“De todas maneras es un atropello contra la libertad de expresión”. Así calificó el congresista de APP, Luis Picón Quedo, la decisión del juez Jesús Vega de condenar a dos años de prisión suspendida y una reparación de S/400.000 al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House. La sentencia es por la publicación del libro ‘Plata como cancha’.
Para el parlamentario, que respondió brevemente las consultas de Sudaca, que César Acuña haya pedido S/100 millones como compensación económica es “un amedrentamiento” contra el periodista por investigarlo.
Dentro de la bancada, Picón es -al parecer- una rara avis. Consultada por este medio, la también congresista Gladys Echaíz dijo que no se puede tomar como un amedrentamiento lo hecho por su jefe. “Se puede pedir el cielo si usted quiere, pero ya eso está en manos de los que administran la justicia. Eso no le puede amedrentar a nadie, es solo un pedido”, afirma. Los demás congresistas no atendieron nuestras llamadas.
Lo que sí hicieron fue emitir un escueto comunicado que bien podría haber sido elaborado por el área de relaciones públicas del Estudio Ghersi. Manifiestan, por ejemplo, su “respeto absoluto por la libertad de expresión y de prensa, pero también observancia plena a los derechos fundamentales de todas las personas”. Vacío y predecible.
Quienes tampoco dudaron en brindarle su apoyo a César Acuña fueron sus hermanos. “Como se trata de mi hermano, por supuesto tengo que defender que el juez le haya dado la razón”, dice Virgilio Acuña. Y agrega: “Si en este momento tenemos un periodista con sentencias, es por una decisión que él ha tomado. Y para tomar una decisión uno tiene que estar bien enterado del tema”.
Virgilio Acuña, sin embargo, es citado en el libro con frases poco amigables hacia su hermano César. “Lo que César hizo en la familia fue instaurar la cultura del más vivo”, dijo, por ejemplo. Ahora intenta explicar a Sudaca que, cuando dijo esa frase, se refería a que el líder de Alianza para el Progreso “es el que más conoce de oportunidades y es el que más nos enseña a ser despiertos y vivos”. Sí, cómo no.
Su hermana, la congresista María Acuña, también sale en su defensa. “No creo que esa sentencia sea un atropello contra la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero hay que saberla expresar”, dice. Para ella, además, esto no va a perjudicar a Alianza para el Progreso en las próximas elecciones.
Quien no quiso atendernos fue Augusto Álvarez Rodrich, el flamante presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Mientras en sus columnas calificaba como “acoso” y “un atropello brutal” el allanamiento a la casa del periodista Pedro Salinas, a la hora de escribir sobre su amigo César Acuña se le bajaron las revoluciones.
En su columna del 9 de enero, escribió que, aunque él participa “activamente en la defensa de la libertad de expresión desde hace una década”, la querella planteada por Acuña es solo “un error”. Álvarez Ródrich conoce al líder de Alianza para el Progreso desde 2008, cuando el mismo Acuña lo llamó para dictar clases en la Universidad César Vallejo. Desde el 2020 integra el directorio de esta universidad.
Conocida la sentencia calificó de “nefasto” el fallo judicial y en una entrevista de RPP señaló que espera que la situación se pueda revertir. ¿Pero sobre César Acuña? Parecía que, para Álvarez Rodrich, la demanda la había puesto un fantasma. Ni una palabra sobre él. En su programa de hoy en LR+, le dedicó menos de un minuto y medio al tema.
Otra persona que también evitó dar declaraciones a Sudaca es la expremier y defensora del pueblo Beatriz Merino. Ella, al igual que Álvarez Rodrich, ha tenido una relación cercana con el fundador de la Vallejo, pues es la presidenta ejecutiva de esta casa de estudios. Y aunque en el pasado condenó enérgicamente la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios, hoy permanece muda.
También enviamos mensajes a Álvaro Vargas Llosa, miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, a la que también pertenece César Acuña; y a Luis Iberico, periodista que el año pasado acompañó al líder de APP en su plancha presidencial como segundo vicepresidente. Lo curioso es que el 2016, Iberico rechazó enérgicamente una condena por difamación contra el periodista Rafo León. ¿Y ahora?
Acosta y Pimentel ya informaron que apelarán la sentencia del juez Vega. Mientras tanto, Acuña sigue sin dar la cara al público a pesar de haber salido victorioso. Tampoco se ha reunido con sus congresistas.
#PlataComoCancha ha vuelto a ingresar a imprenta. No le hemos cambiado una coma.
Backus, hoy propiedad de la transnacional belga AB InBev, se acaba de ahorrar S/340.372,74 por el agua subterránea que usó en junio del 2012. El mes pasado, con los votos de Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional le dio la razón a la cervecera más grande del país en un largo proceso contra Sedapal. Dicho fallo, sin embargo, no quedará acotado solo a un mes. La compañía empleó el mismo criterio legal para cuestionar los pagos durante un periodo mucho más largo: del 2010 al 2015.
Según Sedapal, la controversia se saldó recién en agosto del 2015, cuando entró en vigencia un decreto legislativo que zanjaba años de discusiones sobre el tema. En total, entonces, ¿cuánto le ganaría la cervecera a las arcas públicas desde el 2010 hasta la aparición de aquella norma?
Sedapal no respondió esta pregunta. Pero un cálculo rápido nos ayuda a ponerlo en perspectiva: si ampliamos la cifra perdonada de junio del 2012, Backus se ahorraría aproximadamente S/20 millones por agua subterránea en esos años. De hecho, desde Sedapal señalan que, del 2015 en adelante, la cervecera desembolsa S/6 millones anuales por dicho recurso.
¿Los cinco años anteriores? El agua usada por Backus podría ser gratuita gracias al TC. En un país como el Perú, donde hay más de 7 millones de ciudadanos sin agua potable, según cifras del INEI, eso no es poca cosa.
“Se acumula el agua en tan pocas manos, que tenemos que despojar a una población de este recurso. Se prioriza dar agua para fines comerciales cuando hay otras comunidades más pequeñas que necesitan abastecerse de agua”, critica el ingeniero Juan Víctor Béjar Saya, especialista en temas hídricos e investigador en gestión social del agua. A continuación, la historia.
De izquierda a derecha: Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero. Los tres magistrados votaron a favor de Backus en la controversia sobre la tarifa por el agua subterránea.
DIFERENCIAS
En la asociación de vivienda La Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, los vecinos no tienen agua potable. Para que el comedor popular de la zona pueda abastecerse del líquido y ayudar a las 45 familias que la conforman, deben comprar el agua a los ‘aguateros’.
