Las incongruencias y contradicciones en las investigaciones de uno de los casos de corrupción más importantes del último tiempo.

En el informe titulado EL INFILTRADO INESPERADO, Sudaca relató los extraños movimientos en el desarrollo de la investigación del caso que involucraba al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y varios funcionarios que su confianza. En este informe se relataba que uno de los detenidos contó que el alcalde contaba con la complicidad de un policía que le avisaba sobre los operativos que se iban a realizar en la municipalidad.

Extrañamente, luego de revelar la identidad de este policía, el funcionario cambió sus declaraciones en dos oportunidades con la intención de negar que conocía la identidad del policía señalado inicialmente y que, además, había estado involucrado con otras situaciones irregulares en el pasado.

Sin embargo, estos no fueron los únicos cambios sospechosos en esta historia. Sudaca accedió a nuevos documentos que exponen incongruencias en una investigación que ha dejado más dudas que certezas. 

IDENTIDAD CONFIRMADA

Aunque Nilton Monje fue el funcionario que mencionó por primera vez el nombre de Romel Díaz como el policía encargado de beneficiar al alcalde Cornejo Chinguel con información, este no fue el único que identificó a este policía como el informante que el alcalde presumía ante otros funcionarios de confianza como el aliado que les advertía sobre los operativos en desarrollo.

Susana Culqui Pacaya, quien ocupaba el cargo de subgerente de coordinación de alcaldía, también tuvo una declaración en la que expuso a Romel Díaz como el policía que actuaba en complicidad con el alcalde Cornejo. En las declaraciones que brindó el 28 de enero del 2019, Culqui relató que el alcalde le comentó que el comandante Díaz la conocía y había estudiado con ella.

Cristian Rebosio

 

Acorde a un documento emitido por la propia Universidad Señor de Sipán se pudo comprobar que Culqui Pacaya y el policía Díaz Paz coincidieron en su etapa universitaria como estudiantes de la carrera de Derecho en dicha casa de estudios con lo que se podría corroborar las afirmaciones del propio alcalde.

Cristian Rebosio

Pese a que estas declaraciones parecen contundentes con respecto a la identidad del infiltrado que ayudaba a Cornejo Chinguel, el 27 de febrero del 2019, la fiscal Ninaquispe Gil declaró que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esta decisión no sería vista como razonable para José Hernán Neciosup Chancafé, procurador público anticorrupción descentralizado de Lambayeque, quien consideró que no existía justificación para que Nilton Monje y Susana Culqui mientan en sus declaraciones sobre el policía Díaz y calificó a la investigación como incompleta.

Cristian Rebosio

Por ello, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación con competencia en delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso, en agosto del 2019, darle la razón al reclamo del procurador y revocó la disposición fiscal de Karim Ninaquispe en la cual declaraba que no procedía continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

No obstante, por más contradictorio que parezca, la persona a cargo de abrir nuevamente la investigación preliminar fue la fiscal Ninaquispe, la misma persona que previamente había realizado la investigación que fue calificada como incompleta y que, en octubre del 2020, volvió a declarar que no procedía formalizar ni continuar con la investigación contra Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

 

OTRA VEZ CARRASCO MILLONES

Pero esta historia también tendría un capítulo reservado para el fiscal Juan Carrasco Millones. Como se detalló en el informe anterior, cuando Carrasco tuvo a su cargo la investigación con respecto al accionar del policía Romel Díaz Paz, el ahora exministro tuvo un accionar cuanto menos sospechoso.

Una nueva prueba de ello es la siguiente imagen en la cual se puede observar que Carrasco Millones solicitó que se genere la carpeta fiscal vinculada con la investigación a Romel Díaz Paz. En este oficio dirigido a mesa de partes se puede ver que la fecha que puso Carrasco indica 28 de enero, pero también hace referencia a una disposición recién se iba a conocer el 4 de febrero.

Cristian Rebosio

Estas extrañas inexactitudes con respecto a las fechas despiertan suspicacias al tener en cuenta que Carrasco Millones y Díaz Paz han estado involucrados previamente en casos cuestionados como el de “Los Limpios de la Corrupción” por el manejo de las colaboraciones eficaces y los informes de inteligencia para las prisiones preventivas.

Aunque las capturas de autoridades con tanto poder, como es el caso de un alcalde, invitaban a creer en que se trataba de un golpe contundente contra la corrupción, estas irregularidades en las investigaciones terminan por generar un sentimiento de mayor desconfianza de la población hacia los que deberían velar por una justicia implacable.

Se filtra un nuevo audio que compromete a la Municipalidad de La Molina en lo que parecería ser un caso de cobro de “donaciones” a cambio de una licencia de funcionamiento.

Nuevamente la municipalidad bajo el mando de Diego Uceda se vuelve a ver involucrada en un escándalo. Luego de los numerosos escándalos de maltratos y usurpación de cargo por parte de la esposa del burgomaestre, una nueva grabación pone al descubierto los extraños manejos que se vienen produciendo en este distrito.

En esta oportunidad, Sudaca accedió en exclusiva a un audio que expone las extrañas negociaciones que existían detrás del trámite para obtener la licencia de funcionamiento para comercios y las donaciones que se exigían en medio de estos trámites.

