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Alonso Ramos, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 7 de 9

En el Ministerio Público se libra una batalla sin cuartel. La razón: los fiscales José Domingo Pérez y Jesús Fernández Alarcón se están tirando la pelota sobre a quién le corresponde investigar a la exjueza María Zavala, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una pesquisa que salpica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos son fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción. Pérez en ‘Lava Jato’ y Fernández en la trama de los ‘Cuellos Blancos’. 

Según Pérez, el 2017 Zavala participó en un complot para apoyar a Fujimori “en sus investigaciones ante la Fiscalía”, junto a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y excongresistas de Fuerza Popular. Por eso, el 7 y el 9 de septiembre presentó dos quejas a su inmediato superior, la cabeza del Equipo Especial, Rafael Vela Barba. 

En sus quejas, Pérez acusa la “omisión” del fiscal Fernández al no investigar a María Zavala, quien también fue ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista. Vela hizo suyo el reclamo y lo elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.

Pérez escrito
9 de septiembre. El fiscal José Domingo Pérez envía un documento al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que da cuenta de la “omisión” de su colega Jesús Fernández Alarcón para investigar a María Zavala.

José Domingo Pérez saltó hasta el techo luego de una entrevista concedida por Fernández a radio Exitosa, el pasado 31 de agosto. Allí Fernández justificó por qué Zavala no es investigada. “Para investigar y procesar a una persona tiene que haber una imputación concreta, más allá de la inconducta reprochable”, dijo. Y agregó que Zavala -en esa época- no era funcionaria pública y “por eso se derivó a la Fiscalía que investiga a Fuerza Popular”. Es decir, al despacho de Pérez.

UNA REUNIÓN SOSPECHOSA

¿Qué hizo  María Zavala para desatar un conflicto en el Ministerio Público? En septiembre del 2017, la exjueza participó en un almuerzo en el segundo piso del stud (la caballeriza) que tiene Óscar Peña, el llamado “rey de la pesca negra”, en el hipódromo de Monterrico. Peña fue bautizado así por operar con tres embarcaciones con medidas cautelares. Está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión por su participación en la venta de terrenos subvaluados en el fundo Oquendo, en el Callao. 

En el almuerzo participaron, además de Zavala, los entonces congresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona; Guido Águila,  expresidente del desaparecido CNM; y el operador montesinista Enrique Vidal. Todo esto, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz.

La reunión, según el delator, tuvo como finalidad coordinar la destitución del consejero Baltazar Morales y reemplazarlo por su accesitaria, María Zavala, de acuerdo al mismo colaborador. “María Zavala fue citada por Guido Águila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, dijo.

Al fujimorismo le interesaba copar el CNM para asegurarse el control del sistema de justicia, según una fuente del Equipo Especial. Por aquel entonces, en ese 2017, el fiscal José Domingo Pérez ya era un dolor de cabeza para los fujimoristas. Había iniciado una investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de dinero. 

El consejero Baltazar Morales no estaba alineado con los intereses fujimoristas en el consejo, según el colaborador. “El interés de Guido Águila era tratar de cambiar a una persona en el CNM porque él no tenía la mayoría absoluta. Asimismo, [quería] ganar poder político y quedar bien con el partido de Keiko Fujimori”, añadió. 

Morales tenía en ese momento un flanco débil para explotar por sus adversarios. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular, llegó una denuncia contra él por haber contratado al novio de su hija como asesor. Una oportunidad de oro para aplicarle la guillotina.

Así que el almuerzo fue a todo dar. Óscar Peña llevó a su chofer y empleada doméstica, Miguel Honores Pérez y Diana Meza, respectivamente, para atender de la mejor manera a los comensales.

“En un momento determinado, el congresista [Rolando] Reátegui hacía consultas por teléfono con Keiko Fujimori, toda vez que luego del almuerzo mencionó ‘ya hablé con Keiko’. Asimismo, conversaba con la doctora Zavala e indicaba que este tema se iba a apoyar de forma inmediata en el Congreso para que se dé el reemplazo”, dijo el colaborador.

Keiko Fujimori y Reategui
Excongresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, con Keiko Fujimori. Reátegui fue el interlocutor de la lideresa de Fuerza Popular en el almuerzo en el que participó María Zavala, según un colaborador. Foto: Andina.

Honores Pérez, el chofer de Óscar Peña, declaró en marzo de este año y corroboró la presencia de los participantes en el almuerzo. Y dijo que en el 2017 le entregó, en tres  oportunidades, US$30.000 a Guido Águila, el exhombre fuerte del Consejo Nacional de la Magistratura. No detalló el porqué. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el testimonio del trabajador es clave para entender por qué en esa reunión no se había ido a hablar precisamente de hípica.

EL VERSUS

El presunto acuerdo para reemplazar a Baltazar Morales por María Zavala no llegó a concretarse ante el estallido del caso ‘Cuellos Blancos’, en julio del 2018. Zavala renunció a ser suplente de Morales y declaró a “IDL Reporteros” que “jamás he acordado nada” con los fujimoristas.

Pero el caso abrió grietas en la Fiscalía. El 25 de agosto de este año, el fiscal Jesús Fernández envió toda la información sobre la hoy integrante de la JNJ a José Domingo Pérez. El mensaje tácito era este: el asunto está en la cancha del Equipo Especial.

Fernández documento
25 de agosto. Documento enviado por el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, a José Domingo Pérez, dando cuenta de la información sobre María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia.

El escrito provocó la fuerte reacción de Pérez. Él envió un escrito a su jefe, Rafael Vela, diciendo que el Equipo Especial carece de competencia para investigar a la exjueza y que esa chamba le corresponde a su colega Jesús Fernández. 

“Al Equipo Especial no le compete investigar a los funcionarios públicos vinculados al Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura ni a los particulares relacionados a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos’”, redactó Pérez. 

“No es cierto que María Zavala Valladares sea ajena a los actos de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, más aún cuando el propio fiscal supremo Jesús Fernández señala su participación en la ilícita reunión en la caballeriza del Jockey Club”, agregó. 

