Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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Mientras la vida seguía en un país azotado por tantas problemáticas, la luz de una estrella se apagaba. Yola Polastri falleció a los 74 años, llevándose consigo no solo sus creaciones y la esencia que la hizo un ícono a nivel nacional e internacional, sino también la infancia de nuestros padres, hermanos, abuelos y de todos aquellos que tuvieron la suerte de vivir en la época de la televisión en blanco y negro y conectar con «la chica de la tele»

Un poco irónico estar sentado escribiendo esta columna y que muchos de nuestros lectores se pregunten, ¿qué puede escribir este chico de 22 años si no ha vivido la época de Yola Polastri? Sinceramente, no puedo contradecirlos; es más, les doy la razón a muchos de ustedes. Sin embargo, no haber estado presente en esa hermosa época que muchos de ustedes, tal vez, sí vivieron, no me hace mezquino al sentimiento, emoción y algarabía que Polastri cautivaba en los adultos que aún tenían su niño interior guardado en lo más profundo de sus almas.

Recuerdo cuando se acercaba el Día del Niño y vimos una publicidad en el Parque Zonal Lloque Yupanqui que anunciaba la llegada de Yola Polastri. De manera ingenua, uno podría pensar que los padres llevarían a sus hijos a los típicos juegos mecánicos también anunciados en el evento. Sin embargo, ese día, todos esperaban a la tan anhelada «chica de la tele». Mientras las emblemáticas canciones como «Mi Rancho Bonito», «Eco» y otras creaciones de Yola se escuchaban en el evento, la gente estaba entusiasmada por su llegada. Todos se preguntaban: «¿A qué hora llegará Yola?», «¿Cantará El Teléfono?», «¿Vendrán las burbujitas?».

A las seis de la tarde, el estrado donde se iba a presentar Yola comenzó a iluminarse, y la música se escuchaba más fuerte. La gente empezó a gritar y a corear su nombre. Los más pequeños no entendían. No entendían por qué adultos y adultos mayores parecían haber retrocedido varios años y empezaban a saltar y a comportarse como esos niños que parecían haber desaparecido con el pasar de los años.

Mientras la algarabía se encendía en el ambiente, las famosas «burbujitas» salieron al escenario, y todos empezaron a gritar y cantar al ritmo de la música. Pasaron solo unos segundos cuando se escuchó la famosa canción «Vamos a ver a la chica de la tele», y detrás de las burbujitas apareció Yolanda Piedad Polastri Giribaldi, la famosa Yola Polastri.

El ambiente se llenó de emoción. Adultos llorando y saltando, mientras los niños los miraban con asombro. Las pelotas comenzaron a volar por toda la zona del evento, y las personas, emocionadas, esperaban que llegaran a su lado para lanzarlas hasta el otro extremo. Estoy seguro de que muchos de los presentes en el evento no se conocían, y a pesar de ello, se abrazaban y saltaban para corear las canciones de Yola.

El impacto que Polastri ha generado en la sociedad peruana es inminente, no solo porque fue parte de la infancia de nuestros padres, sino también porque llegó en un momento en el que nuestro país vivía los momentos más difíciles de su historia. Sin embargo, eso no fue excusa para que la esencia, los colores y la luz de la «chica de la tele» encendieran en tantos adultos el niño interior que llevaban dentro.

Hoy, la tan querida Yola Polastri ha regresado a su rancho bonito, donde brillará para muchos, y cuyo legado no será reemplazado por nadie. Desde este espacio, un joven de 22 años le agradece por haber iluminado la infancia de mis padres y haber hecho sus vidas mucho mejor.

¡Gracias, Yola!

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«Mujer o Soldado» es una película que, según la cineasta, no podría realizarse en la actualidad debido a la nueva legislación. «Es el tipo de película que ellos no quieren que se haga. Si has visto el documental, no tiene nada de pro-terrorista, al contrario, la señora protagonista habla de los horrores que Sendero Luminoso trajo a Manta,» explica. «Incluso utilizan el término ‘terrucos’ para referirse a ellos, una palabra que personalmente no me gusta, pero es la que ellas usan continuamente en la película. Es lo menos pro-senderista que se puede ser”, añadió. 

La cineasta describe cómo la película aborda un tema incómodo para ciertos sectores políticos: la violación sistemática como política de infiltración en los territorios del sur andino. «Los militares llegaron, instalaron bases y una de sus formas de maltratar y humillar a la población era violando a las mujeres. Es una estrategia de guerra utilizada en todo el mundo, no solo en Perú. El cuerpo de la mujer se convierte en un botín de guerra”, menciona. 

