Pero, cuando estos casos parecían llegar a su final, una polémica decisión ha despertado suspicacias en la defensa sobre el posible desenlace que podría tener. El 25 pasado 25 de mayo, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso cambiar a las juezas que tenían a su cargo ambos casos.
El documento al que tuvo acceso Sudaca alega que esta decisión, que hace mención exclusiva del 16 Juzgado Penal Liquidador y 38 Juzgado Penal Liquidador, está motivada por la elevada carga de expedientes pendientes.
De esta forma, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima dio por concluida la designación de Tello Meneses y Mitacc Parra, las juezas a cargo de los casos que involucran a Jefferson Farfán y Magaly Medina. En sus lugares, Marcela Bellido Luna y Fenirupd Chagua Payano estarán a cargo de 38 Juzgado Penal Liquidador y 16 Juzgado Penal Liquidador respectivamente.
Según fuentes consultadas por Sudaca, la defensa de Jefferson Farfán estaría por comunicarse con la Junta Nacional de Justicia para que estos cambios que llegan a días de una sentencia sean revisados. Por ahora, las demandas que vienen desde 2019 parecen entrar en una nueva etapa de dudas y polémicas.
“EL TEJIDO TURÍSTICO PERUANO NO VA A DURAR MÁS DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO”
En su intervención, Pablo García, segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, calificó como catastrófica la situación del sector turismo. «Estamos hablando de un 55% de llegadas por debajo de 2019, un 57% de turistas menos que el periodo 2019, las visitas a Machu Picchu siguen en un 58% con respecto al 2019 y la ocupación de los hoteles sigue muy baja», explicó y agregó «el sector turismo está prácticamente quebrado».
Sobre esta problemática que afronta el sector, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, comentó «me ha tocado ir a los bancos y me han dicho que califico, pero me dan 14,3% de interés. Tenía que pagar, prácticamente, todo lo que ya había pagado en ese año más el 10%. No había avanzado nada en mi esfuerzo por pagar Reactiva. El banco nos dijo que esas son las condiciones».
Además, Quiñones agregó «nosotros queremos pagar el crédito que tenemos, pero a una tasa que sea justa. Hay asociados a quienes les han dado 25% de tasa. Hablamos de créditos de tres millones de soles. Imagine que ha hecho el esfuerzo de pagar el 30% del crédito, pero con esa tasa del 25% no solamente retrocede sino que se queda más endeudado» y advirtió que «si es que las condiciones siguen así, el tejido turístico peruano no va a durar más de diciembre de este año».
El representante de Adex, José Carlos Schroth, también se mostró crítico con la posibilidad que tienen los bancos de negarse a reprogramar deudas o hacerlo con una tasa comercial y manifestó que «mientras a los bancos no se les obligue, esto no va a funcionar. Lo que están esperando los bancos es que se cumpla la fecha el 30 de junio de 2023 para obligarlos a tomar los recursos de los bancos y negociar las garantías hipotecarias».
Por otro lado, Ricardo Márquez, vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú – Utah, demandó un rol más activo por parte del gobierno «no hay créditos disponibles para los microempresarios. No están pidiendo que los exoneren porque no quieren pagar, están diciendo que les den un crédito pero a la tasa que se necesita. Estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo».
Aunque durante el evento la mayoría coincidió en la necesidad del programa Reactiva en el contexto de una pandemia, las advertencias sobre las posibles consecuencias de la indiferencias del Ministerio de Economía ante temas como la reprogramación de deudas y la libertad de los bancos para negarlas ha terminado por convertirse en el tema más preocupante de la jornada ante la posibilidad de terminar en un panorama sombrío para los empresarios que se verían perjudicados y que en su mayoría son pymes.
Pero esta no es la primera vez que existe un conflicto entre los trabajadores del Ministerio de Educación y las personas a cargo de dicho sector. En febrero del presente año, los empleados que se encuentran bajo el régimen CAS habían denunciado que Óscar Becerra, quien entonces era ministro de Educación, había generado un clima de confrontación con ellos al repetir en sus apariciones en medios de comunicación que el Minedu contaba con más de ocho mil empleados CAS pese a que, tal como lo expuso Sudaca en el informe titulado MENTIRAS Y POLÉMICAS EN EL MINEDU, el número real apenas superaba la mitad de la cifra señalada por el ministro.
