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Alba Ñaupas, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 2 de 7

Según La República, la creación de este centro de estudios fue planteada hace una década a la extinta y criticada Asociación Nacional de Rectores. Fue una moratoria la que suspendió temporalmente esta propuesta, debido a que no se estaba velando por una educación de calidad. Diez años después, APP ha retomado el proyecto y las críticas continúan: el intento de crear esta universidad no contempla financiamiento ni infraestructura, según lo que el vicerrector de la Universidad San Antonio Abad señaló al mencionado diario. 

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Primera foto de la nueva Mesa Directiva. De izquierda a derecha: Martha Moyano (1era vicepresidenta), Lady Camones (presidenta), Digna Calle (2da vicepresidenta) y Wilmar Elera (3er vicepresidente)

Hace un mes, la presencia de Lady Camones en la lista para presidir la mesa directiva parecía incierta, pues se filtró un audio en redes sociales donde calificaba de “banda delincuencial” a Acción Popular. “Acción Popular es una banda delincuencial […] Yo tengo uno de Áncash, Dios mío, es el que lidera todo y es el cabecilla […] es Darwin Espinoza”, se le oye decir en el audio, que fue grabado durante una reunión de su bancada. Como se recordará, Espinoza fue señalado como miembro de Los Niños, grupo implicado en la presunta mafia de reparto de obras que habría operado dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Este audio puso en riesgo el acuerdo verbal entre APP y AP, que señalaba que este año le tocaba a un congresista del partido de César Acuña liderar el Parlamento. La bancada de la lampa rechazó las expresiones de Camones e, incluso, algunos congresistas reevaluaron el apoyo a su candidatura. Luego de la difusión, Lady Camones se disculpó públicamente con la bancada y el congresista Espinoza ante las exigencias de dicho grupo. En ese entonces, Gladys Echaíz era el nombre que sonaba fuerte para liderar la lista multipartidaria de la oposición.

Su última controversia se dio apenas la semana pasada y sigue siendo un tema pendiente. El pasado viernes Sudaca advirtió que la hoy presidenta del Legislativo podría ser denunciada por firmar –en su condición de vicepresidenta del Congreso– la promulgación de la ley de contrarreforma universitaria, pese a que hay un amparo judicial que detiene su aplicación. “Han violado la Constitución”, sostuvo al respecto el abogado y exasesor del Congreso Javier La Rosa. 

Finalmente, y luego de controversias y disputas internas que dejaron muertos y heridos –Echaíz renunció a la bancada, Héctor Acuña hizo lo propio y ambos terminaron postulando por otras listas–, Camones fue la elegida por el partido de César Acuña y terminó haciendo valer el acuerdo asumido hace un año. La fórmula ganadora también la componen Martha Moyano (FP) en la primera vicepresidencia, Digna Calle (PP) como segunda vicepresidenta y Wilmar Elera (SP) en la tercera vicepresidencia. 

En su discurso, la apepista defendió el trabajo de fiscalización que han venido realizando los parlamentarios y llamó a “recuperar la imagen” del Congreso. Es mucho lo que hay que recuperar: las encuestas evidencian que la aprobación ciudadana del Congreso está por los suelos.

**Fotoportada: Darlen Leonardo

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Congreso, Lady Camones, Mesa Directiva

Pagando los impuestos de Belmond

El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio. 

Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría. 

empresa vinculada a López Aliaga no pagó el IGV

“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.

Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.

Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.

Un contrato cuestionado

No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.

De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez. 

La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato. 

“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”. 

La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.

