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Fabrizio Ricalde, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 7 de 7

Hoy es el ministro de Educación del nuevo gobierno, pero antes de ayer, un día antes de asumir el cargo, el investigador Ricardo Cuenca escribió sobre Tik Tok. Si usted no sabe qué es esto o cómo funciona, debe tener claro que no pertenece a la Generación Bicentenario. “Abro esta red social y una voz surge desde un primerísimo primer plano, con un mensaje político corto, sin retóricas y directo”, dice Cuenca en su autodenominada primera vez en Tik Tok.

El ministro de Educación bien puede estarse refiriendo a Josi Martinez, un adolescente peruano creador de contenidos digitales. En su cuenta oficial de Tik Tok, Josi tuvo cerca de 10 millones de visualizaciones en cuatro videos publicados la semana que duró el gobierno de Manuel Merino. En los cortos videos, solo habla él frente a una cámara. Cualquier político envidiaría esa convocatoria. Él, que todavía no termina la secundaria, promovió el discurso en contra del régimen de Manuel Merino y la participación en los cacerolazos. Para muestra un botón:

@jmartineze_

MERINO NO ERES MI PRESIDENTE! ayúdenme compartiendo este video para que todo el mundo se entere lo que está pasando en mi país

♬ original sound – josi

Los seguidores de Martinez son jóvenes Centennials, como él. Personas que nacieron entre 1995 y el 2017. Su edad máxima es de 25 años, pero la masa del grupo es incluso inferior a los 18. Algo similar ocurre con Mateo Garrido Lecca, cuyo nicho en Instagram es de la misma edad. Durante la última semana y hasta hoy, Garrido Lecca ha informado a diario sobre los sucesos en la política peruana. A su estilo, entre risas, pero haciendo un sostenido activismo en favor de la protesta y con difusión de datos útiles.

Por si es necesario precisar, Tik Tok es una red social de origen chino que se basa en compartir videos cortos –de apenas segundos– y en formato vertical. A veces, los videos incluyen música o pistas de audio pregrabadas de fondo, que los usuarios interpretan . Otras, los usuarios simplemente mandan mensajes ellos mismos o editan videos parodia de personajes conocidos. El contenido está categorizado por temáticas, llamados trends o hashtags. Una de ellas fue #MerinoNoEsMiPresidente, que alcanzó 157.2 millones de vistas en todos los videos publicados bajo aquella tendencias o etiqueta en la red china.

https://twitter.com/ahivienelaprofe/status/1329200405495115776?s=21

En Instagram, la misma etiqueta generó 124 mil publicaciones fijas, entre videos, fotos y gráficas. Además, el apellido del ex presidente #Merino alcanza al día de hoy más de 691 mil posteos, y contando. La información publicada en redes sociales también sirvió para convocar y organizar las protestas. Como demuestra un informe de Sudaca, incluso fue útil para identificar la peligrosa infiltración de la policía entre los manifestantes durante las marchas del jueves y sábado.

Una encuesta reciente del IEP confirma el valor de los jóvenes en las marchas políticas: el 37% de peruanos afirman haber participado en las protestas contra el gobierno de Merino, sea de forma presencial o virtual. De ellos, más de la mitad son personas entre 18 y 24 años, el rango máximo de edad Centennial. La organización de jóvenes AIESEC Perú reconocida por la ONU, da a los Centennials peruanos cuatro características: visión global, compromiso social, innovación pragmática y el éxito por la pasión, no el dinero.

En el 2011, la investigadora británica Erica Chenoweth, tras analizar por una década más de cien años de protestas sociales pacíficas en el mundo, concluyó que solo se necesita al 3.5% de la población participando de manifestaciones para asegurar un cambio político serio. Si amplificamos por diez aquel porcentaje, el logro mayoritariamente juvenil de la semana pasada estaba garantizado.

Características de una generación masiva

Una foto describe la esencia de la ‘Generación Bicentenario’. Acuñados detrás de las barricadas policiales, generando líneas sucesivas de defensa, ahí están. Con bidones de agua para apagar las bombas, guantes y mascarillas. Con escudos improvisados por planchas de metal, defensa más que valiosa ante los perdigones; con cascos y bengalas. Encima, la bandera agujereada por la represión. Al fondo, como paradoja, la entrada de la antigua sede del Ministerio de Educación, el templo que en otra época albergó la educación del país. En concreto, más de diez jóvenes en un solo cuerpo, avanzando articulados hacia un objetivo.