Antes de la pandemia, cada tanque de 1.100 litros les costaba S/25. Duraba tres días. Ahora les están dando el agua gratis, pero solo hasta que termine diciembre. Ya les han avisado que a partir del próximo año volverán a pagar por un recurso que, muchas veces, no es apto para el consumo. «El agua no viene tan limpia, a veces encontramos pajitas o restos de pintura seca”, se queja una de las vecinas.
En el extremo opuesto de la capital, las 40 familias que viven en el centro poblado “Shalom Maná”, a la espalda del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, son otro ejemplo de precariedad. Todos los jueves, se turnan desde la madrugada para recolectar el agua de un caño público que está instalado en una comunidad vecina. Cada familia paga S/25 mensuales, pero a veces no logran abastecerse lo suficiente.
“En total somos ocho comunidades que no tenemos agua y a veces con lo que recolectamos en nuestra agrupación no nos damos abasto para la semana”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.
Sudaca hizo un cálculo teniendo en cuenta la capacidad de los tanques y las semanas de consumo. El resultado es que cada familia (de dos miembros a más) tiene que conformarse con 8,8 m³ de agua al mes, en el mejor de los casos. En el peor, solo pueden recolectar la mitad de esa cifra. Según el INEI, en Lima el promedio de consumo para una sola persona es de 7,5 m³ mensuales.
Nada de esto se compara con los más de 263.000 m³ del subsuelo peruano que Backus usó solo en junio del 2012 para elaborar gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Sedapal emitió seis resoluciones para que la empresa pague por haber usado aquel recurso, pero la hoy subsidiaria de AB InBev llevó el caso ante el Tribunal Fiscal (un organismo del Ministerio de Economía que es la última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y multas).
El argumento de Backus fue que había precedentes de que esos cobros eran inconstitucionales. La compañía reconoce a Sudaca que, así como la de junio del 2012, impugnó las resoluciones de Sedapal entre el 2010 y el 2015.
INTERPRETACIONES
¿Por qué Backus argumentó la inconstitucionalidad de aquel cobro? En sencillo: la controversia gira en torno a si el agua subterránea se debe pagar como un tributo o como una retribución económica por el uso del recurso natural. La cervecera se ha beneficiado de la inconstitucionalidad de la primera interpretación.
Para calcular la tarifa por el agua subterránea, Sedapal se basó en un decreto supremo -el cual regula a un decreto legislativo- que dio pie a interpretar que el dichoso cobro era un tributo. Y según anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (a favor de Gloria, el Jockey Club y la Compañía Inmobiliaria los Constructores), cobrar por el uso del agua en calidad de tributo era inconstitucional porque ello debía estar explícito en el decreto legislativo y no regulado solo en un decreto supremo.
Tomando en cuenta los fallos previos del TC, en diciembre de 2012 el Tribunal Fiscal le dio la razón a la cervecera. ¿Qué implicancias tuvo esto? Que se deje sin efecto la cobranza de los más de S/340.000 que Sedapal le requirió para junio de ese año.
Desde entonces, Backus y Sedapal se enfrascaron en una batalla judicial que ha durado casi 10 años. La cervecera, de hecho, perdió en la vía judicial. El 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió una sentencia en la que señaló que, más allá de la discusión de si el pago por el uso del agua subterránea es o no un tributo, “Sedapal está autorizado por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural”.
Luego de que el Poder Judicial le diera la razón a Sedapal, la cervecera no se quedó de brazos cruzados. Tras las apelaciones de rigor, en septiembre de este año llevó el caso hasta el TC.
En noviembre de este año, con los votos de Ferrero, Miranda y Blume, el TC resolvió anular la sentencia del Poder Judicial. Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña, por su parte, votaron para que la demanda interpuesta por Backus sea declarada improcedente.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta por Backus, perdonándole así una deuda de S/340.000.
El principal argumento de Ledesma fue que los jueces que vieron el caso sí revisaron lo establecido anteriormente por el TC y que, al mismo tiempo, explicaron adecuadamente sus razones para que Backus asuma “el costo del aprovechamiento del recurso natural”.
Espinosa-Saldaña sostuvo, a su vez, que el Poder Judicial era competente para resolver estos temas y que en el caso de Backus no correspondía aplicar el mismo criterio que las anteriores sentencias. Además, advirtió que el voto mayoritario de los otros tribunos traería repercusiones con casos similares que tuviesen que ver con el pago de la tarifa del agua subterránea. En otras palabras, marcaría un mal precedente. En el caso de Backus, favorecería al resto de sus impugnaciones del periodo 2010-2015.
“Ha habido todo un debate sobre este tema. Muchas empresas han llevado a juicio a Sedapal para no pagar, porque ha habido vacíos legales que se los permitieron. Normalmente sí se debe pagar por esto”, dice Aldo Cárdenas Panduro, especialista en recursos hídricos y exconsultor de la Autoridad Nacional del Agua.
De hecho, aunque el problema de la constitucionalidad del cobro se zanjó en el 2015 gracias al nuevo decreto legislativo que regula el uso del recurso subterráneo, varios casos anteriores a este año siguen en disputa, según dijo a Sudaca Francisco Dumler Cuya, presidente del directorio de Sedapal.
Consultada por Sudaca, Backus respondió que no es correcto hablar de montos impagos porque en el 2009 «el Tribunal Constitucional determinó que los cobros eran ilegítimos e inconstitucionales”. Además, recalcó que lo que hizo ahora el TC fue reafirmar su posición de que “Sedapal no puede cobrar tarifas como tributo por uso de agua subterránea, puesto que el Decreto Legislativo 148 y su Reglamento [el Decreto Supremo No. 008-82-VI] en el que se basaba es inconstitucional”.
Agregaron que, a la fecha, seguirán realizando “los pagos que por derecho de uso de aguas subterráneas le corresponde”.
SOSTENIBILIDAD
“Normalmente no se prioriza el agua para uso poblacional. Eso se puede ver en la construcción de las ciudades, zonas donde no llega el agua potable y son alimentadas por cisternas o tienen que abastecerse ellos mismos. Hay una problemática en el acceso equitativo al agua”, dice el ingeniero Béjar Saya, experto en la gestión social del agua.
Cárdenas Panduro, exconsultor de la ANA, explica que aproximadamente el 20% del total del agua poblacional de Lima viene del subsuelo. Y si es que hubiese escasez de agua superficial –aquellas que se encuentra en ríos, lagos, estanques–, el porcentaje de agua subterránea para uso poblacional aumentaría hasta un 60%.
“Por eso es importante cuidarla y regular su uso, porque el agua subterránea es la próxima fuente de reserva de agua natural si es que se acaba el agua superficial”, sostiene Cárdenas.
