El horror cívico de la salud pública

Por: 30.09.2023

La lamentable muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, producto de una desatención sanitaria en una posta médica de la Punta de Bombón en el valle del Tambo, debiera servir de acicate para que de una vez por todas el Estado peruano tome en serio la urgencia de emprender una radical reforma de la salud pública en el país.

Ya la pandemia nos había puesto de relieve la calamitosa situación de un servicio básico, universal y gratuito -supuestamente- para todos los peruanos, y se esperaba que ello sirviera para hacer algo al respecto, pero pasó la emergencia del covid y simplemente no se ha hecho absolutamente nada.

Casi 25 años de bonanza económica y fiscal no han servido para que uno de los servicios mínimos de un Estado decentemente inclusivo y equitativo, sea brindado con relativa dignidad.

Al día, cerca de 150 mil peruanos acuden a algún centro médico, posta u hospital estatal para buscar atención a un problema de salud, y lo que reciben de respuesta es indolencia, ineficacia, rechazo y maltrato. Si consideramos reincidencia, podemos decir que cerca de diez millones de peruanos al año, en algún momento de su vida busca atender un problema en algún centro público (sea del Minsa o de EsSalud -que es otra calamidad-) y la respuesta del Estado es un detonante de disidencia, indignación, ánimo antiestablishment, hartazgo con el orden establecido y el modelo.

Los gobiernos de transición simplemente se zurraron en una de las reformas más importantes si se quiere brindarle gobernabilidad democrática al Perú. Para llamar a mayor escándalo, según ha referido Pedro Cateriano, con espanto, en los últimos cinco años (entre el 2018 y el 2022) se han dejado de gastar, a pesar de estar presupuestados, ocho mil millones de soles en el sector salud, incluyendo gobierno nacional, regionales y locales. O, como ha revelado el exministro de Economía. David Tuesta, en el primer nivel de salud, solo hay 17 médicos por cada diez mil habitantes, solo 51% tiene medicamentos esenciales, 95% está en condiciones inadecuadas y solo 43% funciona al menos doce horas.

Dina Boluarte tiene tres años por delante para gobernar. Al menos debiera hacer algo bien hecho, con equipos técnicos y asesoría internacional, en un sector básico para la viabilidad cívica de cualquier país democrático, como es la salud pública.

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Hernando Guerra García, Reforma de Salud, Salud pública, Sistema de Salud

Liberar la cocaína

Por: 29.09.2023

Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.

Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.

Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.

Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.

Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).

Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.

La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.

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cocaína, corrupción, delincuencia, Democracia, despenalización, narcotráfico

Con un sobrino como este gobierno…

Por: 28.09.2023

Es obvio que al gobierno actual no le cae a pelo ganarse un conflicto social como el que podría reactivarse en el valle del Tambo en Arequipa (y extenderse al sur andino, que anda buscando motivo para la bronca), a propósito de la eventual reactivación del proyecto minero Tía María que promueve la empresa mexicana Southern Perú.

En esa perspectiva suponemos que se han enrumbado las declaraciones del premier Otárola señalando que el proyecto no estaba en agenda, desbaratando los ímpetus del ministro de Energía y Minas, quien horas antes había hablado de que Tía María era un proyecto valioso que había que retomar, aunque bajo la condición previa de que haya “armonía total” (¿?).

Hay un problema político evidente en este desentendimiento público entre dos autoridades altas del régimen, pero lo que más enerva no es tanto que algo así suceda (las discrepancias debieran librarse en la interna, pero no es para cortarse las venas que ocasionalmente se salgan del cuarto cerrado), sino la falta total de compromiso del gobierno por promover una actividad esencial en estos momentos para la economía nacional, como es la minería.

No hay proyecto minero sin conflicto al lado. Ni en Suiza se produce “armonía total” entre empresas y ciudadanos, como pretende ilusamente el titular del Minem. El problema es que en el Perú se deja a las empresas privadas abandonadas a su suerte sin que el Estado se sume a los esfuerzos por sacar adelante proyectos vitales, como lo es Tía María, el que particularmente no implica mayor riesgo ambiental, y las empresas privadas descuidan el trabajo de percepciones, que debe ser permanente.

