El 13 de enero del 2022, a las diez de la mañana, el empresario chino Li Qingyong, de China Civil Engineering Construction Corporation, visitó el despacho del congresista de Acción Popular por Ica, Raúl Doroteo. Este legislador ha sido sindicado por Karelim López, junto con otros cuatro parlamentarios de la lampa, como parte de un grupo llamado “Los Niños”, por su presunta obediencia sin cuestionamiento al presidente Castillo.
Rául Doroteo Carbajo, congresista de Acción Popular por Ica, el día que juramentó como congresista. Karelim López lo describe como parte del grupo “Los Niños”, una presunta red que gana licitaciones en el MTC. Fuente: Congreso.
Doroteo es un parlamentario que ha votado mayoritariamente a favor del Ejecutivo en momentos claves, de acuerdo a un informe de “El Comercio”. Por ejemplo, marcó en rojo cuando el pleno discutió la moción de vacancia del presidente Castillo, en diciembre pasado. Doroteo, vocero alterno de Acción Popular, no contestó a las llamadas para este informe.
El representante de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong, visitó el despacho del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, el 13 de enero.
Ese mismo 13 de enero, mientras Li Qingyong visitaba a este parlamentario, INIP Ingeniería Integración de Proyectos ganaba otro contrato, este por S/116,5 millones. El objetivo: instalar un sistema de electrificación rural en el Cenepa, Amazonas. El benefactor esta vez fue el Ministerio de Energía y Minas.
Esa vez, sin embargo, la firma peruana acompañó en la aventura, con 5% de participación, a otra compañía asiática: China Camc Engineering. Sudaca se comunicó al teléfono del afortunado empresario Roberto Aguilar Quispe, pero no obtuvimos respuesta.
El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.
A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.
Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN
Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.
“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.
En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.
Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.
El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.
Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.
“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.
Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.
Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.
Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.
Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado por la vía de la “contratación directa”.
Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.
La oposición planea sus próximos movimientos en un tablero delimitado por la guerra entre el Congreso y el Ejecutivo. Una de las jugadas que se avecina es comunicar que María del Carmen Alva no irá a la reelección como presidenta del Congreso. Esto por haber desgastado su imagen con exabruptos. Un 62% la desaprueba, de acuerdo al último sondeo de Ipsos Perú.
La sucesión congresal caería en manos de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de un acuerdo interno entre opositores tomado a inicios del gobierno de Pedro Castillo. “En julio debe asumir alguien de APP. Es pertinente que haya un cambio para refrescar, en un momento importante y delicado”, dice Eduardo Salhuana (APP), quien desde ya es voceado para asumir la cabeza del Parlamento. La agrupación de César Acuña ocupa hoy la primera vicepresidencia, con Lady Camones.
Eduardo Salhuana Cavides, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, apunta a ser el próximo presidente del Congreso. Fuente: Andina.
“En Acción Popular no van a apoyar a María del Carmen Alva en caso de presentarse a la reelección, porque ella no representa el sentir del partido, por más que pida disculpas. Ha hecho un daño político enorme”, dice el legislador de Perú Democrático, Carlos Zeballos, quien renunció en octubre a la bancada de la lampa.
Alva, que fue asesora de la bancada de Acción Popular entre el 2012 y el 2016, tiene una imagen mellada dentro de su propia tienda. María Sáenz Zenteno, militante de la lampa, trabajó varios años en el Congreso y recuerda así a su actual presidenta: “Ella maltrataba a la gente que trabajaba ahí. He visto un maltrato terrible de esta señora en años pasados”.
Por ejemplo, asegura que Alva -cuando era asesora- tuvo un fuerte intercambio de palabras con la militante cusqueña de Acción Popular, Celia Quispe, quien entre el 2015 y el 2016 también trabajó para la bancada. “En un momento le dijo, en una discusión, ‘Tú eres una Quispe y yo soy una Alva’. Prima más en ella los sentimientos negativos y el racismo”, cuenta Sáenz Zenteno. Ella admite estar mortificada porque la actual Mesa Directiva no le renovó el contrato.
María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Parlamento, brinda una conferencia el miércoles pasado con voceros de otros partidos, entre ellos Waldemar Cerrón, de Perú Libre. Fuente: Congreso.
María Sáenz es una militante conocida en los predios acciopopulistas, dado que laboró varios años como asesora del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde. Buscamos a Celia Quispe, pero no quiso dar declaraciones.
GRIETAS EN LA OPOSICIÓN
Otro de los personajes que ha perdido peso en el bloque opositor es Patricia Chirinos. Hoy un grupo de congresistas marca distancia con la parlamentaria de Avanza País, feroz adversaria del presidente Castillo, en medio de una aparente tregua con el gobierno. “Todos sabemos que Patricia Chirinos tiene declaraciones irresponsables. Ya nos tiene acostumbrados. No sé si su intención es sumar o restar”, dice a Sudaca Elvis Vergara, vocero de Acción Popular e incondicional de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
Chirinos es vista con recelo por un sector de la oposición desde que presentó una moción de vacancia contra Castillo en noviembre, sin coordinación previa. “Hemos considerado riesgoso que Patricia Chirinos haya tenido la iniciativa de presentar una moción de vacancia nada concertada y poco oportuna, que golpeó duramente esta figura constitucional. Una medida tan seria, tan dramática y tan extrema aún dentro de los cauces democráticos, como es la vacancia presidencial, no puede ser un asunto de inspiración personal”, dice Luis Ibérico, secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso.
Una fuente parlamentaria cuenta a Sudaca que la legisladora por el Callao no es convocada desde entonces a las coordinaciones por tener un juego propio. Chirinos no fue llamada, por ejemplo, a la reunión organizada por la Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas, en la que estuvieron las caras más visibles de la oposición y que fue dada a conocer por “Hildebrandt en sus Trece”. Dicha fundación pertenece a “Atlas Network”, una poderosa red de think tanks norteamericana fundada en 1981, que combate a los gobiernos de izquierda.
