octubre mil setecientas camas UCI, han pasado dos meses y medio. ¿Saben cuántas camas UCI tenemos ahora? Mil 700, las mismas que hace dos meses y medio”.

Lo expresado por Vizcarra, quien postula con el número 1 en la lista congresal por Lima de Somos Perú, se refiere a dos puntos específicos: la cantidad de camas UCI habilitadas en el Perú para pacientes con Covid-19, y la cifra de esa variable registrada hace dos meses y medio, es decir, en octubre.

En primer lugar, la médico intensivista Juana Añamuro, jefa de cuidados intensivos del Hospital Militar Central, le explicó a la red Ama Llulla qué recursos conforman una cama UCI habilitada: “En estas circunstancias, incluye un ventilador mecánico, un monitor para evaluar las funciones vitales del paciente y una cama especial que nos ayude a que mantenga ciertas posiciones”. A continuación, Añamuro precisó que una cama UCI está habilitada solamente si cuenta con un médico intensivista —que puede atender más de una cama—, enfermeras, auxiliares y terapeutas.

Con relación a la cantidad de estas camas en el Perú, el portal de datos abiertos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) —adscrita el Ministerio de Salud (Minsa)— actualiza diariamente el conteo de este equipamiento hospitalario. Para hacerlo, utiliza la denominación de “Camas en UCI diferenciada – Total Operativas”. 

Según se lee en el protocolo del Minsa, esta denominación incluye “el número total de camas en condiciones de uso de la UCI diferenciada exclusivamente para pacientes con tratamiento Covid-19. Se obtiene sumando el número de camas disponibles (libres) más el número total de camas en uso (ocupadas) al cierre del reporte. Se considera también las camas UCI de Emergencia diferenciadas, así como las camas ampliadas para la contingencia en carpas u hospitales itinerantes que han sido acondicionadas como camas UCI diferenciadas para Covid-19”.

Asimismo, cabe precisar que dicho registro cuenta las camas UCI para pacientes con Covid-19 de las clínicas privadas y de los hospitales de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Minsa, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y los gobiernos regionales. En ese sentido, la doctora Juana Añamuro explicó que los hospitales le envían la información diariamente a Susalud, indicando la cantidad de camas UCI ocupadas y libres que tienen.

Dicha información, de acceso libre para cualquier ciudadano, se utiliza también para actualizar portales oficiales como la Sala Situacional Covid-19 Perú, del Minsa; y sitios web como Open Covid Perú, manejado por un grupo de científicos e investigadores que analiza datos sobre la pandemia en el Perú.

Ahora bien, la data oficial indica que el pasado jueves 21 de enero —es decir un día antes de la declaración de Martín Vizcarra— el portal de Susalud registró 1.889 camas UCI habilitadas para pacientes con Covid-19 en el país. Es decir, 189 más que las que indicó el expresidente.

Un día antes de eso, el miércoles 20 de enero, se registraron 1.853 camas UCI habilitadas. Es decir, 153 camas más de la cifra que daría Vizcarra. Incluso el domingo 17, cinco días antes del mensaje del expresidente, ya se habían registrado 1.805 camas.

Diferencia. Desde el domingo 17 de enero, cinco días antes de las declaraciones de Martín Vizcarra, ya se registraban cifras que superaban por 100 unidades la cantidad de camas UCI que dio el expresidente. Fuente: Susalud

La cifra oficial más cercana al dato que dio el candidato que encabeza la lista de Somos Perú para el Congreso se registró 10 días antes de sus declaraciones: el pasado martes 12 de enero. Ese día, el conteo de Susalud fue de 1.708 camas UCI habilitadas en todo el Perú para pacientes con Covid-19.

Vizcarra difundió esa cifra en medio de la incertidumbre por el impacto de la segunda ola de la pandemia en el Perú y ante los indicios de la escasez de recursos en el sistema de salud para hacerle frente.

La intensivista Juana Añamuro explicó que, en la lucha contra la Covid-19, cada cama UCI habilitada “hace mucha diferencia” y “es absolutamente determinante” para tratar de salvar la vida de los pacientes graves. “Una cama UCI es una esperanza para cada uno de ellos”, puntualizó.

Por otro lado, en la declaración motivo de esta verificación, el candidato Vizcarra dio por sentado que, al momento en que salió del Gobierno, a inicios de noviembre del 2020, dejó 1.700 camas UCI. No obstante, la red Ama Llulla comprobó que dicha cifra no coincide con los registros oficiales de ese periodo.