La imagen hace recordar a la revolución francesa, le dicen unos economistas de ese país a su colega peruano Fredy Vargas, en una reunión en Bogotá. Él la enseña con orgullo, como explica en una entrevista a Sudaca. A pocos días de las protestas, la imagen capturada por Sebastián Castañeda ha dado la vuelta al mundo. El pintor revolucionario Eugène Delacroix no podría haber pintado un mejor retrato de un grupo de jóvenes que se enfrentó a las fuerzas policiales. En ella, se muestra el esfuerzo colectivo por terminar la marcha frente al símbolo de la protesta: el Congreso, una institución con 91% de desaprobación nacional, según el IEP.

Foto: Sebastián Casteñada/REUTERS

Vargas trabaja estrategias de planificación de políticas públicas para el gobierno colombiano, luego de haber dirigido planes de prospectiva dos años y medio para el gobierno de Humala. “Esta generación no va a tolerar a los políticos viejos. Quieren cosas concretas y tangibles. Sino, la calle”, le dice a los franceses. Ellos apenas entienden. ¿Cómo es posible renunciar a un presidente en una semana? En otros países, pueden pasar décadas y no lograr resultados.

Hackeado por la indignación de la inmensa mayoría de peruanos, el breve Manuel Merino se refirió a los protestantes como generadores de “caos y violencia” minutos antes de renunciar. En contraste, el nuevo presidente Francisco Sagasti enfatizó la necesidad de los jóvenes en la representación política. “El movimiento visto en todas las regiones del país le pertenece a la juventud, a la Generación del Bicentenario”, dijo en su primer mensaje a la nación. La desconexión tan grande con el corto gobierno anterior explica la rapidez del efecto de la protesta.

De entre todos los comentarios en redes sociales tras las marchas, destaca uno dicho en exclusiva a RPP por Mixael Paz, brigadista en las huelgas para desactivar bombas lacrimógenas. “Justificamos el amor hacia este país, pese a que nos dicen violentos. Es falso. De alguna manera te preguntas, si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer. Cada bomba apagada deja de lastimar y herir a veinte o treinta compatriotas. Vale aguantar ese olor un rato”.

Los Centennials son personas más comprometidas con las causas. Buscan un significado y se involucran en resolver asuntos políticos a través de convocatorias digitales, concluye una investigación reciente de la Universidad Nacional de Piura. Son nativos digitales, y están adaptados a concebir la interacción en comunidades amplias. Vargas añade que estas características naturales del grupo etáreo le va a permitir entrar en mayor fiscalización del contrato social. La virtualización les permite un mayor (y mejor) ejercicio de su ciudadanía, y los incluye con mucha mayor naturalidad en el debate sobre la cosa pública. Así, exigirán mejor inversión del gobierno para entregar servicios de calidad a los ciudadanos. El interés central será garantizar la satisfacción con la vida, la justicia y la igualdad.

Una generación que toma la calle

Los jóvenes –Centennials y Millennials– lograron ejercer en las calles la presión suficiente para hacer tambalear a un Poder Ejecutivo improvisado y débil, como el de Merino. Pero las marchas no deberían ser, como han sido, una sorpresa. A quince años de establecido el inicio de la generación Centennial (1995), fueron testigos de intensas marchas. Estas fueron tres y por similares temas ambientales: Bagua (2009), Conga (2011) y Espinar (2012). Incluso, participaron miembros de la generación anterior, los Millennials.

Como informó el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, en el 2013 ocurrió una movilización de más de tres mil jóvenes para denunciar la repartija de instituciones que ocurría desde el fujimorismo, quizás la primera que pudo incluir Centennials. Otras grandes multitudes se juntaron al final del 2013 e inicios del 2014, por dos meses, contra la nefasta “Ley Pulpín”.

La protesta en esta generación de entre Milennials y Centennials ha cogido peso desde el 2016 con el reclamo de derechos sociales como la igualdad de género, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. “Tienen una agenda de intereses muy progresistas, promueven equidad y reformas estructurales. Son temas incomprendidos o rechazados por los conservadores y viejos políticos”, indica la socióloga Noelia Chávez.

Otro  evento significativo fue el ‘No a Keiko’ durante las elecciones del 2016. Se trató de la bandera más firme por el antifujimorismo. A ello se suman las marchas masivas contra del indulto humanitario a Fujimori en el 2018, que terminó anulándose. Y así, en poco más de una década, la calle peruana ha hablado. No debería sorprender entonces que el país ostente el segundo lugar de América Latina en protestas y movilizaciones para el Barómetro de las Américas (2019).