Pero la explotación de este recurso natural no solo tiene implicancias en el acceso desigual del agua, sino que la sostenibilidad de los ecosistemas también está en riesgo. “Si yo extraigo el agua de un lado, estoy quitando agua a otro lugar”, explica Béjar. Y en esa lucha por el agua, hay claros vencedores y vencidos.
En las internas para elegir la nueva dirigencia del Partido Morado (PM) -que resurge de las cenizas después de salvar su inscripción- se vive un clima de guerra. La mediación de un expresidente no ha bastado para alinear los intereses de las dos facciones que se pelean el control de la agrupación tras el fracaso electoral de abril.
En medio de unas elecciones convocadas sobre la hora, Francisco Sagasti tomó la iniciativa de reunirse con líderes morados e intentó convencerlos de que lo mejor era presentar una lista única y de consenso. Su objetivo era dar un mensaje de unidad a la opinión pública, pero la propuesta no tuvo eco.
Lejos de conciliar, hoy las acusaciones están a la orden del día. Tanto por los anticuerpos de los candidatos como por las reglas de juego con las que se van a llevar a cabo los comicios. Un sector del partido, incluso, pide que estos se anulen por la supuesta falta de imparcialidad del personero legal del partido, al que vinculan con uno de los candidatos. Sin embargo, un comunicado firmado por personeros regionales ha descartado que esto sea así. Y las puyas siguen.
SAGASTI, EL CONCILIADOR
A inicios de diciembre, Sagasti se comunicó con Luis Durán Rojo, abogado tributarista y cabeza de una de las listas que aspira a la presidencia del partido. Le pidió que convenciera a Narescka Culqui, excandidata al Congreso y su ahora rival, de formar una sola lista. Durán le delegó la tarea a Vlado Castañeda, encargado de armar su lista, y este llamó a Culqui el 3 de este mes. Así lo cuenta a Sudaca el mismo Castañeda.
“Nosotros estábamos dispuestos a tratar de que se configure una sola lista, pero no se pudo. Sé que Sagasti conversó con Luis y producto de eso es que yo llamé a Narescka. Me encargaron a mí porque conozco a ambos. La llamé para ver si había la posibilidad de armar una lista, pero me dijo que ya tenía sus compromisos. Le deseé lo mejor y le sigo deseando lo mejor públicamente”, cuenta Castañeda.
Culqui confirma la llamada, pero tiene otra interpretación. “El ‘profe’ Vlado me hizo una llamada. Me convocó a su lista por encargo de Luis Durán, según lo que él me mencionó. Pero me llamó el mismo día en que iban a hacer el lanzamiento de su lista, faltando unas horas para el evento. No vi una invitación seria”, dice Culqui, que oficializó su candidatura al día siguiente.
Luego añade: “Estaba en mi derecho de aceptar o no. Y además, me parecía enriquecedor que hubiera más de una lista. Le comenté que yo ya estaba impulsando una lista con Flor [Pablo], entonces ya no podía formar parte de otra lista”.
Con mucho entusiasmo anuncio mi candidatura a la Presidencia del @partidomorado. Es momento de dar paso a la renovación y a los nuevos liderazgos. Estoy comprometida con la construcción de una verdadera institución democrática.
Esta fue la última vez que el expresidente Sagasti intentó que hubiera una lista única. Ya lo había hecho en octubre, según tres fuentes confiables consultadas por Sudaca. En ese momento, Culqui no estaba en el mapa. La que tenía intenciones de liderar la segunda lista era la actual congresista Flor Pablo.
En una reunión con unos pocos militantes, Sagasti planteó que Luis Durán, miembro fundador del PM, sea el que encabece la lista que se presentaría en las internas. La idea del expresidente era que Flor Pablo sea Secretaria de Talento, un órgano que se encarga de la formación política y dispone del presupuesto público para usarlo en planes de capacitación. Anteriormente, este puesto lo ocupó Maria Teresa Guzmán, hermana de Julio Guzmán.
Una fuente enterada de estas conversaciones asegura que antes Pablo ya había aceptado integrar una única lista sin encabezarla. Pero en la reunión de octubre la exministra de Educación, de pronto, rechazó la oferta. En cambio, propuso que debía ser ella quien se postulara para ser la presidenta del Partido Morado. Flor Pablo no quiso responder las consultas de Sudaca.
La congresista, dicen varios militantes a Sudaca, quería tomar ella misma las riendas del partido que la llevó a ocupar una curul. De hecho, su compañera de bancada Susel Paredes declaró públicamente que esperaba que eso sea así. Por eso, Pablo no estaba satisfecha con la propuesta de Sagasti.
Pero la decisión de formar su propia lista no fue bien tomada por un sector del PM, donde la exministra tiene varios anticuerpos. Y es que, cuando el fantasma de la pérdida de inscripción asomó, a Pablo no se le vio en la lucha. De hecho, agrupaciones políticas vinculadas a ella y a Susel Paredes establecieron alianzas con otra naciente organización de centro. Así lo reportó Sudaca en setiembre pasado.
Por ello, hubo militantes que vieron en la decisión de Pablo un claro caso de conveniencia política: mientras el partido estaba en el limbo, no lo apoyó; ahora que estaban de nuevo en la cancha, trataba de adueñarse de la organización tentando su presidencia. Esa es, al menos, la lectura que hacen cuatro morados consultados para este informe.
“¿Cómo se va a hacer unidad con quienes ya estaban en conversaciones con otro partido? En todo caso, no deberíamos dejarlos fuera, pero no puede ser posible que quieran encabezar la lista”, cuestiona uno de ellos, que, además, tuvo conocimiento de las convocatorias de Sagasti.
Luis Durán también tiene sus detractores. Lo señalan, por ejemplo, de ser un desconocido para la opinión pública y de representar el “continuismo” de Julio Guzmán, por haber sido parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde que nació el partido. Además, le han recordado su defensa del excandidato presidencial en los momentos de crisis. Consultamos con Durán, pero prefirió no dar declaraciones al respecto.
“Pretenden decir que Luis es la continuación de Guzmán porque era cercano a él, pero en realidad no es así. Lo que Luis hacía, y yo también, era defender al líder del partido porque eso es institucional”, lo defiende Lisseth Meléndez, actual miembro del CEN.
RETROCESO
Flor Pablo finalmente decidió no encabezar la lista y cedió el protagonismo a Narescka Culqui, quien terminó oficializando su postulación a la presidencia el 4 de este mes, en una reunión de militantes por Zoom.