Chirinos asistió, eso sí, a su propio evento. El 1 de febrero pasado fue la estrella invitada del foro “Crisis de democracia en Perú”, organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), una institución que también pertenece a la red de “Atlas Network”.
1 de febrero. Exposición de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, en Miami, en el foro “crisis de democracia en Perú”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
El IID es dirigido por el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien suscribió las falsas teorías de fraude electoral en la campaña peruana y considera al gobierno de Pedro Castillo “castrochavista”. Chirinos dijo en su exposición que “he decidido presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por sus constantes faltas a nuestra Carta Magna y a través de ese mecanismo permitir que el Congreso vote por su destitución e inhabilitación”.
Y, efectivamente, el 8 de febrero Chirinos presentó un proyecto para modificar el artículo 117 de la Constitución y ampliar las causales para acusarlo durante su gobierno, incorporando las figuras de “actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y graves infracciones a la Constitución”.
“La Mesa Directiva y los voceros tratan de dar una conferencia, buscando poner paños fríos a la tensión política, y ella sale en un foro internacional diciéndole de todo el presidente. Actúa de manera individual”, dice a Sudaca el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana.
Aunque un asesor de Chirinos dice a Sudaca que la legisladora mantiene relaciones cordiales con sus colegas de la oposición, la bancada de Avanza País -a la que pertenece Chirinos- es el único grupo de oposición que ha informado que no asistirá a la ronda de diálogo planteada por el primer ministro Aníbal Torres.
Los planes para un reacomodo en la oposición se dan cuando el 74% de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, está a favor de que ‘se vayan todos’ y de que convoquen a nuevas elecciones presidenciales y congresales. Es decir, hasta el momento el Congreso tampoco supo jugar bien sus fichas contra un rival que se ha tropezado solo. ¿Corregirá?
Sin autocrítica y con una cerrada defensa de sus polémicos asesores, Pedro Castillo arma en estos momentos su cuarto Gabinete en seis meses. El presidente se resiste a cambiar su caótica forma de gobernar, más allá del nombre del nuevo primer ministro, señalan a Sudaca algunas personas que han conversado con él en estos días decisivos. “Es la última oportunidad”, le dijo, en esa línea, Vladimir Cerrón al jefe de Estado en el encuentro que tuvieron ayer lunes por la noche en Palacio, según una fuente cercana al líder del lápiz.
Castillo llamó a Cerrón el lunes por la tarde para tener una reunión inmediata. El secretario general de Perú Libre, que se encontraba en Lima luego de obtener permiso judicial para viajar, decidió ir con Richard Rojas, jefe de campaña del partido y cuyo nombramiento como embajador en Venezuela fue anulado porque está investigado en el caso “Los Dinámicos del Centro”.
Vladimir Cerrón y Pedro Castillo en una reunión en Palacio de Gobierno el pasado 7 de enero. Fuente: Presidencia.
Entre Castillo y Cerrón, que desde diciembre han empezado a acercarse nuevamente, reina cierta desconfianza. De acuerdo a una fuente palaciega, al presidente no le agrada que el líder del lápiz lo quiera manejar, pero lo convoca porque necesita de la bancada de Perú Libre. Por su parte, el exgobernador regional de Junín se siente traicionado por Castillo, dado que este no tomó en cuenta a su partido en el Gabinete encabezado por el violento Héctor Valer.
Para el premierato, Cerrón puso sobre la mesa el nombre de Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, pensando que podría convencerlo de aceptar el cargo pese a que se ha negado. Pero Castillo respondió que tiene una mayor consideración por César Landa, el actual canciller, y Jorge Nieto Montesinos, exministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En el bolo también están el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien ya rechazó una vez la PCM, y Roberto Sánchez, titular de Comercio Exterior.
Nájar, por cierto, conversó tres horas con Castillo el sábado. En la interna de Perú Libre, el veterano político ha descartado ocupar el cargo de primer ministro argumentando razones personales. Y en Palacio aseguran que Nájar es resistido por el “Gabinete en la sombra” porque tuvo una hija con una menor de edad en 1987 y afrontó, en su momento, una demanda de alimentos. Un caso que puede producir una avalancha de cuestionamientos, como la que sepultó a Valer.
En la cita, Cerrón también planteó la necesidad de que se pueda sumar al nuevo Gabinete a algunas bancadas, para neutralizar a la feroz oposición parlamentaria. Se habló de Somos Perú, Juntos Por el Perú y hasta de Acción Popular. Pero Cerrón dejó en claro que no iría ni a la esquina con el recién creado grupo parlamentario Perú Democrático, de Guillermo Bermejo y Héctor Valer.
“El Congreso debe poner fin a este tipo de seudobancadas que dañan el sentido de la representación democrática. Si el parlamentario no está de acuerdo con el partido que le dio la curul, debe convocarse al accesitario”, escribió el líder de Perú Libre en su cuenta de Twitter el 5 de febrero.
En el encuentro con Castillo, Cerrón apuntó nuevamente a la salida del Gabinete de Betssy Chávez, actual ministra de Trabajo, y de Dina Boluarte, vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ambas acabaron en malos términos con Perú Libre. Propuso, además, el nombre de la congresista perulibrista Kelly Portalatino para el Ministerio de Salud.
En el caso de Dina Boluarte, esta no goza de la confianza del “Gabinete en la sombra”, según una fuente en Palacio. El motivo: ser aliada de Carlos Jaico,exsecretario general del Despacho Presidencial y adversario de los sinuosos asesores presidenciales.
Pedro Castillo también se reunió con el ala magisterial de la bancada oficialista el lunes por la tarde. Con esto busca granjearse el apoyo de las dos facciones. “Le hemos dicho al presidente que no puede haber más errores y que tiene que tener asesores que apoyen y que no chantajeen”, dice a Sudaca Óscar Zea, congresista del ala magisterial de Perú Libre por Puno.
