[ENTREVISTAS] ¿Cuándo empezaron a funcionar las ollas comunes?

Estamos desde 2020. La primera olla se creó el 23 de marzo en Villa Torre Blanca y existimos como red desde el 20 de junio del 2020. El sentido de la olla común es luchar por las personas que no tenían recursos para comprar. Nosotras hemos estado en primera línea como las enfermeras.

¿Cuántas ollas comunes existen actualmente?

A nivel nacional existen 3500 ollas y en Lima Metropolitana hay 2555. Pero de ahí han ido bajando y ahora hay 2140 ollas comunes sin contar las de Callao.

¿Por qué el alcalde Rafael López Aliaga no reconoce su rol como representante de las ollas comunes de Lima?

Hay un fin político. Trata de tapar su incapacidad y no reconoce los errores que está cometiendo. A nosotros, en el mes de julio del 2023, la señorita Isabel Ayala fue a los distritos con una lista de los productos que supuestamente era para transferir el gasto a Lima. Pensamos que iban a venir todos los productos, pero a fines de agosto no trajeron caballa, sangrecita, avena y leche. Para septiembre nos llegó la avena, pero en esta tercera entrega no trajeron arroz ni leche. Además, nosotros no tenemos contacto con ella (Isabel Ayala), nos enteramos de lo que falta el día que vamos a recoger.

¿Considera desproporcionada la reacción de la Municipalidad de Lima tras la emisión del reportaje de Latina?

Mis compañeras que han declarado han dicho la verdad. No tenemos que retractarnos. Nosotros sabemos la realidad. Ayala nunca quiso que nos reunamos con el alcalde.

Cuando era candidato, Rafael López Aliaga se refirió en un sinnúmero de oportunidades al programa Hambre Cero, ¿se reunió con ustedes para conocer su realidad y cómo se podría gestionar esta iniciativa?

Nunca. No me he reunido con ningún candidato. Además, nosotras tenemos como consigna que no íbamos a ser el portal de ningún partido político. Encima en los productos que llegan ahora están las etiquetas de Rafael López Aliaga y el logo de su partido. Pero ahora están tergiversando las reuniones que hemos tenido. Hay fotos con Pedro Castillo, pero fue porque asistió a un lanzamiento en Huaycán del trabajo mancomunado que hacíamos con Produce para el programa “A comer pescado”.

Recientemente el alcalde López Aliaga señaló en una entrevista que no habían entregado las conservas debido a que había escasez, ¿cree en esta excusa?

Si había escasez no nos hubiera entregado el MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Qué casualidad que justo cuando asume el señor López Aliaga hay escasez mientras que sí sigue llegando a provincias mediante el MIDIS.

¿Cuál era la razón por la que el alcalde no se podía reunir con ustedes?

Decían que nosotros no representamos a las ollas, que tenemos casas en La Molina, etc. No sé cuál es su afán por hacernos quedar mal y minimizarnos. Pero sabemos cuántas ollas representamos y a cuántas familias se benefician. Esta señora Jennifer Jimenez que ha ido hoy a Latina a protestar sólo es presidenta de una parte de las ollas comunes de San Juan de Miraflores y su esposo trabaja en la Municipalidad de Lima, y Luz Solórzano creo que no llega ni a cien ollas en su distrito (Villa María del Triunfo), que tiene más de cuatrocientas ollas comunes.

Entonces, ¿el reconocimiento que hizo la Municipalidad de Lima no fue a las personas que están a cargo de las ollas comunes de Lima?

No, sólo son de dos distritos. Pero algunas compañeras nos pasaron comunicados que enviaron desde Lima para pedirles que convoquen por cada olla común diez representantes y envíen su lista para que les manden carro. Cosas que hacen para jalar gente.

¿La protesta de la mañana del miércoles en los exteriores de Latina fue fabricada por la Municipalidad de Lima?

Les ponen carros y pasajes. Nosotros no tenemos interés de ser candidatos o llegar a algún puesto. Nuestro interés es que nuestra comunidad no muera de hambre y nuestros niños no tengan anemia ni desnutrición.

Personas de la gestión de López Aliaga le mandaron una carta notarial en el mes de abril, ¿a qué se debía?

Porque exigíamos la reunión con López Aliaga cuando pasaron sus cien primeros días y no nos podíamos reunir. Entonces, como nos reuníamos con Isabel Ayala, ella nos dijo “¿por qué desconoces si nos estamos  reuniendo? Tienes que retractarte”. Yo le dije que nos reunimos con ella que es funcionaria, pero queríamos con reunirnos con el alcalde que es la cabeza y entonces nos dijo que si no me retractaba me iba a mandar carta notarial.

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[INFORMES] Eran aproximadamente las cinco de la tarde del último domingo cuando el árbitro Daniel Ureta hizo sonar su silbato en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. La victoria, junto con los tres puntos, habían quedado en manos de Deportivo Garcilaso, pero pocos podrían dudar que quienes celebraron con más euforia dicho resultado no fueron los jugadores del equipo cuzqueño sino los miles de chalacos que vieron un final feliz para lo que había sido un año tortuoso.

La Misilera, el club que en la década del cincuenta supo consagrarse como el primer campeón de la era profesional del fútbol peruano, afrontó un 2023 con problemas que empezaron desde la pretemporada, cuando los problemas económicos les impidieron reforzarse,  y se extendió a otras dificultades, como el tener que disputar sus encuentros en condición de local lejos de su público en el Callao. Por ello, la derrota de Unión Comercio les permitía asegurarse, al menos, un año más en primera división. Sin embargo, apenas un día después, una noticia golpearía la tranquilidad que se respiraba en el Callao y ha despertado suspicacias.

¿SANCIÓN FUERA DE LUGAR?

