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Alonso Ramos, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 6 de 9

El exsecretario general de la Presidencia pasó de hacer taxi en un Daewoo Tico, modelo 1994, a presumir de una camioneta Toyota Fortuner 2019, valorizada en US$41.490. Con este último vehículo el profesor de secundaria de los cursos de Química y Biología llegó el viernes pasado a Palacio de Gobierno, de acuerdo a las imágenes de varios canales de televisión. La camioneta pertenece a la compañía Servicios de Salud Guadalupe, la razón social de la clínica Guadalupe de Chorrillos, según Registros Públicos. 

Pacheco visitó a Beder Camacho Gadea, nuevo subsecretario general de Presidencia y exfuncionario en el gobierno de Ollanta Humala. Lo hizo en medio de la polémica por el hallazgo de US$20.000 en el baño de su oficina en Palacio, durante una inspección del fiscal anticorrupción Marco Huamán que lo investiga por presionar al jefe de la SUNAT, Enrique Vera Castillo. Para la cita Pacheco llegó y salió a bordo de la camioneta de la clínica Guadalupe. 

El centro de salud es dirigido por Elena Maco Flores, quien –en noviembre del 2020- fue detenida por presuntamente dirigir a personal médico que no reunía los requisitos para atender. El caso no llegó a mayores porque la clínica sigue funcionando, con Elena Maco al frente. La clínica Guadalupe ganó este año un contrato de S/11.031 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a datos de la cartera de Economía y Finanzas. El portal no consigna qué mes. ¿Qué hacía Pacheco a bordo de un automóvil de un proveedor? Por ahora es un misterio. Sudaca se comunicó con él, pero al cierre de esta edición no respondió a nuestras llamadas. También llamamos a la casa de la directora de la clínica, pero dijeron que no se encontraba.

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Izquierda: Partida registral que consigna la compra de un Toyota Fortuner 2019 por parte de Servicios de Salud Guadalupe. El costo: US$41,490. Derecha: Esa camioneta fue usada por Bruno Pacheco para ir a Palacio el viernes 26 de noviembre.

La ostentación actual de Pacheco contrasta con su modo de vida de años atrás. En el 2004, por ejemplo, compró un Daewoo Tico a US$1.200, conforme a los documentos registrales. El pequeño auto se usaba para hacer taxi, según informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Tico hasta ahora está a su nombre.

Partida registral que consigna que, en el 2004, el exsecretario general de Presidencia Bruno Pacheco compró un Daewoo Tico a US$1,200.

El 2009, Pacheco fue multado por haber cometido una falta grave a bordo de este carro. El vehículo registra otras sanciones. En el 2012, le aplicaron papeletas por estacionarse en zonas indebidas en el Rímac e Independencia, por un monto total de S/704. Los informes colocan que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo era el propietario del Tico amarillo y no dan cuenta que haya alquilado el carro o que el conductor fuese otro. Los inspectores le tomaron foto al auto de Pacheco. Tenía el letrero de “Taxi”. 

Uno de los reportes del SAT da cuenta de otra infracción por “detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (pase peatonal)”. 

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Izquierda: Papeleta impuesta, en el 2012 a Bruno Pacheco Castillo, a bordo de un Daewoo Tico por invadir carril peatonal. Derecha: Foto del pequeño vehículo usado como taxi. Fuente: Servicio de Administración Tributaria.

Pacheco tuvo otros tres autos a lo largo de su vida, que ya no le pertenecen. Tuvo un Nissan de 1985, que también lo usó para hacer taxi, de acuerdo a información del SAT. Y dos autos Toyotas, de 1993 y 1995. Los carros terminaron en manos de sus hermanos Gloria y Misael. No tiene inmuebles a su nombre. 

En la declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría, Pacheco consignó que  ejerce de profesor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 desde 1998. En el 2014 comenzó a trabajar como jefe de selección y capacitación de personal en la compañía de seguridad Vigarza.

Pacheco llegó a la cumbre al ser designado este año secretario general de Palacio, ganando S/25.000 mensuales. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó recientemente S/80.000 en las cuentas del exasesor del presidente Pedro Castillo, informó “La República”. Los movimientos financieros de Pacheco son escudriñados con lupa por la Fiscalía. 

Deltron por dentro 

El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz ha puesto el punto de mira, principalmente, en la relación entre Pacheco y el grupo informático Deltron, creado en 1992. Deltron es un importante proveedor del Ministerio de Educación, el sector en que Pacheco se mueve como pez en el agua. Ha ganado contratos por S/478’704.000, entre 1999 y 2021, según el portal de Transparencia Económica del MEF.  El año pasado la compañía obtuvo el acuerdo más ventajoso en su historial con el Estado: la cartera de Educación  le adjudicó una licitación de S/123’309.703 como proveedor de las tabletas para los escolares. 

El grupo Deltron fue fundado por Néstor Quispez Asín Serna, un empresario vinculado a Perú Posible, el partido al que perteneció Silvia Barrera, considerada el enlace entre la empresa y Bruno Pacheco.

Quispez Asín se dejó ver en eventos relacionados con los peruposibilistas. En el 2015 participó en la presentación del libro “La sociedad compartida”, de Toledo, actualmente prófugo. También asistió a eventos coordinados por Gustavo Pacheco, exescudero de Toledo y actual parlamentario andino por Renovación Popular, sobre gobernabilidad y negocios. 

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2015. Néstor Quispez Asín Serna (con un teléfono en la mano), fundador del grupo Deltron, en la presentación del libro del expresidente y  fundador de Perú Posible, Alejandro Toledo, “La sociedad compartida”.

No resulta extraño, por lo tanto, la conexión entre Quispez Asín y Silvia Barrera, exalcadesa de Villa María del Triunfo por Perú Posible e incondicional del expresidente Toledo. 

Barrera fungió como intermediaria entre Pacheco y Deltron al enviarle al primero una resolución de la SUNAT, en el 2015, sobre la deuda tributaria de la compañía. El objetivo: que el exsecretario mueva sus influencias para  dejar de cobrarle impuestos a la firma que vende productos informáticos. Pacheco aceptó el encargo y empezó a operar. Le envió un chat al jefe de la SUNAT para que perdone la deuda de sus amigos de Deltron porque “si no lo van a mandar a la bancarrota”, 

De acuerdo a los estados financieros del 2018, Deltron arrastraba una deuda de S/2’067.000. El grupo empresarial, ante el escándalo suscitado por las presiones de Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT, dijo no tener “deuda tributaria vencida” y agregó que “goza de una saludable posición económica y financiera”.  Todo esto a través de un comunicado. 

La trama también tiene ingredientes políticos. Silvia Barrera se afilió a Podemos Perú, el partido de José Luna, en septiembre último. Esta agrupación tiene una bancada próxima al oficialismo en el Congreso. Y, desde esa militancia, Barrera ha tenido acercamientos con el otrora hombre fuerte del gobierno, Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio, incluso, participó en una actividad proselitista de Silvia Barrera, que aspira a volver al sillón municipal en Vila María del Triunfo. El hecho podría suponer un interés de Pacheco de que el gobierno tenga un pacto con el partido de Luna Gálvez, en medio de una feroz pugna con la oposición. 

Barrera Luna Gálvez
Silvia Barrera Vásquez, con el líder y congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en un acto proselitista en octubre. Barrera se afilió a esa agrupación, aliada del gobierno,  en septiembre último y llevó a una actividad, en Villa María del Triunfo,  a Bruno Pacheco. Fuente: Facebook de Silvia Barrera.

En abril del 2021 Deltron, además, cambió a su directorio. Tomó las riendas de la empresa Alberto Oropeza Malpartida, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, que le hace un guiño al Ejecutivo en estos días. 

El hallazgo de los veinte mil dólares en el baño del exsecretario presidencial es sólo la punta del iceberg de la investigación contra Bruno Pacheco, el hombre que nueve años atrás manejaba un taxi Tico.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Bruno Pacheco, Deltron, Silvia Barrera

“La vocación nace con uno. No se impone por la necesidad”, escribió en su perfil de LinkedIn Bruno Pacheco. El renunciante secretario general de la Presidencia está en el ojo de la tormenta por presionar al jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, para beneficiar -entre otros- al grupo Deltron, una compañía de productos informáticos. El escándalo ya es usado como un arma para plantear la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es uno de los argumentos que plantea la moción redactada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, que busca destituir al mandatario, en un escenario de máxima tensión. 

“Se ha hecho de público conocimiento otras denuncias por haber presionado al Jefe de la SUNAT para favorecer a empresas que tienen deudas con dicha entidad”, dice una parte de la moción de 13 páginas, redactada por Chirinos el 15 de noviembre. El documento aún no ha sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Necesita 26 firmas como mínimo para presentarse, 52 para ser admitido a debate en el Pleno y 87 para concretar la caída de Castillo.

