Las consecuencias de esta recomposición al interior del TC ya se veían venir, dice Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP. Y el caso Primax es apenas una muestra. “Era muy claro que ante un TC con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra”, apunta.
Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Prímax, que tiene como principal punto de controversia la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal.“Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que, como la Sunat y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no pueden cobrar intereses moratorios más allá de ese plazo legal”, explica Francisco Eguiguren.
“La empresas dicen ‘Tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora’. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores”, añade.
En su voto singular, Sardón le respondió a Ledesma argumentando que, “quizá”, ella aprovechó el fallecimiento de Carlos Ramos para imponer su opinión en los casos de intereses tributarios.
En la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso.
“El voto en mayoría [de los tres magistrados] lo que dijo simplemente, y a la ligera, es ‘la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo’. ¿Cómo este caso no va a ser complejo? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta once bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años”, crítica Eguiguren.
“El TC no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Eso depende de los recursos que tenga la Sunat y el Tribunal Fiscal. Hay casos que demoran más que otros […] Al Tribunal Fiscal le faltan recursos, se le ha bajado el sueldo a los vocales, es un órgano muy especializado que debería tener más recursos sobre todo para temas que cada vez son más complejos”, dice, por su lado, Fernando Loayza.
Pero hay otro factor a tomar en cuenta y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. ¿El motivo? Demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario, vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y luego reclamas», sostiene Loayza.
Para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la Sunat en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva a que las empresas impugnen indefinidamente. “Estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente […] No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y al presupuesto público sin recursos», sostiene. Como están las cosas, todo apunta a que el TC ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados.
Otros tres congresistas vinculados a ‘Los Niños’ −según el portal Epicentro− son Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis. El primero, al igual que Ilich López, es cercano a Julio Chávez Chiong. Por otro lado, Flores Ancachi y Mori Celis lo son a Yonhy Lescano, según las fuentes consultadas por este medio.
Darwin Espinoza, por último, también sería parte de la guardería. Según las fuentes, este personaje es cercano a Edmundo Del Águila Morote, autoproclamado secretario nacional de AP en las accidentadas internas de setiembre, y a su hijo, Edmundo Del Águila Herrera. Ambos lideran una de las facciones más poderosas dentro de la lampa. El congresista contrató a la hermana de este, Karim Del Águila Herrera, como técnica en su despacho congresal, con un sueldo de S/6.000 mensuales.
En el partido su presunta vinculación a ‘Los Niños’ revivió viejas rencillas y denuncias. “Dentro y fuera del partido, por donde camina, hace daño. Donde camina y toca, pudre a las personas y los sitios”, dice Yuliana Silva Roncal, exdelegada electoral de la provincia de Santa, Áncash, sobre el congresista.
Varios aseguran que Espinoza siempre ha tenido problemas dentro de Acción Popular. Según testimonios de militantes de Áncash, Espinoza y su hermano se habrían adueñado del local partidario en Chimbote desde el 2014 y lo habrían alquilado a terceros sin rendir cuentas. “El local ubicado frente a la Plaza de Armas de Chimbote se encuentra en posesión de él y su hermano. Ellos usufructúan el local y no permiten que nadie del partido tenga acceso”, asegura una militante de la lampa en Áncash.
“Espinoza no es una persona de fiar, él y su hermano han hecho plata gracias al local que tienen capturado en Chimbote”, agrega Milagros Rojas, secretaria nacional de disciplina.
Darwin Espinoza niega las acusaciones. “No soy ningún administrador ni tesorero”, afirma. Sin embargo, un acta policial de octubre de 2018 lo desmiente. Según el documento, uno de los comerciantes que arrendaba un espacio del local partidario denunció al ahora congresista por destrozar su negocio. La agresión comenzó porque Espinoza exigía que se le pague “el arriendo a su persona” o, de lo contrario, comenzaría a “destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas a la calle”.
Acta policial que narra las amenazas y violencia cometida por el ahora congresista Darwin Espinoza contra uno de los comerciantes que alquilaba el local partidario de Acción Popular en Áncash.
Como el comerciante se negó −pues él había firmado el contrato con el hermano del congresista−, Darwin Espinoza “se acercó a la puerta […] y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, así como una rajadura en la puerta de madera”, se lee en el documento de la PNP.
No es lo único que ha quedado en los registros policiales. En junio de 2019, Espinoza fue intervenido por agredir a otro correligionario dentro del local. “A consecuencia de la agresión, ambos presentan lesiones”, se puede leer en el parte.
Tras el último voto de confianza, los accionpopulistas ahora creen que hay más de cinco ‘Niños’ que obedecen las órdenes del presidente Pedro Castillo. “Por supuesto que es una traición si se comprueba que ellos realmente están involucrados. Esos 5 congresistas no nos representan […] A los congresistas les faltan pelotas. Hay demasiada corrupción”, dice Milagros Rojas.
El terremoto ha removido tanto, que algunos de los principales rostros de la lampa incluso plantean que AP no participe de las próximas elecciones. “Así como están las cosas, si le dijeran a la gente por qué partido votarían, no pensarían en AP”, sostiene el parlamentario José Arriola.
El 8 de marzo, el partido comunicó que citaría a los cinco congresistas señalados como parte de “Los Niños”. Hasta el momento, según informó El Comercio, dos de los citados son Mori y Doroteo, quienes fueron señalados directamente por Karelim López. Los otros tres, mencionados por la prensa, también darán sus descargos y luego se les abrirá una investigación.
Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.
Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.
En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.
Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.
Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.
“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.
El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.
Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.
Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.
En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.
Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.
“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”
José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.
A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.
Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.
Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.
En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.
Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.
Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.
José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.
El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.
La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.
Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.
El 2019, Perú Libre ganó la alcaldía provincial de Huancayo y la convirtió en su feudo. La impunidad bajo la que operaban sus autoridades, sin embargo, apenas les duró un par de años. La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular a ‘Los Tiranos del Centro’, una presunta organización criminal que se dedicaba a cobrar cupos a ambulantes y comerciantes de la Ciudad Incontrastable. Si alguno de ellos no entraba al ‘juego’, era desterrado u hostilizado.
Sudaca pudo revisar la resolución judicial que ordena la detención de las 18 personas involucradas en este caso, entre gerentes, funcionarios y colaboradores del municipio. El presunto líder de la mafia es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo, fundador de Perú Libre y antiguo personal de confianza de Vladimir Cerrón en una de sus gestiones como gobernador regional.
Este medio también accedió a un reciente informe de la Contraloría que explica cómo funcionarios del mismo municipio contrataron, en el 2020 y sin concurso público, a 88 trabajadores que terminaron brindando servicios para áreas a las que no estaban destinados. El perjuicio económico de esto último ha sido calculado en más de S/461.000.
En ambos casos se muestra, una vez más, cómo los militantes del lápiz habrían copado la administración pública para beneficiarse de prácticas corruptas.
VENTAJAS DE UN PERULIBRISTA
“El espacio que está en la esquina sepáralo, ¿ya? Es para un tema del partido. Voy a coordinar con el alcalde,pero igual sepáralo, no quiero a nadie desconocido ahí”, le dice uno de los investigados a Danny Luján Rojas, quien fue gerente de Promoción Económica y Turismo durante el 2019 y militante del lápiz desde el 2017. Esta conversación, interceptada legalmente, es parte de las evidencias que tiene la fiscal Bonnie Bautista y refuerza su hipótesis de que los funcionarios de la municipalidad de Huancayo separaban espacios en la vía pública para favorecer a comerciantes afines a Perú Libre.
