[INFORMES] Sin lugar a dudas, los casos de corrupción que se han conocido en la última década, como el de Odebrecht, han marcado un antes y después en la política peruana. Los involucrados han sido investigados, detenidos y señalados por la condena social y sus agrupaciones políticas vieron que sus décadas de historia en la política nacional quedaban en ruinas y perdían credibilidad incluso ante quienes alguna vez fueron sus militantes. Los rezagos de estos escándalos todavía se perciben en la actualidad y, difícilmente, alguno de los involucrados podrá algún día desligarse de una mancha de esta magnitud.

Sin embargo, aunque la mayoría de políticos no logró librarse de tener que dar explicaciones a la justicia y más de uno supo lo que es pasar la noche en una cárcel, algunos de los que tuvieron un papel protagónico en estos escandalosos casos de corrupción vienen escapando de la justicia que, al menos con ellos, parece mostrar cierta displicencia. Este es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde.

ALIADO DE VILLARÁN

La historia de Gómez Cornejo Rotalde data del cuestionado paso de Susana Villarán por la Municipalidad de Lima. En aquella época, como la mayoría recuerda, la entonces alcaldesa debió afrontar un proceso de revocatoria que ponía en riesgo que su mandato cumpla con el periodo estipulado de cuatro años. Su derecho a preparar una campaña que le permita culminar su paso por la municipalidad está fuera de discusión, pero la manera en que este fue financiado es lo que terminó siendo objeto de investigación.

Tal como se puede observar en los documentos del proceso legal que debió afrontar Villarán de la Puente, la famosa campaña en favor del No a la revocatoria no se habría realizado con fondos lícitos. Como lo señala más de un colaborador, el dinero que llegaba para mantener a Susana Villarán en el cargo provenía desde Brasil y había sido solicitado por la propia Villarán y sus personas de confianza con la finalidad de garantizar que algunas de las obras que ejecutaba la Municipalidad de Lima puedan continuar.

Un prófugo misteriosoEs en ese momento cuando el nombre de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde toma una importancia indiscutible. Acorde a la declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 que data del año 2019, José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue nombrado por Villarán para ocupar el cargo de gerente municipal, se encargó de anunciarle a los enviados de Brasil que el dinero ilícito para la campaña que impediría la revocatoria se entregarían a Gómez Cornejo Rotalde, al que se referían como “lucho”.

Un prófugo misteriosoA ello se le suma un acta fiscal que data de mayo del 2019 en la que se muestra un cruce de llamadas entre un número correspondiente a la Constructora OAS y Gómez Cornejo. Cabe señalar en este punto que la empresa OAS tenía gran interés en asegurar la continuidad del millonario proyecto Línea Amarilla.

Además, según lo declarado por el Colaborador Eficaz N° 101-2019, la Empresa OAS contaba con un sector denominado Controladoría que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas y Gómez Cornejo fue el señalado por el gerente municipal de Villarán para recibir el dinero que no sólo ayudaría a la evitar la revocatoria sino también para afrontar una futura reelección.

En la declaración correspondiente al colaborador eficaz N° 105-2019, el monto que debía aportar la empresa OAS, quienes tenían como nexo para la entrega del dinero a Gómez Cornejo Rotalde, era de tres millones de dólares. Antes de indicarles el monto que esperaban de ellos, el gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, les aclaró que “iba a dividir los costos de la campaña entre las empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

Por otro lado, la versión del Colaborador Eficaz N° 115-2019 indicaba que Alexandre Alves de Mendonca, exgerente de contratos de OAS Perú, se reunió con Gómez Cornejo Rotalde en el Hotel Novotel de San Isidro para entregarle dinero en efectivo entre diciembre de 2012 y marzo del 2015. Además, este colaborador relató que, en febrero del 2013, Alexander Alves de Mendonca se encontró con Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde en el local de Starbucks ubicado en la avenida Conquistadores para entregarle una suma que de doscientos o trescientos mil dólares.

Las reuniones con este aliado de Villarán continuaron y, en el mes de marzo, asistió a una nueva entrega que esta vez se realizaría en QP Hotels para recibir 120 mil dólares. Para el año 2015 se volvieron a reunir en el mes de marzo para otra entrega que se encontraba entre los 120 y 150 mil dólares.

Pero no sólo estos colaboradores complican la situación de Gómez Cornejo al contar su rol en la entrega de dinero ilícito. Algunas de las personas cercanas a Villarán también han confirmado su papel como la personas que manejaba los fondos. Este es el caso de Anel Towsend, quien declaró ante la justicia en 2017 que la propia Susana Villarán le indicó que Luis Gómez Cornejo era el encargado de los pagos correspondientes a la campaña.