Moción página
Una parte de la moción redactada por Patricia Chirinos, el 15 de noviembre, que da cuenta del escándalo protagonizado por el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

En Palacio estiman que, en este momento, la oposición no tiene los votos para vacar al presidente. Pero aseguran que el escándalo desatado por Bruno Pacheco, quien aún no tiene reemplazo, les da una oportunidad para volver a la carga más adelante. “Si el presidente es salpicado de una u otra manera en la investigación fiscal a Pacheco, la oposición sacará las garras porque el tema de la vacancia ya flota en el ambiente. Los opositores ven más posibilidades en este caso que en los Dinámicos del Centro”, dice una fuente palaciega.

Los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra vienen a la cabeza ante este despelote. Ambos, como ahora Castillo, se enfrentaron a una feroz oposición congresal. PPK afrontó un proceso de vacancia en diciembre del 2017 por haber ocultado pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski sorteó la destitución con lo justo tras recibir una ayuda inesperada de Kenji Fujimori. Con la sangre en el ojo, los fujimoristas volvieron a la carga, en marzo del 2018, cuando revelaron los “Mamaniaudios”, donde supuestamente se intentaba comprar votos para salvarle el pellejo al entonces presidente. PPK se vio forzado a renunciar ante su inminente destitución. 

Vizcarra pasó por el mismo trance. En septiembre del 2020 esquivó un pedido de vacancia por la contratación del polémico cantante Richard Cisneros, mejor conocido de “Richard Swing”. El asunto fue visto como un globo de ensayo. El plato de fondo llegó dos meses después, en noviembre de aquel año. Vizcarra ya no pudo driblear la vacancia al ser acusado de recibir sobornos en su etapa como gobernador regional de Moquegua.

Castillo parece haber tomado nota del espinoso asunto. Y busca un acercamiento con el ala dura de la bancada de Perú Libre para tener 37 votos seguros. Una fuente del lápiz asegura que hoy estaba pactada una reunión entre Waldemar Cerrón, el vocero del grupo oficialista parlamentario, y el mandatario. Pero el diálogo no se se antojará sencillo. Si bien es cierto los cerronistas han anunciado que no votarán por la vacancia, no están dispuestos a respaldar al gobierno en todos los demás aspectos.

Fuentes de Perú Libre señalan que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, pediría la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor de Pedro Castillo. Y es que el ala cerronista lo responsabiliza también del caos que habita en Palacio. El pedido,sin embargo, no será una condición para que la bancada apoye al mandatario en el trance de la vacancia.

Waldemar Cerrón
Waldemar Cerrón Rojas, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón,  en una reunión con el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Perú Libre. Foto: Congreso.

SONDEOS

Con este clima de división y acusaciones, el gobierno afrontaría un primer pedido de vacancia. Mientras tanto, los congresistas de oposición, con Patricia Chirinos a la cabeza, tratan de convencer a los legisladores para que –al menos 52 de ellos– admitan a debate la moción de vacancia y el presidente Castillo responda a los cuestionamientos ante el Pleno.

Chirinos sondeó a algunos parlamentarios de centro, como José Jerí (Somos Perú), para sumarse a su causa. No obtuvo éxito, de acuerdo a fuentes de Somos Perú. Hasta el momento, bancadas como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, con 15 y 16 congresistas, respectivamente, rechazan la vacancia. Los dos grupos parlamentarios son claves, numéricamente hablando, en cualquier votación importante. 

“Nosotros no vamos apoyar el pedido de vacancia. Siempre respetamos los votos que puedan tener nuestros invitados, a quienes tenemos una gran consideración, que son el general Chiabra y la doctora Echaíz. Pero, como partido, la bancada no va a respaldar en este momento ningún pedido de vacancia. El gobierno, pues, tiene que considerar todo lo que estamos haciendo para darle gobernabilidad”, dice Luis Ibérico, asesor principal de la bancada de Alianza Para el Progreso.

“Me preocupa la situación porque estamos actuando con una gran irresponsabilidad. Yo lamento que haya ciertos políticos que vean la vacancia como deporte nacional. Hay congresistas y políticos que están moviendo el avispero demasiado, que están moviendo el panal demasiado. Y cuando al panal mucho golpeas, salen las abejas. Y las abejas salen de manera furibunda, salen para golpear. Están golpeando demasiado el panal y podría haber una convulsión social sin precedentes en nuestro país”, dice, por su parte, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y dirigente de Acción Popular. 

GABINETE EN LA MIRA

En paralelo, el exprimer ministro Guido Bellido apunta sus dardos hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. “No podemos tener un acercamiento con una persona que habla mal de sus dirigentes y no reconoce a su propio partido. La vicepresidenta plantea conversar con el fujimorismo y no con Perú Libre. Nada bueno va a salir de una conversación con la bancada fujimorista”, dice Bellido a Sudaca. Esto a propósito de una declaración de Boluarte, en Arequipa, donde dijo que se reuniría con Fujimori “de ser necesario” para que la lideresa pueda hablar con la bancada de Fuerza Popular, que empuja la moción de vacancia.

El ala dura también cuestionan a la primera ministra Mirtha Vásquez y a Verónika Mendoza, aliada del profesor Castillo, por cómo está repartida la torta en el gabinete. “No hay proporción en la cuota de poder. Mendoza tiene, para mí, siete ministerios e incluyo al Midis y Trabajo [ambos dirigidos por las militantes perulibristas Dina Boluarte y Betssy Chávez]. Ella [se refiere a Chávez] ha tomado distancia del partido”, dice Bellido. 

La batalla contra Vásquez sigue su curso. La parlamentaria cerronista Margot Palacios pidió –a través de una moción– que la premier dé explicaciones sobre su reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, en la casa de este último en La Molina. El encuentro tuvo lugar la noche del 8 de noviembre. “Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance”, tuiteó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el 13 de noviembre pasado, en referencia a la cumbre en la casa de Acuña. 

 

Mitha Vasquez - Premier -PCM
23 de noviembre. La primera ministra Mirtha Vásquez sustenta el presupuesto 2022 ante el Congreso, en medio del fuego graneado de la oposición y los empresarios. Foto: Andina.

La figura de la primera ministra, adversaria de Perú Libre, ha quedado trastocada luego de anunciar el cierre de cuatro unidades mineras, en Ayacucho, desatando las protestas de las empresas afectadas, los gremios empresariales y la federación de trabajadores mineros. Vásquez tuvo que retroceder y ablandar su discurso ante los reclamos. El desaguisado trató de ser arreglado por el presidente en una actividad en Arequipa. “Para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días, desde aquí [Arequipa] vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de respetar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería”, dijo Castillo.

“Todos los ministros trabajan conjuntamente. Pero nada de eso cuenta, porque lo que se quiere es buscar una causal y pedir la declaración de la vacancia del presidente de la República. Y, con respecto a Perú Libre, es normal que haya posiciones diferentes, pero esperamos que no se produzcan divisiones porque perjudica a la democracia”, dice a Sudaca Aníbal Torres, el ministro de Justicia, intentado poner paños fríos.

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Patricia Chirinos, Pedro Castillo, vacancia presidencial, Waldemar Cerrón

Un testimonio desgrana cómo fue el apoyo de un poderoso estudio jurídico a Fuerza Popular. Julio Pérez Vargas, socio principal de ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados’ -más conocido como Payet- narró al Ministerio Público cómo colaboró en la revisión de actas electorales que sirvió para apuntalar la tesis de fraude lanzada por Keiko Fujimori tras la segunda vuelta. “Lo hice en el ejercicio de mi derecho político que reconoce la Constitución del Perú y porque consideré que existían algunos vicios en la última elección”, declaró el abogado en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el 16 de noviembre pasado. El Equipo Especial investiga el financiamiento del partido naranja en esta última elección.

El letrado dio cuenta cómo este importante bufete se volcó entero a la causa de Fuerza Popular pese a que el propio “código de conducta” del estudio Payet prohíbe a sus asociados apoyar a los partidos políticos, incluso a “título personal”. Así lo reveló Sudaca en este informe. 

Julio Pérez Vargas contó a las autoridades que su participación arrancó el 7 de junio, en horas de la mañana, un día después del balotaje. En ese momento, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos Perú dio como ganador a Pedro Castillo sobre Fujimori por un estrecho margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) empezaba a dar resultados parciales. Pérez dijo que recibió una llamada de Juan Cauvi Abadia, socio principal de la firma, para coordinar la ofensiva legal. Él respondió que “me interesaba apoyar a título individual”. 

“Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3:00 pm en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas”, dijo el abogado a la fiscal adjunta Reyna More Chumacero, que trabaja bajo las órdenes de José Domingo Pérez.

Declaración Keiko Fujimori
16 de noviembre. Declaración de Julio Pérez Vargas, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que habla de la coordinación de los abogados de grandes estudios y Fuerza Popular.

El socio del estudio Payet comentó que, tras hablar por teléfono con Cauvi, se comunicó con Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. “Antes de ir al local de Fuerza Popular llamé a la doctora Giulliana Loza a su celular, a quien conozco, y le pregunté dónde sería la reunión. Me respondió que ya no sería en el local de Fuerza Popular, sino en la avenida Javier Prado, cuadra 16, cerca de la avenida Guardia Civil [el número exacto no lo recordó]. Pero recuerdo que era una casa de dos pisos”, dijo Julio Pérez Vargas.