Con la nueva ley, ella recibió el 100% del financiamiento en su momento, algo que ahora ha cambiado. «El monto para Lima se ha reducido al 70%, lo que hace casi imposible completar un proyecto sin buscar otros fondos, coproducciones, etc. Ya era difícil antes, y ahora con esta reducción, cubrir todos los costos de postproducción se vuelve una tarea titánica”, explica la cineasta. 

La nueva legislación en Perú impone restricciones adicionales sobre el contenido de las producciones audiovisuales, prohibiendo películas que puedan atentar contra la seguridad del Estado, los valores constitucionales o el Estado de Derecho. Esto ha generado un ambiente de censura y autocensura entre los cineastas, quienes temen que sus proyectos sean vetados o no reciban el financiamiento necesario.

El Acercamiento a las Protagonistas y el largo proceso de Producción

El acercamiento de la cineasta a las mujeres protagonistas se facilitó gracias a su trabajo en una ONG de derechos humanos que defendía a las señoras. «Antes de hacer esto, tenía la idea en la cabeza desde hace 15 años. Viajé a Manta para un reportaje después de que la Comisión de la Verdad llegara allí. En ese momento, la mayoría de las mujeres no querían hablar; les afectaba demasiado recordar y temían que sus nuevas parejas se enteraran de lo que había pasado”, recuerda Patricia. 

El proceso judicial contra los violadores comenzó hace 20 años, y el juicio en sí hace unos 10 años. «Este miércoles se dictará sentencia en una audiencia abierta en Lima. Cuatro señoras estarán presentes para escuchar la sentencia después de dos décadas de lucha”, indica. 

El trabajo de campo comenzó en 2008 con la recopilación de testimonios y la construcción de una relación de confianza con las mujeres de Manta. El equipo de producción pasó varios meses en el pueblo, documentando las historias de vida de las protagonistas y los impactos continuos de la violencia sexual en sus comunidades. «Cada visita era un ejercicio de paciencia y sensibilidad, ya que revivir esos recuerdos era extremadamente doloroso para ellas. Hubo momentos en que tuvimos que detener las grabaciones para darles espacio y tiempo para recuperarse emocionalmente”, recuerda con nostalgia. 

La Dificultad de filmar en Manta

Filmar en Manta presentó muchos desafíos. «El pueblo no tiene hotel, las carreteras están sin asfaltar, y las condiciones eran muy duras. Contratamos una casa con un solo baño prefabricado para todos. Además, hacía mucho frío porque filmamos a fines de mayo y junio, durante la helada”, reflexiono Wiesse sobre la realidad que se vivía en la localidad.

A pesar de haber hecho un trabajo previo con la comunidad y las autoridades, enfrentaron hostilidad. «Al décimo día, la gente empezó a decir que éramos terrucos. Tuvimos que llamar a DAFO, que envió a dos personas para explicar que éramos un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura. A pesar de esto, había mucha desconfianza y hostilidad.»

El equipo de producción también enfrentó dificultades logísticas, como el transporte del equipo de filmación en condiciones precarias y la necesidad de obtener permisos de filmación en una región sensible. La cineasta cuenta: «Tuvimos que sortear muchas trabas burocráticas, y en más de una ocasión, las autoridades locales nos pusieron obstáculos para continuar con el rodaje.»

El Enfoque del documental

La cineasta quería alejarse del formato tradicional de documentales de derechos humanos. «No quería hacer un documental periodístico o clásico de derechos humanos. Quería una película cinematográfica que mostrara el reencuentro de las cuatro amigas en Manta. La relación entre ellas, sus conversaciones y recuerdos, era lo que quería reflejar. El juicio es solo un telón de fondo, un contexto para su historia”, menciona. 

Patricia Wiesse
Documental “Mujer de Soldado” dirigido por Patricia Wiesse

El enfoque cinematográfico del documental implicó una cuidadosa planificación de las tomas y la selección de escenarios que reflejaran la vida cotidiana y los paisajes de Manta. «Queríamos capturar no solo las entrevistas, sino también los momentos espontáneos de interacción entre las mujeres, sus risas, sus silencios y la manera en que se apoyaban mutuamente. Esto requirió un estilo de filmación muy inmersivo y una presencia constante en sus vida”, sentencia la directora de “Mujer de Soldado”. 

El Crecimiento personal de las protagonistas

A lo largo de los años, la cineasta observó un crecimiento personal en las protagonistas. «Al principio, todas lloraban en las reuniones con los abogados. Pero poco a poco, tres de ellas mostraron un gran empoderamiento. Magda, especialmente, es increíblemente lúcida e inteligente. Fue la primera en decir que ya estaba harta de que su historia no se conociera”, recuerda.