La polémica entre Pérez y Fernández debería ser zanjada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del caso ‘Cuellos Blancos’ y al que Vela pidió tomar posición. El fuego cruzado sigue mientras tanto.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Jesús Fernández Alarcón, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori

Guillermo Bermejo ha asumido un nuevo rol en el tablero político del gobierno. Y es uno protagónico. El congresista de Perú Libre, identificado con el ala dura del partido, se ha convertido en un aliado inesperado del presidente Pedro Castillo. Esto, en plena pugna con Vladimir Cerrón tras el último comunicado amenazante del partido oficialista, que anuncia que no le darán el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez.

El 14 de octubre, horas después de que la agrupación del lápiz comunicara su decisión, Castillo convocó a Bermejo a las nueve de la noche a una reunión de emergencia para analizar la crisis política. El encuentro figura en el registro de visitas de Palacio. Bermejo llegó acompañado de Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, y de Richard Rojas, polémico operador  de Cerrón nombrado hace poco embajador en Venezuela. 

El presidente quería saber si peligraba el voto de investidura al Gabinete Vásquez y buscaba el apoyo de Bermejo, de acuerdo a una fuente cercana al parlamentario. “Se le hizo saber al presidente en la reunión que no se preocupara y que, a lo mucho, 12 parlamentarios afines a Cerrón no le darán la confianza a Mirtha Vásquez”, dice la fuente. 

El jefe de Estado considera a Bermejo como un interlocutor válido con el lápiz, por encima de Cerrón en este momento, debido a que lo ha escuchado adoptar posturas conciliadoras. Lo había llamado también a Palacio varios días antes, el 5 de octubre, en medio de otra crisis política. Fue para comunicarle la decisión de refrescar el Gabinete y sacar a Guido Bellido del premierato, de acuerdo a una fuente del lápiz. Castillo se sintió legitimado a hacerlo recién tras aquel encuentro.

En la reunión del 14 de octubre también se habría hablado de otras cosas. Por ejemplo, sobre por qué los cerronistas criticaron que la vicepresidenta Boluarte no haya informado de su nuevo nombramiento como cabeza del Midis. De acuerdo a las fuentes, se consideró “absurdo” que Boluarte comunique su designación al ser solamente ratificada en el cargo. “Ella es parte del gobierno y Perú Libre aceptó que integre la plancha presidencial. No hay nada que informar”, dice una fuente de Perú Libre. La reunión entre el mandatario con Bermejo, Nájar y Richard Rojas duró hasta las once de la noche de aquel jueves.

Pedro Castillo
El presidente Pedro Castillo Terrones suma al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, como un aliado. Foto: Presidencia.

 

NUEVO LIDERAZGO

En sus declaraciones públicas, Guillermo Bermejo se ha mostrado alineado con el bloque moderado del partido, integrado por Dina Boluarte y Betssy Chávez, ministras de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de Trabajo, respectivamente. Antes el congresista, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso en una investigación fiscal, formaba parte del ala radical. Pese a no estar afiliado como militante, gozaba de la confianza de Cerrón. Ahora es un aliado de Castillo y todo apunta a que está construyendo un liderazgo propio.

Bermejo promovió la designación del polémico Luis Barranzuela como ministro del Interior, de acuerdo a fuentes confiables. Y es que el legislador había contratado como asesor en su despacho parlamentario al abogado Raúl Noblecilla, socio de Barranzuela en un estudio jurídico. “Renuncié hace unos días al cargo de asesor en el despacho del congresista Bermejo para evitar suspicacias. Guillermo Bermejo viene creando un liderazgo y es por su honradez y acompañamiento al pueblo”, dice Noblecilla a Sudaca. 

Tras marcar cierta distancia con el ala dura del partido, Bermejo empezó a reunirse con ministros a quienes el cerronismo les ha puesto la puntería. El 7 de octubre visitó en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros a la premier Mirtha Vásquez. Y, cinco días después, el 12 de este mes, acudió a Torre Tagle para reunirse con el canciller Óscar Maúrtua, a quien antes había denostado por reemplazar a Héctor Béjar. El encuentro fue a petición del ministro de Relaciones Exteriores. 

En medio de este juego fue que, el 13 de octubre, Cerrón convocó a una asamblea nacional extraordinaria de Perú Libre para asestar un duro golpe al presidente de la República. En el encuentro sólo participaron 26 secretarios regionales, además de él. Duró hasta las dos de la mañana. El resultado fue el ya conocido comunicado en el que el ala dura del partido decide no darle la confianza al gabinete Vásquez y alejarse de Castillo.

“La bancada le pidió una explicación al presidente cuando decidió cambiar al premier Bellido. Él nos dio una respuesta para salir de la presión. Dijo que había coordinado con el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, los cambios del Gabinete. Pero luego me comuniqué con él [Cerrón] y dijo que no había tratado para nada el tema de los ministros. Ahí acordamos no respaldar al nuevo Gabinete”, dice Alfredo Pariona, congresista y secretario regional de Perú Libre por Huancavelica. Pariona fue el único legislador oficialista que participó en la reunión virtual vía Google Meet. 

Los cerronistas pusieron en el punto de mira también a la vicepresidenta Dina Boluarte, y a la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez. A ambas las amenazaron con sanciones en el comunicado. Y designaron como secretario nacional de disciplina al exprimer ministro, Guido Bellido, quien está con la sangre en el ojo y asegura que no cambiarán de postura respecto a negarle el voto de confianza a Mirtha Vásquez. “Nosotros somos un partido serio. No jugamos. Esas cosas no son negociables”, dice Bellido a Sudaca.

El  comunicado de Perú Libre incomodó a Bermejo y a Nájar, según fuentes cercanas a ambos con las que conversó Sudaca. Y es que Nájar, con el apoyo de Bermejo, coordina con las otras agrupaciones de izquierda que integran la alianza de gobierno, en el llamado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Ese frente –que integran Perú Libre, Juntos Por el Perú, Frente Amplio y Nuevo Perú, además de organizaciones sindicales– decidió apoyar los cambios en el Gabinete a través de un aviso el 7 de octubre. Sin embargo, el comunicado promovido por Cerrón en los últimos días tiró la alianza por la borda. 