¿Qué había detenido a Pablo en sus ambiciones iniciales? Según la lectura de algunos partidarios, la congresista se dio cuenta de que no tenía fuerza suficiente en las regiones para ganar. Algunos apuntan que su real intención es ser presidenta de la República, por lo que un golpe en las internas hubiese dañado su imagen. “Si Flor quiere ser presidenta del Perú, sería un golpe duro que no pueda ganar la presidencia en su propio partido”, comenta un militante a Sudaca.
Las fuentes consultadas por este medio reconocen que Culqui es una candidata joven y “una figura que quiere hacer bien las cosas”. Su aspiración para las próximas elecciones municipales es ser alcaldesa de Magdalena y postular a la presidencia del PM la hará más conocida, apuntan. Su juventud, sin embargo, es vista como un punto débil, además de no ser representativa en el partido.
Culqui, aludida en estas líneas, responde. “He sido pieza clave para la elaboración del plan de gobierno que presentamos en las últimas elecciones. También fui miembro de la Secretaría Nacional de Doctrina […] Además que tengo la experiencia de haber pasado en unas elecciones como candidata al Congreso. Soy de esos morados que se han sacrificado por la organización. Entonces, experiencia creería que no me falta”, dice a Sudaca.
Culqui y Pablo tienen el respaldo del excongresista Daniel Olivares. Algunos militantes esperaban que este integre la lista y sea la ficha para la alcaldía de Lima. Olivares se excusó señalando que iba a asumir el liderazgo de una organización civil y que este era incompatible con la política electoral, de acuerdo a una carta enviada a la militancia que Sudaca revisó.
“Daniel hace unas semanas comentó que por cuestiones profesionales no iba a lanzarse para la alcaldía de Lima y que no iba a estar activo en el partido, básicamente por temas de desarrollo profesional. Pero nos ha manifestado a Flor y a mí su apoyo. Nos ha acompañado en el lanzamiento inclusive”, comenta Culqui.
FUEGO CRUZADO
Así terminaron los intentos de Sagasti por unir a los morados. Y él ya había adelantado que, de fallar en el intento, se mantendría al margen de las elecciones. Los líos internos, sin embargo, no acabaron ahí.
La convocatoria a elecciones fue lanzada recién el 30 de noviembre por Julio Guzmán, a pesar de que la noticia de que el partido no perdería su inscripción le llegó mucho antes, el 2 de octubre. Los militantes, por lo tanto, tienen apenas un mes para ajustar las listas y presentar las propuestas.
No es lo único que ha causado molestias. El 1 de diciembre, el secretario general del partido, Rodolfo Pérez emitió un comunicado en donde culpa a “dirigentes del partido” de bloquear la iniciativa de implementar un nuevo mecanismo de votación al estilo de la clientelista Acción Popular: “un militante, un voto”.
Asegura que estos dirigentes malinformaron a la militancia y dilataron el proceso “con el único propósito de favorecerse”. Pérez prefirió no hablar con Sudaca al respecto. Según las fuentes consultadas, se habría referido en su carta a Jarek Tello, el personero legal del partido, a quien se le vincula con el candidato Luis Durán.
Tello fue quien defendió con éxito la inscripción del PM cuando medio partido ya había perdido las esperanzas. En la batalla lo acompañó, precisamente, Durán. Por eso, en la lista de este veían a Tello con buenos ojos para que postule a algún cargo. “En lo personal, veía a Jarek con buen perfil. Pero como es el personero legal, y a la luz de que se han servido sobre esa base ciertos cuestionamientos negativos de gente que apoya a la otra lista, creo que él inteligentemente ha decidido no postular”, comenta Vlado Castañeda.
Jean Pierre Lozano, secretario de juventudes de Lima Metropolitana, explica que el motivo por el que no se pudo implementar “un militante, un voto” tiene que ver con el ajustado tiempo que tienen para llevar a cabo los comicios. Además, una de las fuentes consultadas por este medio comenta que, a la fecha en la que se convocaron elecciones, el padrón electoral todavía no estaba actualizado.
Con las actuales reglas de juego, en estas elecciones solo votarán 48 dirigentes acreditados, entre congresistas, miembros del CEN y miembros del órgano electoral del partido. La novedad en este proceso es que los personeros legales de las regiones también emitirán su voto. Esta fue una propuesta, precisamente, de Jarek Tello. Este dice que, como los secretarios nacionales, regionales y distritales no fueron acreditados a tiempo para votar, él acreditó a los personeros regionales.
“El partido iba a entrar en un problema de legitimidad porque las únicas personas que iban a votar eran menos de 20. Es ahí donde hago la coordinación con ellos, y les digo que, aunque su voto es libre e independiente, sería mejor, como gesto político, que asuman un compromiso político con las regiones, interactúen con ellos y lleven sus votos”, comenta.
Esto molesta a una parte de la militancia por la influencia que Tello -a quien vinculan con Durán- podría tener sobre los regionales y han pedido que este “se aparte” de ellos mientras dure el periodo electoral. Una resolución del Órgano Electoral Nacional de ayer (16 de diciembre) recomendó que sea así. Los personeros de regiones, sin embargo, publicaron un comunicado esta mañana rechazando “la insinuación vertida por el Órgano Electoral Nacional” sobre una posible influencia de Tello.
Los personeros regionales publicaron un comunicado rechazando la resolución del Órgano Electoral del partido, que recomendaba que el personero nacional, Jarek Tello, se apartara de ellos.
Clúber Jesús Aramburú, personero regional de Áncash, comenta que “no tiene sentido apartar a alguien que tiene que orientarnos y capacitarnos, no solo respecto al tema electoral de las elecciones internas, sino por temas puntuales a las elecciones regionales y municipales venideras”. Agrega, además, que la resolución del Órgano Electoral “ha causado malestar y extrañeza en todas las bases”.
Algunos son más drásticos y piden que todas las elecciones se anulen debido a la cercanía entre Durán y Tello. Tello adelanta que, como el encargado de la parte legal del partido, pedirá que la ONPE intervenga para garantizar elecciones transparentes y que no haya cuestionamientos. De no realizar las elecciones antes de fin de año, las autoridades actuales -cuyos mandatos ya vencieron, incluido el de Julio Guzmán- se quedarían en el cargo por un año más.
Las acusaciones se encuentran en su punto más álgido, a la espera del 30 de diciembre, el día escogido para saber quién será el elegido por la militancia morada para presidir su golpeado partido.
El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud.
En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado.
Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.
EXPEDIENTE DE DUDAS
En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería.
¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.
En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.
La Contraloría identicó un perjuicio de casi S/1.000.000 en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Pangoa, en Junín
Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.
Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.
Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.
La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.
CERRONISTAS EN LA COLADA
Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.
Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.
Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió.
Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.
