[La columna deca(n)dente] La decisión de Keiko Fujimori de proponer a su padre, Alberto Fujimori, como candidato presidencial de Fuerza Popular para las elecciones de 2026 se inscribe dentro de una estrategia política cuidadosamente orquestada. Varios factores son relevantes a tener en cuenta.

Fujimori fue presidente entre 1990 y 2000, un período caracterizado por cierta estabilidad política, económica y social. A pesar de haber sido condenado por delitos de corrupción y tipificados como de lesa humanidad, aún cuenta con un significativo apoyo entre ciertos sectores de la ciudadanía, especialmente aquellos que valoran su «mano dura» contra el terrorismo y su capacidad para estabilizar la economía tras el desastroso gobierno de Alan García (1985-1990). Keiko Fujimori busca aprovechar este legado y la imagen de su padre como un líder «fuerte y efectivo», apelando a la nostalgia de aquellos que añoran la estabilidad de su gobierno y de quienes recibieron beneficios durante su mandato.

Con la candidatura de Fujimori, Keiko Fujimori busca revertir la imagen negativa que rodea a su familia debido a la corrupción y violaciones de derechos humanos durante el gobierno de su padre. Esto le permitiría posicionar a los Fujimori nuevamente como una opción política viable, apelando a aquellos que aún creen en el «fujimorismo» como una alternativa política. La intención es crear una narrativa que subraye los logros de su gestión mientras se minimizan o justifican sus delitos.

Postular a Alberto Fujimori, creador del «pensamiento Fujimori», como lo resalta la congresista Rosangella Barbarán, permitiría a Fuerza Popular mantener su presencia en el escenario político nacional, pretendiendo unificar al «pueblo fujimorista» en torno a la figura del ex presidente y movilizar la base electoral «albertista». Esta estrategia busca consolidar a los seguidores más leales y, al mismo tiempo, atraer a nuevos votantes que se identifican con la narrativa de un liderazgo fuerte y eficaz.

Tras la excarcelación de Alberto Fujimori en diciembre de 2023 por «razones humanitarias», Keiko ha estado preparando el terreno para su regreso a la política. A pesar de saber que su postulación es inconstitucional, no duda en anunciarlo, buscando distraer a la opinión pública del juicio que enfrenta, pautar la agenda política nacional y reafirmar la identidad de Fuerza Popular en torno al legado de Fujimori. La candidatura también puede ser vista como una forma de consolidar su liderazgo dentro de Fuerza Popular, su desprendimiento y generosidad al comunicar la declinación de su candidatura presidencial a favor de su padre.  

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La candidatura de Alberto Fujimori podría movilizar no solo a sus seguidores, sino también a una oposición antifujimorista decidida y vehemente. La memoria de las violaciones de derechos humanos y la corrupción de su gobierno sigue siendo un punto de conflicto significativo. Además, en la actual coyuntura, oponerse al fujimorismo implica también hacer oposición al gobierno de Dina Boluarte y a sus aliados en el congreso. Estos aliados tienen muy poco de partidos políticos y se asemejan más a unas organizaciones criminales.

[La columna deca(n)dente]

La reciente aprobación de dos polémicos proyectos de ley por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha desencadenado una seria preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estos proyectos han sido objeto de críticas por parte de analistas y diversos sectores de la sociedad debido a las implicaciones profundas que podrían tener para la democracia y el Estado de derecho en el país.

El primer proyecto de ley ha generado controversia al limitar la aplicación del concepto de crimen organizado únicamente a delitos que generan valor económico, como el narcotráfico, excluyendo delitos como el sicariato, la extorsión, la tortura y el asesinato. Esta restricción debilita la capacidad del sistema judicial para enfrentar eficazmente la criminalidad violenta y organizada, poniendo en riesgo la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.

Por su parte, el segundo proyecto de ley es igualmente alarmante al declarar prescritos los crímenes considerados de lesa humanidad cometidos antes del 2003. Esta medida va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Perú al suscribirse tanto al Estatuto de Roma como a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que establecen la imprescriptibilidad de tales crímenes. El proyecto de ley aprobado niega a las víctimas de estas atrocidades su derecho fundamental a la justicia, la verdad y la reparación, beneficiando de manera directa a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el grupo Colina, entre otros, así como a los subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA.

La aprobación de estos proyectos refleja un preocupante panorama político donde las diferencias ideológicas y partidarias parecen diluirse frente a intereses particulares y la protección de organizaciones criminales. Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, entre otros, han mostrado una convergencia nada sorprendente al respaldar medidas que debilitan gravemente el Estado de derecho y el bienestar de la ciudadanía en general.

