A solo tres semanas de que arranque la transmisión del programa ancla para la educación a distancia del Ministerio de Educación (Minedu), este aún no se ha empezado a grabar. Pero no solo eso: todavía no se han terminado de aprobar todos los guiones de las clases y los presentadores ni siquiera tienen una guía concreta que seguir, según las fuentes consultadas. Esto, luego de que el ministerio decidiera aplazar la emisión de “Aprendo en Casa” para el 19 de abril, un mes después del inicio de clases, como reportó previamente Sudaca.

“Hoy se desarrolla todo sobre la marcha, están improvisando. Nos dicen que se tiene que poner algo en los programas y ya no lo anterior. Los procesos no son claros. Todos los días nos dicen algo nuevo. Ya no peleo, me rendí”, cuenta a Sudaca un miembro del equipo de preproducción que pidió la reserva de su identidad.

Este medio conversó con seis personas involucradas en el desarrollo del programa audiovisual. Todas coinciden en una flagrante improvisación del ministerio que dirige Ricardo Cuenca y en la demora de su viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, para aprobar los contenidos. Hacia fines de la semana pasada, por ejemplo, todavía se estaban haciendo castings para definir quiénes serían los conductores. Las grabaciones de los programas empezarán recién la próxima semana, apenas dos semanas antes de la primera emisión.

“Me indignó que en un primer momento nos dijeran que creemos contenido, pero nunca estuvo validado por la viceministra hasta mucho después. Luego, nos pidieron muchos cambios cuando ya se había avanzado bastante. El equipo de comunicaciones y el pedagógico no estaban en la misma página. Lo correcto es tener un plan, pero no hay nada de eso”, dice otra fuente, que también trabaja en labores de preproducción en el Minedu. Otras dos apuntan exactamente a lo mismo.

La fuente citada muestra una serie de mensajes de WhatsApp que corroboran su versión. Este medio los ha revisado y ha decidido no publicarlos, para proteger su identidad de probables represalias laborales. En los chats, los funcionarios públicos aseguran que “no están aprobados” determinados guiones y que se está avanzando lo más rápido que se puede.

El pasado 12 de marzo, Sudaca reveló que el Minedu ni siquiera tenía elegida la casa productora que realizará “Aprendo en Casa” para radio y televisión. La entidad acababa de pedir nuevas cotizaciones. Tres días después, el 15, el día que inició el año escolar, el Minedu finalmente firmó un contrato directo con la realizadora Táctico MKT S.A.C. −cuyo nombre comercial es Marketing Táctico−, una empresa especializada en publicidad. A modo de explicación, el ministerio aseguró que este primer mes de clases se realizará una evaluación de los aprendizajes adquiridos en el 2020 y de la situación socioemocional de los estudiantes. Dos exministros respondieron que esa excusa es inaceptable.

El año pasado, Phoenix Producciones ganó el contrato para la realización de 668 programas de televisión solo para secundaria por un monto total de S/ 5,647,078. Este año, en cambio, Marketing Táctico terminó adjudicándose S/ 6,576,351 por los programas de dos plataformas: S/ 4,915,100 para realizar 575 programas de televisión y S/ 1,661,251 para 838 programas de radio, según documentos que pudo revisar este medio.

La empresa, que se publicita como ‘Marketing Táctico – Factoría BTL’, presume en su sitio web sus 18 años de experiencia; 3.400 eventos realizados; 1.300 campañas y activaciones; aunque apenas tiene una experiencia −según la misma página− para una entidad gubernamental: PromPerú. El autor de este informe buscó al gerente general de Marketing Táctico, Guido Vaccaro, pero no respondió a las consultas. De acuerdo con una fuente que colabora con la producción de “Aprendo en Casa”, la empresa “puede que no tenga el background de otras productoras, pero en los términos de referencia [del Minedu] pedían cosas determinadas y eso es lo que manda”.