El abogado del estudio Payet dijo que llegó puntual, a las tres de la tarde, y que encontró mucha gente.  “En ese momento se conversó cómo apoyar y se me dijo que la idea era hacer una revisión de las actas. Recuerdo que propusimos establecer distintas áreas geográficas para dividirnos ordenadamente el trabajo. Yo elegí Huancavelica y Tacna”, añadió. El letrado dijo no recordar quién llevó la voz cantante en la reunión. Sólo dijo que fue un hombre. 

El abogado contó además que en el encuentro estaba Daniel Córdova, uno de los voceros del fraude sin pruebas, y Giulliana Loza. Y señaló a Juan Cauvi como el hombre del bufete que coordinaba todos los detalles en busca de invalidar los votos de Castillo.

“Luego me retiré [de la reunión] y volví a llamar telefónicamente a Juan José Cauvi para comentarle que la idea era revisar las actas de las zonas mencionadas. Él se encargó de ordenar el número de actas que cada una de las personas quería revisar”, dijo.

Juan José Cauvi
Juan Cauvi Abadia, un coordinador de la revisión de actas del proceso electoral en el estudio Payet, según el abogado Julio Pérez.

Y luego añadió: “Me dijo que algunas personas se habían ofrecido para hacer la revisión de las actas y que, para hacerlo de manera ordenada, él distribuiría el número de mesas para no cruzarnos. La idea era entregarle las actas revisadas donde, presumiblemente, tenían firmas falsificadas para que luego hiciera una constatación en Reniec”.

La fiscal Reyna More le repreguntó a Julio Pérez Vargas qué otros abogados del estudio revisaron las actas electorales. Él mencionó a Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, Xaviera Brandon y Gabriel Rey. No mencionó a José Payet, socio fundador del poderoso bufete que lleva su apellido y que fue personero de Fuerza Popular en la última elección.

Tras la reunión de aquel 7 de junio, Keiko Fujimori dio una conferencia de prensa y denunció sin pruebas “un fraude en mesa”,  orquestado para favorecer a Castillo. No comentó en ese momento que un ejército de abogados de grandes estudios colaboraba con ella. Incluso, Fuerza Popular negó ese día, mediante un comunicado, que “haya abierto una convocatoria de abogados”. Tuvo que reconocerlo cuando presentó la lista de aportantes a la Onpe. 

Keiko Fujimori
7 de junio. Keiko Fujimori brinda conferencia, flanqueada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, un día después de la segunda vuelta para hablar de “fraude en mesa”. Ese día recibió el apoyo de los abogados de los grandes estudios. Foto: Andina.

Fue una jornada frenética para Pérez, quien madrugó para revisar las actas. “[La revisión de las actas] debe haber sido entre la tarde noche del 7 de junio y la mañana del 8 de junio”, dijo el abogado en su declaración. “[Trabajé] unas 12 a 13 horas”, añadió. También mencionó que revisó “entre 80 a 100 actas” y que “se las entregó impresas a Juan José Cauvi en su domicilio, el 8 de junio”.

Pérez terminó su declaración diciendo que “no existe ningún impedimento legal” para la revisión de actas y que su participación fue voluntaria.

El trabajo de los abogados se tradujo en aportes a la campaña naranja. Según el reporte presentado por Fuerza Popular a la ONPE, Pérez aportó con “revisión de actas y cotejo de firmas, días 7 y 8 de junio del 2021” por un monto de S/1.000. Alan García Nores también figura con la misma cantidad. Juan Cauvi Abadia fue registrado con un aporte de S/5.426 por el mismo concepto, así como la “constatación de datos Reniec”.

En total, 42 abogados de 13 grandes estudios, entre ellos los del bufete ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez’, brindaron servicios al partido naranja para alimentar las denuncias de fraude, según el portal Ojo Público. 

“No voy a declarar absolutamente nada”, dijo a Sudaca Juan Cauvi. La oficina de prensa del poderoso estudio señaló también que no emitirá declaraciones a nivel corporativo. El desfile de los abogados continuará en los próximos días en el despacho de José Domingo Pérez. 

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Estudio Payet, Julio Pérez, Keiko Fujimori

Un personaje clave asoma en la investigación que se le sigue a Mark Vito por presunto lavado de activos. Se trata del empresario Nikola Seremet Slavkovic, quien está en la mira del fiscal José Domingo Pérez por supuestamente simular contratos de corretaje con la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces, perteneciente al esposo de Keiko Fujimori. Seremet supuestamente contrató los servicios de esta compañía en once ocasiones, entre el 2014 y el 2019, por un monto total de US$245.686 y S/17.318.

“Se advierte que Nikoa Seremet Slavkovic lo favoreció [a Mark Vito] al haber suscrito contratos de corretaje con el fin de hacer figurar a la empresa MVV Bienes Raíces como la corredora de inmuebles relacionados a su persona y con ello generarle una ganancia”, dice el fiscal José Domingo Pérez en la que abre la pesquisa contra Seremet y Vito, en julio pasado.  El esposo de Keiko Fujimori ya fue investigado como parte de la maquinaria de Fuerza Popular en el caso Cócteles (por el que pidieron 22 años de cárcel para él). Ahora se le abre indagación por las sospechosas triangulaciones financieras en su compañía inmobiliaria. 

Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular y esposa de Mark Vito. Foto: Andina.

El fiscal Pérez trabaja con la hipótesis de que MVV Bienes Raíces es una inmobiliaria fachada, que se valió de allegados a Mark Vito y Keiko Fujimori para darle apariencia de legalidad. En esa línea, el empresario maderero e inmobiliario Nikola Seremet se ha convertido en uno de los  principales clientes de una compañía poco conocida en el mercado inmobiliario. “No conozco a esa inmobiliaria y sobre ese personaje (Mark Vito) nunca lo he visto en el mundo del corretaje”, dice la corredora Cecilia Cayo, expresidenta de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y con veinte años de experiencia. 

Nikola Seremet y Mark Vito se conocieron en el 2006, de acuerdo al expediente de la investigación. “Yo lo conocí (a Vito) cuando trabajaba en la empresa IBM de Estados Unidos”, declaró Seremet a la Fiscalía, en el 2018, como parte de la investigación del caso Cócteles. En ese momento fue citado como testigo. En el 2011, ambos constituyeron la empresa MNG Transportes. La pareja de la lideresa de Fuerza Popular abandonó esa compañía, en el 2013, vendiendo el 40% de sus acciones por US$80.000.

En el 2014 Mark Vito abrió MVV Bienes Raíces, teniendo como socio a Marc Koening, el esposo de Sachie Fujimori, la hermana de Keiko. Desde entonces afianzó lazos empresariales con Nikola Seremet, quien empezó a requerir los servicios de la compañía inmobiliaria.

El fiscal Pérez ha puesto en el punto de mira, por ejemplo, a un contrato de corretaje realizado el 15 de diciembre del 2014 entre Nikola Seremet y MVV Bienes Raíces por S/17.318. El motivo: la venta de una casa de Seremet en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Los compradores fueron la pareja formada por Álvaro Baertl Espinoza y María Cárpena Macher. 

Lo llamativo del asunto es que esa propiedad en Chorrillos fue adquirida por Seremet en junio de ese año por US$190.000, según el expediente fiscal. Y luego fue revendida, seis meses después, a US$550.000, más del doble. 

Además, uno de los compradores del inmueble en la Encantada de Villa, Álvaro Baertl Espinoza, declaró ante el despacho del fiscal Pérez -en diciembre del 2020- y abrió la caja de Pandora. Baertl dijo que “las negociaciones para acceder, conocer y acordar el precio de la operación inmobiliaria la realizó de manera directa con el vendedor Nikola Seremet Slavkovic”.

“Esto es, sin la intervención y/o participación de la empresa de corretaje inmobiliario MVV Bienes Raíces ni de su gerente general Mark Vito Villanella o algún representante de esta, lo que devendría en una operación simulada”, concluyó el fiscal José Domingo Pérez. 

Baertl, un empresario agroexportador, reculó después. Cambió su versión cuando declaró nuevamente ante el despacho de Pérez, el 23 de agosto último, y agudizó las sospechas. Dijo que la madre de sus hijos, María Cárpena Macher, fue “quien hizo las coordinaciones” para comprar el inmueble a Seremet y ya no él. 

Según fuentes del Ministerio Público, el cambio de versión de Álvaro Baertl busca favorecer a Mark Vito porque, en un primer momento, se dijo que el esposo de Keiko Fujimori no participó en la operación inmobiliaria.

“El señor José Domingo Pérez se agarra de la deficiencia de una declaración que, posteriormente, se corrige. Fue una declaración mal dada de este señor Baertl que, en un principio, dice que él ha negociado directamente con el señor Nikola [Seremet]. Pero la verdad es que se coordinó con otros corredores, como el señor Mark Vito. Todo está documentado. Y, a pesar de eso, lo han involucrado indebidamente al señor Seremet”, dice a Sudaca, Álex Ganoza, abogado del exsocio de Mark Vito.