El impacto de estas leyes va más allá de sus implicaciones inmediatas; amenaza con socavar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la democracia peruana. El debilitamiento del sistema judicial y la posible consolidación de la impunidad podrían generar un clima de desconfianza y desesperanza entre los ciudadanos, afectando la estabilidad política y social del país a largo plazo.

Quienes hoy legislan, embriagados de poder, creen que pueden hacer lo que quieran, olvidando que el poder es efímero y que tarde o temprano pagarán por sus fechorías. Esta arrogancia y desmesura en el ejercicio del poder no solo pone en riesgo la estabilidad política, sino que también amenaza los cimientos mismos de la democracia y el Estado de derecho. La historia ha demostrado repetidamente que el abuso de poder y la corrupción inevitablemente conducen a la caída de aquellos que creen estar por encima de la ley y la justicia.

Ante este escenario, es imperativo que los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos democráticos y la comunidad internacional estén alertas y actúen de manera decidida para defender el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. La resistencia activa y la presión constante sobre el Congreso para revertir estas leyes son cruciales para evitar retrocesos irreversibles y asegurar un futuro justo, fraterno y equitativo para todos y todas. 

Tags:

Congreso, crimen, impunidad, organizaciones criminales, Partidos políticos

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En las democracias de hoy en día, la consulta a los ciudadanos y ciudadanas para destituir de sus cargos a una autoridad democráticamente elegida se presenta como una herramienta esencial. La revocatoria lejos de ser una mera formalidad tiene una relevancia crucial en la dinámica política y social de los sistemas democráticos.

En primer lugar, la revocatoria es un pilar fundamental para la responsabilidad y la rendición de cuentas. Las autoridades electas, como gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, conscientes de que su permanencia en el cargo depende de la percepción ciudadana de su desempeño, están incentivadas a cumplir con sus promesas y a actuar para lograr el bienestar ciudadano. Esta constante vigilancia ciudadana garantiza que dichas autoridades no se desvinculen de las demandas y expectativas, no solo de quienes los eligieron, sino también de aquellos que no.

Además, este mecanismo promueve la participación ciudadana. En una democracia que se precia de ser representativa, la interacción de los ciudadanos con el proceso político no debe limitarse al acto de votar cada pocos años. La posibilidad de convocar una revocatoria anima a los ciudadanos a mantenerse informados y activos en la vida pública, reforzando su sentido de responsabilidad sobre las autoridades elegidas.

Otra ventaja significativa es la corrección de errores. En ocasiones, las elecciones pueden producir resultados insatisfactorios para la mayoría del electorado, ya sea porque el candidato electo no cumple con sus promesas o porque surgen situaciones imprevistas. La revocatoria ofrece una vía democrática para rectificar estos errores sin tener que esperar al final del mandato.

Asimismo, este mecanismo actúa como un freno contra el abuso de poder. Las autoridades electas, conscientes de la posibilidad de una revocatoria, están menos inclinadas a actuar de manera autoritaria o contraria a los intereses de la ciudadanía. La amenaza de una revocatoria sirve como un recordatorio constante de que su legitimidad y permanencia en el cargo dependen de su comportamiento y desempeño.

Aunque pueda parecer paradójico, la posibilidad de una revocatoria puede contribuir a la estabilidad social y política. Cuando los ciudadanos cuentan con un canal institucional para expresar y resolver su descontento, se reducen las probabilidades de que recurran a protestas violentas o a conflictos sociales prolongados. Este mecanismo ofrece una salida pacífica y democrática para el descontento ciudadano, facilitando una gobernanza más estable y ordenada.

Todo esto ha llevado a que los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Miraflores, por ejemplo, se organicen y promuevan las revocatorias de los alcaldes Rafael López Aliaga y Carlos Canales, de Lima y Miraflores respectivamente. Con entusiasmo, alegría y la voluntad de cambiar las cosas en sus jurisdicciones, recogen las firmas necesarias para que las revocatorias sean posibles. Este proceso no solo refleja el descontento con las actuales administraciones municipales, sino también el compromiso de la ciudadanía con la democracia participativa. La recolección de firmas ha fomentado un mayor diálogo entre los vecinos y una conciencia ciudadana sobre la importancia de la participación activa en la política local.

Tags:

Alcaldes, Carlos Canales, Lima, Miraflores, Rafael Lopez Aliaga, Revocatoria

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La congresista Rosangella Barbarán, en un alarde de creatividad digno de un genio, ha elevado las ideas de Alberto Fujimori a la categoría de «pensamiento Fujimori». ¿Quién diría que el legado de un ex presidente condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción podría ser considerado un pensamiento filosófico? Pero Barbarán no se anda con rodeos, ella sabe reconocer la grandeza donde otros solo ven autoritarismo y violación de derechos humanos.

