[INFORMES]  OTRA ASESORÍA BAJO LA LUPA EN LA MOLINA

En octubre del 2022, Renovación Popular se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones municipales de dicho año. Además del triunfo de su líder, Rafael López Aliaga, en Lima Metropolitana, su agrupación política también se proclamó ganadora en doce distritos de la capital demostrando que, pese a los cuestionamientos que recibía el partido celeste por su labor en el Congreso, seguían recibiendo la confianza de la mayoría en distintos sectores de Lima.

Sin embargo, al cumplirse el primer año de la gestión de Renovación Popular en estos distritos, empiezan a exponerse las falencias y cuestionamientos a los alcaldes de este partido. Si bien el más criticado es el propio López Aliaga, quien lo sigue muy de cerca es Diego Uceda, el actual alcalde de La Molina.

En los últimos meses, Sudaca ha informado sobre una serie de cuestionamientos a su gestión a los que recientemente se han sumado las dudas con respecto a las costosas contrataciones que viene realizando su gestión en La Molina.  Uno de ellos fue el caso del constitucionalista Ángel Delgado Silva y los casi ochenta mil soles que recibió por parte de la Municipalidad de La Molina. No obstante, esta no es la única contratación cuestionada y, recientemente, se le ha sumado el caso de la exprocuradora Katherine Ampuero y un contrato de treinta mil soles.

FUNCIONES BAJO LA LUPA

“Nos llamó la atención que se contratara a una exprocuradora que no tenía experiencia en temas corporativos”, comentó a Sudaca una fuente dentro de la Municipalidad de La Molina con respecto a la contratación de Ampuero que se produjo en el mes de agosto del presente año.

Acorde a los documentos de la propia Municipalidad de La Molina, la función de Ampuero Meza consistía en una asesoría legal para proponer iniciativas con el objetivo de identificar y eliminar riesgos de corrupción en las actividades que realizan las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de desarrollo económico e inversión privada. Sin embargo, las actividades que desempeñaba Ampuero parecían enfocarse en otro aspecto.

OBJETO DEL SERVICIOSudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.

A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.

ENTREGABLESLa presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.

Este caso generó más suspicacias debido al contenido de este único entregable disponible. “Lo único que hace es resumir los hechos de su visita. Es un informe de vergüenza. No hace ninguna conclusión profesional de sugerencia como corresponde a una asesora legal que es todo lo que enmarca una consultoría legal”, declaró a Sudaca una fuente confiable dentro de la Municipalidad de La Molina.

Sudaca revisó el contenido del único informe disponible entregado por la abogada el 17 de septiembre y en este se pude observar que el contenido se limita a realizar un breve resumen sobre el estado del caso que enfrentaba a la municipalidad con Cencosud sin las recomendaciones o precisiones legales que se podrían esperar como resultado del pago por una asesoría especializada.

CONCLUSIONES

Si hasta este punto se podían encontrar razones más que válidas para cuestionar la decisión de contratar a Ampuero, la información que sigue sólo genera más dudas sobre los criterios que tuvo la municipalidad para evaluar el trabajo encargado a la excandidata a teniente alcalde de Alianza Por el Progreso.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la orden de servicio de treinta mil soles fue pagada el 27 de septiembre del 2023. Esto pese a que sólo habían pasado cincuenta y cuatro de los setenta y cinco días que inicialmente se mencionaban en el contrato y en los cuales se esperaba que presente tres informes de los cuales sólo presentó uno.

SI NO ME ACUERDO NO PASÓ

Pero la historia de esta nueva y costosa contratación dio un nuevo giro en el pasado mes de noviembre cuando una regidora de La Molina solicitó información sobre las asesorías contratadas por la gestión de Diego Uceda y la respuesta fue que no existía ninguna orden de servicio bajo esa denominación en el 2023.

Sin embargo, esta no es la única vez que Ampuero Meza fue contratada por la gestión de un alcalde de Renovación Popular. También agosto del 2023, cuatro días antes de empezar su orden de servicio con la Municipalidad de La Molina, Katherine Ampuero fue contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual encabeza Rafael López Aliaga, para realizar una asesoría legal.

“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

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[INFORMES] Unas inesperadas elecciones en la víspera de navidad han vuelto a generar un clima de tensión entre el alcalde Rafael López Aliaga y las representantes de las ollas comunes.

Mientras el 2023 llega a su final, la población empieza a evaluar el desempeño de las autoridades municipales tras su primer año de gestión y, entre los alcaldes más cuestionados, el que más resalta es el nombre de Rafael López Aliaga, quien ha alcanzado un 65% de desaprobación según la encuesta realizada por Datum semanas atrás.

Sin embargo, el descontento con el alcalde que en campaña prometió convertir a Lima en potencia mundial no sólo se debe a la decepción por el incumplimiento de los compromisos asumidos en su época de candidato sino por los extraños manejos que se han empezado a observar en el Palacio Municipal de Lima que, además, estarían perjudicando a uno de los sectores más vulnerables.