“Con el presidente es complicado hacer pronósticos. Hoy día te dice que está súper bien, te da la mano y al día siguiente cambia. El presidente escucha a quien le impone, lo obliga, no a quien sugiere”, dice a Sudaca el parlamentario de Acción Popular por Arequipa, Edwin Martínez, quien también sostuvo una reunión con el mandatario el sábado, aunque precisa que fue a título personal.
Martínez dice que Pedro Castillo le mencionó como opciones para ser primer ministro a Nieto, Roberto Sánchez, Landa, Roger Nájar y Aurelio Padilla, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería.
En Palacio también llamaron al congresista del Partido Morado Edward Málaga para dirigir las riendas del Ministerio de Ambiente, ocupado ahora por un inexperto Wilber Supo, un bachiller en geografía cuya única experiencia era el de profesor de colegio. Málaga rechazó el ofrecimiento.
EL MISMO CAOS
El presidente Castillo cocina un nuevo Gabinete sin cambiar su estilo de gobernar, con vocación al error y suicidio político. Así lo dejó claro en el extraño comunicado que publicó ayer y que no llevaba el logo de Presidencia de la República.
Castillo recalcó que es víctima de una “campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial”. Y salió, de manera tácita, en defensa de sus asesores al enfilar sus baterías contra la exprimera ministra Mirtha Vásquez; el exministro del Interior, Avelino Guillén; y el exministro de Economía, Pedro Francke, quienes cuestionaron a las personas que rodean al mandatario.
“Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión, he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado”, dijo Castillo. Esta declaración no tiene correlato con la realidad, puesto que Castillo no respetó, por ejemplo, la decisión de Guillén de sacar al teniente general Javier Gallardo como cabeza de la Policía por pugnas internas.
El presidente de la República ha prometido un Consejo de Ministros “más participativo y de ancha base”, pero todo lo reduce a un cambio de nombres en el premierato, no a un estilo de gobernar. Hasta el momento, Castillo no ha permitido que los primeros ministros armen su propio Gabinete y les ha impuesto nombres en sectores considerados claves por él, como Educación, Transportes, Vivienda e Interior.
Y en la búsqueda para reemplazar a Valer, el mandatario ha dialogado más con sus habituales visitantes (Nájar, Cerrón, profesores), según el registro de visitas de Palacio, y muy poco con personajes fuera de su círculo. Así las cosas, no se avecinan grandes cambios.
Héctor Valer Pinto, defenestrado presidente del Consejo de Ministros al ser acusado de agredir a su esposa e hija, aún ejerce el cargo a la espera de un reemplazo. Fuente: Andina.
Una prueba de fuego será su encuentro con Jorge Nieto, en caso de darse. El exministro de PPK ha planteado romper con el círculo de confianza del actual presidente, si es nombrado premier. Y remover a ministros cercanos a Pedro Castillo, como Juan Silva (Transportes) y Aníbal Torres (Justicia). Sin embargo, fuentes en Palacio aseguran que no cayó bien que Nieto ventilase sus exigencias en los medios de comunicación antes de sentarse con el mandatario. Por ello, esta opción se ha desinflado en las últimas horas.
Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura y Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entró en la órbita del gobierno para ocupar el premierato. Fuente:Andina.
Castillo, quien no ha hecho un mea culpa, insiste con su estilo caótico en medio de la peor crisis de su gobierno. Y lo hace cuando se multiplican los llamados a la renuncia del jefe de Estado.
El Congreso, con un mayor consenso entre las bancadas de oposición, también analiza fórmulas para sacar a Castillo del poder. Susel Paredes, del Partido Morado, presentó un proyecto de ley para suspender de manera indefinida al presidente de la República involucrado en casos de corrupción. El asunto ya se ve con celeridad en la Comisión de Constitución. El presidente no tiene margen de error.
“Yo respeto y las quiero a todas las mujeres, entre ellas a mi madre, esposa y mis hijas”, escribió Héctor Valer cuando fue acusado por la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, de maltratarla verbalmente en septiembre pasado. El primer ministro no pensó lo mismo cinco años atrás, en octubre del 2016, cuando “le propinó un puñete en el rostro” a su esposa y le dio “bofetadas, puñetes y patadas” a su hija, de acuerdo a dos partes policiales.
Ante el escándalo, que la prensa advirtió hace menos de 24 horas, el llamado “Gabinete en la sombra” del Despacho Presidencial ya baraja opciones para reemplazarlo lo más pronto posible. Consideran que su situación es insostenible, según una fuente palaciega que conoce la interna. Bancadas como Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular han anunciado que no le darán el voto de confianza. La ausencia de Valer en la conferencia de prensa de ayer es un reflejo de la situación.
Izquierda: Con su esposa, ya fallecida, en un evento festivo. Derecha: Primer ministro posa con su hija en una imagen de archivo. Las dos lo denunciaron por agresión en el 2016
El “Gabinete en la sombra” está integrado por Biberto Castillo, despedido asesor presidencial; Beder Camacho, nombrado secretario general interino; José Fernández La Torre, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Wilson Pretel, jefe del gabinete técnico de asesores. Llama la atención que Biberto Castillo siga operando a pesar de haber sido despedido por Carlos Jaico, en su última acción como secretario general. Fueron Castillo y Camacho, que ha sido nombrado secretario general interino, quienes ayer convocaron a un diálogo a Hernando de Soto, excandidato presidencial de Avanza País.
Héctor Valer llegó al premierato por recomendación del congresista Guillermo Bermejo. En el Congreso, Bermejo y Valer integran la bancada de disidentes Perú Democrático. El “Gabinete en la sombra” apostaba sus fichas por Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo.
En caso Valer sea finalmente expectorado del cargo, Sánchez tendría la primera opción. Esto porque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya dijo que no asumirá la PCM. Sánchez se ha convertido en un incondicional del presidente Castillo y, según una fuente de Palacio, ha pasado también al grupo de asesores en la sombra.