El monto del cupo variaba según el tipo de comerciante extorsionado. Los ambulantes, por ejemplo, pagaban entre S/1 y S/10 diarios para que los dejen trabajar en las calles. Los perulibristas les entregaban tickets que no tenían ningún valor contable ni nombres. Según la Fiscalía, les sacaban más de S/20.000 semanales.La plata era recolectada por funcionarios de la subgerencia de Promoción Económica, quienes luego entregaban el dinero a sus superiores.
En una ocasión, Hernán Chircca, jefe de esta subgerencia, ordenó a un emisario recoger S/350 de una comerciante informal. Chircca le dijo a su interlocutor, en una llamada interceptada, que la mujer le daría el dinero en “un vaso descartable como de emoliente”. Según la tesis de la fiscal Bautista, esta era una de las formas en las que camuflaban la coima y evitaban ser descubiertos.
Por otro lado, los cupos pagados por locales establecidos, como bares o discotecas, habrían sumado alrededor de S/150.000 mensuales. La gran mayoría de ese dinero era repartido entre los integrantes de ‘Los Tiranos del Centro’, apunta el documento fiscal.
El mencionado Danny Luján Rojas habría sido una pieza clave de esta trama criminal. No sólo para coordinar los cupos, sino para expulsar a quienes se negaban a “colaborar”. Lo hacía a través de acciones de “fiscalización y orden”, cuya verdadera finalidad era recolectar el dinero de los cupos bajo la premisa “paga o vete”. Por ejemplo, el 21 de noviembre del 2019, Luján Rojas dispuso la ejecución de un operativo.
Según la resolución, en el operativo participaron 40 policías municipales que, “de forma agresiva, violenta y utilizando lenguaje discriminatorio, agredían a las personas que se dedican al comercio ambulatorio y secuestraban sus respectivas mercaderías, observándose que dichos desalojos y decomisos estarían siendo direccionados en contra de ciertos comerciantes, quienes se estarían negando a pagar el dinero exigido, el cupo”.
La sucesora de Luján en el despacho de Desarrollo Económico y Turismo fue Mabel Mendoza García, quien también coordinaba la contratación de personal al interior del municipio de Huancayo y el favorecimiento de ciertos trabajadores afines a Perú Libre, un hecho que la fiscal Bautista también investiga como presunto tráfico de influencias. Uno de estos, por ejemplo, buscaba una renovación de su contrato. Mendoza le cumplió el deseo porque estaba bien apadrinado. “Su padrino es Dany [Luján], por eso le he renovado un mes”, se le escuchó decir en una de las llamadas interceptadas.
Más allá de los favores entre militantes y funcionarios del lápiz, las comunicaciones de Mendoza evidencian también las represalias que se tomaban contra los comerciantes que se negaban a pagar cupos. “A esa señora ni le facilites ah. Es orden de Henry [López] que no se va a trabajar con ella […] Esa señora cuando entramos el año pasado nos ha hecho problemas y por eso Henry le ha puesto la cruz”, se le escucha decir a la mujer.
Quienes se atrevían a denunciar tampoco corrían mejor suerte. “La señora que tiene seis hijos del pasaje Huamanmarca no sé a dónde la llevas, la mandas a Chilca o al Tambo, porque en la mañana te ha macheteado duro en la radio… No sé, pero te ha difamado feo”, se interceptó a otro de los investigados.
Danny Luján Rojas fue gerente de Promoción Económica y Turismo. Según la tesis fiscal, fue colocado en ese cargo por el exalcalde Henry López para asegurarse de que se cumplan “las disposiciones del líder”.
TIRANO EN LAS SOMBRAS
Según el Ministerio Público, el líder de ‘Los Tiranos del Centro’ es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo y persona de confianza de Vladimir Cerrón. López Cantorín es fundador de Perú Libre y actual ‘secretario de profesionales’ de esta agrupación política. La hipótesis fiscal apunta que tuvo “como propósito inmediato llegar a la alcaldía de Huancayo, aprovechando el puesto para beneficiarse económicamente”.
Su paso por el municipio no duró mucho. Ocho meses después de asumir el cargo, en agosto de 2019, fue suspendido como alcalde debido a que fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los hechos ocurrieron cuando, en el Gobierno Regional de Junín, fue gerente general de la primera gestión de Vladimir Cerrón (2011-2014), quien también fue sentenciado en este proceso. Ambos fueron hallados responsables de favorecer al Consorcio Altiplano por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya.
Sin embargo, la fiscal Bonnie Bautista asegura que López Cantorin continuó operando desde las sombras y que tomaba decisiones dentro del municipio de Huancayo. Y es que quien lo sucedió en la alcaldía fue su tío Juan Carlos Quispe Ledesma. Este militó en el partido de Vladimir Cerrón entre el 2015 y el 2017.
Según la resolución judicial que ordena la captura de ambos, Quispe estaba “subordinado” a Henry López, cuyo “liderazgo e influencia crecieron […] incluso tomando decisiones que competen a funcionarios públicos de alto nivel”. Aunque Quispe también gozaba de cierta autonomía “dirigiendo y controlando la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir quienes están bajo su mando”.
Prueba de ello es una conversación entre dos investigados. “El alcalde está en Lima pues… te sugiero que todo aquel que tome el nombre del alcalde le pidas su DNI, le tomes foto y tú me mandas a mí y yo le consulto al alcalde. ‘Señor alcalde, ¿usted está avalando a esta señora?’. Me va a decir sí o no, y te evitarás problemas”, se oye decir a uno de ellos, en referencia a que los comerciantes que buscaban ser beneficiados debían tener el visto bueno del burgomaestre.
Según la hipótesis fiscal, Quispe también utilizaba su cargo para proteger a ciertos trabajadores ambulantes, permitiéndoles trabajar en lugares privilegiados de Huancayo, “prohibiendo a funcionarios o servidores públicos de la gerencia de fiscalización y policía municipal que incauten, decomisen o los expulsen”.
Vladimir Cerrón y Henry López son cofundadores del partido del lápiz. En el 2019, los dos fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. En esa ocasión, se dio a la fuga. Hoy, nuevamente, el exalcalde de Huancayo se encuentra prófugo.
Los ya mencionados Danny Luján Rojas y Mabel Mendoza García, jefes de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo en el 2019 y 2020, respectivamente, fueron detenidos ayer. Henry López y Juan Carlos Quispe, sin embargo, se dieron a la fuga.
Y es que dentro del aparato de justicia hay topos aún no identificados. En noviembre de 2020, la Fiscalía intentó solicitar la prisión preliminar de ‘Los Tiranos del Centro’, pero antes de hacerlo, “según información del personal policial, se informó que las cabezas de esta presunta organización criminal ya habían sido alertadas de la pretensión del Ministerio Público”. Al final, el operativo no se llevó a cabo ese año.
El operativo de ayer coincide con un informe de la Contraloría que da cuenta de un perjuicio económico de casi S/.462.000 en la Municipalidad Provincial de Huancayo, “al permitir gastos para fines distintos a los transferidos”.
Debido a la pandemia, en el 2020 se publicó un decreto de urgencia que permitía financiar actividades de fiscalización relacionadas a la emergencia sanitaria. El objetivo era, según el informe, “abordar de una manera efectiva la problemática de las aglomeraciones y la pérdida de control de algunos espacios públicos debido al incremento del comercio informal ambulatorio”. Estos recursos no podían ser destinados, por ningún motivo, a fines distintos.
