El candidato puntero en las encuestas y el alcalde de Lima fueron los principales promotores del traslado de 2.745 ambulantes de La Parada a Santa Anita. El mercado al que han sido reubicados, sin embargo, no tiene agua, desagüe, ni cumple protocolos Covid-19. Es una ‘bomba de tiempo’ sanitaria.

Cuando todavía era alcalde de La Victoria, George Forsyth fue uno de los anfitriones en la ceremonia de inicio de obras en el mercado La Tierra Prometida. Fue el último 7 de octubre, cinco días antes de renunciar a su cargo para postular a la presidencia. El entonces alcalde aseguraba que, con la reubicación de ambulantes, iba a resolver un problema social y sanitario. La evidencia indica que, al menos por ahora, se equivocó.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y autoridades del gobierno de Martín Vizcarra estuvieron con Forsyth aquel día. Parado al lado de ellos, el exarquero aliancista explicó por qué 2.745 ambulantes que vendían productos perecibles y verduras en los alrededores de lo que había sido el Mercado Mayorista de La Parada iban a ser trasladados a Santa Anita: la zona de su distrito se había convertido en una “fábrica del Covid”.

Era octubre y el país estaba dejando atrás la primera ola de la pandemia. La Parada, prosiguió Forsyth, seguía “infectando a todo Lima y, por ende, a todo el país”. El Estado –dijo– tenía a los comerciantes “trabajando en la calle, entre la basura, entre los perros, entre las ratas; y, al final, [los alimentos ofrecidos en esas condiciones] es lo que comíamos todos los limeños”.

Las declaraciones del entonces alcalde victoriano quedaron registradas en un video grabado por la Municipalidad de Lima. Sus palabras, sin embargo, se contradecían con la realidad que tenía enfrente. ¿Por qué? Porque el pampón de tierra llamado el ‘Gran Mercado Minorista La Tierra Prometida’, a donde finalmente se trasladó a los ambulantes, aún no tenía conexión de agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica. Y los vecinos estaban preparados para bloquear la instalación.

¿Cómo se iba a combatir la pandemia si el nuevo mercado no contaba con la instalación de servicios básicos?

En el mercado ‘La Tierra Prometida’, donde el piso es de tierra y piedras, una vendedora no usa bien su mascarilla. Esta imagen fue captada en la visita realizada el pasado jueves 21 por Sudaca (video: Juan C. Chamorro).

Las coordinaciones

Hagamos un poco más de ‘memorex’. El vocero de la Municipalidad de Santa Anita en el caso La Tierra Prometida, Luis Milla, recordó a Sudaca que el traslado de los ambulantes victorianos era un tema que se venía dialogando con Lima y La Victoria desde el 2012, cuando Susana Villarán era alcaldesa capitalina. La idea se originó luego del sangriento desalojo que llevó a cabo la política de izquierda que hoy cumple arresto domiciliario. Tras la aparición de la pandemia, en marzo de 2020, el proyecto de reubicación volvió a ponerse en agenda.

Milla sostuvo que las primeras reuniones se dieron entre marzo y abril del año pasado, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Participaban el entonces premier Vicente Zeballos, y los alcaldes de La Victoria, George Forsyth; de Lima, Jorge Muñoz; y de Santa Anita, José Luis Nole.

“Se conversó la necesidad que tenía el Estado y la Municipalidad de Lima de erradicar los ambulantes de La Victoria. Fueron como cuatro reuniones de ese tipo, vía Zoom, donde se puso bien clara nuestra posición de que nos oponíamos al traslado de los ambulantes de La Parada a Santa Anita”, dijo Milla.

¿Por qué se oponía Santa Anita? Porque el terreno no tenía “habilitación urbana” otorgado a por la comuna distrital y, por lo tanto, no podía solicitar a Sedapal la instalación del suministro de agua y desagüe ni su licencia de funcionamiento. Además, porque el municipio creía que los comerciantes iban a importar el Covid como lo graficaba, en su momento, Forsyth. Durante esas coordinaciones, se proponía el traslado de los ambulantes a otros tres lugares: Cuartel los Barbones, un campo deportivo de La Victoria y los galpones de los camiones mayoristas de la Parada. Esta última era la propuesta de Santa Anita.

Tras uno de esos encuentros, el 24 de mayo del 2020, Forsyth presentó un ambicioso video que detalla cómo sería el nuevo Gran Mercado Minorista ‘La Tierra Prometida’. Así lo recopilan La República y El Comercio a través de notas periodísticas. En poco más de un minuto y con el logo de la Municipalidad de La Victoria, el video muestra que a pocos metros del ingreso al establecimiento hay cámaras de desinfección y lavatorios con agua para que los visitantes se laven.

La reubicación se ejecutó, finalmente, entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre, con la protección de 700 policías. Ese mismo día, La Tierra Prometida abrió sus diez puertas al público. Todos los protocolos anunciados por la gestión edil del actual candidato puntero en las encuestas quedaron apenas en su imaginación. Estamos ya subiendo la cresta de la segunda ola de la pandemia y nada ha sido implementado.

Una bomba de tiempo 

‘La Tierra Prometida’ es una franja de 4,8 hectáreas cercada por cuatro paredes. No tiene techo y el piso es una mezcla de tierra, polvo y pequeñas piedras. Está sobre el cruce de las avenidas La Cultura y Metropolitana, frente al Mercado Mayorista de Santa Anita.

Sudaca visitó el lugar el pasado jueves 21 y pudo comprobar que los baños están con las puertas cerradas y los lavatorios no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay conexión de agua y desagüe. Y si bien hay una persona en la puerta con un chisguete de alcohol y un termómetro, muchos compradores entran sin pasar por su filtro. Tampoco existe supervisión del uso de las mascarillas dentro del mercado: visitantes y vendedores las llevaban mal colocadas.

El mercado minorista ‘La Tierra , Prometida’, al no tener conexiones de agua ni alcantarillado, ha tenido que colocar baños portátiles (foto: Juan C. Chamorro).

En los puestos de venta tampoco hay luz: los vendedores deben llevar sus propios focos recargables para alumbrarse de madrugada. “Solo hay luz en los postes” señaló el exvocero de 21 agrupaciones de La Parada y actual arrendatario de un puesto en La Tierra Prometida, Wilfredo Guzmán.

Como medida paliativa se han implementado baños portátiles, pero eso simplemente no basta. No hay un lugar para lavarse las manos. El agua, desde la inauguración hasta la actualidad -dos meses después-, llega en camiones cisterna que ingresan al mercado cada cierto tiempo. El líquido, sin embargo, va destinado principalmente para el aseo de los comerciantes y no de los visitantes.

El supervisor designado por la Municipalidad de Lima (MML) para el traslado de los comerciantes a La Tierra Prometida, Juan Pablo de la Guerra, asegura que la responsabilidad de que se cumplan los protocolos recae sobre la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, gremio de comerciantes que ha firmado un contrato de alquiler de dicho predio con la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA). ¿Acaso ellos también debían gestionar la instalación de tuberías de agua y desagüe?

De la Guerra señala que el pasado domingo 17 la municipalidad recién ha podido iniciar la instalación de los servicios básicos y que pronto comenzarán a funcionar. Antes no lo pudo hacer por la oposición de los vecinos. El portavoz de Santa Anita Luis Milla explicó a Sudaca que los ciudadanos que viven en los alrededores del mercado también rechazan que haya conexión del servicio de agua, porque temen que la presión disminuya más de lo habitual y haya escasez.

Lima Metropolitana está por entrar a una segunda cuarentena que permitirá que los centros de abastos, incluidos los mercados, puedan seguir operando. Era la oportunidad perfecta para darle a los exambulantes de los alrededores de La Parada un espacio salubre y seguro donde vender sus productos. La Tierra Prometida por George Forsyth -y Jorge Muñoz-, no obstante, luce hoy muy distinta a la maqueta promocionada por la gestión del exalcalde victoriano.

Alcaldes y gobierno

El traslado de los ambulantes de las inmediaciones de La Parada se dio en el marco del decreto supremo 011-2020-Produce, que regula el funcionamiento de mercados temporales (‘itinerantes’). El gobierno de Martín Vizcarra puso en marcha el Plan de Operaciones N°200/-RegiónPolicialLima/Unipledu-Ofiplo que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, dieron apoyo a los municipios de Lima y la Victoria en el proceso de reubicación.

“Como alcalde de La Victoria, para él [Forsyth], era un problema tener esa congestión de ambulantes en toda esa zona. Él quería erradicarlos. Hasta allí es entendible, como alcalde, pero no ha tenido una alternativa. Lo más fácil es simplemente exportarles [el problema] a otro distrito [Santa Anita], pasarle el problema a otros”, dice Milla.

“Lo que ha hecho es ganar popularidad […] Fue para las pantallas. Fue para lanzarse como candidato [a la presidencia]. Eso ha sido, como se dice, su caballito de batalla”, sostuvo Wilfredo Guzmán, exrepresentante gremial de La Parada y hoy arrendatario en La Tierra Prometida.  Según De La Guerra, de la Municipalidad de Lima, de las pruebas rápidas tomadas a los comerciantes el día de su traslado “solo cinco dieron positivo”.

El dirigente del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, recordó que Forsyth y Muñoz “andaban de la mano” por el tema de La Tierra Prometida, hasta que el primero de ellos renunció a la comuna victoriana y el segundo se peleó con él por dejarle todo ese problema.