“POR ESO ESTAMOS PIDIENDO TU DONACIÓN”

En este audio que obtuvo Sudaca de manera exclusiva, se puede escuchar a Milagros del Rocío Boggiano Ybarburu, quien ha estado al frente de varias gerencias y subgerencias de la Municipalidad de La Molina desde la llegada del alcalde de Renovación Popular al cargo en enero del 2023.

Durante el año y tres meses que Boggiano ha prestado servicios a la municipalidad de este distrito ha ocupado los cargos de subgerente de promoción empresarial y autorizaciones, gerente de desarrollo económico e inversión privad y subgerente de fiscalización administrativa.

En el momento que se registró este audio, Boggiano habría estado ocupando el cargo de subgerente de desarrollo económico e inversión privada. En esta grabación se le puede escuchar durante una reunión con un comerciante que buscaba una licencia de funcionamiento y al que le decía “por eso te estamos pidiendo tu donación”.

En este mismo audio, Boggiano le indica este comerciante en qué se utilizarían las donaciones que le está exigiendo y le explica “porque se necesita, por ejemplo, para cumplir con show infantil. Para cubrir el tema del almuerzo para el equipo que estamos en cuenta. Bueno, yo no, pero los que van a estar en la organización”.

En la parte final de la reunión, Milagros Boggiano y el comerciante conversan sobre un expediente que tendrían observaciones pendientes por lo que la propia Boggiano le indica que “está bien complicada” y como sugerencia para que se pueda solucionar le dice “arréglalo”.

¿CASTIGO O ENCUBRIMIENTO?

Sudaca se comunicó con una fuente confiable de la Municipalidad de La Molina que ha señalado que, tal como figura en una resolución de gerencia municipal del 15 de marzo de este año, Milagros Boggiano presentó su renuncia.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esto se debería a que las autoridades de La Molina se enteraron de la existencia del audio que podría exponer estas negociaciones a la opinión pública. Por ello, tal como se observa en la imagen, Boggiano no fue despedida sino que presentó su renuncia voluntaria a la subgerencia de promoción empresarial y autorizaciones.

Además, esta fuente ha señalado que, pese a la gravedad del caso y que en la Municipalidad de La Molina estaban al tanto de este cobro de coimas disfrazadas de donaciones, no se realizó ningún tipo de investigación ni denuncia al respecto y que el órgano de control interno ha permanecido indiferente a esta situación. 

Si bien el alcalde Uceda ha señalado que los anteriores casos en los que se difundieron audios que comprometían a su gestión eran un intento de desestabilizarlo y hasta negó que los audios fuesen verdaderos, el Ministerio Público sí tomó en serio estas denuncias periodísticas y dispuso el inicio de una investigación preliminar por el delito de usurpación de funciones.

Cristian Rebosio

Aunque son varias las municipalidades con alcaldes que integran las filas de Renovación Popular y que se han visto involucradas en situaciones irregulares, la Municipalidad de La Molina con Diego Uceda como su máxima autoridad ha logrado, en menos de un año y medio en el cargo, consolidarse como la gestión más cuestionada.

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Diego Uceda, La Molina, Renovación popular

La impactante historia sobre uno de los policías que pasó de ser uno de los protagonistas en operativos contra la corrupción a ser señalado como el que alertaba a los investigados.

La madrugada del jueves 29 de noviembre del 2018, la gente de Chiclayo volvía a presenciar que, al igual que había pasado años atrás con Roberto Torres, un alcalde en funciones era detenido por presuntamente liderar una organización criminal. Ese día, el burgomaestre David Cornejo Chinguel terminaría arrestado y, días después, ocurriría lo mismo con otros funcionarios de su confianza. 

Si bien la caída del líder suele representar el golpe definitivo para  las organizaciones criminales, en este caso parecía que apenas estaban abriendo la puerta de un escándalo todavía mayor que no sólo había involucrado a funcionarios municipales sino que también incluía a un informante disfrazado con uniforme policial. Sudaca accedió a documentos de este insólito caso que, además, ha evidenciado una serie de irregularidades en las investigaciones posteriores.

EL INFORMANTE

Cuando se realizó el operativo en el cual se capturó al alcalde Cornejo Chinguel también fueron arrestados doce funcionarios y, como corresponde, se les tomó declaraciones para conocer su participación en la organización criminal. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo Chinguel a la alcaldía.

Por su cercanía con el alcalde arrestado se esperaba que Monje Sampen pueda aportar una declaración valiosa. Sin embargo, lo que terminó relatando fue una situación que pocos podían imaginar. En su primera declaración del 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

Cristian Rebosio

Tal como se puede apreciar en estos documentos, Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y, en otra parte de la declaración, señala que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y hasta se jactaban de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

Cristian Rebosio

Como era de esperarse, esta impactante revelación no tardó en llegar a los medios de comunicación y fue el diario Correo el que expuso a la opinión pública que el detenido alcalde de Chiclayo contaba con un policía como infiltrado para estar al tanto de cualquier operativo que lo pudiese perjudicar. Además, en dicha publicación se mencionaba que esta protección que recibía el alcalde era a cambio de diez mil soles mensuales.