Mark Vito entregó una serie de correos y documentos con los que intenta acreditar que él participó como corredor en la venta de la casa de su exsocio, Nikola Seremet, en Chorrillos. Informó, además, que participaron en la operación dos agentes inmobiliarios más: María Berastain Arenas y la empresa MYL Productos, de Carla González del Riego, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres, un hombre de máxima confianza de Keiko Fujimori y que difícilmente lo contradirá.

Según este acuerdo, la comisión total por el servicio de corretaje sería de US$19.470, correspondiéndole a Vito el 30% (S/17.318) y a sus socios el resto. 

Agosto, 2014. Documento redactado por Mark Vito que da cuenta de cómo tres agentes inmobiliarios se repartieron la comisión por la venta de la casa de Nikola Seremet, en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Uno de los socios es MYL Productos, de Carla González del Riego Collomp, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres.

Pero, en el despacho del fiscal Pérez, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, las dudas no están despejadas y siguen apuntando a la tesis de los contratos simulados con Nikola Seremet. Van a revisar la autenticidad de este convenio y los correos presentados por Vito.

UN DÍA DE SUERTE

La investigación a Seremet y a Vito apunta a otros contratos de corretaje, presuntamente fantasmas, según la tesis fiscal. En un mismo día, el 15 de diciembre del 2015, Vitó realizó tres operaciones con las propiedades de Seremet. Vendió, por ejemplo,  dos terrenos industriales a Juan Higuchi Fukazawa, primo de Keiko Fujimori, ubicados en la urbanización El Pino, en San Luis. Una propiedad costó US$1’924.590, mientras que la otra tuvo el valor de US$1’225.402. El negocio fue posible gracias a la mediación de Mark Vito.

Los hermanos Juan y Eduardo Higuchi Fukazawa son caseritos de MVV Bienes Raíces. Han comprado inmuebles ofrecidos por la empresa de Mark Vito por un total de US$12’315.185, según un informe del portal “El Foco” basado en documentación fiscal. Todo queda en familia.

“A inicios del año 2015, Mark me ofreció dos lotes (…) a US$1.600 el metro cuadrado, pero al final se llegó a un acuerdo de alrededor de US$1.200 aproximadamente. Ello mediante el servicio de la inmobiliaria MVV Bienes Raíces”, dijo Juan Higuchi al despacho de José Domingo Pérez el 6 de noviembre del año pasado. Higuchi añadió: “Asimismo, preciso que no se ha pagado ninguna comisión a la inmobiliaria (MVV Bienes Raíces)”. 

Vito, en cambio, recibió comisiones por la venta de estos dos terrenos. El cliente: Nikola Seremet. Los pagos fueron por US$57.737 y US$36.762.

Factura MVV Bienes Raices
15 de diciembre, 2015. Factura de MVV Bienes Raíces, de Mark Vito, que consigna el pago de comisión de Comercial Maderera Andina, de Nikola Seremet, por US$57.737 por la venta de un terreno de US$1’924,598.00 a Juan Higuchi, primo de Keiko Fujimori. Dos operaciones más se harían ese día.

El mismo 15 de diciembre del 2015, el día que Nikola Seremet vendió dos terrenos industriales en San Luis, se cerró otro acuerdo. CMA, una inmobiliaria de Seremet, firmó un contrato de alquiler de un inmueble por diez años con la empresa Autoclass, representada en aquel momento por Sergio Vallencoso. Este último fue un aportante de la campaña fujimorista del 2011 con S/140.630, según el expediente fiscal. Vito recibió por esa operación una comisión de US$30.368. 

“El señor Mark Vito crea una empresa, MVV Bienes Raíces, que me brinda servicios como agente inmobiliario desde el año 2014”, dijo Seremet, en su declaración en el 2018. El empresario, actualmente en Italia, se ha convertido así en una pieza clave en la investigación.

“El tema está en la imaginación del fiscal Domingo Pérez al decir que todo está simulado. Pero ahí están los documentos registrales, bancarios e hipotecarios”, dice Álex Ganoza, abogado de Seremet. Giulliana Loza, abogada de Mark Vito, no respondió a las llamadas para este informe. La investigación de la trama inmobiliaria recién empieza. 

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Keiko Fujimori, Mark Vito, Nikola Seremet

Un hecho anecdótico resume la falta de liderazgo en el gobierno. El presidente Pedro Castillo sólo intervino en una de las 15 sesiones de Consejo de Ministros entre agosto y septiembre, de acuerdo a las actas liberadas por el Ejecutivo. Lo hizo en la reunión del 1 de septiembre y fue para decir, con comentarios breves, que se forme una comisión multisectorial para ver el alza del balón de gas, que se lea una carta de la embajada de Rusia en la que pide registrar la vacuna Sputnik V y que se evalúe abrir la frontera con Ecuador.

 

Acta Presidente
Acta de la sesión del Consejo de Ministros del 1 de septiembre, donde se ve que el presidente Pedro Castillo intervino dos veces. El mandatario sólo tomó la palabra en cuatro oportunidades en quince reuniones del Gabinete, entre agosto y septiembre.

La escasa comunicación del mandatario repercute en el Gabinete presidido por Mirtha Vásquez, que se caracteriza por su poca cohesión y por las intrigas políticas. Se trata de un Consejo de Ministros que agrupa a varios bloques, donde cada uno va por su lado, sin guardar lealtad a nadie.  Por eso, la premier choca con Juan Silva, ministro de Transportes que representa la cuota de poder de Castillo, y con Eduardo González, de Energía y Minas, vinculado a Perú Libre.

Este despelote se plasmó con más fuerza en el caso del ministro de Defensa, Walter Ayala, acusado de actuar como un intermediario de Castillo para presionar por ascensos a altos mandos militares. El lunes 8 de noviembre, ante las denuncias, Vásquez se reunió con el presidente para recomendar la salida de Ayala y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco (también acusado de interferir en el proceso de ascensos), de acuerdo a dos fuentes gubernamentales. La premier estuvo acompañada de ministros considerados moderados, como Aníbal Torres (Justicia), Pedro Francke (Economía), Óscar Maúrtua (Cancillería) y Avelino Guillén (Interior). 

Esta vez, la jefa del Gabinete no condicionó su permanencia a la salida de Ayala, como sí lo hizo con el exministro del Interior, Luis Barranzuela, ampayado en una fiesta a pesar de las restricciones por el Covid-19. Vásquez, de acuerdo a fuentes de su entorno, no buscó tensar la cuerda por tratarse de dos personas de máxima confianza de Castillo, pero sí sugirió la destitución de Ayala y Pacheco. 

Ayala, al tomar conocimiento de este pedido, lanzó un tuit aquel lunes 8 donde habló de poner su «cargo a disposición». Pero el mensaje fue un saludo a la bandera. Al día siguiente, el martes 9, el titular de Defensa dialogó directamente con el presidente en Palacio, saltándose a la primera ministra, para aferrarse al cargo. Argumentó que se trataba de un complot político. 

Ayala ya había hecho lo mismo con el expremier Guido Bellido, quien le pidió su renuncia por avalar un comunicado de la Marina contra el excanciller Héctor Béjar. A ‘Puka’ lo ignoró olímpicamente. En ambos casos consiguió el respaldo del profesor. 

Ayala, abogado de profesión, penetró en el círculo de confianza de Castillo por una recomendación de Richard Rojas, exjefe de campaña de Perú Libre, asegura una fuente cercana al ministro de Defensa.

Walter Ayala
Ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, aferrado en el cargo.

El reciente desaire de Ayala a  Mirtha Vásquez desnudó un Gabinete desordenado y con poca comunicación. Vásquez no viajó a Ayacucho para acompañar al presidente a dar cuenta del balance de los primeros cien días de su gobierno, en desacuerdo con la permanencia del titular de Defensa. “No me sorprendió su ausencia,  en el sentido de que estaba en medio de una situación bastante compleja, con los hechos ocurridos con el ministro de Defensa”, reconoce a Sudaca Gisela Ortiz, la ministra de Cultura.

Ortiz, junto con el titular del Interior Avelino Guillén, es una de las más cercanas a Vásquez en el Gabinete.

 

MINISTROS EN LA MIRA

La primera ministra tiene una fluida coordinación con Francke, Maúrtua y Anahí Durand. Sin embargo, mantiene sus diferencias, por ejemplo, con el ministro de Salud, Hernando Cevallos. 

Según una fuente del Ejecutivo, en una reunión previa al pedido de confianza, Cevallos le planteó a Vásquez que incluya el tema de la Constituyente en el discurso de investidura que presentó ante el Congreso. Ella se opuso. Pedro Castillo revivió la propuesta el último miércoles en Ayacucho, cuando parecía un asunto enterrado para el gobierno. “Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República y hoy está a instancia del pueblo. El pueblo organizado tendrá que asumir su propio camino”, dijo. 