Colegiado del Frente Nacional
7 de octubre. El comunicado del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que integra Perú Libre, en el que respalda al presidente Pedro Castillo y a la primera ministra Mirtha Vásquez. La posición del ala radical del lápiz ha puesto en peligro la alianza.

“El comunicado de Perú Libre hace peligrar la alianza con otros grupos y deja mal al partido en el frente con un doble discurso”, dice una fuente alineada con Bermejo, en desacuerdo con un rompimiento con sus socios políticos. 

El bloque moderado, al que ahora está alineado Bermejo, también cuestionó en la interna que el ala dura fomente la división en la bancada entre militantes de Perú Libre y profesores que apoyan a Castillo, con miras al voto de confianza. “No podemos dividirnos ahora”, dice una fuente. 

Y la tensión en el oficialismo sigue escalando. Jorge Spelucín, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, anunció que Boluarte, Chávez y Bermejo “van a ser sancionados”. “Se los va a invitar al retiro”, dijo Spelucín en el programa “Al estilo Juliana”. 

Spelucin
Jorge Spelucín Aliaga, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, promueve la expulsión de Dina Boluarte, Betssy Chávez y Guillermo Bermejo. Foto: Facebook de Jorge Spelucín.

Spelucín es un hombre de confianza de Cerrón y uno de los nuevos voceros de la organización en medios. El grupo de Bermejo lo cuestiona por formar el movimiento Venceremos Perú –a principios de año– que apoyó a Verónika Mendoza en primera vuelta, según una revisión en redes sociales. Las puñaladas están a la orden del día. 

“En el país hay una clara posición de parte de la derecha de tumbarse a este gobierno. No podemos ceder al chantaje bajo el pretexto de la gobernabilidad”, dice el legislador cerronista, Jaime Quito, en alusión a Mirtha Vásquez. La primera ministra está en el ojo de la tormenta luego de que decidiera no impulsar el tema la Asamblea Constituyente. El presidente, por su parte, también juega sus cartas: ya sumó como aliado a Bermejo. Uno de los dos bandos saldrá airoso de la puja. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

El número de la celda asignada a Walter Ríos, pieza clave de la red de corrupción de los Cuellos Blancos, es el 107. Está en el área de prevención del penal Ancón 1. Desde hace 7 meses, el pequeño espacio se ha convertido en un infierno para él.

El defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao ha denunciado ante las autoridades amenazas de tres presos con los que convive en la misma zona de la cárcel. Acusó, entre otros, a Antauro Humala Tasso, quien habita en la celda 109 y está encerrado por el Andahuaylazo. 

En el área de prevención conviven seis presidiarios de marca mayor. Aparte de Ríos y Humala, está el cabecilla de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo, quien ocupa la celda 104. También el exjuez del Callao Carlos Chirinos Cumpa, quien está en la 103. La 102 aloja a David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo y acusado de liderar la banda “Los Temerarios del Crimen”. Y en la 101 reside el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, preso por formar parte de la red delictiva del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez. 

Chirinos Cumpa
Julio, 2019. Exjuez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, detenido por la Policía por su vinculación con la red de los Cuellos Blancos. Foto: Poder Judicial.

Ríos ha denunciado ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, uno de los que investiga la trama de corrupción judicial más importante del país, que es hostilizado por Humala Tasso, Chirinos Cumpa y Cornejo Chinguel desde marzo de este año. Así lo consigna una resolución judicial a la que tuvo acceso Sudaca. 

“¡Traidor! ¡Tú sabes lo que le pasa a los traidores!”, dice Ríos que le gritó David Cornejo Chinguel en un patio del penal. Precisamente, este fue trasladado del penal de Chiclayo a Ancón 1 por amenazar a uno de sus delatores, que estaba en una celda contigua, según una resolución del INPE del 2019.

David Cornejo
Noviembre, 2018. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido como integrante de “Los Temerarios del Crimen”. Walter Ríos dice que lo amenazó en el penal Ancón 1. Foto: La Industria.

¿Qué ha pasado en Ancón? Según Ríos, ha sido acusado de “soplón” por sus vecinos luego de que estos se enteraran que delató, en un proceso reservado, al exjuez supernumerario Chirinos Cumpa. Este cayó como parte de la telaraña corrupta montada en el Callao. Fue acusado de beneficiar con sentencias a los empresarios Fernando Seminario y Luis Marsano a pedido de Ríos, el hombre que pedía “whiskycitos azules” y “diez verdecitos (diez mil dólares)” como coima, según los audios interceptados. 

Ríos se ha mostrado arrepentido en el proceso y viene colaborando en varios casos abiertos por el fiscal Jesús Fernández. “De los 2.500 o más señores internos en este penal [Ancón 1], yo debo ser la persona que más arrepentimiento y sumisión a la justicia he tenido, tengo y tendré”, se victimizó en una de las audiencias del caso Cuellos Blancos. 

En uno de esos testimonios, Walter Ríos empeoró la situación judicial de Chirinos Cumpa: lo acusó de presuntamente favorecer a Vladimir Dimchev Kasarski, ciudadano búlgaro preso por drogas en Ancón y pedido en extradición por su país. Dijo que Chirinos ayudó al narcotraficante a cambio de US$10.000. También lo echó por beneficiar con un habeas corpus a la empresa Lopesa Industrial, en coordinación con César Hinostroza. 

Según Ríos, el propio Chirinos Cumpa le amenazó cuando se encontraron en la celda 105, que sirve como cocina en la zona de prevención. “Esto se paga”, contó que le dijo, de acuerdo a una resolución judicial. El documento no consigna la fecha de aquella amenaza.  

La bronca ha afectado la convivencia entre los seis internos que están en esa área de la cárcel. Ríos no interactúa con sus “compañeros” en los espacios comunes de esa zona por temor a ser agredido. “El interno Walter Ríos Montalvo se aísla permanentemente por su cuenta dentro de su celda, saliendo excepcionalmente sólo cuando es llamado por las autoridades, recojo de alimentos, recepción de documentos, notificaciones fiscales y judiciales y audiencias en la sala del Poder Judicial”, dice un informe de la subdirección de Seguridad del penal Ancón 1. 