Foto: Difusión

En la historia del país existe un paralelo respecto a las marchas sociales. Hay que irse cien años para atrás. Alrededor de 1920, se hizo escuchar el Grito de Córdoba. Fue el estallido de una clase de estudiantes –primero argentinos– para democratizar la educación superior y enfocar la enseñanza en las ciencias. Las protestas alcanzaron a la mayoría de países de América Latina, desde México hasta Chile.

En el Perú, la reforma universitaria de aquella época trascendió la esfera estudiantil. En ella, se iniciaron líderes como Victor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariategui. A partir de las movilizaciones, fundaron a la postre partidos políticos o sentaron la base de nuevas ideologías políticas en el país. También participaron en las huelgas los historiadores Jorge Basadre y Rául Porras Barrenechea.

Para Steven Levitsky, politólogo estadounidense con veinte años de estudios sobre la política del Perú, harán falta partidos políticos que consoliden las protestas. El objetivo debería ser la institucionalización de los reclamos en organizaciones que se atrevan a liderar procesos electorales, asumir roles entre los poderes del Estado y defender la democracia desde adentro.

Coincide con aquella visión Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, al recordar la generación del 2000 y los Cuatro Suyos, “donde las buenas voluntades no bastaron al no volverse políticos y partidos al servicio del bien común”. También concuerda Noelia Chávez. La socióloga peruana afirma haber participado en las marchas como protestante y como investigadora –e intérprete– de estos fenómenos sociales. “Las marchas deberían decantar en diversas propuestas políticas. No creo que sea inexistente el vínculo entre los jóvenes y la política”, indica a Sudaca.

De hecho, el vínculo existe. Lo demuestra el Barómetro de las Américas en el 2019 (ver gráfica), donde los más jóvenes son los más interesados en la política. Además, entre peruanos de 18 a 25 el apoyo a la democracia es de 50%, similar al de peruanos entre 56 a 65, con 51%. Incluso, los peruanos del primer grupo de jóvenes encuestados presentan una satisfacción por la democracia de 33.6%, mayor a los 24.8% del grupo etáreo de mayor edad.

El grupo etáreo con mayor interés en la política son los más jóvenes. (Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, 2019).

Ya se vive la renovación política

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema central de las marchas durante el gobierno de siete días de Merino. Se dio un grito de lucha entre las masas –principalmente digitales– para lograr convocatoria al sentir la vulneración de derechos democráticos. Pero señalar al grupo solo como una ‘generación’ no era suficiente. “Los procesos hay que nombrarlos para que tengan sentido”, dice la socióloga Chávez. Vía Twitter, ella le acuñó la generación la pertenencia del Bicentenario del país, que se conmemora el próximo 28 de julio.

Sin un simbolismo adoptado por la gente, el Bicentenario sería una simple celebración de logros y el recuerdo de fallas. Quizás con eventos y algunos protocolos gubernamentales. Por ejemplo, el saliente gobierno de Vizcarra invirtió más de S/4 millones de soles en el Proyecto Bicentenario, un programa del Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2019. A la fecha, tienen una página web, un logo y una agenda impresa de actividades que realizarán los ministerios. “Está muerta esa iniciativa, no ha conectado en nada con la gente”, indica Fredy Vargas.

El Estado no tiene la capacidad –dentro de su estrategia de comunicación política– de establecer mitos entre la población, señala Chávez. Ya es costumbre la carencia de ideas programáticas en los últimos gobiernos, el de PPK y de Vizcarra, sin establecer consensos de proyectos país. “El Perú Primero” buscaba poner a la ciudadanía por encima de la clase política tradicional, pero solo fue reconocido como la identidad individual de un presidente, su eslogan y motivo de liderazgo.

Pero el Bicentenario va más allá de una marca personal. “Esta es una generación crítica contra la clase política, pero no están esperando un salvador”, advierte Santiago Mariani, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. Lo que quieren, coinciden los expertos consultados, es que funcione mejor el sistema, y esto genera una mayor población dispuesta a defender la democracia. Y ojo: las dos generaciones que marcharon la semana pasada ya casi son mayoría. Más del 40% de la población peruana sería o Millennial o Centennial, según IPSOS al 2019.