Cevallos es visto con recelo por el círculo cercano de la primera ministra, que considera que su objetivo final es reemplazar a Vásquez como cabeza del Consejo de Ministros. Como parte de las intrigas, dos fuentes palaciegas aseguran que Cevallos le dice a Castillo y a su entorno que él puede unificar al Gabinete y a la bancada de Perú Libre por tener llegada con todos los bloques. El ministro de Salud fue requerido para este informe pero no accedió a las llamadas. 

Cevallos se volvió a reunir ayer con la primera ministra, aunque no se supo los motivos del encuentro. “Hay que dejar que el gobierno siga adelante con su trabajo. Acabamos de lograr la investidura. El Ejecutivo necesita un espacio para poder implementar sus políticas.  Si a cada rato interpelan ministros, es muy complicado llevar adelante todas las políticas que el país está reclamando. Hay que avanzar”, dijo Cevallos a “TVPerú”, antes de la cita con Mirtha Vásquez en la PCM. 

La jefa del Gabinete, además, tiene en la mira a los ministros de Energía y Minas y Transportes, Eduardo González Toro y Juan Silva, respectivamente. El primero cuenta con el aval del ala dura de Perú Libre y postuló al Congreso, en el 2016, por Perú Libertario, el embrión del lápiz. El segundo es un recomendado del presidente.

Mirtha Vásquez y Pedro Castillo
La primera ministra Mirtha Vásquez saluda al presidente Pedro Castillo, en la entrega de dos naves de fabricación rusa, en la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, el viernes 13 de noviembre. Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.

Vásquez cuestionó a González Toro  –a través de un oficio– por no participar en las reuniones de la comisión multisectorial para masificar el gas natural. En la PCM han tomado nota también que este ministro fue cuestionado por los nativos awajún, en Loreto, cuando fue a negociar con ellos por la toma de la estación petrolera 5. Los nativos dicen que González ha actuado con “negligencia e inoperancia” y han pedido su renuncia.

González respondió a Vásquez en los mismos términos -mediante un oficio- sobre el asunto del gas natural. Dijo que él no pudo asistir por estar atendiendo otros conflictos sociales y le pidió “tener una mejor comunicación”. La respuesta fue un claro ejemplo de confrontación. 

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo también salió en defensa del ministro con uñas y dientes. “Donde se resolvió el problema de Antamina no fue en PCM. Fue en el Ministerio de Energía y Minas (…) la premier debería agradecer más bien”, dijo ayer a la prensa.

También acusó a Mirtha Vásquez de recurrir al chantaje. “Si ella está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Se lo he dicho al presidente, nosotros no podemos estar con nadie que nos chantajee con que ‘o haces lo que yo quiero, o me voy’”, señaló.

Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, va más allá y pide la salida de Mirtha Vásquez. “Yo pienso que esta señora ya está demás en el Gabinete. Lo que debe hacer es dar un paso al costado. No es necesaria ni indispensable”, opina Nájar para Sudaca.

“La señora Vásquez parece que está mareada. Y no se gobierna con oficios mandándoles a los ministros, como veo que está haciendo. Por lo tanto, si ella se siente incómoda, las puertas de Palacio y de la PCM están abiertas para que salga. Con lo que está haciendo lo único que hace es perder la confianza porque está peor que Guido Bellido, el anterior premier, disparando a su propio Gabinete. Cuando esas cosas bien podrían internamente conversarse y solucionarse y no dar este espectáculo. Es ridículo”, añade. 

La reacción de Bermejo y Nájar no es un asunto menor. Los dos son escuchados por el presidente. Ambos son convocados a Palacio de Gobierno cada vez que hay una crisis política. Castillo los considera como interlocutores válidos de Perú Libre. 

Cuando Vásquez asumió el cargo de primera ministra, colocó a Gisela Ortiz en Cultura y, luego, a Avelino Guillén en Interior. Después, encontró un Gabinete variopinto, donde algunos responden al presidente, otros a Perú Libre y otros a ellos mismos. En esas aguas turbulentas navega. 

“Yo no me atrevería a hablar de crisis. Yo sí encuentro que hay discrepancias. Pero eso no significa una crisis política o un afán de desestabilizar. Desde un primer momento hay mucha presión de Perú Libre para ocupar algunos puestos y, por otro lado, la propia decisión del presidente para designar ministros. La  fricción viene de ese nivel. La premier llega en una etapa de crisis y de mucho cuestionamiento”, dice la ministra Ortiz. 

La primera ministra estuvo ayer en una actividad del Ministerio del Interior con el presidente Castillo, en una imagen cargada de simbolismo ante las versiones de  una posible renuncia. La premier, sin embargo, continuó chocando con los ministros cuestionados. Esta vez el turno fue del titular de Transportes, Juan Silva, a quien le envió un oficio para pedirle explicaciones por la salida de Patricia Cama como titular de  la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Mirtha Vásquez parece haber descubierto que tiene al enemigo en casa.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Hernando Cevallos, Mirtha Vasquez, PedroCastillo

En el gobierno la amistad tiene recompensa. Un ejemplo claro de ello es la exmilitante aprista y defensora de Martín Vizcarra, Olga Chagua Timoteo, quien se encarga de diseñar estrategias para combatir la delincuencia en el Ministerio del Interior.  Ella ocupa el puesto de viceministra de Seguridad Pública en esa cartera desde el 17 de octubre. La mujer de 41 años llegó al cargo por recomendación del presidente Pedro Castillo, aseguran fuentes de Perú Libre y del Mininter a Sudaca. 

¿Cómo? Chagua se aproximó en los últimos meses a un grupo de ronderos de Chota, liderado por Sergio Muñoz Sánchez, hombre de confianza del mandatario. En junio, ella acompañó a Muñoz en una marcha de ronderos en Lima. El motivo: apoyar a Castillo en plena segunda vuelta. En un video de una concentración de ronderos, en el club departamental Cajamarca se les puede ver a ambos. “Nos encontramos en Lima para respaldar a Pedro Castillo Terrones en la condición de rondero, en la condición de dirigente sindical y en la condición de maestro”, dijo Muñoz en esa entrevista. 

 

Ronderos de Chota
Junio, 2021. El dirigente rondero de Chota y amigo de Pedro Castillo, Sergio Muñoz Sánchez, brinda una entrevista en Lima. Al fondo, observa Olga Chagua Timoteo, actual viceministra de Seguridad Pública.

Chagua incursionó en la política en el 2008, cuando se afilió al Apra, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones. La aventura en el partido de la estrella terminó para ella en el 2014, pero mientras militaba en ese agrupación ejerció el cargo de fiscal especializada en delitos ambientales. Una carrera como defensora de la legalidad que empezó en el 2012.

La viceministra abandonó el Ministerio Público en enero de este año por “motivos de índole estrictamente personal”. Lo cierto fue, según confesó en entrevistas a la prensa de Huánuco, que le picó el bicho de la política. Entró al movimiento Perú Firme, que creó el fallido candidato presidencial, Daniel Salaverry. El expresidente del Congreso fue un aliado ocasional de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

Este movimiento hizo una alianza con Somos Perú con miras a las presidenciales. Chagua postuló sin éxito al Congreso por el partido del corazón en la región Huánuco. Se hacía llamar la “Dama de Hierro” en su campaña e hizo una defensa del expresidente Martín Vizcarra, el invitado estrella de la agrupación.

Al ser consultada por la prensa local sobre la controvertida vacunación secreta de Vizcarra, Chagua dijo: “Aprovechamiento no veo. […] no olvidemos que esa vacuna que él se puso fue de un ensayo”. 

Tras el estrepitoso fracaso electoral, Chagua se acercó al grupo de ronderos chotanos, liderado por Sergio Muñoz, y –por ahí– logró aproximarse a Castillo. “Agradezco [a Castillo] la gentileza de su tiempo y atención brindada”, escribió en su cuenta de Facebook, en julio pasado, tras reunirse con el profesor, en medio de las denuncias de fraude de la oposición por los resultados de la segunda vuelta. 

El jefe de Estado nombró al exfiscal anticorrupción Juan Carrasco Millones como ministro del Interior. El nombre de Chagua nunca estuvo entre sus opciones para ocupar un viceministerio en el Mininter. Fue el presidente el que impuso la designación, de acuerdo a una fuente con conocimiento del tema. 

Así las cosas, Chagua fue nombrada como viceministra de Orden Interno, un cargo que se enfoca en la labor preventiva para combatir el crimen. Desde ese puesto veía temas administrativos y logísticos. Y también construyó una relación con las rondas campesinas, en sintonía con el gusto de Castillo. La viceministra participó en dos reuniones (en Andahuaylas y Bagua Grande) con Sergio Muñoz, el amigo rondero del mandatario. Muñoz ha visitado al profesor en Palacio, en cuatro ocasiones, entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre. 

Olga Chagua, viceministra, y Sergio Muñoz, rondero y amigo del jefe de Estado, en otra imagen.

“La señora Chagua no tiene ningún mérito para ocupar ese cargo. Ella sólo está preocupada en posicionar su imagen. En una marcha de apoyo a Pedro Castillo en Huánuco, la señora se presentó con un polo con su nombre: Olga Chagua. Ese gesto no ha sido bien visto”, dice Elena Ramos, integrante del Frente de Defensa de Huánuco, un conocido colectivo ciudadano de la región.