Mientras en el primer puerto empezaban la semana con la alegría de haber logrado sortear con éxito una temporada de pesadilla para el Sport Boys, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol cocinaba una inesperada sanción para los rosados. En horas de la tarde, dicha comisión dio a conocer que al equipo chalaco sería sancionado con diez UIT y, el castigo más temido, la reducción de cuatro puntos que dejan a Sport Boys apenas un punto por encima del último equipo que desciende y con sólo una fecha más por disputarse.

FPFEsta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.

 

pago de obligaciones

Mientras que el artículo 73.2 especifica el plazo que tienen los clubes para realizar el pago de cuotas en los casos de deudas refinanciadas.

Sin embargo, lo que parecía ser una sanción bien sustentada, en realidad podría esconder contradicciones con artículos del propio Reglamento de Licencias. Al respecto, el abogado Cristian Vargas Ramos conversó con Sudaca y explicó algunos de estos puntos que expondrían el error por parte de la comisión que decidió sancionar al equipo rosado.

“El 20 de octubre del 2022, a Sport Boys le dan la inscripción al régimen excepcional y ese mismo día comienzan una investigación la cuál debió quedar suspendida por los artículos 91.3”, explica Vargas. Según lo señalado por dicho artículo del Reglamento de Licencias, se suspende cualquier tipo de sanción, amonestación, multa u otros cuando el club entra al régimen excepcional y la razón por la que el club fue sancionado data de antes de la inscripción del club a este régimen.

“Una vez que el club entra al plan de recuperación se tienen que suspender todas las sanciones porque la finalidad del régimen es ayudar a los clubes para que exista un saneamiento financiero”, explica el abogado Vargas y agrega que esta resolución es “poco objetiva y se está basando en interpretaciones sesgadas”.

Además, Vargas considera que esta resolución puede sentar un mal precedente que abriría la posibilidad a que se en los próximos torneos se apliquen sanciones por apelaciones de años anteriores. “Mañana o más tarde puede venir alguien a apelar una resolución de hace tres o cuatro años e incluso podría inferir en el campeonato”, explicó a Sudaca.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Por otro lado, Christian Peña ,periodista del portal informativo Hinchada Rosada, relata que en Sport Boys no contemplaban que se aplique una sanción de este tipo. “No había un escenario posible que los hiciera estar pensando en una defensa para esto”, cuenta Peña y agrega que “esta resta de puntos no debería haber ocurrido porque pasaron trece meses en los que a Sport Boys no le indicaron que podía haber una sanción”.

“Hay clubes a los que han denunciado que no pagan hace tres meses, como ADT que está peleando por entrar a la Sudamericana o Binacional, y no les restan puntos. Hay clubes que no han sido programados, como Municipal, y no les restan puntos”, comenta Peña y explica los hinchas del Boys encuentran sospechoso el accionar de la Federación Peruana de Fútbol presidida por el cuestionado Agustín Lozano y se han empezado a exponer casos similares con finales distintos.


Peña cuenta que, el próximo lunes, las autoridades del club chalaco, que ya anunciaron que se presentó una apelación, se reunirán con el comité de licencias y que también se está evaluando la posibilidad de llevar este caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ante lo que consideran una injusticia dado que el equipo cumplió con todos los requerimientos que se les pide en el plan de recuperación a los clubes que son incluidos en el régimen excepcional.

ComunicadoEn la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.

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[INFORMES] En octubre del 2022, una contundente victoria en las elecciones municipales le permitió a Diego Uceda convertirse en la máxima autoridad del distrito de La Molina. Sin embargo, algunas de sus polémicas posturas desde su llegada a la alcaldía, como su férrea oposición a que se inaugure un centro comercial en su distrito, lo han llevado a terminar en más de una ocasión en el ojo de la tormenta.

Tal como lo dio a conocer Sudaca en los informes titulados ¿SE CAEN LAS EXCUSAS DE DIEGO UCEDA? y UCEDA VERSUS CENCOSUD: LOS DOCUMENTOS DE LA DISCORDIA, el nuevo alcalde de La Molina venía adoptando posturas más que cuestionables y carentes de sustento desde su llegada al cargo. Esta forma de conducir su gestión incluso lo llevó a perder el respaldo de regidores que habían llegado al cargo de la mano de la misma agrupación política que impulsó la candidatura de Uceda.

Pero las polémicas en las que se ha vuelto involucrado Diego Uceda no se limitan únicamente a lo ocurrido este 2023. En enero del 2022, Sudaca publicó el informe de la periodista Alba Ñaupas titulado  EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA. Esta investigación periodística revelaba que Diego Uceda, quien entonces todavía era precandidato, adeudaba casi cincuenta mil soles por el concepto de pensión alimenticia y, tal como se relata en dicho informe, Uceda no sólo incumplía con sus obligaciones económicas sino que tampoco era un padre presente en la vida de su hijo que tuvo veinticinco años atrás.

Sudaca accedió a documentos que revelan lo que ocurrió en los meses siguientes con este  grave caso que involucra al político que representó a un partido que, paradójicamente, se autodenomina como el defensor de la familia.

¿QUIÉN DEFIENDE A SU FAMILIA?

Desde que se cambió el nombre de Solidaridad Nacional por el de Renovación Popular, la plataforma política de Rafael López Aliaga se postuló como el partido defensor de la familia y no tardó en convertirse en la alternativa favorita del sector del electorado que se identifica como conservador. Sin embargo, el expediente Uceda parece estar muy lejos de los lineamientos que se esperarían del integrante de una agrupación política que dice defender esos ideales.

Según el informe periodístico de enero del 2022, el alcalde Diego Uceda había estado ausente en la vida de su hijo desde que nació y casualmente recién se hizo cargo de la deuda que tenía por alimentos tras la publicación del medio Diario16 en la cual se relataba que el entonces vocero de Solidaridad Nacional debía más de cincuenta mil soles y había sido declarado deudor alimentario moroso.