De acuerdo con Susalud, el 1 de noviembre, es decir 8 días antes de la vacancia al exmandatario, se registraron 1.521 camas UCI, 179 menos que las mencionadas por el ahora aspirante al Congreso. De hecho, esta cantidad representaba una caída significativa respecto a la cifra del mes anterior, donde se había llegado a tener 1.658 camas UCI.

Fuente: Open Covid Perú (Ama Llulla comprobó que estos datos coinciden con los de Susalud)

La red Ama Llulla contactó a Mónica Moreno, asesora de comunicaciones de Martín Vizcarra, para solicitar precisiones sobre el sustento de la afirmación.

Moreno indicó que el candidato obtuvo la cifra de 1.700 camas UCI luego de calcular “un promedio” en base a los datos oficiales del Minsa registrados en enero de este año. Sin embargo, cabe precisar que Vizcarra afirmó de manera categórica que el número actual de camas disponibles es de 1.700, el mismo de las que supuestamente dejó.

Por otro lado, a propósito de la comparación que hizo Vizcarra con las cifras de hace dos meses y medio, Moreno hizo referencia a septiembre del 2020, cuando se alcanzó un pico de 1740 camas UCI el día 15, según Susalud. Sin embargo, durante su presentación virtual, Vizcarra no habló de septiembre sino de octubre del 2020, el mes previo a la acción parlamentaria que derivó en su vacancia del cargo de presidente de la República.

Finalmente, si bien es cierto que la cantidad de camas UCI varía diariamente, los datos actualizados pueden ser consultados todos los días y en todo momento por cualquier ciudadano, incluyendo los candidatos que postulan a un cargo de representación nacional.

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato al Congreso Martín Vizcarra acerca de que hay mil 700 camas UCI disponibles en el Perú, el mismo número que dejó al salir de la Presidencia, es falsa.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, se refirió ―durante una entrevista en el programa dominical Cuarto Poder― a la actuación de su partido en la crisis de gobernabilidad de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Fujimori dijo específicamente lo siguiente: “Todas las facultades y los votos de confianza que ellos [el gobierno de PPK] solicitaron, se les otorgaron”. Sin embargo, tras revisar el historial de las cuestiones de confianza votadas en el periodo en cuestión, la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

En principio, el abogado constitucionalista Javier de Belaunde explicó a Ama Llulla que la Constitución no habla de “votos de confianza”, sino de “cuestión de confianza” como parte de la labor legislativa.

“Al respecto, se regulan dos figuras: la cuestión de confianza obligatoria ―que muchos llaman ‘investidura’― y la cuestión de confianza facultativa. Esta última puede ser planteada por un ministro a título individual o por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete”, indicó De Belaunde.

Estos procedimientos están establecidos en el Título IV de la Constitución Política, que define la estructura del Estado. Específicamente en el Capítulo VI, referido a las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El artículo 130 de la Carta Magna indica: “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza“.

Esta figura aparece también en el artículo 132, que indica: “El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza”.

Y en el artículo 133 se establece: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

Fabiana Orihuela, abogada de Perspectiva Constitucional ―un grupo de análisis formado por alumnos, egresados y profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)―, confirmó para esta verificación que la confianza obligatoria se da cuando se instala un nuevo Gabinete y sus integrantes deben presentarse ante el Congreso para solicitar la investidura dentro de un plazo de 30 días. La otra cuestión de confianza, la facultativa, es presentada por un ministro o el jefe del Gabinete con relación a una circunstancia específica.

Ahora bien, la revisión del historial de las cuestiones de confianza votadas entre julio de 2016 y marzo de 2018, tiempo que duró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, indica que la afirmación de la candidata Keiko Fujimori no es correcta.

En relación a las cuestiones de confianza obligatorias, Fuerza Popular respaldó las que correspondieron a las respectivas investiduras de Fernando Zavala y Mercedes Araoz como presidentes del Consejo de Ministros durante del gobierno de PPK.

Zavala recibió la confianza el 19 de agosto de 2016, con 121 votos a favor. Solo Edgar Ochoa y Edilberto Curro, entonces congresistas del Frente Amplio, votaron en contra.

Mercedes Aráoz, por su parte, obtuvo la confianza para su investidura el 13 de octubre de 2017 con 83 votos a favor, de los cuales 54 fueron de Fuerza Popular. Las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú votaron en contra, sumando entre ambas 17 adhesiones.