El también congresista por la bancada de Juntos Por el Perú (JPP) despacha seguido con Beder Camacho y el jefe de la DINI, José Fernández La Torre. JPP llegó al Congreso de la mano del Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, pero Sánchez ha marcado distancias con ella. No condenó, por ejemplo, la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior, como sí lo hizo la excandidata presidencial. “Más allá de los nombres o desencuentros, la prioridad es la seguridad ciudadana”, dijo Sánchez a la prensa.
El titular del Mincetur ha salido en defensa de Pedro Castillo cuando ha podido y ha ejercido hasta el rol de traductor. “En ningún momento el presidente ha dicho que va a poner a referéndum la soberanía y entrega del mar a nuestro hermano país de Bolivia. Eso es falso”, dijo, por ejemplo, sobre la reciente declaración del presidente a CNN. Castillo había asegurado que consultaría a los ciudadanos para decidir si Perú le da una salida al mar a esa nación.
La lealtad de Sánchez ha sido recompensada. Permanece al frente de su cartera, mientras sus aliados del Nuevo Perú -Pedro Francke y Anahí Durand- salieron del Gabinete. Verónika Mendoza, incluso, anunció la ruptura con el gobierno en redes sociales.
Al otro lado, en Perú Libre, también están con la sangre en el ojo porque no los tomaron en cuenta en el nuevo Consejo de Ministros. Vladimir Cerrón esperaba tener protagonismo en el Gabinete, pero el presidente le dio prioridad a Bermejo. En venganza, una fuente cercana a Cerrón anticipa que sus más fieles militantes no le darán la confianza al Gabinete Valer.
AMETRALLADORA
El perfil violento del nuevo premier es corroborado por excompañeros de cuando militaba en el APRA. Uno de ellos, un aprista con el que compartió aquella época, lo recuerda por llevar una ametralladora en su paso por la universidad, a inicios de los ochenta. “Se atrevió a llevar una ametralladora para asustar a los estudiantes comunistas que buscaban recuperar su hegemonía en la Garcilaso”, dice. Lo conocían como el “Loco Valer”.
2009. Héctor Valer Pinto, en un evento en la Casa del Pueblo para condecorar y respaldar a excongresista Mauricio Mulder, incondicional de Alan García.
“Es una persona inestable. Tiende al disparate, al improntus. Por eso es que cambia de camiseta todos los días. Castillo se ha disparado a los pies al nombrar a este personaje porque no le van a dar el voto de confianza”, dice a Sudaca Jesús Guzmán Gallardo, veterano dirigente de la estrella, quien también conoció al actual premier.
Lo cierto es que el presidente Castillo ha elegido como cabeza de su Consejo de Ministros a un hombre que le siguió los pasos a Alan García. En febrero de 1993, Valer “abandonó clandestinamente” el Perú y viajó a Colombia para pedir asilo político, de acuerdo a una nota del diario colombiano “El Tiempo”. García había pedido asilo a dicho país tras el autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992.
1997. Nota del diario colombiano “El Tiempo” que da cuenta que Héctor Valer Pinto fue considerado un refugiado político en ese país.
Tres años después, en 1995, García solicitó asilo en Francia. En 1996 Valer hizo lo mismo. “En el año 1996, tras el proceso de traslado de su refugio político a Francia, estudió un Diplomado de Estudios de América Latina en la Universidad Sorbonne IV, de París”, dice la biografía de Valer colgada en el portal del Parlamento.
En el 2000, Valer volvió al Perú con el retorno de la democracia. Los “compañeros” le consiguieron trabajo como profesor en la Garcilaso. En ell 2008, el APRA lo colocó como gerente del Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos y Amazónicos (Indepa), un organismo del Estado que hoy ya no existe. El 2009, Valer promovió una condecoración a Mauricio Mulder, incondicional de García, por su supuesto compromiso con el agro. También apoyó la candidatura de Mulder a la secretaría general del Apra por “su estrecha vinculación con los intereses del pueblo y sus organizaciones”, según el portal “Vanguardia Aprista”.
Varios testimonios también indican que Valer fue cercano a Luis Nava, el secretario personal de García que confesó a las autoridades que Jorge Barata le entregó al expresidente 1 millón 328 mil dólares en loncheras y maletines a nombre de Odebrecht. De hecho, Nava lo jaló como asesor cuando fue nombrado ministro de la Producción. En el 2011, Valer apoyó la campaña de Nava al Parlamento Andino con un pequeño monto -S/750-, según reportes de la ONPE.
2011. Reporte presentado a la ONPE por Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, como candidato al Parlamento Andino. Ahí figura Héctor Valer Pinto como aportante
El presidente Pedro Castillo ha viajado a Brasil en plena crisis política. Retornará el sábado. Todo apunta a que su flamante primer ministro tiene las horas contadas. Valer, en una entrevista con Rosa María Palacios, dijo que no renunciará. Aseguró que no agredió a sus familiares. Ha decidido atrincherarse en el cargo. El “Loco Valer” está desatado.
La caída de Mirtha Vásquez empezó a gestarse a mediados de diciembre. En aquel momento, los asesores del presidente Pedro Castillo le declararon la guerra y dejaron de coordinar con ella. “En esa fecha nos avisaron que los asesores habían llamado a gente ofreciendo cargos de ministros a nuestras espaldas”, dice una fuente cercana a la exprimera ministra.
En el entorno de Vásquez apuntan los dardos a Biberto Castillo, exasesor presidencial cercano a Perú Libre, que fue despedido ayer en medio del caos. Él organizó, por ejemplo, el encuentro entre el mandatario y cuatro exministros de Economía sin la presencia del actual titular de la cartera, Pedro Francke. La reunión se dió el 16 de diciembre pasado. El encuentro fue interpretado como un puñal para Francke, aliado de Vásquez en el Gabinete, y como una señal más del clima de caos y anarquía que se respira en Palacio.