Sin embargo, Uceda volvió a desaparecer de la vida de su hijo tanto en el plano emocional como en el económico. Aunque en declaraciones para Sudaca en el informe de enero del 2022 había señalado que se consideraba un hombre de bien y por ello pagaría la deuda, los documentos que se mostrarán a continuación demuestran que se debieron tomar medidas drásticas para que el actual alcalde de La Molina cumpla con sus obligaciones como padre.

Acorde a la resolución N° 67 que data del 3 de mayo de 2022, Diego Uceda y su defensa, lejos de mostrarse predispuestos a cumplir con sus obligaciones paternas tal como había indicado a este medio, solicitaron que se declare la nulidad procesar. Con ello, este proceso legal sufriría un grave retroceso y, por lo tanto, Uceda seguiría sin pagar el dinero correspondiente por alimentos.

Sin embargo, para que este pedido procediera era necesario que se realice antes de la sentencia y Uceda se encontraba muy lejos de ese plazo debido a que esta fue expedida el 30 de junio de 1997. Además, el pedido se amparaba en que Uceda había cambiado de dirección, hecho que no lo eximía de estar al tanto del proceso.

Por ello, la justicia no dudó en declarar improcedente este insólito pedido que Diego Uceda y su defensa realizaron en lo que se veía como un desesperado intento por dilatar el caso que lleva más de dos décadas en las cuales el hoy alcalde ha mostrado una innegable indiferencia por el bienestar de su hijo.

Pero el interés de Uceda por el caso tenía una razón de fondo. El Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores había resuelto el 9 de marzo del 2022 conceder la medida de embargo en forma de retención a las cuentas bancarias de Diego Uceda en diversas entidades bancarias a las que se notificó dicha decisión.

Luego de esta batalla legal, el burgomaestre aceptó cumplir con sus obligaciones económicas, aunque esto no parece remediar la ausencia en la vida del hijo que tuvo hace más de veinte años y de quien intentó desentenderse de todas las formas posibles hasta que la justicia tomó medidas que afectaban sus cuentas bancarias.

EMPLEADORES GENEROSOS

Otro aspecto que llamó la atención con respecto a la historia de Diego Uceda es su trayectoria laboral. Según la información que el propio Uceda declaró, el actual alcalde de La Molina no cuenta con ningún título universitario ni técnico debido a que no concluyó la carrera de derecho que empezó en la Universidad San Martín de Porres.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el alcalde Uceda muestra en su declaración jurada que ha desempeñado el cargo de asesor en empresas de diversos rubros durante los últimos años pese a no tener especializaciones en ninguno de ellos y entre sus recientes empleadores figura Compupalace, empresa vinculada con Rafael López Aliaga.

Otro dato que ha llamado la atención en la información declarada por Uceda es el drástico aumento en sus ingresos en un periodo de tiempo reducido. Acorde a la declaración que brindó para las elecciones del año pasado, Uceda tenía ingresos que superaban los cuarenta millones de soles.

Sin embargo, en su declaración del año anterior, cuando era candidato a congresista por el partido Avanza País, Diego Uceda reportaba ingresos que no superaban los doscientos mil soles.

La gestión de Diego Uceda en La Molina recién cumplirá su primer año en enero del 2024. Sin embargo, las dudas sobre la capacidad de este representante para conducir un distrito sumado a sus cuestionables actitudes contra su hijo y un extraño historial laboral siguen alimentando la desconfianza de sus propios vecinos.

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[INFORMES] La insólita guerra que le ha declarado el alcalde Diego Uceda a Cencosud por la construcción de un centro comercial en La Molina sigue sumando capítulos y los argumentos del burgomaestre parecen sucumbir ante las evidencias que siguen apareciendo y mermando la credibilidad de Uceda, quien sigue alegando que su postura es en defensa de los vecinos de su distrito. A esto se le ha sumado una declaración del alcalde en una entrevista que le brindó a la periodista Milagros Leiva y que dejó más dudas que certezas.

En su aparición en Willax, Uceda ponía énfasis en que estaba dispuesto a dialogar y anunció, como un gran acontecimiento, que se realizarían discusiones con un allegado de la empresa que maneja el centro comercial, que el burgomaestre describió como un “amigable componedor”, para llegar a un punto en común y terminó pidiendo que “se termine esa leyenda urbana que el alcalde Uceda está en contra del diálogo, la inversión y la empresa privada”.

Sin embargo, los argumentos en los que su gestión se ha amparado no parecen ser precisamente materia de negociación. Tal como informó Sudaca en el informe titulado ¿SE CAEN LAS EXCUSAS DE DIEGO UCEDA?, la Municipalidad de La Molina alegaba que Cencosud no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda y el cumplimiento de estas exigencias no tendrían lugar en una hipotética negociación.

Sudaca ha accedido a nuevos documentos que ponen al descubierto la verdad sobre la tan mencionada licencia y otros requerimientos que eran indispensables para que el centro comercial de Cencosud pueda abrir sus puertas y cuya existencia ha sido puesta en duda desde la gestión del alcalde de Renovación Popular.

PAPELITO MANDA

Tal como incluso ha sido publicado en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, una de las razones para oponerse al funcionamiento del centro comercial era la ausencia de los permisos correspondientes. Sin embargo, como se puede apreciar en la siguiente imagen, la licencia de edificación sí se obtuvo. El documento que corresponde a una constancia de recepción de la propia Municipalidad de La Molina incluye en el rubro datos de la licencia la resolución subgerencial que los habilita a edificar.

Además, contrario a lo señalado por la Municipalidad de La Molina, el Ministerio de Vivienda ha tenido una opinión favorable con respecto al desarrollo del centro comercial en disputa. Tras los obstáculos planteados por la gestión de Uceda, Cencosud pidió al Ministerio de Vivienda realizar la evaluación del proyecto a finales del mes de agosto.

El resultado de esta evaluación dio un resultado satisfactorio para Cencosud debido a que se comprobó que cumplía con las exigencias que implica un proyecto de esa magnitud y, además, el propio Ministerio de Vivienda señaló que el Estudio de Impacto Vial (EIV) no era necesario debido a que el proyecto contemplaba los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la presentación del primero se puede prescindir.