El director de ese establecimiento penitenciario, Juan Rivera Gonzales, habla abiertamente de dos grupos marcados. “Existen dos grupos. Uno formado por Walter Ríos y (el senderista) Osmán Morote y el otro grupo conformado por Antauro Humala, Chirinos Cumpa, Cornejo Chinguel y Arroyo, estando latente la situación que afecta la convivencia”, dice en un informe interno redactado el 26 de agosto. 

Ríos ya no va a la cocina, la celda 105, para evitar encontrarse con sus rivales. Por esta razón solicitó que le permitan tener dos hervidores eléctricos para prepararse sus alimentos en su celda, la 107. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sólo le permitió tener uno, de acuerdo a un memorando interno de agosto.

 

ANTAURO EN EL 107

En medio de este clima de confrontación, el 1 de septiembre pasado el preso de la celda 109, Antauro Humala Tasso, fue al calabozo de Ríos, el 107. Era mediodía. Según la denuncia, el etnocacerista lo visitó para increparle por haber denunciado las amenazas. Humala habría hecho espíritu de cuerpo con el delatado Chirinos Cumpa, quien es de su bando en la prisión. En el código carcelario, el señalamiento a otro preso es considerado una traición. 

“Me he enterado, a través de mi abogado, que en la región [la oficina regional del INPE] le han dicho que tú, a través de tu abogado, has presentado una denuncia contra mí. Retráctate”, le dijo Humala a Ríos, según contó éste último al fiscal Jesús Fernández. 

De acuerdo al relato, Humala lo empujó y siguió con los insultos. “Retráctate, huevón de mierda. Conmigo nadie se mete. Te vas a joder conmigo”, habría dicho el etnocacerista, siempre en la versión de Ríos, recogida en un acta fiscal. 

“Luego, al ver que yo no contestaba, y tener una actitud sumisa, tranquila y prudente, dicha persona [Antauro Humala], vociferando lisuras irrepetibles, procedió a retirarse. Y cuando yo cogí la puerta de mi celda para cerrarla, dicho interno empujó violentamente la puerta de mi celda, Nro. 107, a tal extremo que casi me da la puerta en mi mano, dañándome los dedos”, contó Ríos. “Me hacen la vida imposible. Mi vida corre peligro”, añadió el compungido exmagistrado. 

La declaración de Walter Ríos ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, en la que da cuenta que Antauro Humala ingreso a su celda, la 107, y lo amenazó.

Al ser consultada por este incidente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, dijo no saber nada. “A mí no me han dicho nada al respecto. No me han contado que el mayor [se refiere a Humala] tenga problemas con Walter Ríos. Cualquier problema de conducta me hubieran notificado”, dice Huidobro. 

Humala fue trasladado del penal Ancón II a Ancón I en octubre del 2020 por realizar actividades proselitistas. Es el mismo personaje por el que el exprimer ministro Guido Bellido pidió el indulto hace unos días, recordando que fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo. 

Por su parte, Julio Eucástegui, quien fue abogado de Carlos Chirinos Cumpa hasta hace dos semanas, dijo a Sudaca que “tenía conocimiento de que ha habido algunos inconvenientes, pero no de agresiones verbales o físicas”. 

Ante la denuncia de Ríos, el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, pidió al juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca, que lo trasladen a otro penal “de ser necesario”  para garantizar su integridad. Nuñez, en una resolución firmada el 21 de septiembre, rechazó ese pedido y le exigió solamente al INPE que asegure “la integridad del interno”.

 

UNIDOS POR UN RASTREO 

Lo llamativo del asunto es que Ríos y Chirinos Chumpa, enemigos declarados, tienen una cosa en común. En el 2019 se autorizó el rastreo de los teléfonos de ambos, a pedido del fiscal Jesús Fernández. Sin embargo, dos años después, en agosto pasado, el representante del Ministerio Público pidió dejar sin efecto el rastreo de sus celulares y 13 teléfonos más “por error material involuntario”. Es decir, una supuesta equivocación de redacción que más parece un nuevo caso de rastreo irregular.

Sudaca ya había reportado, el 16 de septiembre pasado, sobre el seguimiento a otros 20 teléfonos autorizado por el Poder Judicial, ante un pedido de Fernández, que luego también se canceló por un “error en la redacción”. Las idas y vueltas con los rastreos en las pesquisas han desatado una tormenta en la investigación. 

“Acá no ha habido una equivocación. Se está observando una práctica sistemática. No violen el derecho de la intimidad. No violen el secreto de las llamadas. Eso es lo que espera cualquier ciudadano”, dice el abogado Fernando Ugaz, quien defiende a Pablo Morales Vásquez, uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos. 

Mientras tanto, según allegados a Walter Ríos, el exjuez contó a las autoridades que el hostigamiento continúa. Dijo que Antauro Humala y compañía lo quieren sacar del área de prevención. Y que el líder etnocacerista ha dicho a terceros: “lo voy a gomear [pegar]”. La bronca no tiene cuando acabar.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Antauro Humala, Cuellos Blancos, Walter Ríos

Siete dormitorios. Cinco baños. 623 metros cuadrados. Así es la casa de la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, en la calle Bellevue 3000, en el noreste de Los Ángeles, Estados Unidos. La legisladora arequipeña, quien hace poco dijo que el sueldo que recibe en el Congreso ‘no le alcanza’, adquirió la propiedad en el 2002, de acuerdo a información de bienes raíces estadounidenses que Sudaca revisó a detalle.

El inmueble tiene en la actualidad un precio estimado de US$1.124.879, según la página de negocios inmobiliarios Redfin. Agüero consignó esta casa en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero lo tasó en moneda nacional en un precio más modesto: S/ 1’830.243.03, equivalente  a US$443.000 al tipo de cambio de hoy.

Fachada de la casa de la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, en la calle Bellevue 3000, en Los Ángeles, Estados Unidos. La propiedad la adquirió en el 2002 a 440 mil dólares. Hoy tiene un valor de US$1’124.879.00, según el portal de bienes raíces Redfin.