El pasado 12 de octubre, tras conocerse la renuncia de Forsyth a su cargo, esto es lo que declaró Muñoz: “Creo en la libertad de las personas, cada uno es libre de hacer lo que considere. Pero si me preguntas a mí como Jorge Muñoz, creo que es incoherente dejar a los electores tirados en el camino porque tú fuiste elegido por cuatro años, no para dos ni para tres. En ese orden de ideas, hay algo que es incoherente. Más adelante, cuando tienes otras exigencias, ¿podrás ser coherente? eso es lo que hay que responder”De la Guerra, quien también es miembro del directorio de EMMSA, considera que Forsyth “solo quería que sus ambulantes salgan de allí [de La Parada]”, pese a que el terreno de La Tierra Prometida tenía piso de tierra y carecía de servicios básicos.

Los pagos de los arrendatarios

El traslado de los comerciantes no ha sido gratis. Es algo de lo que se ha hablado en voz baja durante todo este tiempo. El arrendatario Guzmán confirmó a Sudaca haber cancelado S/5.700 por el alquiler de un puesto a la Asociación de la Comisión Ejecutiva Para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, por un año y medio. Entregó una copia del recibo.

El exvocero de 21 asociaciones de comerciantes ambulantes de perecibles de La Parada, Wilfredo Guzmán, entregó a Sudaca este voucher de 5.700 soles que realizó a la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado La Tierra Prometida en su cuenta de la Caja Piura, para tener un puesto de venta, por un año y medio, en el pampón de Santa Anita.

“Esto es una vil estafa con alevosía, porque nos dijeron que iba a haber luz y agua, y que el mercado iba a tener piso de cemento y no de tierra” aseguró. El exdirigente hizo el pago cinco días antes de su traslado a Santa Anita. El voucher que entregó el comerciante a Sudaca tiene la fecha del 5 de noviembre de 2020 y fue girado, en la Caja Piura, a la cuenta N°020-01-1864889 de la asociación de comerciantes de La Tierra Prometida.

¿Usted lo sabía?, le preguntamos a De la Guerra. “No es de conocimiento mío, es de conocimiento de todo el mundo. Hay financiamiento con cajas. Me parece que era la Caja Piura, pero todo era público. Ha habido un sorteo para dar los puestos, que también ha sido público. Todo es un tema público y transparente. Hay quienes quieren decir: esto se hizo a escondidas. Nada que ver”, respondió. Según él, EMMSA solo “supervisa el alquiler” del local por la asociación de comerciantes.

El dirigente vecinal del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, aseguró que los vecinos están en vigilia y que harán que el mercado, tarde o temprano, deje de funcionar en su distrito.

No hay que olvidar que un día antes de la colocación de la primera piedra del nuevo mercado, el 6 de octubre del año pasado, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, fue detenido por la Policía por presuntamente alterar el orden público tras realizar una protesta junto a sus vecinos por este tema. Sudaca envió un pliego de preguntas al equipo de prensa de George Forsyth, pero no obtuvo respuesta.

‘La Tierra Prometida’ y sus alrededores son una bomba de tiempo. Milla, de la Municipalidad de Santa Anita, aseguró que la clausura del mercado, por no contar con la licencia de funcionamiento, es solo cuestión de horas. “Hemos pedido el apoyo policial para hacerla efectiva y sabemos que esto puede terminar en una batalla campal, por el uso y las costumbres que tienen los comerciantes que vienen de La Parada”, añadió.

“Por sus obras los conoceréis”, dice un pasaje bíblico. George Patrick Forsyth Sommer (38) quiso aparecer en los medios como uno de los principales responsables del traslado de ambulantes de La Victoria a La Tierra Prometida. Hoy es candidato a la presidencia y ha dejado de comandar el distrito. Quizás a la hora de votar, las partes en conflicto en ese nuevo y mal instalado mercado se acuerden de él.

Un comerciante entregó a Sudaca este documento que era supuestamente para cerrar el trato del alquiler.

** Imagen de portada: Corresponde a la captura de un video grabado en el mercado ‘La Tierra Prometida’ (video: Juan C. Chamorro).

El golpe del confinamiento es crítico, pero diferenciado. Los comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda, pese a que están endeudados y al borde de la quiebra, cumplen con el cierre. En los alrededores, sin embargo, se permite el comercio ambulatorio. La cereza del pastel: volvió La Parada.

La historia de la tienda de zapatos ‘Gino Galdini’, de la galería ‘El Rey’ de Gamarra, es de superación. Una de tantas construidas al amparo de tres décadas de retórica ‘emprendedora’: aquella que dice que cada peruano debe salir adelante por su cuenta, sin que lo ayude nadie. Ni siquiera el Estado. Su administradora, Miriam Romero, recuerda que sus padres, Félix y Matilde, empezaron fabricando calzado masculino en un taller en El Agustino. Hace tres décadas vendían sus productos en el Jirón de la Unión. Eran ambulantes. Su sueño era alquilar, algún día, una tienda comercial. Y lo lograron. Entre 1995 y 2003, los padres de Miriam compartían un pequeño espacio que alquilaban con otro comerciante en una tienda del emporio comercial. En el 2004 dieron el gran salto: rentaron el local de la emblemática galería ‘El Rey’. El trabajo se dividió, desde entonces, entre los seis hermanos. Si bien con el transcurso del tiempo cada uno ha sacado su propia marca de zapatos, ‘Gino Galdini’ es su bandera. El orgullo familiar.

Antes de la pandemia, la tienda vendía 20 pares de zapatos diarios, lo que representaba una ganancia de S/600. No estaba nada mal. Su marca ha sido solicitada por personajes del mundo de la televisión, la farándula y la política. Por ejemplo, para el día de su boda, el boxeador Jonathan Maicelo les encargó la elaboración de un par de zapatos con un diseño exclusivo. “Me pidió fabricarle unos de color plateado, el mismo de su terno”, recuerda Miriam. Sin embargo, la familia que construyó desde cero ‘Gino Galdini’ nunca imaginó que iba a estar al borde de la quiebra. Hoy lo está. En esta segunda cuarentena, las ventas de la tienda han caído dramáticamente, como en todo Gamarra.

Miriam Romero dijo a Sudaca que su venta actualmente es por delivery y que, como máximo, tiene pedidos diarios que suman dos pares de zapatos Eso representa una ganancia líquida de solo S/30. “Aunque hay días que no vendo ni un solo par”, añade la comerciante con mucha preocupación.  Ese dinero no le alcanza ni para pagar los US$800 mensuales que le cobra el propietario del local. Entre marzo y noviembre, obtuvo un descuento del 50% del costo del alquiler: pagaba solo US$400. El compromiso, sin embargo, fue que a partir de diciembre el precio volvería a ser de US$800 dólares. Hasta ahora Miriam no ha podido pagar la mensualidad de diciembre ni enero. Ese pago está en negociación. Es muy probable que abandone el local. Y dado que el dinero no le alcanza, ha pasado a sus dos hijos de un colegio privado a uno estatal.

¿Por qué está a punto de quebrar? Miriam explica que la situación económica de su tienda se ha agravado con la segunda cuarentena, iniciada el pasado 1 de febrero. El gobierno decidió que las 230 galerías de Gamarra permanezcan cerradas. “No soportaremos que haya una nueva prolongación de la cuarentena; allí sí quebramos”, advierte. La comerciante respeta el confinamiento, como lo hace la gran mayoría de empresarios formales de ese conglomerado comercial. Lo hacen pese a que ellos hubieran preferido que les permitan seguir atendiendo de forma presencial, pero con un aforo más reducido (aceptarían que sea solo de 20%). Un caso similar es el que atraviesa Magno Chávez, dueño de la marca de jeans para mujer Vogui, quien hasta junio del año pasado alquilaba 11 tiendas y ofrecía tres marcas: Lucma, Shennys y Vakko. Hoy, por la crisis económica, se ha quedado con siete tiendas. Don Magno tiene un préstamo de S/300.000 a cancelar en dos años. Debe comenzar a pagarlo en mayo, con montos mensuales de S/12,500, aproximadamente. No sabe de dónde sacará ese dinero si sus ingresos hoy solo representan el 30% de lo que ganaba antes de la pandemia. Antes de la cuarentena tenía 20 trabajadores, ahora se ha quedado con cuatro.

Los ambulantes

En un recorrido realizado la semana pasada, Sudaca pudo comprobar que en Gamarra solo existen pequeños grupos de comerciantes que acuden al emporio a sacar su mercadería, aquella que tienen almacenada en sus tiendas. Lo hacen para realizar pequeñas ventas por delivery. Las galerías están cerradas. Este medio también ha comprobado que existe un trato diferenciado de la Municipalidad de La Victoria entre comerciantes formales e informales. Por ejemplo, para ingresar a Gamarra por cualquiera de sus puertas de la Av. Aviación, la seguridad de la comuna exige al visitante su pase laboral que especifique el distrito. Quien no lo tiene, no ingresa.

Aquí no hay cuarentena. Así luce el exterior del emporio de Gamarra. Esta imagen fue captada, el pasado jueves 18, desde la Estación del Metro de Lima, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Aviación. El personal de Fiscalización del municipio de La Victoria brilla por su ausencia. Por momentos, hay batidas; luego, los comerciantes informales vuelven a instalarse con sus productos (foto: Juan C. Chamorro). 

Ese exhaustivo control, en cambio, no ocurre con los ambulantes que se han instalado en los exteriores del conglomerado comercial, exactamente sobre la Av. Aviación. Ellos ofrecen una diversidad de productos en las veredas de siete largas cuadras de dicha arteria. Algunos colocan encima de retazos de plásticos o de tela recostados sobre la acera. Otros cuelgan sus prendas con ganchos sujetados a vestidores. Muchos están cerquita, sin guardar distanciamiento social. La mayoría posee sombrillas multicolores para protegerse del fuerte sol que sale por estos días en Lima. Algunos andan protegidos con mascarillas, pero otros no las tienen o las usan incorrectamente: sin cubrir la nariz o la boca. La cadena de ambulantes comienza a la altura de la cuadra 9, a la altura del Centro Comercial Gama, y termina en la cuadra 3, donde está la Estación del Tren Eléctrico.