30 de enero. El presidente Pedro Castillo Terrones, en la ciudad de Caballococha, en Loreto. Fuente: Presidencia.
Biberto Castillo era parte del llamado “Gabinete en la sombra” del jefe de Estado. Este grupo está formado, además, por Beder Camacho y los cajamarquinos Rodolfo Idrogo (prensa), Wilson Pretel (jefe de gabinete técnico), Eder Vitón Burga (asesor técnico), Franco Pomalaya (prensa) y José Fernández La Torre. Este último es jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Al ‘petit comité’ se ha sumado recientemente Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, un aliado incondicional del presidente.
El “Gabinete en la sombra” le hizo la vida de cuadritos a Mirtha Vásquez, marginándola de las decisiones importantes y no haciendo caso a sus recomendaciones. Por ejemplo, de acuerdo a fuentes próximas a la exprimera ministra, los asesores demoraron la promulgación en El Peruano de la ley sobre el referéndum, aprobada por insistencia en el Congreso. El texto, que bloquea una consulta para una Asamblea Constituyente, fue promulgado recién el 30 de enero, cuando había sido enviada el 25 de ese mes. Vásquez había recomendado una promulgación inmediata, como manda la ley.
Por eso no sorprende lo que pasó la tarde de ayer, cuando la expremier le entregó a Eder Vitón, asesor del gabinete técnico del Despacho Presidencial, su carta de renuncia para que la ingrese a mesa de partes. Minutos después de entregarle el documento, el presidente Castillo lanzó un tuit dando la idea de que él despidió a Vásquez y no que ella había renunciado.
Eder Vitón Burga, asesor técnico en Presidencia, recibió la carta de renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez. Fuente: Facebook de Eder Vitón.
“Yo le he entregado [la carta de renuncia] a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más. Nuevamente quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene [el presidente], que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores”, dijo Vásquez en el programa “Nada está dicho”, de RPP.
Vásquez, en su carta, dijo que renunció por la crisis desatada en el Ministerio del Interior, que terminó con la salida de Avelino Guillén. El exfiscal supremo había sido propuesto por ella como titular de esa cartera.
Lo cierto es que Vásquez no fue capaz de lograr un Gabinete cohesionado. La ahora expremier pidió la cabeza del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, una carta de Perú Libre, y no pudo imponerse.
Además, tuvo roces con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, por el asunto de la Asamblea Constituyente. Cevallos estaba a favor de promover el tema, ella no. “Ella se vio debilitada cuando anunció que no extendería los contratos de cuatro minas en Ayacucho y luego retrocedió rápidamente. No se le vio muñeca política. Ahí perdió fuerza al interior del gobierno”, dice una fuente palaciega.
EL CERRONISMO EN PALACIO
La guerra de los asesores presidenciales con Mirtha Vásquez coincidió con el acercamiento de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El jefe de Estado llamó ayer al líder del lápiz para conversar sobre la crisis política, de acuerdo a una fuente de Perú Libre. Cerrón, al no estar en Lima por sus restricciones legales, envió a Palacio una comitiva perulibrista encabezada por su hermano, el congresista Waldemar Cerrón. Este anunció en Twitter que sería el nuevo primer ministro y luego borró la publicación.
“Hemos hablado de la coyuntura política, pero no de propuestas para el Gabinete. Nos preguntó cuál era la mirada que teníamos. Le hemos dado nuestro punto de vista”, dice a Sudaca el legislador de Perú Libre y exprimer ministro Guido Bellido.
El lápiz busca retomar el protagonismo perdido en el gobierno. Y Castillo ha dado muestras de acercamiento con la llamada a Cerrón en plena escalada. Aun así, Roger Nájar, integrante del buró político, descartó en la interna asumir el premierato.
Eso sí: los perulibristas están con la sangre en el ojo. Según una fuente del partido del lápiz, han planteado al presidente Castillo una cirugía mayor: cambiar el 70% del Consejo de Ministros. De acuerdo a un asesor de Cerrón, este le ha sugerido al presidente restarle poder a Verónika Mendoza, su eterna rival. También ha pedido sacar del juego a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, recientemente expulsada de Perú Libre.
Mendoza, en este momento, ha marcado distancia con el presidente por la renuncia de Guillén. “Lamento profundamente la renuncia de Avelino Guillén, un hombre honesto y valiente que se enfrentó siempre a la corrupción y al autoritarismo. Presidente, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su gobierno”, escribió el 30 de enero. El titular del MEF, Pedro Francke, también expresó su solidaridad con Guillén en las redes sociales, en lo que será una de sus últimas acciones como ministro.
La ministra de la Mujer, Anahí Durand, no siguió el mismo camino que sus correligionarios Francke y Mendoza. Durand, quien ha sido elegida como nueva presidenta del Nuevo Perú, estuvo en desacuerdo con los pronunciamientos que debilitan la alianza con Pedro Castillo, de acuerdo a fuentes de la organización izquierdista.
Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y nueva presidenta de Nuevo Perú. No se solidarizó en redes sociales con Avelino Guillén, como Verónika Mendoza y Pedro Francke, en un tácito desacuerdo. Fuente: Andina.
Lo cierto es que, en estas horas, los puñales están a la orden del día. El desgobierno es tal que hasta los asesores del presidente Castillo andan enfrentados entre sí. Los integrantes del llamado “Gabinete en la sombra” libran una batalla con el secretario general Carlos Jaico Carranza.
Beder Camacho, el subsecretario general, pidió a Contraloría investigar a Jaico por usar un auto Grand Cherokee Overland, que pertenece a la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando estaba de licencia. Jaico ha contragolpeado acusando a Camacho de reunirse de manera clandestina con el jefe de la Policía, Javier Gallardo, manzana de la discordia en el conflicto con Avelino Guillén. A Biberto Castillo, Jaico lo despidió con un memorando.
Pedro Castillo se reunió esta mañana con congresistas del ala magisterial, como Edgar Tello, Óscar Zea y Katy Ugarte. El tiempo apremia y el presidente no tiene mucho por donde escoger.