Además, Carlos Enrique Juscamaita Aranguena, quien participó activamente en las coordinaciones para la campaña del No a la revocatoria, indicó que  Gómez Cornejo Rotalde era quien le entregaba el dinero para sostener la campaña contra la revocatoria y llegó a darle noventa mil soles entre enero y marzo del 2013.

UN ESCAPISTA

Sin embargo, pese a la contundente evidencia que lo compromete y que los otros involucrados han tenido que rendir cuentas a la justicia, el presente de Luis Ernesto  Gómez Cornejo Rotalde es sospechosamente distinto. Aunque pesa sobre el orden de captura, el encargado del dinero ilícito para las campañas de Villarán actualmente se encuentra libre.

A finales del año pasado, su defensa legal recibió un revés al conocer que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró infundado el pedido para que Gómez Cornejo pase a tener detención domiciliaria alegando que padece una serie de enfermedades y también debe cuidar a su madre . Sin embargo,  hasta la fecha sigue sin entregarse a las autoridades.

Un prófugo misteriosoSobre Luis Gómez Cornejo pesan una serie de imputaciones por lavado de activos relacionados con el caso detallado previamente con la empresa OAS y también con Odebrecht para la campaña contra la revocatoria y las elecciones municipales de 2014. Esto podría llevar a que quien en algún momento fue asesor de Javier Villa Stein, cuando era presidente del Poder Judicial, y coordinador del gabinete de asesores de Duberli Rodríguez deba cumplir una pena de quince años en prisión.

Quizá lo único rescatable de los escándalos relacionados con corrupción que se han conocido en los últimos años es que permite realizar una limpieza en la política peruana. Sin embargo, si algunos actores protagonistas, como es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, quedan impunes quedará como un pésimo precedente que invita a creer que se podría repetir la historia.

 

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En los últimos meses, los tiktok de Luis Alvarado Sánchez con frases como “¿cómo es posible este suceso?” y otras se han convertido en los más populares en Perú y los países de habla hispana. Sin embargo, la creciente fama de este joven peruano de 26 años hoy pasó a segundo plano tras una grave denuncia que incluye desde asesinatos hasta hostigamiento sexual. Sudaca conversó con uno de los denunciantes para conocer los detalles de este perturbador caso.

Convertirse en viral en las redes sociales se ha convertido en una tarea tan difícil como impredecible. Un baile, un breve sketch y hasta una frase que puede pertenecer a la vida cotidiana de una persona tienen el potencial de acaparar Tiktok si el público les encuentra alguna peculiaridad que los convierta en un contenido hipnótico para los usuarios de esta red. Uno de estos elegidos para convertirse en viral fue Luis Enrique Alvarado Sánchez.

Este joven peruano de 26 años saltó a la fama, en los últimos meses, gracias a su particular forma de hablar en los videos que subía a la red social Tiktok y esto llevó a que otros ‘tiktokers’ utilicen sus audios para crear sus propios videos. Su popularidad no tardó en traspasar las fronteras e hasta se pudo ver al reconocido conductor de la televisión argentina Marcelo Tinelli y al famoso reggaetonero Nicky Jam usándolo en sus respectivas cuentas con millones de seguidores. El audio de Alvarado Sánchez incluso llegó a ser nominado por MTV para los  Millennial Awards 2023.

@marcelotinelli♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

@nickyjamDios miooo♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

Sin embargo, el éxito del joven tiktoker se ha visto seriamente ensombrecido en las últimas horas a raíz de una denuncia que expondría los perturbadores gustos de quien hasta ahora se había mostrado como un creador de contenido cuya popularidad estaba amparada exclusivamente en el humor. Sudaca ha conversado en exclusiva con los denunciantes para conocer los detalles de este inquietante caso.

UN DESAGRADABLE SUCESO

En el mundo de los influencers se sabe que la fama puede ser efímera. Esto los suele llevar a sacarle el máximo provecho al momento en que se encuentran en la cúspide de la ola de popularidad. Una de las estrategias que suelen usar para monetizar sus mejores momentos es la venta de suscripciones para contenido exclusivo a través de la opción ‘mejores amigos’ en Instagram o historias en WhatsApp. Luis Alvarado también se sumó a esta tendencia y, a cambio de cinco soles, les ofrecía a sus seguidores la posibilidad de acceder a este contenido ‘premium’.

Ante esta posibilidad, el pasado 2 de julio, Marco Alaba Salas y su hermano Leomar decidieron pagar este monto con la esperanza de comunicarse con el joven tiktoker y, aprovechando la popularidad de sus audios, lograr un acuerdo para una publicidad, aunque esto fue imposible debido a que Alvarado no respondía los mensajes.