Intrigado por este salto cualitativo, le pregunté a la congresista, vía X, en qué consistía tan excelso «pensamiento». Pero, para mi sorpresa, la dilecta congresista Barbarán no tuvo a bien responder a mi consulta. Tal vez estaba muy ocupada planeando cómo encarnar y aplicar el «pensamiento Fujimori» en el Congreso y en la vida política nacional.

No me rendí ahí y decidí consultar a otro conspicuo congresista naranja, Alejandro Aguinaga, para ver si él podía iluminarme sobre este nuevo descubrimiento filosófico. Pero, al igual que su colega Barbarán, Aguinaga prefirió guardar silencio. Quizás temían que si revelaban los secretos del «pensamiento Fujimori», perderían su ventaja competitiva en el mercado de las ideas autoritarias.

En fin, parece que el «pensamiento Fujimori» es un misterio reservado solo para los elegidos de Keiko Fujimori. Los mortales comunes tendremos que conformarnos con leer las memorias de Alberto Fujimori, escritas en prisión, para tratar de entender la profundidad de este nuevo paradigma intelectual. Mientras tanto, Barbarán y Aguinaga seguirán elevando el nivel del debate político peruano con sus brillantes aportes a la luz del “pensamiento guía” de Alberto Fujimori.

Pero, ¿qué es realmente este «pensamiento Fujimori» que tanto alaba la congresista Barbarán? Según los expertos, se trata de un conjunto de ideas y estrategias políticas que se caracterizan por el autoritarismo, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Durante su gobierno, Fujimori pasó de ser un presidente elegido democráticamente a convertirse en un líder autoritario que concentró el poder en torno a su figura y relegó a las instituciones democráticas.

Barbarán y Aguinaga, conspicuos seguidores del “pensamiento Fujimori”, parecen estar empeñados en revivir este legado cuestionado y oscuro. Lejos de reconocer los crímenes y abusos cometidos durante el gobierno de Fujimori, ellos prefieren elevarlo a la categoría de «pensamiento filosófico», como si se tratara de una obra maestra del pensamiento político.

Pero, ¿cómo puede considerarse «pensamiento» algo que se cimenta en la corrupción y la vulneración de los derechos más básicos? Es evidente que el «pensamiento Fujimori» no es más que un intento de legitimar y glorificar un régimen autoritario, disfrazándolo de supuesta grandeza intelectual. Los peruanos de a pie, aquellos que no pertenecen al selecto círculo de Keiko Fujimori, tendremos que conformarnos con leer las memorias del ex presidente, escritas desde la prisión, para intentar comprender la profundidad de este «nuevo paradigma intelectual». 

Por último, parece que la presidenta Dina Boluarte ha decidido aplicar el famoso «pensamiento Fujimori» en su gobierno, lo que sin lugar a dudas hubiera hecho Keiko Fujimori. ¡Qué original! Debilitar las instituciones democráticas, es sin duda una estrategia brillante. Y hablando de discursos, Boluarte no se queda atrás. Su estilo confrontacional contra sus críticos y opositores es digno de su novísimo mentor. En fin, parece que el Perú está condenado a repetir la historia. Primero fue Alberto, ahora es Dina. ¿Quién será el próximo en aplicar el «pensamiento Fujimori»? ¿Tal vez Keiko misma, cuando por fin llegue al poder? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este espectáculo, de este amago de democracia, una democracia a la peruana.

Tags:

Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, Keiko Fujimori, pensamiento Fujimori, Rosangella Barbarán

[La columna deca(n)dente] Las declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, según las cuales «la violación de niñas indígenas es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes», plantean varias cuestiones críticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado en la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Una primera cuestión es la normalización de la violencia. La afirmación de Quero de que la violación de niñas indígenas es una «práctica cultural» sugiere una normalización de la violencia sexual como parte de ciertas costumbres. La violencia sexual nunca puede justificarse como una práctica cultural. Justificar o minimizar la violación bajo el pretexto de la cultura perpetúa la violencia y vulnera gravemente los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, específicamente su derecho a la integridad física y mental, y a vivir libres de violencia.