Además, el clima en las oficinas del Minedu venía de otro escenario de tensión, esta vez originado por el predecesor de Becerra, el exministro Rosendo Serna, quien había acusado a los coordinadores territoriales de no viajar para cumplir con sus obligaciones y señaló que estos recibían un salario “exorbitante” mayor al de gerentes y directores regiones de educación pese a que esto era mentira.
Pese a los cambios en Palacio de Gobierno, en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el mismo Minedu, el ministerio parece sumido en una interminable crisis que no sólo afecta a los estudiantes sino a los propios trabajadores del sector educación. Sudaca intentó comunicarse con dicho ministerio, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Pero la noche fue una experiencia mucho más decepcionante para Antonio Cabezudo, quien junto con nueve amigos habían pagado por un box. Al igual que Rafael, Antonio relata que el ingreso fue complicado por el charco que se encontraba en el camino, cuenta que «el agua les llegaba hasta las rodillas» y que la única alternativa para no quedar cubierto por el agua estancada era invadiendo parte de Campo Mar. «Tenías que meterte por los arbustos, entrar hacia Campo Mar, pasar la cancha y luego volver a la trocha», explica.
«Cada vez que pasaba gente se escuchaban ciertos crujidos», cuenta Antonio sobre lo que pudo percibir desde el box en el que se encontraba con su grupo de amigos, lugar desde el que sería testigo privilegiado del mayor accidente de una noche para el olvido. Sin embargo, el momento de mayor angustia llegaría momentos después.
Tras el inicio de una pelea entre dos jóvenes alcoholizados, los asistentes se acercaron a observar y los que se encontraban en el box elevado al costado de aquel en que se encontraba Antonio también lo hicieron. «La gente que estaba en el vox vip se acerca y, en el momento que lo hacen, se cae el box», relata Cabezudo.
«Cuando he volteado había tres chicas quejándose de dolor y un chico me ayudó a romper la tela para sacar a las chicas que estaban ahí», cuenta Antonio sobre lo vivido tras el desplome del box y señala haberse sorprendido al ver que no se tomó ninguna medida con las personas ubicadas en los otros box pese a que existía la posibilidad que les ocurra lo mismo.
Este incidente llegó a los oídos del grupo Márama y su presentación fue cancelada, según lo explicaron en sus redes sociales, por razones de seguridad. Sin embargo, como relataron Rafael Lozano y Antonio Cabezudo, los organizadores del evento nunca comunicaron que la presentación del grupo uruguayo había sido cancelada. «En ningún momento nadie de la organización salió a dar una explicación. Pusieron la música de Márama, pero no salieron», explica Antonio sobre lo que ocurrió en el Green Arena.
Los problemas para el ingreso, el accidente con el box y la cancelación de la presentación de Márama llevaron a que los asistentes manifiesten su indignación en redes sociales y, ante la repercusión que estaba teniendo, la empresa que maneja Green Arena publicó un comunicado señalando que ellos sólo alquilaron el local y fue Qarola Producciones SAC quien se encargó de organizar el evento y realizar todos los trámites pertinentes. En el comunicado publicado el 30 de abril, los responsables de Green Arena señalan que tomaron conocimiento que se había producido una sobreventa de entradas.
Sudaca conversó con Crisólogo Cáceres, especialista en defensa del consumidor, quien señaló que se han violado varios derechos del consumidor. «El principal el derecho a recibir productos idóneos. Eso significa recibir aquello por lo que se paga. Cuando un consumidor contrata un concierto espera que el lugar sea asequible, que hayan instalaciones adecuadas y que el artista se presente», explica.
Además, Cáceres agrega que también se ha transgredido el derecho a la información al no anunciar que se cancelaba la presentación del artista, el derecho a la seguridad y el derecho a la protección de sus intereses económicos. También señala que «lo aconsejable es que Indecopi inicie un procedimiento de indagación y posteriormente de sanción. Los consumidores podrían juntarse varios de ellos y presentarse a Indecopi».
El 1 de mayo, Qarola publicó en sus redes un comunicado en el que anunciaban que se pondrían en contacto con las personas afectadas. No obstante, quienes brindaron su testimonio a Sudaca señalaron que esto no ocurrió. En la misma publicación, Qarola Producciones señala que darán a conocer las siguientes acciones a ejecutar, pero no volvieron a emitir comunicados al respecto. Sudaca intentó comunicarse con Qarola, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe.