Así, entre julio y diciembre de 2020, el municipio liderado por Juan Carlos Quispe Ledesma contrató 305 trabajadores sin concurso público. Pero la Contraloría halló que 88 de ellos, que inicialmente fueron contratados como fiscalizadores municipales, terminaron realizando labores ajenas a sus funciones.
Entre los responsables de esta irregularidad detectada en el informe de Control Interno se encuentran el ya mencionado Danny Luján Rojas, presunto integrante de ‘Los Tiranos del Centro’. Ese año, ya ocupaba otro cargo: el de gerente de Seguridad Ciudadana. Otro de los involucrados es Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador del partido del lápiz y, según la Fiscalía, parte de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’. Con el lápiz, esto es ya apenas más de lo mismo.
La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón Ruffner, es acusada por sus colegas de haber presentado documentos falsos para ser nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP). Este es un gremio que -según su sitio web y al revés de lo que viene haciendo Jerí- “busca el fortalecimiento institucional y la calidad académica” de las casas de estudio estatales.
Hasta julio del año pasado, el presidente de la asociación era Orestes Cachay, exrector de la San Marcos. Pero su periodo como cabeza de la Decana de América venció y Ramón fue elegida su sucesora. Ella, entonces, era la llamada a culminar el período de Cachay al frente de la ANUPP, hasta febrero de este año.
Para formalizar su cargo, lo único que faltaba era convocar una asamblea con los demás rectores y que estos la reconozcan como la nueva presidenta. El 29 de noviembre del año pasado, ante la Sunarp se presentaron documentos que acreditaban que la reunión se había dado. Los escritos llevaban, incluso, el sello de una notaría del Callao que ‘certificaba’ su validez. Sin embargo, Sudaca ha conversado con varios rectores que señalan que dicha asamblea nunca se llevó a cabo.
En noviembre del año pasado se presentaron ante la Sunarp documentos de una asamblea donde se nombró a Jerí Ramón como presidenta de la ANUPP. La reunión nunca se realizó. La lista de los que supuestamente asistieron también es falsa y sorprendió a los aludidos, quienes niegan siquiera saber de la existencia de la asamblea.
¿Por qué se recurrió a documentos falsos para nombrar a Jerí Ramón al frente de la ANUPP? Un exrector ensaya una explicación que tiene que ver con los intereses de la actual rectora de la San Marcos para desarticular a la Sunedu. Aquí la historia.
DOCUMENTOS DE LA DISCORDIA
Según los documentos que revisó este medio, uno de los escritos ingresados a la Sunarp fue la convocatoria a la supuesta asamblea de agosto del 2021. Con solo seis días de anticipación, se invitó a los rectores de varias regiones del país a asistir presencialmente. La reunión se iba a desarrollar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
También se adjuntó una lista de 22 rectores que supuestamente acudieron al lugar y, para hacer más creíble la farsa, se presentó un acta donde se explica a grosso modo lo sucedido en la reunión. Pero esto es lo más grave: se ingresó, además de todo eso, una declaración jurada donde el entonces vicepresidente de la ANUPP, Roberto Supo Huallasi, da fe “de la identidad de los asistentes y firmantes”. Él firmó todos los documentos, certificando su veracidad. Supo, como veremos más adelante, dice que fue embaucado por Jerí Ramón y por el apoderado judicial de la San Marcos.
“Yo no participé. Me enteré meses después de que se había hecho un acta con la intención de que se legalice la presidencia de la Dra. Jerí Ramón, pero ninguna de esas personas [que figuran en los documentos] asistió.Incluyéndome”, asegura un indignado Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza y miembro activo del Consejo Directivo de la ANUPP. Su nombre figura entre los 22.
Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, también niega haber asistido a la dichosa asamblea, aunque su nombre es el primero de la lista. “Yo no fui, ni siquiera era rectora en esa fecha”, dice. Agrega, además, que mandó una carta notarial desmintiendo su supuesta participación.
Carta notarial enviada por la exrectora de la universidad Daniel Alcides Carrión donde desmiente haber asistido a dicha reunión
Ninguno de los integrantes de la ANUPP fue convocado en julio ni asistió a la fantasmal reunión, como se intentó hacer creer a los Registros Públicos. Alfonso López-Chau, rector de la UNI, niega que la asamblea se haya realizado en las instalaciones de la universidad que representa. “Yo he consultado en la UNI y no sabemos nada de la reunión”, asegura a Sudaca.
¿Quién había ingresado tales documentos a la Sunarp? Los agremiados apuntan al apoderado judicial de la Universidad Nacional Mayor de la San Marco, Abelardo Rojas Palomino. El 5 de agosto de 2021, Jerí Ramón le otorgó un poder especial para que represente a esta casa de estudios.
“La responsabilidad directa es del apoderado judicial de la San Marcos, que se presenta ante los registros públicos y trata de nombrar a la doctora Jerí como presidenta con una asamblea que nunca existió”, se queja Orestes Cachay. Y agrega: “Pero no lo ha hecho solo, porque él no tiene nada que ver con la ANUPP. Lo más seguro es que haya recibido indicaciones de la rectora”.
El pasado 12 de enero, luego de que el engaño de la asamblea fantasma fuera puesto en evidencia, el notario que certificó la validez de los documentos falsos solicitó a la Sunarp dejar sin efecto los papeles presentados.
DESCUBRIENDO EL ENGAÑO
Los rectores de la ANUPP se enteraron de la farsa cuando, en diciembre, la Sunarp emitió una tacha contra los documentos presentados. Uno de los motivos para esto fue que Roberto Supo, que había dado el visto bueno a la supuesta asamblea en su calidad de vicepresidente, no figuraba con ese cargo en los Registros Públicos.
Entonces, en el grupo de WhatsApp de los rectores de las universidades que integran este gremio, ardió Troya. “Señores miembros de la ANUPP, consulto: ¿hemos tenido Asamblea General Nacional Extraordinaria el 4 de agosto del 2021 como dice esta esquela? ¿Por qué la tacha de Registros Públicos habla de una constancia de quórum?[…] Como miembro oficial del Consejo Directivo de ANUPP, informo que no se me ha informado sobre esta convocatoria”, escribió Policarpo Chauco.
Chat grupal de los rectores de la ANUPP. Niegan tener conocimiento de la asamblea donde se nombró a Jerí Ramón como presidenta del gremio.
Días después de ese primer mensaje, Roberto Supo Hallasi, el exvicepresidente que firmó todos los documentos presentados a la Sunarp, envió una carta al grupo de WhatsApp en la que acusaba a Jeri Ramón Ruffner y a Abelardo Rojas Palomino, el apoderado judicial de la UNMSM, de haberlo engañado para que firme aquellos papeles.
“Me siento con ira, con cólera y con rabia al haber sido sorprendido por un abogado asesor de la Dra. Jeri Ramon Ruffner, quien vino en el mes de diciembre a mi hotel. Argumentando que debo firmar documentos para viabilizar el reconocimiento de los miembros de ANUPP, [Abelardo Rojas] me llevó de manera apurada a una notaría y firmé documentos. Repito: era para regularizar y argumentaba que era el único que faltaba firmar”, asegura Supo en la carta que mandó al Whatsapp.
Según su testimonio, la propia rectora de la San Marcos, la universidad más antigua de América, lo llamó pidiéndole que firme. “Recuerdo también que me llamó en dos oportunidades la Dra. Jeri Ramón Ruffner, pidiéndome lo mismo, que firmara documentos para regularizar. A su pedido confié, pero ahora me califico como un incauto”, apunta. Nos comunicamos con Supo, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes.