Como contó Sudaca en una nota del 8 de octubre pasado, antes de ser destituido del cargo, Carrasco pidió la renuncia de la viceministra Chagua. Las razones: tener una agenda propia, no coordinar sus actividades y priorizar viajes a Huánuco, su región natal. Pero Carrasco cayó, como parte de la recomposición en el Gabinete, y Chagua se mantuvo. 

El polémico Luis Barranzuela llegó para ocupar el sillón principal del Mininter y realizó una maniobra táctica: sacó a Chagua del viceministerio de Orden Interno para recolocarla en el de Seguridad Pública, un puesto más caliente que se enfoca en los planes operativos para atacar la delincuencia. La jugada ocurrió el último 17 de octubre. La recomendada del presidente se ha vuelto intocable hasta el momento. No accedió a dar declaraciones. 

 

MÁS PADRINAZGOS 

El presidente, además, movió otras fichas en esa cartera. El profesor chotano, José Rafael Heredia, fue designado como director general de la Dirección General de Gobierno Interior, que ve un asunto estratégico: la designación de los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores a nivel nacional, cargos apetecidos por Perú Libre. Estas autoridades, aproximadamente 1.800 en todo el país,  son claves para el control político porque suelen estar en lugares alejados. Representan al gobierno en temas de seguridad en esas localidades.

El partido del lápiz, con Vladimir Cerrón a la cabeza, declinó su aspiración –mediante un duro comunicado– de copar las prefecturas, ante la feroz pugna con Castillo y sus aliados. “El partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales, porque le impediría tener una amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al pueblo”, señaló Perú Libre sobre el tema.  

José Rafael Heredia, al igual que Castillo, tiene un pasado político marcado por su militancia en Perú Posible. Ambos coincidieron en el partido fundado por el expresidente Alejandro Toledo, actualmente prófugo de la justicia. Castillo fue militante entre el 2005 y el 2017, mientras que Rafael se matriculó en la chakana en un periodo que va desde el 2010 hasta el 2015. 

Este personaje tiene también como un aliado en la sombra al polémico profesor Grover Mamani, de acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior. Mamani desató al inicio del gobierno una crisis política al ser voceado como la cabeza de la Dirección General de Gobierno Interior. Dos viceministros de la cartera, Carlos León y Nicolás Zevallos, renunciaron ante el posible nombramiento de Mamani, por considerar que no cumplía con el perfil para el puesto y ser un profesor radical en Puno. 

 

Grover Mamani Condori
Grover Mamani Condori, profesor en Puno, sigue cerca a la estratégica Dirección General de Gobierno Interior. Foto: Facebook de Grover Mamani.

El 21 de octubre pasado, el profesor chotano, José Rafael Heredia, acudió a Palacio a visitar al todopoderoso asesor Auner Vásquez. El actual director general de la Dirección General de Gobierno Interior asistió en compañía de Grover Mamani. “No puedo dar declaraciones”, dice José Rafael al ser consultado para este informe. El círculo se cierra. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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José Rafael Heredia, Olga Chagua, Pedro Castillo

Mirtha Vásquez contraataca. La primera ministra ha pasado a la ofensiva tras la andanada de puyas que recibió del ala dura de Perú Libre en las últimas semanas. Por ahora, ha prevalecido.

En su afán por desmarcarse de cerronistas y radicales, por ejemplo, en la tarde de ayer miércoles convocó a  congresistas del bloque moderado de la bancada oficialista. El objetivo de la reunión: granjearse su apoyo con miras al debate del voto de confianza de hoy. “Nos dijo que esperaba de nosotros apostar por la confianza y la gobernabilidad”, cuenta a Sudaca el legislador José Bálcazar, representante del ala magisterial del lápiz.

Desde que asumió el premierato, Vásquez marcó distancia de Cerrón y compañía. Cambió, por ejemplo, el contenido de la Política General de Gobierno aprobada por el ex primer ministro Guido Bellido, que no llegó a ser publicada por él antes de su caída. “Yo dejé firmada la Política General de Gobierno concordante con el ideario político de Perú Libre [con temas como la renegociación de contratos], pero lo que se publicó no corresponde a nuestro ideario”, asegura el propio Bellido a Sudaca. 

La política general para el quinquenio 2021-2026 que la premier, finalmente aprobó, fue publicada el 16 de octubre en el diario “El Peruano”. No aborda temas polémicos, como la Asamblea Constituyente o la renegociación de los contratos.

La primera ministra también frenó la destitución de Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según una fuente de Perú Libre. Como reportó Sudaca, Bellido le había pedido la renuncia a Moreno a través de un emisario, cuando era primer ministro. El partido del lápiz quería colocar en el puesto a Paco Gavidia, excandidato al Congreso por Alianza Para el Progreso, según la misma fuente.

Los ataques contra Mirtha Vásquez se habían intensificado en las últimas semanas. El ala dura perulibrista le llama –principalmente– “caviar”, en tono despectivo. Ella devolvió el golpe el 29 de octubre: ese día dio por concluido el nombramiento del militante de Perú Libre, Braulio Grajeda, como viceministro de gobernanza territorial en la PCM. En ese puesto, Grajeda se encargaba de monitorear los conflictos sociales. 

Dos fuentes de la PCM alegan que Grajeda no dio la talla para el cargo ante la ola de protestas que sacuden el país, como la quema del campamento minero Apumayo, en Ayacucho, y la huelga en la comunidad de Aquia, en Áncash, contra las operaciones de Antamina. “Tenemos que volver a un enfoque preventivo de los conflictos. Todos estos años la única estrategia que se ha utilizado es la estrategia represiva”, dijo Vásquez a Canal N el 31 de octubre.

Braulio Grajeda
Braulio Grajeda Bellido, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, expectorado por la primera ministra Mirtha Vásquez. Es militante de Perú Libre y cercano a Cerrón. Foto: Facebook de Braulio Grajeda.

 

CHAU, CUOTA DE BERMEJO

Un día después, el 1 de noviembre, Vásquez vio una oportunidad de oro para deshacerse de Luis Barranzuela –exabogado de Vladimir Cerrón– como ministro del Interior. Según un informe de Latina, Barranzuela celebró una fiesta en su casa de Surco por el Día de la Canción Criolla, a pesar de la prohibición para realizar reuniones sociales. El propio ministerio que él dirigía comunicó que este tipo de celebraciones quedaban prohibidas.

Como explicó Sudaca en un reciente informe, la premier ya tenía entre ceja y ceja a Barranzuela –quien llegó al puesto recomendado por el congresista Guillermo Bermejo–, porque no lo consideraba idóneo para el cargo. Para Vásquez, el exministro del Interior tenía agenda propia y era un promotor indirecto de paros cocaleros al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. No consiguió removerlo antes porque el exmayor de la Policía tenía el respaldo del presidente Pedro Castillo, dice una fuente de la PCM. 

Pero a la primera ministra no sólo le incomodó la juerga. También que Barranzuela haya reconocido, en el comunicado que sacó para defenderse, que coordinaba asuntos de gobierno con personas ajenas al Ejecutivo, como los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, presentes en el festejo. “Esa fue una demostración de que Barranzuela tenía un juego propio”, dice una fuente cercana a Vásquez.

Y es que Barranzuela dijo en su comunicado que aquella noche tuvo una reunión vía Zoom con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para tocar el tema de “los conflictos al interior de nuestro Perú”. ¿Qué hacían, entonces, Atencio y Noblecilla en medio de aquella cita?

Así las cosas, el pulso en el gobierno se elevó el lunes 1 de noviembre, el día de los Muertos. Mirtha Vásquez le envió un oficio al todavía ministro para que explique por qué realizó una reunión social pese a las restricciones por el coronavirus. No le pidió una reunión presencial. 

“Yo advierto que hay una animadversión de la primera ministra al emplazar de manera escrita al ministro”, dice Ronald Atencio, abogado de Luis Barranzuela y del congresista Guillermo Bermejo. Atencio, sin embargo, no quiso responder sobre el ‘tono’ en Surco.

Barranzuela dio su versión a la premier también mediante un escrito, pero la jefa del Gabinete lo consideró “inaceptable”. El exmayor de la Policía intentó aferrarse al cargo buscando el respaldo de Pedro Castillo. Vásquez, sin embargo, condicionó su permanencia en el Ejecutivo a la salida de Barranzuela, durante un encuentro con el presidente que se produjo a las seis de la tarde del martes 2 de noviembre.

“La primera ministra le dio una suerte de ultimátum al presidente diciéndole que resuelva [la salida o permanencia de Barranzuela] el martes”, dice una fuente cercana a la premier. A su círculo de confianza, la primera ministra le contó que había presentado su renuncia, que desde el gobierno le habían pedido que no se fuera y que les había dado como plazo hasta el cierre del día. A sus más allegados les comentó que había límites que no estaba dispuesta a cruzar, según pudo conocer Sudaca. 