La empresa Dextre+Morimoto Arquitectos SAC solicitó, mediante una carta notarial, que se le cancele S/462.291,20 por dos informes que fueron parte del expediente técnico. Según la Contraloría, dichos informes no cumplieron «ninguna finalidad pública». Aún así, los funcionarios cerronistas tramitaron el pago.
Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.
Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.
Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.
Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.
MAL INICIO
Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.
Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.
Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año.
La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.
Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.
La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.
El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales.
MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS
Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.
Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico.
De izquierda a derecha: Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, Ofelia Ríos Pacheco y Wider Herrera Lavado.
Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”.
Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable.
A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.
Toda una trama empresarial tejió América Móvil Perú SAC, el nombre legal de la filial de Claro en nuestro país, para pagar menos impuestos por la importación de equipos de la marca Nokia. Así lo señala documentación del Tribunal Fiscal y una reciente resolución judicial a la que Sudaca tuvo acceso. La historia incluye la creación de una empresa ‘cascarón’ en Chile y un convenio bilateral al que se le sacó la vuelta.
La Sunat fue la primera en advertir la jugada y calculó que la empresa de telecomunicaciones de capitales mexicanos debía al fisco S/53.000.000, ya no solo por lo que dejó de pagar, sino por los intereses y la multa respectiva. Entonces la compañía acudió al Poder Judicial para revertir la situación, pero una reciente resolución de primera instancia terminó dándole la razón al ente recaudador.
LA PANTALLA CHILENA
Cuando en el 2008 se creó en Chile la empresa Arrendadora Móvil, Claro Perú dejó de importar los productos directamente de Nokia, como lo venía haciendo hasta entonces, y firmó un contrato de arrendamiento con esta compañía chilena.
Según la resolución judicial, Claro Perú le pagaba a la compañía chilena “una comisión” por el alquiler de equipos diversos. Aquella transacción obligaba a Arrendadora Móvil a pagar el impuesto a la renta correspondiente en nuestro país.
Pero al no tener un lugar físico en el Perú, Claro era la responsable de retener un porcentaje de lo que le pagaba a esta compañía y de entregárselo a la superintendencia. ¿Cuánto es lo que se debía pagar en impuestos? Lo normal hubiese sido el 30% de la transacción. Sin embargo, amparándose en un convenio entre Perú y Chile del 2001 -que tiene como objetivo evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal-, Claro calculó que lo retenidodebía ser apenas el 15%, una tasa especial porque consideraban a la compañía chilena encajaba en el perfil de “beneficiario efectivo”. Cuando en 2014 la Sunat inició la fiscalización de los impuestos del periodo 2010-2011, empezaron las cuestionables interpretaciones de este concepto.
Para ser considerado un “beneficiario efectivo” y acceder a una tasa especial para tributar, la Sunat sostiene que la empresa no solo debe residir en Chile, sino que debe operar y tener actividad comercial en dicho país. “La cláusula de beneficiario efectivo lo que hace es decir: ‘Mira, yo como Perú me comprometo a ayudar a evitar la doble imposición, pero lo voy a hacer siempre y cuando sepa que la empresa opera y trabaja en Chile, y que tiene sus actividades comerciales”, explica un abogado tributarista que ha seguido el caso de cerca.
Arrendadora Móvil, sin embargo, no cumplía con estos requisitos. El 2014, la Sunat encontró que la empresa chilena no ejercía la actividad de arrendamiento, “por lo tanto no podía ser considerado como beneficiario efectivo”, se lee en la resolución judicial.
“Claro Perú sostiene que la otra empresa sí es un beneficiario efectivo por estar en Chile, pero la Sunat le ha respondido: ‘Arrendadora Móvil no tiene nada en Chile, es una empresa ‘cascarón’ que no tiene operaciones en el país. Entonces no es un beneficiario efectivo’”, explica el tributarista consultado por Sudaca. Con esta jugada, Claro dejó de pagar más de S/15.000.000, según información de la Sunat.
Lo que Arrendadora Móvil hacía en el país chileno era tan poco, o casi nada, que la Sunat estableció, de acuerdo al documento judicial, que “solo cumplía un papel de intermediaria”, y ni siquiera realizaba los trámites de importación de los productos que llegaban al Perú. Los equipos, de acuerdo a la superintendencia, nunca pisaron suelo chileno, sino que eran traídos de frente a territorio nacional.
Otro de los hallazgos de la Sunat fue que la empresa chilena no contaba con “ningún inmueble, local o lugar físico para el desarrollo de sus actividades”. Además, en el 2010, la empresa arrendadora contaba con un único trabajador en planilla: Sergio Fernando Aravena Chávez. De acuerdo a la misma información, Aravena era multifacético, pues fungía como representante legal y gestor de negocios, y también realizaba labores administrativas, contables, de facturación y hasta de cobranza. Todas esas tareas las llevaba a cabo, supuestamente, él solo.
Según el Tribunal Fiscal, Arrendadora Móvil -hoy Claro Chile- era una sociedad instrumental: una empresa ‘cascarón’. Esta decisión fue ratificada por el Poder Judicial.
Pero había más. Arrendadora Móvil tenía el mismo domicilio que Claro Chile, “empresa del mismo grupo económico, con quien incluso compartía la misma plataforma bancaria”. En el 2014, de hecho, la empresa de alquileres fue absorbida por aquella filial de Claro. Así lo determina un expediente del Tribunal Fiscal, una de las instancias que vio el caso antes de que llegue a los pasillos del Poder Judicial.
Con las evidencias, la Sunat llegó a la conclusión de que esta empresa era en realidad una “sociedad instrumental situada en el país de Chile”. Es decir, una empresa ‘cascarón’ cuyo objetivo es beneficiarse del acuerdo para reducir la carga tributaria, dicen los especialistas consultados para este informe.
De acuerdo al Tribunal Fiscal, “el propósito principal de la constitución de Arrendadora Móvil en Chile […] fue buscar un tratamiento tributario más favorable, a través de la aplicación de la tasa reducida de 15%, […] en perjuicio del fisco del Perú”.
LO QUE PIDIÓ CLARO
Como Claro Perú no cumplió con su obligación de retener el 30%, sino únicamente el 15% a Arrendadora Móvil, la Sunat le achacó la responsabilidad. Según los cálculos de la superintendencia, la cifra de los impuestos que se dejaron de pagar era de S/15.841.663. Y ese monto crecería debido a los intereses y la multa. Así se dio a conocer en resoluciones del ente fiscalizador, emitidas en el 2017.
Pero la filial peruana de la multinacional de telecomunicaciones no estaba, ni de lejos, de acuerdo con pagar esa cantidad y hasta ahora se cierra en el argumento de que Arrendadora Móvil sí es un “beneficiario efectivo”. Por ello apeló aquellas resoluciones. Sus quejas, sin embargo, fueron declaradas infundadas por la Sunat en junio de 2018.