Un dato que no es exacto dentro de la explicación de Supo Hallasi es que, según él, lo hicieron firmar en diciembre. Sin embargo, los documentos fueron presentados a los Registros Públicos, de acuerdo a la documentación revisada por Sudaca, a fines de noviembre.
La carta de Supo termina con una interrogante que muchos, hasta ahora, se hacen. “Me pregunto: ¿qué intención tuvo de hacer este embrollo administrativo el señor asesor? ¿Será el asesor que tuvo la mala intención de generar daño a los miembros de ANUPP?”.
Carta enviada por el exrector de la Universidad Jorge Basadre, Roberto Supo. En ella cuenta que el apoderado judicial de la UNMSM lo hizo firmar con engaños y que la misma rectora Jerí Ramón lo llamó para insistirle.
Nos comunicamos con Jerí Ramón y Abelardo Rojas para hacerles la misma pregunta, pero ninguno atendió nuestras llamadas ni mensajes.
DEBILITAR A LA SUNEDU
“Ella sabía que la ANUPP iba a oponerse a la contrarreforma universitaria y al descabezamiento de la Sunedu. Sabía que si convocaba asambleas, el 90% de nosotros no iba a estar de acuerdo con la posición que tiene ahora, que es bajarse a la Sunedu”, dice un exrector de una universidad pública que pide anonimato. Ensaya de esta manera una explicación a por qué Jerí Ramón no siguió el procedimiento legal para ser nombrada presidenta del gremio.
En efecto, la rectora de la San Marcos se ha presentado públicamente con el título de “presidenta de ANUPP”, aunque ni los Registros Públicos ni sus compañeros la reconozcan como tal. Y la postura que lleva, explican sendos miembros del gremio a Sudaca, no es la posición de la asociación, sino su opinión personal.
Por ejemplo, el 16 de noviembre del año pasado, Ramón Ruffner se presentó ante la comisión de Educación del Congreso y opinó sobre el proyecto de ley que busca restablecer la supuesta “autonomía” de las universidades, colocando a representantes de las casas de estudio en el Consejo Directivo de la Sunedu. En realidad, busca restablecer un sistema similar al de la antigua ANR, donde los regulados controlarían la institución que los regula.
En dicha ocasión, la rectora de la San Marcos mostró su respaldo a la iniciativa legislativa, que sería el certificado de defunción de la reforma universitaria. Sus intervenciones fueron aprovechadas por algunos congresistas, quienes empezaron a cuestionar a la superintendencia por cerrar universidades con licencia denegada.
No fue la única vez que Jerí Ramón se pronunció en contra de la Sunedu. El jueves 3 de febrero se reunió en las instalaciones del Ministerio de Educación con el titular de esta cartera, además de otros rectores que están a favor de la “autonomía” de las universidades. Entre ellos, había miembros de la ASUP, gremio que ha petardeado la reforma universitaria desde sus inicios. Ese mismo día, en Radio Exitosa, acusó al Partido Morado de tener “el control” de la superintendencia.
Comparto mi carta dirigida a la rectora de la @UNMSM_ donde le solicito que rectifique las falsedades que expresó en una entrevista con Exitosa el día de ayer. pic.twitter.com/th3wbQ94Pv
Varios profesores, alumnos y egresados de la San Marcos ya se manifestaron rechazando la postura de su rectora, acusándola de usar el nombre de la casa de estudios y de actuar a espalda de los sanmarquinos “en pro de intereses particulares”. Ahora, los exrectores y los rectores actuales de la universidades que conforman la ANUPP la desconocen como su presidenta. “La desconocemos y ya se lo dijimos en una reunión que tuvimos”, dice Policarpio Chauca. Y lo increíble es que tienen fundamentos sólidos para hacerlo.
“Un personaje que siempre aprovecha toda oportunidad para ensalzar los logros regionales es Hernán Condori, director de la red de Salud Chanchamayo, quien sería uno de los principales voceros de la portátil del presidente regional”. Así describían periodistas de Huancayo, hace ocho años, al ahora ministro de Salud: como un seguidor incondicional de Vladimir Cerrón.
«Un personaje que siempre aprovecha toda oportunidad para ensalzar los logros regionales [del gobierno regional de Cerrón] es Hernan Condori Machado» Ese es nuestro nuevo ministro de Salud
Vía @SudacaPerupic.twitter.com/UUr4rEZ3Iu
Antes de que Junín se convirtiera en el bastión de Perú Libre, Hernán Condori no era muy relevante. “Él era más o menos conocido en el distrito de Perené, donde nació y vivió, pero salta a la palestra pública cuando es elegido director de la Red de Salud Chanchamayo, nombrado por Cerrón en su primer periodo”, dice Jorge Camposano, reconocido periodista de esa provincia juninense.
La gestión de Condori en Chanchamayo (2011-2014) estuvo marcada por la adquisición de un tomógrafo que resultó ser casi inútil, pero eso no importaba a la hora de resaltar la imagen de su líder. “Doctor Vladimir, ya estamos también a punto de inaugurar el tomógrafo que nos ha comprado el gobierno regional”, dijo el incondicional de Cerrón en una conferencia de prensa del 2012
Cinco años después, la Contraloría hallaría responsabilidad administrativa en Condori, como director de la Red de Salud Chanchamayo, por la compra del tomógrafo. Esto, por no presentar informes de conformidad, ni verificar la calidad del producto y el cumplimiento de las condiciones del contrato. En la auditoría se evidenció que, a pesar de no tener todos los documentos necesarios, el gobierno de Junín pagó S/1.250.000 por el aparato.
El tomógrafo, además, fue calificado como un «elefante blanco» por la consejera Janet Huari. “Como no hay médicos especialistas, los enfermos son derivados a Huancayo o Lima”, dijo al diario Correo.
Apenas un mes después de que acabó esa primera gestión, en marzo del 2014, Condori se afilió al por entonces movimiento regional Perú Libre. Y esa militancia rindió frutos cuando Cerrón regresó al gobierno regional el 2019. Condori fue nuevamente nombrado director de la Red de Salud Chanchamayo, que es un cargo de confianza del gobernador.
Desde que Junín se convirtió en el bastión de PL, a Hernán Condori no le ha faltado trabajo en las redes de salud.
ACÉRRIMO DEFENSOR
En los últimos años, Condori ha salido a defender a su líder cada que este ha sido criticado. Por ejemplo, ante los cuestionamientos por la construcción del hospital de Satipo. Cuando ya se tenían listos los estudios, el presupuesto y hasta el terreno para empezar la obra, Cerrón decidió que el hospital debía cambiar de categoría. Eso significaba empezar a buscar una nueva ubicación y volver a foja cero.
Hernán Condori, entonces, fue a sacar cara por su líder hasta las instalaciones de la radio ‘La Ruta’, en Satipo, que estaba a dos largas horas de su oficina. “Es por esa entrevista que lo conocí. Fue algo inusual su visita porque nadie lo invitó a la radio. Vino desde otra provincia a defender un capricho de Cerrón. El tema del hospital fue un tremendo problema aquí en Satipo”, cuenta Miguel Mateo, el periodista que lo entrevistó en esa oportunidad.
“Doctor Hernán Condori, ¿usted viene enviado por Vladimir Cerrón aquí a Satipo para poder informar?”, le preguntó. “[Estoy aquí] a título de director de la red de Salud Chanchamayo y en mi situación de preocupación. Para nadie es desconocimiento de que en estos momentos hay un tema controversial, […] Vengo acá a sensibilizar a las autoridades, a la población”, respondió el ahora ministro de Salud del Gabinete de ‘ancha base’.