Formales asfixiados. Así luce la avenida Agustín Gamarra, al interior del emperio textil del mismo nombre. Esta imagen fue tomada el pasado jueves 18, por la tarde. Los comerciantes formales cumplen con el confinamiento, pero en los exteriores hay luz verde para que los ambulantes vendan sus productos libremente (foto: Juan C. Chamorro). 

También transitan por ese sector los vendedores de frutas. “Diez granadillas de Oxapampa por un S/1”, dice un comerciante. Pareciera que allí, de las rejas del emporio para afuera, no hubiera confinamiento. En la Av. Aviación los informales, cientos de ellos, ofrecen desde ropa −de confección nacional e importada, para hombres y mujeres (polos, zapatos, zapatillas, shorts, gorros, etc.)−, hasta platos de comida que se cocinan en una parrilla o que ya vienen listos (pollada, arroz con pollo, tallarines rojos, etc.).  Los precios de la ropa que ofrecen son muy accesibles. Se pueden encontrar ofertas de dos polos, para hombre o mujer, a S/15. El acabado no está nada mal. Los miembros de Serenazgo y los fiscalizadores municipales que pasan cerca de los comerciantes informales aplican la bautizada como “política Shakira”: ciegos, sordos y mudos. Tampoco reaccionan con los restaurantes o las pollerías que reciben al público en el interior, con la puerta entreabierta, pese a estar prohibido. Cuando ocurre alguna de las escasas batidas en la Av. Aviación, los ambulantes hacen el amague de que se van y esconden su mercadería en tiendas que atienden con la puerta cerrada y que, en su mayoría, son de venta de accesorios para celular. Dentro de los dameros oficiales de Gamarra, el panorama es distinto. Allí sí hay control estricto por parte de los fiscalizadores. Si pasa un sereno y observa la puerta abierta de una galería, ordena que permanezca cerrada.

Miriam Romero tiene varios amigos que en estas dos semanas de cuarentena se han convertido en ambulantes porque tienen que llevar el pan a su hogar. Asegura que se han puesto a vender ropa y zapatillas en la Av. Aviación. ¿Queda otra?

En Mesa Redonda

La realidad que se vive en Gamarra es muy parecida a la que se respira en otro importante conglomerado comercial: Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. La única diferencia es que para ingresar a ese recinto, conformado por 129 galerías, no piden pase laboral por ninguno de los accesos.

Aquí también hay ambulantes que ofrecen mercadería, en el piso o sobre cajas de cartón, en los jirones Cusco, Puno, Andahuaylas y Ayacucho. En este conglomerado, los ambulantes ofrecen mucha más variedad de productos que en la Av. Aviación. No solo se vende ropa de hombre y mujer, sino también artículos de cocina (jarras, vasos, platos, ollas, vajillas, baldes), de belleza (secadoras de pelo, máquinas para cortar cabello) y hasta celulares.

A diferencia de Gamarra, el hostigamiento contra los ambulantes en Mesa Redonda es visible. Los empresarios han colocado carteles en los frontis de sus negocios cerrados con frases que reflejan su malestar contra el comercio informal que se ha apoderado de las calles: “La cuarentena solo la cumplimos los comerciantes formales. Y las calles, tomadas por los informales”, dice uno de ellos, en letras blancas sobre fondo negro.

Los jirones Puno, Cusco, Andahuaylas y Ayacucho, que conforman el conglomerado ‘Mesa Redonda’, han sido tomados por los ambulantes. Esta imagen fue captada el pasado viernes 19. Se puede apreciar que en la fachada de un local, que cumple la cuarentena, ha sido colocado un cartel que manifiesta la queja contra la Municipalidad de Lima por permitir el comercio informal en este sector (foto: Juan C. Chamorro).

La comerciante Alejandra Gonzáles, quien es propietaria de varias tiendas en la galería ‘Tradiciones’ de Mesa Redonda, tiene que repartir por teléfono sus artículos de regalo (bolsas y stickers), que ella misma fabrica. En las paredes de la fachada de la galería, muchos comerciantes formales han colocado cartelitos con sus números de celular para poder despachar sus productos.

Antes de la pandemia, Alejandra podía tener ganancias diarias de entre S/4.000 a S/5.000. Hacía hasta envíos a provincia. Nunca pensó que llegaría a no facturar ni un sol, como le ocurre a veces ahora. En sus mejores días de esta cuarentena, alcanza S/100, pero otras veces no vende nada. Por eso, decidió ir todos los días a su galería para estar atenta al sonido del teléfono. Si recibe una llamada, ella misma sale de la galería, que está siempre con la puerta cerrada, a entregar el pedido.

La hija de doña Alejandra, una joven abogada de 27 años, fue despedida el año pasado de una inmobiliaria con el comienzo de la pandemia. Desde esa fecha, le ayuda en las ventas. También cuenta con el decisivo trabajo de un joven de nacionalidad venezolana.

La Parada

Quienes pensaban que La Parada había sido reubicada en Santa Anita, se equivocaron. El exvocero de 21 agrupaciones de ese conglomerado, Wilfredo Guzmán, ha confirmado a Sudaca que, desde hace dos semanas, centenares de comerciantes que habían sido reubicados en el mercado La Tierra Prometida han vuelto a La Victoria a seguir vendiendo sus productos.

Otra vez se han instalado, desde las 02:00 de la madrugada hasta las 07:00 de la mañana, en la Av. San Pablo y en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Así también lo ha confirmado este medio en una visita realizada la semana pasada.

Volvió La Parada. Martes 16 de febrero, 06:00 de la mañana. Cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Estos ambulantes fueron reubicados de este lugar, a fines del año pasado, al Mercado ‘La Tierra Prometida’, en Santa Anita. Desde enero, han retornado a este mismo espacio comercial callejero, más conocido como ‘La Paradita’, en el límite de La Victoria y El Agustino (foto: Juan C. Chamorro). 

Guzmán explicó que uno de los motivos de que los comerciantes hayan retornado a los alrededores de La Parada es que sus productos no se venden en La Tierra Prometida. “Hay que admitir que ha sido un fracaso”, señaló, sobre el proyecto de reubicación que encabezaron el exalcalde de La Victoria George Forsyth y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz.

Henry Huayta es vendedor ambulante. Señaló a Sudaca que ha dejado el puesto que alquiló en ‘La Tierra Prometida’, pagando S/5.700 por un año y medio, a una señora a la que no le cobra nada porque allí no hay ventas. Sostiene haber retornado porque en los alrededores de La Parada puede tener al menos una ganancia de S/50 al día. Se ha instalado en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Sudaca ha revelado en un informe de enero pasado que los comerciantes pagaron entre S/3.700 y S/5.700 en La Tierra Prometida por el alquiler de un puesto, por un año y medio.

Entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre del 2020, con la protección de 700 policías, los 2.745 vendedores de productos perecibles y verduras que vendían en los alrededores de lo que fue el ‘Mercado Mayorista La Parada’ fueron trasladados al mercado La Tierra Prometida, en Santa Anita, que es de propiedad de la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA).

Cuando fue abierto al público, La Tierra Prometida increíblemente no tenía conexión de agua (hoy ya lo tiene) y había comenzado a atender con baños portátiles.

Solución

En Gamarra hay 31.000 locales comerciales distribuidos en 230 galerías, según un censo realizado por el INEI en el 2016. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró a Sudaca que el 40% de esos microempresarios, aproximadamente unos 12 mil, han quebrado o están al borde de la quiebra

¿De dónde sale esa cifra? A partir de junio del año pasado, cuando Gamarra reabrió sus puertas al público tras el primer confinamiento, comenzó a trabajar a media máquina. Es decir, solo el 50% ó 60% volvió. El resto, ese 40%, no lo hizo. Se presume que ellos son los que estarían muy cerca de la bancarrota. La dirigente señaló que la situación económica ha empeorado porque, en esta nueva cuarentena, solo el 20% −unos 6 mil empresarios− está trabajando de forma virtual o remota.

Una solución que plantearon los empresarios de Gamarra, sostiene la vocera, es que el gobierno coloque salvaguardias a las prendas importadas de Asia, especialmente China y Bangladesh. Una salvaguardia implica el aumento temporal de los aranceles de un producto, de forma provisional y no desde una lógica proteccionista. Una salvaguardia, en el contexto de una pandemia y dos cuarentenas estrictas, para proteger a una industria textil abundante en mano de obra, es un pedido urgente.

Según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio que también solicitó las salvaguardias, de cada 10 prendas de vestir que se venden en el Perú, ocho son importadas. El Indecopi, entidad que se encarga de velar por la libre competencia en el país y a la que nadie acusaría de ‘proteccionista’, emitió un informe recomendando que las salvaguardias sean colocadas. Sin embargo, una comisión multisectorial del gobierno conformada por tres ministerios decidió hacer caso omiso a esa recomendación y desestimó el pedido de los textileros.

Otras medidas de salvataje que ensaya Saldaña son: que el gobierno compre a Gamarra productos de bioseguridad, como mascarillas e indumentaria para el sector salud; un plan masivo de Reactiva Perú con montos que superen los S/50.000 o S/100.000; y estar en la primera fase de reapertura de la cuarentena, para poder atender presencialmente con un aforo reducido a 20%.

Finalmente, los comerciantes formales piden que se erradique a los ambulantes de los exteriores del conglomerado. Alegan que no solo causan desorden, sino que no respetan el distanciamiento social ni tienen protocolos de bioseguridad.