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Pero lejos de tomar el camino de la transparencia, este caso empezó a tomar uno que generó un sinnúmero de sospechas y el 28 de enero se produjo uno de movimientos más llamativos de esta historia cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje alegó que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Pero esta no sería su única ampliación de declaración. En diciembre del 2019, Monje Sampen volvió a declarar y en esta oportunidad señaló que esta persona, a quien decía conocer sólo por el apellido Díaz, era un técnico de la policía que pertenecía a la religión evangélica. El exfuncionario municipal indicó que esta información la conoció por el propio alcalde Cornejo.

Cristian Rebosio

 

EL EXPEDIENTE DÍAZ

Pero esta no es la primera vez que el policía Romel Díaz es noticia. En el pasado, tal como informó Sudaca en el informe titulado Informes fantasmas y castigos reales, Díaz estuvo involucrado con la elaboración de un informe que presentaba muchas irregularidades y fue usado para conseguir la detención preventiva de varios funcionarios que fueron involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción”  pese a que el tiempo demostraría que esta medida era innecesaria y que no existían pruebas en su contra.

Es por esta razón que también resulta sospechoso el accionar del fiscal Juan Carrasco Millones, quien trabajó con Díaz en el caso “Los Limpios de la Corrupción”. Cuando este caso del posible infiltrado que proporcionaba datos de los operativos al alcalde cae en manos de la Fiscalía Especializada en delito de Corrupción de Funcionarios, la fiscal provincial Karim Ninaquispe le solicitó a su colega Carrasco Millones la información al respecto.

Cristian Rebosio

Es a partir de este punto se empiezan a evidenciar algunas decisiones extrañas en el accionar de Carrasco Millones. Por ejemplo, en el documento correspondiente a la apertura de investigación preliminar, se observa que la fecha indica 28 de enero y, al mismo tiempo, se programa una ampliación de declaratoria para el mismo 28 de enero pese a que deberían avisarse con 72 horas de anticipación.

Cristian Rebosio

Además, como parte de otro movimiento extraño por parte de Carrasco Millones previamente, decide citar a declarar a los policías que sólo habían sido testigos de la declaración que brindó Nilton Monjes en la cual inculpaba a Romel Díaz.

Cristian Rebosio

Si bien la captura del alcalde Cornejo Chinguel parecía representar el fin de una organización criminal, lo expuesto por Nilton Monjes revela un problema incluso mayor, como lo es la filtración de información de operativos. Sin embargo, pareciera que por tratarse de un infiltrado inesperado la investigación de este caso ha terminado plagada de cambios inexplicables.

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¿Qué características podemos encontrar en la zona sur de la costa peruana? 

La distribución del fondo del mar es totalmente distinta. Mientras que en el centro y norte hay un fondo no muy profundo en donde ocurren los afloramientos varias millas fuera de la costa, en el sur el fondo cae muy rápido y los afloramientos no son tan lejanos de la costa. 

¿Se deberían aplicar restricciones distintas para la pesca dependiendo del lugar en que se realiza?

No hay razón para que hayan determinado cinco millas en el sur, centro y norte cuando en el sur la anchoveta difícilmente se va muy lejos y se pega a la costa. Por eso en el norte de Chile se pesca desde la milla uno. Como nosotros en Perú no dejamos pescar dentro de las cinco millas, esa anchoveta nadie la extrae. 

¿Por qué se ha cometido ese error de aplicar el mismo criterio para toda la costa peruana?

No hay ningún estudio ni nada que lo sustente.  En 1992 se determinaron las cinco millas, pero no encuentras ningún sustento para eso. Hay zonas, por ejemplo, en Chimbote, en donde podría pescarse fuera de las cinco millas porque el mar cae muy poco y entonces, como es poco profundo, hay peces pequeños y es zona de crianza más que otra cosa. 

¿En base a qué criterios se establece la talla mínima de captura para la anchoveta que actualmente es de doce centímetros?

Hemos comenzado a ver información desde antes que empiece la pesca de anchoveta y siempre hubo la presencia de lo que llaman juveniles. Entonces, se sacó la talla media de desove. Si tenías especímenes de diecisiete centímetros, como había en ese entonces, se daba ese promedio de doce centímetros. Pero no son juveniles necesariamente, ya que desde los 10.5 centímetros ya son adultos. Además, la distribución de la anchoveta depende de las condiciones oceanográficas y cada que hay calentura la anchoveta se va hacia el sur. Ha habido años que han encontrado anchovetas muy grandes en el sur tras casos de fenómeno del Niño, como ha ocurrido ahora. Hemos tenido un año de anomalías cálidas y, entonces, encontramos en casi todo el litoral anchovetas de 11.5 centímetros. 

¿Qué ejemplos de otros países se podrían seguir?

El de Chile. El norte de Chile no hay talla mínima. Estuve en febrero que empezaba la temporada de pesca y toda la anchoveta que están sacando es de 11 centímetros y no pasa nada. Nadie está diciendo que están depredando. 

¿Se puede realizar la pesca bajo esas condiciones sin que exista riesgo de depredar el recurso?

Depredar es sacar todo de tal manera que no quede casi nada. Mientras haya abundancia no es depredar. Incluso hay muchos países que están tendiendo a sacar todas las tallas porque en toda población la talla más pequeña es la que más se encuentra. Si sacas las más grandes, sacas a los mejores reproductores. Si sólo se enfocan en los más grandes, no es tan bueno siempre y cuando la abundancia de la anchoveta lo permita. 

¿Cuál sería un buen indicador para saber si hay sobreexplotación?