Magda, junto con Santosa y Magna, mostró una gran capacidad de análisis y reflexión sobre lo que les había sucedido. «Virginia, la cuarta protagonista, ha tenido una vida muy dura y no ha procesado los eventos de la misma manera. Pero en general, he visto un crecimiento notable en todas ellas.»

El empoderamiento de las protagonistas se refleja en su participación activa en el documental y su disposición a compartir sus historias públicamente. «Magda se convirtió en una líder dentro de su comunidad, organizando grupos de apoyo para otras víctimas de violencia sexual. Santosa y Magna también asumieron roles de liderazgo, abogando por la justicia y la reparación.»

Impacto Social y Político del Documental

El documental ha tenido un impacto significativo en la discusión sobre la violencia sexual en conflictos armados en Perú. «Desde su estreno, ‘Mujer o Soldado’ ha sido utilizado como una herramienta educativa en universidades y organizaciones de derechos humanos. Ha generado debates sobre la necesidad de reconocer y abordar la violencia sexual como un crimen de guerra.»

Además, el documental ha influido en políticas públicas y en la sensibilización de las autoridades judiciales. «La visibilidad que ha dado a los casos de Manta ha presionado a las autoridades a tomar acciones más decisivas. En el juicio reciente, se han presentado nuevas pruebas y testimonios que antes no se habían considerado.»

El futuro de DAFO y el cine nacional

La cineasta expresa su preocupación por el futuro de DAFO y el cine nacional. «DAFO ha funcionado muy bien en los últimos años, permitiendo la producción de muchas películas. Pero ahora, con los cambios en la ley, temo que se convierta en un ente censor. No sé si nombran jurados militares o de grupos conservadores. No está claro qué pasará, y eso me parece terrible para el cine nacional.» 

A pesar de todos los obstáculos, la cineasta logró crear un documental poderoso que narra la historia de cuatro mujeres valientes y su lucha por la justicia. Su dedicación y pasión por contar historias reales y significativas son evidentes en cada paso del proceso de producción de «Mujer o Soldado».

La cineasta también enfatiza la importancia de la resistencia y la creatividad en la comunidad cinematográfica peruana. «Los cineastas tenemos que seguir luchando por nuestra libertad creativa y buscar nuevas formas de financiación y distribución. El apoyo internacional y las coproducciones pueden ser claves para mantener viva la industria cinematográfica independiente en Perú.»

En esta entrevista, queda claro que la lucha por la libertad de expresión y la producción de cine independiente en Perú enfrenta desafíos significativos. Sin embargo, la determinación y el compromiso de cineastas como [Nombre de la cineasta] continúan siendo una luz de esperanza para el futuro del cine documental en el país.

«Mujer o Soldado» no solo es un testimonio de los horrores de la guerra y la resistencia de sus víctimas, sino también un recordatorio de la importancia de contar historias que el poder intenta silenciar. La cineasta concluye: «Tenemos la responsabilidad de dar voz a los que no pueden hablar y de mantener viva la memoria de lo que realmente sucedió. El cine es una herramienta poderosa para la verdad y la justicia

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El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas cometidas durante su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se ratificó la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, declarándolo culpable como autor del delito contra la fe pública.

Contreras está en la obligación de dar la cara a la Comunidad de Quipan por una gestión que no solo permitió a la Empresa Arguelles ir delante con un proyecto que afecta la autonomía e integridad de los vecinos, sino también que cobro la vida de un dirigente cuyo asesinato está siendo investigado, pero que trae a la mesa la discusión por su asesinato justo un día antes de acercarse al Ministerio Publico para declarar en contra de esta empresa y de Abel Contreras.

¿Cómo fue el proceso que empezó Santiago Guardamino?

En un caso que ha sacudido la conciencia de la nación, Santiago Guardamino Gonzales, destacado defensor de la integridad de la Comunidad de Quipan, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa, justo después de haber obtenido el apoyo crucial de los comuneros en su lucha contra la corrupción y la venta ilegal de terrenos. Guardamino, quien ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal, fue abatido a tiros por sicarios, recibiendo nueve balas en su cuerpo, un acto que se presume fue cometido para silenciar sus declaraciones programadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Guardamino había sido una figura clave en la batalla judicial contra la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C, vinculada a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales. Estos terrenos, valorados en 600,000 soles, fueron vendidos a un precio irrisorio, en complicidad con el anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos oficiales para consumar la venta. Guardamino, comprometido con la justicia, había impulsado un proceso judicial para anular este contrato fraudulento y llevó a cabo una denuncia penal que resultó en la condena de Mosquera Ortiz.