La trama de coimas que involucra a Susana Villarán ha sido oficialmente reconocida por una empresa en Estados Unidos. En septiembre pasado, la agencia de publicidad británica WPP (una de las más grandes del mundo) accedió a pagar una multa de US$19 millones a la Comisión del Mercado de Valores de ese país, tras admitir malas prácticas en sus subsidiarias de India, Brasil, China y el Perú. En el caso peruano, su filial Ogilvy participó –en el 2013– en un “esquema de soborno” para beneficiar a la autoridad municipal de aquel entonces. Es decir, a Villarán.
Así lo revela una investigación de la reguladora bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que si bien no menciona a Villarán con nombre y apellido, sí describe hechos que corresponden a la pesquisa que se le sigue a la exalcaldesa en Lima. WPP aceptó la multa buscando eludir la acusación penal por haber violado la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, vigente en EEUU.
Septiembre, 2021. Informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos que consigna las malas prácticas de la subsidiaria de la agencia británica publicidad WPP, en la trama de sobornos que involucra a Susana Villarán.
LOS DETALLES
La SEC señala que la agencia publicitaria WPP instaló su subsidiaria peruana en 1996. Ese año, Ogilvy se creó con Óscar Vidaurreta Yzaga como principal ejecutivo. “El CEO [Vidaurreta] continuó administrando la subsidiaria de Perú hasta que, en el 2018, WPP lo despidió por haber participado en un esquema para manipular las ganancias de la filial peruana”, dice el informe.
¿Qué sucedió? La investigación del regulador bursátil estadounidense detalla que, en el 2013, WPP tuvo una “ganancia ilícita” de US$291.935 como resultado de una triangulación de dinero en la que participó Ogilvy. “La subsidiaria de Perú aceptó ser un conducto para el soborno de una empresa constructora a la alcaldesa de Lima [que en ese momento era Susana Villarán]”, añade el documento. La compañía a la que se refieren es OAS.
Los datos se condicen con la investigación que el Equipo Especial del caso Lava Jato le sigue a Villarán desde el 2017. La empezó el fiscal Carlos Puma y actualmente la tiene su colega José Domingo Pérez. En la pesquisa de la Fiscalía se menciona que Villarán, a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, le pidió US$3 millones a OAS “para financiar la campaña por el No a la revocatoria”. Esto, como recompensa por conseguirles una adenda que amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que le permitió a la compañía brasileña subir la tarifa del peaje.
José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general en la gestión de Villarán, contrató a la empresa de publicidad Ogilvy, subsidiaria de WPP. Fuente: La República.
De acuerdo al colaborador eficaz 101–2019, “Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán […] que serían pagados con contratos con la empresa Ogilvy [subsidiaria de WPP]”.
Lo que hizo OAS fue firmar contratos “completamente ficticios” de publicidad con las filiales de WPP en Ecuador, Colombia y Chile, dice la Fiscalía. Los US$3 millones, en realidad, sirvieron para que la subsidiaria peruana pague la millonaria propaganda del ‘No’ a la revocatoria y el trabajo del publicista brasileño, Luis Favre, a quien se le abonó medio millón de verdes, según el expediente fiscal.
“La empresa OAS aportó dinero para la campaña de Susana Villarán, con contratos en países como Colombia y Chile. Eso ya está claramente reconocido”, responde Vidaurreta a Sudaca, de manera escueta, sin mencionar el esquema corrupto.
Vidaurreta es considerado por el Ministerio Público como un hombre clave para el caso. El publicista entró al círculo de Villarán por un llamado de José Miguel Castro, entonces brazo derecho de la exalcaldesa. Al sumarse a la campaña contra la revocatoria, fue contactado por Alexandre Portela, ejecutivo de OAS, para firmar los contratos simulados, de acuerdo a la investigación.
Óscar Vidaurreta Yzaga (izquierda), exejecutivo de Ogilvy, filial de WPP, aludido en el informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos. Fuente: LatinSpots.
La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos describió así el papel de Vidaurreta: “El CEO simuló la fuente corrupta de los fondos utilizados para la campaña política del alcalde de Lima [Villarán], canalizando los pagos de la constructora [OAS] a la subsidiaria peruana a través de las filiales de WPP en Colombia y Chile”.
La británica WPP dice que tomó conocimiento de las malas prácticas de su subsidiaria peruana al ventilarse la investigación en la prensa de nuestro país. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que Ogilvy sea incluida en la investigación como persona jurídica. Los investigados en esta trama están actualmente con comparecencia restringida.
Es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. “Yo no soy corrupta y quiero que se restablezca el único patrimonio que tengo: mi honra y mi nombre”, dijo la exalcaldesa durante una audiencia de junio del año pasado.
Repsol y la Marina de Guerra se contradicen sobre el derrame de 6.000 barriles de petróleo que ha contaminado 21 playas de la costa peruana. Mientras que la empresa española dice en un reporte interno que el 15 de enero, día en que se desencadenó el desastre, ocurrió un “oleaje violento”; la Dirección de Hidrografía y Navegación del instituto armado reportó “oleajes anómalos de ligera y moderada intensidad”. Es por esta sutil diferencia que la Marina afirma que no fue el oleaje lo que provocó el vertido del crudo, tal como adelantó la primera ministra Mirtha Vásquez en conferencia de prensa.
Los marinos apuntan a fallas en los protocolos para contener el desastre de parte del buque “Mare Doricum”, que llegó con 985.696 barriles de petróleo a la Refinería La Pampilla, de Repsol. Así lo dice a Sudaca una fuente cercana a la institución castrense.
Imagen de tres trabajadores contratados por Repsol para limpiar un sector de la playa Cavero, en Ventanilla, Callao. Fuente: Andina.
Repsol, por su parte, ha achacado su accionar a las comunicaciones que tuvo con la Marina el día del desastre. Pero resulta que en sus memorias presentadas en Perú y en España alardeaba de tener todo bajo control y de poder manejarse con solvencia en casos de derrame.