Estos documentos, al igual que la constancia de recepción en la cual se reconoce la existencia de la licencia de construcción, datan del mes de agosto. Sin embargo, en la Municipalidad de La Molina seguían señalando en el mes actual que el proyecto no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda.

CÓMPLICES DEL ALCALDE

Pero la estrategia de la Municipalidad de La Molina no se limitó a las publicaciones en redes sociales. Cuando los representantes de Cencosud intentaron realizar el trámite correspondiente para continuar con su proyecto, la Subgerencia de Obras Privadas, a cargo de la arquitecta Raquel Flora Oré, declaró una inhibitoria general alegando que existe una demanda ante el Poder Judicial.

No obstante, dicho proceso no sólo involucra a otra empresa (Tres Palmeras S.A.) sino que es referido a otra licencia que no guarda relación con la que estaba solicitando Cencosud el pasado mes de agosto. Además, tal como se puede apreciar en la carta notarial que la empresa operadora del centro comercial le envió al alcalde Uceda, no se cumplen las condiciones para que la Subgerencia de Obras Privadas se inhiba.

Aunque el alcalde Uceda repite en sus entrevistas a distintos medios que no es enemigo de la inversión, las pruebas que siguen apareciendo llevan a que sea muy difícil para los vecinos de La Molina creer en sus afirmaciones que son fácilmente refutadas por las pruebas que siguen apareciendo.

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Se empiezan a desvanecer los intentos de Diego Uceda, alcalde de La Molina, contra la apertura del nuevo centro comercial que Cencosud ha construido en su distrito. Tal como lo reportó Sudaca en el informe publicado el último martes bajo el título LA GUERRA DE UCEDA CONTRA EL CENTRO COMERCIAL, la nueva gestión encabezada por Uceda emprendió desde inicio de año una campaña contra el proyecto que empezó sus obras hace más de cinco años y, a lo largo de ese periodo, no presentó inconvenientes graves para renovar las licencias que se requerían.

Sin embargo, tras la llegada al mando distrital del candidato de Renovación Popular, el panorama cambió radicalmente y empezaron a salir a la luz una serie de excusas que parecían tener como único propósito impedir que el centro comercial en cuestión abra sus puertas y para ello se podían valer de la excusa que fuese necesaria.

Tal como se relató en el informe de Sudaca, la negativa del alcalde a emitir la licencia de funcionamiento se basó en argumentos poco serios, como lo fue el ampararse en la existencia de una demanda contra la municipalidad pese a que esta no involucraba a la empresa que solicitó la licencia o a la insólita exigencia de permitir el estacionamiento gratuito pese a que los otros centros comerciales que operan en la ciudad cobran por este servicio.

Entre sus más recientes y desesperados esfuerzos para convencer a sus propios vecinos de La Molina que la postura de Uceda es la correcta, la Municipalidad de La Molina ha publicado recientemente en sus redes sociales un oficio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el cual se declaraba la nulidad de un informe técnico favorable por incumplir la normativa vigente.

Pero lo que la municipalidad omitió en dicha publicación fue la fecha de dicho documento que data de 2021. Aunque el posteo viene acompañado de un texto que dice “Cencosud está vertiendo información falsa. No cuentan con los permisos del Ministerio de Vivienda para su apertura”, lo cierto es que Cencosud empezó un nuevo trámite este 2023 en el cual se adecuaron a los requisitos vigentes para el proyecto del centro comercial y recibieron al aval del Ministerio de Vivienda que fue presentado a la municipalidad el pasado mes de agosto.

No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.

En este documento, que fue firmado por los revisores urbanos Gabriel López, Alberto Champion y Jorge Rodríguez, le solicitan a Uceda abstenerse de dar declaraciones imprecisas o parciales para no perjudicar su imagen pública. Un pedido que llega tras una de las recientes entrevistas que brindó el alcalde de La Molina en la cual señalaba que el revisor urbano era un particular contratado por Cencosud.

Los revisores urbanos añaden que ellos, tal como lo estipula la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, asimilan las funciones de una comisión técnica que verifica que los proyectos cumplan con las disposiciones y que, además, son personas del régimen privado pero actúan con potestades públicas aprobando y evaluando expedientes técnicos.

Además, como se mencionó en el informe del pasado martes, el revisor urbano debe estar habilitado por el colegio profesional que le corresponde e inscrito en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda y no podría estar al servicio de la parte involucrada, como sería Cencosud.

La postura del alcalde Uceda incluso lo está llevando a perder aliados de su propia agrupación política. Este es el caso de la regidora Milagritos Quintana, quien pese a haber ingresado junto a él como parte de Renovación Popular no duda en mostrar sus críticas a la negativa por parte del alcalde para permitir que el centro comercial abra sus puertas.

Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.

Con menos argumentos en los cuales apoyarse, el alcalde Uceda parece estar cada vez más solo en una inexplicable guerra contra un centro comercial que, además, lo está llevando a ser visto por sus vecinos de La Molina como un político enemigo de la inversión.

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[INFORMES] El pasado 9 de septiembre Sudaca dio a conocer la historia de Glenda Villegas Vargas, una mujer de setenta y ocho años que se encontraba internada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa padeciendo una grave fractura en la pierna y la indiferencia del personal médico de dicho centro de salud.

En el informe titulado SOBREVIVIENDO A LA INDIFERENCIA: OTRA HISTORIA DE NEGLIGENCIA MÉDICA también se relataba que, durante su internación, Glenda sufrió un ACV durante su internamiento y, además, le notificaron que se le encontró un tumor, aunque no le ofrecían tratamientos ni alternativas para estos problemas de salud.