ELECCIONES POLÉMICAS

Si bien Renovación Popular es un partido que se ha hecho conocido por su espíritu de confrontación, pocos podrían haber imaginado que esta actitud también se aplicaría contra grupos que se encargan de proveer alimentos para las personas de menos recursos. Tal como lo reportó Sudaca en la entrevista realizada a Fortunata Palomino, titular de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, el diálogo entre las representantes de las ollas comunes y el alcalde de Lima fue, a lo largo de todo el año, un objetivo inalcanzable debido a la falta de interés por parte de López Aliaga.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más grave fue cuando la ausencia de una comunicación directa y el desinterés por parte del burgomaestre derivó en la falta de insumos para las personas cuya alimentación depende de las ollas comunes que el programa Punto Final expuso en el mes de octubre.

Pero, a pocos días del terminar el año, las rispideces entre la Municipalidad de Lima y las ollas comunes continúan e incluso se han agravado a tal punto que la gestión del alcalde habría llevado a cabo una elección de representantes de las ollas comunes que ha despertado suspicacias tanto por el proceso como por el resultado.

Esta nueva polémica empezó durante estas últimas semanas de diciembre, más precisamente el lunes 18, cuando la Municipalidad de Lima, mediante el Decreto de Alcaldía N° 22, decretó la creación de la Comisión de Ollas Comunes de Lima Metropolitana bajo el argumento de favorecer a que se puedan realizar propuestas que sean del interés de los representados por dicha comisión.

Municipalidad de LimaEn este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIASudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.

“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.

inscripción de la lista de candidatos.UNA GANADORA CUESTIONADA

Como era de esperarse, el resultado de estas elecciones generó muchos cuestionamientos a la municipalidad. Especialmente porque una de las ganadoras de un proceso inesperadamente rápido fue Luz Solórzano Rivera, quien encabezó la única lista que se presentó para la zona sur y comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

UNA GANADORA CUESTIONADALa polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.

Para Fortunata Palomino y las integrantes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana resulta extraño que una de las ganadoras de estas elecciones sea Solórzano Rivera, quien se ha convertido en una fiel aliada del actual alcalde López Aliaga y hasta coordina manifestaciones para respaldarlo, aunque para convocar personas parece escudarse en mentiras.

Esto se pudo observar el pasado mes de noviembre, tras la emisión del programa de Latina en el cual se denunciaba la falta de alimentos para las ollas comunes, cuando una inesperada protesta se llevó a cabo en los exteriores de canal dos en respaldo a Rafael López Aliaga y en contra del medio de comunicación que publicó el informe.

En aquella oportunidad, las cámaras de dicho medio pudieron identificar a Luz Solórzano como la que lideraba dicha manifestación. No obstante, al entrevistar a los asistentes a este acto, supuestamente espontáneo, se supo que varias de las asistentes habían sido llevadas con engaños a lo que ellas creían era un reclamo al alcalde por más alimentos para las ollas comunes.

OLLAS COMUNESSin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.

CANDIDATOSTras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.

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[INFORMES] LA GESTIÓN DE UCEDA HABRÍA PAGADO CASI 80 MIL SOLES A UN CONSTITUCIONALISTA POR UN TRABAJO QUE NUNCA REALIZÓ.

La gestión del alcalde Diego Uceda en La Molina está por cumplir su primer año al frente de este distrito. Sin embargo, en este corto periodo se ha visto involucrada en un sinnúmero de irregularidades. Tal como lo informó Sudaca en diversos informes, casos como el de Cencosud y la disputa contra un grupo de vecinos a los que se les negó la posibilidad de formalizar sus negocios han mellado la imagen del alcalde de Renovación Popular.

Pero estos extraños manejos por parte de quienes hoy se encuentran al mando de La Molina también se perciben dentro de las instalaciones de la propia municipalidad. Sudaca pudo conocer los casos de un personaje muy conocido en la política peruana que han recibido importantes sumas de dinero que salieron de las arcas de la Municipalidad de La Molina a cambio de un trabajo, aparentemente, inexistente.

NI PARA MARCAR TARJETA

Lamentablemente, en los últimos años, el término “trabajador fantasma” se ha hecho muy común en la política peruana para referirse a personas que, con complicidad de sus jefes,  cobran un salario por un trabajo que no realizan y, en algunos casos, ni hacen el esfuerzo de acercarse a sus centros de trabajo para, por lo menos, fingir que merecen cobrar el monto que se les asigna.

Este parece ser el caso del conocido constitucionalista Ángel Delgado Silva desde que el alcalde Uceda tomó el control de La Molina. Tal como se puede observar en la página web de proveedores del Estado, Delgado recibió una suma de casi cuarenta mil soles en febrero del presente año. Según la información registrada, quien supo ser jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala fue contratado como coordinador con el concejo municipal.

Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.

No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.

“La única vez que yo lo he visto al doctor ha sido para cambiarme mi voto con respecto de un regidor que quería sancionarlo”, explicó la regidora y agrega que, además, nunca lo ha visto siendo parte de las sesiones del Concejo Municipal durante el presente año pese al elevado monto que ha cobrado.

Mediante el portal Transparencia, Sudaca revisó el registro de visitas a la Municipalidad de La Molina y pudo constatar que, aunque en este sitio web no figuran los registros de un par de algunos días, Ángel Delgado Silva no visitó la municipalidad, por lo menos, durante el mes siguiente a la fecha que figura como inicio de su órdenes de servicio correspondientes a los meses de febrero y agosto.

Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.

Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.

UN VIEJO CONOCIDO

Pero la llegada de Delgado Silva a la Municipalidad de La Molina no parece ser precisamente una casualidad. Diego Uceda, el alcalde de este distrito, ha firmado, en más de una oportunidad, los pronunciamientos de la famosa Coordinadora Republicana que ha tenido a Ángel Delgado como presidente. En la siguiente imagen, se puede observar que tanto Uceda como Delgado firman una declaración en favor del exprimer ministro Ántero Flores Araoz en el contexto de la represión ocurrida en noviembre del 2020.

Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.

Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.

Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.

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[ENTREVISTAS] Ha pasado un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia y el final de un ciclo marcado por decisiones cuestionables, ¿por qué Dina Boluarte hasta ahora no ha podido sacar al país de ese camino de incertidumbre y constantes crisis?

Lo único que demuestra el gobierno de Dina Boluarte es que es algo que se preveía desde el gobierno de Castillo. No fue una elección en la cual el ganador reflejaba un equipo de trabajo con ambiciones de ganar. Lo que tenemos es la consecuencia de eso y, además, a través de la vicepresidencia  no hubo esfuerzos previos por armar un plan sólido. Boluarte sólo quiere ser presidenta y se respalda en un operador político que es Otárola. Sumado a eso, es difícil conseguir ministros que puedan darle solidez al gobierno. Qué persona competente en su sector va a aceptar quemarse en un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo. En el fondo, quien está gobernando es el Congreso y el de Boluarte es un gobierno de piloto automático y muy autoritario.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti lograron un considerable respaldo por parte de la población pese a llegar al poder de forma inesperada, ¿por qué el de Dina Boluarte no pudo ser un caso similar?

Hay que diferenciar los procesos. Sagasti entró y dijo que era un gobierno bisagra que se quedaría un año en el que se enfocarían en tres puntos fundamentales. Además, Sagasti tenía experiencia como gestor público y eso le permitió dar la sensación de durar poco y hacer cosas básicas. El caso de Vizcarra es muy parecido al de Boluarte en términos de proceso. Si bien no dinamitó el gobierno de Kuczynski,  se puso de lado y cuando las papas quemaron dijo aquí estoy yo. Pero Vizcarra tenía la experiencia como gobernador regional de Moquegua, una experiencia bastante positiva por lo que pudimos conocer. En el momento en que Vizcarra asume, sí se puede sentir que por lo menos había participado de un proceso en que sí había una lógica detrás. Boluarte venía de ser funcionaria pública de un rango bastante menor, una militancia política relativa y el único cargo de gestión que tuvo fue conducir un club departamental que no se asemeja a un gobierno regional ni a una alcaldía distrital.

¿No marca una diferencia importante que Dina Boluarte tiene al Congreso a su favor?

Discrepo en que ella tenga a favor al Congreso. Ella está en favor del Congreso y eso la hace parecer, ante la opinión pública, como una persona incompetente. Si sigues los discursos de Boluarte, sólo sabe decir dos o tres cosas. La primera es quiere un gobierno de paz y unión nacional, lo que es una respuesta de concurso de belleza; la segunda es que son estrictamente respetuosos de la institucionalidad y de los derechos humanos, no hace falta hacer un  fact-checking para saber que eso es una burla, y lo tercero es esta victimización al decir atacada por ser mujer. Este gobierno puede sobrevivir, pero de ahí a representar un proyecto es bastante difícil.

Algunos sectores políticos, como el fujimorismo, tienen presente a Martín Vizcarra en sus discursos, ¿se le podría considerar como un actor político vigente que podría tener chances de volver a la presidencia?

Ha sido el último presidente que se acercó al registro histórico de aprobación en el Perú. Fue alguien que pudo capitalizar una demanda y tuvo una coyuntura, la pandemia, que le permitió hacer eso. Antes del vacunagate había llevado un manejo de gobierno que parecía eficaz y eso es una amenaza para el proyecto fujimorista. Lo que vimos con Vizcarra es nada parecido a lo que vimos en los últimos treinta años, porque lo logró desde el gobierno con una gestión de crisis con la pandemia que, pese a lo que significó el vacunagate, los muertos y las decisiones ridículas, la gente apoyaba. La conferencias que daba los miércoles tenían rating. Supo cambiar el estilo de comunicación y llegada con la gente desde un lugar de poder y eso es algo peligroso para sus enemigos políticos. Si tuviéramos que hacer una elección hoy, no tengo ninguna duda que Vizcarra pasa a segunda vuelta.