Cuando en condiciones normales, sin calentamiento ni enfriamiento, desaparecen los más grandes y hay más chiquitos. Pero cuando hay un calentamiento de todas maneras las grandes de dispersan y profundizan y es difícil de pescar. En todas partes del mundo sucede eso y puedes sacar un porcentaje de tallas menores sin hacer daño al recurso. En Japón y Corea del Sur pueden sacar de ochenta mil a cien mil toneladas de anchoveta de dos y cuatro centímetros que usan para alimento directo. Lo permiten porque saben que no todas van a llegar a adultas y en lugar de que se mueran o depreden otras especies sacan esa cuota. Lo que se hace en Perú no es objetivo sino subjetivo.

Actualmente la pesca atraviesa un periodo complicado, ¿se podría evitar esta crisis?

Podría evitarse la crisis haciendo como en el año 1998 abriendo ventanas de penetración y dejando entrar a la milla uno a unas cuantas embarcaciones bajo sustento científico. En los últimos años hubo gente que se opone a todo, hay mucha politiquería y demasiado opinólogo. Nuestra entidad líder, que es IMARPE, debería hacer más públicos sus resultados.

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Sale a la luz un nuevo capítulo polémico del historial del exministro Juan Carrasco. Sudaca conversó con la protagonista de una escandalosa acusación de plagio contra Carrasco Millones.

Aunque su momento de mayor popularidad a nivel nacional fue por lo que parecía ser una labor heroica contra la corrupción, el historial de Juan Carrasco Millones parece estar plagado de más cuestionamientos que méritos por su labor en los diferentes cargos que ocupó antes de convertirse en ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.

Tal como lo ha relatado Sudaca en informes anteriores, los casos en los que ha estado involucrado Carrasco Millones han recibido serias críticas que van desde el uso de colaboradores eficaces manipulados hasta el uso de informes de inteligencia que luego desaparecieron sin dejar rastro.

Sin embargo, en esta oportunidad, la historia que pudo conocer Sudaca lo involucra con una grave denuncia por un aparente plagio para el cual, además, habría contado con la protección de fiscales, Poder Judicial y hasta la policía, según relató un personaje clave en esta historia que habló con este medio.

UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA

Esta historia empezó hace más de una década cuando a Segundo Montenegro Villegas y Andrés Samamé Chuque se les inició un proceso penal porque, supuestamente, eran responsables por el delito de insolvencia fraudulenta bajo la modalidad de simulación de deuda y había tenido como agraviado a Inversiones Agroindustriales UPS SAC, empresa que realiza aportes de capital y había comprado acreencias de la Corporación Agrícola Úcupe.

En septiembre del 2015, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, con el juez José Merino Iberos a la cabeza, emitió una sentencia absolutoria en favor de Montenegro y Samamé. En base al informe técnico que proporcionó Indecopi, los acusados se libraron de la acusación fiscal debido a que la acreencia cuestionada no cumplía con lo exigido por el Artículo 209 del Código Penal para que se configure como un delito.

Sin embargo, esta historia todavía no estaba cerca de su final. Juan Carrasco Millones, quien se desempeñaba como fiscal, y Percy Panta Burga, el abogado de Inversiones Agroindustriales USP SAC que era la empresa supuestamente afectada, interpusieron el recurso de apelación en la audiencia de lectura de sentencia.

Por ello, el 14 de septiembre a las 2:38 pm, Percy Panta Burga, en nombre de Inversiones Agroindustriales USP SAC, presentó el recurso de apelación contra el fallo absolutorio que el juez José Merino había dado días atrás.

Cristian Rebosio

 

Si bien se trata de un recurso válido, llamó la atención que, poco más de una hora después, el fiscal Juan Carrasco Millones presentara un recurso de apelación con detalles muy particulares que han sido el objeto de una investigación.

Cristian Rebosio

“Tanto el fiscal como el abogado no sólo hayan coincidido en sus posiciones de discrepar con la decisión del juez sino que, además, han redactado los fundamentos del recurso de un modo muy inusual que, a simple vista, hace sospechar que se trata  de algo más que de una coincidencia”, comentó a Rosa Chambergo Montejo, directora del semanario Expresión.

El medio que encabeza Chambergo se encargó en ese momento de investigar las extrañas coincidencias entre los documentos presentados por Carrasco y Panta. “Los cinco fundamentos que aparecían en el recurso del fiscal eran la copia textual, hasta con los mismos errores, del recurso presentado por el abogado Percy Panta Burga”, declaró Chambergo a Sudaca.

Esta investigación demostró que, en los dos primeros fundamentos del recurso de apelación, el fiscal Carrasco Millones y el abogado Panta Burga iniciaban y finalizaban los párrafos con las mismas palabras. Aunque lo que hacía que esta situación sea todavía más sospechosa era que incluso cometían los mismos errores. 

Pese a que el proceso en cuestión se había iniciado en aplicación del inciso 2 del Artículo 209 del Código Penal, tanto Carrasco como Panta habían cometido el error de invocar el inciso 1 en uno de los fundamentos presentados. “Era una copia. Las palabras empleadas son las mismas”, comentó la directora del semanario regional Expresión.

CONSECUENCIAS

Un caso con tantos indicios de plagio supondría, para el criterio dela mayoría, el inicio de investigación y posterior sanción a los involucrados. No obstante, el único que debió afrontar consecuencias en esta historia fue el medio regional que expuso las extrañas coincidencias en los documentos presentados por el fiscal y el abogado.