Tía María podría salir adelante si el gobierno atendiera demandas sociales de los agricultores del valle del Tambo (que no es donde operaría la mina, ojo con la percepción) que tienen décadas postergadas, como la construcción de la represa de Paltuture, que asegure un suministro de agua de regadío permanente (el proyecto Tía María no va a usar agua del río sino desalinizada del mar, nuevamente ojo con la percepción).

Este y todos los gobiernos tienen que entender que se la deben jugar por la minería, que reporta casi la mitad de sus utilidades en impuestos para el Estado y una parte no menor de ellos, destinados directamente, vía canon y regalías, a la zona de influencia directa del proyecto. El fisco nacional se robustece con el desarrollo de proyectos mineros de una manera superlativa.

El Estado peruano es el principal responsable de lograr las condiciones para que los proyectos mineros se desplieguen y, de llegarse al extremo de que acontezcan revueltas antimineras ideologizadas, actuar represivamente con inteligencia para no producir violencia inútil que lo único que hace, al final, es frustrar justamente el proceso de puesta en marcha de los proyectos empresariales.

De este gobierno es difícil esperar alguna jugada de riesgo. Juega al muertito porque su único objetivo es sobrevivir hasta el 2026, pero la clase política proinversión privada debe tomar conciencia de que es el Estado, de la mano de las empresas, el llamado a librar la batalla.

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conflicto social, Desarrollo Económico, Minería, Tía María

Los peruanos se quieren largar

Por: 27.09.2023

Que 400 mil peruanos se hayan ido del país el 2022 y que probablemente ese número crezca este año, es un síntoma claro del deterioro de las perspectivas económicas, sociales y políticas por el que transita nuestro país.

La mayoría de los que toman esa decisión son jóvenes. La propia encuesta última del IEP sobre el tema revela que en agosto del 2022, 36% quería irse y ahora ha crecido a 47% de ciudadanos, pero en el detalle etario, en la población entre 18 y 24 años, ese porcentaje de gente que quiere irse crece a 60%.

Muchos atribuyen este fenómeno a la llamada “generación cristal”, frágil e incapaz de soportar la mínima adversidad (después de todo, lo que estamos pasando ahora no es nada respecto de lo que se vivía en los 80s), pero esa sería una explicación muy superficial y prejuiciosa.

Una razón que influye mucho es el nivel de globalización existente hoy, que le permite a los jóvenes haber viajado o apreciar, vía las nuevas tecnologías informativas, la calidad de vida de otros países más desarrollados y su natural deseo de vivir su futuro en ese estatus y no en el deteriorado ambiente nacional (inclusive, el 44% del sector AB quiere emigrar y supuestamente, ese sector la pasa bien).

Lo que no se ve en el Perú es horizonte promisorio. Todo ha empeorado en los últimos cinco años. La salud, la educación, la economía, la política, la seguridad ciudadana, la corrupción, el urbanismo, etc. Y la clase política encargada de resolver esa pendiente es de última categoría, sin narrativa nacional motivante ni visión de futuro.

Y los pronósticos respecto de lo que se viene son pesimistas en todos los ámbitos. Y no hay un liderazgo político que les otorgue a los ciudadanos de a pie la esperanza de que de acá a cuando se produzcan las elecciones presidenciales, la cosa vaya a mejorar, sino todo lo contrario.

Lo que hoy predomina es el ánimo antiestablishment, un equivalente psicológico al mandarse a mudar. Y eso sucede porque no surgen personajes capaces de brindar optimismo ni confianza respecto de que con buenas decisiones gubernativas, el país puede mejorar y retomar la senda del crecimiento que lo caracterizó los últimos 25 años, antes de la crisis desatada en el 2016.

Es responsabilidad de los que pretenden gobernar este país, empezar desde ya su campaña y revertir este pesimismo cada vez más enraizado en los ciudadanos de a pie, particularmente entre los jóvenes.

 

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antiestablishment, Encuesta IEP, Exodo, liderazgo político

Anticaviarismo infantil

Por: 26.09.2023

Resulta cuasi delirante la obsesión de cierto sector de la derecha con los llamados “caviares”, sector de la izquierda moderada, que cree en la democracia, pero que mantiene criterios económicos relativamente intervencionistas.