Sin embargo, como habían pagado la cuota para acceder al contenido premium, Marco Alaba empezó a tener acceso al contenido que subía el creador de contenido a WhatsApp y fue en ese momento que se llevó una desagradable y perturbadora sorpresa. «Subía desde pornografía hasta mutilación de personas adultas y también de bebes, esto fue lo que más nos indignó», relató a Sudaca Marco Alaba.

«Ahí vimos todos los días cómo empezó a subir esto», cuenta Alaba Salas, quien ha aportado numerosas pruebas en las que se puede observar que Alvarado Sánchez compartía material gráfico de menores descuartizados y manifestaba su fascinación por este tipo de contenido al punto de pedirle a sus seguidores que le envíen ese tipo de videos.


«Disfruto ver cómo lo van despedazando poco a poco y verlo sufrir me excita mucho más», «pasen más mutilaciones de niñatos», «me cago de risa mirando eso» y «manden cuando los hagan sufrir» son algunos de los comentarios que realizaba Luis Alvarado sobre las violentas imágenes que compartía y solicitaba.


HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS

Como era de esperarse, la violencia del contenido compartido por el tiktoker lo llevó a ganarse críticas de sus propios seguidores, quienes esperaban un contenido humorístico como el que lo había hecho popular. No obstante, lejos de sólo ignorarlos, Alvarado exponía sus números de teléfono e incitaba a sus seguidores a enviarles imágenes de carácter sexual cuando se trataba se mujeres. «Él les respondía de manera grosera e incitaba a sus fans a que les manden fotos de su miembro con semen», comenta Marcos Alaba y muestra evidencia del hostigamiento sexual que sufrían aquellas que se atrevían a cuestionarlo.


Fue ante la interminable cantidad de imágenes violentas y hostigamiento que Marco y Leomar Alaba Salas decidieron recurrir a la justicia y denunciaron a Luis Alvarado Sánchez ante el Ministerio Público. «Nosotros hemos presentado la denuncia formal ante el Ministerio Público. Nos gustaría que esto sirva como precedente para que las personas no se queden calladas», comentó Marco Alaba y agregó que, a raíz de esta denuncia, empezó a recibir amenazas. «En instagram comentan que nos cuidemos en las calles porque nos hemos metido con alguien del hampa», indicó a Sudaca.


Se espera que, en corto plazo, el caso pase a manos de las autoridades, más precisamente de la División de Investigación de Alta Tecnología.  (DIVINDAT). Sea porque se trata de un psicópata, como el propio Alvarado Sánchez se describe para explicar su retorcida fascinación, o porque, en el intento de mantenerse vigente en un competitivo mundo virtual, optó por una peligrosa forma de llamar la atención, lo cierto es que el tiktoker ha sobrepasado una línea que bajo ninguna excusa se podía pasar.

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Un nuevo cuestionamiento a la gestión de Jeri Ramón como rectora de San Marcos empieza a tomar fuerza. Los multitudinarios conciertos que se realizan en el estadio universitario se han convertido en un grave problema para los estudiantes. Sudaca ha conversado con los afectados para conocer los detalles de este reclamo de los sanmarquinos.

El pasado mes de abril, el tan esperado concierto por el aniversario del Grupo 5 convocó más de 120 mil personas durante tres noches consecutivas. Este evento que, además, contó con la presencia de artistas internacionales fue, sin lugar a dudas, uno de los más esperados de este 2023 y colmó la expectativas de los miles que asistieron al estadio de la Universidad Nacional de San Marcos. Del mismo modo, en mayo, el Reggaetón Lima Festival causó gran expectativa entre los fanáticos del género urbano que volvieron a llenar el estadio sanmarquino y, como era de esperarse, la celebración de los cincuenta años de trayectoria de Eva Ayllón también coparon las gradas y cancha del estadio de San Marcos semanas atrás.

Estos eventos, y muchos más, podrían ser interpretados como una muestra del gran momento que atraviesa Lima como plaza para conciertos de diversos géneros musicales. Sin embargo, existe un detrás de escena que empieza a generar una gran preocupación con respecto al futuro de los conciertos que se realizan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las dificultades que se empiezan a padecer en dicha casa de estudios.

CLASES INTERRUMPIDAS

Con el regreso de los conciertos tras la época de pandemia, el estadio de San Marcos retomó su ubicación como uno de los recintos favoritos por los organizadores para llevar a cabo presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, estos eventos, que se han realizado en numerosas oportunidades a lo largo de este año, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los estudiantes.