Tras un accidentado viaje, muchos de los pasajeros exigieron la devolución de su dinero. No obstante, la postura de la empresa no mostraba predisposición para escucharlos y, por el contrario, hasta parecían querer intimidarlos. «Llegó el representante y nos dijo que había hablado con el abogado y este les había dicho que no ofrezca nada y que si queríamos hacer la denuncia correspondiente que la hagamos porque al final no teníamos las de ganar», recuerda Raúl.
Resignados ante la actitud de la empresa y con la intención de disfrutar los tres días que restaban, los clientes de Quovadis aceptaron la devolución de cincuenta soles que les ofreció el representante de la empresa y la reprogramación de los tours prometidos. Sin embargo, las promesas seguirían siendo incumplidas. «Llegó el día viernes y esto tampoco se cumplió. El bus llegó once de la mañana (una hora tarde), salimos y llegamos prácticamente a la una. Hicimos un tour rápido y el bus recién partió a las tres y media para llegar a Ayacucho a las cinco de la tarde», cuenta Raúl.
La situación no mejoró para el día domingo. El bus que los llevaría de regreso a Lima también llegó tarde y el representante de Quovadis que les entregaría los cincuenta soles nunca apareció. «Como entro a trabajar a las siete de la mañana, no podía esperar que la empresa venga a la hora que se le de la gana a entregar el dinero. No podía perder un día de trabajo. Preferi partir y que en Lima nos hagan el depósito del dinero», explica Almonacid y agrega que la mayoría de pasajeros adoptó esa misma postura, aunque su desconfianza aumentó al percatarse que en las boletas figuran que el pago hecho a Quovadis fue de cero soles pese a que todos hicieron el depósito correspondiente en la cuenta bancaria de dicha empresa.
Ha pasado cerca de un mes de aquel viaje y los afectados siguen siendo ignorados por la empresa Quovadis cuando piden la compensación prometida. «Nos han dicho que no pueden hacer el depósito porque ha ocurrido un accidente con una de sus unidades y están pagando el seguro y compensando a los pasajeros. Dijeron que están esperando tener otros ingresos para hacer el depósito», explica Raúl sobre la excusa que les dieron en una de las pocas oportunidades que se comunicaron.
Sudaca consultó con Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor, para conocer los pasos que podrían seguir los clientes de esta empresa. «Si es posible el reembolso total. En la negociación directa pueden concederse una serie de compensaciones, pero si no existe esa voluntad necesariamente se tiene que ir a Indecopi para velar por el derecho de recibir un servicio acorde a la contratación», explica el abogado.
Según la web de Sunat, Empresa de Transporte y Multiservicios Quovadis S.A.C. empezó sus actividades en abril del 2013. Además, acorde a su perfil en redes sociales, se ha encargado de organizar viajes por Semana Santa durante años anteriores.
Ante la indiferencia de la empresa Quovadis, Raúl y los más de cincuenta pasajeros que fueron a Ayacucho ven con poca esperanza la posibilidad de recibir algún tipo de compensación por un viaje por Semana Santa que prometía ser una experiencia inolvidable y terminó siendo un viacrucis a Ayacucho. Sudaca intentó comunicarse con los representantes de Quovadis, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este informe.
Sin embargo, la nueva información que se ha conocido sobre este caso también presenta a nuevos involucrados. Uno de ellos es Cristopher Leonel Urbina Bazán, quien es señalado como socio de Alex Jackson Morales Cahuana en la empresa Chemical Advances Corp Perú que registra una deuda con Sunat por cincuenta mil soles y que, además, constituyó la empresa Crizafer en el año 2015.
Al igual que las otras empresas involucradas, Importadora y Comercializadora Crizafer y Chemical Advances Corp Perú se han dedicado a las importaciones y ambas han tenido a Urbina Bazán como registrado en el puesto de gerente general.
El escenario inusual en que se han desempeñado las empresas en cuestión ha llevado a que, desde el 18 de agosto del 2022, la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos de Lima aborde el caso y se inicie una investigación preliminar al considerar como operaciones inusuales las importaciones de los involucrados.
Además, los informes del caso han llevado a que se solicite la resolución fiscal que permita recoger información sobre las personas y empresas involucradas. Con ello se contaría con la colaboración de los datos que puede brindar Sunarp, la Dirección de Migraciones, Sunat, Digemid e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y AFP’s.
Alex Jackson Morales Cahuana, Smith Morales Cahuana, Jacqueline Salinas Meléndez y Cristopher Leonel Urbina Bazán son los involucrados por el momento. Sin embargo, las autoridades todavía se encuentran atentos a identificar otras personas que, según lo que sospechan, habrían colaborado con ellos para insertar bienes y capital de origen desconocido al sistema financiero.