El futuro de la participación de estos ciudadanos dependerá también de un gobierno o una clase política generadores de espacios digitales. Según la encuesta del IEP, existe una mayor participación en protestas de quienes tienen acceso a internet. Noelia Chávez afirma que el reclamo popular buscará tener dos consecuencias clave: partidos políticos con proyectos reales, no cascarones; y políticos con oídos puestos en la ciudadanía sin imponer sus acciones o leyes. Y todo ello a la vuelta de la esquina –porque ya empezó– en las próximas elecciones generales.

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Bicentenario, Marcha

Fernando Meléndez

Fue uno de los congresistas que habló más alto en el debate por la vacancia de Martín Vizcarra. “Tenemos un deber moral con la patria, porque esto no es un juicio de una sala del Poder Judicial, este es un foro político y su cuestionamiento mayor es que ha mentido”, aseguró, casi sin poder hilar dos ideas consecutivas, en una chapucera intervención de más de 12 minutos. Incluso, se atrevió a citar a Manuel González Prada. “Rompamos el pacto infame de hablar a media voz”, dijo. El tono de su discurso sorprendió a la prensa.

Antes de iniciar el debate del lunes, los votos de Alianza para el Progreso (APP) se contaban indiscutiblemente en contra de la vacancia. De hecho, César Acuña, su líder y próximo candidato a la presidencia, había declarado que Vizcarra debía llevar las investigaciones a través de sus abogados y dedicarse a gobernar los meses que le quedaban. Pero finalmente los votos de APP fueron los que inclinaron la balanza: 20 a favor de destituir al expresidente y solo una abstención.

“Su gobierno es un gobierno espurio, fruto de la mentira, de la conspiración, del engaño y la traición”, dijo Meléndez, pese a que la traición de su bancada empezó, precisamente, con su discurso. Desde su escaño, el vocero de APP resaltó la incapacidad moral de Vizcarra para ejercer el cargo, pese a tener ocho veces más investigaciones fiscales que él. De acuerdo a información revelada por el portal El Foco, Meléndez tiene –sí, solo él– 85 procesos fiscales en curso. Entre otros, se le acusa de peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación ambiental, usurpación, estafa y lavado de activos.

 

Como muestra, solo dos ejemplos. Meléndez es investigado por haber presuntamente favorecido a la empresa Cacao del Perú Norte, del empresario estadounidense Dennis Melka, acusada por la ilegal depredación de 1.900 hectáreas de bosque en Loreto, según Ojo Público. “Es su consciencia que le cuestiona, que no le deja dormir”, aseguró, sin embargo, sobre Vizcarra.

Meléndez también es investigado por negociación incompatible y aprovechamiento ilícito del cargo en la compra de 17 mil mochilas que hizo el Gobierno Regional de Loreto en el 2017. Por este caso, la Fiscalía allanó sus oficinas aquel año. En APP, además, hay otros 13 congresistas investigados por el Ministerio Público. Esto la convierte en la bancada con la mayor cantidad de congresistas en esa situación. 

Meléndez y Vizcarra tienen algo en común: ambos fueron gobernadores regionales. Cada uno en un extremo distinto del país. Mientras que Vizcarra es acusado por recibir coimas para la ejecución de obras públicas en Moquegua, la mayoría de procesos de Meléndez tiene que ver con su paso por el mismo cargo en Loreto, entre el 2015 y el 2019. Pero Meléndez, sin un gramo de vergüenza, dijo que “[Vizcarra] llegó al Gobierno sin título moral, sin honradez, y se encargó de destruir lo que es la institución presidencial”.

Cero en salud

Ante el asombro de los espectadores, que esperaban un pronunciamiento en línea con lo expresado previamente por Acuña, Meléndez también criticó duramente el mal manejo de la pandemia del gobierno de Vizcarra. Dijo que el expresidente “no es capaz de reconocer que hay miles de peruanos que reclaman sus deudos” por culpa suya, y que estos “han fallecido en los hospitales de la seguridad social por falta de un balón de oxígeno”.

¿Qué hizo Meléndez por la salud de la región que representa en el Parlamento, una de las más golpeadas en los primeros meses de la pandemia? No mucho. Según la prensa loretana, Meléndez es uno de los principales responsables en la demora de la construcción del nuevo Hospital de Apoyo de Iquitos, llamado César Garayar García. Este centro de salud funciona en una sede de contingencia desde el 2017, cuando él era gobernador. La nueva infraestructura debía ser entregada en noviembre del 2019, pero aún está inconclusa. Es un caso que recuerda mucho a las demoras que tuvo el Hospital de Moquegua, inaugurado con tres años de retraso, después de la gestión de Vizcarra.