El monto coincide con el precio original de compra, que figura en las páginas de negocios inmobiliarios: US$440.000. De acuerdo la web “Countyoffice.org”, Agüero aquirió la propiedad de los esposos Vartan y Alice Nazerian a través de una escritura de fideicomiso, con un préstamo de US$285.000 de terceros: los hermanos Nishat y Thanvira Ahmed. La casa fue ofrecida en alquiler en los portales de bienes raíces hace dos semanas, al módico precio aproximado de US$3.000 mensuales. Al cierre de esta edición, el aviso había desaparecido.

El inmueble de la congresista Agüero fue construido en 1927 y se ubica en un barrio que pertenece a la ‘zona hipster’ de Los Ángeles. Ello, por sus casas de madera y coches antiguos abandonados en las calles, según diversos informes periodísticos. 

Detalles de la operación inmobiliaria para la adquisición de la propiedad en la calle Bellevue 3000, en Los Ángeles, Estados Unidos, según la página “countyoffice.org”.

Esta no es la única vivienda que posee la legisladora del lápiz en Estados Unidos. Agüero Gutiérrez también registró ante el JNE una propiedad de 83 metros cuadrados en la calle Roswell 3040, en la ciudad de Los Ángeles. Tiene un baño y dos dormitorios. 

El inmueble fue adquirido en 2001 por Melanie Lázaro Agüero, familiar de la legisladora, a US$145.000. Después de la operación, los Agüero realizaron una serie de movimientos inmobiliarios. En el 2005 la parlamentaria compró la propiedad a su hermano, conforme al registro de “Countyoffice.org”. La transacción contó con un préstamo de US$400.000 de la empresa Peoples Choice Home Loan Inc, considerada una compañía prestamista de alto riesgo -según el mismo portal- por dar dinero a personas con problemas crediticios o baja calificación en el sistema financiero.

Fachada de la propiedad en calle Roswell 3040, en Los Ángeles, California, que  la congresista de Perú Libre declaró como suya ante el JNE. La propiedad fue adquirida en el 2001 por 145 mil dólares. Hoy tiene un valor de US$ 944.370.

En 2007, la legisladora Agüero realizó una nueva escritura en la propiedad, llamada “transferencia y disolución intrafamiliar”, en la que ella se ratifica como propietaria. Aquella vez tuvo un aval de US$400.000 del Washington Mutual, la mayor caja financiera de Estados Unidos. 

El 2012 la legisladora Agüero siguió en el boom inmobiliario y transfirió la propiedad de Roswell a su hermana Nadia, quien se hizo con un préstamo del banco JP Morgan de US$398.436, según la misma web. En el registro estadounidense Nadia Agüero, hermana de la parlamentaria, figura como una de las propietarias. La congresista de 54 años, sin embargo, también consignó en su hoja de vida que presentó a la autoridad electoral que la propiedad también le pertenece. Y le dio un valor en soles de S/.1.345.765,35, equivalente a US$326.641. El portal de bienes raíces Redfin cotiza esta propiedad, al día de hoy, en US$ 944.370. 

2012. Última operación inmobiliaria en torno a la propiedad de la calle Roswell 3040, en la que la parlamentaria María Agüero aparece como vendedora.

Esta segunda casa, en calle Roswell 3040, sirve como sede de la empresa de construcción familiar ABC Aguero´s Builders Company, fundada en 1997 y que tiene una facturación anual en medio millón de dólares, de acuerdo al portal de negocios Cortera. 

La compañía es presidida por Lázaro Agüero, hermano de la legisladora y activista antifujimorista en redes sociales. La congresista ocupa el cargo de vicepresidenta en la firma desde el 2002, de acuerdo a su hoja de vida. 

La vivienda en Roswell es conocida también como “Casa Perú” por albergar actividades de la comunidad peruana. También sirve como centro de operaciones de los seguidores de Perú Libre en Los Ángeles, según se puede apreciar en redes sociales.

El documento del estado de California, en Estados Unidos, de la empresa ABC Aguero´s Builders Company, en el q ue aparece la congresista de Perú Libre, como parte de la directiva.

María Agüero alcanzó una curul en el Congreso en su primera experiencia política. Postuló con el número dos en la lista del lápiz por Arequipa, detrás de Jaime Quito, una de las cabezas del ala dura de la agrupación. Agüero también está alineada con Vladimir Cerrón y el exprimer ministro Guido Bellido. Lo deja claro en sus tuits. 

La legisladora acaparó la atención hace unas semanas cuando declaró, en una entrevista con Radio Yaraví de Arequipa, que su salario mensual de congresista no le alcanzaba. Dijo, además, que “la vida en Lima es bien cara”. Un congresista recibe un ingreso mensual de S/26 mil (ese es un monto que suma el sueldo básico de S/15.600, los pagos por función congresal de S/7.600 y viáticos de S/2.800). 

Además, la parlamentaria reportó en su hoja de vida un ingreso anual de S/326.987 en el 2019, producto de sus actividades privadas no detalladas. Y registró seis propiedades más en Arequipa, especialmente predios rurales, con un valor total de S/75.052. En la declaración jurada que presentó en el Congreso este año María Agüero consignó un ingreso mensual de S/.34,830. 

Ante la indignación por sus palabras, Agüero ofreció disculpas en un comunicado y dijo que sus declaraciones “no fueron apropiadas”. Sudaca le pidió una entrevista para este informe pero la legisladora no respondió a los mensajes. Parece que el tiempo tampoco le alcanza. 

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María Aguero, Perú Libre

Guido Bellido compró su boleto de salida el viernes 1 de octubre. Esa noche, y por primera vez en su gobierno, el presidente Pedro Castillo convocó a los ministros a una reunión de emergencia. El objetivo: buscar una salida a la crisis política abierta por el entonces jefe del Gabinete con sus provocadoras declaraciones sobre la cuestión de confianza. La vicepresidenta Dina Boluarte aprovechó la ocasión para increpar a Bellido. “No esté hablando de supuestas conspiraciones y de que yo quiero ser primera ministra”, le dijo, según un exministro presente en el encuentro. 