Por ejemplo, en la memoria del 2017 que emitió en Perú, la compañía informó que había invertido US$109 millones para “superar los crecientes eventos de cierre de terminales marítimos por oleaje anómalo”. Y en el 2019, en una auditoría que presentó ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, la firma declaró lo siguiente: “Si a pesar de toda la actividad preventiva eventualmente se produjera algún derrame, la compañía dispone de mecanismos internos y externos de respuesta a emergencias y cuenta con equipos especializados y entrenados que utilizan las herramientas más avanzadas de detección y siguen protocolos de gestión y formación específicos”.
2019. Informe financiero anual presentado por Repsol ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, en el que asegura tener todo bajo control en caso de un derrame.
Lo cierto es que la Marina también actuó diferente antes, en casos similares. El 25 de agosto y el 3 de septiembre del año pasado, por ejemplo, dispuso el cierre de los terminales multiboyas de La Pampilla 1, 2 y 3 por presentarse “oleajes anómalos de intensidad moderada”. Así lo dicen dos resoluciones de capitanía a las que tuvo acceso Sudaca.
Agosto, 2021. Resolución de Capitanía de la Marina en donde se da cuenta del cierre temporal de los terminales multiboyas de La Pampilla por “oleajes anómalos”. Un criterio distinto al de hace una semana.
En el desastre de la semana pasada no hubo rastro de esa precavida actitud. Aún así, ¿podría un oleaje moderado causar un derrame petrolero de grandes proporciones? “No. El mar del norte tiene un oleaje más violento y los buques no se andan cayendo”, dice el experto en temas pesqueros Juan Carlos Sueiro, de la ONG Oceana.
LA HISTORIA AL DETALLE
Sudaca ha podido reconstruir los hechos que componen esta cadena de negligencias. La historia empieza el 14 de enero pasado cuando, a las cuatro de la mañana, el Centro Nacional de Alertas de Tsunami de la Marina minimizó el riesgo de la erupción de un volcán de la isla de Tonga y reportó que “no genera tsunami en el litoral peruano”. Esto a pesar de que países vecinos como Chile y Ecuador sí lanzaron sus respectivas alertas.
Horas después, a las 2:30 de la tarde, el buque italiano “Mare Doricum” ancló en el terminal multiboyas Nro. 2 de la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, en el Callao, para descargar crudo. Esta imponente nave tiene 274 metros de longitud y llegó tras hacer una escala en Uruguay.
24 horas después, a las 2:46 de la tarde del sábado 15, y ante la hemorragia de información por la erupción del volcán en Tonga, Repsol dice haberse comunicado con el Servicio de Control de Tráfico Marítimo (Tramar) para saber si había alerta de tsunami. Según la empresa española, la Marina le respondió que no y decidieron continuar con la descarga. Sudaca consultó con la institución naval sobre la veracidad de esa versión, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Hasta las 5:18 de la tarde del sábado 15, el buque “Mare Doricum” había descargado el equivalente a 628.956 barriles a tanques de tierra. En ese momento, de acuerdo a un reporte interno de Repsol que Sudaca revisó, “se rompen cabos de popa estribor y se produce un movimiento brusco del buque ante oleaje violento”.
La compañía italiana Fratelli D’ Amico, que administra “Mare Doricum” y que fue contratada por Repsol, informó a este medio que el derrame ocurrió por una “ruptura inesperada de la tubería submarina”, aunque no especificaron si esto fue a consecuencia del oleaje.
Imagen del buque italiano “Mare Doricum”, que contrató Repsol para la descarga de 985,696 barriles de petróleo. El 15 de enero pasado esa nave derramó 6 mil barriles del crudo, ocasionando una verdadera catástrofe ambiental. Fuente: Marine Traffic.
“Al momento de la observación, aproximadamente a las 5:25, el personal de turno informó rápidamente al oficial a cargo, quien de inmediato detuvo todas las operaciones y se aseguró de que las maniobras de descarga y las válvulas de los colectores estuvieran firmemente aseguradas”, dice la empresa que administra el buque italiano en un comunicado. Hasta ahí todo parecía mantenerse bajo control.
En diálogo con el portal Convoca, Roberto Texeira, capitán de navío del puerto del Callao, dijo que, cinco minutos después del inicio del derrame, lo llamaron de “Mare Doricum” para reportar lo sucedido. Texeira señaló a ese medio que “un incidente a bordo del buque provocó el derrame”. No mencionó el oleaje, pero anunció una investigación interna.
Fuentes cercanas a la Marina alegan a Sudaca que el buque habría incumplido protocolos internos, como demorarse en parar el bombeo, que no hubo suficiente atención del personal de guardia y de los maniobristas, y que no dispusieron inmediatamente de skimmers (aspiradores utilizados para recoger el petróleo).
Los españoles han señalado que colocaron barreras de contención y usaron tanques flotantes para recoger parte del petróleo derramado. Después -según el gobierno- informaron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que el daño era mínimo, del “tamaño de un jardín”. La evidencia hoy los aplasta: 1,7 millones de m2 de tierra y 1,2 millones de m2 en el mar han sido afectados.
Aquel 15 de enero por la tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina emitió un nuevo reporte poniendo, otra vez, paños fríos al asunto de la erupción y diciendo que “el evento no genera tsunami en el litoral peruano”. El oleaje, sin embargo, arrastró una camioneta con dos mujeres a bordo en la playa Naylamp, en Lambayeque. Ambas murieron.
“La empresa es la principal responsable del derrame y, sin duda, hay responsabilidad de la Marina. Lo que me parece inaceptable es lo que se hizo posteriormente a los hechos. Se supone que hay un plan de contingencia, en métodos, procedimientos. Hay herramientas, instrumentos y remediación. Dicen tener diversas cosas y a la hora de actuar lo hacen con un recogedor de basura. Hay que ver auditorías, procedimientos, bitácoras. Los dichos son especulaciones”, dice el especialista Juan Carlos Sueiro.