Según la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, en este conglomerado hay 129 galerías y 70.000 comerciantes. El vocero de ese gremio, Pablo Goytizolo, dijo a Sudaca que su principal reclamo, antes de que se piense en una reapertura es que haya limpieza en la zona y la erradicación de los ambulantes. Extienden el pedido al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Desde junio del año pasado, dijo Goytizolo, los ambulantes han ocupado los alrededores de Mesa Redonda y el municipio no hace nada por evitarlo.

Goytizolo señaló que sostendrán reuniones con los emporios de Gamarra y Las Malvinas para realizar una protesta conjunta contra el sector informal. Hoy lunes por la mañana, cuatro gremios que agrupan a los empresarios de Gamarra anunciaron un desesperado platón para este jueves 25, a las 8 de la mañana. Reclaman salvaguardias, reapertura con aforo reducido y erradicación de ambulantes.

Sudaca envío un pliego de preguntas a los municipios de Lima y La Victoria, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Toca darle un final a este artículo y este es el más apropiado. Pese a que piden erradicación porque los consideran una competencia desleal, hay también sentimientos encontrados en muchos comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda con respecto a los ambulantes. No hay que olvidar que varios de ellos comenzaron como informales, pero en el transcurso de los años llegaron a convertirse en exitosos empresarios. La pandemia lo cambió todo y la mayoría hoy está al borde de la bancarrota. Un claro ejemplo de esa realidad la vive en carne propia la administradora de la tienda ‘Gino Galdini’ de Gamarra, Miriam Romero.

Por un lado, guarda bonitos recuerdos del tiempo en que sus padres vendían en la calle. Como anécdota, nos cuenta que cuando era bebé la colocaban dentro de una cajita de cartón sobre el piso del jirón de la Unión para que duerma, mientras vendían sus zapatos hechos a mano. Pero todo eso desaparece cuando le preguntamos por el futuro de su negocio. Entonces, descarga su molestia contra los informales. “Yo gano ahora S/30 diarios, tengo que pagar un alquiler de US$400 y arbitrios. Ellos no pagan nada. Ellos están acostumbrados a ganar sin pagar a la Sunat, dejan la calle sucia y fomentan el desorden”, reclama.

¿Mirará el gobierno a estos empresarios, atenderá sus demandas, o solo está dispuesto a escuchar a aquellos que organizan la CADE?

**Foto portada: Miércoles, 16 de febrero. Una vista de la Avenida Aviación desde la Estación Gamarra, del Metro de Lima (foto: Juan C. Chamorro).

La pediatra Patricia Delgado confiesa que su primo, Germán Málaga, la convocó para participar en un monitoreo a personas que iban a ser vacunadas. Señala que Málaga “se equivocó” por no ser transparente y recuerda que la vacuna china “solo es 80% efectiva”.

La prima del doctor Germán Málaga, la pediatra Patricia Delgado Málaga, también recibió la vacuna de Sinopharm. Tiene el número 290 en la lista. Asegura que lo hizo porque era un requisito para trabajar como supuesta ‘consultora’ de un programa de monitoreo que iba a realizar el hoy cuestionado investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

En conversación con Sudaca, Delgado explicó que el pasado 12 de enero el doctor Málaga se comunicó con ella para que sea ‘consultora’ en dicho programa de monitoreo. En ese momento –sostuvo– no conversaron sobre si ese trabajo iba a ser remunerado. Tampoco si iba a haber un contrato de por medio ni quiénes iban a ser las personas que serían vacunadas. “Eso me lo iba a explicar la siguiente semana”, dijo.

Delgado alega que el doctor Málaga le aseguró que “todos tenían que estar vacunados” para ser consultores del programa. El 14 de enero recibió la primera vacuna, tal como ha quedado comprobado en el listado de personas que elaboró la UPCH.

Sin embargo, la doctora cuenta que “a los tres días” empezó a manifestar síntomas de Covid-19. El 20 de enero fue a su centro de labores, el Hospital Cayetano Heredia, sintiéndose mal de salud. Acudió entonces a un laboratorio privado donde, según ella, se realizó la prueba molecular y dio positivo. Se negó a mostrar a este medio la constancia que lo acredita.

Delgado entró en aislamiento. Según ella, cuando el doctor Málaga se enteró de su estado de salud, le dijo “no te preocupes, lo dejamos ahí”. De acuerdo a su testimonio, nunca más la volvió a llamar y no concretó el supuesto trabajo de consultoría que le había ofrecido su primo.

Los primeros días de febrero, ya recuperada del Covid-19, retornó a su centro de labores. El pasado 10 de febrero, asegura a Sudaca, le fue colocada la segunda dosis de la vacuna en Cayetano Heredia. No obstante, en la lista de 487 vacunados de la universidad homónima solo figura que recibió una dosis, no dos.

Sudaca le pidió a la doctora Delgado que envié el resultado positivo de la prueba molecular, pero se negó reiteradamente a hacerlo. Esta es la explicación que nos dio sobre cómo se habría enfermado de Covid: “Lo que ha podido pasar es que yo, por la alta exposición del trabajo [en el hospital Cayetano Heredia], me he contagiado. Desarrollé los síntomas posteriormente. No es a causa de la vacuna. Yo me he enfermado porque trabajo en un hospital con harta carga de Covid”.

Desde hace 10 años Patricia Delgado Málaga trabaja en el área de recién nacidos en el hospital Cayetano Heredia. Ella tiene 44. Allí asegura que atiende como intensivista pediátrica. Dice que ve a madres embarazadas con Covid-19 y participa en partos de madres con la enfermedad. “Estoy en la primera línea”, se defiende.

Sin embargo, en la página oficial de Facebook de su consulta privada no detalla entre sus áreas de especialización la medicina intensiva, ni siquiera vinculada a los recién nacidos. Solo dice que se especializa en “pediatría general- neonatología-control del niño sano y vacunación-enfermedades de la infancia-test de Bayley”.

Que cuente «la verdad»

La doctora argumentó, además, que nunca ha tenido una relación familiar con el  doctor Málaga, sino apenas solo laboral. Según la Sunedu, Delgado es médico general de la universidad Cayetano Heredia con especialidades en Neonatología y Medicina Pediátrica.

¿Pese a haber recibido la vacuna, pudo enfermarse de Covid-19?, le preguntó este medio. “Claro, eso ya está demostrado. La protección de la vacuna solo es de un 80%”, respondió. No obstante, reconoció que “hay vacunas con mayor efectividad”. Su caso sería similar al del doctor Ciro Maguiña, quien también fue vacunado con la primera dosis y se contagió después del virus. Él tuvo una enfermedad más leve y sobrevivió.

¿Por qué cree que el doctor Málaga no le dijo que en esa lista había políticos y autoridades? Esta fue su respuesta: “Yo sí creo que las personas se pueden equivocar. Creo que el doctor [Málaga] se equivocó en no poder transparentar las cosas y decirles a las personas que quería invitar a hacer un trabajo, cómo era la situación o qué pensaban. No sé bajo qué tenor el señor Málaga decidió si daba vacunas a las autoridades. Él tendrá que decir porqué decidió darle la vacuna a tal, a tal, y a tal”.

Dijo que lo considera una persona respetable y un excelente médico, pero le pidió que cuente “la verdad”.

Lavarse las manos y bañarse seguido. Cada vez que Victoria Huanca escucha esas recomendaciones de autoridades y expertos en salud siente impotencia. ¿Por qué? Porque su casa, en lo alto de un cerro de Villa María del Triunfo, en el asentamiento humano Parque Industrial, no tiene esa ‘suerte’. Si hay días que no tiene agua ni para cocinar, ¿cómo le alcanzaría para asearse constantemente?

Para llegar a la vivienda de doña Victoria, de 49 años, hay que sortear primero un empinado camino de tierra y piedras. Quebradas de por medio, allí una persona puede caerse sin que nadie la empuje. En algunos tramos se cruzan riachuelos de heces y desperdicios. Hay vecinos que los arrojan a las calles polvorientas porque todavía no construyeron sus silos. Sobra decir que en este pueblo joven tampoco hay pistas ni veredas. Las autoridades se han olvidado que existe.

El camión cisterna de Sedapal, que reparte agua de forma gratuita, solo pasa por la casa de doña Victoria una vez a la semana. Cuando lo hace, llena su tanque de plástico de 1.100 litros, que es más conocido por el nombre de su marca: el rotoplas. Todos los días, doña Victoria hace malabares para estirar como chicle la insuficiente ración que recibe. En San Isidro, según el regulador del agua Sunass, una sola persona usa 254 litros al día. Ella vive con sus cinco hijos.

Los olvidados. El asentamiento humano Parque Industrial (Villa María del Triunfo), fundado en  el año 1999, no tiene hasta hoy conexión de agua y alcantarillado. Tampoco, pistas ni veredas (foto: Juan C. Chamorro).

Desde hace dos semanas, además, doña Victoria ya no tiene que luchar solo contra la escasez de agua y la pandemia (ya estuvo enferma el año pasado), sino también contra el hambre. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para solventar los gastos económicos ni la alimentación de sus pequeños: ¿Qué pasó? Julio Ramos, su esposo de 40 años, está internado desde hace dos semanas en el hospital Kaelin, muy cerca de que le amputen el pie derecho.

Don Julio se cayó de una escalera, se fracturó el tobillo y se hizo un profuso corte en el pie que le ha provocado una grave infección. Necesita un trasplante de piel. Con esa desgracia encima, ya no puede seguir trabajando como vigilante de un restaurante en San Borja y le es imposible llevar el pan a su hogar.

¿Cómo sobreviven doña Victoria y sus hijos? La dirigencia vecinal de Parque Industrial ha puesto en marcha, desde junio del año pasado, el programa autogestionario Olla Común, que ofrece generosamente el almuerzo a S/1.50 (sí, a un sol con cincuenta céntimos). Pero incluso ese precio es demasiado alto para ella. A su familia, por eso, le entregan la comida -sopa y segundo- gratis.