 

 

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Cuzco, Empresa, Rafael Lopez Aliaga

“ENTRE TODOS SE TIRAN LA PELOTA”

Todos estos retrasos vienen desde los primeros años. Ya desde el 2016, la Contraloría de la República advertía de demoras y hasta de acusaciones por gastos excesivos. Así, una obra necesaria para la ciudad, que promete conectarla de este a oeste y transportar 1 millón de pasajeros al día, parece seguir los pasos lentos de un histórico emblema de la ineptitud estatal: la Línea 1 del Tren Eléctrico. Como se recuerda, aquella obra fue anunciada y empezó a construirse con bombos y platillos durante el primer gobierno de Alan García. Pero de ese primer impulso solo quedaron 8 estaciones que durante años no sirvieron prácticamente para nada. Recién en 2011 –ya durante el segundo gobierno de García– se concluyó esta ruta. Construir la primera línea de metro de Lima tomó, en suma, más de 25 años. Al paso que va, la Línea 2 podría acercarse a ese récord. 

Originalmente, toda la obra -que comenzó en el 2014- debía estar culminada en el 2019. Tras demoras en la entrega de terrenos debido a problemas con la adquisición de las áreas y la liberación de interferencias, así como la aprobación de los estudios de ingeniería, la fecha se cambió a 2024. Ahora, según informó Ositran a Sudaca, “hasta que las partes no materialicen un nuevo cronograma en una adenda”, simplemente no hay fecha.

¿A qué se deben tantos retrasos? El año pasado, la Contraloría emitió varios informes, en los cuales daba cuenta de “la falta de coordinación oportuna entre el concedente, la ATU y el concesionario”, lo que ocasionaba “que se dilate la ejecución de dichos trabajos” y, por supuesto, “la culminación de obras”. En otro informe, de octubre de 2021, advertía de “una discrepancia en la responsabilidad entre la ATU y el MTC”. Esto originó que los contratiempos con la entrega de terrenos y aprobación de los estudios de ingeniería -ambas tareas de la ATU desde el 2020- persistieran.

Instituciones Lí­nea 2

Este organismo, sin embargo, niega tajantemente que exista retrasos en cuanto a los terrenos y afirma que “la demora en la ejecución del Proyecto Línea 2 se debe, principalmente, a causas imputables al Concesionario” por no haber recibido algunas áreas liberadas y no conseguir la aprobación de los estudios de ingeniería. Por su parte, la empresa alega que no recibió a la ATU ocho áreas porque “tienen interferencias y siguen modificándose por el Concedente”. Sobre la aprobación de los dichosos documentos, sostiene que la demora se debe principalmente a que “sin terrenos definidos, los cuales continuamente se vienen modificando por la ATU, los estudios continúan siendo modificados y no se pueden aprobar […] sumado a que existen discrepancias entre el MTC y la ATU. 

Y como si fuera poco, un informe de este año advierte que, aunque la etapa inicial ya está lista, todavía no hay fecha para el inicio de operaciones porque, para variar, las “discrepancias entre la concesionaria y el MTC y ATU todavía persisten”, luego de varios meses. La controversia gira en torno al Sistema de Control de Pasajeros, pues el concesionario sostiene que no podrá implementarlo si es que el Estado no le proporciona toda la información necesaria. El MTC y la ATU, por el contrario, argumentan que ya brindaron los datos que debían y que no corresponde proporcionar más información. 

Las dilaciones no son gratuitas, pues le pasarán una factura de millones de dólares a las arcas peruanas. En el 2017, la empresa presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado por “incumplimiento grave” del contrato. Por esto, solicitaba una ampliación del plazo de ejecución del proyecto.

En julio del año pasado, el Ciadi le dio la razón a la empresa y estableció que el Estado era responsable por entregar a destiempo las áreas del primer nivel del metro y por no aprobar los estudios de ingeniería. También responsabilizó a la empresa por no aceptar terrenos de manera injustificada. Aunque la concesionaria pidió una indemnización de 700 millones de dólares, ese monto aún se encuentra en negociaciones.