En diversos videos subidos que los propios universitarios han registrado, se puede ver y escuchar cómo las clases son interrumpidas por los diversos ensayos y pruebas de sonido que los artistas realizan días previos a los conciertos que se llevan a cabo en el estadio de la universidad y la única alternativa es seguir con el desarrollo de sus actividades académicas con un ruidoso sonido de fondo.

Sudaca conversó con Marcos Tello, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, quien relata que los inconvenientes por los conciertos datan desde octubre del año pasado. “Fue escandaloso cuando, para el concierto de Eva Ayllón, la rectora posterga las clases presenciales y los pasa a virtual faltando dos días para el concierto”, relata el estudiante y agrega que “no solamente los estudiantes no han podido rendir sus exámenes de manera presencial sino que muchos de nosotros necesitamos hacer uso de la biblioteca”

Tello denuncia que, pese a los ingresos que dejan estos eventos, los estudiantes no ven mejoras en la universidad y que incluso se ha disminuido el presupuesto para el comedor. A estos reclamos se le ha sumado que los deportistas sanmarquinos han visto seriamente perjudicada la posibilidad de realizar sus actividades ante la cantidad de conciertos programados en el estadio de su casa de estudios. “Hace unas semanas teníamos un campeonato  interuniversitario en el cual San Marcos había llegado a las finales y se tenía programado jugar en el estadio. No obstante, por disposición de las autoridades no pudieron jugar porque estaban instalando la estructura para el concierto”, contó el estudiante.

En las imágenes registradas por los estudiantes se puede observar cómo este problema viene afectando a estudiantes que no pueden escuchar las clases con normalidad y a docentes que no pueden dictar los cursos con la tranquilidad necesaria para explicar las materias que tienen a cargo.

Aunque, sin lugar a dudas, lo que más indignación está generando entre los universitarios es la indiferencia de las autoridades de San Marcos. En este aspecto uno de los roles más criticados es el de Jeri Ramón, rectora de San Marcos, quien ahora suma un nuevo cuestionamiento debido a que los estudiantes señalan que sus pedidos para que la educación sea prioridad y, por lo tanto, se le dé una mayor importancia a las actividades académicas y el ambiente de tranquilidad que estas requieren para llevarse a cabo, son ignorados.

Natali Durand, docente sanmarquina, también alza su voz ante estos estos reclamos y señaló a Sudaca que “desde el día miércoles tenemos conciertos y actividades de grupos evangélicos. Desde la mañana están con la prueba de sonido y es tan fuerte que retumban las paredes de la facultad”. También manifiesta que algunos de estos conciertos ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes debido a que algunos de los asistentes están en estado de ebriedad en las inmediaciones de la universidad. “Los docentes no podemos dictar clases. Uno está tratando de explicar y te desconcentra. La universidad no es una empresa que necesita alquilar sus bienes para recaudar dinero”, agregó Durand.

Para la docente universitaria, la indiferencia de las autoridades de esta casa de estudios ante los problemas que tienen los alumnos se debe a un interés económico que no necesariamente beneficiaría a los estudiantes. “La rectora hizo un cambio en el estatuto de la universidad para que lo recaudado con los conciertos ya no sea destinado al área de bienestar estudiantil sino que vayan al rectorado”, cuenta Natali y explica que, al pasar a manos del rectorado, la transparencia de recursos será casi nula.

CONCIERTOS LLENOS Y PLATOS VACÍOS

Marcel Velázquez es otro de los profesores afectados por estos conciertos. “Yo dicto clases los viernes y es muy difícil dictar la clase porque las pruebas de sonido afectan a las facultades, especialmente a las de Letras, Ciencias Sociales y Turismo”, cuenta el docente y agregó que “se está desnaturalizando el sentido de la universidad. Se ha llegado a cerrar la universidad antes que acabe el semestre académico para garantizar un espectáculo musical hace una semana”.

En declaraciones para Sudaca, Velázquez relata que la gran cantidad de conciertos, y las enormes sumas de dinero que dejan por el alquiler del estadio, no han servido para que la universidad tenga mejoras en infraestructura y que las carencias del pasado siguen sin solucionarse. “Las raciones de alimentación para los alumnos son insuficientes. Los alumnos hacen cola hasta de una hora antes que abran las puertas y tienen que ir corriendo para el comedor para tener un ticket para el desayuno o almuerzo. Ahí hay una necesidad concreta. Si estos conciertos sirviesen para al menos aumentar el número de raciones tendrían sentido”, cuenta Velázquez.