Otro calvario que vive esta mujer es que su único hijo varón, Julio, tiene una infección en el oído y si no consigue tratamiento. Lo necesita con urgencia, porque puede quedarse sordo.

¿Cómo es un día sin agua en medio de la pandemia? Doña Victoria lo narra a Sudaca: “Es muy triste. El camión viene una vez a la semana, todos los miércoles. No es suficiente. Cuando tenemos niños, queremos bañarlos [todos los días] y no hay agua. Cuando no hay agua [porque no cubre la semana], tenemos que prestarnos de los vecinos, uno o dos baldes” ¿Qué pide, con la voz quebrada? “Aunque sea, que nos envíen el camión cisterna dos o tres veces a la semana”.

Es cosa seria

Nataly Balbín, de 25 años, también es vecina del Parque Industrial de Villa María del Triunfo. ¿Dónde queda exactamente este asentamiento humano? Para llegar, cualquier limeño tiene que ubicarse primero en la cuadra 7 de la avenida Salvador Allende (Pista Nueva), a la altura del paradero del Tren Eléctrico. Allí debe tomar una combi que subirá el cerro y lo dejará en el arco de ingreso del pueblo joven. De ahí en más, hay que caminar. Y es bastante.

Sed de agua. Cada vivienda del Parque Industrial recibe la entrega gratuita de agua, por parte de los camiones cisterna de Sedapal, solo una vez por semana. Es obvio que es insuficiente (foto: Juan C. Chamorro).

Nataly es madre soltera y el agua que le reparten tampoco le alcanza para el aseo, ir al baño, cocinar los alimentos, hacer la limpieza de su casa y lavar su ropa. Sobre todo porque su pequeña hija ha sido operada recientemente. El camión cisterna también llena su rotoplas una vez a la semana. Su casa, en la que vive con sus padres, está ubicada en lo más alto de este pueblo joven.

Desde el año pasado Nataly no puede trabajar porque tiene que cuidar a Antonella, de un año y medio de edad, que fue sometida a la cirugía de displasia de cadera en diciembre. La niña tiene que permanecer tres meses con yeso en las piernas hasta que se recupere.

Pudo pagar el costo de la operación, de S/9.000, gracias al préstamo que le facilitó su primo. Ella ha comenzado a pagarle en cuotas. Sin embargo, necesitará más dinero para la terapia. Acude diariamente al comedor a comprar el menú para ella y su hija. Al no cocinar el almuerzo, ahorra agua para el desayuno y la cena. También puede guardar algo de dinero.

“El agua nos hace mucha falta. Todos los días sufro bastante. Si no viene el aguatero [camión cisterna], tengo que prestarme. A ella [mira a su hija] le lavo de aquí [desde la cintura] hasta la cabeza y los piecitos, pero es insuficiente”, asegura la joven madre.

Cocinar con poca agua

La encargada del comedor que lleva el nombre Olla Común Las Esperanzas, Jovita Betsy Emiliano, dijo a Sudaca que cada día preparan 150 platos de menú. De esa cantidad, 50 almuerzos son repartidos de forma gratuita a los vecinos con mayor necesidad económica, entre adultos mayores y madres solteras. El resto, 100 almuerzos, se vende a S/1.50. Ese dinero sirve para la autogestión: para asegurar la compra de los alimentos del día siguiente. ¿De dónde sacan el agua? Los vecinos que participan colaboran, cada uno, con un balde.

En la Olla Común Las Esperanzas, en el asentamiento humano Parque Industrial, el menú con sopa y segundo cuesta S/1.50 (foto: Juan C. Chamorro).

En total son 80 madres que apoyan y rotan por turnos al comedor, a partir de las 08.00 de la mañana. Ellas se dividen el trabajo por grupos: las que compran los alimentos, las que lavan las verduras, las que recolectan el agua en baldes de los vecinos y las que cocinan. Por la cuarentena, todas se quedaron sin trabajo. Antes de la pandemia, se ganaban la vida como trabajadoras del hogar, ambulantes de la calle y comerciantes.

¿Cuál es la solución? El presidente de la junta vecinal del asentamiento humano Parque Industrial, Ignacio Tito Poma, explicó a Sudaca que Sedapal debería aumentar la periodicidad de la entrega de agua a dos o tres veces a la semana por vivienda. De esa manera, las 900 familias que viven en su pueblo joven, fundado el 9 de septiembre de 1999, podrían pasar con un poquito más de tranquilidad la cuarentena. Igual, nunca estarán totalmente seguros.

¿Por qué? Aparte de cuidarse de no infectarse con el coronavirus, los vecinos de Parque Industrial tienen que hervir bien el agua que reciben. Hay casos en los que se han detectado residuos de pintura y sarro, probablemente porque las cisternas no están del todo limpias.

El año pasado hubo 10 casos de Covid-19 en Parque Industrial y murió una persona. En lo que va de este año, se han registrado siete casos. Hay temor de que el número pueda crecer con el inicio de la segunda ola.

¿Burocracia e indecisión?

¿Por qué no tienen conexión de agua en sus casas? Sudaca le hizo esa pregunta a Tito Poma, de 50 años. El dirigente explicó que se trata de un tema burocrático y de decisión política. Sedapal les ha informado, dice, que la zona debe tener primero un reservorio de agua. Desde hace 22 años, la empresa y los políticos les prometen que ese reservorio se va a construir. El año pasado finalmente recibieron la esperada noticia de Sedapal: la licitación de la obra ya está en marcha. “Ver para creer”, señala don Ignacio.

La directora del colegio Nuestro Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Carrasco Anchelia, quien tiene el cargo de representante del Niño, Adolescente y Adulto Mayor de Parque Industrial, ha propuesto una medida de emergencia para paliar la crisis del agua: instalar tanques de agua temporales que tenga mucha más capacidad que un rotoplas.

“Si hubiera [tanques temporales], aunque sea de la pileta cogemos un balde de agua si nos falta. Hay días en que a las familias no les llega el agua [del camión cisterna], entonces tenemos que prestarnos del vecino para [preparar] el desayuno. Sin agua no se vive. El agua es vida aquí”, sostuvo con preocupación.

El baño de la miss Jesús (así la llaman cariñosamente sus alumnos) tiene solo una tasa conectada con un silo. Cada cierto tiempo tiene que mover la tasa a otro lugar para evitar que el silo colapse. Para bañarse, se para sobre el interior de una batea y se echa agua al cuerpo con un recipiente. Reutiliza lo que se almacena en dicha batea para regar las plantas. Otras familias no tienen el ‘inodoro’ de la miss Jesús y deben ir al baño en un hueco en la tierra. Las que no pueden lidiar con el posible colapso de sus silos, echan los desperdicios a la calle.

Otra demanda que tienen los pobladores es que la municipalidad de Villa María del Triunfo, a cargo de Eloy Chávez, agilice los trámites de inscripción de su Olla Común. Así podrían recibir alimentos de la comuna y del gobierno. Exigen también el visado de los planos de sus viviendas para obtener títulos de propiedad del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). De esa forma, cuando se construya el reservorio de Sedapal, si es que se construye pronto, podrán solicitar su conexión domiciliaria.

Cielo Azul

El asentamiento humano Cielo Azul está anclado, al igual que Parque Industrial,  sobre un cerro, aunque un poco más abajo. Está situado en la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, a un costado del pueblo joven San Judas Tadeo.  Se podría decir que aquí la gente sufre un poco más: las 40 familias que lo habitan, además de no tener agua potable ni alcantarillado, tampoco poseen energía eléctrica.

¿Por qué? Al no tener títulos de propiedad, quienes viven en Cielo Azul no pueden solicitar los servicios básicos como la luz. Los vecinos de San Judas Tadeo que sí tienen medidor de luz en casa −no agua ni desagüe, por supuesto−, les alquilan la corriente eléctrica, permitiéndoles jalar cables, previo pago mensual de S/60. Los que pueden pagar lo hacen. Los que no pueden, como Tula García, de 30 años, iluminan sus casas con velas.

En oscuridad.  En el asentamiento humano Cielo Azul de Manchay (Pachacámac) no solo falta la conexión de agua y alcantarillado sino también la energía eléctrica. Aquí están un poco más olvidados (foto: Juan C. Chamorro).

La  joven mamá de Fred (9) no tiene luz en su hogar desde hace dos meses por falta de dinero. Cuando empezó la cuarentena, la cabina de Internet en la que trabajaba cerró y ella perdió el empleo. Antes de la pandemia se desempeñaba como empleada del hogar, pero sus empleadores le pidieron que se quede ‘cama adentro’. Como ella no podía, pues tenía que cuidar a su hijo, la despidieron.

Para subir a su casa hay que avanzar por un camino de escaleras que una parte es de cemento y, otra, de tierra y rocas. Tula tuvo Covid-19 el año pasado. Tiene miedo de volver a enfermarse por la escasez de agua. Su familia tampoco puede asearse como debería. El camión de Sedapal pasa por su casa una vez por semana. Ella sufre más que otros vecinos porque, encima, su rotaplas está en la parte baja del cerro en el que vive.

La casa de Tula está en lo alto de Cielo Azul. Y como no hay un camino para que el camión cisterna pase cerquita, todos los días tiene que trasladar el agua almacenada hasta arriba en baldes. Son 40 gradas, ida y vuelta. Un vía crucis.

Si bien unos 10 camiones del municipio de Pachacámac, a cargo de Elvis Pomez,  apoyan en la distribución del agua que realiza Sedapal, esto no cubre la demanda. Solo en el distrito hay cerca de 300 asentamientos humanos que no tienen conexión de agua domiciliaria.