Estado Línea 2

Es un tema en el que todos se tiran la pelota sobre quién es el responsable. Como presidente de la Mancomunidad de Lima Este, he estado presente en varias reuniones, pero todo queda en el aire, la verdad. Desde el inicio tampoco hubo un buen contrato”, sostiene Jose Luis Nole. Su sueño, al igual que los vecinos de Santa Anita y Ate, y todos los que se movilizan por estos distritos, es ver la Carretera Central completamente abierta antes de que termine su gestión como autoridad municipal. Del Metro ya no se espera nada en el corto plazo.

“Creo que este servicio va a ser de gran utilidad cuando se inaugure. Es un tren moderno, sin pilotos, totalmente automatizado, que va a ahorrar muchísimo tiempo y donde se podrá viajar con comodidad. Esa es la importancia de contar con una red de trenes”, comenta el especialista ferroviario Lino de la Barrera. “Pero imagínense, si con la Línea 2 estamos sufriendo tantos años, las demás líneas las terminaremos probablemente el próximo siglo”, sostiene Luis Quispe. Una predicción que no parece descarrilada.

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ATU, Metro de Lima, MTC

En esta dinámica la tuvieron por al menos 40 minutos, escuchando mil y un excusas para evitar que deje el seguro. De tanto insistir en que ya no quería el servicio, al fin le hicieron caso. O eso es lo que ella espera. No quiere tener, en unos meses, nuevas sorpresas y volver a pasar por tan engorroso proceso.

A Rocío Díaz le pasó algo similar. En 2018 se afilió a este seguro oncológico maravillada por los beneficios que le prometieron durante una charla, llevada a cabo por una trabajadora de Oncosalud, en su lugar de trabajo. La enganchó, entre otras cosas, que le ofrezcan un examen completo de detección de cáncer cada año. Sin embargo, cuando fue a realizarse el examen se dio cuenta de que este solo incluía un papanicolau y una mamografía. Los demás estudios tenían un costo aparte, mucho más caros que en otros centros de salud, dice Rocío.

Al año siguiente, cuenta, le enviaron una notificación de que la tarifa de su seguro se iba a incrementar en aproximadamente S/ 70. Y en el 2020, el precio volvió a subir. Así, sin consultarle ni dar razones. “Si seguía así , ¿cuánto tendría que pagar cuando llegue a los 70 años?”, se preguntó Rocío. Con la finalidad de conseguir respuestas, envió varios mensajes por correo electrónico solicitando el porqué de esos incrementos. Nunca le respondieron.

Correo Rocio Diaz
Con la finalidad de que le expliquen el porqué del incremento anual de su tarifa, Rocío Díaz envió correos a la compañía. Nunca recibió respuestas.

Por esta razón, desilusionada y fastidiada por el mal servicio, en abril de ese año solicitó, mediante una llamada telefónica, su desafiliación. Le dijeron que el tiempo de espera era de 30 días hábiles, a partir de los cuales quedaría fuera del seguro. Mientras tanto, le seguían descontando de su tarjeta por un seguro que ya no quería. Cuando se cumplió el plazo, en junio de aquel 2020, llamó y llamó a todos los canales de atención y, cuando por fin le respondieron, le dijeron que no había ninguna solicitud a su nombre.

Cansada de que la paseen, Díaz fue hasta las instalaciones de Oncosalud dispuesta a todo: armó un escándalo, según cuenta ella misma, exigiendo que la desafilien ese mismo día. Esa fue la única manera en la que pudo salir del local con el certificado de desafiliación en sus manos y con la promesa de que le devolverían lo cobrado entre mayo y junio. Pero solo le devolvieron lo de junio. “Lo gracioso es que me han vuelto a llamar para afiliarme, pero definitivamente no se lo recomendaría a nadie”, sostiene Rocío.

«Tu lucha, mi lucha” es el slogan que usa la compañía más importante del país en el tratamiento contra el cáncer. “Los mejores planes para cuidar de ti y tu familia”, dice otra de sus frases. Lo cierto es que los testimonios recogidos por Sudaca revelan que, en la lucha por vencer esta enfermedad, sus asegurados se sienten abandonados.