“Nos envió una carta notarial. Nos amenazó y nosotros le dijimos que no nos rectificábamos”, relata la directora de Expresión sobre la actitud del entonces fiscal Carrasco Millones tras la publicación que hizo su medio. “Era cierto lo que nosotros estábamos publicando. No era ninguna difamación. Si nosotros no hubiésemos tenido la razón, él podría haber denunciado”, agregó Chambergo.

“Desde nuestro punto de vista, esto significa un plagio. No puede haber un escrito igual cien por ciento a otro, menos si lo presenta un funcionario del Estado”, indicó el abogado Carlos Martínez Oblitas, quien era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, en declaraciones al medio RPP cuando se difundió este caso.

No obstante, pese a las pruebas, este caso no derivó en ningún tipo de sanción para los involucrados. Para Rosa Chambergo del semanario Expresión, el final de esa historia no es resultado de una investigación seria y señala que “Él (Carrasco) tuvo toda la protección del Poder Judicial, policía y compañeros fiscales”. 

Aunque el aparente plagio que se relata en esta historia despierta indignación y lleva a que se pierda la confianza en los encargados de velar por la justicia, lo más grave resulta que los involucrados, además, cuenten con protección de sus propios colegas pese a lo cuestionable de su accionar.

Como lo ha venido informando Sudaca en otros informes, el presente de la industria pesquera en el sur peruano no sólo atraviesa un momento crítico, sino que corre el riesgo de estar cerca de alcanzar un punto sin retorno para la historia de varias empresas que se dedican a este rubro y estarían próximas a cerrar. 

Con ello también se estaría esperando un fuerte impacto en la estabilidad laboral y económica de las numerosas familias que dependen del sector pesquero y hoy empiezan a ver con desesperanza que la historia de esta crisis cambie de rumbo hacia un futuro prometedor. La ausencia de interés y, por lo tanto, de una respuesta rápida de las autoridades les resta optimismo con el paso del tiempo. 

Esta situación se ha dado debido a que la industria pesquera ha ocupado, históricamente, un rol fundamental en la economía de la región sur. Además del trabajo en las embarcaciones pesqueras, la industria también ha tenido un rol clave en la generación de empleos de distintos rubros en esta región. Sudaca ha conversado con Eduardo Marengo, superintendente de planta de la empresa TASA para conocer mejor el difícil presente que están atravesando en esta zona del país.

EL SUR EN RETROCESO

Para Eduardo Marengo, ingeniero pesquero con más de treinta años de experiencia en el sector, lo que está ocurriendo en el sur es un innegable retroceso. “Sobre una evolución puedo comentarte de la zona centro y norte, pero en la zona sur hubo un retroceso. He encontrado al sur empobrecido”, comentó.

Según explica Marengo, la situación actual de la zona sur es resultado de un cumulo de sucesos sociales, climatológicos y técnicos, que aplicados al sector, han golpeado una de las principales actividades económicas de la región y agrega que, “la cadena económica está bastante fracturada y la gente sufre”.

Estas expresiones también se ven reflejadas en los alarmantes números que se reportan desde el sur en los últimos años. Las cifras que arrojó un estudio reciente elaborado por Macroconsult indican que, entre 2016 y 2023, se dejó de dar empleo a más de 450 personas y se dejaron de pagar veintidós millones de soles en salarios.

Con respecto al impacto en la economía de la región, Marengo explica que “hay muchas empresas que han quebrado y negocios pequeños que eran aportantes al erario nacional” y, sobre los puestos de trabajo perdidos, afirmó que “entre puestos directos e indirectos, son de  cuarenta a cincuenta mil puestos de trabajos”.

Sin embargo, la actualidad de la industria pesquera en el sur podría ser radicalmente diferente, pero entre las voces para mantener las restricciones actuales están las de aquellos que acusan una posible sobrexplotación. Sobre este tema, Marengo aclara que “la pesquería peruana de anchoveta está fuertemente regulada y custodiada. Es tan eficiente su control que ha sido reconocida por universidades como Yale, Columbia y la misma FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)”.

Además, el ingeniero pesquero de la empresa TASA no considera que existen medias tintas al describir la problemática del sector pesquero en el sur y no duda al decir que este “está en cuidados intensivos” y, sobre el posible cierre de plantas que tienen a la anchoveta como insumo principal, Marengo indica que, “debería haber especial atención sobre las empresas que quedan en la zona y continúan generando empleo local” 

IMPACTO SOCIAL

Contrario a lo que sus críticos podrían imaginar, la industria pesquera en el sur también se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo social de la región y, pese a las decisiones de las autoridades que impactan en la pesca, todavía se siguen llevando a cabo proyectos conjuntos con los pescadores de la zona.  “Continuamos apoyando a las asociaciones de pescadores artesanales”, afirma Marengo sobre el trabajo que viene realizando la empresa TASA en el sur.

A esto se le suman las colaboraciones que ha tenido el sector de la pesca industrial con aquellos que se dedican a la pesca artesanal. “Nosotros lo que hacemos es apoyar proyectos e iniciativas de desarrollo en comunidades para darle mayor valor agregado a los productos que ellos ofrecen”, declaró Eduardo Marengo en la entrevista con Sudaca.

