¿Quién manda a quién?

Por: 16.01.2024

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  En un intento por reforzar su imagen de liderazgo, los ministros y ministras del gabinete Otárola, en cada oportunidad que se les presenta, enfatizan que sus acciones son por decisión expresa de la presidenta Boluarte. Esta insistencia podría interpretarse como un intento de Boluarte de reafirmar su autoridad frente a la opinión pública.

Hace unos días, el primer ministro Otárola, ante el señalamiento de que es él quien se encuentra detrás de todas las decisiones gubernamentales, afirmó que solo es “el portavoz del gobierno” y que todos los ministros están bajo “el liderazgo de la mandataria”. “Parece una broma [lo que sostienen], pero no es así. Aquí estamos bajo el liderazgo de la presidenta de la República, quien no solo toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino que también impulsa las reformas políticas y públicas que requiere el país”, sostuvo enfático. Esta defensa de la presidenta Boluarte podría indicar que se encuentra en una situación vulnerable.

La percepción de la opinión pública de que Otárola es quien manda, y no Boluarte, tiene un impacto negativo en la figura presidencial porque merma la legitimidad de la presidenta. La legitimidad es la aceptación de un gobierno por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando la población percibe que el primer ministro es quien manda, se cuestiona la legitimidad de la presidenta como máxima autoridad del país. Esto se debe a que la legitimidad no se basa únicamente en el cargo que se ocupa, sino también en la capacidad para ejercer ese cargo.

Asimismo, lleva a cuestionarnos «¿quién manda a quién?». Esta pregunta cuestiona la capacidad de la presidenta para ejercer el poder. Si los ciudadanos y ciudadanas perciben que el primer ministro es quien toma las decisiones, es menos probable que perciban a la presidenta como Jefe de Estado y responsable de dirigir la política general del gobierno; y capaz de garantizar la estabilidad política, social y económica del país.

Esta percepción se ha visto reforzada por dos factores: las declaraciones públicas del primer ministro, que han dado la impresión de que es quien toma las decisiones importantes del gobierno; y la falta de presencia pública de la presidenta en espacios no controlados por su gobierno. ¿Podrá la presidenta Boluarte contrarrestar esta percepción? ¿Tiene las habilidades y capacidades necesarias para recuperar la legitimidad de su figura, demostrar liderazgo y ganar la confianza de la ciudadanía? Solo el tiempo dirá si la presidenta Boluarte podrá demostrar que las tiene para asumir un liderazgo presidencial democrático.

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Alberto Otárola, Dina Boluarte, Presidencia, Primer ministro

“La confianza perdida”

Por: 3.01.2024

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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“Votos impunes: el no tan discreto encanto congresal”

Por: 19.12.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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“Morir matando”: la estrategia de la presunta organización criminal

Por: 6.12.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.

Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.

Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.

En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.

La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.

Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.

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“Esta democracia, ya no es democracia”, drama en cuatro actos

Por: 21.11.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La política nacional está plagada de políticos que mienten, manipulan y abusan de su poder para beneficio propio. Este drama de deshonestidad, manipulación y abuso de poder tiene cinco protagonistas:

La presidenta: una líder que miente sin descaro sistemáticamente para preservar su poder.

El primer ministro: un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y la prestidigitación que oculta pruebas para protegerse.

El congreso: una institución que se regodea en las gollerías del poder y traiciona de manera reiterada el mandato ciudadano.

Las máximas instancias judiciales: un pilar fundamental del estado de derecho que se ve amenazado.

Los ciudadanos y ciudadanas: cansados, atemorizados, hartos, desorganizados, pero…

Acto I: La presidente y sus mentiras descaradas

La presidenta, investida con la responsabilidad de liderar una nación, se desdibuja ante la audiencia. Atrás quedan las promesas electorales reemplazadas por mentiras descaradas destinadas a preservar el poder a cualquier costo. La confianza de los ciudadanos y ciudadanas, esencial para la estabilidad de cualquier democracia, se desvanece en el humo de las falsedades tejidas por una presidenta que, parafraseando a su primer ministro, tiene “comando, pero no mando”.

Acto II: El ministro y el ocultamiento de pruebas

En el oscuro trasfondo de esta trama, un primer ministro se erige como un aprendiz de maestro de las artes de la manipulación y de la prestidigitación. Dispone el ocultamiento de pruebas que podrían poner al descubierto sus tejes y manejes reñidos con el buen uso de los recursos públicos. La transparencia, lema y práctica olvidada, es sustituido por una cortina de secretos diseñada para protegerlo.