La gestión de Meléndez tampoco fue buena con otro hospital de Loreto, el regional. “La historia de Loreto es crítica. Hemos tenido una serie de gobernadores regionales que no se han preocupado por el sistema de salud. El hospital regional no ha podido en los últimos cuatro años mejorar su atención y colapsó”, le  recordó Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud, cuando fue citada a la Comisión de Fiscalización. “Creo que el congresista se olvidó de su breve paso por EsSalud, donde ha trabajado”, agregó. Tras dejar el GORE Loreto, Meléndez fue designado como asesor en EsSalud, puesto por el que pasó sin pena ni gloria.

Negativo en educación

Otra crítica de Meléndez para empezar a justificar el voto de su bancada a favor de la vacancia fue la supuesta destrucción de las instituciones perpetrada por Vizcarra. En septiembre de este año, sin embargo, Meléndez propuso al Congreso un proyecto de ley que le devolvía las plazas a cerca de 15 mil maestros despedidos por no pasar o no presentarse a la evaluación docente. Eso fue un golpe directo a la reforma magisterial, que –más allá de su evaluación de fondo– es de los pocos procesos institucionales que han sobrevivido a cambios de gobierno. Al mismo tiempo, la región que representa continúa con los peores niveles de educación en el segundo grado de primaria del país. 

Al cierre de la gestión de Meléndez como gobernador regional, en el 2018, según información censal recogida por el Minedu, sólo el 6% de los colegios públicos de Loreto contaban con servicios básicos (agua, desagüe y luz) para los más de 340 mil alumnos inscritos. El promedio nacional en este indicador es de 44%. De ello también da cuenta el Colegio de Economistas de Loreto. Solo 14% de colegios cuentan con todas sus aulas en buen estado.

En el ámbito docente, la situación no es mejor. Según cifras del Minedu, Loreto es una de las regiones con mayor falta de docentes en relación a la demanda en la actualidad y lo será también si el cálculo se proyecta al 2023. Por ejemplo, en la educación primaria, a Loreto le faltarían 2,944 profesores para abastecer la demanda en los próximos tres años, la más alta solo detrás de Piura. Además, Minedu informa que Loreto tiene la tasa más alta de alumnos por maestro para inicial y primaria.

Según los argumentos que Meléndez expresó públicamente –el congresista no quiso dar declaraciones a Sudaca–, su proyecto de ley resolvería esas carencias. Al regresar a la carrera pública a los docentes despedidos, regiones como Loreto se beneficiarían con un incremento sustancial de profesores. De hecho, según cifras oficiales, la región de Meléndez cuenta con el segundo número más alto de docentes cesados (más de dos mil), solo por detrás de Lima.

Un proyecto inconstitucional

Antes de la inesperada vacancia presidencial, Sudaca preparaba un informe en profundidad sobre el problema de los docentes interinos y los vacíos de la reforma magisterial, a propósito de la iniciativa impulsada por Meléndez. Ese informe verá la luz –dada la coyuntura– todavía en algunas semanas. Sin embargo, vale la pena adelantar dos puntos.

El primero es que el proyecto de Meléndez es una salida facilista: simplemente recontratar a los docentes despedidos para cerrar la brecha. Contratarlos porque hay espacio. Pero lo cierto es que la ley vigente de la carrera pública magisterial, aprobada en el 2007 y reglamentada desde el 2012, no reconoce la figura del docente interino. Según Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP, estos son profesores eventuales que debieron pasar a ser regulares en periodos cortos de tiempo con la obtención del título profesional.

Lo de Meléndez, en cambio, se parece más a una movida netamente política y clientelista. Entre noviembre del 2018 y el cierre del Congreso en el 2019, 40 congresistas reenviaron en total 45 oficios a la Mesa Directiva para que incluya el debate de un dictamen de la Comisión de Educación que reincorporaba a los docentes interinos a la carrera pública.

Esto ocurrió por la insistente presión de hasta tres grupos sindicales o frentes nacionales de maestros. “Fernando Meléndez es para todos los docentes interinos un héroe, admiramos el empuje que a la dado a la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos”, dice Edgardo Escobar, docente interino de Pasco por casi treinta años y hoy secretario general del Sindicato Nacional de Maestros Despedidos del Perú. Apoyar a los maestros cesados da capital político.