 

 

 

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Empresas, Oncosalud

LLUVIA DE MILLONES

Esta estrategia no ha sido exclusiva de las empresas de la familia Aguilar Quispe. 2H Ingeniería y Construcción es otra compañía que encontró en estos bonos una manera sencilla para aumentar su capital social de manera casi se diría que milagrosa.

En el 2013, esta compañía se fundó con un capital social de apenas S/75,000, que luego se incrementó hasta llegar a S/3 millones. Cuatro años después, sus socios modificaron el artículo de su estatuto donde se aprobaba el uso de los bonos de reconstrucción para incrementar su capital social. Así, en octubre de 2020, esta constructora se ‘inyectó’ S/105 millones “por aporte de bien no dinerario (aporte de bono de reconstrucción serie única, sub-serie 12)”, como se lee en las actas registrales.

A diferencia de las dos primeras, esta empresa sí tenía experiencia en licitaciones con el Estado. Desde el 2015, contrató con el gobierno por poco más de S/311 millones. Pero luego de inyectarse su nuevo capital fantasma, en el 2021 se llevó el contrato más grande de su historia, con Sedapal: S/1,169 millones junto a la compañía China Machinery Engineering y SIGMA SA Contratistas, para llevar adelante una obra de mejoramiento de los sistemas de agua potable. 

Nos comunicamos con la empresa y se comprometieron a darnos información, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron 

CMO Group SAC –antes, Constructora Mediterráneo– también inició sus operaciones con un modesto capital de S/1,000, en el 2009. Tres años después, le agregaron S/3 millones mediante “bonos”, aunque en los documentos registrales no se explica de qué tipo. En enero de 2013, a su capital le aumentaron la considerable suma de S/15 millones, a través de “aportes de bonos de reconstrucción emitidos mediante Ley N° 23592”.

Según la compañía, “esos bonos están respaldados con terrenos de 300 hectáreas en Huaral, que cuestan entre S/90 millones a S/100 millones, los cuales están tasados y declarados ante la RNP del OSCE”. Le pedimos a la empresa documentos que respalden esta versión, pero no volvieron a responder.

Bonos de reconstrucción
Los bonos de reconstrucción pueden encontrarse en Mercado Libre hasta por S/40. Para el MEF y la Sunat, no tienen ningún valor, pero algunas empresas usan estos bonos para constituir empresas o aumentar su capital social.

Antes de aquel incremento de capital, la empresa había contratado dos veces con el Estado, por S/280 millones. Luego, sin embargo, la compañía obtuvo una lluvia de 18 millonarios contratos, en su mayoría con gobiernos regionales, como los de Junín y Cajamarca. Desde el 2019, se consorció con la empresa china Sinohydro Corporation Limited, con la cual obtuvo la buena pro de varias obras para el mejoramiento de establecimientos de salud en dichas regiones. Todas sus contrataciones desde el incremento de capital suman un total de S/19,690 millones.

¿Por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.

“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Castillo Luna. Mientras estas empresas tasan sus bonos en millones de soles, en Mercado Libre, estos se pueden encontrar desde S/40 y con envío gratis incluido. El Perú es, sin duda, el país de las oportunidades.

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo.

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corrupción, Empresas, Gobierno

NEGOCIACIONES EN LA MIRA

Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.

Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade: “Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.

En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.

Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.

La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.

El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.

Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”. 

Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.

Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.

¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.

Alex Starost
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.

En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.

Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República. 

 

Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.

Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.

La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.

 

Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».

Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.

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Aeropuerto Jorge Chávez, Juan Silva, MTC

LAS GRINGAS

Según Francisco Eguiguren, muchas compañías, animadas por los estudios de abogados, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. El motivo: demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Esto no significa que justifiquemos la demora en resolver los casos, pero tampoco puede ocultarse que hay un motivo detrás. Las grandes empresas que tienen un aparato legal bien diseñado hacen este cálculo. Y algunos abogados también”, dice.