Benjamin Zevallos
Continuación de la decisión de la Sala Penal


El asesinato de Guardamino, perpetrado a pocos metros de su hogar, se produjo en un momento crucial. Su declaración ante la Corte Suprema, prevista para el 3 de abril de 2024, era un elemento esencial para resolver el caso (expediente
7399-2023). Este caso tenía el potencial de invalidar la venta fraudulenta y devolver la propiedad a la Comunidad de Quipan, evitando así la realización del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi” en los terrenos comprometidos.

La comunidad de Quipan había depositado su confianza en Guardamino para enfrentar las irregularidades que habían marcado la administración de su antecesor. La venta fraudulenta de tierras había dejado a la comunidad en una crisis profunda, y Guardamino, con su liderazgo, se había erigido como un bastión de esperanza y justicia. Su valentía y determinación lo llevaron a desafiar poderosos intereses, pero también lo convirtieron en un objetivo para aquellos que temían las repercusiones de sus acciones judiciales.

El asesinato de Guardamino no solo es un golpe devastador para su familia y la Comunidad de Quipan, sino también un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia cuando se enfrenta a la corrupción y la violencia. Su muerte subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que, con valentía, defienden los derechos de sus comunidades y luchan por un futuro más justo.

En un último esfuerzo por anular la compra venta fraudulenta, Guardamino había iniciado un proceso civil paralelo, estrechamente vinculado al resultado de su declaración ante la Corte Suprema. Ahora, con su muerte, la comunidad enfrenta un nuevo desafío: mantener viva la lucha de Guardamino y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano.

La tragedia de Santiago Guardamino es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores de la justicia y los derechos humanos. Su legado, marcado por la valentía y el compromiso con su comunidad, debe inspirar a todos a continuar la lucha por la verdad y la justicia en Quipan y más allá.

Guardamino había estado al frente de una ardua batalla legal contra la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales a la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la irrisoria suma de 600,000 soles, equivalentes a 0.006 soles por metro cuadrado. Este negocio ilícito fue realizado con la complicidad del anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, y el propietario de la empresa, Aniceto Elvis Arguelles Loayza. La venta se llevó a cabo mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo actas de asamblea general y estudios topográficos y catastrales.

En su lucha por la justicia, Guardamino había logrado la condena de Mosquera Ortiz a 5 años de prisión efectiva en primera instancia, aunque esta pena fue reducida a 4 años de prisión suspendida en segunda instancia. Sin embargo, la influencia de Industrias Arguelles no se detuvo ahí. La empresa continuó operando en el terreno un botadero de basura denominado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi«, lo que motivó una serie de denuncias de Guardamino por los daños ambientales y de salud causados a los comuneros.

La magnitud de la corrupción se hizo aún más evidente cuando se descubrió que Aniceto Elvis Arguelles Loayza simuló la transferencia del terreno a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., dirigida por su sobrino Gerson Guillen Arguelles, para evitar que la Comunidad Campesina de Quipan recuperara las tierras.

El motivo detrás del asesinato de Guardamino se centra en su inminente declaración ante el Ministerio Público. El día después de su asesinato, Guardamino debía responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Esta declaración era crucial para demostrar la ilegalidad de la venta de terrenos y recuperar las propiedades para la comunidad.

Además de sus esfuerzos legales contra la venta fraudulenta, Guardamino también había iniciado una denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, Karen Marianella Pasco Flores (Gerente General de Industrias Arguelles), Abel Cruz Mosquera Ortiz (ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan) y Gerson Guillen Arguelles.

Según la denuncia, Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Arguelles Loayza para adquirir fraudulentamente las tierras por 600,000 soles, cuando su valor real era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Guardamino expuso que los documentos utilizados contenían datos falsos y que la compra venta fue una simulación para ocultar la verdadera intención de apropiarse de los terrenos comunales.

El asesinato de Santiago Guardamino es un claro intento de silenciar a un defensor de la justicia y proteger los intereses corruptos de aquellos que buscan explotar los recursos de la comunidad de Quipan. Sin embargo, el 06 de mayo la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el mismo Abel Contreras, expresidente de la Comunidad de Quipan y quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas que cometió en su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se RATIFICÓ la sentencia interpuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte “como autor del delito contra la fe pública”.