Y así fue como Vásquez le ganó la pulseada a Barranzuela, quien se vio forzado a renunciar. Esta mañana juró como nuevo ministro del Interior Avelino Guillén, quien marcó distancias con Vladimir Cerrón en la campaña electoral. “Mi deslinde es claro y contundente con el señor Cerrón. En relación a su participación o no, a quien le corresponde señalar -y lo ha dicho y respaldo la posición- es al profesor Castillo, quien ha dicho que el señor Cerrón no va a tener participación en el Ejecutivo”, dijo Guillén a la prensa.

 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, exministro del Interior, perdió en el pulso con la jefa del Gabinete. Foto: Facebook de Luis Barranzuela.

 

BANCADA DIVIDIDA

Tras todo ello, y en su afán de reducir al máximo la influencia del radicalismo de Perú Libre en el gobierno, Vásquez pactó el encuentro de ayer con los legisladores del bloque moderado que reseñamos al inicio de este informe. La premier se reunió con once parlamentarios, mientras circulaban nuevas versiones de un rompimiento de la bancada de Perú Libre. 

Esto, tras una columna de Vladimir Cerrón que se publicó en la página oficial del partido el 31 de octubre. En el escrito se lee que sólo falta “oficializar” la ruptura porque “la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes: de la militancia nata del Partido y los aliados del sindicato magisterial”.

Los parlamentarios moderados anuncian que le darán su respaldo. “Conversamos de que el rumbo del presidente Castillo no se va a desviar y vamos a respaldarlo”, dice el parlamentario Óscar Zea, integrante de ese bloque. “La idea es trabajar para lograr avances en el país. Yo le puedo ratificar que voy a darle el voto de confianza a este gabinete”, dice, por su parte, Luis Kamiche, legislador también alineado con ese grupo. 

Los cerronistas, en cambio, ratifican que no le darán tregua a la primera ministra. “Nosotros vamos a votar en contra de Mirtha Vásquez. Es un voto de rechazo hacia ella. No tenemos por qué respaldarla”, dice el congresista y exprimer ministro Guido Bellido. 

Bellido dice que él no se haría problemas en caso la bancada de Perú Libre se fracture. Y marca distancia con su colega Guillermo Bermejo, quien está más cerca al presidente de la República en las últimas semanas. Bermejo es convocado a Palacio por el presidente cada vez que hay una crisis política. Ayer no fue la excepción.  

“[Si la bancada se divide,] no creo que Bermejo esté con nosotros. ¿Qué haría con nosotros? Los que tienen agenda propia terminan solos. Siempre”, dice Bellido. Las tensiones no tienen cuándo acabar.

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Luis Barranzuela, Mirtha Vasquez

Luis Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, tiene un gurú jurídico y político. Se trata del controvertido exjuez Alejandro Rodríguez Medrano, quien fue considerado un alfil del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. Rodríguez fue condenado a ocho años de prisión en el 2000 por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.

El exmagistrado, conocido como ‘El Chino’,  figura como encargado del departamento jurídico en la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por el legislador Cordero en el 2016. Rodríguez Medrano, además, fue el invitado estrella en varias ediciones de un programa que tuvo el parlamentario hace tres años en el canal de esa asociación. En aquel espacio, el exhombre del ‘Doc’ se despachaba a su gusto, clamaba su inocencia y defendía a Alberto Fujimori. 

Los dos han demostrado simpatía por el fujimorismo. Uno de los programas que transmitía la asociación, vía YouTube, sirvió para blanquear la imagen del sentenciado exjuez Rodríguez Medrano y darle tribuna como una autoridad en los asuntos legales y hasta políticos. Grabaron unos veinte programas. Cordero le daba pase para que emita sus “valiosas opiniones” sobre temas de coyuntura y, especialmente, sobre el caso judicial de “El Chino” Rodríguez Medrano, como veremos más adelante.

2018. Link de Youtube del programa de la asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero, con Alejandro Rodríguez Medrano como invitado estelar. El espacio hacía una cerrada defensa de Fujimori y proclamaba la inocencia del controvertido exmagistrado.

No es lo único. Ambos están vinculados a la masonería, ya que pertenecen al Supremo Concejo del Grado 33. “Él [Cordero] pertenece a la misma logia que yo. Yo lo conozco hace años. La Cámara Perú Asia Pacífico me permitió salir al aire”, cuenta a Sudaca Rodríguez Medrano, quien dice desconocer que aparece como encargado jurídico de la asociación fundada por Luis Cordero. Esto a pesar de que su nombre  figura -al cierre de la edición- en la web. “No lo veo hace dos, tres años”, añade. 

Rodríguez Medrano, de 77 años, anda encorvado por una operación en la columna. Su apariencia inofensiva de hoy contrasta con un polémico pasado, donde fue el hombre fuerte del Poder Judicial en tiempos de Fujimori y Montesinos. “Si quieres creerme, créeme. Yo creo en Dios y punto. Él sabe lo que he hecho y no he hecho”, dice. 

La historia de este oscuro personaje, ahora cercano al congresista fujimorista Luis Jon Tay, empezó en 1995. Ese año fue nombrado presidente de la Corte Superior de Lima a pesar de que solo era un juez provisional, según consta en archivos periodísticos y documentos judiciales. 

«‘El Chino’ Rodríguez Medrano fue el principal operador de la mafia de Montesinos en el Poder Judicial durante buena parte de los años noventa. Se convirtió en un instrumento fundamental del régimen de Fujimori y del propio Montesinos para manipular a la justicia en el tema de los tribunales sin rostro, en el tema de la persecución a políticos y las llamadas comisiones interventoras”, dice Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.

El propio Rodríguez Medrano reconoció ante el Congreso, apenas se desmoronó el régimen fujimorista en el 2000, que fue 36 veces al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dominado por Montesinos, aunque –según él– lo hizo para dictar charlas sobre terrorismo y narcotráfico. Aseguró que no recibió un centavo. “Mi relación con Montesinos fue profesional. Él me llamaba. Yo he sido profesor en el Servicio de Inteligencia”, dice ahora a Sudaca. 

Chino
Alejandro Rodríguez Medrano, exjuez sentenciado: ““Mi relación con Montesinos fue profesional”. Foto: Alonso Ramos.

Pero las evidencias van más allá de una relación “profesional” y dibujan a un hombre dispuesto a todo con tal de defender a Montesinos y a sus compinches. Tras la difusión del primer “vladivideo’, en septiembre del 2000, donde se vio a Montesinos sobornando con U$15.000 a Alberto Kouri, Rodríguez Medrano trató de limpiar la situación. Así lo confesó a las autoridades en esa época el propio ‘Beto’ Kouri.

El exlegislador dijo durante el proceso en su contra que, para tratar de arreglar la situación, Rodríguez supervisó en el SIN la declaración que dio, apenas estalló el escándalo del soborno, a una fiscal ligada al fujimontesinismo  

Rodríguez Medrano cayó, finalmente, a inicios del nuevo milenio. El exhombre fuerte del Poder Judicial fue denunciado en el 2000 por presionar a la entonces jueza provisional y hoy procuradora antidrogas, Sonia Medina, para que falle a favor de Enrique Escardó, director de la revista ‘Gente’, en una querella por presunta difamación que le entabló al periodista Hugo Guerra, entonces editor de ‘El Comercio’. ‘Gente’ era una publicación afín al régimen fujimorista.

Según contó Sonia Medina en el proceso, Rodríguez Medrano la convocó a su oficina, le habló de su amistad con Enrique Escardó y dijo que le interesaba ese proceso. Medina, indignada, se retiró de la oficina. En represalia fue separada del cargo. La ahora procuradora antidrogas dio a conocer el hecho ante los medios y todo desencadenó en un proceso judicial contra el entonces poderoso juez.

Rodríguez Medrano fue condenado a ocho años de prisión por este caso y a un pago de reparación civil de S/500.000 soles. Salió de la cárcel en el 2008. 

VIDAS PARALELAS

Por su parte, Luis Cordero Jon Tay inició su aventura política en el fujimorismo en el 2011. Aquel año postuló sin éxito al Congreso por Fuerza 2011, el embrión de Fuerza Popular. Él es hermano de la también actual parlamentaria fujimorista Pilar Cordero. Y ambos son allegados al expresidente Alberto Fujimori, de acuerdo a fuentes del partido naranja.

En el 2012, por ejemplo, Pilar Cordero saltó a la palestra por visitar con frecuencia al exmandatario en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, fuera del horario de visitas. 

“Yo me acerco al partido, aproximadamente, en el año 2011, por amistades afines al partido Cambio 90. Fui invitado a participar en este partido”, declaró Luis Cordero en el 2017, cuando fue interrogado como testigo en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos. 

Al ser consultado sobre el aporte de S/5.000 a la campaña de Fuerza 2011, según un reporte de la ONPE, Luis Cordero Jon Tay dijo no recordar. “De acuerdo al informe que se me presenta a la vista, no recuerdo las circunstancias en que la realicé ni a quién entregué o si suscribí algún documento al respecto. Puede ser que hayan sido [contribuciones] económicas, más no recuerdo por los años que han transcurrido”, declaró Cordero a la Fiscalía. 