Hasta el día de hoy, el dichoso hospital sigue sin construirse.
Luego de que Cerrón fuera suspendido como gobernador regional, el también perulibrista Fernando Orihuela lo sucedió en el cargo. Y como en el feudo de Perú Libre los militantes son la prioridad, Hernán Condori fue nombrado director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín el 2 de enero del 2020.
Pero esta nueva experiencia solo le duró seis días, pues el 8 de ese mismo mes, fue removido del cargo. ¿Qué pasó? Según dos fuentes con las que conversó Sudaca, hubo un cortocircuito entre el nuevo ministro de Salud y el círculo de confianza de quien había reemplazado a su líder.
“Luego de que condenaron a Cerrón, entró Orihuela y convocaron a Hernán para el cargo de confianza. Pero él no era muy amigo del nuevo gobernador regional [aunque ambos sean militantes de PL] y era parte de los incondicionales de Cerrón”, cuenta un amigo de Condori. “Como es incondicional de Cerrón, chocó con la gente de Orihuela. Él solo recibe órdenes de Cerrón”, confirma un periodista de la región.
Meses después de dejar el cargo, la misma Diresa descubrió extrañas designaciones durante el paso de Condori como jefe de la Red de Salud Chanchamayo. En consecuencia, anuló el nombramiento de ocho trabajadores que este había colocado entre noviembre y diciembre de 2019.
Según los documentos de esa investigación, se advirtió que no se había realizado un procedimiento regular porque “los miembros de la comisión de nombramiento han obviado esperar la recepción de los informes del MINSA y Gore Junín para la validación del informe final”. Una de las nombradas fue Ana Elizabeth Inga Fuentes, quien se convertiría en militante de Perú Libre el 2020.
Hoy Condori ya no solo enfrenta los problemas de Cerrón, sino también los suyos propios. El ministro es investigado por una fiscalía anticorrupción por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible. Esto, a raíz de hechos ocurridos en el 2019, durante su gestión como director de la Red de Salud de Chanchamayo.
Como informó el portal Epicentro, esta entidad organizó una convocatoria para contratar personal. De acuerdo a la documentación fiscal, el ahora ministro de Salud y otros funcionarios, “abusando del cargo que ostentaban”, realizaron cobros indebidos a los postulantes bajo el concepto de “derecho de trámite documentario”. Los montos variaban entre S/10 a S/20 por cada participante, a pesar de que dicho cobro no se encontraba contemplado en ninguna norma.
🚨#COMUNICADO | Colegio Médico del Perú exige renuncia de Ministro de Salud por las razones expuestas en el siguiente comunicado. pic.twitter.com/O6qnYjj5sI
Y sobre Condori Machado hay incluso más sombras y dudas. Por ejemplo, no se sabe exactamente cuál es su especialidad. Dice ser obstetra y tiene un consultorio particular donde ofrece dichos servicios, pero el decano del Colegio Médico del Perú Raúl Urquizo ya aclaró que Condori está registrado solo “como médico cirujano, médico general”.
Lo que sí queda absolutamente claro es que es un fan incondicional del secretario general de Perú Libre. “Siempre ha sido cuestionado por obedecer los caprichos de Cerrón”, concluye un periodista de Junín que se dedicó por años a investigar al exgobernador.
Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para pedir una entrevista con Condori Machado, pero el área de prensa nos respondió: “hasta el momento no tenemos contacto con él”.
Personajes reciclados de la cuestionada gestión de Mario Carhuapoma cuando fue jefe de EsSalud y sin experiencia en el campo deportivo son los jales estelares de Julio ‘Coyote’ Rivera como flamante jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Hoy ocupan puestos claves en la entidad, que maneja un presupuesto de S/130 millones, y en el equipo de transferencia de gestión. “No es gente que conozca el IPD”, asegura a Sudaca un extrabajador de la institución sobre los recientes nombramientos, a los que dice haber visto preguntando “qué se hace aquí”.
Como cereza de la torta: el ‘Coyote’ Rivera es cercano a algunas de estas personas también porque compartieron con él su paso por Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, entre el 2020 y el 2021.
EL FACTOR CARHUAPOMA
El 26 de enero, un día después de que nombraran al ‘Coyote’ Rivera como mandamás del IPD, Mario Carhuapoma Yance, expresidente ejecutivo de EsSalud, ingresó a las instalaciones de la institución, según el registro de visitas. No fue solo. Carhuapoma llegó acompañado de Leonardo Campos Acasiete, miembro del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos. El exjefe del seguro social ha sido decano de dicha institución.
¿Qué hacían dos químicos farmacéuticos en el IPD? Consultado por Sudaca, Carhuapoma asegura que solo fue “un saludo protocolar”. Campos Acasiete, por su lado, evitó responder nuestras consultas. Lo cierto es que esa no fue la única vez que visitaron a Rivera.
El 28 de enero, día en el que Perú y Colombia se enfrentaban para pelear su pase al Mundial, ambos volvieron a visitar al ‘Coyote’. Según fuentes del IPD consultadas por Sudaca, “vieron el partido juntos en la alta dirección”. Las horas de ingreso y salida coinciden con las de la victoria blanquirroja.
Todo apunta a que la relación entre el exfutbolista y el expresidente de EsSalud es muy cercana. Incluso, durante la misa de inicio de la nueva gestión que se llevó a cabo el 31 de enero, Carhuapoma y Campos también estuvieron presentes. Normalmente a estos eventos asiste “la familia y amigos cercanos del presidente”, explica un trabajador del IPD.
Al medio, con camisa blanca, el nuevo presidente del IPD Julio Rivera. A su costado, el expresidente ejecutivo de EsSalud Mario Carhuapoma. La foto se tomó en la misa institucional celebrada el 31 de enero último.
“Carhuapoma ha venido al IPD a saludar al presidente como consejero de EsSalud, porque todavía es una autoridad. Estamos viendo posiblemente más adelante establecer una relación institucional entre el IPD y EsSalud”, dice a Sudaca el gerente general de la primera institución, César Nieto Serpa, sin explicar en qué consistirá dicho vínculo.
El propio Nieto, sin embargo, es un ejemplo de cómo en el IPD se vienen reciclando los exfuncionarios de la gestión Carhuapoma en el seguro social.
DE ESSALUD AL IPD
Una de las primeras designaciones de Julio Rivera fue precisamente la de su nuevo gerente general, César Nieto Serpa. Este personaje lo visitó el 26 de enero, el mismo día que Carhuapoma. Al día siguiente, fue nombrado en su nuevo cargo.
Su nombre se hizo público cuando, en agosto del año pasado, Mario Carhuapoma lo nombró gerente central de Gestión de las Personas en EsSalud, a cargo del recurso humano de la entidad. Pero tan pronto como asumió el cargo, tuvo que renunciar por haber incurrido en nepotismo.
Y es que, dos días después de su designación, EsSalud contrató al abogado Roberto José Bedón Serpa, medio hermano de Nieto Serpa, como asesor nivel III y con un sueldo de S/11.650. La resolución de nombramiento no solo fue firmada por Carhuapoma, sino también por el mismo Nieto.