La demora les conviene, porque no importa cuánto demoren en pagar. Como no les van a cobrar más allá del plazo legal, les conviene que se sigan demorando más. Mientras tanto, ellos siguen usando ese dinero, por lo que no tienen interés en que el proceso avance rápido. Cuanto más demore, más tarde tendrán que pagar”, sostiene Eguiguren.

Ese mismo abril, por ejemplo, Mondelez Perú, filial de la multinacional estadounidense antes llamada Kraft Foods Group, tuvo buenas noticias del TC. La empresa, que produce snacks -entre los que destacan marcas como Oreo, Soda Field, Ritz, Trident, Chiclets, Halls y demás- interpuso la demanda de amparo contra la Sunat en junio de 2017. Y la ganó.

La deuda original por el Impuesto General a las Ventas del 2007 era de S/4’147,918. Desde la Sunat informan que actualmente se está calculando cuánto creció ese monto hasta la fecha.

Otra empresa gringa cuyos recursos ante el TC fueron admitidos es la mayor fabricante de vidrios de América, Owens-Illinois. Esta compañía atiende a los sectores de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y alimentos. Para llevar a cabo sus actividades comerciales, extrae agua subterránea de dos pozos tubulares en Lurín.  

Owens-Illinois no pedía que se le perdone una deuda, sino que se le devuelva los S/812.128 que pagó “indebidamente”, según la compañía, entre diciembre de 2010 y mayo de 2015 por haber usado agua subterránea. Su principal argumento, en la demanda de amparo presentada el 2016, es que Sedapal nunca debió cobrar ese importe porque era inconstitucional.

Augusto Ferrero TC
El voto dirimente de Augusto Ferrero, quien en enero de este año asumió la presidencia del TC, ha sido fundamental para inclinar la balanza a favor de las grandes empresas.

¿Por qué la multinacional estadounidense sostiene que el cobro era inconstitucional? Precisamente hasta el 2015 existía una controversia sobre si el uso de agua subterránea se debía pagar como un tributo o no. El asunto fue zanjado con una ley publicada en ese año, pero antes de eso las empresas podían alegar poca claridad en las normas. Este asunto ya lo explicamos cuando contamos la historia de la deuda que se le perdonó a Backus.

Ernesto Blume, ponente del caso, respaldó la postura de la inconstitucionalidad del cobro. “Sedapal ha exigido su pago sustentándose en una norma inconstitucional”, se puede leer en la sentencia. Con él, votaron José Sardón y Augusto Ferrero. Miranda, Espinoza-Saldaña y Ledesma, de otro lado, argumentaron que el TC no era la instancia correspondiente donde se debía ver el caso, sino el Poder Judicial.

Así, en medio de un empate, el voto dirimente de Ferrero fue el que decidió todo y al fabricante de vidrios más grande del Perú le podría salir gratis haber usado 414.630 m³ del recurso hídrico. En Lurín, distrito donde se encuentra la planta de Owens-Illinois, el 70% de las personas no tiene agua potable, según información de su comuna en el 2020.

Los nuevos magistrados del TC ya empezaron sus funciones. El único que queda, y en el cargo de presidente, será Augusto Ferrero. Sigue teniendo el poder dirimente que demuestran estas líneas. “Se juega mucho con quién tiene el voto dirimente para que una posición se imponga sobre la otra, lo cual es negativo porque prima la cantidad antes que los argumentos”, explica Fernando Loayza, especialista en derecho tributario. Aunque asegura que esto no es algo nuevo.

 

 

*Francisco Eguiguren ejerció la defensa de la Sunat en el caso Telefónica sobre intereses moratorios.