Según la última encuesta de Datum, el Congreso tiene una aprobación de 7% y Dina Boluarte apenas llega al 9%, ¿por qué pese a un marcado descontento no hay movilizaciones grandes?

Tengo tres hipótesis. En 2020 tuvimos una gran manifestación contra Manuel Merino. Se salió a las calles y se logró el objetivo que era sacar a Merino. Pero luego de Sagasti vinieron otros como Castillo y Boluarte. Entonces el tema es que se logra sacar a un presidente y luego viene más de lo mismo. La gente se pregunta, cuál es el costo beneficio si luego viene la misma masa de siempre a complicarme la existencia. La segunda hipótesis tiene que ver más allá de la ineficacia de la acción, tiene que ver con la oferta política. No hay una relación entre el sentimiento antisistema y la apuesta por quien lo puede resolver. No se quieren adherir a ninguno porque todos parecen lo mismo. Una tercera es que cada vez es más evidente que más gente siente que lo que pasa en política no los afecta y se preguntan por qué comprometerse en una pelea de blancos, por llamarlo de una manera. Somos un país que ha perdido la fe en lo colectivo.

¿Por qué no se ve unión entre las manifestaciones de Lima con las del resto del Perú?

Ocurre que no hay referentes que puedan albergar un estado de ánimo colectivo. Dentro del mismo movimiento de protesta no existe una posición mayoritaria. Están los castillistas con los institucionalistas y están los que es consideraron más importante que se vaya Boluarte y los que recién ahora reaccionan. Mientras no haya una cohesión en dos o tres ideas claras, esa oposición va a ser un chiste. En el fondo lo que terminan transmitiendo ante la opinión pública es que no vale la pena.

¿Puede deberse a que la oposición de otras regiones no se siente representada por la limeña?

Lo que he podido ver es que fuera de Lima tampoco hay un movimiento tan cohesionado con una plataforma clara. Hay movimientos regionales que tienen demandas, la parte del agro y también los de la minería . Hay una serie de elementos que no necesariamente se concatenan como para decir que hay un movimiento fuera de Lima tan homogéneo. Además aunque son más nutridos que en Lima e involucran más compromiso, no termina de ser masivo ni generar un espacio sino que termina siendo uno que pone en jaque por dos o tres días una ciudad y luego se diluye. No creo que fuera de Lima haya un solo movimiento. Lo que sí creo es que no hay posibilidad de conciliar a Lima con el interior porque el tema es muy emocional.

Acorde a las últimas encuestas, el Congreso parece incapaz de levantar su porcentaje de aprobación, ¿por qué a los parlamentarios parece no importarles la desaprobación si esto podría repercutir en los votos que obtengan sus partido en una próxima elección?

El objetivo de un congresista no es ser popular sino promover una agenda. La mayoría de partidos que lleva gente al congreso no son partidos que históricamente tengan una proceso de construcción de ideología y a partir de eso un plan que suma militantes. Normalmente son construcciones en torno a personas. La lógica de un congresista no está tanto en pensar en un proceso de largo plazo sino en cómo acomodar las cosas que le permite generar leyes a favor de ellos. Por otro lado, la inmovilidad de la calle les permite seguir en eso.

Tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina, varios políticos peruanos, como Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, han empezado a imitar su discurso anti casta, ¿observa a alguna figura de la política nacional capaz de capitalizar el descontento de los peruanos con la clase política?

No. Todos van a ser grandes caricaturas. A Milei le reconozco una dosis de autenticidad y eso el electorado lo percibe. Acá no siento que algo así vaya a pasar. Yo tengo la hipótesis que la candidatura de Keiko Fujimori terminó de morir cuando dio el debate frente al penal de mujeres, apareció su hermano Kenji y se abrazaron. En ese momento que Keiko iba subiendo en las encuestas cae de nuevo y pierde las elecciones. Porque la gente vio eso y pensó que era una candidata que no tiene ningún problema en vendernos una telenovela que no es cierta. Con el fenómeno Milei, todos quieren copiarse un estilo que en el Perú no tiene mucho sentido. Además, creen que copiar sus estilo es ser más grosero, pero se distingue muy rápido cuando una actitud es forzada. Jaime Bayly representaba un poco eso del loco pero autentico. El problema es que acá sí tienes el sesgo de pituco y Bayly jamás hubiera sido presidente.

En los últimos meses se ha visto que personajes como Roque Benavides, Carlos Neuhaus y Carlos Añaños han mostrado interés por involucrarse en política, ¿la imagen del presidente empresario puede ser atractiva para el electorado nacional?