Sin embargo, esta situación no fue la misma con relación a las cuestiones de confianza facultativas, es decir las que son presentadas por un ministro o por el jefe del Gabinete para un caso específico.

Por ejemplo, en junio del 2017, con los votos en bloque de Fuerza Popular y otros partidos, el Parlamento rechazó una cuestión de confianza que interpuso el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sobre quien pesaba una inminente moción de censura luego de que se revelara un conjunto de audios que lo implicaban en una presunta presión al Contralor General de la República con relación al Caso Chinchero. El pedido de confianza fue denegado con 88 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones.

La consiguiente renuncia de Thorne representaba la cuarta caída de un ministro en menos de un año, como reportó en ese momento el diario El Comercio.

Meses después, el 14 de septiembre de 2017, el Parlamento rechazó la cuestión de confianza que el entonces premier Fernando Zavala interpuso en respaldo a la ministra de Educación, Marilú Martens, a quien la oposición, liderada por el fujimorismo, pretendía censurar al responsabilizarla por la huelga de docentes de ese año, que se extendió durante tres meses.

El rechazo provocó la primera crisis total de un Gabinete en el periodo. De los 77 votos que rechazaron el otorgamiento de la confianza, 70 fueron del partido de Keiko Fujimori.

De los 71 representantes que tenía Fuerza Popular en ese entonces en el Parlamento, el único que se adhirió al pedido de Zavala fue Kenji Fujimori, quien terminaría renunciando a la bancada fujimorista unos meses después.

El episodio fue tan crítico que el presidente Kuczynski tuvo que cancelar su viaje a Nueva York, donde tenía previsto participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.

En perspectiva, se tiene que desde 1993, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política, el Congreso ha negado tres veces la cuestión de confianza. Las dos primeras fueron del tipo facultativo, a Alfredo Thorne y a Marilú Martens, ministros precisamente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al que se refirió la candidata Fujimori durante la entrevista que es motivo de esta verificación.

La tercera ocasión fue la negativa de confianza a la investidurad del recién nombrado Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, en agosto del 2020, ya durante el gobierno de Martín Vizcarra.

La red Ama Llulla intentó contactarse con la candidata Keiko Fujimori a través de voceros de su partido para solicitarle precisiones acerca de su afirmación.

Durante la comunicación para este pedido, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, declinó dar declaraciones sobre el tema. “Como jefe de campaña no creo que debamos entrar a debatir y opinar sobre nuestras propias opiniones. Ustedes harán su análisis, lo cual saludamos y respetamos”, comentó.

Cabe precisar que la declaración de la candidata no fue una opinión, sino una afirmación categórica acerca de que su partido dio todos los ‘votos de confianza’ [sic] solicitados por el gobierno de PPK.

El historial parlamentario indica que los votos de Fuerza Popular favorecieron la aprobación de dos cuestiones de confianza obligatorias (las llamadas investiduras de Gabinete), pero condujeron al rechazo de dos cuestiones de confianza facultativas, la segunda de las cuales derivó en la primera crisis total de un Consejo de Ministros en el citado periodo.

En función a lo revisado, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de la candidata Keiko Fujimori acerca de que su partido otorgó todos los votos de confianza solicitados durante el gobierno de PPK es falsa.

Durante una entrevista en televisión, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por el partido Renovación Popular, criticó el uso que se ha dado al presupuesto estatal en los últimos tiempos, y para sustentar su postura, dio el siguiente dato: “La cantidad de consultorías que hay en Perú suman los 4 mil millones de dólares al año”. Luego de revisar los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF —plataforma que centraliza las asignaciones y ejecuciones del presupuesto público en todos los niveles de gobierno— el presupuesto asignado para la partida ‘Servicios de consultorías y similares’ en el 2021 asciende a S/ 592 millones 152 mil 506, entre personas jurídicas (S/ 307’064.005) y naturales (S/ 285’088.501).

Es decir que el total de lo destinado para las consultorías este año equivale a US$ 164 millones 31 mil 165, conforme al tipo de cambio registrado el 19 de enero en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Es decir, 24 veces menos que el monto indicado por López Aliaga.