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Augusto Ferrero, Sunat, TC

A LA BOCA DEL LOBO

El 6 de abril, el día más violento del paro en Ica, Halldor González envió allí a uno de los especialistas de la ODGS. “A nuestro colega Ronald de la Cruz lo mandaron a Ica en plena quema de peajes. El director lo llamó y, de manera insistente, le dijo que tenía que ir, que cómo era posible que él no estuviera allá. Él es integrante del equipo de prevención, y quien maneja esos temas son los colegas de proyecto especiales. No le correspondía ir, mucho menos solo”, cuenta uno de los especialistas de la oficina.

El problema es que a De la Cruz lo mandaron sin las mínimas condiciones de seguridad, pues ni siquiera le asignaron movilidades o algún tipo de protección en caso de que la situación empeorara. “Estuvo expuesto a cualquier acto de vandalismo, cualquier acto contra su integridad. Menos mal no le pasó nada”, sostiene una de sus compañeras.

Ese día, la cosa se puso tan fea que, incluso, un reportero de América TV fue agredido por los manifestantes. Tuvo que esconderse en un hotel junto a su camarógrafo porque la situación era muy riesgosa. 

Protestas 6 de abril
El 6 de abril las protestas en Ica se intensificaron. En ese contexto, Halldor mandó a uno de los especialistas de la Oficina sin ningún tipo de protección a la zona del conflicto.

Para evitar que lo agredieran −como ocurrió con los funcionarios de la PCM− De la Cruz tuvo que quitarse todos los distintivos del MTC. Recién pudo salir del lugar pasadas las 10 de la noche. Sudaca accedió a través de distintas fuentes al pantallazo de WhatsApp en el que De la Cruz le increpa a González: “Halldor, recién estoy saliendo de Barrio Chino [en Ica]. Quiero que sepas que he expuesto mi integridad física en un ambiente muy candente en esta ‘comisión’ que me ordenaste”. Consultado por este medio, De la Cruz respondió que no quería dar declaraciones.

MALTRATO

Pero el maltrato laboral no se limita a esos días de convulsión social. En la Oficina de Diálogo y Gestión Social el ambiente es cada vez más hostil con las funcionarias mujeres. “Hay un maltrato selectivo hacia el personal femenino”, asegura uno de los especialistas de esta oficina. Esta afirmación es corroborada por los distintos testimonios que ha recogido Sudaca. 

Cintia Riega no fue la única que, sin previo aviso, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Su colega Vanesa Santos Arias, coordinadora del área de Gestión de Diálogo de la ODGS, también corrió la misma suerte. Santos tampoco recibió explicaciones de por qué, luego de cuatro años en el MTC, el nuevo director decidía prescindir de sus servicios.

“El día de hoy [28 de febrero] he tomado conocimiento de que no me renovarán ninguna orden de servicio […] Solo compruebo que los malos tratos y llamadas de atención constantes por parte del director actual, el señor Halldor González Cedeño (y escribo bien su nombre porque que no quiero que una vez más ese sea un motivo de molestia de su parte), han sido dirigidas constantemente hacia mí, por mi condición de mujer, demostrando así su misoginia”, escribió Santos en un correo de despedida enviado a sus compañeros.

Y, como un augurio, agregó: “Que no les sorprenda que nuestros reemplazos sean hombres”. Precisamente, los nuevos coordinadores no solo son hombres, sino que además se les ha subido el sueldo. “A ellas, que tenían mucha experiencia en estos temas, les pagaban S/9.000. Ahora a sus reemplazos se les aumentó a S/10.000 mensuales sin que exista justificación y cuando supuestamente hay un problema de recorte de presupuesto en la oficina”, señala una de las especialistas consultadas. Sudaca corroboró el incremento de sueldo revisando las órdenes de servicio.

“Somos varias compañeras que manejamos temas distintos. Todas mujeres que estábamos empoderadas en ciertos aspectos porque teníamos la experiencia y los conocimientos. Era evidente que [González] sólo se metía con las mujeres. Al único coordinador hombre no lo cambió y tampoco se mete con él”, asegura otra fuente. 