El votante no es estático. Esa idea del presidente empresario tenía más correlato hace unos cinco o seis años. Eso creo que es lo que finalmente termina llevando a Pedro Pablo Kuczynski, como persona y partido político, al poder. Pero hoy día estamos ante otros retos. La exigencia para un candidato hoy no pasa por el lado del éxito empresarial sino por alguien con el norte claro con respecto a seguridad, relaciones internacionales, cierta lógica de mano firme y cómo se va a comportar con otros poderes del Estado. Los grandes temas que movilizan son la inseguridad ciudadana y como frenar la recesión.

Se ha visto que en las elecciones de países considerados progresistas, como es el caso de Argentina, ha existido un fuerte cuestionamiento a los derechos humanos, ¿también será un tema central en un país conservador como Perú?

El tema va a pasar más por mostrar a los derechos humanos como el monstruo progresista y que el día que no existan vas a poder salir a trabajar tranquilo, sacar la pistola y matar al ladrón. Si logran generar ese vínculo, estamos muertos a nivel de garantía. Si logran relativizar la defensa de los derechos humanos y ubicarlo como el enemigo a vencer versus seguridad y economía, entonces hay una oportunidad para eso movimientos. Pero si siguen viéndolos como algo de caviares va a ser un discurso con el que alguna gente podrá empatizar pero que no tiene ningún sustento.

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[ENTREVISTAS] ¿Qué tan inusual es que un país desacate una orden de la CIDH?

En los casos de Venezuela y Nicaragua es frecuente. ¿A eso nos queremos parecer? Lo que estamos haciendo es golpearle la médula a nuestros indicadores de sostenibilidad institucional. Si no respetamos sentencias de los tribunales internacionales, qué clasificador de inversiones extranjeras recomendará invertir en un país que respeta sentencias internacionales solo cuando le da la gana.

¿Liberar a Alberto Fujimori bajo las condiciones en que se realizó afectará la imagen del país?

Eso no es imagen, eso es reputación, lo que es mucho más serio y forma parte de los indicadores en base a los cuales se desarrollan las relaciones internacionales, las políticas y la inversión. Este desacato forma parte de los indicadores que influencian hasta en la tasa de interés de los préstamos. Influencian hasta en la estabilidad de los bonos que puede intentar colocar el Estado en el futuro.

¿El gobierno y el Tribunal Constitucional contaban con argumentos para ignorar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liberar a Alberto Fujimori?

Bajo ninguna. Porque la falsa doctrina que se ha estado difundiendo con respecto a que las resoluciones de supervisión de sentencia pesan o vinculan menos al Estado que las sentencias mismas no tiene apoyo en ningún precedente del derecho internacional. No tiene apoyo en las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, además, todos los tribunales internacionales tienen procedimientos de supervisión a la ejecución de sus decisiones que permiten hacer cosas como las que hizo la CIDH el 5 de diciembre. Eso en ningún sistema internacional está en discusión. El gobierno sabe que lo que ha perpetrado es un desacato que contradice prácticas establecidas en el derecho internacional y, sin embargo, ha decidido hacerlo.

Usted ha señalado que el argumento de menor fuerza vinculante no podrá ser el camino utilizado para sustentar el desacato a lo ordenado por la CIDH, ¿pero hay otro camino que sí podrían intentar seguir?

No. No hay un solo autor en el derecho internacional sobre procesos ante tribunales internacionales que pretenda válido lo que el gobierno ha hecho. No hay una sola regla que justifique que las resoluciones de los tribunales tengan menos valor que las sentencias. Lo que ha hecho el gobierno es un desacato que va a tener consecuencias. Estos días se ha venido diciendo que no importa, que no es cierto que hay consecuencias y reportar el desacato ante la OEA no significa nada. Pero eso significa el registro de un país que no cumple sentencias internacionales y eso va a ser tenido en cuenta en los clasificadores de riesgo y en cada arbitraje internacional que el estado sostiene en protección de inversiones. Vamos a perpetrar un papelón en la próxima audiencia ante la CIDH . Porque quien ponga la cara simplemente no va a tener nada para decir.

¿Por qué el gobierno de Dina Boluarte no frenó la excarcelación de Fujimori teniendo en cuenta todos los factores mencionados?

Nos lo tendrán que explicar. Lo único que puedo dejar en claro es que el señor Otárola ha sido coautor de trabajos sobre derecho constitucional con uno de los principales expertos de derechos humanos que es Enrique Bernales Ballesteros. No puede pretender desconocer lo que sabe, las reglas del derecho internacional que defendió cuando se adjudicó la primera medida de indulto. Tendrán que explicar por qué están contradiciendo cosas que saben que rigen en el derecho internacional.

El magistrado Manuel Monteagudo declaró que él y otro magistrado no tenían conocimiento del fallo que liberaba a Alberto Fujimori y que este no fue debatido por todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿esta situación demostraría que se buscaba liberarlo bajo cualquier condición?