Tras la publicación de informe periodístico, el área responsable de relaciones públicas del hospital se comunicó con la familia de Glenda en lo que parecía ser la luz al final de camino lleno de problemas. “Después que salió el informe de Sudaca me llamaron de relaciones públicas para decirme que yo había entendido mal y que sólo le habían dado el alta de neurología”, relata Ania Villegas, sobrina de Glenda, aunque agrega que no confiaba en esta excusa debido a que cuando le comunicaron el alta le dijeron a su familia que se la debían llevar del hospital y no sólo del área de neurología. Sin embargo, el calvario para Glenda estaba lejos de terminar tal como se expondrá en este informe.

LA ESPERA INTERMINABLE

Luego de la aclaración que le hizo el área de relaciones públicas, Ania esperó dos días para que encuentren una cama para su tía Glenda en traumatología y pueda ser trasladada. Tras haber esperado por semanas, unos días más podían parecer poco con tal de ver a su tía librarse del dolor que día a día experimentaba en su pierna. “Me dijeron que no me preocupe porque mi tía estaba estable y el jueves la iban a operar”, relata Ania, quien paralizó su vida hace más de un mes para viajar a Arequipa y acompañar a su tía en una operación que, inicialmente, sólo iba a ser cuestión de días.

Pero al día siguiente surgió el primer inconveniente. En el hospital le notificaron a Ania que, para operar a su tía, debía conseguir cinco unidades de sangre adicionales. Aunque esta situación representaba un problema debido a que tanto Glenda como Ania no tienen familiares ni conocidos en Arequipa, la posibilidad de ponerle punto final a la dolencia de su tía llevó a que Ania consiga que varias personas viajen de Tacna a Arequipa para cumplir con la exigencia del hospital.

Cuando se habían hecho las gestiones y las personas dispuestas a colaborar se encontraban listas, un nuevo percance se topó en el camino. “Hice setenta y seis llamadas al banco de sangre y me dijeron que no iban a atender. Llamo al día siguiente y me dicen que estaban en campaña y no iban a atender”, cuenta Ania todavía indignada, un sentimiento que aumentaría al día siguiente cuando, tras llevar cuatro personas, le dijeron que sólo podían recibir dos donantes por paciente.

La tarde del día anterior de la operación, la familia de Glenda recibiría una nueva y desagradable sorpresa. “Un técnico me comentó que nadie le había dicho nada (con respecto a la operación de Glenda) pese a que normalmente los doctores le avisaban para alistar a los pacientes”, relata Ania y señala que tampoco le explicaban las razones detrás de esta decisión.

Finalmente, tras la constante presión por parte de la familia, le dijeron que el lunes 18 se realizaría la operación. Cuando llegó el día, Ania vio que a la una de la tarde su tía fue llevada para ser operada. Sin embargo, como se ha repetido a lo largo de esta historia, un cambio de último momento terminaría por sorprender a la paciente de 78 años.

caso de Glenda VillegasTras varias horas sin información sobre su tía, Ania vio que la camilla volvía al cuarto. Pero, increíblemente, al levantar la sábana que cubría la pierna de su tía no encontró ninguna marca propia de una operación y, para exasperar los ánimos todavía más, nadie le brindaba información sobre lo que había ocurrido durante esas largas horas en las que supuestamente estaban operando a Glenda.

LABERINTO SIN SALIDA

“No tienen la valentía de decirme que no la quieren operar”, cuenta la sobrina de Glenda a Sudaca y, en medio de lágrimas, señala que lo único que buscan es que su tía tenga una mejor calidad de vida y que esto sería posible si le realizan la operación en la pierna que a diario le produce un dolor intenso. “Mi tía todo el rato grita y llora por el dolor de la pierna”, relata Ania Villegas.

El panorama de Glenda no es alentador y empeora con cada día de indiferencia por parte del personal médico del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Durante el tiempo que ha estado internada ha sufrido un ACV para el cuál no está recibiendo terapia de rehabilitación y el tumor que le detectaron recientemente no está siendo tratado y tampoco se han hecho los estudios para conocer su gravedad.

caso de Glenda Villegas“Mi tía entró con sus cinco sentidos”, reclama con impotencia Ania al recordar que, días antes de internarse para lo que sería una operación en la pierna, Glenda se encontraba lúcida y, en la actualidad, ha perdido una considerable cantidad de peso y ha perdido la movilidad de la mitad del cuerpo.

caso de Glenda Villegas“Están dejando morir a mi tía”, es el reclamo de Ania y sus familiares que hace más de un mes se encuentran en una ciudad en donde se encuentran solos y atrapados en un laberinto sin salida debido a la indolencia que padecen a manos de un hospital que parece buscar todas las excusas posibles para no operar a Glenda y tampoco es capaz de ofrecer otras alternativas para mejorar su calidad de vida que a lo largo del último mes se ha deteriorado ante la indiferente mirada de quienes debían velar por su salud.

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[INFORMES] En 2016, Censosud, empresa internacional con amplia experiencia en operar centros comerciales en Perú y  varios países de la región, empezó la construcción de un moderno centro comercial en el distrito de La Molina. El ambicioso proyecto que contó con una inversión de más de 150 millones de dólares para el terreno de catorce mil metros cuadrados había superado todos los requerimientos necesarios para su realización y todo parecía encaminado para que abran sus puertas en el primer semestre del 2023. Sin embargo, cuando los trámites estaban por llegar a su etapa final, la Municipalidad de La Molina les preparó una inexplicable sorpresa.

CARRERA DE OBSTÁCULOS

Para la realización del proyecto en La Molina, Cencosud había optado por el uso de revisores urbanos. Acorde a esta alternativa que fue aprobada en 2020, la empresa podía solicitarle al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se asigne un equipo de profesionales que es integrado por arquitectos e ingenieros quienes se encargarán de verificar que los proyectos cumplan con las disposiciones urbanísticas en los distritos en los cuales se están construyendo.

Luego de someterse a esta revisión, el proyecto del Centro Comercial La Molina no había presentado mayores inconvenientes, así como tampoco los tuvo durante las constantes actualizaciones que de licencia de construcción que se hicieron en los años 2018, 2021 y 2022, y la obtención  de la licencia de funcionamiento parecía inminente. Pero fue en ese momento cuando el nuevo alcalde de La Molina empezaría lo que se podría considerar una carrera de obstáculos para el centro comercial.

