La mentira en la política ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Desde las pequeñas omisiones hasta las grandes falsedades, los políticos han utilizado el engaño para obtener o mantener el poder. Las razones para mentir son variadas. Algunos políticos mienten para ocultar sus errores o para evitar escándalos. Otros mienten para hacer promesas que saben que no pueden cumplir. Y otros mienten simplemente para manipular a la opinión pública y ganar votos.
Un flagrante ejemplo de la mentira en la política lo encontramos en el escándalo conocido como «Rolexgate». A pesar de las evidencias que señalan a la presidente Dina Boluarte como beneficiaria de la compra de los lujosos relojes por Wilfredo Oscorima, generoso y desprendido gobernador regional de Ayacucho, la presidenta ha negado cualquier responsabilidad, afirmando que no le fueron obsequiados, sino prestados. Cabe destacar que, al admitir este préstamo de manera pública, la mandataria habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.
La actitud arrogante, y despectiva de Dina Boluarte hacia la fiscalía que la investiga, ha generado indignación en la población. ¿Cómo es posible que la mandataria Dina Boluarte se permita ostentar este tipo de lujos mientras el país atraviesa una grave crisis económica y social?
Además, en el Congreso de la República, se han registrado casos de legisladores que se apropiaban parte del salario de sus trabajadores, los consabidos «mochasueldos». Estos congresistas, abusando de su poder y posición, explotaban a sus empleados y se enriquecían a costa de su trabajo. Una conspicua representante de los mismos, que haciendo eco del sentir de cada uno de ellos, sostuvo que la «mochada de sueldo» constituye «una práctica parlamentaria, (…) una costumbre, que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo». Esta “costumbre”, lejos de ser un hecho aislado, refleja la profunda crisis moral que atraviesa el poder legislativo.
Estos casos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón alarmante de falta de integridad en la política. La opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades como la mandataria, congresistas y gobernadores regionales socavan la confianza en las instituciones democráticas y propician un clima de impunidad.
Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, siempre dentro del marco del debido proceso, para que los responsables de los delitos cometidos sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial y el Estado de derecho.
La lucha contra la impunidad política no es una tarea sencilla, pero es una batalla que no podemos eludir. Se trata de una lucha por la justicia, por la transparencia y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es hora de que los ciudadanos y los partidos políticos genuinamente democráticos asuman el liderazgo en esta crucial batalla.