Los ánimos estaban caldeados. En las horas previas, Bellido y Boluarte también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habían chocado públicamente. El primero pidió que Qali Warma compre conservas nacionales y el programa social, manejado por el sector de Boluarte, le respondió que el 96,8% de las conservas de pescado entregadas a escolares son peruanas. Además, el portal “Epicentro TV” había publicado el chat de la bancada oficialista, con los venenosos comentarios contra Boluarte del ala dura de Perú Libre. La pintaban como una conspiradora contra el primer ministro. 

En aquella cita de emergencia, de acuerdo a un testigo de la reunión, el presidente deslizó la idea de realizar cambios en el Gabinete, pero no dio nombres ni fecha. También puso sobre la mesa una cuestión clave: ¿era conveniente presentar una cuestión de confianza ante la decisión de los congresistas de oposición de censurar al ministro de Trabajo, Íber Maraví?

Bellido, promotor de la pelea con el Congreso, encajó una sonora derrota. Sólo él, Maraví, Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Hernando Cevallos (Salud) manifestaron estar de acuerdo en presentar una medida política extrema como esa, cuenta un testigo de la reunión. Los demás, no. Es decir, solo cuatro de 19 ministros estaban decididos a pechar al Parlamento. No hubo acuerdo formal tras el debate. 

Castillo, al ver que una abrumadora mayoría del Gabinete no se la quería jugar por Maraví, su protegido, decidió desechar el camino de la confrontación con el Congreso. Empezó a meditar, en cambio, otra cosa: la salida de Bellido. 

Como reportó Sudaca hace dos semanas, el plan acordado con Vladimir Cerrón era no realizar cambios hasta, por lo menos, el 5 de noviembre. Ello, siempre y cuando no ocurriera nada extraordinario. Los continuos exabruptos de ‘Puka’ cambiaron los planes del presidente y precipitaron las cosas.

 

Dina Boluarte
La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra, enfrentada con Guido Bellido en el Gabinete. Foto: Andina.

SALIDAS DE TONO 

El 26 de septiembre, sin coordinar con Castillo, Bellido amenazó con nacionalizar el yacimiento del gas de Camisea tras reunirse con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en un evento partidario de Perú Libre en Arequipa. El 3 de octubre, en el lanzamiento de la segunda reforma agraria en Cusco, dijo también algo que causó desconcierto en el Ejecutivo. Lo hizo en quechua. “Hermanos, ministros, tal vez antes han cometido errores. Pero ahora, en el gobierno de Pedro Castillo, en su nombre, no debe haber nada de corrupción. Y, si encontramos alguna mañosería, eso lo debemos entregar a las manos de la justicia”, dijo Bellido, según la traducción de la profesora de quechua, Carmen Cazorla.

(Nota de edición: Una primera versión de este artículo consignaba una traducción imprecisa de la frase de Bellido en quecha, que no cambia el sentido del artículo. La traducción correcta ha sido colocada. Pedimos disculpas a los lectores).

Ya con esos antecedentes, el expremier atizó el fuego el último martes 5 por la mañana, al responsabilizar al presidente de la demora en la ratificación a Julio Velarde como cabeza del Banco Central de Reserva (BCR). La cuenta de Twitter de la PCM publicó que Bellido ya había firmado la resolución el viernes pasado. El mensaje era que la pelota estaba en la cancha de Presidencia.

Ante tanto descontrol, Castillo empezó a cocinar la salida de Bellido ese martes 5. Para ejecutarla, había que preparar el terreno. Varias horas después del tuit de la PCM, convocó a Roger Nájar y al congresista Guillermo Bermejo, del ala dura de Perú Libre, a Palacio. Eran las cinco de la tarde. Ahí se habló de la conveniencia de refrescar el Gabinete, ya que era inminente que en el Congreso se presentase una moción de censura contra Maraví, según una fuente del lápiz. 

“No se habló de quién se iba a ir ni de plazos, pero sí de la necesidad de refrescar el Gabinete. Había que tratar de evitar confrontaciones inútiles”, dice esta fuente.

La cita del presidente con Nájar y Bermejo duró una hora. Castillo se sintió legitimado para hacer los cambios. Ese martes, a las siete de la noche, Bellido tuvo su última reunión como presidente del Consejo de Ministros vía Zoom. Los titulares de las carteras fueron convocados de forma virtual para comunicarles sobre la observación a la ley que limita la cuestión de confianza, aprobada por el Congreso. 

El cónclave transcurrió con normalidad, según una fuente que estuvo presente, e incluso contó con la participación de Castillo. La misma fuente dice que Bellido, incluso, invitó a los miembros de su Gabinete para el miércoles en la mañana a la habitual reunión en persona del Consejo de Ministros. La agenda para la sesión: el avance de la vacunación, construcción de colegios y coyuntura política. 

Pero el martes no acabó ahí para el jefe de Estado. Cerca de las 8 de la noche, Castillo recibió la visita de la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez y la legisladora Betsy Chávez, del bloque moderado de la bancada. En esa conversación, el gobernante le ofreció a Vásquez el premierato, de acuerdo a fuentes palaciegas. El encuentro acabó a las 9:30 de la noche.

Mirtha Vásquez registró su ingreso como una visita para Auner Vásquez, el poderoso asesor de Castillo. Este ya había sondeado antes a la exparlamentaria de izquierda, en medio de una crisis política a mediados de agosto en la que los cambios de ministros fueron finalmente abortados. 

Al día siguiente, el pasado miércoles 6 de octubre, Mirtha Vásquez volvió temprano a la Casa de Pizarro: 8 de la mañana. En ese mismo momento, los ministros llegaban a Palacio para la reunión tradicional del Consejo. 