Hacia fines de la semana pasada, sin embargo, tampoco se había terminado el proceso de selección de los presentadores del programa. El ritmo que afronta la realización es un obstáculo para que el flujo de grabaciones sea continuo. Y la velocidad no es el único problema para quienes trabajarán en el programa que debe suplir las necesidades de aprendizaje de millones de niños en el país. Este año, según dos fuentes, a más de un conductor se le ofreció un sueldo menor al del año pasado.

“Todavía no firmo nada. No hay certeza para grabar de manera continua, aunque la productora jura que sí. En base a mi experiencia, antes que los guiones sean aprobados para que se graben, pasan por muchos filtros”, contó una persona que será una de las imágenes del programa. Ha cerrado con la productora ganadora, solo de palabra, un contrato por un monto menor al del año pasado.

El año pasado el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) colaboró con la realización de parte de “Aprendo en Casa”. Para este año, sin embargo, la figura será distinta. «Esta vez todo correrá por acuerdos entre el Minedu y productoras externas, así lo determinó el ministerio», dijo a este medio Eduardo Guzmán, presidente ejecutivo del IRTP.

Sudaca conversó con trabajadores con experiencia en el rubro audiovisual, quienes señalaron que, dadas las circunstancias, es muy probable que el programa no salga de “manera adecuada” el 19 de abril. Esa es la fecha límite que se ha puesto el Minedu para lanzar las primeras producciones audiovisuales. Contenido habrá, pero la premura y la improvisación podrían mellar su calidad. Según el contrato, la productora tiene todavía más de cuatro meses (140 días) para terminar todos los programas. Para entonces, se habrá terminado el primer semestre de clases. Cabe esperar el paso de los días para ver si los estudiantes del país se verán perjudicados por malas decisiones de la gestión Cuenca, pese a la experiencia del 2020.

Este medio consultó sobre todos estos puntos al Minedu, a través del equipo de comunicaciones, y le escribió directamente a la viceministra Killa Miranda vía WhatsApp. Hasta el cierre de edición, no obtuvimos respuesta.

A fines de febrero pasado, y luego de unos días de descanso, un grupo de trabajadores regresó al complejo hidroeléctrico de la empresa Generadora de Energía del Perú (Gepsa), en Puno. Ya en el campamento donde debían pasar las siguientes semanas, uno de ellos presentó una ligera fiebre, tos y sudoración excesiva. “Después de un día, otros compañeros presentaron síntomas. De los 11 contagiados, uno está en una cama UCI, en Juliaca, desde el 2 de marzo y tiene más del 50% de sus pulmones comprometidos. Incluso el chofer que nos traslada también necesita una cama, está buscando”, dice un trabajador que pidió mantener la reserva de su identidad por temor a represalias.

El autor de este reportaje conversó con cuatro trabajadores de Gepsa, que dieron sus testimonios sobre abusos laborales en medio de la pandemia. Hablaron con reserva de sus nombres y entregaron una lista con los nombres de los contagiados. Sudaca contactó a algunos de ellos, que confirmaron estar recuperándose. Ningún representante de la empresa, sin embargo, quiso dar sus descargos.

Abandono

Gepsa empezó a operar a mediados de 2018, mediante un contrato de suministro de Recursos Energéticos Renovables (RER) con el Estado. Ese año montó un complejo de tres centrales hidroeléctricas -cada una con una producción de 20 MW (megavatios)- ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Carabaya, en Puno.

Los trabajadores llegan de diversas provincias hasta Juliaca y ahí los recoge una movilidad que los traslada, finalmente, hasta el complejo. En el campamento laboran 14 personas y las rotaciones se dan de cuatro en cuatro. Comen, viven y se bañan ahí, en ambientes compartidos. Su jornada debería ser 14 días de trabajo por 7 de descanso, aunque en la práctica -denuncian- eso no se cumple.