Tras estos hechos, Nieto Serpa renunció al cargo. Pero en el gobierno del lápiz las oportunidades sobran para los amigos. Seis meses después, y mientras su exjefe visitaba la oficina del presidente del IPD, fue designado en la gerencia del ente deportivo más importante del país. Y a su medio hermano también se le ha visto desfilar por las instalaciones de esta institución.
Según ambos, la visita del familiar fue solo para saludarse. “Él no tiene ningún tipo de vínculo laboral con la institución ni mucho menos. No hay nada de temas laborales”, dice Nieto Serpa a Sudaca. “Fue un tema personal, un saludo protocolar, por su designación y nada más. No por ningún puesto”, explica Bedón Serpa.
No es la única visita que llama la atención. Boris León Elguera, también vinculado a la gestión de Carhuapoma en EsSalud, acudió el 4 de febrero a las instalaciones del IPD y se reunió con César Nieto. Hoy, según El Peruano, fue designado como jefe de la Oficina General de Administración, un puesto clave del instituto deportivo que está a cargo de los despachos de Personal, Logística e Informática.
Los altos funcionarios de confianza del IPD nombrados por Rivera. A la derecha, César Nieto Serpa, gerente general. A la izquierda, Boris León Elguera, recientemente nombrado como jefe de la Oficina General de Administración.
El nombre de Boris León salió a la luz pública cuando, en septiembre del año pasado, la misma gerente general de EsSalud alertó al Órgano de Control Institucional que este había sido designado días atrás en la Gerencia Central de Gestión de las Personas. Esto a pesar de no cumplir con los requerimientos para el puesto.
Mientras estas designaciones ocurren, dentro y fuera del IPD ven con decepción lo que viene pasando. “Mi preocupación es que, como todo el mundo piensa que es una institución del gobierno, cualquiera puede ir.Y no es así. Este es un organismo técnico, deportivo. El entorno de EsSalud que está llegando preocupa”, dice un exfuncionario de la gestión saliente del IPD que pidió anonimato. No le falta razón.
MÁS RECICLAJE
El día en que el ‘Coyote’ Rivera fue nombrado jefe del Instituto Peruano de Deporte también se reunió con su inmediato antecesor, Gustavo San Martín. El expresidente del IPD cuenta a Sudaca que el hijo de ‘doña Peta’ no estaba solo, sino que lo acompañaban Edwin Ivancovich Gamero y Juan Cáceres Sedelmayer. Aunque ellos oficialmente no tienen ningún cargo, según San Martín, ambos fueron presentados como asesores.
“Normalmente es un gesto muy protocolar [reunirse antes de asumir el cargo]. En este caso, yo me comuniqué con el señor Rivera y me dijo que iba a ir con dos asesores. No los conozco, […] tengo más de 20 años en el ámbito deportivo y a estas personas no las tengo registradas”, dice San Martín.
No fue la única jornada de estos «asesores» en el IPD. Al día siguiente, ambos ingresaron y salieron juntos de la institución. Según el registro de visitas, Ivancovich figura como “asesor del sr. Julio Rivera”. Pero dentro de la institución no hay claridad sobre sus cargos. “Algo que me llamó la atención es que [Ivancovich] se presenta como asesor y aún no lo es formalmente”, cuenta a Sudaca un funcionario del IPD.
Y si bien no son oficialmente “asesores”, Ivancovich y Cáceres sí participan de la comisión de transferencia. De acuerdo a un documento al que Sudaca tuvo acceso -y que lleva la firma del ‘Coyote’ Rivera- los dos son parte del equipo revisor “para el desarrollo de las actividades del mencionado proceso de transferencia”. También es parte de este equipo el mismo Nieto.
La cuarta persona que integra la comisión de transferencia es la decoradora de interiores María Evelina Merino Chong, quien el año pasado tentó suerte en las elecciones congresales con el partido Democracia Directa. Su única experiencia laboral, según su hoja de vida presentada al JNE, es haber sido gerente comercial en la empresa Chong Corp Service M y A Estructuras.
“No sé qué cargos tienen, pero están todo el día en las oficinas de presidencia. Vienen a conocer qué hacen las direcciones, porque parece que no saben cómo es el funcionamiento de las líneas […] Llegar a un lugar sin conocer los principales instrumentos de gestión del sistema deportivo nacional me parece un despropósito”, cuestiona una fuente con conocimiento de la interna.
Ivancovich Gamero ha sido asesor del exministro de Educación Carlos Gallardo, quien en diciembre del año pasado se convirtió en el primer ministro del gobierno de Castillo censurado por el Congreso. El motivo: la filtración de la última prueba docente. “Para ser asesor debe haber una resolución que determine ese cargo. Que más adelante me lo propongan o no, ya será una decisión personal mía”, responde Ivancovich a Sudaca.
Gustavo San Martín, expresidente del IPD, asegura que en sus más de 20 años de experiencia nunca escuchó los nombres de los nuevos jales del ‘Coyote’ Rivera.
Juan Cáceres Sedelmayer, por su lado, dice que Rivera lo convocó “por ser especialista en deportes con más de 30 años en diferentes áreas deportivas”. Según su información en Facebook, ha trabajado en la Federación Peruana de Fútbol y luego en el IPD como asesor desde el año 2020. Sin embargo, el expresidente San Martín niega conocerlo. “En el 2020 yo ya era presidente, pero no conozco a ese señor ni he escuchado de él en el IPD”, apunta.
Le pedimos a Cáceres que sea más específico sobre su experiencia en esta área y respondió escuetamente: “Estuve haciendo varias funciones, porque en ese tiempo era necesario desarrollar varias funciones”.
Sudaca ha podido conocer otro vínculo que une a Juan Cáceres, Julio Rivera y César Nieto: los tres fueron parte de Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala. Los ahora funcionarios del IPD coincidieron en las filas de aquel movimiento entre el 2020 y el 2021. Cáceres niega que en ese momento haya surgido algún tipo de amistad.
Lo cierto es que las alarmas sobre el futuro del IPD ya se encendieron, no solo por las visitas ligadas a Mario Carhuapoma, sino también por la capacidad de las personas que rodean al ‘Coyote’.
José -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- lleva doce días limpiando petróleo en la playa Cavero (Ventanilla), el área más perjudicada por el derrame ocurrido el pasado 15 de enero. Desde que empezó este trabajo, no ha descansado ni un solo día. “Sé que estoy siendo inconsciente conmigo mismo porque arriesgo mi salud, pero también tengo cuentas que pagar”, dice.
Lo encontramos en “el pozo”, una parte de la playa en forma de herradura de la que emana un olor insoportable. Allí, él y una docena de trabajadores sacan el petróleo del mar con barriles y lo suben a un peñasco a través de un rústico sistema de sogas.
La playa Cavero es una de las áreas más dañadas por el derrame del petróleo de Repsol.
Vestido con un mameluco blanco, botas de jebe, guantes y mascarilla, José mete medio cuerpo dentro del mar para cumplir su misión. A diario, se expone a los peligros de estar en contacto con el hidrocarburo. Y es que, a pesar de contar con los implementos de seguridad, eso no impide que el combustible manche la ropa que lleva debajo del mameluco. Tampoco que inhale el fuerte olor del petróleo, el cual se vuelve más insoportable con el sol.
“El trabajo es totalmente arduo. Es sofocante trabajar con este calor encima, porque, con el sol el petróleo te empieza a quemar la nariz. Pero ¿qué se va a hacer? Es lo que hay”, cuenta José. Cuando llega a su casa, todos los días, tiene que bañarse al menos tres veces para quitar el intenso olor de su cuerpo.