Al momento, “Mare Doricum” permanece anclada en el terminal donde opera la refinería La Pampilla. El buque italiano, si quiere zarpar, tendrá que pagar una fianza de S/150 millones. Mientras tanto, el efecto devastador del derrame en la flora y fauna de nuestro país avanza incontenible.
El presidente y los miembros de su gabinete ministerial han duplicado innecesariamente su gasto de comida. En los primeros días de diciembre, el despacho presidencial contrató los servicios de la empresa Edenred Perú para proveer de alimentos a las sesiones del Consejo de Ministros. El contrato es por S/125.644 y dura un año. El problema es que Palacio ya tiene asignado un presupuesto de más de S/2 millones para alimentos y bebidas. Este gasto redundante lo instauró el gobierno de Martín Vizcarra y ha ido creciendo desde entonces.
El acuerdo implica la entrega de dos tarjetas electrónicas para que la Oficina de Abastecimiento de Palacio pueda comprar alimentos en supermercados, grifos, minimarkets y restaurantes afiliados a Edenred cuando sesione el Gabinete. Entre estos establecimientos están Amaz, Rafael, La Mar, San Antonio, Starbucks, Chilis, Pizza Hut, Norkys, Tambo, Plaza Vea, Tottus, Metro, entre otros. Según las bases del contrato, firmado el 2 de diciembre, la finalidad es “el abastecimiento de manera oportuna de una variedad de productos que permita la atención de las diferentes reuniones y sesiones propias de la agenda del Consejo de Ministros”. Pueden comprar «verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos, embutidos, lácteos, panadería, especerías, infusiones bebidas no alcohólicas, entre otros productos alimenticios», según el acuerdo.
2 de diciembre, 2021. Contrato firmado entre el Despacho Presidencial y la empresa Edenred Perú para proveer alimentos a los Consejos de Ministros. El monto del acuerdo es de S/.125,664.
Una tarjeta electrónica de Edenred, de matriz francesa, sirve como un vale de comida. En las bases del contrato, Palacio exige a la compañía que sus tarjetas tengan validez en “al menos” cien establecimientos comerciales en Lima, que atiendan de lunes a domingo, incluso feriados. La compañía está especializada en tarjetas de servicios prepago y tickets para la despensa de servicios de alimentos y gasolina.
El monto máximo de recarga mensual entre las dos tarjetas de Edenred que adquirió Palacio es de S/.10.000, sin intereses. Si hay cuatro sesiones de Consejo al mes, en promedio, Palacio podría gastar hasta S/2.500 en cada una de ellas para que el presidente y sus 19 ministros piquen lo que se les antoje mientras sesionan. Las autoridades pueden decidir no consumir nada, pero ni las bases ni el contrato contemplan devoluciones.
Imagen de la sesión del Consejo de Ministros del 12 de enero pasado. Fuente: Presidencia.
Todo ello no toma en cuenta el presupuesto para los alimentos que ya tienen a disposición en la cocina de Palacio. “Por un tema de austeridad no necesitan esto. No lo veo como un gasto necesario, más aún en época de pandemia. Lo ideal sería que sesionen de manera virtual. En mis tiempos nos servíamos cafés, jugos o la comida que preparaban en Palacio si la sesión del Consejo de Ministros era muy larga”, dice a Sudaca la exprimera ministra Ana Jara.
Este tipo de contratos empezó en el gobierno de Martín Vizcarra. El primero se firmó el 27 de agosto del 2020, también con la compañía Edenred Perú. Aquel era por S/96 mil; el de ahora es por más de S/125 mil. Además de servir piqueos a sus ministros, el gobierno de Vizcarra también adquirió una tarjeta electrónica de Edenred para que el expresidente y su familia compren lo que quieran. Ese contrato fue por un año (se firmó en el 2019) y por S/83.870.
DOS VECES LO MISMO
El gobierno de Pedro Castillo sigue duplicando innecesariamente el gasto. Por poner solo un ejemplo: las bases del contrato con Edenred dicen que la tarjeta para amenizar las sesiones del Gabinete sirve para comprar -entre otros- embutidos. Pero resulta que, en octubre del 2021, el despacho presidencial ya compró 2.822 kilos de embutidos para un año, por S/61.244, a la compañía Inversiones Jeanbe. La finalidad, de acuerdo a las bases del contrato con Jeanbe, es dar una atención “oportuna y saludable al personal del Despacho Presidencial y que permita una mejor y eficiente atención a las autoridades”. Palaciotiene aproximadamente 200 trabajadores.
La adquisición incluye 240 kilos de chorizo ahumado, 240 kilos de hot dog de pavita, 240 kilos de hot dog de ternera, 480 kilos de jamón inglés, 240 kilos de jamonada de pavo, 240 kilos de jamonada de pollo, 240 kilos de mortadela, 122 kilos de pastel de jamón de cerdo, 360 kilos de salchicha huachana y 180 kilos de tocino ahumado.
Octubre, 2021. Contrato por un año firmado entre Palacio e Inversiones Jeanbe para la compra de 2,822 kilos de embutidos. Costó S/.61,244.
Como se menciona líneas arriba, Palacio ya tiene previsto gastar en alimentos y bebidas S/2’087.542 en el 2022, aparte de lo que consuman en las sesiones del Gabinete con Edenred, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF). En el 2021 el gasto por este concepto fue de S/1’342.438,00, según las cifras del MEF.
“Las sesiones de los consejos de ministros de ahora no duran tanto como en mis tiempos. Son reuniones más ejecutivas. Por eso tampoco se justifica este catering. Nunca he visto algo tan ostentoso”, dice Ana Jara.
Sudaca buscó la versión de Edenred Perú, a través de su gerente Gissela Campos Mujica, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. También le enviamos un mensaje a la dirección de comunicaciones de Presidencia con igual resultado.