Castillo, sin embargo, llamó a Bellido para reunirse y le pidió que cancele la sesión del Gabinete. Luego le pidió la renuncia. A Guido Bellido la noticia lo habría tomado por sorpresa. Según dos fuentes consultadas por Sudaca, el mandatario le explicó al bocazas de su premier que no iba a presentar cuestión de confianza y que quería evitar confrontaciones con la oposición. Bellido, de acuerdo a las fuentes, habría dicho que él sólo se limitó a seguir los lineamientos del partido, Perú Libre, y que debería consultarle a la agrupación que lo llevó al poder sobre la decisión.  

“Bellido le comentó al mandatario que se había vuelto incómodo para los poderes fácticos por colocar en agenda el tema de la renegociación del gas de Camisea y por abrir la puerta para que las comunidades sean proveedoras de servicios de las mineras tras el acuerdo con la empresa MMG, que opera Las Bambas”, dice una de las fuentes consultadas. 

Mirtha Vásquez y Pedro Castillo
El 6 de octubre, el registro de visitas de Palacio consigna que Mirtha Vásquez entró a Palacio a las ocho de la mañana, poco antes de que el presidente Castillo le pidiese la renuncia a Guido Bellido en el cargo de primer ministro.

LAS NEGOCIACIONES

Tras deshacerse de Bellido, Castillo empezó a rearmar su equipo con Mirtha Vásquez. Pero había un obstáculo: Cerrón y el ala dura de Perú Libre le exigieron al jefe de Estado mantener su “cuota de poder” en el Gabinete. Es decir, cuatro ministros. También demandaron la salida del ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el de Defensa, Walter Ayala, por no alinearse con el partido

El ala dura del partido recomendó a Luis Barranzuela, abogado de Vladimir Cerrón en una investigación por lavado de activos, para Interior. Barranzuela fue promovido por Bermejo y entrevistado por el presidente el martes en la noche, según una fuente del Gabinete saliente. Él y Raúl Noblecilla, socios en un estudio jurídico y abogados de Cerrón,  estuvieron el fin de semana en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM) para promover una campaña en rechazo a la erradicación de la hoja de coca. 

BarranzuelaBarranzuela
El nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite (en círculo), en el VRAEM la semana pasada, en campaña contra la erradicación de la hoja de coca. Lo acompaña Raúl Noblecilla, el abogado de Vladimir Cerrón.

Finalmente Barrenzuela fue nombrado en reemplazo de Juan Carrasco. Fuentes allegadas al exfiscal anticorrupción dicen que fue removido por pedirle la renuncia a la viceministra de Orden Interno, Olga Chahua, una recomendada del presidente Castillo. Perú Libre también logró colocar al ingeniero industrial Eduardo González Toro, como ministro de Energía y Minas. González Toro postuló al Congreso, en el 2016, por Perú Libertario, el embrión de Perú Libre. 

Olga Chagua y Pedro Castillo
Julio, 2021. Olga Chagua Timoteo, viceministra de Orden Interno, en una foto de archivo con el presidente Castillo. Juan Carrasco pidió su salida antes de ser removido del cargo. Ella es recomendada del mandatario. Foto: Facebook de Olga Chagua.

La parlamentaria Betssy Chávez, militante de la agrupación oficialista y distante de la línea dura, fue nombrada ministra de Trabajo en reemplazo del cuestionado Íber Maraví. La decisión causó la molestia del legislador y aliado del presidente Castillo, Edgar Tello, quien salió públicamente a protestar por la conformación del Gabinete. Maraví, como Tello, impulsan la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo.

“Guido Bellido ha estado haciendo su trabajo, pero ha habido presión de un gran sector de la prensa nacional, de la derecha y de los grupos caviares”, dice a Sudaca el congresista de Perú Libre, Álex Flores. La bancada oficialista, en un comunicado, anuncia que no será oposición al gobierno pese a las discrepancias. Bellido, el provocador profesional, seguirá en política, específicamente en el Congreso. La arena movediza está más revuelta que nunca. 

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Guido bellido, Pedro Castillo

En Palacio hay un hombre que guía cada paso de la máxima autoridad de la Nación. Se trata de Auner Vásquez Cabrera, jefe de gabinete técnico de la presidencia de la República y principal asesor de Pedro Castillo. Este consejero controla la agenda del jefe de Estado, da luz verde a los nombramientos de altos funcionarios y pone distancia con el ala dura de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, de acuerdo a diversas fuentes consultadas por Sudaca.

Vásquez exhibió su poderío el miércoles pasado, cuando acompañó al presidente en la reunión de emergencia que tuvo con un grupo de congresistas de oposición. La cita se produjo en medio de una nueva crisis política desatada por el premier Guido Bellido, quien había advertido que presentará una cuestión de confianza si se censura al ministro de Trabajo, Íber Maraví. 

Según fuentes de Palacio y de Perú Libre, Auner Vásquez fue el facilitador del encuentro entre el presidente y la comitiva opositora, que fue encabezada por la titular del Congreso, la accionpopulista María del Carmen Alva. Y es que el asesor mantiene buenas relaciones con el partido de la lampa tras postular –sin éxito– con esa camiseta a la alcaldía del distrito cajamarquino de Tacabamba, en 2018. 

Vásquez no es visto con buenos ojos por el bloque cerronista por ese antecedente. El ala más radical del lápiz considera que debió persuadir al presidente para que no reciba a la delegación parlamentaria. “[Vásquez] hizo que el presidente cayera en la trampa de María del Carmen Alva para tratar de desactivar la cuestión de confianza”, dice una fuente alineada con Guido Bellido. Esto, en referencia al tuit de la presidenta del Congreso, según el cual Castillo aseguró que “no está en agenda” plantear una medida política extrema. 

¿De dónde viene el poder de Auner Vásquez? Él, al igual que Pedro Castillo, es natural de Tacabamba. “Auner nació en el mismo caserío donde trabaja el profesor, en Puña. Ellos se conocen porque están en la misma comunidad. En la segunda vuelta él decide apoyar a su paisano Pedro Castillo”, dice el excongresista de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, también natural de Tacabamba. 

En la segunda vuelta Auner Vásquez, abogado de profesión, defendió a Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones frente a las acusaciones de fraude sin pruebas de Fuerza Popular y sus aliados. El tacabambino se ganó la confianza del presidente y fue nombrado como su asesor principal en Palacio. Vásquez, inmediatamente, entró en acción y exhibió sus diferencias con los emisarios de Vladimir Cerrón. 