¿Cómo es un día sin agua? Sudaca también le preguntó esto a Tula García. Esta es su triste confesión: “En Cielo Azul, si no hay agua, no podemos cocinar ni lavar. Antes [de la cuarentena] me iba al río de Manchay Bajo llevando la ropa, para poder lavar las frazadas. Ahora no se puede ir ni lavar al río. En este tiempo, las colchas no las lavamos. El agua la cuidamos como oro; no podemos gastar y gastar. Nuestro sueño es tener nuestro título de propiedad, y tener agua y luz”.

El presidente de la junta vecinal de Cielo Azul, Miguel Ángel Vela (76), señaló que espera que la municipalidad de Pachacámac les dé las constancias de posesión de sus terrenos, para tener por lo menos la conexión de luz.

En este pueblo joven también se ha instalado una olla común. Sin ella, en lugar de morir de Covid-19, morirían de hambre. El almuerzo cuesta S/2. Los vecinos tienen el apoyo de la comuna distrital, que les entrega arroz, papa y aceite una vez a la semana. No alcanza.

La respuesta de Sedapal

En entrevista telefónica con Sudaca, el presidente de Sedapal,  Francisco Dumler, reveló la cruda realidad de la capital:  “Hay 2.500 asentamientos humanos que no tienen las conexiones de agua y alcantarillado. Lima solo posee una cobertura del 93% de conexiones domiciliarias. Eso quiere decir, que de los 10,5 millones de habitantes que tiene la ciudad más o menos, ese 7% [que no tiene agua en sus casas] representa a unos 800.000 pobladores”.

Esos asentamientos humanos, añadió Dumler, se encuentran ubicados principalmente en los distritos de Puente Piedra, Comas, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacámac y Lurín.

¿Por qué no tienen conexión de agua en sus casas? El titular de Sedapal explicó que “hasta que uno no tenga título de propiedad de su terreno, no puede solicitar servicio de agua potable”. Precisó que para que Cofopri otorgue el título de propiedad a una persona que vive en un asentamiento humano, “tiene que haber pasado, según la norma, diez años de tenencia pacífica [de la propiedad] no consuetudinaria y no onerosa”.

Después de haber transcurrido esos 10 años, la persona recién podrá solicitar la conexión de agua domiciliaria. Pero acá empieza otro largo trámite: debe haber un proyecto de inversión pública para dicha instalación, que puede costar a Sedapal, por la geografía de la zona, hasta S/100.000 por vivienda. Lo mismo ocurre con la instalación de las tuberías de alcantarillado.

Para Dumler, una solución es que se entregue “un bono” económico a los vecinos de 1.000 asentamientos humanos, para que se trasladen a zonas donde ya exista “planificación urbana”. Es decir, se tendrían que ir a vivir a otro sitio donde sea más fácil y menos caro para la empresa conectarles el agua.

Sobre el reclamo de los vecinos de Parque Industrial y Cielo Azul para que Sedapal aumente la periodicidad de la distribución del agua en los camiones cisterna, Dumler respondió que la información que él maneja es que la entrega se realiza “dos a tres veces por semana”. Precisó, sin embargo, que “esto no es ciencia exacta”.

Dumler recordó que antes de la pandemia 290 camiones cisterna vendían el agua en 2.500 pueblos jóvenes. Cuando comenzó la primera cuarentena, en marzo de 2020, Sedapal alquiló esos camiones para distribuir el agua de forma gratuita. Después, contrató otros 61 vehículos para continuar haciendo esa labor. La flota se incrementó a 351 camiones. También recibe el apoyo de camiones cisterna de algunos municipios.

Para Sedapal, el costo del alquiler mensual de los 351 camiones es de “aproximadamente entre S/8 millones a S/9 millones al mes”, según Dumler. “Esto cubre la demanda”, dijo. Con esa declaración, cierra la posibilidad de que la empresa pública contrate más camiones cisterna y se pueda incrementar la entrega de agua a los pueblos jóvenes capitalinos.

Los vecinos de Parque Industrial y Cielo Azul invitan gentilmente al titular de Sedapal a que viva junto a ellos, en sus casas, por unos días, para que él mismo se dé cuenta que la entrega de agua que realiza la empresa es insuficiente. “Él tendría que venir a ver cómo vivimos. Que pase una semanita acá para que sepa cómo se necesita el agua”, finaliza la vecina del asentamiento humano Parque Industrial, Nataly Balbín.

* Imagen de portada: Un trabajador de un camión cisterna de Sedapal entrega una ración de agua a una vivienda del asentamiento humano Parque Industrial, en Villa María del Triunfo (foto: Juan C. Chamorro).

Recortes salariales, depósitos de sueldo de apenas S/2, retraso en los pagos. Muchos internos tienen que comprar sus propias mascarillas y equipos de protección. Uno está en UCI por contagio de Covid-19

“Nos consideran la mano de obra barata”, así describe la estudiante del séptimo año de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Karin Llanos (26), la penosa realidad por la que atraviesan ella y otros compañeros que realizan sus prácticas pre-profesionales. Razones para estar angustiada no le faltan: hace cuatro meses que no le pagan su sueldo, que equivale al salario mínimo, y el centro de salud San Sebastián, del Ministerio de Salud (Minsa), no le entrega su equipo completo de protección personal.

La joven tiene que dirigirse, una vez a la semana, a las galerías de la avenida Emancipación en el Cercado de Lima para comprar una mascarilla N95 color verde, mandilones, gorros, botas y una botella de alcohol. Debe cuidar su salud y la de su familia. Vive con sus padres.

A la semana, su centro de salud solo le entrega EPP, según su testimonio, “cada dos o tres días”. Ella asiste seis. ¿Le hace falta? Sí.

“Voy a Emancipación porque es lo más económico, Una mascarilla N95 de 3M, marca americana, que es la más segura, ahorita está costando [allí] entre S/60 y S/95. Por la segunda ola, [el precio] ha subido, cuando normalmente una mascarilla [de ese tipo, antes del inicio de la pandemia] costaba S/5”, explica la estudiante a Sudaca.

Llanos puede hacer ese gasto extra porque tiene el apoyo económico de sus padres. Por semana, desembolsa entre S/100 y S/150. Cada mes, esas compras significan un gasto que fluctúa entre S/400 y S/600. “Este dinero que nos están negando [los sueldos] nos ayudaría a que nosotros mismos podamos protegernos, [con] nuestro EPP”, añade la joven.

Karin Llanos Chávez es estudiante de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le deben cuatro meses de sueldo y no posee activo los seguros de Essalud ni de vida (ver imagen de abajo). La futura doctora compra sus mascarillas e indumentaria de protección en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima.

“No voy a usar un EPP [dos veces], que de repente [antes] he utilizado con los pacientes Covid que llegan con diarrea, que pierden el olfato o el gusto, a los que se les hace la prueba, salen positivos y ya sé que he tenido contacto [con ellos]”, dice Llanos. Además, indica que no está afiliada al seguro social de EsSalud ni posee seguro de vida, dos cosas a las que debería acceder según su contrato con el Minsa.

Cara a cara con el virus 

¿Los practicantes atienden pacientes Covid-19?Sudaca le hizo esta pregunta a Jazmín Sánchez (26), quien también es estudiante del séptimo año de la carrera de medicina, pero en la universidad San Marcos. Ella también realiza sus prácticas en el centro de salud San Sebastián, en el Centro de Lima. 

Jazmín Sánchez es secretaria de Internado de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) y cursa el séptimo año de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Tampoco posee activo su seguro de EsSalud (ver imagen de abajo) al igual que su compañera, Karin Llanos, y también le deben cuatro meses de sueldo.

La estudiante explica que, según la resolución directorial N° 022-2021, publicada el pasado 19 de enero por el Ministerio de Salud, los practicantes pre-profesionales de ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, etc.) no deben atender en áreas Covid-19 de los hospitales ni establecimientos de salud. Asegura, sin embargo, que en los hechos atienden constantemente pacientes asintomáticos.

¿Cómo? La joven sanmarquina, quien también ocupa el cargo de secretaria de Internado de la Federación Peruana Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh), explica que a su área llegan pacientes con Covid-19 porque no existe “un buen filtro”. “Nosotros, según decreto, debemos atender en áreas no Covid. Pero eso, al final, es difícil de cumplir porque hay pacientes que no saben que tienen la sintomatología clara”, precisa.

En San Sebastián, donde realiza prácticas desde octubre del año pasado, existe un consultorio especializado para pacientes con síntomas de haber estado expuestos al nuevo coronavirus. Aparte, hay otra área para las consultas médicas, como medicina general y vacunación. La joven atiende en medicina general.

Sin embargo, cuando un paciente se acerca al establecimiento, muchas veces saca una cita directa para su área. Recién después de la entrevista que tiene con la paciente, Sánchez se entera que ese “resfriadito”, esa “diarrea” y ese “dolor de cabeza con diarrea”, eran síntomas de la Covid-19.

“Hay bastante desinformación en las personas. Y cuando llegan a nosotros [a medicina general, sin haber pasado antes por el consultorio especializado de Covid-19], los recibimos, los atendemos, los mandamos a hacerse la prueba y salen positivos”, añade con preocupación. De esa forma, Karin, Jazmín y muchos más practicantes de medicina están en contacto con pacientes asintomáticos, por más que en su contrato esté escrito que no lo estarán.

El riesgo se agrava porque las dos jóvenes, hasta el cierre de esta edición, no sólo no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses sino que ni siquiera tienen la afiliación al seguro social de EsSalud activa. Tampoco poseen un seguro de vida. Ambos son derechos que le corresponden, según el contrato de los internos publicado por el Minsa.