“La industria designaba un porcentaje económico de la captura que iba ayudar a la pesca artesanal de la zona sur con motores, redes o capacitación”, detalla Eduardo sobre las formas en que empresas dedicadas al sector pesquero contribuían para que la pesca artesanal, una actividad que forma parte de la identidad cultural de muchas comunidades, pueda desarrollarse de forma eficiente y sostenible en el sur.

Lamentablemente, la falta de interés y celeridad para atender los problemas que aquejan a la industria pesquera está llevando a que todos los sectores que participan y se ven beneficiados por el desarrollo de esta actividad queden encadenados rumbo a lo que parece un inevitable desastre que ya está perjudicando a toda la región.

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La historia de los documentos que llevaron a la detención de más de veinte personas por el recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” y que no figuran en los registros de la policía.

Como lo ha relatado Sudaca en informes previos, el caso “Los Limpios de la Corrupción” que supo captar la atención de todo un país hace casi una década no estuvo exento de serios cuestionamientos que, con el paso de los años, han despertado un sinnúmero de interrogantes y han llevado a que el trabajo del exministro Juan Carrasco Millones esté bajo la lupa.

Uno de los puntos claves en el desarrollo de este caso fue la fecha en que se ordenaron las detenciones del entonces alcalde Roberto Torres y los más de veinte funcionarios a pocos días de las elecciones municipales del 2014 en las que Torres iba por la reelección y podría no ser una simple coincidencia.

Sudaca ha conversado con uno de los más de veinte detenidos en aquella fecha y se ha podido revisar una serie de documentos que invitan a dudar sobre la verdadera motivación detrás de un caso que hoy parece estar lejos de representar el espíritu de la lucha contra la corrupción.

EL INFORME DESCONOCIDO

 Juan Miguel Valdivia Goycochea fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. En aquella época, Valdivia se desempeñaba como gerente de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Esta situación llevó a que Valdivia Goycochea pase cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. Sin embargo, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca.

Como probablemente haría cualquiera persona que ve pasar tantos meses de su vida detenido sin una sentencia, Valdivia empezó a investigar sobre el caso que lo llevó a atravesar este episodio traumático y, para su sorpresa, se terminó encontrando con más preguntas que respuestas.

Estas sospechas se produjeron, principalmente, por el informe de inteligencia en el cual se había respaldado el fiscal Carrasco Millones para conseguir la detención de Torres y los funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.

Las personas a las que hacen referencia son el mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden. Según la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al entonces fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, lo apellidos Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio en aquella fecha.

Cristian Rebosio

 

Pero esta situación toma un tinte más turbio al conocerse que se podría estar ante un caso de usurpación de funciones. Cuando en 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no estaban bajo su mando.

Cristian Rebosio

  

Sin embargo, el informe incluía el sello y forma de Farfán Silva como jefe de la OFINTERPOL de Chiclayo. Aunque un detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias del que usó en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO” que no se encuentra en otros documentos sellados por Farfán.

Cristian Rebosio

EL INFORME FANTASMA

Pero hay otros documentos que generan dudas sobre este caso. En 2015, se solicitaron copias certificadas de documentos supuestamente emitidos por Contraloría general de la República, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, equipo de lavado de activos de la PNP, equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, peritos contables y equipó de inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior que habían sido mencionados en el informe de 29 de septiembre que avalaron que el exministro Carrasco pueda conseguir la detención de más de veinte funcionarios.

No obstante, la respuesta que se recibió no sólo indicaba que estos documentos no existían sino que agregaba que los oficiales que supuestamente habían sido los autores trabajaban en Chiclayo pero no habían prestado servicio en la jefatura en cuestión.

Cristian Rebosio

Juan Valdivia no niega que hayan existido hechos ilícitos en la gestión del exburgomaestre Roberto Torres, pero considera que la manera en que el fiscal Juan Carrasco Millones procedió con el caso “Los Limpios de la Corrupción” no fue idónea. “No digo que sean inocentes todos, pero no se hizo bien”, indicó a Sudaca y, con respecto al considerable número de personas para los que pidieron detención preventiva, agrega que “se hace un show mediático y al final no hay sentencia”.

Casos como el de Juan Valdivia demuestran que, aunque estas irregularidades en los informes que se usan para combatir a los políticos involucrados en casos de corrupción pueden desvirtuar una lucha necesaria en el Perú, lo más grave es que personas cuyas acusaciones en su contra no son claras pueden terminar perdiendo varios años de su vida detenidos como parte de lo que parece ser un show mediático. 

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Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Nuevos audios exponen el verdadero poder de la esposa del alcalde de La Molina en la municipalidad de este distrito y el agresivo clima laboral al que están sometidos sus trabajadores.

El pasado mes de febrero, Sudaca publicó un informe titulado LA VENGANZA DE LIZZI en el cual un extrabajador de la Municipalidad de La Molina contaba el enorme poder que tenía Lizzi del Rocío Sueldo Matos en el distrito que tiene como alcalde a su esposo Diego Uceda, quien llegó a la alcaldía de este distrito en 2022 como candidato de Renovación Popular. 

Tras esta publicación de Sudaca y los videos que expuso ATV en los cuales se evidencian los maltratos de Sueldo a funcionarios de esta municipalidad así como las órdenes que daba pese a no ocupar un cargo, el burgomaestre de este distrito se pronunció en las redes alegando que era víctima de una campaña difamatoria.