Lo segundo es que el proyecto de ley impulsado por Meléndez contraviene un fallo del Tribunal Constitucional. El 23 de abril del 2019, ese colegiado dictó una sentencia que declaraba infundada la demanda por reincorporación de la profesora interina cusqueña Esperanza Pacheco. El Pleno del Congreso votó a favor de restituir a los docentes cesados en octubre del 2020, pero luego reculó y decidió devolver el texto a comisión para profundizar su análisis.

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Fernando Meléndez

Martín Vizcarra encarna una contradicción que guía la política peruana. Muchos ciudadanos de este país consideran que la corrupción es uno de sus principales problemas, pero están dispuestos a votar por un líder fuerte –que haga las cosas– a pesar de que sea corrupto. ¿Cómo se explica la aprobación inusualmente alta con la que el expresidente se ha ido a casa, acusado de haber recibido sobornos? En términos de valoración ciudadana y percepciones sobre democracia, la respuesta parece estar detrás de aquella incoherencia.

Se trata de una idea que, además, desbarata el argumento central de vacar a un presidente por incapacidad moral. Se publicó en mayo de este año en el Barómetro de las Américas, un estudio de opinión pública diseñado por una universidad de Nashville, Tennessee, a cinco mil kilómetros del Perú: 8 de cada 10 peruanos que justifican tener un líder fuerte, aunque no cumpla las reglas para alcanzar sus logros, aprueban a Vizcarra. Una forma elegante de describir el criollo ‘que robe, pero que haga obra’.  

Vizcarra es aprobado por una ciudadanía que cada año normaliza a los líderes presuntamente corruptos, según un sondeo de Proética del 2019. Usualmente, Perú registra apenas 27% de rechazo definitivo a actos concretos de corrupción. Sin embargo, la misma población que aprueba la presencia de un liderazgo capaz de pervertir su moral en servicio de sus resultados y lo tolera, también reconoce que la corrupción es el principal problema del país. La cifra que arroja el Barómetro al 2019 es de 36%, el porcentaje más alto de la región y cerca del doble del segundo lugar, Colombia (ver gráfico).

Esa bipolaridad es el pilar de un sistema democrático en crisis permanente. Pero que, pese a la crisis, engendra cada cierto tiempo figuras inusualmente queridas. Llamémoslo, a tono con los tiempos, ‘El fenómeno Vizcarra’. Un presidente que logró interpretar que la lucha anticorrupción era un gesto para la tribuna en un momento específico de la historia política del país. Por tanto, la abanderó en todo momento de su mandato: al asumir, al cerrar el Congreso e, incluso, al aceptar su vacancia sin más. Sin embargo, quizás Vizcarra no entendió bien el fenómeno que giraba –y lo impulsaba– a su alrededor.

 

¿El discurso o la acción? 

El estudio de Vanderbilt University, en Tennessee, que genera cada dos años el Barómetro de las Américas, le daba a Vizcarra en el cierre de su gobierno una aprobación de 56%, cuatro veces más alta que a Toledo, García o Humala en las mismas circunstancias. El doble que Kuczynski. Todo ello a pesar de no contar con una bancada parlamentaria propia ni con un partido político que lo defienda. Lo dijeron también las encuestas de Ipsos Perú antes de la vacancia: 78% de desaprobación a retirar a Vizcarra del cargo.

Es sorprendente –desde la teoría y la historia– que un Congreso con una amplia desaprobación haya podido vacar a un presidente con índices tan altos de popularidad, comenta el analista político Félix Puémape. De hecho, es uno de los presidentes más aprobados de América Latina, según un recuento elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). A meses del fin de su gobierno, estuvo a la par de los presidentes de Argentina, México y Uruguay, y muy por encima de Brasil, Colombia, Chile o Ecuador.

Desde el inicio de su gobierno, y a diferencia de su predecesor Kuczynski, Vizcarra logró llegar a la gente con el discurso anticorrupción, en un universo dominado por el escándalo Lava Jato y con un mensaje dirigido a entender los reclamos populares y prometer satisfacerlos. Pero de ahí se derivan varias preguntas: ¿es el discurso anticorrupción lo único que explica su alta popularidad? ¿No se hubiera caído, entonces, tras revelarse presuntos sobornos en los mismos términos que se han revelado para sus adversarios políticos?