Todo el procedimiento ha sido forzado y se pone en evidencia con los tres errores gruesos que han cometido los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han respaldado esta decisión. El primero es que nadie se dio cuenta que el juez de Ica se iba a negar a seguir las instrucciones que públicamente le dieron los tres jueces que se presentaron en medios durante esta crisis. El segundo error es la sentencia que dijeron estar ejecutando es una sentencia del pleno del TC que tenía que ser ejecutada por el pleno del TC y este no fue convocado. El presidente sólo convocó a los magistrados que suscribieron los autos de aclaración que no tienen nada que ver con la libertad de Fujimori y uno no firmó la orden de liberación. Tercero, para ordenar la libertad de una persona que está en la cárcel, las firmas de los magistrados debieron ser registradas en el INPE. Esos tres errores muestran el apresuramiento que tiene una sola explicación: lograr que Fujimori salga de la cárcel antes que la CIDH pueda reaccionar.

¿Estos errores que menciona podrían llevar a que se invalide la decisión de liberar a Alberto Fujimori?

Para eso era la orden provisional de la CIDH que iba a suspender el procedimiento hasta que se llame a una audiencia de supervisión que, no tengo dudas, hubiera concluido que la decisión del Tribunal Constitucional de marzo del 2020, y también la de diciembre, no se podían ejecutar. El camino correcto era suspender el procedimiento.

Debido a que esto no ocurrió, ¿cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

La CIDH llamará a una audiencia en la cual le va a ordenar al Estado suspender la ejecución de la liberación, lo va a reportar a la OEA y va a comenzar este despliegue de las consecuencias en la reputación. El Perú es un estado cuyo gobierno es incapaz de armar una agenda internacional. Qué va a pasar ahora que, además de arrastrar las muertes de diciembre y enero, arrastrará también un desacato a la CIDH.

¿Qué tan probable es que Fujimori vuelva a prisión?

No voy a especular sobre ese extremo. Me preocupa más la situación de los familiares de las víctimas de los crímenes de los años noventa que sufren en carne propia las consecuencias. La situación de Alberto Fujimori no es estable. Algo más tendrá que pasar para darle una forma definitiva a esto. Espero se reconozca el derecho de las víctimas a ser incorporadas en cualquier decisión sobre el destino final de estos casos y se deje de utilizar a Alberto Fujimori como una moneda de cambio cuando es una persona condenada por crímenes que se cometieron durante su gobierno.

Se ha cuestionado que el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se dio en un momento en el cual Fujimori parecía estar agonizando y que, en los años posteriores, su salud se ha mantenido estable, ¿considera que actualmente se reúnen las condiciones para que sea indultado?

Las cuestiones sobre el destino final de un condenado por derechos humanos son muy complejas. Creo que es importante notar que es un hombre de 85 años con salud precaria, pero que tiene una ruta definida por una condena judicial de la que la única inflexión posible se produce a partir del reconocimiento de lo que pasó en sus años de gobierno en materia de derechos humanos y ese reconocimiento supone pedir perdón de manera mínimamente seria a las víctimas. Sobreponer a eso la discusión de su salud como causa de la libertad es eludir el debate sobre las consecuencias de un perdón que no ha pedido seriamente.

¿Perú se expone a algún tipo de sanción?

El derecho internacional no es como el derecho penal. No funciona con cárceles ni policías. Funciona sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en la reputación.

La Fiscalía ha solicitado dieciocho meses de prisión domiciliaria para Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca, ¿es un pedido viable?

Es muy poco probable. Estas son cuestiones sobre peligrosidad procesal, capacidad para eludir la justicia o alterar las evidencias de un caso, y Alberto Fujimori, a estas alturas de su vida, está lejos de representar un peligro procesal.

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Alberto Fujimori, derechos humanos, Desacato CIDH, Relaciones Internacionales, Reputación de Perú

[INFORMES] La tarde del viernes 18 de noviembre del 2022 fue un día que, sin lugar a dudas, quedará como un recuerdo imposible de borrar de la memoria de aquellos pasajeros del vuelo 2213 de Latam así como del personal de emergencia que acudió al lugar de la tragedia. Pero, principalmente, será una fecha que marcará por siempre la vida de los familiares y seres queridos de Ángel Torres, Nicolás Santa Gadea y Manuel Villanueva, los bomberos que perdieron la vida como consecuencia de este accidente. Sin embargo, a más de un año de la tragedia, sigue apareciendo información que expone diferentes situaciones de negligencia que precedieron al trágico desenlace.

Sudaca pudo acceder a documentos que comprometen seriamente a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) por decisiones que no sólo le costaron la vida a los tres bomberos sino que, al día de hoy, siguen poniendo en riesgo la vida de los miles de pasajeros que visitan los aeropuertos nacionales.