“Cuando inició la cuarentena, en marzo del 2020, se dio la orden de no salir del campamento a los que estábamos acá. Pero ya en julio, como no terminaba, liberaron a los que estábamos acá y vino el otro grupo. Desde esa fecha se empezó con 42 días de trabajo y 14 de descanso”, dice uno de los trabajadores.

La nueva medida no impidió que el coronavirus irrumpa en el campamento. Luego de enterarse del primer contagiado, a fines de febrero pasado, los trabajadores pidieron equipos de protección y alcohol. La respuesta, según dos de los empleados entrevistados, fue que no había recursos. Apenas se entregaron botellas de 30 ml cada 15 días y una mascarilla semanal. En el tópico, había un balón de oxígeno, pero estaba vacío porque lo habían usado ya para soldar. “Nos dijeron que, si necesitábamos más, teníamos que conseguirlo de otra forma”, dice uno de los trabajadores.

“Cada uno está en su cuarto y nadie nos dice nada sobre cómo llevar esto adelante. Nada más nos enviaron un correo para hacer una colecta por el compañero que está mal”, dice otro empleado, que permanece aislado por precaución. El entrevistado nos muestra el correo firmado por la licenciada Valerie Vargas, administradora del complejo, que solicita una donación para la familia de Wilfredo Mayta, uno de los trabajadores que se encuentra grave.

El club de los maltratos

Los dueños de Gepsa son los empresarios, y esposos, Javier Lei Siucho y Ana Linares Arévalo. Lei -además de ser accionista y fundador de la compañía- fue gerente general hasta el 22 de mayo de 2019, cuando el directorio aceptó su renuncia. Un día antes, el Poder Judicial le había dictado 18 meses de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico en el marco de las investigaciones del caso “Club de la Construcción”. Para ese momento, Lei Siucho se había hecho humo.

El hoy prófugo de la justicia fue vinculado a la investigación como dueño de la constructora CyM. La constructora y la hidroeléctrica, sin embargo, están íntimamente relacionadas. Según registros públicos, Gepsa –que antes del 2006 tenía como nombre ‘Minera Mochica Gold S.A.’- ha recibido al menos dos aumentos de capital por más de S/25 millones en los años 2010 y 2014 por parte, justamente, de CyM, donde Lei es accionista mayoritario. Eran los mejores años del “Club de la Construcción”.

A inicios de este año, y desde la clandestinidad, el empresario solicitó al Poder Judicial revocar la medida de detención en su contra, argumentando que su salud estaría en peligro por la pandemia. Pero el Poder Judicial rechazó su pedido en primera y segunda instancia. “[Lei] ha demostrado un comportamiento cuestionable al rehuir de la acción de la justicia”, se lee en la resolución de febrero de este año.

Lei ha podido esquivar momentáneamente a la justicia, pero Gepsa no pudo hacer lo mismo con la Sunafil. En 2019, algunos de sus empleados denunciaron a la empresa debido a los extenuantes horarios de trabajo y las mensualidades impagas. Los hacían laborar 21 días seguidos y les daban 7 de descanso, cuando las jornadas continuas debieran ser, máximo, de 14 días. En febrero del 2020, la superintendencia terminó imponiendo una multa de S/231,546.00 a la empresa.

La resolución señala, entre otras cosas, que Gepsa “no acreditó el otorgamiento de descanso semanal obligatorio”, ni “el pago de horas extras”, ni “el otorgamiento de vacaciones”. Y lo más grave: “suscribió contratos de trabajo que no cumplen con las disposiciones legales establecidas”.

A pesar de este antecedente, los trabajadores no han vuelto a recurrir a la Sunafil por temor a represalias. “La última vez que alguien denunció a Sunafil prácticamente amenazaron con que tomarían represalias contra alguno de nosotros. Y también, en mi caso, pensé que denunciar a Sunafil era irrelevante porque la última vez también sólo quedó en una multa y ya. Nada cambió”, se lamenta uno de los trabajadores entrevistados para este reportaje, que, además, se queja de un reciente retraso en los sueldos.