En las elecciones municipales que se realizaron en octubre del 2022, el candidato con más votos en el distrito de La Molina fue Diego Uceda, representante del partido Renovación Popular, y asumió sus funciones el pasado mes de enero, el mismo mes en cual Cencosud solicita la licencia de funcionamiento.

Al no haber presentado dificultades a lo largo de toda la etapa de construcción, la emisión de la licencia de funcionamiento parecía un trámite sencillo. Sin embargo, la llegada de Uceda a la Municipalidad de La Molina cambiaría drásticamente la historia. La nueva gestión a cargo de este distrito, más precisamente la Subgerencia de Obras Privaadas, se rehusaba a que Cencosud obtenga esta licencia alegando que debían cumplir requisitos que no figuran en la ley que establece los requerimientos para obtener la licencia de funcionamiento y sobre los cuales no tuvo la intención de explicar con mayor detalle ni justificar técnicamente.

Ante esta inesperada negativa por parte de la municipalidad y el tiempo que podría tomar el entrar en una disputa legal, Cencosud optó por empezar el trámite desde cero. Por ello, el pasado mes de agosto volvieron a intentar obtener la licencia de funcionamiento presentando en esta oportunidad las nuevas exigencias que inesperadamente la Municipalidad de La Molina les había impuesto.

Sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el encargado de evaluar el expediente con el cual se solicitó la licencia de edificación y se comprobó que los aspectos viales demandados se cumplían para que dicho ministerio apruebe el Informe Técnico Favorable (ITF), la Municipalidad de La Molina ha puesto un nuevo obstáculo para que las puertas del Centro Comercial La Molina no se abran.

Pese a que luego de presentar el Informe Técnico Favorable (ITF) correspondía que se gestione de forma automática la licencia de funcionamiento, el municipio de La Molina se amparó en una demanda que data de 2022 para inhibirse y no darle continuidad al trámite. Acorde a este argumento, la Municipalidad de La Molina se encontraba obligada a abstenerse por ser una de las partes en disputa.

No obstante, la demanda a la que hace referencia la municipalidad bajo el mandato de Uceda data de 2022 y no fue presentada por Cencosud, quienes actualmente piden la licencia, sino por la inmobiliaria Tres Palmeras S.A. que es la gestora de los terrenos. A ello se le suma que dicho proceso es con respecto a una licencia de 2022 que no tiene relación alguna con el nuevo trámite que se realizó en este 2023.

¿QUÉ PASA EN LA MOLINA?

Fuentes confiables le han señalado a Sudaca que, desde el inicio de su gestión, el alcalde Diego Uceda nunca mostró predisposición para explicar con argumentos técnicas las razones por las que se ha emprendido una casi desesperada campaña por impedirle al Centro Comercial La Molina abrir sus puertas y tampoco ha estado dispuesto a escuchar las explicaciones  que respondían a los argumentos en lo que se ampara la municipalidad para negarles la licencia e incluso llegó a realizar una insólita exigencia que consistía en que el estacionamiento sea gratuito para personas que no realicen consumos en el centro comercial pese a que cobrar por el uso de estos espacios ocurre en los principales establecimientos de la ciudad.

Pero en el comunicado emitido el lunes 11 de septiembre por la Municipalidad de La Molina no sólo evitan mencionar que se han inhibido por el proceso judicial sino que alegan que la postura de dicha municipalidad es por el impacto que tendría en la fluidez vehicular con lo que ignoran que fue el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el encargado de comprobar que se cumplan con los aspectos viales que el distrito requiere y, además, el trabajo de los revisores urbanos exigía que estos tengan en cuenta las disposiciones del distrito antes de dar el visto bueno.

Además, el alcalde Uceda muestra en sus redes sociales poca predisposición al diálogo atacando y realizando acusaciones a quienes cuestionan la postura de municipalidad con respecto al centro comercial y también contradiciendo el comunicado en el cual dicen promover y alentar la inversión privada pero al mismo tiempo se lee al alcalde menospreciar el rol de una empresa como Cencosud.

Pero esta no es la primera vez que Diego Uceda se ve involucrado en una polémica. En enero del 2022, cuando todavía era candidato, el actual alcalde de La Molina fue protagonista del informe de Sudaca titulado EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA en el cual se detallaba que Uceda tenía una deuda de S/48.500 por el concepto de pensión alimentaria que debía pagar entre 2010 y 2019.

Por lo pronto, el imponente Centro Comercial La Molina con sus más de treinta tiendas siguen a la espera de una inauguración que se viene posponiendo por casi un año debido a una injustificada negativa de una municipalidad que dice apoyar la inversión privada pero cuenta con un alcalde que parece haberle declarado la guerra a un centro comercial.

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[INFORMES] En agosto de este año, Glenda Villegas, una paciente de 78 años, ingresó al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo para una operación en su pierna. Semanas después, Villegas padece las consecuencias de un accidente cerebrovascular y se le ha detectado un tumor mientras el centro de salud parece decidido a librarse de ella sin importar los riesgos para su salud.

En octubre de 2019, Glenda Villegas Vargas, una exprofesora de primaria que por entonces tenía setenta y cuatro años, sufrió un caída que le produjo una fractura cerca de la cadera por lo que debió ser operada en Tacna, ciudad en la que vivía. Este procedimiento médico no fue el único al que tuvo que someterse Villegas, quien debió pasar dos nuevas operaciones, la segunda en Tacna y otra en Arequipa, con el objetivo de mejorar la prótesis que se le había colocado tras su accidente.