La multinacional Repsol, responsable de este desastre ecológico, no está contratando directamente a aquellos que se encargan de limpiar los -ahora se sabe- 11.900 barriles de petróleo derramados el pasado 15 de enero. Lo que hace, en cambio, es tercerizar el servicio a través de ocho empresas. Algunas de estas son Ambipar, SEA, Coam, Mecor y Cime Ingenieros.
José, por ejemplo, dice que tiene un acuerdo de palabra con SEA (Servicios Energéticos Ambientales EIRL) para cobrar S/80 por cada jornada de limpieza, pero aún no firma un contrato. Otros de sus compañeros de trabajo -quienes sí han firmado acuerdos laborales- confirman a Sudaca que ese es el pago que realiza esta compañía. Sus turnos empiezan a las 8 am y terminan a las 5 pm. Entre esas horas, tienen momentos de descanso e hidratación. “Es imposible quedarse de corrido con ese olor”, comenta José, que suele trabajar en obras de construcción en Ventanilla.
Como estaba desempleado al momento del desastre, se acercó a ayudar a la playa Cavero como voluntario y encontró que podía obtener ingresos con esta labor. “Desde el primer día me ofrecieron un contrato por un mes y también un seguro de vida, pero aún no me han hecho firmar. Ojalá que en los próximos días me lo den”, apunta. Los trabajadores con los que pudo conversar Sudaca, y que sí tienen contratos, no pueden precisar con qué tipo de seguros cuentan. Aseguran que todo lo firmaron rápido.
Según el abogado Jorge Toyama, aunque el servicio de limpieza sea tercerizado, el seguro debe ser otorgado al trabajador el mismo día que empieza con sus labores o, máximo, un día después. Además, agrega que un seguro de vida no es suficiente. “Más que un seguro de vida (que solo sirve si falleces), se necesita uno de riesgo para cualquier atención médica que necesiten. Si mañana te intoxicas o si alguien tiene un accidente y queda con una lesión vitalicia, el seguro lo va a cubrir”, explica.
Nos comunicamos con SEA para conocer los detalles de estos contratos, pero no obtuvimos respuesta. La tercerización, sin embargo, no exime a la multinacional española de garantizar adecuadas condiciones de trabajo, explica el laboralista Toyama. “Repsol es responsable solidaria de que las condiciones se cumplan. Es decir, si es que las empresas no contratan los seguros, la empresa principal -en este caso Repsol- debe responder”, sostiene Toyama.
De acuerdo a Elizabeth Rojas, jefa de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, “cuando las personas están expuestas a un agente comprobadamente tóxico, como lo es el petróleo, pueden sufrir problemas agudos como irritación en la piel, daños inhalatorios y hasta problemas digestivos”.
La autora de este informe, por ejemplo, regresó de la playa con el cuello y la espalda irritada luego de permanecer en el lugar seis horas. Otro periodista que fue a la zona el mismo día se descompensó mientras tomaba fotos de las aguas manchadas.
Con rústicas sogas y barriles, los trabajadores deben recoger el petróleo que contamina el mar.
José, sin embargo, lleva ya más de una semana laborando sin pausa. Los domingos -asegura- no descansa. A los que trabajan ese día les pagan el doble. Se “premia” a quien trabaje más, pero se castiga al cuerpo y la salud.
Desde que iniciaron las labores de limpieza, tres o cuatro personas tienen que ser atendidas diariamente por exponerse al combustible, según cifras brindadas a Sudaca por el personal de Defensa Civil que se encuentra en la playa Cavero. “Atendemos a personas que se descompensan por estar en contacto con el hidrocarburo. También hay casos de insolación, fatiga, dolor de cabeza”, nos dice Martín Meza Barriga, coordinador del Sistema de Comando de Incidentes.
Si bien los problemas de salud suelen aparecer de manera inmediata, la directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Judith Falero, dice que algunos daños podrán aparecer recién a los seis meses o al año. Lo más preocupante es que estos podrían ser permanentes, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona y del tiempo de exposición. “Algunos tipos de cáncer están relacionados con la exposición a este hidrocarburo”, advierte por su parte la doctora Elizabeth Rojas.
Sudaca le envío un pliego de preguntas a Repsol para conocer cómo garantizan que las empresas contratistas respeten las condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya ha exigido “que los trabajadores laboren en condiciones adecuadas”. Hasta el momento, ha ordenado ocho inspecciones a las services. De detectar casos de empresas que no cumplan con las medidas de seguridad y salud necesarias, estas podrían recibir una multa de hasta S/241.638.
PROMESAS ROTAS
“Tenemos hambre. Tenemos niños. Queremos indemnización”, gritan los miembros de la Asociación de Pescadores Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Ventanilla (ASPEFAEA). Desde el domingo 23, estas personas llegan todos los días a la playa Cavero para solicitar trabajo. Luego de varios días sin poder pescar, ya no tienen qué comer.
Ellos cuentan que las empresas contratadas por Repsol para la limpieza prometieron darles trabajo. Incluso, asistieron a charlas de capacitación y hasta dieron sus tallas de calzado para que les proporcionaran botas de jebe. Pero todo fue mentira. “Se están burlando de nosotros”, dice Lucila Janampa Quispe, pescadora y madre soltera que ya no sabe qué hacer para alimentar a sus cinco hijos.
Por el mismo trance está pasando Luz Pacaya Tamani (60), que dice que llegaba a ganar hasta S/500 soles semanales solo por filetear pescado. Con ese ingreso, podía mantenerse y comprar las medicinas de su hijo, quien padece de esquizofrenia crónica. “Ahora ya no puedo comprar sus medicamentos. Me da miedo que empiece a tener alucinaciones y se haga daño”, dice preocupada la también miembro de esta asociación de pescadores.
Desde el 15 de enero, limpiar el derrame es una alternativa para generar ingresos. Durante varios días, Pacaya salía de su casa a las 6 de la mañana y caminaba durante una hora por una trocha silenciosa y desolada rumbo a la playa Cavero. “Iba con una amiga y llevábamos palos y piedras para protegernos en el camino”, cuenta.
Pero luego de días de espera, ya se ha resignado. En vez de perder el tiempo por un trabajo que parece no llegará nunca, ha empezado a reciclar en las calles. “Hoy [el jueves] ya no fui. Preferí juntarme con una vecina y buscar botellas. Ya las vendí y gané S/3.80. Con eso compré hígado, zanahoria y cebolla para poder comer con mi hijo”, dice Luz Pacaya.
El 20 de enero, Repsol se había comprometido a contratar a los pescadores afectados para las labores de remediación y a entregar canastas con víveres. La empresa señaló recientemente que “mantienen conversaciones avanzadas con pescadores de Santa Rosa y del distrito de Ancón”. Según ellos, “más de 2.000 personas llevan a cabo las acciones de limpieza”.
Luego de adentrarse en el mar teñido de negro, los trabajadores terminan cubiertos de petróleo. Incluso, la ropa que llevan debajo de sus mamelucos blancos también se mancha.
Pero hay muchos más trabajadores que se han visto perjudicados y aún no reciben respuesta. Al menos así lo dice Lucila Janampa, pescadora de esta asociación de pescadores. “Repsol no se puso en contacto con nosotros. Ni un caramelo nos han dado. Somos basura para ellos”, asegura.
Janampa y sus colegas son conscientes de que no es su responsabilidad limpiar el desastre. Pero están ahogados por la falta de ingresos.