Al igual que Durand, Marcel Velázquez observa con preocupación el manejo que se le está dando al dinero que dejan los eventos realizados en el estadio universitario producto de lo que ha denominado como una política de captación de fondos. “El rectorado ha solicitado que esos ingresos no vayan a la cuenta general de la universidad sino que sean manejados por el rectorado. Esto devela cuál puede ser la intención de tener tantos conciertos al año”, declaró el docente a Sudaca.

Para lo que resta del 2023, el estadio de San Marcos recibirá nuevos eventos como la tercera edición del Reggaetón Lima Festival que se realizará a inicios de septiembre y la presentación del cantante canadiense The Weekend programada para la tercera semana de octubre. Sin embargo, lo que no parece figurar en el calendario es la atención al reclamo de los estudiantes que, por ahora, parecen tener que resignarse a interrumpir sus clases mientras la universidad se limita a celebrar los ingresos económicos que les dejan estos conciertos.

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Movistar es, sin lugar a dudas, la empresa de telecomunicaciones que más ha crecido en su rubro desde su llegada a Perú. Sin embargo, esta posición dominante en los mercados de telefonía celular, internet y televisión por cable no siempre ha ido acompañada de las mejores opiniones por parte de sus clientes.

Por el contrario, Movistar empezó a registrar un sinnúmero de problemas que dejaban a sus usuarios insatisfechos y, además, con la sensación de ser ignorados por esta empresa. En febrero de este año, Sudaca advirtió, en el informe titulado «MOVISTAR, ¿UN LABERINTO SIN SALIDA?», sobre las constantes falencias del servicio de Movistar que también iban acompañadas de un sinnúmero de obstáculos con los que debían lidiar sus usuarios para que Movistar los escuche y les ofrezca una solución.

Estos problemas no tardaron en verse reflejados en multas económicas. Por ello, bajo el concepto de «cometer diversas infracciones a las normas legales y obligaciones contractuales, aplicadas a empresas operadoras del sector», el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) registra a Movistar como la empresa que más multas recibió durante los últimos cinco años y esto los ha llevado a acumular sanciones que superan los 157 millones de soles.

No obstante, pese a este historial, Movistar sigue bajo la mirada crítica de sus clientes y durante las últimas semanas un gran número de usuarios ha manifestado su molestia por los inesperados aumentos de tarifas que la empresa de telecomunicaciones ha anunciado.

AUMENTO SIN AVISO

Jesús Carrasco es uno de estos usuarios que han observado con asombro e indignación cómo en los últimos meses su recibo mensual aumentaba sin que exista una explicación que lo justifique. «Inicialmente adquirí un plan de treinta o cincuenta soles que luego llegó a subir hasta cien. Pero, como ya no usaba mucho las llamadas, fui bajando hasta pedir un plan de cuarenta soles el año pasado», relata el cliente.

Sin embargo, el objetivo de Jesús al buscar un plan que se ajuste a sus necesidades y no signifique un gasto innecesario se terminaba viendo perjudicado debido a las sorpresas que Movistar le tenía preparadas a la hora de pagar sus recibos. «Cambiar de plan era una decisión motivada porque cada año me subían cinco soles la tarifa. Por ejemplo, en el 2019 me bajé el plan a setenta y cinco y después, cada seis meses, me subían cinco soles y terminé pagando casi noventa soles», cuenta Carrasco.

Ante estos aumentos, Jesús optó por bajar su plan a cuarenta soles en diciembre del año pasado. Aunque agrega que Movistar hizo que el trámite sea lo más complejo posible. «En la central telefónica te van aburriendo. Cuando por fin una persona me atendió me hizo como veinte preguntas sobre el porqué quería cambiar mi plan», cuenta.

Tras esquivar los intentos de Movistar por persuadirlo para que cambie su plan, Jesús Carrasco logró que acepten su reducción a un plan de cuarenta soles que, según lo señalado por Movistar, se vería reflejado en su recibo dos meses después. Sin embargo, a los pocos meses se llevaría una sorpresa. «Recién en febrero comencé a pagar cuarenta soles y ahora resulta que hace dos meses me subieron a cuarenta y cinco soles y este mes ya eran cuarenta y nueve soles», explica Jesús y agrega que, además de no haber sido avisado con anticipación, estos aumentos no vienen acompañados de mejoras en el servicio.

Jesús relató a Sudaca que estos aumentos también han ocurrido con el plan de Movistar que paga para la casa de su madre. «Ahí sí he recibido un correo avisando que están subiendo diez soles a la cuenta», agrega Carrasco. Sin embargo, aunque en este correo se hace mención a planes alternativos que podría adquirir, en el documento adjunto le señalan que no cuentan con planes tarifarios de menor renta.