Sin embargo, a casi un mes de dicho escándalo, la Municipalidad de La Molina se vuelve a ver involucrada en un hecho bochornoso que incluye gritos, maltratos y la atribución de un poder que los vecinos de este distrito nunca otorgaron en las urnas sino que parece ser la inesperada consecuencia de un matrimonio que se ha instalado en el poder de La Molina.

“YO VOY A DIRIGIR”

Pese a los múltiples cuestionamientos que recibió la Municipalidad de La Molina el mes pasado por el inesperado rol que ejercía la esposa del alcalde Uceda, la situación parece no haber cambiado mucho desde aquel entonces y, según los nuevos audios que llegaron a Sudaca, Lizzi Sueldo seguiría ostentando un gran poder sobre los trabajadores de la municipalidad.

En uno de estos nuevos audios se puede escuchar a Lizzi Sueldo recriminarle a los trabajadores de la Municipalidad de La Molina que no le habían informado las críticas que estaba recibiendo su gestión por el cuidado de parques y jardines. Además, en este audio la esposa de Diego Uceda pide explicaciones por la estrategia de comunicación de la municipalidad.

En la grabación se puede escuchar que la persona a la que Sueldo le pide explicaciones es Milagros Judith Vargas Fierro, quien se desempeña como jefa de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional. En el material exclusivo al que accedió Sudaca, se escucha a la esposa del político de Renovación Popular con un tono prepotente cuestionando la cobertura de las actividades del municipio de La Molina.

En estas grabaciones se puede escuchar que Lizzi Sueldo está involucrada en la ejecución de presupuesto de La Molina y, aunque se escucha a su interlocutora decirle que se siente maltratada y que se está infravalorando el trabajo, la esposa de Uceda sigue levantando el tono de voz.

A Lizzi sueldo se le escucha decir que ella tiene el mismo trato con todos los gerentes que forman parte de la Municipalidad de La Molina pese a que ella no desempeña ningún cargo en este distrito y continúa cuestionando a los trabajadores debido a su molestia por las críticas que viene recibiendo la gestión de su esposo.

En otro audio se puede escuchar a Lizzi Sueldo en una conversación con Rocío Isla, quien se desempeña como asistenta social. Sueldo se atribuye el poder de haberle reducido labor a Isla y le increpa “eres negada para todo” mientras se escucha a Isla tratar de explicarle detalles sobre el trabajo que le estaba exigiendo. 

Durante otro momento de la conversación, Sueldo le increpa a Isla por el diseño de unas invitaciones y señala “aquello donde va el nombre de mi esposo (Uceda) como invitación lo apruebo sólo yo”, mientras que en otro momento le reprocha “lo único que te voy a exigir es que no pierdas a ninguno de los dirigentes”.

En la conversación grabada, Sueldo también muestra su desconfianza hacia los trabajadores de la Municipalidad de La Molina a los que ahora parece tener bajo su mando y, tal como se escucha a Isla, estos parecen estar atemorizados por el trato que vienen recibiendo en estas conversaciones que se realizan en un tono agresivo por parte de alguien que ni es una autoridad.

UNA JUSTIFICACIÓN POCO CONVINCENTE

Cuando estos casos empezaron a ser conocidos, una de las explicaciones que brindó la Municipalidad de La Molina indicaba que la esposa del alcalde se estaba desempeñando como presidenta del Comité de Apoyo Social. Sin embargo, tanto en los videos difundidos en febrero como en los nuevos audios se puede escuchar que la propia Lizzi Sueldo se jacta de tener el poder para despedir personal y designar gerentes así como darles órdenes.

Además, desde 1997 se encuentra vigente la Ley N° 26771 que establece la prohibición de contratar o nombrar personal hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. A esto se le suma que la usurpación de funciones también es considerada un delito.

Cristian Rebosio

La situación de la Municipalidad de La Molina sigue siendo crítica a poco más de un año del inicio de la gestión de Uceda y lo que parece ser un matrimonio en el sillón municipal no sólo compromete el bienestar del distrito sino la estabilidad laboral y emocional de los trabajadores de dicho municipio.

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Sudaca conoció en exclusiva los detalles del polémico caso de un asesor del Congreso que ha estaría por ser despedido debido a tener opiniones distintas a los grupos políticos que son mayoría.

Con la interminable crisis política que padece el país, no resultó impactante que el porcentaje de desaprobación a la labor parlamentaria sea considerablemente alto incluso cuando los congresistas no habían cumplido ni medio año en el cargo. El paso del tiempo no logró que, al menos para la mayoría de peruanos, la imagen del Legislativo experimente una mejora y, por el contrario, cada vez son menos puntos los que los separan del 100% de desaprobación en las diferentes encuestas que han realizado.

Sin embargo, quizá ante la necesidad de mejorar la imagen para que los partidos políticos que representan puedan mejorar sus posibilidades de tener apoyo en las urnas en las próximas elecciones, el Congreso parece haber emprendido una campaña para levantar la imagen del Legislativo. Aunque los métodos que parecen haber elegido no serían los más eficaces ni democráticos.