El pleno del Congreso de Perú ha aprobado los proyectos de ley 3258, 5206 y otros, que buscan crear incentivos económicos y fiscales para fomentar las producciones cinematográficas y audiovisuales en el país. La propuesta obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, esta nueva ley ha sido fuertemente criticada por cineastas y colectivos del sector debido a sus implicaciones negativas para el cine regional, de autor e indígena.

Primero, sobre la reducción del Presupuesto para Cine Regional. La ley limita el presupuesto para las producciones regionales, lo cual podría afectar gravemente a las películas que relatan violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo. Los cineastas argumentan que esta medida reducirá los incentivos estatales en un 50% para las producciones realizadas en distintas regiones del país.

Segundo, sobre el control sobre los guiones. La nueva normativa establece que el Estado peruano deberá revisar los guiones de las producciones, lo que ha sido calificado como una restricción a la libertad creativa. Cineastas como Luis Llosa han expresado su preocupación, señalando que esto podría constituir una forma de censura. Llosa comparó la situación con países como Colombia y República Dominicana, donde el Estado no interfiere en la producción cinematográfica.

Las modificaciones a la ley, aprobada inicialmente vía Decreto de Urgencia hace dos años, han generado un rechazo generalizado entre los cineastas. Hace poco en una conferencia de prensa, aproximadamente 70 asociaciones y colectivos, junto con 700 trabajadores independientes del cine peruano, manifestaron su indignación y denunciaron que la nueva ley plantea una censura a la libre expresión y elimina los estímulos económicos a las actividades culturales.

 

Posición del Ejecutivo

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, adelantó que el gobierno de Dina Boluarte observará la norma, ya que el Congreso no consideró las recomendaciones enviadas por su sector. Urteaga destacó la necesidad de un debate técnico sobre la modificación de la norma, con el fin de permitir a las producciones regionales la libertad de plasmar más ideas y evitar conflictos polarizados.

La medida, apoyada por legisladores como Adriana Tudela, Patricia Juárez y Guido Bellido, obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. La propuesta legislativa, conocida como el ‘Proyecto Tudela’, ha sido fuertemente criticada por cineastas y organizaciones culturales que advierten sobre sus efectos negativos en la diversidad y libertad de expresión del cine peruano.

La normativa exige que el Estado revise los guiones de las producciones, lo que los cineastas consideran una forma de censura. Se teme que esto limite la libertad creativa y restrinja la diversidad de temas y enfoques en las películas peruanas. El proyecto ha sido señalado por comprometer la identidad indígena y regional del cine peruano. Las organizaciones culturales argumentan que estas medidas reducirán la representación y promoción de las culturas locales en el cine, afectando negativamente la diversidad cultural del país.

El pasado 11 de junio, cineastas peruanos como Elva Arrieta, Alberto Castro y Melina León expresaron su «indignación» durante una conferencia de prensa en Lima. Denunciaron que la nueva ley censura la libre expresión y elimina los estímulos económicos necesarios para la producción de cine, teatro, música y otras actividades culturales.

Ahora bien, en el proyecto se hace referencia a una Ventanilla Única de Autorizaciones. La creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación”, administrada por Promperú, es otra cláusula controvertida. Los críticos argumentan que esta medida podría convertirse en un obstáculo adicional para los cineastas peruanos. Además, la eliminación de Estímulos Económicos. La propuesta limita los apoyos económicos a etapas específicas de producción, omitiendo fases cruciales como la escritura de guiones y la investigación para documentales. Esta reducción de estímulos es vista como un ataque a la libertad de creación y a la industria cultural en general.

Al cierre del informe es importante que el Legislativo reflexione sobre este proyecto y dé marcha atrás. El cine peruano pasa por un momento donde lo malo es bueno y lo pésimo es aceptable. Sin embargo, lo bueno se está quedando atrás o no se le da relevancia a la producción.

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Sudaca accedio a una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacando las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria Innova Ambiental en perjuicio de la ciudadanía y la actual gestión municipal. La misiva expresa un respaldo total a la gestión del alcalde frente a las acusaciones y el boicot orquestado por la empresa brasileña.

Según el documento, Innova Ambiental ha generado un caos en la limpieza del Cercado de Lima con el objetivo de desprestigiar la gestión municipal. La empresa es acusada de cobrar excesivamente a la Municipalidad de Lima, utilizando durante 29 años bienes inmobiliarios municipales como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, lo que le habría generado millonarias ganancias. Estas instalaciones, empleadas para la disposición final de residuos de varias municipalidades, fueron dejadas en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995.