Pese a que por su edad ese tipo de lesiones pueden presentar complicaciones, el caso de Glenda parecía marchar bien luego de las tres operaciones. Sin embargo, en abril de este año, Villegas Vargas volvió a sentir dolor y, al consultar con los médicos de Tacna, sólo recibía la indicación de realizar terapia. Su familia, preocupada por el avance de un problema que en un momento parecía solucionado, optó por realizarle radiografías por su cuenta y recibieron con sorpresa unas imágenes en las cuales se podía observar que los elementos de metal que le colocaron en las operaciones se habían movido.

La familia de Glenda buscó ayuda en Tacna, donde había sido atendida anteriormente, pero ellos decidieron que lo mejor era enviarla a Arequipa. Esta decisión se tomó durante el pasado mes de agosto y fue ahí cuando empezó un calvario para Glenda, quien hoy se encuentra en Arequipa no sólo padeciendo el dolor en su pierna sino sufriendo las consecuencias de un accidente cerebrovascular y la presencia de un tumor en su cuerpo.

PESADILLA EN AREQUIPA

En agosto, Glenda Villegas fue trasladada de Tacna a Arequipa con el propósito de someterse a una operación para corregir el problema que presentaba en su pierna. Ania Villegas, su sobrina, la acompañó en este viaje para internarla en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo y, según relató a Sudaca, desde su llegada a este establecimiento de Essalud empezó una interminable tortura para su tía.

“Estuvo tres días en emergencia hasta que le encontraron una cama”, relató Ania a Sudaca sobre le llegada de su tía a Arequipa y agrega que el trato en el área de traumatología, quienes se iban a hacer cargo de la cuarta operación, fue pésimo desde el inicio y las imágenes del área de emergencias que pudieron grabar expusieron la precariedad que hoy se vive en Arequipa. Pero la indiferencia por parte del personal médico se sentiría mucho más días después.

El viernes, como todos los días desde que llegó a Arequipa, Ania acudió al hospital Seguin Escobedo para visitar a su tía y llevarle algunos elementos de aseo personal sin imaginar la escena con la que se encontraría. “El viernes veo medio rara a mi tía y me decía que le dolía el brazo derecho. Me mira y me dice ”ah, eres tú Ania”. No me había reconocido. Entonces la veo y se le estaba arrugando la cara y hacía muecas, como cuando tienes un acv”, relata Ania Villegas.

El cuadro era preocupante, pero al personal de salud parecía no interesarle en lo más mínimo el destino de Glenda. Ania cuenta que, al ver a su tía en ese estado, preguntó a las enfermeras qué había ocurrido en las últimas horas con la salud de Glenda y lo único que obtuvo fue un indolente “la encontré así”.

Cuando finalmente un médico confirmó que Glenda había sufrido un accidente cerebrovascular, se decidió trasladarla al área de neurología, donde recibió un mejor trato según cuentan sus familiares. “La neuróloga me dijo que mi tía había tenido un acv porque tenía un tumor en el estómago del tamaño de una mano y le estaba aplastando varios órganos”, explica Ania y añade “me enseñó una radiografía y el hueso estaba totalmente para el otro lado. Me dijeron que la tenían que operar sí o sí”.

ENTRE EL DOLOR Y LA INDIFERENCIA

La sobrina de Glenda cuenta que en este hospital no estaban dispuestos a realizar la operación hasta que ella consiguiera la donación de sangre para dicho procedimiento. Pese a encontrarse en una ciudad donde no tenía conocidos, Ania y su familia lograron ingeniársela para que algunos amigos pudiesen viajar desde Tacna para donar la cantidad de sangre que le exigían si quería que su tía sea operada.

Cuando ya parecía que no quedaban excusas para que Glenda sea operada, Ania se llevó una nueva sorpresa el último martes. Luego que se le impidiese entrar al hospital para visitar a su tía, como sí había podido hacer todos los días desde su llegada a Arequipa, la mañana del pasado 5 de septiembre no se le permitió el ingreso y, horas después, cuando finalmente pudo entrar recibió un mensaje inesperado. “Cuando regreso al hospital me dicen que mi tía está de alta y que me la lleve”, cuenta Ania.

Por supuesto este anuncio no venía acompañado de una recuperación milagrosa. La paciente de setenta y ocho años seguía con rezagos del accidente cerebrovascular, con el tumor dentro de su cuerpo y con el problema inicial, una fractura que este periodo había empeorado y provocaba que Glenda grite de dolor por varios minutos sin que nadie la intente ayudar.

“Me atendió un doctor de apellido Salcedo y me dijo que no sabía por qué Tacna la había enviado para acá. Cuando le pregunté por el tumor, él se quedó callado”, relata la Ania Villegas y cuenta, muy indignada, que nunca supieron explicarle cuáles eran los criterios para dar de alta a una persona cuya salud estaba más comprometida que cuando ingresó al hospital.

“Mi tía tiene setenta y ocho años y varias complicaciones, pero al menos podrían solucionarle el problema de la pierna para que tenga una mejor calidad de vida”, reclama Ania con la esperanza de recibir algún tipo de solución por parte de un hospital que parece indiferente ante el dolor de una paciente que día a día se va deteriorando mientras que el personal de salud parece preocuparse únicamente por cómo sacársela de encima.

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Le llegada de Dina Boluarte al poder, pese a que no estuvo impulsada por ella sino por la actitud golpista de su predecesor Pedro Castillo, careció de popularidad desde el primer día en que se puso la banda presidencial. La falta de una rápida respuesta política a las manifestaciones que se realizaron en diciembre así como el respaldo de un Legislativo que ya en ese entonces contaba con el rechazo de un considerable sector de la población llevaron a que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú cuente con una desaprobación casi inmediata.

Meses después, el blindaje a las fuerzas del orden que cometieron excesos en las marchas así como la elección de ministros que no ofrecían respuestas a los problemas que atravesaban sus respectivos sectores lograron que el descontento con Boluarte se mantenga. Sin embargo, la estrategia para intentar torcer la curva de desaprobación del Ejecutivo podría comprometer seriamente a TV Perú y Radio Nacional.