Sudaca conoció los detalles del caso de Diego Alonso Pomareda Muñoz, quien se desempeña como asesor de la congresista Flor Pablo y estaría a pocas semanas de ser despedido como parte de una venganza por haber realizado publicaciones en las redes sociales en las que cuestiona el accionar de algunas bancadas.

PROHIBIDO OPINAR

 Diego Pomareda empezó a trabajar en el Congreso hace cinco años con la Bancada Liberal junto a congresistas como Alberto De Belaunde y Gino Costa, y se sumó al equipo de Zenaida Solís para el siguiente periodo. Durante estos años, Pomareda, quien es abogado constitucionalista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no tuvo ningún proceso disciplinario en su contra ni se vio involucrado en algún tipo de situación irregular.

“Uno tiene que cumplir requisitos. A mí me piden tres años de experiencia profesional y una maestría. En función a eso puede solicitar la contratación”, relata Pomareda a Sudaca con respecto a su llegada al cargo de asesor de la congresista Flor Pablo. Sin embargo, lo que había sido una trayectoria sin problemas estaba a punto de cambiar. 

“Me entero el 15 de marzo cuando me llega una notificación que me quieren despedir”, cuenta. En el documento que llegó a su domicilio le informaban que se iniciaba un procedimiento administrativo disciplinario por una falta grave y tenía cinco días hábiles para presentar sus descargos.

  Cristian Rebosio

 

Para Pomareda Muñoz esta información resultaba desconcertante e inesperada. Pero en las siguientes hojas de estos documentos se enteraría del extraño criterio que usaba el área de recursos humanos del Congreso para sancionarlo. La razón por la que habían considerado pertinente tomar esta decisión se debía a publicaciones en una red social.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la razón de esta medida eran tuits en los cuales Pomareda Muñoz expresaba una postura crítica con las decisiones que venían tomando una mayoría en el hemiciclo. 

Cristian Rebosio

En los diez tuits que eran incluidos en el informe al que Sudaca tuvo acceso, los temas sobre los que Pomareda se pronunciaban tenían relación con temas como la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia o su desacuerdo con las votaciones.

Cristian Rebosio

“Los tuits son de agosto a noviembre del año pasado y se han esperado hasta marzo para notificarme que me han iniciado un proceso disciplinario. Me da la impresión que esta arma ya la tenían cargada”, señala el asesor de Flor Pablo.

Cristian Rebosio

No obstante, pese a que las publicaciones citadas no atacaban al Congreso como institución sino representaban la opinión de Pomareda Muñoz, el Departamento de Recursos Humanos decidió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario alegando que había incumplido con salvaguardar la imagen institucional del Congreso.

Cristian Rebosio

“Tengo el derecho a la libertad y la naturaleza de mi trabajo es política. Yo defiendo la postura del despacho en que trabajo porque creo en sus ideas y principios”, cuestiona Diego Pomareda y agrega “me han dicho que yo he afectado la dignidad parlamentaria y he afectado el deber de proteger al Congreso. Pero eso me suena que tengo que ser cómplice o callarme con cosas que veo y no están bien”.

Pero esta insólita decisión tendría a un responsable que sería el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. Tal como se puede apreciar en el siguiente documento del noviembre del año pasado, fue Forno Flórez quien envió a Carlos País Vera, jefe del Departamento de Recursos Humanos, las capturas de las publicaciones que Pomareda hizo en sus redes sociales.

Cristian Rebosio

“Vamos a tener una oficina de recursos humanos para evaluar a cada uno de los asesores de la oposición viendo cómo actúan o qué dicen, y eso es antidemocrático por donde se le vea”, comenta Pomareda a Sudaca y advierte que considera que lo más probable es que en aproximadamente veinte días sea despedido porque, aunque ha dado su descargo, “esto no se trata de razones sino de un ataque político”.

Aunque para Pomareda su destino ya está escrito, no deja  de sorprenderle el accionar de algunas bancadas ante lo que considera un atropello. “Me sorprende que bancadas como las de Avanza País estén calladas ante este tipo de atropellos, porque supuestamente defendían una agenda liberal y la libertad de expresión es un pilar fundamental de este liberalismo. Están asumiendo un rol de cómplices”, explicó.

DOBLE VARA

Pero existen otros detalles que llaman la atención con respecto a este caso. Casualmente, otras personas que actualmente se desempeñan como asesores han tenido expresiones agresivas en redes sociales sin recibir ningún tipo de sanción por ello. Uno de ellos es el caso de Martha Chávez, la excongresista de Fuerza Popular que actualmente se desempeña como asesora y se ha pronunciado en redes sociales con acusaciones a colegas congresistas como Sigrid Bazán y Flor Pablo.

Cristian Rebosio

Pese a que sus publicaciones no estaban respaldadas en argumentos técnicos sino en sospechas y hasta teorías conspirativas, la exparlamentaria fujimorista no recibió ningún tipo de sanción ni proceso disciplinario, como sí ha ocurrido con Diego Pomareda.

Cristian Rebosio

El vergonzoso porcentaje de desaprobación del Congreso justifica que se tomen medidas urgentes para mejorar la imagen de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, si las medidas implican atentar contra la libertad de expresión e instalar una dictadura en la cual sólo pueden pronunciarse quienes estén a favor de los partidos políticos que son mayoría en el hemiciclo, no sorprendería que en la próxima encuesta estén más cerca del 100% de desaprobación.

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