Por ejemplo, Auner Vásquez fue quien llamó al constitucionalista Francisco Eguiguren para pedirle una opinión sobre el rumbo del gobierno, de acuerdo a una fuente con conocimiento del tema. Eguiguren recomendó la salida de Bellido y otros ministros cuestionados para darle gobernabilidad al régimen. El asesor coincidió con esta idea y se la transmitió al presidente y al ministro de Justicia, Aníbal Torres, quienes estuvieron de acuerdo. Eguiguren explicó su posición en la reunión del 21 de agosto en la casa de Aníbal Torres, que reseñó Sudaca. 

Al día siguiente de esa cita, mientras Cerrón acusaba al presidente de traición por redes sociales, Auner Vásquez llamó a la expresidenta del Parlamento, la cajamarquina Mirtha Vásquez, de acuerdo a “IDL Reporteros”.

“Justo esa semana en la que se produjo la conversación en casa de [Aníbal] Torres, Auner Vásquez me llamó un domingo por la noche. Se presentó y me dijo que era su paisano. Y quería reunirse conmigo y el presidente lo más rápido posible. Le dije que no podía en ese momento. Quedó en llamarme, pero nunca me llamó. Yo sé que ese fin de semana estuvieron viendo cambios en el Gabinete”, dice a Sudaca Mirtha Vásquez. Agregó no saber si le iban a ofrecer el premierato. 

Tras la mediación de Verónika Mendoza, aquel plan para cambiar a Bellido abortó rápidamente. Pero continuaron las escaramuzas entre Auner Vásquez y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El 7 de septiembre Vásquez convocó a los coordinadores parlamentarios y asesores de los ministerios –excepto a representantes de la PCM– para afinar las relaciones con los congresistas de la bancada oficialista y entre las diversas carteras. Así quedó plasmado en el registro de visitas de Palacio. La convocatoria fue interpretada por el bloque radical de Perú Libre como un intento por centralizar su poder y saltarse a la cabeza del Gabinete. En suma, un nuevo golpe del asesor a Guido Bellido. 

7 de septiembre. El registro de visitas de Palacio consigna el encuentro entre coordinadores parlamentarios y asesores de ministerios con Auner Vásquez, que incomodó en la Presidencia de Consejo de Ministros.

Vásquez ha ido cobrando peso en la dinámica del gobierno. Incluso ya se reúne con congresistas a nombre del presidente de la República. El 14 de septiembre el asesor tuvo un encuentro en Palacio, cerca de dos horas, con la mayoría de integrantes de la bancada de Acción Popular, a excepción de María del Carmen Alva. El cónclave también quedó grabado en el registro de visitas. 

“La reunión iba a ser con el presidente, pero finalmente nos reunimos con su asesor. Le expusimos los problemas de agua, desagüe y la falta de hospitales en las regiones. Él tomó apuntes. No nos hemos vuelto a juntar”, dice el parlamentario acciopopulista José Arriola. 

14 de septiembre. La reunión entre Auner Vásquez Cabrera, asesor principal del presidente, y congresistas de Acción Popular, según el registro de visitas de Palacio.

Vásquez es un enlace natural entre el gobierno y Acción Popular. El poderoso consejero habría impulsado, por ejemplo, la visita de Castillo al Congreso para pedirle a la Mesa Directiva que entreguen la presidencia de la Comisión de Educación a Perú Libre, de acuerdo a fuentes del partido. Además, tiene conexiones con Alianza Para el Progreso, agrupación a la que asesoró legalmente en 2016.

En el Gabinete, Vásquez es cercano al ala moderada, integrada por Aníbal Torres, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este grupo tiene recelo de los radicales del lápiz y apuesta más por el pragmatismo para pasar sin turbulencias los primeros meses de gobierno. Vásquez es un abanderado de esa postura, según una fuente cercana al asesor. 

21 de septiembre. Auner Vásquez Cabrera, jefe del gabinete técnico de Presidencia, con el ministro de Economía, Pedro Francke, en la sede del Fondo Monetario Internacional, en Washington.

El poder de Auner Vásquez es tal que los nombramientos de los altos funcionarios necesitan de su luz verde. “Vásquez es el que aprueba o desaprueba las propuestas para los puestos de viceministros u otros altos funcionarios. El presidente confía mucho en él”, dice una fuente de Palacio.

Vásquez, de acuerdo a miembros de Perú Libre, dio el visto bueno a la controvertida designación del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Fernández Latorre, excomisario de Tacabamba, la ciudad natal del asesor y del presidente. También dio su bendición para la contratación del polémico Mario Carhuapoma como presidente de Essalud. 

El asesor presidencial se ha afianzado al interior de Palacio y se ha jalado a los abogados cajamarquinos Óscar Cabrera y Eder Vitón. El primero fue candidato de Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín, en el 2018, mientras que el segundo fue socio de su estudio jurídico, creado en el 2020.  

Con incluso más poder que otros asesores presidenciales de gestiones recientes, Auner Vásquez es el gurú político de Pedro Castillo. Cada palabra o cada silencio del presidente tiene su huella.

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Auner Vasquez, Guido bellido, Pedro Castillo

La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca.  El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida.  Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).

QuejaDiviac
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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corrupción, Cuellos Blancos, diviac, Fiscalía

5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete. 

El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”. 

La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir  la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda. 

La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.

Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas. 

Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú. 

GOLPES Y CUCHILLOS

La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit: 

El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”. 

Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente. 

El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.

“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”. 

El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”. 

Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora. 

“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante. 

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El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.

Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.

En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.

Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.

La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.

La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.

Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.

“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.

De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef. 

“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte,  el investigador Asencios.

AFINIDADES

Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.

Constituyente
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.

Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.

En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional. 

La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán. 

La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.

El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre.  El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.

El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.

El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial. 

Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.

Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada  del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.

Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.

El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote. 

Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero.  Y es que Yparraguirre ha denunciado el «asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver. 

Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero-  no ha dicho esta boca es mía.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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