Pero el problema de Jesús con Movistar está lejos de ser un caso aislado y así lo han demostrado un sinnúmero de publicaciones de otros usuarios de dicha empresa en redes sociales durante las últimas semanas en las que reclaman que han sufrido aumentos en sus tarifas.

 

Incluso el teléfono de quien realiza este informe periodístico ha recibido, durante el pasado mes de junio, uno de estos mensajes anunciando un aumento de cinco soles en la tarifa que se aplicaría desde ese mismo mes.

No obstante, la práctica de los aumentos unilaterales no sólo se han reportado en Movistar. Sudaca conversó con Francisco Pérez, cliente de Claro desde hace un año, quien ha manifestado que este operador también le anunció que su tarifa aumentará. «Tengo un servicio contratado por S/ 74.90 y por un tema de trabajo necesito la cantidad de gigas que ellos ofrecen. Pero me llegó un correo hace unas semanas diciendo que por la situación económica iban a hacer un incremento de cinco soles en el monto desde el próximo mes», relata este usuario.

Pérez García agrega que Claro le mencionó, junto con el anuncio del aumento de tarifa, la posibilidad de cambiar de operador. Pero para Francisco esto no es una opción debido a que viene de haber contratado otros operadores que han hecho lo mismo. «Difícil cambiar de operador cuando todos están cayendo en lo mismo», señaló y agrega que «puede parecer ridículo, pero cinco soles mensuales en un presupuesto familiar es complicado».

UN PROBLEMA PARA OSIPTEL E INDECOPI

Sudaca conversó con el abogado Martín Cuellar, quien es especialista en defensa del consumidor, para conocer las alternativas que los usuarios tienen ante estos inesperados aumentos de tarifa por parte de las empresas de telecomunicaciones. «Las empresas de telecomunicaciones tienen el derecho de aumentar una tarifa siempre y cuando eso esté estipulado en el contrato y eso vaya amarrado a una obligación que es la de comunicarle previamente que se va a proceder a aumentar la tarifa. Esta comunicación tiene que hacerse con anticipación a la aplicación de la nueva tarifa», señala Cuellar.

El abogado explica que estos aumentos no se pueden realizar sin el consentimiento del cliente y que no pedirlo ni hacerlo con anticipación significaría que estas empresas están «vulnerando al derecho del usuario de tener la información suficiente y oportuna» y agrega que tanto Osiptel como Indecopi tienen la capacidad de intervenir y hasta sancionar las prácticas que sus clientes tanto han criticado.

Mientras se espera por un pronunciamiento de Osiptel o Indecopi, los usuarios alegan sentirse desprotegidos ante aumentos inesperados que se anuncian a pocas semanas de la fecha límite para pagar el recibo mensual y ofrecen pocas alternativas para quienes intentan cuidar su economía.

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Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.

Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.

DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL

En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.

Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.

Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.

Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.

Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.

Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.

Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.

No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.

EL FINANCISTA DE KEIKO

“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.

Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.

Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.

El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.

Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.

 

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El trágico panorama que dejó el paso de la pandemia originada por el Covid-19 destacó, entre muchas otras lecciones, la importancia de un proceso de vacunación eficiente y la necesidad de anticiparse a aquellos factores que amenazan la salud de la población. Sin embargo, no siempre las autoridades valoran las experiencias que dejaron estos episodios y subestiman o actúan con pasividad ante signos de alerta.

Esta situación es la que estaría ocurriendo en el Ministerio de Salud con respecto a las decisiones que se han tomado para afrontar la influenza, una problemática que, si bien no es desconocida, no se estaría combatiendo con las mejores armas disponibles. Esto se debería a que el sector encabezado por la ministra Rosa Gutiérrez Palomino únicamente planea usar las vacunas trivalentes en lugar de las tetravalentes.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Si bien se viene hablando de las campañas de vacunación contra la influenza desde hace un tiempo razonable, la diferencia entre la vacuna trivalente y la tetravalente radica en un punto clave. Aunque ambas están enfocadas en la influenza, la segunda sí incluye la protección ante el linaje tipo B Yamagata. Este punto ha captado la atención de los especialistas debido a que su circulación ha incrementado considerablemente al punto de triplicarse entre 2014 y 2020.

Teniendo en cuenta estos factores, la Organización Mundial de la Salud ha optado por incluir la vacuna tetravalente entre las recomendaciones para afrontar la temporada gripal durante 2023 y, de la misma manera, numerosos países, como Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros más, se encuentran aplicándola para la población que pertenece al grupo de riesgo.

En el caso peruano, no sólo no se utiliza la vacuna tetravalente sino que la cobertura de vacunación de los últimos años ha mostrado cifras alarmantes en la población de sesenta años a más, quienes son de los grupos más vulnerables a la influenza. Mientras que, en 2020, la cobertura de vacunación sólo llegó al 69%, este número cayó al 30% un año después.