Acto III: El Congreso y las gollerías del poder

En el Congreso, la moralidad se desvanece ante la voracidad y procacidad de quienes detentan el poder legislativo. Aprovechan y maximizan todas las gollerías que les permite su privilegiada posición, se enriquecen sin rubor alguno y consolidan sus particularísimos intereses. La traición al mandato ciudadano se convierte en moneda corriente en esta grotesca representación de la democracia.

Acto IV: El ataque a las máximas instancias judiciales

El clímax de este drama se desata con un ataque directo de los congresistas a las máximas instancias judiciales, pilar fundamental del estado de derecho cuyos cimientos se resquebrajan mientras se intenta socavar la independencia judicial. La justicia se ve amenazada por la influencia corruptora de quienes buscan proteger sus intereses particulares ajenos al bienestar común.

Epílogo:

¡Ciudadanos y ciudadanas hay muchísimo que hacer…! Pero, ¿por dónde empezar?

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Un gobierno de mentira y de la mentira

Por: 7.11.2023

[La columna deca(n)dente] El 7 de diciembre del año pasado, El Comercio reprodujo las palabras de Dina Boluarte, quien en ese momento era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Estas palabras fueron expresadas durante una actividad oficial en Juliaca: “¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. ¿Cumplió su palabra? No. ¿Mintió? Sí. Desde entonces, una y otra vez, ha mentido. 

Mintió cuando responsabilizó a los “ponchos rojos” bolivianos de las ejecuciones extrajudiciales en Juliaca. Mintió cuando sostuvo que “esa avalancha de cinco mil personas, en el aeropuerto de Huamanga, suscitaron [sic] el fallecimiento de algunos compatriotas”. Mintió cuando señaló que la policía tuvo una “conducta inmaculada” durante las movilizaciones ciudadanas en la capital. Mintió, miente y seguirá mintiendo.

¿Ella es consciente del impacto negativo que tienen sus mentiras? ¿el primer ministro Otárola y sus ministros, acaso, lo son? ¿sus asesores? Al parecer, no son conscientes. Por eso mismo, quizás, sus ministros repiten sus mentiras sin inmutarse o crean nuevas. Algunos más que otros las reproducen con particular entusiasmo. “El Perú ahora es un país que está en calma, en paz…” señaló Boluarte en la reunión de los jefes de Gobierno y de Estado de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), en Estados Unidos. De inmediato, Otárola respaldó lo dicho por la presidenta. «Casi 11 meses después el Perú está en paz». Lo mismo hizo Leslie Urteaga, ministra de Cultura, “hay un clima de seguridad y estabilidad. No ha mentido (…) yo veo paz, hay libertad de prensa y hay inseguridad (…)”.  

Cuando la presidenta miente de manera sistemática, erosiona la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el gobierno y sus instituciones, así como su propia credibilidad. Todo lo cual tiene consecuencias negativas para el funcionamiento de la democracia. Los ciudadanos y ciudadanas ya no creen en lo que dice Boluarte y sus ministros. Los primeros días de setiembre, el ministro del Interior anunció la ejecución del “Plan Boluarte” para combatir a la delincuencia. La promesa fue recibida con escepticismo. Dos meses después, el publicitado plan no se implementó. 

Asimismo, el desapego político de los ciudadanos y ciudadanas es probable que se deba a la percepción de que la presidenta y sus ministros no son dignos de confianza. ¿Cómo se puede confiar en la ministra de Relaciones Exteriores, quien declaró que el encuentro del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con Boluarte fue una “reunión bilateral”? 

La situación descrita constituye una grave amenaza para la democracia. Frente a esta situación, surge la pregunta: ¿qué hacer? exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno de Boluarte por sus acciones y decisiones. Esto implica exigir que la presidenta se retracte de sus mentiras y explique las razones detrás de sus falsedades. De igual modo, implica participar activamente en manifestaciones y protestas, así como en partidos y movimientos políticos y en organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, la defensa de la democracia es una tarea fundamental y urgente para todas las fuerzas democráticas.

La JNJ, en jaque. Democracia bajo ataque

Por: 25.10.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.

A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.

Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.

Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.

La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.

 

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Hipocresía política

Por: 10.10.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

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Una coalición opositora sí es posible

Por: 28.09.2023

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

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