DECISIONES INEXPLICABLES

Este jueves, Crisólogo Cáceres, quien condujo durante doce años “La Voz del Consumidor”, anunció que su programa había llegado a su final. Esta decisión tomó por sorpresa a Cáceres, que no dudó en resaltar en su publicación en redes sociales que el programa contaba con “alta sintonía y participación”. Sudaca se comunicó con el ahora exconductor de Radio Nacional para conocer los pormenores de una decisión que, a primera impresión, parecía inesperada.


“El sábado 26 de agosto me llamó la secretaria del señor Gilber Llapapasca Cunya, a quien a partir del 19 de agosto se le había encargado el puesto de gerente de Radio Nacional, para informarme que el programa “La voz del consumidor” que produje y conduje por 12 años, no iba más”, contó Cáceres a Sudaca y agregó que el actual gerente nunca se reunió con él para explicarle las razones detrás del final de su programa.

“Lo que quiero creer es que tanto la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como la Ministra de Cultura, de quien depende dicha entidad, no estaban al tanto de los planes del señor Llapapasca y que, ahora que los conocen y están viendo el repudio que generan en la sociedad, tomarán las medidas correctivas necesarias. Recordemos que no sólo se canceló mi programa sino que, en simultáneo, se tomaron medidas similares contra otros de la mayor importancia. Una verdadera carnicería contra la programación”, señala Cáceres ante la ola de críticas que el IRTP está recibiendo a raíz de las cancelaciones de programas que incluso han llevado a que la congresista Susel Paredes le solicite a Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que reconsidere la decisión del gerente de Radio Nacional.

Norma Yarrow, parlamentaria de Avanza País, también se ha pronunciado y, en el oficio dirigido a la ministra Urteaga, ha calificado como abuso de autoridad la decisión de Llapapasca Cunya y exhortó al IRTP no realizar acciones que puedan afectar los derechos laborales de los trabajadores.

“En los doce años que estuve en Radio Nacional, nunca se me dio una instrucción similar. Absolutamente todos presidentes de la república, ministros, presidentes del IRTP y gerentes de radio respetaron nuestra autonomía porque las críticas que hacíamos a las dependencias del Estado eran alturadas, documentadas y propositivas”, comentó Crisólogo Cáceres a Sudaca y lamentó que haya llegado a su final un programa que él describe como “sesenta minutos diarios para hablar exclusivamente de los problemas que agobian al consumidor. En el mundo entero no existe un espacio similar que haya durado tanto tiempo, que haya sido transmitido a diario en vivo y en directo y que haya contado con la participación activa del público oyente a través del teléfono y el WhatsApp”.

Pero el caso de Cáceres no es la única salida que se ha producido en las últimas semanas. El pasado viernes 25 de agosto, Cecilia Brozovich, quien conducía el programa “Nacional Play” en Radio Nacional, se enteró que no continuaría en dicho medio. “Mi productor me comentó que había tenido una reunión con Llapapasca. Me dijo que se habían reunido los productores y que entendía que luego se reunirían los conductores”, relata Brozovich a Sudaca.

Brozovich, quien también es cantautora, explica que nunca llegó a reunirse con el recientemente nombrado nuevo gerente de Radio Nacional y que, al igual que en el caso de Crisólogo Cáceres, tampoco le ofrecieron una explicación para que su programa sea dado de baja. “Mi programa reunía los diferentes temas de cantantes de todo el Perú. Era una plataforma donde presentábamos la música de géneros contemporáneos”, cuenta Cecilia sobre el programa que condujo.

“En la reunión de productores se hablaban de cambios. Ese mismo día en la noche le dicen a mi productor que me comunique que no iba más. Mi productor le dice a Llapapasca que él mismo me lo diga, pero le respondió que no es necesario”, expone Brozovich sobre los detalles de su salida de Radio Nacional.

Aunque su programa se enfocaba en la música, la exconductora cuenta que en sus redes no tenía inconvenientes en manifestar su sentir y cuenta a Sudaca que, con motivo de las pasadas Fiestas Patrias, expresó su desazón por injusticias que padecen algunos peruanos producto de la ambición de personas por las que señala no sentirse representada. Al respecto, Cecilia considera que “esto no le puede haber gustado a alguien” y agrega que “de manera interna se escuchaba que tengamos cuidado con lo que publicamos en redes”.

ANTECEDENTES QUE ALARMAN

Pero las salidas de los medios del Estado no empezaron estas últimas semanas. Tal como lo reportó detalladamente Sudaca en el informe DECISIONES CUESTIONADAS: IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE publicado en febrero de este año, el criterio para prescindir de trabajadores en medios como TV Perú parecía estar más ligado a qué tanto se alineaban con el discurso que favorecía al gobierno de Dina Boluarte. En aquella oportunidad, el periodista Carlos Cornejo fue retirado de su programa en la televisión estatal tras referirse a la muerte de Víctor Santisteban durante las manifestaciones contra el gobierno y cuestionar las acciones de la policía.

A ello se le suma que, meses atrás, también se produjo la salida de otros trabajadores, como fue el caso de la periodista Leah Sacín. En declaraciones a Sudaca, Sacín tampoco se realizó de forma clara y fue inesperada. “Siempre cuando hay cambios de gestión se piden reportes y nosotros teníamos un reporte muy bueno porque se había logrado mayor interacción. Nunca se nos dijo que no estaban conformes con el trabajo realizado”, contó Leah, quien se desempeñaba como productora general y, además, estaba a cargo del contenido que se subía a redes sociales.

El inicio de una nueva gestión suele estar acompañado por cambios. Sin embargo, lo que se ha visto en medios como Radio Nacional son una serie de cambios que no parecen tener sustento ni estar relacionados al desempeño de sus trabajadores y, por el contrario, cada vez despiertas más sospechas sobre las verdaderas motivaciones que pueden haber detrás y ponen en riesgo la credibilidad de medios que le pertenecen a todos los peruanos y no deberían responder a los intereses de un gobierno de turno.

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