No obstante, el sector privado sí cuenta con la posibilidad de aplicar esta vacuna tetravalente que, tal como señala la evidencia, podría evitar un riesgo considerable para la población. Aunque, como se evidenció durante la pandemia, el porcentaje de la población que depende de la salud pública es mayor y, por lo tanto, que sea este sector el que mire con indiferencia este panorama ha encendido las alarmas.

UN PEDIDO A LA MINISTRA

Ante el riesgo latente de afrontar una nueva emergencia sanitaria, que indudablemente sería grave al ocurrir en un contexto en que las autoridades no logran elaborar una estrategia eficiente contra el dengue, las organizaciones civiles han alzado su voz. Este es el caso de Voces Ciudadanas, quienes han enviado una carta a la titular del sector solicitando el uso de esta vacuna que ofrece mayor protección.

En la carta firmada por María del Pilar Collantes Torres, presidenta de esta iniciativa regional, se advierte sobre la importancia de realizar un cambio en el enfoque que actualmente tiene el Ministerio de Salud. Además, se resalta que se ha experimentado un incremento mundial de casos de influenza tipo B y se señala que, a raíz de esta circulación, aparecerán nuevas cepas en los próximos doce a catorce meses.

Sin embargo, aunque la Norma Técnica de Inmunizaciones que fue publicada en el año 2022 permitiría la adquisición de las vacunas tetravalentes, el Ministerio de Salud ha intentado justificar su negativa a adquirir dichas vacunas alegando que “en el último año y medio año y medio no había circulación del linaje Yamagata a nivel mundial” pese a que los expertos advierten que se ha producido un silencio inmunológico producto de los años de pandemia y se ha advertido que el rol preventivo de la vacuna debe ser valorado y que por esa razón es que los países que venían aplicando la vacuna tetravalente no han dejado de usarla.

A estas opiniones se sumaron las conclusiones que dejó el Simposio Internacional sobre Influenza realizado en el mes de mayo por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este evento que incluyó a especialistas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y expertos peruanos en inmunizaciones se advirtió que emplear sólo la vacuna trivalente deja en riesgo de desarrollar una enfermedad severa e incluso la muerte a mayores de 65 años, personas con obesidad, con enfermedades oncológicas y hasta a niños menores de cinco años.

El desconcierto experimentado durante los años más crueles de la pandemia y la situación que actualmente padece el país a causa del dengue han expuesto la precariedad del sistema de salud y un nuevo descuido ante la influenza podría llevar a un nuevo colapso que dejaría un número de víctimas que con una apropiada campaña de vacunación se podría evitar.

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LA DEFENSA DE MAGALY

Dos días después de conocer la fecha para la lectura de sentencia, la defensa de Medina interpuso de la resolución en la que se fijaba la fecha alegando que se habían cometido graves irregularidades y con ello se había vulnerado el derecho a la defensa de la conductora de televisión.

En el documento presentado por la defensa de Magaly Medina y Patrick Llamo, su productor, se alega que los querellados no tuvieron loa oportunidad de presentar su defensa ante las acusaciones que se les estaban realizando.

No obstante, la estrategia de la defensa de Magaly Medina no tuvo éxito. El 18 de mayo, el 38 Juzgado Penal Liquidador emitió la resolución 32 en la que se declaró infundado el pedido de nulidad presentado por la defensa de la comunicadora. En dicho documento se señala que la defensa de Medina Vela y su productor fue notificada el 4 de abril, dato comprobado por el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial, y se explica que tuvieron más de un mes para presentar sus alegatos o solicitar un informe oral. Con ello, se derrumbaba el argumento que pretendía instalar que se había vulnerado el derecho a la defensa.

En ese momento, la lectura de sentencia programada para el martes 30 de mayo parecía imposible de postergarse. Sin embargo, cinco días antes de la fecha en cuestión, ocurrió la cuestionada decisión de María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que cambiaba a las dos juezas que estaban a cargo de los casos que involucraban al exfutbolista y a la conductora de televisión.

Sin embargo, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. En 2018, cuando Vidal La Rosa había asumido el cargo de Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, se difundió una foto en la que aparece junto a César Hinostroza, el exjuez supremo que hoy se encuentra prófugo, en la celebración de su cumpleaños durante el año 2017.

El martes 30 de mayo, el día que se esperaba conocer la sentencia contra Magaly Medina, la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un comunicado en el cual mencionan los cambios de magistrados y señalan que estos se han producido en medio de una búsqueda de eficiencia y que no existen intereses particulares detrás de estas decisiones, aunque las sospechas parecen instaladas dado que los cambios se produjeron únicamente en los juzgados que abordaban los casos que involucran a Magaly Medina y Jefferson Farfán.