EL PEDIDO MORTAL

Desde septiembre del año 2021, un conjunto de reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos que se conocen como la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) 311 fueron aprobadas. En sus 108 páginas figuran numerosos criterios que la Dirección General de Aeronáutica Civil así como los proveedores de servicio deben seguir para que el tránsito aéreo en el Perú sea seguro.

En este texto, el apéndice 14 aparece con el título “Gestión de la fatiga” y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, en él se señala que el Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) deberá establecer los horarios de trabajo siguiendo los criterios mencionados para el máximo y mínimo de horas.

No obstante, aunque fue aprobado en 2021, esta norma viendo siendo infringida desde hace un largo tiempo por los controladores de tránsito aéreo en varios aeropuertos del Perú poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que los visitan y también del personal de estos terminales aéreos.

Aunque lo más grave de este nuevo destape es que esta infracción se viene cometiendo con la complicidad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Tal como se aprecia en el siguiente documento al que tuvo acceso Sudaca, Miguel Ángel Moreno Ramírez, quien firma como gerente general del CORPAC, presentó una solicitud de exención del cumplimiento de limitaciones relacionadas con la gestión de la fatiga alegando, entre otros motivos, cantidad insuficiente de personal.

El 12 de diciembre del 2022, Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, quien pertenecía a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondió al pedido del gerente general de CORPAC señalando que se les concedía la exención solicitada por el periodo de un año que recién terminaría el próximo 5 de diciembre del presente año.

CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA

El pasado 17 de noviembre, Sudaca publicó en exclusiva un video en el cuál se exponía con detalle lo vivido en la torre de control el día del trágico accidente. Las imágenes del personal durmiendo así como los intentos de coordinar una historia que los exima de la responsabilidad generaron una profunda indignación. Aunque, con la nueva información que Sudaca detalla en este informe, pareciera que el riesgo de nuevos accidentes sigue latente hasta la fecha ante la indiferencia de CORPAC.

A diferencia de lo que ocurre con el transporte terrestre, donde trágicamente los accidentes se han convertido en parte de lo cotidiano, en la industria aeronáutica, a nivel mundial, los accidentes siguen siendo lo inusual. Sin embargo, si los responsables de mantener esos estándares de seguridad continúan actuando de espaldas a las normas que buscan garantizar la tranquilidad de pasajeros y el personal que trabaja en los aeropuertos, Perú corre el riesgo de convertirse en un país en el cual viajar genere miedo ante la posibilidad de un controlador aéreo dormido que provoque un accidente mortal.

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Accidente Aéreo, Corpac, Negligencia, Regulación Aeronáutica, Vuelo 2213

[INFORMES] La interminable crisis política, que el país parece no poder superar y que ha destruido la reputación de los partidos tradicionales, también representa una oportunidad para aquellas agrupaciones que llevan menos años de vida política y gozan de una cierta imagen positiva que les podría permitir ser los que lideren la renovación que un importante sector de la población está reclamando.

El Partido Morado apareció, algunos años atrás, dentro de este grupo de agrupaciones políticas que podían captar el voto de las mayorías decepcionadas de los presidentes y congresistas que han estado en el poder y tuvieron mayoría durante los últimos años. Sin embargo, durante los recientes procesos electorales, el voto de la mayoría no estuvo del lado de los morados y la reestructuración del partido se hizo inevitable.

En este contexto, Luis Durán Rojo asumió la presidencia de dicho partido. No obstante, lo que inicialmente parecía una renovación que ayudaría a subsanar los errores del pasado, en la actualidad ha desatado una lucha interna que hasta ha terminado por ahuyentar y decepcionar a los militantes que se habían sumado durante los últimos años.

LA TACHA DE LA DISCORDIA

Kevin Vásquez Soto se convirtió en simpatizante del Partido Morado en 2019. Desde su lugar, Kevin empezó a colaborar con las actividades del partido así como en las campañas para los procesos electorales recientes en los que participaron. “Es un partido con una buena ideología”, comenta Vásquez sobre la agrupación que supo despertar su interés por incursionar en la militancia política.

Conforme se iba involucrando más en el Partido Morado, Kevin llegó a ocupar algunos cargos dentro del partido. El más reciente y último fue el de presidente del Órgano Electoral Regional de Lima Metropolitana. “Con un equipo de cinco personas nos encargábamos de las tachas que se podían presentar”, relata Vásquez Soto sobre la función que desempeñaba.

Pero fue la llegada de Kevin a esta presidencia la que terminó por enfrentarlo con el partido del que supo ser militante activo. La historia del conflicto empezó con las elecciones internas para las recientes elecciones municipales. En este proceso, Raphael Christian Valencia Diestra se enfrentaba a Mauricio Enrique Palomino Vidal para convertirse en el candidato a alcalde del distrito de Jesús María.