Como seguía inconforme, Claro Perú acudió al Tribunal Fiscal, un órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra vez, en julio del año pasado, se le volvió a dar la razón a la Sunat.
El Tribunal Fiscal llegó a la conclusión de que “la empresa chilena era una intermediaria en la relación comercial entre el fabricante extranjero y el cliente peruano”. Y un agente intermediario no puede tener la calificación de “beneficiario efectivo”. Por lo tanto, no le correspondía tributar con la tasa preferencial de 15%, sino la tasa general del 30%.
Así, en agosto de 2020, Claro tuvo que pagar un total de S/53.668.593. El monto incluía la cantidad omitida, los intereses que se generaron con los años y la multa correspondiente. De no haber pagado, la compañía se exponía a una eventual cobranza coactiva.
Claro no solo pidió que se anulen las resoluciones de la Sunat y el Tribunal Fiscal, sino que se le devuelvan «los importes pagados indebidamente».
Pero esto no fue impedimento para que sigan reclamando. Usando los caminos que les permite la ley, la empresa de telecomunicaciones tocó las puertas del Poder Judicial. Claro Perú solicitó que se anule la resolución del Tribunal Fiscal y que la Sunat le devuelva lo ya pagado más los intereses. Argumentaba que “los procedimientos de fiscalización e intercambio de información no fueron llevados dentro del marco legal establecido” e incluso señalaba que había “un evidente desconocimiento y confusión, por parte de la Sunat y el Tribunal Fiscal”.
El Poder Judicial, el 22 de octubre de este año, resolvió que “la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal efectuaron la calificación correcta” y declaró infundada la demanda de Claro Perú. La empresa ha apelado la decisión. De llegar a la Corte Suprema con los mismos resultados, el caso puede convertirse en un precedente para otros procesos similares.
Sudaca se comunicó con la empresa mediante la agencia de comunicaciones Azerta, quien nos respondió: “nuestra representada ha pagado todos sus impuestos, incluso aquellos que se encuentran actualmente en litigio”. Y añade que “desde su llegada al Perú en el año 2005 a la fecha, Claro ha pagado puntualmente y de acuerdo a ley todos sus impuestos, contribuyendo con el desarrollo y crecimiento económico del país”.
Roosevelt Cárdenas Dávila, militante de Acción Popular, denunció que fue secuestrado el día de las elecciones internas, el pasado 25 de setiembre. Cárdenas fue designado delegado electoral del distrito de La Victoria y tenía la misión de supervisar los comicios y reportar cualquier incidente.
Su testimonio quedó consignado en un informe que presentó al Comité Nacional Electoral (CNE), el ente encargado de llevar a cabo los comicios del partido y velar por que no haya irregularidades. Cárdenas contó que un grupo de desconocidos había ingresado al local de votación y le exigían que firme un acta para anular las elecciones. Como no lo hizo, según sus propias palabras, lo secuestraron y no lo dejaron salir del local. “Se llevaban la mano a la cintura como queriendo sacar armas”, dice a Sudaca. El delegado tuvo que solicitar ayuda policial y salir escoltado del lugar.
“Debo manifestar mi total incomodidad, así como haber pasado momentos de zozobra por estas personas, ya que no dejaban el desarrollo del proceso electoral”, escribió Victor Sanchez Reategui, personero legal de la lista distrital que encabezaba Jorge Rivera Inuma, en su informe. Estas personas -dijo- impidieron que él pueda entrar al local, pero no evitaron el ingreso del personero de una lista rival.
Los testimonios de Cárdenas y Sánchez son apenas un botón de muestra de una jornada accidentada -a decir de los documentos, videos y testimonios que recogió este medio-, en la cual se eligió como nuevo secretario general nacional del partido a Edmundo del Águila Morote, y a una decena de dirigentes departamentales y distritales.
Aunque Del Águila juró el 31 de octubre, aún tiene que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva una serie de impugnaciones presentadas por sus rivales para ser inscrito oficialmente. Entre las quejas está que el CNE anuló varias mesas de votación que pudieron cambiar la historia.
JORNADA ACCIDENTADA
Rafael Vásquez Neyra fue uno de los candidatos a secretario general. Cuando el 25 de setiembre se acercó a votar en las internas, en un local del distrito de Huacho, su nombre no figuraba en el padrón electoral. Así lo denunció en su página de Facebook y se ratifica para este informe.
“Esto se ha repetido en casi todo el país. ¿Usted se imagina a un candidato presidencial de la República que vaya a votar y no se encuentre en el padrón electoral?”, dice un ofuscado Vásquez a Sudaca. Y continúa: “Esas elecciones serían nulas. Eso es lo que ha pasado y es el principal argumento que hemos presentado ante el JNE para pedir que se anulen. ¿Cómo es posible que haya militantes que no hayan podido votar?”.
No fue el único lugar donde hubo problemas. En la región San Martín se anularon las votaciones del distrito de Banda de Shilcayo luego de que los padrones desaparecieran.
El 19 de octubre, Segundo Montilla Vela, presidente del Comité Electoral de San Martín, envió una carta al Comité Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad de AP en los comicios. En el documento aseguraba que sí les habían enviado los padrones. Incluso adjuntó el voucher del envío, que estaba a nombre de Doris Guerrero Guerrero, presidenta del CNE.
Sin embargo, el paquete con las actas y los padrones de todo el departamento no fue recogido por Guerrero, sino por Hugo Magallanes Torres, persona que no es militante del partido. Consultado por este medio, Magallanes admite su rol y dice que solo apoyaba a Guerrero. No dio más detalles.
Sobre los documentos extraviados nadie tiene respuesta hasta ahora. Al cierre de esta edición, Guerrero tampoco respondió las llamadas ni los mensajes para saber qué ocurrió con los padrones. Así, sin importar o investigar qué pasó realmente, se declaró la nulidad de las mesas del distrito por la desaparición del material. De acuerdo al comunicado emitido por el CNE, su ausencia “impide llevar a cabo unas elecciones limpias y transparentes”.
En Comas ocurrió un hecho similar. El delegado electoral, Luis Enrique Ángeles, encargado de enviar todos los padrones al CNE, fue acusado de no hacerlo. El proceso en este distrito también se anuló.
Orlando Apian Martinez, personero de una de las listas distritales, le mandó una carta notarial exhortándolo a entregar el material y a “presentar su descargo ante la instancia correspondiente”. La carta terminaba con una advertencia: “de no cumplir con la entrega del padrón, daremos inicio a las acciones judiciales respectivas”.