Karin Llanos no se ha contagiado de Covid-19, pero Jazmín Sánchez sí ha tenido la enfermedad. La también dirigente del Fepemh estuvo infectada en agosto del año pasado, aunque en ese momento los servicios de internado estaban suspendidos y no realizaba sus prácticas. Su salud continúa en riesgo. ¿Por qué? El pasado 3 de febrero, el propio EsSalud publicó un comunicado en el que informa que un paciente que ha tenido el coronavirus “puede reinfectarse”. La severidad de la enfermedad dependerá de la carga viral, el estado inmunológico del paciente y las mutaciones que existan del virus.

Por lo pronto, en su centro de labores, dos médicos y dos internos –que, si bien no son de la carrera de medicina, estuvieron en contacto con el personal– están en cuarentena porque dieron positivo al Covid-19. Si las dos estudiantes no tienen el seguro de EsSalud ni el seguro de vida activos, ¿cómo podrían trabajar con tranquilidad?

Yelicsa Altamirano (27), al igual que Jazmín Sánchez, también estudia en la San Marcos. Ella empezó a trabajar en noviembre pasado en el centro de salud Materno Infantil San Fernando, en Yerbateros, distrito de San Luis, y tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida.

Yelicsa Altamirano, al igual que Jazmín Sánchez, estudia en la San Marcos. El pasado 26 de enero recibió S/2, en su cuenta del Banco de la Nación, por el pago del mes de noviembre del año pasado. Tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida (ver imagen de abajo).

En su centro de salud también le dotan de equipos de protección personal que son insuficientes para su labor diaria. “Para no estar exponiéndome cada semana, compré 45 mandilones: 20 con un grupo de compañeros, al por mayor; y, otros 25, por mi cuenta. Además, una caja de 100 unidades de gorritos, una de 100 pares de botitas y una caja de mascarillas simples de triple capa” sostiene. Ella también tiene que comprarse su propia indumentaria para estar protegida. La tienen que ayudar sus padres.

“La mascarilla N95 no puedo encontrar, por eso no me compro. En mi centro me dan una mascarilla N95 a la semana. Me pongo una mascarilla de triple capa [que compro] abajo [de la N95] y otra encima, para estar protegida. [La mascarilla N95 que me dan] tengo que cuidarla bien y guardarla en un táper para que esté bien conservada”, agrega.

Sobre el pago de sueldos atrasados, el 26 de enero recibió en su cuenta del Banco de la Nación un depósito de S/2 (sí, dos soles). Según la boleta de pago que entregó a Sudaca, del mes de noviembre, le realizaron un descuento de S/ 928. Allí aparece un descuento por EsSalud de S/83,70, pese a que todavía no está afiliada. Esto se puede confirmar en la página web de ese servicio.

La resolución directorial N°022-2021 del Ministerio de Salud, publicada el pasado 19 de enero, es clara: los practicantes pre-profesionales de medicina tendrán un sueldo mínimo (S/930) y los seguros de EsSalud y de vida. Sudaca ha confirmado que en varios casos ese documento está escrito solo en el papel y no se está cumpliendo. 

Hace cuatro días le abonaron otros S/1.860 a la misma cuenta por los meses de diciembre y enero. Esta vez no le realizaron descuentos. Ella pide que el Minsa explique si en los meses posteriores les realizarán más descuentos y si les pagarán puntualmente.

Otro vía crucis

El mismo calvario lo vive el estudiante de medicina de la universidad San Martín de Porres Pablo La Serna (28). El futuro médico realiza sus prácticas pre-profesionales en el centro de salud Santiago de Surco, pero su caso es más dramático porque todavía no se ha dado a conocer el documento de la renovación de su contrato. El pasado 19 de enero, el Minsa publicó la resolución directorial N° 022-2021 con la renovación de los contratos de 7.480 estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, pero su nombre no aparece en esa lista. Está a la espera de la publicación de una nueva resolución que lo incluya.

Pablo La Serna, estudiante de la universidad San Martín de Porres, ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2.  No tiene seguro de EsSalud ni de vida.

La secretaria de Internado del Fepemh, Jazmín Sánchez, calculó para Sudaca que un aproximado de “500 estudiantes” a nivel nacional −la cifra es extraoficial− estarían en la misma situación que Pablo La Serna. “Son estudiantes que continúan realizando sus prácticas pre profesionales sin tener su renovación de contrato”, señaló.

Por el momento, al igual que Yelicsa Altamirano, Pablo La Serna ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2. Él no puede asegurar a qué corresponden los descuentos, porque no ha podido acceder a su boleta de pago. Tampoco está afiliado a EsSalud y no tiene seguro de vida.

Hasta el 23 de enero La Serna estuvo realizando sus prácticas pre-profesionales, que comenzaron en octubre del año pasado, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Estas quedaron suspendidas debido a que, según su testimonio, dicho establecimiento no quiso asumir más responsabilidades cuando un compañero suyo salió positivo al nuevo coronavirus.

De forma preventiva, Pablo La Serna y Yelicsa Altamirano han sido afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), que normalmente se destina a personas que no tienen un trabajo formal. En el caso de Jazmín Sánchez y Karin Llanos, ellas poseen SIS desde antes de realizar sus prácticas. No obstante, todos ellos reclaman tener activa su afiliación a EsSalud, porque es su derecho y porque tiene mejor cobertura.

El caso del estudiante de medicina de la universidad Federico Villarreal César Augusto Dávila Arainga (26), quien en la mañana de hoy será trasladado al Hospital Sabogal de EsSalud, es un claro ejemplo de la necesidad de contar con un seguro de amplia cobertura. Los médicos tuvieron que ayudar a la familia del joven universitario para que pueda conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital, pues tiene Covid-19 y la salud muy deteriorada desde hace 12 días. El joven cumplía su internado en el centro de salud materno infantil Tambo Viejo de Cieneguilla desde octubre del año pasado.

El estudiante de la universidad Federico Villarreal, César Augusto Dávila Arainga, será trasladado a una cama UCI del Hospital Sabogal de EsSalud. Los compañeros del joven han organizado una colecta para que su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, pueda solventar los gastos. No posee el seguro de EsSalud y los médicos le han ayudado para que pueda salvar su vida.

Su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, lo llevó ayer a la Villa Mongrut del seguro social. Le pudo conseguir una cama porque tenía una amiga que trabaja allí. “Si no hubiera tenido a mi amiga, no sé qué hubiera hecho”, señaló a Sudaca. Recién esta madrugada se le pudo conseguir la cama UCI en el Sabogal, para que pueda ser trasladado. 

Los descuentos

Jazmín Sánchez dijo a Sudaca que, a nivel nacional, podrían ser hasta 2.000 los estudiantes afectados por los retrasos y recortes de sueldos, por no contar con el servicio activo de EsSalud y el seguro de vida, y por la entrega incompleta de equipos de protección personal. No obstante, precisó que esa cifra es extraoficial. Muchos de los internos no tienen el contrato renovado y no se quejan.

La dirigenta estudiantil explicó que poco a poco se están organizando. En diciembre enviaron una comunicación al Ministerio de Salud. Están alistando una nueva con más denuncias. Allí piden que se cumpla con el pago puntual y completo de sus sueldos, y con activar sus afiliaciones a los seguros de EsSalud y de vida.

Según Sánchez, desde que en agosto del año pasado se dio el decreto de urgencia N°090-2020, que reincorpora a los estudiantes de ciencias de la salud a sus prácticas pre-profesionales –suspendidas el 15 de marzo del año pasado por el inicio de la pandemia–, “sabíamos que no se iba a cumplir [con los pagos] porque ni siquiera se está cumpliendo con el pago a los médicos, no se les está dando EPP a todos. Sabíamos que siendo internos, iba a ser difícil”.

“Hemos mandado documento tras documento [al Minsa] –añadió la dirigente del Fepemh– diciendo que se tiene que hacer fiscalización, que hay internos cuyos contratos no salen, y esto es algo que se viene arrastrando desde el inicio. [Nos aseguraron en el MINSA que] se iba a pagar todo junto; eso nos dijeron en diciembre. No pasó. Llegó enero y nos dijeron que iban a pagar los cuatro meses, y tampoco pasó. Eso fue la gota que derramó el vaso, eso nos hizo tomar la decisión de hacer todo esto visible”.

Cuando las prácticas pre-profesionales fueron suspendidas el 15 de marzo del año pasado, a la mayoría de estudiantes se les continuó la  propina de S/400 hasta el mes agosto. Lo que entienden ellos es que se estaría descontando los pagos que realizaron a los practicantes por los meses no trabajados.

No obstante, para la representante estudiantil esos descuentos son injustos. Ese dinero les sirvió para afrontar el periodo de pandemia y ellos siempre pidieron continuar con sus prácticas pre profesionales.

Con la cabeza

¿Cuál es la solución? Lo que exigen los estudiantes, señala Sánchez, es una reunión con “la cabeza”. Es decir, con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Además, que se publique una resolución ministerial explicando si habrá o no descuentos a los sueldos de los estudiantes y que se regularicen los contratos a quienes no se les ha renovado. “Papelito manda”, añade.

El Minsa publicó el pasado 30 de enero un comunicado de prensa que no es del todo claro. Allí señala algo similar a lo que los estudiantes intuyen: que el problema de descuentos se debería a que un “grupo de estudiantes tuvo que regularizar su situación administrativa por los meses en que recibieron los abonos por actividades que no realizaron por estar suspendidas. Este procedimiento se está llevando a cabo actualmente y culminará en enero del 2021”. Es decir, que la ‘propina’ que recibieron entre marzo y agosto estaría siendo descontada de sus salarios mínimos ahora. ¿Y los retrasos?