La relevancia de la corrupción en el escenario peruano es frágil. Si bien los ciudadanos la ven como un problema, una etiqueta negativa, no constituye la línea de fondo al momento de valorar a un político. “Las encuestas nos dicen que, en realidad, a la gente le importa más tener buenos servicios, buena economía personal y ver el trabajo realizado”, dice la investigadora Patricia Zárate, encargada del Barómetro en el Perú. El desencanto con la decisión de la vacancia no es, por tanto, un apoyo al discurso de Vizcarra, sino un descrédito natural por la figura del Congreso, el lugar donde más percibe la gente que no se toman decisiones en beneficio de los intereses de todos.

Las conclusiones del Barómetro incluyen una noción clara de que las personas no perciben tan cercana ni tan palpable la gran corrupción. Por ejemplo, para Zárate, la gente odia al Congreso no por corrupto, sino “porque [los congresistas] no hacen nada y ganan mucho dinero”. Lo de la corrupción es, apenas, un aliciente. En ese sentido, el sistema democrático está en deuda con la ciudadanía por la ineficiencia, más que por permitir el robo. En sencillo: solo los goles, así sean con la mano, ganan los partidos.

El ‘Fenómeno Vizcarra’ también se explica con la elección de su estrategia para gobernar. No tuvo una bancada llena de políticos sin capacidad de ejecución –los congresistas impopulares–, sino que gobernó con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, de los militares y, por supuesto, de la ciudadanía. Formar un partido para que sea como el resto y no tuviera representación era una inversión que prefirió ignorar. “Para Martín, vale más tener el control sobre las personas que trabajar en equipo, menos con una figura como los congresistas con los que hay que dialogar”, comenta César Caro, ex asesor de Vizcarra en su gestión regional.

Para Vizcarra, era mucho más rentable (y práctico) en términos de imagen personal aliarse con figuras ejecutivas y dependientes del presupuesto público. Para qué meterse a negociaciones con el Congreso sí, según el Barómetro al 2019, la mitad de la población no apoya a la democracia y no se interesa por esa forma de hacer política. De hecho, Perú comparte los últimos lugares de la tabla en la región en estos indicadores, junto con democracias igual de frágiles como Bolivia, Guatemala y Honduras.

El surgimiento de liderazgos como los de Vizcarra se gesta en esas bipolaridades. En la desaprobación hacia un sistema que, por décadas, falla en entregar valores tangibles. Pero incluso así, para Zárate, ni siquiera puede hablarse de un apoyo masivo y tangible a un presidente como Vizcarra, por más popular que sea en las encuestas. “En la dirección que sea, la ciudadanía está desconectada de la representación que debería recibir de los políticos”, sentencia Zárate.

 

¿Al menos hace obra?

Hasta aquí, la lógica del ‘Fenómeno Vizcarra’ mandaría lo siguiente: para ser mayoritariamente aprobado como presidente hace falta oponerse férreamente a quienes nunca van a poder entregar resultados tangibles -los congresistas- y aliarse con quienes sí. La lucha contra la corrupción es una bandera útil (a nadie le gusta la corrupción), pero más retórica que práctica. Al final, lo que importa para ser querido es hacer cosas. ¿Vizcarra cumple con ese perfil?

En la pequeña región sureña de Moquegua hay una obra que carga con serios cuestionamientos por corrupción pero, al mismo tiempo, es también sinónimo de ineficiencia. Su trascendencia radica en que a Moquegua, con apenas 200 mil habitantes, le hace falta el agua. Sus ríos están secos por once meses cada año.

En 2013 Vizcarra, ingeniero de profesión y entonces gobernador regional, prometió a los moqueguanos un proyecto no tan complejo y barato a escala nacional, pero de gran simbolismo para la comunidad: trasladar el agua de este a oeste, entre las zonas altas y lluviosas, hasta la costa de Ilo. Una tubería larga de 60 kilómetros recorrería arenales por dentro de la tierra, con una capacidad de 900 litros de agua por segundo, hacia un reservorio que luego la distribuiría a 36 parcelas por otros 15 kilómetros, para generar agricultura en lo que siempre fue un desierto. Un milagro.

Pero el ingeniero no pudo dar nacimiento a su obra maestra. La gestión regional sucesora dio conformidad a la obra sin probarla, y colapsó meses después al tratar de hacerla operativa. El consorcio que hizo la obra, Obrainsa-Astaldi, deslinda hasta hoy el problema al gobierno regional. A la fecha, ya se han invertido cuatro más extras y más de 50 millones de soles -y contando- para tratar de hacerla andar.