Carta notarial enviada al delegado Luis Enrique Ángeles Quispe exhortándolo a entregar el padrón electoral del distrito de Comas.
Ángeles milita en el partido de la lampa recién desde hace dos años. Nos comunicamos con él, pero respondió escuetamente: “no deseo, gracias”. El suegro del delegado es Álex Valenzuela Chipana, quien fue parte de la lista N°2 del distrito encabezada por Ada Luz Marquez Espinozaque. Esta lista apoyó públicamente la candidatura a la secretaría general de Edmundo del Águila.
Consultado por este medio, Valenzuela prefiere no entrar en detalles y asegura que él y toda su familia renunciarán a Acción Popular. “Nos equivocamos al estar en el partido”, señala.
“Si los padrones no llegaron, es responsabilidad del CNE. Ellos tendrían que abrir un proceso ante la Policía para determinar el paradero de los padrones y reclamar al propio delegado para que los recupere o ponga una denuncia. Pero no hacen nada y solo anulan la elección”, reclama Ivette Mendoza, secretaria electa de Juventudes de Lima Metropolitana que no juramentó como forma de protesta “ante las irregularidades que se han cometido”.
CAOS EN ATE
“¡Bájate de tu nube y cumple con tu chamba!”, le gritabaEdde Cuellar Alegría, alcalde de Ate, al delegado electoral del distrito, Junior Prado Quispe, el encargado por el CNE de informar cualquier incidente en el proceso electoral de esa jurisdicción. Prado se oponía al ingreso de más personas al local de votación. Y es que ya habían pasado las 4 p.m., hora en la que estaba previsto el término de la jornada.
De acuerdo al informe que entregó al CNE, el problema empezó minutos antes de las 4 p.m., cuando él y los personeros se percataron de queseguían llegando más personas al local de votación. La mayoría -según el delegado- eran funcionarios del municipio donde Cuellar es alcalde. El burgomaestre apoyó la candidatura de Edmundo del Águila Morote.
“Se quería que todos los que habían estado en la cola voten, porque como varios eran funcionarios de la municipalidad, los iban a favorecer [se refiere a la lista de Del Águila]”, se queja Prado en entrevista con Sudaca.
Debido a la coyuntura, asegura Prado en su informe, se dejó ingresar a un número reducido de personas. “No podía exponer a los miembros de mesa, porque ellos dieron su punto de vista de que no podía haber aglomeración dentro del local”, apuntó. Y añadió que a las 4:20 p.m. “se dejó ingresar a 30 personas y con ellos se procedió a cerrar el local”.
Hasta el local llegaron Edde Cuellar y Edmundo del Águila Herrera, hijo del candidato Del Águila Morote. Según Del Águila hijo, él se encontraba en el lugar porque era personero de la lista de su padre. Reconoce, sin embargo, que llegó sobre la hora. “En el recorrido que hace uno como personero, me encontré que en el distrito de Ate, a las 4 p.m., a la hora que acababa la votación, habían cerrado la puerta cuando afuera habían cientos de correligionarios que no podían votar”, dice.
Pero junto a Cuellar y Del Águila, de acuerdo al informe y los videos registrados, también estaban personas que no tenían nada que ver con el partido, como Pedro Augusto Chirinos Ruiz, subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del municipio. Este medio pudo corroborar -a través de la web del municipio y sus redes sociales- que se trataba de él.
Los visitantes lograron entrar por una puerta lateral. Cuando “ingresaron los señores Edmundo del Águila Herrera, Pedro Morales Miranda y Edde Cuellar Alegría conjuntamente con personas ajenas al proceso de escrutinio, se perdió el control del material electoral, porque no hubo un control y supervisión adecuados”, se lee en el informe de Prado.
A pesar de que este comunicó que no daba fe de que el proceso se haya realizado con total transparencia, el Comité Nacional Electoral validó todos los votos del distrito, donde salió ganador Edmundo del Águila Morote con un resultado demoledor de 575 votos.
“Se me dijo de todo, se me amenazó, se me insultó. Ya no había garantías para llevar un proceso transparente”, cuenta Junior Prado sobre lo ocurrido ese día. Sudaca se comunicó con el alcalde de Ate para preguntarle acerca de su accionar en el local de votación, pero no nos respondió.
SUSPENSO
Los personeros del principal contendor de Edmundo del Águila Morote, el investigado por corrupción Julio Chávez Chong, han denunciado un supuesto fraude en las elecciones. Según sus propios cálculos, basados en un recuento rápido de los padrones, Chávez fue el ganador de los comicios por más de mil votos. Pero el resultado se habría revertido -aseguran- debido a que el Comité Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para presentar pruebas sobre “posibles hechos irregulares ocurridos el día de la jornada electoral”.
En esta etapa, según ellos, el Comité Nacional Electoral anuló varias mesas de votación y es ahí donde el marcador se habría dado vuelta a favor de Del Águila, quien terminó llevándose una apretada victoria con 68 votos de ventaja. “Han eliminado miles de votos. Eso nunca se ha visto en la historia del partido”, se queja el también candidato Rafael Vásquez.
Según las propias cifras del CNE, la jornada terminó con 5.944 votos nulos o viciados. Vásquez y Julio Chávez Chiong ya han presentado impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque consideran que parte de esta cifra responde a las mesas que se dejaron de lado por las irregularidades descritas en este informe. Sus personeros señalan que, hasta el día de hoy, el comité electoral no ha cumplido con publicar los motivos que lo llevaron a anular ciertas mesas, como la de San Juan de Lurigancho.
Desde la campaña de Edmundo del Águila Morote también sostienen que el proceso no fue del todo transparente. Pero apuntan la artillería contra otras listas que participaron de los comicios.
“En varias jurisdicciones se encontraron firmas falsas de personas que nunca fueron a votar. Nosotros contratamos dos peritos para que revisen esos temas”, asegura Edmundo del Águila Herrera, hijo de Del Águila Morote. Hasta el cierre de edición, sin embargo, no compartió la información que avale sus denuncias. Su padre tampoco quiso hacerlo. “Nuestro estatuto nos prohíbe llevar los problemas internos a la opinión pública sin antes haberlos resuelto internamente”, afirma.
Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no resuelva las impugnaciones, la nueva dirigencia no podrá ser inscrita. ¿El partido que preside el Congreso de la República seguirá, por sexto año consecutivo, sin nuevos dirigentes?
La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.
LO QUE EMPIEZA MAL…
Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.
De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.
El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%).
A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.
HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.
Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.
Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.
A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?
CERRONISTAS EN ACCIÓN
Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.
Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.
Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.
Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.
El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640.
Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.
De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.
Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.
Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.
Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.
La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.
Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.
Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.
Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.
Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.
Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.
Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.
Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señaladoque el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.
Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso?
NADA NUEVO BAJO EL SOL
Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.
Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.
Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.
Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.
Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés.
Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.
Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés.
Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.
Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, perono es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.
“Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.
Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.
Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “unmarco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.
Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.
Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones.
Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.
En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.
El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.
Cuando Manuel Merino de Lama juramentó como presidente luego de la vacancia a Martín Vizcarra, en noviembre del año pasado, Jhon Apolinario Saba Guerra fue su mano derecha -y la izquierda también, se podría decir- durante los escasos cinco días que permaneció en el cargo.
Saba, quien es tumbesino al igual que Merino, era el que ofrecía los cargos para la conformación del Gabinete, creó el grupo de WhatsApp para coordinar con los ministros, asistió a las reuniones del consejo y se codeaba con los altos mandos policiales. Se aseguró, además, de que le informen a Merino cuáles eran las estrategias a tomar en las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial. Cuando el breve régimen cayó, Saba se recicló en el Estado sin ninguna vergüenza. Hoy es asesor de una congresista de la bancada Podemos Perú.
LA SOMBRA DE MERINO
El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (su premier) y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La causa: las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre de 2020.
La denuncia presentada ante el Congreso de la República tiene los testimonios de los ministros del flamante Gabinete Flores-Aráoz, de los altos mandos policiales y, cómo no, de Jhon Saba Guerra, “en su condición de asesor del investigado Manuel Merino de Lama”.
Su poder era tal que Augusto Valqui Malpica, el ministro de Transportes y Comunicaciones de ese régimen, detalló que fue Saba quien le ofreció el cargo. “El día de la juramentación me llamó otra persona que me dijo que mi currículum había sido aprobado por la inteligencia de la Marina. Al ratito me llamaron y me dijeron que podía ser ministro”, contó Valqui. De acuerdo a la documentación fiscal a la que Sudaca tuvo acceso, el autor de esa última llamada fue Saba, “quien le propuso el cargo de ministro”.
Por su parte, Franca Deza Ferreccio, quien había asumido como ministra de Relaciones Exteriores, calificó a Jhon Saba como “el enlace” que tenía con Merino. Además, dijo que era «hombre de confianza» del premier Flores Aráoz.
La exministra de Relaciones Exteriores calificó a Saba como el «hombre de confianza de Ántero Flores-Araoz» y como el nexo que tenía con Manuel Merino. No solo eso, Saba también fue el encargado de crear el grupo de WhatsApp donde estaban todos los ministros.
De acuerdo al testimonio de Jorge Lam Almonte, exsubcomandante general de la Policía y señalado como uno de los responsables de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, Jhon Saba le dio su número telefónico para que le comunique “cualquier cosa de importancia que pueda pasar”. Y así ocurrió. El general contó al Ministerio Público que el asesor lo llamó un par de veces para preguntarle “cuál era la novedad de las marchas, para informarle al Presidente”.
El día de los asesinatos de Inti y Bryan, Merino tuvo dos reuniones. Una en Palacio y otra en el Ministerio del Interior (Mininter). En ambas, su asesor lo acompañó como fiel escudero.
De acuerdo al propio testimonio de Saba Guerra, en la noche del 14 fue invitado por Merino a una reunión con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Allí, cuenta el asesor, la DINI presentó información sobre las manifestaciones. ¿La fuente de tan detallado trabajo de inteligencia? Twitter. “El personal expuso unas diapositivas donde daban cuenta que dentro de las marchas de protestas había barristas. Eran publicaciones que estaban en Twitter. Se cuestionó que era un informe que consignaba data de redes sociales”, dijo Saba.
La reunión terminó, de acuerdo al exdirector de la DINI, Christian Schambaher Céspedes, cuando el ministro del Interior recibió una llamada que le comunicó sobre la primera de las víctimas mortales. “Al final de la reunión, Merino ordenó a Saba que convoque al día siguiente una sesión de Consejo de Ministros”, se puede leer en la denuncia del Ministerio Público.
Consultado sobre su rol en los días de gobierno de Manuel Merino, Saba prefirió no dar mayores detalles porque asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir. “Yo entiendo que en el documento fiscal está todo. A mí me citaron como testigo en su oportunidad”, señaló.
El vínculo entre Merino y Saba no era nuevo. Durante su segundo periodo como congresista (2011-2016), Merino ya había trabajado con Saba como asesor parlamentario, de acuerdo al portal del Congreso.
De hecho, cuando Merino se postuló como congresista para el período complementario del 2020-2021, Saba compartió imágenes de su campaña en redes sociales y llamaba a votar por él. Quizá por ese ímpetu, cuando el accionpopulista fue elegido como presidente del Congreso, colocó a Saba como asesor en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”. ¿El trabajo? Asesorar a Merino en la Mesa Directiva.
“El doctor Jhon Saba trabajó conmigo [como asesor] en el Congreso complementario […] Me acompañó unos días en la presidencia hasta el 15 de noviembre, porque renuncié”, responde Manuel Merino respecto a su relación con su paisano.
Para ese 15 de noviembre ya habían dimitido algunos ministros, previendo lo que se venía luego de la muerte de dos jóvenes. Luego de que Merino y los que quedaban en su Gabinete se vieron obligados a renunciar, Jhon Saba no perdió el tiempo. Ese mismo mes pasó a las filas de Podemos Perú (PP), el feudo de José Luna Gálvez. Lo hizo como asesor del grupo parlamentario, de acuerdo a información de Transparencia.
Aquel aciago noviembre, como asesor de Merino y luego de Podemos, Saba se llevó a casa por ambas asesorías poco menos que S/19.000.
En noviembre de 2020, mientras Merino y gabinete se despedían del poder, Saba cobró al Congreso un total de S/.18.660.
Los siguientes meses, hasta abril de este año, Saba continuó trabajando como asesor de PP con un sueldo de S/.9.499 mensuales, según el portal de Transparencia del Congreso. En mayo de 2021, se convirtió en el asesor principal del congresista Aron Espinoza, también de ese partido, quien luego de la renuncia de Merino aseguró no arrepentirse de haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra. Lo dijo luego de las muertes de Inti y Bryan.
Aunque el Congreso complementario se despidió antes del 28 de julio, Jhon Saba no. Y en agosto volvió como asesor principal de Digna Calle Lobatón, esposa de Espinoza y actual congresista de Podemos. El sueldo es el mismo. Desde noviembre de 2020 hasta septiembre de este año, el ubicuo Saba -exasesor principal de un represor- ha facturado al Congreso un total de S/.113.026. ¡Y aquí no pasó nada!