Es verdad que han aderezado su presencia política con ínfulas ideológicas y morales que los han tornado insoportables y fatuos, y es verdad también que han desarrollado una labor de infiltración de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial que los ha llevado a perseguir a sus adversarios ideológicos (el fujimorismo ha sido su principal objetivo).

Además, se consideran portaestandartes monopólicos de temas como el medio ambiente o los derechos humanos, haciendo mal uso de esa pretendida hegemonía ideológica en temas que son universales y no deberían formar parte de ninguna bandería.

Participaron aisladamente en todos los gobiernos, como los de Toledo, el propio García, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, pero donde se achicharraron por defección moral fue durante el gobierno de Castillo, donde, a cambio de cuotas de poder, renunciaron a sus principios y se vendieron por migajas de puestos públicos o cargos estatales.

Merecen pues sanción política y ética. Todo su discurso de principismo moral superlativo se fue por el desague por su complacencia ante la terrible ineficiencia y corrupción comprobada del gobierno de Pedro Castillo, al que se sumaron sin ninguna prudencia ni distancia.

Pero de allí a considerarlos el objetivo político principal de destrucción y el enemigo mayor a derrotar, hay un abismo de diferencia que solo la frivolidad ideológica de cierta derecha puede explicar.

El gran peligro en el Perú de hoy no son los caviares sino la izquierda radical, disruptiva y autoritaria que asoma en el horizonte con posibilidades de triunfo electoral, ante la realidad sociológica del descontento popular y la terrible improvisación de los candidatos de derecha que van asomando en el panorama partidario.

Estamos en riesgo de perder el país, en el sentido de ver desaparecidos el modelo de economía de mercado y las formas democráticas. Y ese riesgo no lo comportan los llamados “caviares” sino la izquierda cerronista, leninista, extrema, antaurista, etc., a la que ahora en la derecha aplauden infantilmente porque ataca a los “caviares”, mostrando una absoluta falta de perspectiva y guiarse así por ojerizas ideológicas antes que por sentido de país.

 

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caviares, Elecciones, Fujimorismo, Peligros políticos

Atilas en el Congreso

Por: 25.09.2023

Lo que está pasando con la reforma universitaria es la mejor demostración de lo que sucede cuando un Parlamento sin legitimidad, sostenido por una alianza espúrea entre el fujimorismo, el acuñismo y el cerronismo, se desata las trenzas y empieza a gobernar el país.

La nueva Sunedu se ha convertido en mesa de partes. El mismo superintendente tuvo que admitir que este año 56 universidades han abierto 2.250 programas de pregrado y posgrado, sin la certeza de si cumplen con condiciones mínimas de calidad. Hasta el 2020, 38 universidades privadas y 27 públicas tuvieron que desmontar un total de 3.695 programas para lograr su licenciamiento. Esto porque no cumplían con condiciones básicas. Ahora tienen el libre albedrío para volver a abrirlas.

Terco en la estulticia, este Parlamento está desbocado. Quiere desaparecer el sistema judicial autónomo de pérdida de dominio, un mecanismo eficiente para combatir a la corrupción. Está en comisiones para su estudio. Pero lo que sí perpetró fue una salvajada como la de permitir absoluto libre albedrío en el uso de armas en legítima defensa; ahora se tendrá que esperar a que el juicio termine para detener al tirador. El Lejano Oeste traído a nuestras tierras.

Pero el Congreso, que según la última encuesta del IEP solo aprueba el 6%, sigue su marcha en la destrucción de la Junta Nacional de Justicia, sin importarle los argumentos jurídicos que ratifican que eso es una barbaridad sin fundamento. Si a la mayoría conservadora del Legislativo les irrita la composición ideológica de la JNJ pues que espere a que venza su plazo, que es el próximo año, y conforme allí una entidad más acorde a la composición parlamentaria novísima. Pero lo que se quiere hacer, inventando faltas graves donde, en el peor de los casos, solo hubo carencia de sindéresis (con el comunicado por Zoraida Ávalos), es un despropósito.