El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad, respaldando las denuncias previas sobre las condiciones en Carabayllo. La carta también señala a funcionarios municipales como responsables de la crisis sanitaria actual, destacando la omisión de informes y la dilación en concursos relacionados con la limpieza pública. En particular, se acusa al Gerente Municipal Oscar Lozán Luyo y al jefe de la Oficina General de Administración, Pablo Paredes Ramos, de favorecer a Innova Ambiental.

El documento solicita la reincorporación de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, quien fue retirada de su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad tras actuar enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Nota de redacción: Tengamos en cuenta que mientras hemos iniciado las investigaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la Municipalidad de Lima ha venido cambiando de Gerente de Servicios a la Ciudad en más de una ocasión. Uno de ellos fue Roberto Perez, cuya experiencia no fue la adecuada para manejar esta problemática.

Por otro lado, tenemos conocimiento que también se ha mandado cartas con conocimiento a varios regidores de Lima con el fin de denunciar las acciones de la empresa Innova Ambiental, así como de ciertos funcionarios municipales, por causar perjuicio a la ciudadanía y la actual gestión municipal.

Al igual que el documento enviado al burgomaestre de la capital, la carta enviada a los regidores menciona las cantidades millonarias que se habría cobrado Innova Ambiental a la Municipalidad de Lima. Las instalaciones de los rellenos sanitarios administrados por la concesionaria fueron empleadas para la disposición final de residuos de diversas municipalidades, incluyendo Barranco, Comas, Independencia, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Rímac, Santa Rosa y San Martín de Porres. Tras la culminación del contrato, las infraestructuras quedaron en un estado deplorable, como se denunció en Carabayllo. El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad.

Se acusa a Lozán Luyo de retirar a la Gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez Jara, quien actuó enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Asimismo, se acusa a Paredes Ramos de omitir la provisión de personal necesario para la limpieza pública, lo que ha traído consecuencias negativas para la municipalidad.

El documento solicita romper todo vínculo con Innova Ambiental y retirar a los funcionarios mencionados, así como reincorporar a Mariana Jiménez Jara a su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Benjamin Zevallos

La nueva realidad de la limpieza pública

Es lamentable que ahora se vea a Innova Ambiental como el “mesías” de la limpieza pública. Ahora último, los medios de comunicación han denunciado el acumulado de basura que hay por las calles del Centro Histórico de Lima y se hace mención a la culminación de contrato con Innova Ambiental. Hay que resaltar que es responsabilidad de la Municipalidad de Lima evitar estos escenarios, sin embargo, eludir que es necesario la continuidad de la concesionaria en el municipio es una forma de desconocer años de trabajo por parte de las comunidades afectadas por la mala organización de Innova Ambiental. 

Benjamin Zevallos
Sobre la situación actual de Innova Ambiental

No se puede ser mezquino a la contaminación e irregularidades de Innova

Conversamos con la congresista Ruth Luque quien se comprometió en el mes de marzo a visitar el Relleno Sanitario “El Zapallal”, promesa que se cumplió y cuya actuación de la empresa fue que contra viento y marea quería dejar su imagen por encima de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Y es que esta reunion este los funcionarios publicos e Innova Ambiental se le sumo personas que exigían la apertura del relleno y miembros del grupo de recicladores (personas que no se contemplaban estuvieran presentes en esa ocasion y que presuntamente habria estado organizado).

Benjamin Zevallos

Al cierre de este informe se mantiene el “compromiso” de la Municipalidad de Lima de reorganizar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, hay cambios en la OEFA que han quedo en entre visto varias dudas con respecto al proceso “regular” que debe seguir la concesionaria con respecto al cese de funciones. 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha generado controversia al solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) permiso para que su vehículo pueda circular por las vías exclusivas del Metropolitano. 

La solicitud se formalizó mediante un oficio enviado el 16 de mayo de 2024, en el cual López Aliaga argumenta que la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, le impide cumplir con su agenda municipal de manera eficiente.

Los detalles de la solicitud del alcalde

En el Oficio N° 061-2024-MML-ALC, dirigido a la presidenta de la ATU, Marybel Vidal, López Aliaga solicita un permiso de acceso «temporal y excepcional» para su camioneta Nissan de placa EGW 176. El alcalde justifica esta solicitud mencionando la necesidad de atender asuntos municipales urgentes sin ser afectado por el tráfico vehicular. Además, hace referencia al Protocolo Operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1), normativa que normalmente se aplica sólo en casos de emergencia según la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

 

¿Justificable lo de López Aliaga?  