Una segunda cuestión es la promesa de ser «muy prudentes», que podría interpretarse como una falta de acción decisiva del Estado para abordar esta grave violación de derechos humanos. Como bien sabe el ministro de Educación, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, especialmente a los grupos más vulnerables, como las niñas y adolescentes indígenas. Esto incluye la implementación de medidas efectivas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Asimismo, su declaración parece caer en el relativismo cultural, donde las prácticas culturales se consideran inmutables y respetadas sin importar si violan los derechos humanos. La mutilación genital femenina es una práctica común en algunas culturas y viola los derechos humanos de la salud, la integridad física y la dignidad de las niñas y mujeres. El matrimonio infantil antes de la mayoría de edad viola los derechos humanos a la vida, la salud y el bienestar, especialmente en el caso de las niñas.

El ministro Quero olvida que los derechos humanos son universales y no deben ser comprometidos por prácticas culturales. El respeto a las culturas debe coexistir con la protección irrestricta de los derechos fundamentales, y ninguna práctica cultural puede justificar la violación de estos derechos. 

Sus declaraciones y las de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ratifican que las violaciones sexuales son “prácticas culturales”, pueden perpetuar estigmas y prejuicios hacia las comunidades nativas, presentándolas como inherentemente y culturalmente violentas. Esto no solo perpetúa la discriminación y estigmatización de dichas comunidades, sino que también desvía la responsabilidad del Estado para abordar estos problemas de manera integral, respetuosa y justa con los derechos de todas las personas.

Dada la gravedad de sus declaraciones, es imperativo exigir la renuncia inmediata del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Al justificar la violación de niñas indígenas como una «práctica cultural», ambos funcionarios no solo muestran una falta de comprensión y respeto por los derechos humanos universales, sino que también perpetúan la violencia y discriminación contra las comunidades más vulnerables. Sus palabras, lejos de promover la protección y el bienestar de estas niñas, las exponen a más abusos y estigmatización. Un liderazgo que minimiza y relativiza tales atrocidades es inaceptable y contrario a los principios fundamentales de justicia y dignidad. Es crucial que el gobierno de Dina Boluarte demuestre un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, comenzando con la destitución de funcionarios que no cumplen con estos estándares.

Tags:

Angela Hernández, Dina Boluarte, Ministerio de educación, Ministerio de la Mujer, Morgan Quero

El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

Tags:

Congreso, Democracia, Keiko Fujimori, Partidos, Rafael Lopez Aliaga, Vladimir Cerrón

En el escenario político nacional, hay una especie en particular que ha captado la atención de todos: los adulones de la presidenta Dina Boluarte. Estos incondicionales defensores, más leales que un perro faldero y más entusiastas que un niño con su primer helado, se han convertido en una institución dentro y fuera de los pasillos del poder palaciego.

Primero, tenemos a los campeones del aplauso. No importa lo que diga o haga la presidenta, ellos están ahí, al pie del cañón, aplaudiendo con la energía de una barra brava. Si Boluarte decide que hoy es un buen día para declarar el Día Nacional de la Bisutería Fina, ahí están ellos, listos para organizar marchas de apoyo con “portátiles” ad hoc y escribir emocionados comunicados de prensa. 

Luego están los poetas de la alabanza, aquellos que podrían hacer que incluso los elogios más trillados suenen como discursos memorables. Cada discurso de la presidenta es para ellos una oda a la sabiduría, cada gesto un símbolo de la gracia divina. Si Boluarte se decide a lanzar caramelos en un evento, organizado por su wayki Oscorima, estos bardos modernos escribirán crónicas sobre cómo tal acción simboliza su empatía con el pueblo y su habilidad para endulzar a la nación. 

No podemos olvidar a los defensores del honor, esos guerreros intrépidos que patrullan las redes sociales y los medios de comunicación en busca de cualquier comentario negativo o crítica hacia su bienamada gobernante. Como caballeros medievales, se lanzan al ciber combate, listos para proteger el honor de Boluarte con una combinación de fervor militante y creatividad delirante. 

¿Una crítica a su política económica que ha empobrecido a miles de familias? Sin duda, es una campaña de desinformación orquestada por Soros y Gorriti. ¿Y si se le recuerda su mentira colosal de que sus Rolex fueran de antaño y producto de su trabajo? ¡Inaceptable! A la hoguera del descrédito con esos detractores. Mientras tanto, otros fieles escuderos vociferan que la presidenta sufre de “acoso”, como el ministro de Salud, Villena, quien denuncia “acoso político”, o el ministro de Educación, Quero, quien habla de “acoso sistemático”.

Este exclusivo club de aduladores no está abierto a cualquiera. Requiere una habilidad especial para ver solo lo positivo, ignorar cualquier crítica y, por supuesto, una pasión inquebrantable por todo lo que Boluarte hace. En entornos políticos inestables como el nuestro, adularla puede ser una estrategia para asegurar la estabilidad laboral y buscar beneficios personales, como ascensos, favores, acceso a recursos o posiciones de poder. Su adulación militante se convierte en una herramienta para avanzar en sus particulares intereses.