En una verificación anterior sobre este tema, realizada por miembros de la red Ama Llulla, el exministro de Economía Alonso Segura explicó que si bien la partida ‘Servicios de consultorías y similares’ reúne el dinero asignado para estos conceptos, el gasto no se realiza exclusivamente en consultorías, pues existen otras obligaciones presupuestales como auditorías e investigaciones.

En esta partida general se asigna montos para gastos por servicios complementarios de salud, diseño de metodologías y reformas, otros servicios similares para proyectos (como el Programa Articulado Nutricional, el de Salud Materno Neonatal, el Programa de Saneamiento Rural), fondos para la atención de enfermedades no transmisibles, y programas destinados a seguridad, ciencia, transporte y otros temas.

Según la clasificación del MEF, las consultorías son insumos para mejorar la toma de decisiones de las entidades en proyectos que impulsan un valor público. Algunos ejemplos sobre estas son los levantamientos topográficos, los servicios para regulación de tarifas, los inventarios de recursos de hidrocarburos, entre otros.

Otro tipo de gastos incluidos en estas partidas son las supervisiones periódicas de vías, de la administración de bienes, así como auditorías a informes financieros, médicos y asesorías legales al Estado peruano en controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), además de otros conceptos.

De manera exclusiva para el rubro de consultorías, en el 2021 el presupuesto es de S/ 142 millones 875 mil 125, tanto para personas jurídicas como para personas naturales, lo que equivale a US$ 39 millones 577 mil 597.

Ahora bien, si revisamos los gastos del presupuesto público del 2020, periodo que ya se encuentra cerrado, tenemos que el total de dinero público destinado a la partida general de consultorías y servicios similares fue de S/ 775 millones 567 mil 359, entre las asignaciones a personas jurídicas (S/ 442 millones 333 mil 153) y naturales (S/ 333 millones 234 mil 206).

Esta cantidad equivale a US$ 222 millones 225 mil 604, conforme al tipo de cambio del BCRP. En suma, el total destinado a consultorías y otros servicios similares en 2020 fue dieciocho veces menor que el dato mencionado por López Aliaga.

De acuerdo al portal de Transparencia Económica del MEF, el presupuesto del 2020 para estos rubros fue ejecutado en un 72.9% y 78.7% para personas jurídicas y naturales, respectivamente.

A la vez, un documento elaborado en 2019 por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), muestra la evolución del presupuesto público utilizado exclusivamente para las partidas de consultorías y servicios similares desde el año 2013. Ama Llulla pudo verificar que las cifras de este documento coinciden con los registros correspondientes a esos años que figuran en el portal de Transparencia del MEF.

Dicho registro indica que en ningún ejercicio presupuestal de los últimos nueve años, el monto destinado para consultorías alcanzó los 4 mil millones de dólares que afirmó López Aliaga. El 2017 fue el periodo en que más presupuesto institucional se asignó a este tipo de servicios, y ni siquiera entonces el monto se acercó a la cifra dada por el candidato presidencial de Renovación Popular. Aquel año, el total fue de S/ 2.339 millones, o US$ 717 millones 484 mil 662, según el cambio de la época.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros y MEF.

En resumen, ni siquiera considerando las partidas generales de servicios de consultorías y similares para personas jurídicas y naturales se obtiene un presupuesto tan elevado como el que dio López Aliaga, pues tanto en 2020 como en 2021 el gasto anual asignado a este concepto no llega a la décima parte de lo indicado por el candidato.

En la entrevista televisiva en que hizo esta afirmación, López Aliaga hizo énfasis en la referencia a las consultorías realizadas para beneficiar a los allegados al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, la suma de todos los montos destinados a consultorías en los casi tres años de la gestión de Vizcarra, incluyendo personas naturales y jurídicas, es de 896 millones 436 mil 409 dólares. Esta cifra es casi la quinta parte de lo señalado por el aspirante a la presidencia por Renovación Popular.

Anteriormente, verificadores miembros de la red Ama Llulla han desmentido versiones similares sobre el gasto en consultorías, las cuales fueron difundidas por los entonces congresistas Carmen Omonte y Gilbert Violeta. En ambos casos se mezclaban conceptos que daban una idea imprecisa o abiertamente errónea del gasto de fondos públicos.

La red Ama Llulla se puso en contacto con el equipo de prensa del partido Renovación Popular para solicitar precisiones a Rafael López Aliaga sobre el sustento de su afirmación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

Tras lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga acerca de que las consultorías en el Perú ascienden a 4 mil millones de dólares anuales es falsa.