El odio a los llamados “caviares”, que comparten la derecha y la izquierda radical (véase reciente artículo de Vladimir Cerrón en el diario Expreso), podrá ser políticamente válido (aunque en el caso de Cerrón pasa más por sus desventuras judiciales, de las que acusa a los “caviares” que administran cuotas de poder en el Ministerio Público y el Poder Judicial), los está llevando a destrozar la separación de poderes. La referida encuesta del IEP ratifica ello. Un 64% está en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el sistema nacional de justicia. El problema político de fondo es que a este Legislativo, ello ya no le importa. Ya perdió toda vergüenza y es capaz de las peores tropelías.

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Congreso, reformas políticas, Separación de poderes, Sistema judicial

La cosa pinta fea

Por: 24.09.2023

Muchos empresarios o líderes de opinión se han quedado tranquilos al conocer la última encuesta de Ipsos que refleja que un 21% del electorado se identifica con la derecha, un 48% con el centro y un menor 14% con la izquierda. Piensan que la mesa está servida y solo falta el candidato que enarbole correctamente las banderas centroderechistas para que se haga del poder en las próximas elecciones.

Craso error. Si uno analiza más en detalle la propia encuesta halla datos que apuntan, más bien, a una potencial aparición de un candidato radical, autoritario y disruptivo. En agosto del 2020, Ipsos hizo la misma pregunta de identidad ideológica y los resultados fueron muy parecidos y ya vimos cómo ganó las elecciones Pedro Castillo.

Así, preguntada la gente respecto del modelo económico establecido en la Constitución desde hace treinta años, apenas el 17% considera que ha sido un éxito, mientras que un grueso 67% lo considera un fracaso. Otra respuesta de graves connotaciones: el 90% de la población considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Finalmente, por si quedaban dudas del sustrato emocional ideológico de las mayorías, apenas el 8% de la ciudadanía está muy satisfecho o más bien satisfecho con la democracia. Como colofón, el 65% considera que el Perú está retrocediendo, el mayor pesimismo desde los 90 (por eso la masiva migración de peruanos al exterior).

Si después de analizar esta encuesta, hay algún candidato de centroderecha que considera que la situación se presenta propicia, es un político limitado y miope. Ni siquiera el sustrato moralmente conservador de las mayorías populares anima algún optimismo, ya que las izquierdas radicales en el Perú suelen ser moralmente antiliberales.

El grado de descontento con el statu quo es de tal envergadura que cualquier candidato que sea identificado con aquel, partirá con una inmensa carga negativa de parte de la ciudadanía. Particularmente, cualquier candidato que defienda el modelo económico, la Constitución del 93 y las libertades económicas proinversión y proempresa.

Se vienen tiempos políticos difíciles. El periodo Castillo-Boluarte no es solo un bache temporal que luego será superado y que volveremos a la “normalidad”. Todo apunta a que la cosa va para peor.

–La del estribo: agenda teatral nutrida: hoy en la noche Un monstruo viene a verme; domingo 1, Esperanza, domingo 8, Metamorfosis, luego viaje a ver teatro todos los días en Buenos Aires, y retoma de agenda limeña el domingo 29, con El hombre que corrompió a una ciudad. Buen teatro en Lima. Vayan a verlo.

 

 

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Descontento político, Elecciones, Encuesta Ipsos, Izquierdas radicales

Revolución capitalista en minería

Por: 23.09.2023

Otro país sería el Perú si Ollanta Humala no arruinaba las negociaciones de Conga, que ya estaban a punto de cerrarse y proceder a su operación. Otro sería el destino de los 23 proyectos mineros hoy paralizados. Otra sería nuestra realidad socioconflictiva si Toledo no claudicaba en el arequipazo en la entrega en concesión de Egasa y Egesur.

El último informe del IPE sobre la realidad minera es desolador. Si sumamos la conflictividad social y la tramitología, como factores de estorbo de la actividad minera, entre el 2008 y el 2022 se dejaron de recaudar más de 120 mil millones de soles. Y la cartera de inversiones mineras estancadas al 2023 asciende a casi 30 mil millones de dólares, lo que en términos del PBI ha supuesto una pérdida de casi 700 mil millones de soles.