Una de las analistas que labora en la Oficina de Diálogo narra pasajes de hostigamiento que ha sufrido de parte del nuevo director. “Lo que él suele hacer es citarme en privado en su oficina para llamarme la atención de manera agresiva, levantándome la voz. Se cuidaba de no hacerlo en público. Me acusaba de querer hacerle firmar cosas para perjudicarlo”, señala. “Mi coordinador [su inmediato superior] sabía de esto y me decía que ya no hable con el director, porque se notaba que había una aversión contra mí”, agrega.

Una especialista más pasó por lo mismo. Cuando se lo hizo saber a González, este se mofó de la situación y le dijo “ahora ya no te puedo ni saludar porque no me vayas a decir misógino”. “Si me tratas mal y veo que solo es a mujeres, sí te voy a decir misógino, porque lo estás siendo, y me estás maltratando al acusarme de querer hacerte daño o grabarte sin tu consentimiento”, fue la respuesta que le dio ella. Y hay más testimonios. 

Tania Poma
Cansadas de los malos tratos de González, las afectadas decidieron no callar y solicitaron una reunión con el ministro Bustamante. Hasta el día de hoy, siguen sin atenderlas.

Cansadas de esta situación, un grupo decidió reunirse con el ahora titular del MTC, Nicolás Bustamante, para comunicarle lo que viene pasando. Sin embargo, la respuesta de la asesora del ministro fue, según cuenta una de ellas, reprocharlas por decirlo recién. De acuerdo a capturas de pantalla de los mensajes que Sudaca pudo revisar, la asesora Tania Poma ha ido dilatando la reunión desde el 17 de marzo. Hasta hoy, no han podido entrevistarse con el ministro. Las afectadas creen que lo están encubriendo.

Nos comunicamos con Halldor González, pero se excusó de responder nuestras preguntas porque, según él, estaba trabajando.

 

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EL DÍA D

El sábado 2, el Ejecutivo finalmente se puso las pilas. O al menos eso parecía, pues anunciaron la tardía mesa de diálogo con los dirigentes para llegar a acuerdos y una tregua. Sin embargo, fueron llegando los ministros, pero el presidente ese día no apareció, lo que exacerbó el ánimo de los protestantes. Ellos pedían que Castillo se disculpara por tildarlos de vendidos.

La reunión con los ministros se llevó a cabo en el Coliseo Wanka. Sin embargo, cuando los manifestantes se dieron cuenta de que el presidente no llegaría, la protesta volvió a estallar. “[Estoy] totalmente indignado, el señor presidente debería estar acá, debe dar la cara acá, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, dijo un manifestante a los periodistas de Canal N. Producto del conflicto, casi 30 personas resultaron heridas, algunos más graves que otros, de acuerdo a medios locales.

Kenyi Huaripata Yauri (23) es estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Ese sábado tenía clases, pero cuando vio a un grupo de agricultores −la mayoría, adultos mayores− que pasaban caminando mientras reclaman sus derechos, decidió ir a marchar con ellos. “Mi familia se dedica a la agricultura en Huancavelica, sé cómo es la labor, bastante sacrificada, por eso es que tomé la decisión de acompañarlos”, sostiene.

Cuando los disturbios comenzaron, cuenta, la Policía empezó a tirar bombas lacrimógenas a los manifestantes. En ese momento, él se retiró para evitar que lo lastimen. Sin embargo, para volver a casa se vio obligado a pasar por donde estaban los agentes. “Vi que estaban usando perdigones y bombas […] también cuando me estaba retirando, vi a un compañero en medio del humo tirado en el suelo, sin poder moverse debido al efecto de los gases lacrimógenos”, recuerda Kenyi.