Sudaca envió un pliego de preguntas, por separado, al MINSA y EsSalud, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Para la dirigente del Fepemh, esto es “un aprovechamiento” del Minsa porque saben que, al ser su último año de estudios, solo tienen tiempo hasta abril para terminar sus prácticas y graduarse.

Sin embargo, para la estudiante de la universidad Federico Villarreal, Karin Llanos, se trata de un maltrato histórico que siempre han sufrido los estudiantes de medicina. “Hasta nosotros mismos nos burlamos de nuestra propia realidad diciendo que somos como los esclavos, los esclavos mal pagados”.

En un artículo de El Comercio, publicado en el 2015, la lingüista Martha Hildebrandt dice que la frase “cholo barato” es “una expresión nominal que expresa o representa la explotación del indio por el blanco desde la llegada de Pizarro hasta nuestros días”. “Aunque ya no sea tan barata –añade–, nuestra mano de obra sigue siendo hoy subvalorada”. Esta historia, en la era del Covid-19, podría reforzar el desarrollo de su tesis.

No solo el Covid-19 puede arrebatar una vida. Una alteración de la salud mental mal atendida también. Lo sabe la familia de una adolescente de 16 años que ha sido acusada por la Fiscalía de degollar a un panadero en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. El presunto asesinato ocurrió el 4 de enero.

La menor de edad, quien trabajaba en la panadería del difunto Fernando Osorio (48), habría usado un cuchillo de su casa para hacerle un corte en el cuello a la víctima. Según su historial médico en el hospital Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, la adolescente ya había intentado antes asesinar a su hermana.

Rocío Ramírez, quien trabaja en ese hospital psiquiátrico tratando niños y adolescentes, contó a Sudaca que la joven fue su paciente hasta julio del año pasado. En ese tiempo la atendió tres veces mediante ‘consultas virtuales’. Estas pueden ser por celular, teléfono fijo o Google Meet.

La psiquiatra diagnosticó que su paciente sufría cuadros depresivos y asegura que recomendó, a través del director de su área, que sea internada. Dicho servicio, sin embargo, está suspendido desde el inicio de la pandemia.

“Yo le dije ‘no doctor [a su jefe], esta paciente está tan mal que no está para que le llamen por teléfono todos los días. Esta paciente tiene que ser vista en emergencia y hospitalizada. Había vivido cosas muy fuertes’”, cuenta Ramírez. Al final, la joven igual pasó a hospitalización domiciliaria.

La psiquiatra enfermó de Covid-19, se recuperó en septiembre y supo que la adolescente seguía recibiendo atención domiciliaria. El 4 de enero se enteró por la televisión del presunto crimen.

¿Qué es hospitalización domiciliaria? Es un servicio que fue implementado en el Noguchi desde el inicio de la pandemia, en abril del año pasado, cuando la hospitalización corriente y la atención médica personalizada fueron suspendidas. La jefatura del hospital decidió que los médicos envíen a los pacientes a sus casas y les hagan seguimiento médico diario por teléfono. Desde esa fecha, en el Noguchi −ubicado en San Martín de Porres− solo se realizan atenciones de forma virtual, sacando previa cita por teléfono. El servicio de emergencia es para casos graves y permite que los pacientes se queden apenas unos días.

Para Rocío Ramírez, que también es presidenta del cuerpo médico del hospital, este caso se hubiera evitado si la joven accedía al internamiento. Lo que ocurre, explicó, es que a través de la hospitalización domiciliaria “no se puede conversar con la familia ni controlar si el paciente puede tomar o no su medicación”.

Otro hecho fatal que pudo evitarse si siguiera habilitada la hospitalización regular en el Noguchi fue el suicidio de un joven de 18 años en Los Olivos, el pasado 17 de septiembre. Un día después de haber recibido atención médica virtual, trepó hasta lo alto de una torre de energía eléctrica y se lanzó contra el piso. La caída fue de 40 metros.

Seis meses antes, en marzo, el mismo paciente ya se había subido a la misma torre de alta tensión. También quiso lanzarse, pero aquella vez fue salvado por los bomberos.

Si bien esa víctima fatal no fue paciente directo de la doctora Ramírez, ella recuerda que se le había recomendado aumentar la medicación. Tampoco estuvo internado. La portavoz de los médicos del Noguchi señala que esos dos hechos fatales corroboran la necesidad de que su centro psiquiátrico deba volver a las atenciones presenciales y recibir hospitalización con normalidad. 

No tienen protección

La segunda necesidad que tienen los médicos del Noguchi es que se respeten los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. En el hospital psiquiátrico, aseguran, no hay espacios para que el personal se coloque sus equipos de protección personal (mamelucos y mascarillas) y no les realizan pruebas moleculares sino pruebas rápidas.

Durante la pandemia han muerto de Covid-19, infectados en el propio nosocomio, dos vigilantes y una empleada administrativa. Actualmente, dos médicos y cinco enfermeros están contagiados y hacen la cuarentena en sus casas. Pese a ello, Ramírez dice que el personal quiere volver a atender de forma presencial. En total, son cerca de 40 médicos atendiendo desde casa que desean volver a hacerlo en persona. Para no arriesgar tanto sus vidas, necesitan protocolos más eficientes.

La doctora Ramírez explica que el Noguchi atiende 200 consultas de niños y adolescentes al día, la mayoría por intento de suicidio, hechos violentos, ansiedad, alucinaciones (por ejemplo escuchan voces que los llaman a matar al hermano o llamados del demonio) y depresión. Durante la pandemia, asegura, se ha incrementado en 30% el número de consultas de jóvenes de entre 18 y 25 años. La razón más importante es el confinamiento. 

¿Qué ha sido lo determinante? Según la psiquiatra, que los jóvenes hayan sido testigos de la pérdida del empleo de sus padres, de hechos violentos en sus casas y que no haya podido estar en contacto con otras personas.

La atención remota en el Valdizán

En el hospital Hermilio Valdizán, ubicado en Santa Anita, la situación es similar a la del Noguchi. Alexis Alcázar, médico psiquiatra de ese nosocomio, dice a Sudaca que las hospitalizaciones y las atenciones presenciales también están suspendidas. Solo funcionan 15 de las 42 camas para casos de extrema emergencia. 

Explicó además que, si bien en el 2020 se han atendido menos casos de conducta suicida en comparación al 2019, ello no quiere decir que hayan disminuido sino que “lo preocupante es que no se están atendiendo”. Así, no se estaría dando una cobertura adecuada a la demanda de eventos de conducta suicida y de hechos violentos en nuestra capital. “La finalidad en psiquiatría es la atención individualizada, que es lo más efectivo, y eso no se está dando mucho porque es de forma virtual”, aseguró.

Para Alcázar, el riesgo es alto. “No lo vemos ahorita. Lo podemos ver después de un año. Sobre todo en los jóvenes, hay conducta violenta y consumo de sustancias (droga, alcohol). El término técnico es conducta reemergente. Puede ser que al término de la pandemia veamos todos esos fenómenos incrementados”, afirma.

Sobre los protocolos contra el Covid-19 que se siguen en el Valdizán, el doctor señala que solo se cumplen en las áreas focalizadas, como la Unidad de Emergencias, donde se atienden unos 100 casos al día. “No todo el personal posee equipos de protección personal (EPP)”, sostiene.

De los 60 médicos, solo 36 están trabajando de forma presencial y 24 lo hacen de forma remota con las atenciones virtuales. Según Alcázar, todos están dispuestos a trabajar en las hospitalizaciones y en las atenciones presenciales, como sus colegas del Noguchi.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Este medio también intentó comunicarse con las centrales telefónicas del Noguchi y el Valdizán, pero nadie contestó el teléfono.

Fugas en el Larco Herrera

El único hospital de salud mental que no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial es el histórico Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918 y ubicado en Magdalena del Mar. Ningun paciente nuevo puede atenderse mediante las consultas externas, ya sea por teléfono, chat o de forma presencial. Antes, deben pasar por sus redes de salud comunitaria, las cuales -en su mayoría- no tienen capacidad para diagnosticarlos y derivarlos. En el Larco Herrera solo se atiende a pacientes llamados «continuadores».

Además, pareciera que no hay un estricto control interno, porque en diciembre del año pasado se escapó el paciente Richard Arce. Sudaca pudo encontrar a esta persona en el cruce de las avenida Brasil con el jirón Inclán, a cuatro cuadras de la plaza principal de Magdalena. Tiene alrededor de 50 años de edad y durante 30 años estuvo internado en dicho hospital.

No usaba mascarilla y no se sabe si tiene Covid-19. Según los vecinos de la zona, se dedica a cuidar vehículos de los restaurantes. Sin embargo, desconocen que ha tenido conducta violenta, según confirmó a Sudaca el psiquiatra Óscar Villanueva, quien fue su médico de cabecera en el hospital.

El especialista de salud mental confirmó que Arce estuvo internado en el Larco Herrera y que él mismo ha pedido su regreso. Él lo encontró en la calle y lo llevó a Emergencia. Lo atendieron, pero la dirección ya no quiso su retorno pese a que puede ser un peligro en la calle.

Señaló además que hay preocupación en el personal médico y los enfermeros del hospital psiquiátrico puesto que los 300 pacientes que permanecen hospitalizados se infectaron de Covid-19. Ellos están ahí desde antes de la pandemia, ya que el centro de salud mental no hospitaliza pacientes desde la primera cuarentena. El año pasado murieron 10 trabajadores y este año han fallecido otros 12. Solo funciona el servicio de Emergencia.

¿Quieres volver al Larco Herrera?, le preguntamos a Richard Arce, quien solo por coincidencia lleva el mismo nombre que un parlamentario del Congreso disuelto. “¿Por qué? Si ya fui dado de alta” nos contestó.

**La foto que abre esta nota es referencial y le pertenece a Reuters.