El alcalde indica que la congestión vehicular dificulta el cumplimiento adecuado de sus funciones como alcalde. Según el documento, la congestión en los accesos a Lima impide cumplir con su agenda, especialmente en casos que requieren su presencia urgente. El alcalde cita el protocolo mencionado, aunque este está destinado a situaciones de emergencia, y no específicamente para evitar el tráfico regular. Es una realidad que la congestión vehicular es una mini pandemia que ha venido sufriendo Lima en toda su historia. Muchos alcaldes prometieron y algunos aliviaron esta problemática, pero nadie ha podido darle una solución eficaz a este problema. 

El accionar de López Aliaga busca beneficiarse personalmente de una normativa destinada a emergencias más allá de intentar mejorar su trabajo. La solicitud ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo al expresidente de la ATU, quien señaló que el pedido del alcalde «no entraría dentro de los considerandos del protocolo«, ya que este está diseñado para garantizar la atención adecuada de emergencias y no para evitar el tráfico cotidiano.

El uso de las vías exclusivas del Metropolitano está regulado para garantizar que las entidades que las utilicen lo hagan únicamente en situaciones de emergencia. Las entidades autorizadas incluyen la Comandancia General de la PNP, la jefatura de la Región Policial Lima, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otras.

Ahora bien, este no es el primer intento de López Aliaga de utilizar las vías exclusivas del Metropolitano. En 2021, durante su campaña electoral, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por utilizar esta vía sin autorización. La reiteración de este comportamiento ha llevado a cuestionamientos sobre el uso de su cargo para obtener beneficios personales, en lugar de buscar soluciones estructurales para los problemas de tráfico en Lima, que caen bajo su responsabilidad como alcalde.

Benjamín Zevallos

Respuesta de López Aliaga ante las críticas de ese entonces  

Es difícil creer que, a pesar de lo escandaloso e innecesario pedido del alcalde de Lima, la ATU ha confirmado que la solicitud se encuentra en trámite, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre el tema. Este hecho ha generado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre la gestión del tráfico en Lima y el uso adecuado de las vías exclusivas del transporte público.

No cabe duda que la solicitud de Rafael López Aliaga para utilizar las vías exclusivas del Metropolitano ha sido vista como un intento de eludir responsabilidades y aprovechar su posición para obtener beneficios personales. La medida ha sido ampliamente criticada y pone de relieve los desafíos y controversias en la gestión del tráfico y transporte en Lima. La decisión final de la ATU sobre esta solicitud tiene que ser determinante en cómo se percibe la equidad y la integridad en la administración de las vías públicas de la ciudad, así venga por solicitud del mismo alcalde.  

Benjamín Zevallos

Accidente en el carril del Metropolitano por un vehículo que invadió el carril preferencial del servicio. Foto: Panamericana Televisión

¿Es factible utilizar las vías del metropolitano para los buses y vehículos particulares?

Estamos hablando de carriles de uno o dos carriles que intentan beneficiar el libre tránsito de los buses del Metropolitano que ya se va por su Expreso 12. Aun así, estos pocos carriles no son suficientes para este servicio. Entonces, a esta insuficiencia poner sobre carga y darle acceso a otros buses y carros fuera del servicio del Metropolitano, ¿Para solucionar la congestión vehicular? Está fuera de toda probabilidad, sin embargo, el alcalde parece que prefiere ser beneficiado por el cargo representativo que está ejerciendo como burgomaestre de la capital. 

El reciente Decreto Supremo Nº 009-2024-SA, publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú, ha generado gran controversia al clasificar las diversidades sexuales y de género como patologías mentales. Esta normativa, que se enmarca dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), ha sido criticada por expertos y activistas, quienes advierten sobre los riesgos de estigmatización y violencia que conlleva.

Especialistas han señalado que esta medida representa un retroceso de décadas en los derechos de la población LGBTIQ+. El decreto incluye términos desactualizados como «transexualismo» y «transvestismo de rol dual», términos que han sido eliminados de los principales clasificadores de enfermedades mentales a nivel internacional desde hace años. 

En medio de ello, el Minsa no ha proporcionado un protocolo claro para la implementación de esta norma, lo que sugiere que las intervenciones podrían basarse en pseudociencia.

Ahora bien, la inclusión de estas categorías médicas en el PEAS puede legitimar prejuicios y estigmas, incrementando la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y discriminación. El Minsa, hasta ahora, no ha brindado información detallada sobre los procedimientos contemplados bajo esta nueva regulación, generando más incertidumbre y preocupación en la comunidad.

Mientras nuestro país avanza hacia la patologización de la diversidad sexual y de género, países vecinos como Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile han implementado políticas públicas que reconocen y protegen estas identidades. Estas naciones han desarrollado sistemas de salud que registran la identidad de género y la orientación sexual de manera inclusiva, promoviendo la igualdad de derechos y reduciendo la discriminación.