Desde hace doce años, Esteban Uceda Guerra-García no paga la pensión alimenticia de su hijo. Oficialmente adeuda S/48.500, según calculó un perito judicial solo hasta el 2019. “Él nunca se ha hecho cargo de su hijo. Ni siquiera le hizo una llamada telefónica”, se queja Diana Arias Stella Diez, que terminó demandando a Uceda. Hace 25 años que tuvo un hijo con este político. Durante gran parte de su vida, el joven no ha recibido el dinero que le corresponde de parte de su padre.
Las deudas de Uceda podrían crecer. En las últimas elecciones generales, tentó suerte al Congreso. Lo hizo de la mano de Hernando de Soto, en las filas de Avanza País. Y aunque afirma a Sudaca que es un “respetuoso de la ley”, no cumplió con presentar los informes de gastos e ingresos de su campaña. Por ello, la ONPE podría sancionarlo con hasta S/138.000.
Antes de continuar, una precisión: Esteban Uceda no usa su nombre de pila. Prefiere hacerse llamar Diego y promocionarse como tal. “Todo el mundo me conoce como Diego porque en mi certificado de bautismo me pusieron Esteban Diego”, explica.
Desde que el hijo que tuvo con Diana Arias Stella nació, en 1997, “Diego” se desentendió. El político no había pagado ni un solo centavo entre mayo de ese año y abril de 2010, lapso en el que le tocaba abonar S/450 mensuales. Así lo señala una resolución judicial de setiembre de aquel 2010. En total, debía S/53.587 por los cerca de 13 años que no pagó.
Resolución del juzgado de paz que en 2010 declara deudor alimentario moroso a Diego Uceda.
En efecto, desde mayo del 2010 hasta el mismo mes del 2019, el juzgado calculó que Uceda había dejado de pagar S/48.500. Esto a pesar de que sus ingresos de hace tres años fueron de S/186.000, según su hoja de vida. Incluso, ese mismo año, el 2019, hizo “un fiestón de rompe y raja” por su onomástico número 60, donde asistieron alrededor de 500 invitados, como el expremier Ántero Flores Aráoz, la excongresista Martha Chávez y hasta la conductora de televisión Magaly Medina. Prioridades, le dicen.
A inicios de diciembre del 2021, hace poco más de un mes, el mismo juzgado de paz ordenó que Uceda pague su deuda; de lo contrario, sería declarado deudor alimentario moroso. Lo curioso es que, hasta la fecha, el flamante precandidato a la alcaldía de La Molina no figura como tal en la web del Poder Judicial. “Yo volví a solicitar desde diciembre del año pasado que lo pongan en el registro de deudores alimentarios [porque no ha pagado], pero todavía no lo han puesto. Justo estoy reclamando porque se están demorando mucho”, dice Arias Stella.
A la izquierda, la resolución de diciembre de 2021 que ordena a Uceda pagar su deuda por alimentos. A la derecha, la solicitud de Arias Stella donde detalla el periodo y monto de la deuda.
Uceda también recalca que “desde hace 21 años tengo un hogar bien constituido con mis hijos universitarios, con los que tengo una buena relación”. Por supuesto, entre esos hijos no cuenta al que tuvo con Arias Stella. Asegura que, si tiene que pagar la deuda, lo hará porque “es un hombre de bien”.
Contradictoriamente, luego dice que apelará la resolución y hasta que se hará una prueba de paternidad. Pero durante todo el proceso judicial que le dio la razón a Arias eso nunca fue puesto en duda. “Una persona no necesita que un juez le diga que pague por su hijo. Congresistas o alcaldes así no necesitamos […] espero que pague o lo pongan de una vez en la lista de deudores”, dice Diana Arias Stella.
DESVENTURAS POLÍTICAS
Diego Uceda no solo ha dado qué hablar por su vida familiar, sino también por su perfil camaleónico en la política. Al mismo estilo de César Combina, el hombre de las mil camisetas, Uceda ha pasado de un bando a otro “de acuerdo a sus intereses personales”, como menciona una excongresista fujimorista que lo conoció.
Uceda inició su vida política en Acción Popular, donde permaneció 18 años. Sin embargo, en 1992 se fue del partido porque “pertenecía a una corriente que quería reconocer los logros del gobierno de Alberto Fujimori”, como él mismo contó hace años en una entrevista para La República. Incluso, apoyó el autogolpe de Fujimori.
Su carrera política no terminó ahí. Como era de esperar, no tardó en unirse a las filas del fujimorismo. Fue uno de los fundadores del movimiento “Vamos Vecino”, posteriormente llamado “Sí Cumple”, donde fue vocero y subsecretario general. Este movimiento conformó la alianza que lanzó a Alberto Fujimori a la re-reelección. En el 2006, Uceda renunció, según él, “de manera voluntaria por discrepancias con dirigentes como Jaime Yoshiyama”. Sin embargo, en ese entonces Carlos Raffo declaró que Uceda había sido “expectorado del partido por dudoso proceder”.
Luego de salir del fujimorismo, se unió a Solidaridad Nacional. Esto a pesar de que el 2002 fue candidato para la alcaldía de Lima y le tocó competir contra Luis Castañeda Lossio.
Años después, en el 2015, Uceda renunció al partido. Su más reciente aventura política fue junto al economista Hernando de Soto. Mientras este aspiraba a ser el nuevo presidente del Perú, Uceda candidateó con el número 12 para ser congresista. No logró alcanzar un escaño, pero sí llamó la atención de la ONPE.
El 5 de enero de este año, el organismo electoral le abrió un proceso sancionador por no cumplir con presentar los informes de los gastos e ingresos de su campaña. Según la ley de financiamiento de partidos políticos, los candidatos deben entregar dos informes. El primero se presenta hasta 30 días antes de las elecciones; el segundo, hasta 15 días luego del proceso electoral. Uceda no presentó ninguno.
Diego Uceda volvió a cambiar de camiseta política y ahora acompaña, paradójicamente, al partido profamilia de Rafael López Aliaga. La foto corresponde a una entrevista que brindó durante el lanzamiento de su candidatura con Renovación Nacional.
Según Heber Campos Bernal, abogado experto en derecho electoral, presentar estos informes es importante por “un tema de transparencia”. “Los candidatos deben tener la capacidad de decirle a sus electores y al país quiénes han sido sus aportantes […] La idea es que, a través de estas supervisiones, se garantice que los candidatos financien su campaña de forma leal, de acuerdo a lo que el marco jurídico establece”, explica.
Uceda dice que no presentó los informes porque no hizo campaña política. “Yo no hice campaña y me negué a ser congresista. A mí el señor Hernando de Soto me ofreció ser candidato al Parlamento Andino con el N° 1, pero luego los personajes nefastos, por los cuales Hernando se fue de Avanza País, no me inscribieron al partido y desconocieron que debía ser candidato al Parlamento Andino. Por eso yo dije que no iba a hacer campaña. Y no lo hice. Usted no va a ver ningún cartel mío”, sostiene Uceda, que finalmente fue colocado en la lista del partido al Congreso.
“Parece poco creíble que no se haga campaña porque, cuando uno postula a un cargo, para ganar necesita difundir sus propuestas, necesita hacer campaña para convencer a sus posibles electores. Pero en el supuesto de que no se haya gastado nada, igual tiene que haber una declaración donde se señale eso”, dice Heber Campos.
A puertas de las elecciones municipales, Uceda ha regresado a Solidaridad Nacional, ahora convertido en Renovación Popular y dirigido por Rafael López Aliaga. ¿Qué dirá el excandidato presidencial que suele hablar de la importancia de la familia?