Con el material existente, los encargados de las investigaciones parecen encontrarse convencidos de la existencia de un importante caso de lavado de activos y ahora dependerá de los involucrados mostrar las pruebas que puedan demostrar que las inusuales operaciones que han registrado sus empresas se deben a su astucia en el mundo de los negocios y no a su participación en algún tipo de actividad ilícita.
Pero, además de estos extraños incrementos de capital, los montos manejados por estas empresas en las importaciones realizadas también han sido motivo de sorpresa para las autoridades que sospechan de un caso de lavado de activos. Tras haber iniciado operaciones con presupuestos austeros, las empresas de Morales Cahuana han registrado números inusuales a lo que se esperaría en el mercado.
Aunque sin duda otro de los factores que hoy ponen a estas personas bajo la lupa es el monto por el que venden los productos importados y que especialistas del sector califican como precios lo suficientemente bajos como para que la empresa no pueda justificar el buen momento económico que en los últimos años les ha permitido incrementar notablemente su capital e importaciones.
La investigación preliminar hace mención a un presunto caso de lavado de activos además de presuntos actos de conversión, tenencia, ocultamiento y transferencia de bienes y capital en agravio del Estado. Ante este panorama, Alex Jackson Morales Cahuana y sus socios deberán demostrar cómo lograron este milagro económico que hoy tiene a sus empresas manejando cifras tan inusuales para el mercado farmacéutico.
Sudaca consultó con Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor, para conocer si esta polémica estrategia podría tener algún tipo de consecuencias para las empresas que la usan y una solución para quienes la padecen. Ante esta situación, el abogado explicó que, pese a lo común de esta práctica, existe un artículo que las prohíbe. «Específicamente el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor prohíbe emplear centros de llamadas y sistemas de llamados telefónicos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo a los consumidores que no hayan brindado su consentimiento previo», explica el especialista.
Cuellar señala que, ante este problema, sería oportuno que se realice una campaña que le recuerde al consumidor que puede denunciar este tipo de prácticas. «Si la ley es clara lo que está faltando es una campaña que le recuerde a los consumidores que hay esta norma e Indecopi puede sancionar», explica.
El especialista en defensa del consumidor agrega que «el límite entre el derecho a enviar información y el abuso es el consentimiento que uno puede dar para recibir la información» aunque advierte que las sanciones podrían no ser suficientes y que «las empresas lo hacen porque ,haciendo un análisis costo beneficio, ven que incluso con la multa han ganado más dinero».
La necesidad de estrategias innovadoras para captar nuevos clientes y mantener a los actuales puede llegar a ser entendida. Sin embargo, casos como el de Lady y Fernando demuestran que en esta búsqueda también se pueden estar transgrediendo los derechos del consumidor.
La presión política y unos partes de OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), porque he sido director del área de gestión social en una ONG pero estos tres años en los que trabajé fue ad honorem y las labores tenían que ser en instituciones que sean remuneradas. Además, empezó a estallar la violencia y se hizo inviable.
¿Recibió presiones internas en Sedacusco para presentar su renuncia?
De todo tipo. También externa. Lo que era algo simple pasó a ser un sitio mirado. Lo mediático manda. Si sale un especial en un programa dominical como Panorama tiene un efecto mediático.
Cuando se refiere a presiones externas, ¿también incluye amenazas?
Mi familia y yo hemos sido amenazados. Son las consecuencias.
¿Esta presión está afectando su vida laboral?
Hay una persecución. Entonces aparece que me han creado un puesto. Si trabajo en un municipio, van a decir que el alcalde ha acordado con alguien del gobierno y por eso me han dado ese trabajo. Ningún alcalde quiere verse atacado mediáticamente.
¿Le han manifestado que es por esa razón que no lo contratan?
He conversado con alcaldes sobre la posibilidad de trabajar con ellos y me han manifestado que es por cuestiones mediáticas.
Algunos familiares de Dina Boluarte han pensado solicitarle a los medios que se rectifiquen por señalarlos como personas beneficiadas, ¿usted planea hacer lo mismo?
Iba a mandar una carta notarial. Pero la gente en el Cusco sabe quién soy y que me debo a mi profesión y mis esfuerzos. Han armado un escándalo como si me hubieran dado un viceministerio o una jefatura nacional. Es un sueldo normal de un trabajador en el Cusco. Es el sueldo normal en cualquier institución. ¿Dónde me he salido de la regla?