 

 

La respuesta de la comunidad internacional 

Los organismos de derechos humanos han instado a Perú a reconsiderar esta medida. La patologización de las identidades LGBTIQ+ contradice los avances globales hacia la despatologización y el respeto de la diversidad. Las personas LGBTIQ+ merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin ser vistas como enfermas.

El reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+ es fundamental para una sociedad inclusiva y justa. La salud pública debe basarse en la evidencia científica y el respeto a todas las identidades, sin discriminación ni estigmatización.

La BBC informa que el decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), utilizando categorías obsoletas del CIE-10, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha eliminado desde 2019. Entre los diagnósticos incluidos están el «transexualismo» y el «transvestismo fetichista», que han sido criticados por legitimizar prejuicios y discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

El colectivo Más Igualdad Perú y el científico Percy Mayta Tristán, entre otros, han expresado su preocupación por esta medida. Argumentan que, aunque se presente como una intención de mejorar el acceso a la salud, en realidad perpetúa la patologización de las identidades trans y puede abrir la puerta a prácticas discriminatorias y terapias de conversión.

En respuesta a las críticas, el Minsa ha emitido un comunicado defendiendo el decreto y afirmando que el CIE-10 sigue vigente en Perú hasta la implementación del CIE-11. Sin embargo, el comunicado no aborda las preocupaciones sobre la estigmatización y discriminación que esta medida puede causar.

Benjamín Zevallos
Comunicado de prensa del MINSA sobre el tema

Este decreto se emite en un contexto donde otros países de la región avanzan en la despatologización de la diversidad sexual y de género, lo que resalta el retroceso que representa esta normativa en Perú.

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#LGBTIQ+, Enfermedad, Minsa

Un asesinato por miedo a sus declaraciones. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue secuestrado y su cuerpo fue tirado a pocos metros de su casa.

¿Qué hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor el ex presidente de la comunidad campesina Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales), en complicidad con Aniceto Elvis Arguelles Loayza dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. efectúan la compra venta fraudulenta de 10,000 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Campesina de Quipán por la ridícula suma de 600,000 soles, es decir, 0.006 soles por metro cuadrado

La actual dirigencia, al mando de Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y denuncia al ex presidente Mosquera Ortiz, quien fue condenado -en primera instancia- a 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- esto es reducido a 4 años de prisión suspendida.

Benjamin Zevallos 

Sentencia contra el expresidente de la comunidad de Quipan, Abel Cruz

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C viene operando en el terreno un botadero de basura llamado Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, lo que motivó una serie de denuncias del Presidente Guardamino, por el daño al medio ambiente y a la salud de los propios comuneros.

Argüelles a fin de evitar que la Comunidad Campesina de Quipán recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, simula la transferencia del terreno en forma de pago por un supuesto contrato de movimiento de tierras impago hacia la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., empresa que de acuerdo a SUNAT tiene como Gerente General a Gerson Guillen Argüelles, sobrino de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

Pero vayamos al punto central, ¿Cuál fue el motivo de asesinarlo?

Todo aterriza a que un día después de su asesinato, Guardamino tenía que acercarse al Ministerio Publico para responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Sin embargo, en la noche anterior es asesinado. Pero, ¿Por qué tanto miedo de que el dirigente fuese a declarar?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, entre ellos, y el que más resalta, es que el dirigente interpone denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Dicha denuncia penal iba contra:

Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de la empresa Industria Arguelles

Karen Marianella Pasco Flores, Gerente General de la empresa Industria Arguelles

Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan

Gerson Guillen Arguelles, Gerente General de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C

Guardamino mencionó en su denuncia que Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza para que el 12 de diciembre del 2016 adquiera en compra venta la extensión de 10,000 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad campesina de Quipan por la suma de 600,000 soles cuando el valor real de dichas tierras está estimado en aproximadamente 5,533,708.31 nuevos soles.

Benjamin Zevallos
Denuncia interpuesta por, quien en vida fue, Santiago Guardamino, presidente de la comunidad de Quipan

Según la documentación en donde se introdujo datos e información falsa y en claro contubernio entre los denunciados Karen Marianella Pasco Flores y Abel Cruz Mosquera Ortiz cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por su líder Aniceto Elvis Arguelles Loayza simularon celebrar la compra venta de terrenos de propiedad”, menciona el documento indicando que los 600,000 soles fueron pagados a través de un cheque de gerencia.

 

 

 

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