Kenyi Huaripata paro transportistas junin
Kenyi Huaripata salió a marchar junto con un grupo de agricultores. Lo que empezó como una protesta pacífica, terminó en casi una treintena de heridos. A Kenyi le lanzaron una bomba lacrimógena en la ingle y tuvo que ser operado de emergencia.

De acuerdo a su testimonio, al darse cuenta de que eran pocas personas, la Policía empezó a lanzar más bombas para dispersarlos. Y es ahí donde uno de estos artefactos le cayó en la ingle. “El dolor era tan intenso, que ya no pude irme a mi casa como lo tenía pensado, a pesar de estar muy muy cerca”, cuenta. 

Como pudo, se acercó a una unidad de primeros auxilios de su universidad y les pidió ayuda. Fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Luego de tenerlo dos horas haciendo papeleos, una prima llegó a ayudarlo y lo trasladó a una clínica para ser operado de emergencia. “Si mis papás no hubiesen hecho un esfuerzo para ayudarme a pagar la clínica, seguramente no me habrían operado y ahora estaría mal”, apunta el estudiante. 

Otro de los que resultó herido de gravedad fue Frayan Toribio Yaranga (27), que se encontraba como brigadista de primeros auxilios en la protesta. “Voy a apoyar el paro de los transportistas porque ya mucho se abusa del pueblo y las cosas suben: el petróleo, los víveres. Ya no nos alcanza”, le dijo a su padre Félix Toribio, según recuerda este a Sudaca.

Pero en medio de la batalla campal que se armó en las afueras del Coliseo Wanka, a Frayan le cayó un perdigón en el ojo derecho. Su familia se enteró de que estaba herido cuando vieron una foto de él en redes sociales. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron tirado en una camilla y sin atención médica. Tuvieron que trasladarlo de emergencia hasta el Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima. Fue operado, pero perdió la visión del ojo derecho. Ahora corre el riesgo de perder el otro ojo debido a la gravedad de las heridas y a la atención tardía, según le informaron los médicos a su padre.

Frayan Toribio
A Frayan Toribio le tiraron un perdigón en el ojo derecho. Aunque lo operaron, perdió la visión en ese ojo. Ahora se encuentra en peligro su ojo izquierdo.

“Mi hijo trabaja en Arequipa, en la mina, gana su plata con el sudor de su frente. No es un delincuente. No entiendo por qué le hicieron esto. Muy mal la policía, ¿cómo va a disparar de frente a las personas como si fuesen animales? Queremos justicia, nos sentimos indignados”, reclama Toribio.

Ahora Frayan se encuentra deprimido, por lo que su familia pide que los ayuden con un psicólogo para su hijo. “Mi hijo está llorando, está desesperado. Ahora yo le pido a Castillo o a los congresistas que me ayuden con un psicólogo que le hable a mi hijo”, pide su padre.

Daniel Zacarias Tejeda (28) también resultó herido. Él fue golpeado por los efectivos policiales en varias partes del cuerpo. “Cuando ya me estaba retirando, nos empezaron a tirar bombas y luego entre varios nos golpeaban, nos maltrataban. Tuve que ir a sacarme ecografías y rayos X para descartar cualquier fractura”, recuerda. 

Daniel Zacarias
Daniel Zacarias también resultó herido en las manifestaciones: fue golpeado por los efectivos policiales en los exteriores del Coliseo Wanka.

Zacarias, quien se dedica a la construcción, tuvo que dejar de trabajar por los golpes recibidos. Cuando fue a la clínica, había 20 personas más que también estaban heridas. Ahora solo espera ver a Castillo dando la cara hoy en Huancayo. “Mi familia está muy molesta por lo que me hicieron. Y ese es el sentir general”, advierte. 

Al cierre de esta edición, el presidente de la República acababa de llegar, entre pifias, al Coliseo Wanka para clausurar el Consejo de Ministros. Cuatro horas después que sus ministros. Tarde y mal para los juninenses y sus muertos. 

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