Los caminos de Luis Cordero Jon Tay, actual congresista por Lima Provincias y abogado de profesión, y Alejandro Rodríguez Medrano se cruzaron en el 2018 en la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por Cordero, supuestamente, para promover el intercambio comercial entre empresarios peruanos y asiáticos.

Alejandro Rodriguez y José Carlos Feliciano
Pantallazo a la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay. Allí figura en la actualidad Rodríguez Medrano como encargado del departamento jurídico.

“Yo no debí haber estado ningún día preso”, dijo Rodríguez Medrano en una de las ediciones del programa de la asociación, argumentando que fue víctima de una persecución política. Cordero Jon Tay, quien fungía de entrevistador, intervino muy poco y sólo dejaba hablar a  sus anchas al invitado estelar. 

El espacio sirvió también para ejercer la defensa de Alberto Fujimori.  “Las denuncias [contra Fujimori] no tienen validez jurídica”, dijo Rodríguez Medrano en otra edición. Incluso, a propósito del estallido del caso Cuellos Blancos, opinó que “es una mafia que merece ser extirpada de raíz”. 

El exjuez, en sintonía con el fujimorismo, dice en la actualidad que las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo son ilegítimas. Ello basándose en tecnicismos legales, como que el Jurado Nacional de Elecciones debió proclamarlo con sus miembros completos; es decir, con cinco y no con cuatro magistrados. Le busca cinco pies al gato. 

Rodríguez Medrano no hace ninguna autocrítica y explica por qué defiende su inocencia.  “Yo no vivo con rencor. Lo que yo quiero es una garantía para mis hijos y mis nietos en un futuro. Yo estoy doblando la esquina. El hombre es pasajero. Tus actos lo reconocen después de muerto”, dice. 

Luis Cordero Jon Tay, el hombre que le tiene fe al juez que visitaba el SIN de Montesinos, no respondió a las llamadas y mensajes para este reportaje. En agosto contrató como asesora principal en su despacho congresal a la excongresista fujimorista Rosa Bartra. El siguiente mes, en septiembre de este año, Bartra pasó a trabajar en el mismo puesto para la legisladora Pilar Cordero, la hermana.

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Evo Morales ejerce de mediador en la política peruana. El 22 de octubre pasado un grupo de izquierdistas le pidió al expresidente de Bolivia tender puentes entre el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, distanciados en este momento por pugnas internas. El boliviano aceptó de buena gana la misión, aseguran a Sudaca dos testigos directos de la conversación. El encuentro privado se realizó en la tarde, en el piso 14 del hotel Fiesta Americana, en Ciudad de México. Fue en medio de un foro político internacional organizado por el Partido del Trabajo del país azteca. 

La delegación peruana estuvo representada por diez personas, entre ellas la congresista de Perú Libre, Silvana Robles; Leonel Falcón, del Partido Humanista; y la exministra de la Mujer y representante del Partido Socialista, Aída García Naranjo. Los peruanos, aprovechando un receso en el seminario, pidieron la cita con Morales. “Le sugerimos [a Evo Morales] que levante el teléfono, converse con Castillo y Cerrón y busque limar asperezas. Porque, al final de cuentas, Perú Libre ha ganado la elección y Castillo es militante de Perú Libre. Evo se comprometió a ser un interlocutor válido”, dice una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad. 

“Se ha expresado una profunda preocupación por la situación de Perú y, particularmente, por la ofensiva que existe frente al presidente Castillo y la demanda de la vacancia presidencial de grupos conservadores y fundamentalistas”, acepta a Sudaca, por su parte, García Naranjo. Sobre el pedido de mediación a Evo Morales, añade: “Me reservo la información de esa reunión”.

Evo Morales - Mexico
22 de octubre. Una delegación peruana de izquierda se reunió en México con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ahí se le pidió mediar entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

El líder boliviano ha visitado el Perú en tres oportunidades desde que Castillo asumió el poder. Incluso, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene una filial en Cusco, según un reportaje del programa “Panorama”.

De acuerdo a las fuentes, Morales ofreció a la delegación peruana en México llamar a Castillo y Cerrón el domingo 24, un día antes de que la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidiese el voto de confianza al Congreso. Y, precisamente, cuando soplan vientos de fractura en la bancada oficialista.

En el evento en México, los asistentes firmaron un comunicado de respaldo a Vladimir Cerrón y con un ataque velado a la jefa del Gabinete. Adolfo Mendoza, representante del MAS, fue uno de los adherentes. “En el Perú se busca separar al partido Perú Libre que llevó a la presidencia a Pedro Castillo con la finalidad de aislarlo y someterlo a una ‘Hoja de Ruta’  que no se cambie las políticas neoliberales, contratos lesivos y privilegios de monopolios, grupos económicos y transnacionales”, dice el documento.

La eventual mediación de Morales aún no surtió efecto. Cerrón y el ala dura del lápiz siguieron enfilando sus baterías contra Mirtha Vásquez en la sesión del Pleno.

“He estado en Cajamarca, donde los cajamarquinos me han dicho […] que los hermanos campesinos que eran defendidos por la primera ministra aún siguen con su proceso y, sin embargo, la ONG que los ha defendido ha cobrado más de S/30 mil. Eso no da confianza”, dijo en el debate el exprimer ministro y congresista de Perú Libre, Guido Bellido. El legislador hacía referencia en su ataque al organismo no gubernamental Grufides, en el que Vásquez fue directora. 

Ese mismo día, Waldemar Cerrón, el vocero del ala dura y hermano de Vladimir, comparó en un tuit a la premier con una “loba”, que sometió a 17 parlamentarios del bloque moderado de la bancada -a los que llamó “corderos” y sin principios-  por recibirlos en la PCM. 

Mirtha Vásquez
La primera ministra Mirtha Vásquez, en su presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza. Es blanco de los dardos del ala dura de Perú Libre. Foto: Andina.

El jefe del Estado y la primera ministra no han querido saber nada del bloque cerronista por sus posturas belicosas. El ala dura solicitó una reunión con el mandatario el pasado viernes 22, pero Castillo nunca respondió a la petición. “Se pidió la reunión, pero no ha habido respuesta. Si tiene interés por nosotros, nos convocará”, dice el parlamentario de Perú Libre -leal a Cerrón- Alfredo Pariona. 

Vásquez ha intentado marcar su terreno en el Ejecutivo y distanciarse de los radicales. La primera ministra, en ese sentido,  bloqueó el nombramiento de Ricardo Belmont como asesor, de acuerdo a fuentes cercanas a la premier. A Castillo, Belmont le había dicho en sus redes sociales que iba a “terminar en la cárcel” y a Vásquez la tachó de “caviar”. Además, en la PCM aseguran que Belmont hubiese sido “incontrolable” y una “fuente permanente de conflictos”. 

Vásquez, en cambio, no pudo convencer a Castillo para remover al ministro del Interior, Luis Barranzuela, promovido por el legislador Guillermo Bermejo. Según dos fuentes cercanas a la primera ministra, ella pidió la salida de Barranzuela porque lo considera un promotor indirecto del paro cocalero en Puno, al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. 

Vásquez, tras conversar con los dirigentes cocaleros de Puno, logró que levantasen la protesta iniciada el 12 de octubre. En las negociaciones no estuvo Barranzuela. “La primera ministra no va a aceptar cambios en el Gabinete por cuestiones ideológicas. Ella ve la idoneidad de las personas y, en ese sentido, tenía preocupación por el ministro Barranzuela”, dice una fuente cercana a la premier. 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, ministro del Interior, logró mantenerse en el cargo pese a los cuestionamientos. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, agrega que la posición que adoptó el Parlamento, de regular a rajatabla la cuestión de confianza, restó credibilidad a la oposición, que pide la cabeza del titular del Interior. 

“No creo que el Ejecutivo tome una decisión en base a las críticas del Congreso. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso para criticar a Barranzuela si acaba de violar, flagrantemente, la Constitución? Los violadores de la Constitución no pueden cuestionar a otros personajes. Se ha debilitado totalmente la posición del Congreso con relación al ministro que usted menciona. El Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos para suprimir el ruido político. Lo máximo que hizo fue recomponer el Gabinete. Y el gobierno recibió como respuesta una puñalada por la espalda con la modificación de la cuestión de confianza, dejando intacta la vacancia presidencial”, dice Torres a Sudaca. 

“Ellos [los de la oposición] están esperando el momento para ir por la vacancia presidencial por cualquier razón, con el pretexto de que hay incapacidad moral”, añade. 

En medio de estas pugnas, Evo Morales asoma como un posible facilitador del diálogo entre Castillo y Cerrón. El líder de Perú Libre, acorralado por investigaciones judiciales, parece estar buscando apoyo internacional. Por lo pronto, ha recibido una comunicación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. 

Sin embargo, un acercamiento entre Castillo y Cerrón se ve difícil en este momento, por los venenosos dardos que recibe la premier Mirtha Vásquez. Y eso, aunque el mediador sea un amigo en común, como Evo Morales.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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