Se han dejado de generar 541 mil empleos adicionales al año y con estos resultados se estima que el crecimiento del PBI entre el 2008 y el 2022 pudo haber sido de 4.7% en lugar del 3.9% observado. Habría 1.7 millones de menos pobres en el Perú si esto se hubiera plasmado en la realidad.

Solo en tramitología ambiental, los plazos de demora pueden ser de hasta seis o siete años. Así, no hay posibilidad de que el Perú sea un país atractivo para las inversiones. Hay que tener cero tolerancia al daño ambiental y si se produjese ser muy severo en las indemnizaciones, pero lo que sucede en el Perú ya es boicot a la inversión privada más importante del país, la misma que ayudaría a adquirir una dinámica de crecimiento económico que nos podría enrumbar hacia la senda del desarrollo.

Hay muchas reformas institucionales pendientes por desplegar en el Perú: seguridad ciudadana, salud y educación públicas, regionalización, reforma del Estado, etc., pero la matriz rocosa sobre la que tales reformas deben discurrir es sobre la puesta en marcha de una revolución capitalista de segunda generación, que se monte encima de la que se inició en los 90 y que quedó inconclusa por obra y gracia del propio Fujimori y su afán politiquero e inconstitucional de querer reelegirse por segunda vez.

La inversión minera, en particular, es piedra de toque de esa revolución capitalista. Un buen gobierno de derecha debe tener claro que no puede dejar dormida bajo tierra la inmensa riqueza que tenemos y que motivaciones ideológicas o abiertamente extorsivas impiden que prospere.

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boicot a la inversión, Conga, daño ambiental, Minería, revolución capitalista

“Plan Boludearte”

Por: 22.09.2023

La declaratoria de emergencia de tres distritos (dos en Lima y uno en Piura), supone una claudicación de las funciones estatales mínimas y la apertura de un proceso de impostura consciente por parte del Ejecutivo respecto de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana.

Cerrar negocios desde cierta hora es condenarlos a la quiebra y aumentar la crisis económica que ya sufre el país. Es casi tan absurdo como que para evitar los accidentes de tránsito se suprima la circulación de vehículos o para disminuir el arrebato de celulares se prohíba su uso en lugares públicos. Y ya no hablemos de la evidente migración delincuencial que sucederá a otros distritos menos resguardados que los hoy “beneficiados”.

El Estado peruano ha claudicado y si ese va a ser el tenor de las facultades graciosamente delegadas por un Congreso sumiso y torpe, estamos derrotados de antemano frente a la galopante delincuencia que ya constituye el principal problema nacional, según diversas encuestas.

Se requiere un plan integral que incluya de modo esencial el combate a la corrupción existente en el seno de nuestras propias fuerzas policiales, donde muchos de sus altos mandos deben estar coludidos sin duda con las bandas delincuenciales que azotan las principales ciudades del país, mediante el canje de cupos por impunidad o la vista gorda. De eso ni una palabra.

De otro lado, ¿alguien cree que el extorsionador va a cesar en sus actividades porque se suspenden las fiestas a partir de cierta hora o porque salen patrullas militares a rondar las calles? El Tren de Aragua debe hoy estar festejando la pusilanimidad de un gobierno mediocre (si no fuera por el de Castillo, el de Boluarte sería, sin duda, el peor gobierno de los últimos cincuenta años y paremos de contar).

Las bases mismas del contrato social -que el ciudadano le otorga el monopolio de la fuerza al Estado para que lo proteja y garantice la convivencia pacífica- han sido rotas en mil pedazos por el propio Estado, ineficiente y corrupto, que en el área de la seguridad ciudadana permite la proliferación de bandas delincuenciales que actúan muchas de ellas, si no todas, en complicidad con los hombres de uniforme, sin que nadie del Ejecutivo tome cartas en el asunto.

Las facultades delegadas no van a servir para nada. Todos los expertos en seguridad ciudadana coinciden en que, salvo una o dos iniciativas, el resto de lo planteado es puro fuego artificial, inútil e inconducente. La delincuencia nos ha ganado la batalla por nuestra propia indolencia y falta de reacción ciudadana para exigir, con más vehemencia, que el Estado haga lo que le corresponde hacer.

 

 

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corrupción policial, Declaratoria de emergencia, delincuencia, seguridad ciudadana
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