En este contexto, el 5 de abril del 2022, la militante María Clementina Rufasfo Falen presentó una tacha contra el precandidato Valencia Diestra. En ella se alegaba que Raphael Valencia tenía antecedentes por tráfico de drogas. Sin embargo, la verdadera historia parecía ser muy distinta. “El señor valencia informó que existía el caso, pero que él estaba como testigo, no como agraviado ni como investigado”, explica Kevin Vásquez sobre este caso.

Pero un detalle que llamó la atención en las pruebas que presentó Rufasto Falen fue una extraña omisión en el documento con el que pretendía involucrar al precandidato Valencia con el caso en cuestión para que el pedido de tacha sea declarado procedente. En el documento, que se trataba de una solicitud para que se entregue un vehículo incautado, se había ocultado el nombre del abogado de Raphael Valencia.

La situación se torna aún más extraña al descubrirse que el abogado, cuyo nombre había sido ocultado, era el de Mauricio Palomino Vidal, quien casualmente era el único precandidato que se encontraba en competencia con Raphael Valencia por la candidatura del Partido Morado.

Esta situación despertó más dudas en Kevin Vásquez y su equipo de trabajo debido a que, tal como lo señala Vásquez en su solicitud de apelación, el acceso a este tipo de información está reservado de forma exclusiva a las partes involucradas y sus respectivos abogados. El entonces titular del Órgano Electoral Regional solicitó a la militante que presentó este caso que aporte más pruebas, así como el documento completo, pero esto no ocurrió.

“El órgano colegiado dispone que esa tacha no proceda porque el señor Valencia no está investigado”, comenta Vásquez, quien en su calidad de presidente del Órgano Electoral Regional observó que no existían motivos para sacar a Raphael Valencia de la contienda interna por la candidatura a la alcaldía de Jesús María de la que posteriormente saldría victorioso.

LA VENGANZA

Sin embargo, aunque Kevin Vásquez Soto relata que actuó de forma íntegra y las irregularidades provenían de la parte que presentó el escrito de tacha, Kevin fue notificado por el Partido Morado el 9 de diciembre del 2022 que se iniciaría una investigación y proceso disciplinario en su contra por el tratamiento que le dió a la tacha contra el precandidato Valencia. Además, para sorpresa de Vásquez Soto, en dicho documento se hace mención a la existencia de un vínculo con Raphael Valencia que pondría en duda su accionar ético.

Según el documento del propio Partido Morado, los comentarios en Facebook realizados por Vásquez Soto probarían que existía un vínculo entre ambos y que, por lo tanto, existía un conflicto de intereses que habría influenciado en la decisión que posteriormente se tomaría con respecto a la tacha contra Valencia.

En su defensa, Vásquez Soto señala que los cinco miembros del Órgano Electoral Regional estuvieron de acuerdo con declarar infundado el recurso de tacha, pero sólo él está siendo objeto de esta investigación. Además, en otro extraño giro que ha dado este caso, cuando los otros cuatro integrantes del Órgano Electoral Regional pidieron ser citados para aportar pruebas no fueron escuchados.

Si bien el caso mostraba situaciones por demás extrañas, la renuncia irrevocable de Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo, quien fue miembro del Tribunal Regional de Ética y Disciplina de Lima Metropolitana, genera más suspicacias sobre el tratamiento que se le dio al caso de Kevin Vásquez. En la carta de renuncia, Cotrina Oquendo presenta argumentos muy graves como el uso ilegal de su firma en la investigación contra Vásquez así como las sanciones desproporcionadas.

Kevin, quien fue suspendido por 18 meses de su militancia, relata que la cercanía de Mauricio Palomino, el precandidato que se enfrentó a Raphael Valencia, con la cúpula que maneja el Partido Morado actualmente podría explicar la manera en que se desarrolló su caso. “Son personas que no deben continuar en el partido”, señala Vásquez sobre el presidente Luis Durán y quienes hoy están al mando del Partido Morado y agrega que “la cúpula actual liderada por el presidente Durán es ineficiente”.

El partido que intentó ser la cara de la renovación en la política peruana y que, con Francisco Sagasti, aportó a uno de los pocos presidentes que dejaron el cargo con un porcentaje de aprobación respetable, hoy parece destruir el crédito que habían logrado conseguir en su corta historia en la vida política del Perú con estrategias que lo exponen como un partido capaz de perseguir a sus propios militantes en venganza por no someterse ante el poder de turno.

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Crisis Ética, irregularidades, Kevin Vásquez, Raphael Valencia

[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.

En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.

Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.

Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.

“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.


“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.

EL ERROR DEL MINISTRO

“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.

Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.

La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.

“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a  que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.

 

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Conflicto laboral, Enfermeras, Escala remunerativa, Ministerio de Salud, protesta

[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.

Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.

LA HISTORIA DE LA LICENCIA

Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.

Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.

Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.

Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.

Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.

Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.

Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.

Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.

Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.

Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.

Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.

“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.

“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.

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Clausura, Comercios locales, Extorsión, La Molina, Licencias
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