Así que, mientras el resto de los conciudadanos navega por las complejidades de la realidad política con una mezcla de escepticismo y esperanza, los aduladores de Boluarte siguen adelante, con sus aplausos y defensas, construyendo un mundo donde todo es perfecto bajo el aura presidencial. Y quién sabe, tal vez algún día logren convencer al 95% de la población de que se vive en un paraíso terrenal, gracias a su inigualable e insustituible presidenta.

Tags:

aduladores, Dina Boluarte, mentiras, Ministro de educación, Ministro de salud

El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.

Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.

El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.

En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.

Tags:

censura, Dina Boluarte, Morgan Quero, sociedad civil, verdad

En un mundo absurdamente paralelo, donde la frivolidad y la corrupción reinan con desparpajo, la política peruana se ha convertido en una telenovela de lujo digna de un Oscar. La protagonista de este drama, la presidenta DB, más que una lideresa, parece una figura decorativa exquisitamente adornada con joyas, movida por los hilos invisibles de su titiritera principal, K. Mientras tanto, la democracia, esa paciente en cuidados intensivos, agoniza bajo los estragos de un Congreso que actúa como el villano principal de esta tragicomedia, con la complicidad silente de un público que parece disfrutar del espectáculo.

Desde su malhadado ascenso al poder, DB ha dejado claro que sus prioridades brillan tanto como sus diamantes. ¿Cientos de miles de peruanos víctimas de delitos durante su mandato? Para ella, son simples números que no alteran su ostentoso estilo de vida, más parecido al de una reina de la farándula que al de una mandataria. Lo verdaderamente importante es la liberación de N, el primer hermano de la nación, celebrada con un entusiasmo que roza la histeria por DB y sus allegados. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el bienestar de un país comparado con el bienestar de la familia presidencial y su séquito de aduladores?

DB parece tener un don especial para utilizar el poder del Estado con un propósito verdaderamente noble: mantener a su familia lejos de las garras de la justicia. La dedicación a su familia es inquebrantable, al igual que su descaro para obstruir la justicia. Desde intentar sobornar a coroneles probos hasta desmantelar equipos policiales anticorrupción, su compromiso con la impunidad es realmente admirable.

Dedicación inquebrantable que brilla por su ausencia a la hora de gobernar. Si alguna vez hubo un gobierno más desorientado que el de DB, es difícil de imaginar. Su administración, incapaz de abordar los problemas más sentidos del país, parece estar más interesada en salvar su propio pellejo y enriquecerse a costa de “préstamos” oportunos de joyas, relojes y diamentes. La delincuencia y la pobreza son apenas detalles menores cuando hay que asegurarse de que los familiares y socios políticos estén bien protegidos y cómodos. Y si de pobreza se trata, se puede intentar evitar que el INEI publique cifras de pobreza, porque, claro, son malas noticias que podrían arruinar la falsa atmósfera de prosperidad que pretende mostrar. Nada mejor que un poco de censura para mantener las apariencias de que el país anda estable rumbo a la OCDE, mientras la pobreza aumenta sostenidamente. 

En medio de este teatro del absurdo, los partidos políticos democráticos, los que no forman parte de la coalición corrupta que sostiene a DB, deberían actuar con más decisión, o al menos fingir que lo hacen. Es urgente que ofrezcan alternativas, cursos de acción posibles, no solo para mantener las apariencias, sino para rescatar al país del marasmo en el que se encuentra. La descarada manipulación de las instituciones por parte de DB y su séquito, de sus aliados congresales, no puede pasar desapercibida. Es hora de que los partidos demuestren que están aquí para algo más que ser meros «vientres de alquiler».

Así que, estimados partidos, este es su momento de brillar, o al menos de intentar hacerlo. Demuestren que son mucho más y están a la altura de las circunstancias que demanda el país, o al menos que pueden fingir que lo están. Tracen una hoja de ruta clara y viable que nos saque de este lío, o al menos que parezca que lo están haciendo. La renuncia de DB, seguida de una transición bien organizada, podría ser el primer paso, pero no el único. ¡Vamos, sorpréndannos con su capacidad para liderar y construir un futuro mejor para el Perú!

El reloj sigue avanzando, y con él, la necesidad de acciones decisivas, o al menos de fingir que se toman. Porque, después de todo, si no es ahora, ¿cuándo? ¡Tic, tac, partidos políticos el tiempo corre! ¡No nos defrauden!

Tags:

Congreso, corrupción, Ejecutivo, frivolidad, Partidos políticos
Página 1 de 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x