Según todas las fuentes locales consultadas por Sudaca en Moquegua, entre periodistas, miembros del gobierno regional y ex trabajadores de Vizcarra, Lomas de Ilo era su obra más emblemática. La otra puramente suya, el hospital regional, tomó ocho años en terminarse y aún tiene cuestionamientos. El expresidente parece no tener nada más que mostrar en cuatro años de gobernador regional y otros tantos a la cabeza del Poder Ejecutivo. “Fue una gran decepción que no hiciera nada por su región”, señala César Caro, que acompañó al gobernador durante toda la gestión regional y lo siguió incluso hasta Palacio de Gobierno cuando fue vicepresidente.

A nivel nacional, le ocurrió algo similar. La gran oportunidad que tuvo PPK de demostrar su valía ante la población, con Vizcarra como vicepresidente y ministro de Transportes, fue la crisis de El Niño Costero. El Congreso opositor dejó que se destinaran miles de millones en recursos para reconstruir el norte y otras principales ciudades afectadas. “Pero el gobierno, conformado por líderes técnicos incapaces de gestionar a nivel regional lo que hiciera falta, no pudo conectar con las demandas de la ciudadanía”, recuerda Santiago Mariani, profesor de ciencias sociales y políticas de la Universidad del Pacífico.

A Vizcarra se le presentó un escenario similar en el 2020. Tras batallar por más de un año contra el Congreso opositor, logró disolverlo. Ya sin una oposición clara, la pandemia del COVID-19 parecía un momento ideal para conectar con la gente. Pero hizo todo lo contrario. Mariani propone dos grandes fallas. Primero, seis mil millones de soles invertidos en empresas grandes a través de Reactiva Perú y siete millones de personas desempleadas sin capacidad de reacción del Estado. Segundo, a pesar de que el discurso inicial fue que estábamos preparados para una pandemia por los éxitos macroeconómicos de años anteriores, el exceso de muertes del Perú ha superado los 60 mil.

Entonces, si Vizcarra tampoco ‘hace obra’, tampoco ejecuta, ¿cómo se explica su alta aprobación? El ‘Fenómeno Vizcarra’ ha mostrado que, en el escenario político actual, es más rentable oponerse a quienes no entregan resultados concretos que entregarlos uno mismo. La imagen de un político, pese a ser un mal gestor, puede tranquilamente construirse si el enemigo de turno es efectivamente peor. Y los congresos que le ha tocado enfrentar a Vizcarra han cumplido con esa premisa. Nuevamente: no por corruptos, sino por inútiles.

Lo que queda

Manuel Merino asume un gobierno que él mismo cataloga de transición. Aún así, su gobierno trae la incertidumbre típica de un accionar de bloqueo. Para Mariani, el hecho de que un poder del Estado haya decidido bloquear a otro es motivo suficiente para dudar sobre su proceder democrático. Y es que cuando hay dos poderes que fueron elegidos por la ciudadanía, que uno asuma la disolución del otro no puede interpretarse como una necesidad del pueblo.

Pero lo cierto es que ambos poderes se bloquearon mutuamente en un lapso histórico tan breve como un año. El golpe final, sin embargo, no es contra ellos. Lo más perjudicado es la representación social de la política, la institucionalidad de los partidos y la confianza en los procesos electorales. El golpe es hacia esa ciudadanía que en el 2019 nos convirtió, ante el Barómetro, en el país sudamericano con mayor tolerancia al cierre de un Congreso y a los golpes militares.

Hoy, miles de peruanos marchan en contra del Congreso y del nuevo gobierno, y no necesariamente a favor del ‘Fenómeno Vizcarra’. Un fenómeno gaseoso y sin sustancia, explicado netamente por oposición. La personificación de una paradoja vacía. En cambio, aunque parezca contraintuitivo, las marchas no son extrañas en el Perú. Nuevamente, el Barómetro da al país el segundo lugar de la región en cuanto al uso y aparición de manifestaciones sociales, solo detrás de Bolivia.

“Me retiro a mis labores de ingeniero y a revisar temas con mi abogado”, dice a los medios Vizcarra, el día siguiente a la vacancia. Se despide como un personaje que no encuentra mayores elementos para continuar en la lucha política. Deslegitimado en su bandera anticorrupción, desnudado en el fuero de su núcleo más cercano e incapaz de demostrar con cifras, obras u otros los logros de una administración de gobierno que se ha desvanecido de un día al otro. Así de endeble, como si nunca hubiera existido.

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Martín Vizcarra
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