Las nuevas juezas designadas para el decimosexto y trigésimo octavo Juzgado Penal Liquidador ahora tendrán la tarea de revisar casos que ya se encontraban en marcha y, el correspondiente a difamación, estaba a puertas de la lectura de sentencia. Aunque el daño a la imagen de la justicia peruana, que no atraviesa su mejor momento, parece irreversible ante decisiones como las que se tomó en este caso mediático.

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CAMBIO INESPERADO

Pero, cuando estos casos parecían llegar a su final, una polémica decisión ha despertado suspicacias en la defensa sobre el posible desenlace que podría tener. El 25 pasado 25 de mayo, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso cambiar a las juezas que tenían a su cargo ambos casos.

El documento al que tuvo acceso Sudaca alega que esta decisión, que hace mención exclusiva del 16 Juzgado Penal Liquidador y 38 Juzgado Penal Liquidador, está motivada por la elevada carga de expedientes pendientes.

De esta forma, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima dio por concluida la designación de Tello Meneses y Mitacc Parra, las juezas a cargo de los casos que involucran a Jefferson Farfán y Magaly Medina. En sus lugares, Marcela Bellido Luna y Fenirupd Chagua Payano estarán a cargo de 38 Juzgado Penal Liquidador y 16 Juzgado Penal Liquidador respectivamente.

Según fuentes consultadas por Sudaca, la defensa de Jefferson Farfán estaría por comunicarse con la Junta Nacional de Justicia para que estos cambios que llegan a días de una sentencia sean revisados. Por ahora, las demandas que vienen desde 2019 parecen entrar en una nueva etapa de dudas y polémicas.

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 “EL TEJIDO TURÍSTICO PERUANO NO VA A DURAR MÁS DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO”

En su intervención, Pablo García, segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, calificó como catastrófica la situación del sector turismo. «Estamos hablando de un 55% de llegadas por debajo de 2019, un 57% de turistas menos que el periodo 2019, las visitas a Machu Picchu siguen en un 58% con respecto al 2019 y la ocupación de los hoteles sigue muy baja», explicó y agregó «el sector turismo está prácticamente quebrado».

Sobre esta problemática que afronta el sector, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, comentó «me ha tocado ir a los bancos y me han dicho que califico, pero me dan 14,3% de interés. Tenía que pagar, prácticamente, todo lo que ya había pagado en ese año más el 10%. No había avanzado nada en mi esfuerzo por pagar Reactiva. El banco nos dijo que esas son las condiciones».

@sudacaperu Enrique Quiñones presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo #sudaca #peru ♬ sonido original – Sudaca

Además, Quiñones agregó  «nosotros queremos pagar el crédito que tenemos, pero a una tasa que sea justa. Hay asociados a quienes les han dado 25% de tasa. Hablamos de créditos de tres millones de soles. Imagine que ha hecho el esfuerzo de pagar el 30% del crédito, pero con esa tasa del 25% no solamente retrocede sino que se queda más endeudado» y advirtió que «si es que las condiciones siguen así, el tejido turístico peruano no va a durar más de diciembre de este año».

El representante de Adex, José Carlos Schroth,  también se mostró crítico con la posibilidad que tienen los bancos de negarse a reprogramar deudas o hacerlo con una tasa comercial y manifestó que «mientras a los bancos no se les obligue, esto no va a funcionar. Lo que están esperando los bancos es que se cumpla la fecha el 30 de junio de 2023 para obligarlos a tomar los recursos de los bancos y negociar las garantías hipotecarias».

Por otro lado, Ricardo Márquez, vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú – Utah, demandó un rol más activo por parte del gobierno  «no hay créditos disponibles para los microempresarios. No están pidiendo que los exoneren porque no quieren pagar, están diciendo que les den un crédito pero a la tasa que se necesita. Estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo».

@sudacaperu Ricardo Márquez – vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú-Utah #sudaca #peru #camaradecomercio #utah ♬ sonido original – Sudaca

Aunque durante el evento la mayoría coincidió en la necesidad del programa Reactiva en el contexto de una pandemia, las advertencias sobre las posibles consecuencias de la indiferencias del Ministerio de Economía ante temas como la reprogramación de deudas y la libertad de los bancos para negarlas ha terminado por convertirse en el tema más preocupante de la jornada ante la posibilidad de terminar en un panorama sombrío para los empresarios que se verían perjudicados y que en su mayoría son pymes.

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