Se han ido millones por el desagüe. Allí sí ha funcionado el drenaje, directo a los bolsillos de centenares de funcionarios corruptos que se han llevado en camión los dineros que debieran haber servido para construir puentes, reforzar riberas y edificar drenajes pluviales. Se han gastado 51 mil millones de soles y no se ha hecho casi nada. El país sigue expuesto a las mismas desgracias que todos los años, desde hace décadas, vemos en tiempos de lluvias. Hay varios que ojalá terminen en la cárcel, porque lo que se ha hecho es un latrocinio sin nombre. El Ministerio Público debería nombrar una Fiscalía ad hoc para afrontar este caso de espanto en el manejo de los dineros de todos los peruanos. Debe haber más de un personaje de alto vuelo comprometido en el enjuague.
Pero la mayor responsabilidad radica en los poderes fácticos de la derecha, que han hecho poco o nada por convertir los éxitos del modelo en munición ideológica persistente que cale en la mentalidad de los pueblos. Salvo uno que otro think tank, algunos comunicadores, aislados gremios empresariales (con pésima estrategia comunicativa, por cierto) y pocos líderes políticos, el grueso de la derecha ha guardado silencio durante décadas, destruyéndose entre sí, sin capitalizar los activos que ha construido en los últimos años, apoyar iniciativas promercado o asentar valores y actitudes favorables al modelo económico.
Los resultados los estamos viendo. Las izquierdas, que no han hecho nada bueno por el país en las últimas décadas, que no tienen si no modelos fracasados en el patio regional (Venezuela, Argentina y Nicaragua son los ejemplos más sonados), han logrado activar a su favor una narrativa que, según las encuestas, ha adquirido predominio mayoritario.
En segundo lugar, los empresarios son innovadores. Son quienes identifican nuevas oportunidades de negocio y las aprovechan. También son quienes desarrollan nuevos productos, servicios y tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas y pueden tener un impacto positivo en la economía. Estos empresarios son una fuerza importante en la competitividad económica, ya que su innovación puede mantener a una empresa por delante de la competencia y ayudar a que la economía crezca.
La sociedad necesita de empresarios comprometidos y motivados para seguir avanzando en la creación de riqueza y bienestar en nuestras comunidades. Más que nunca se necesita su voz cantante en el debate nacional. Frente a la amenaza recurrente de que los expertos en manipular narrativas sociales -como son las izquierdas- impongan culturalmente sus equivocados criterios, es hora de que los empresarios se sumen a los líderes de opinión, políticos o medios de comunicación que ya están embarcados en la tarea de asentar una cultura liberal indispensable para que el Perú salga de la medianía en que se encuentra.
Vivimos en una democracia fallida, sí, sin duda. ¿Es responsabilidad de Boluarte? Es demagógico decirlo. Es culpa de los mediocres gobiernos de la transición que no hicieron reforma alguna, incluyendo las políticas y electorales, que hubieran afianzado la precaria democracia que nos gobierna y que solo puede exhibir como galardón la sucesión constitucional ininterrumpida desde el 2000.
–La del estribo: han repuesto, y es imperdible verla para los amantes del teatro, la obra clásica La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Con un elenco formidable y una dirección calificada, es una oportunidad de oro para apreciar buen teatro. Va en el Municipal del 23 de marzo al 9 de abril, de jueves a domingo.
Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.
Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.
También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.
Todos juegan para Zoraida Ávalos
Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).
Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.
Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.
Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.
Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.
Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.
Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ
Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.
En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.
María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.
Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.
Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.
¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.
¿Se puede gobernar con tan bajos índices de aprobación? Sí. Toledo es la mejor demostración de ello y el suyo no fue un mal gobierno, visto en perspectiva. Pero también es cierto que en una circunstancia en la que se impone la necesidad de reformas y no solo gobernar en piloto automático, es preciso contar con ciertos consensos. Y con la población, no con el Congreso, que a su vez muestra sus propios problemas (cae de 11 a 8% en su aprobación en la referida última medición de Datum, seguramente por los escándalos del bufet y de los viajes).
Este gobierno es abismalmente superior al de Pedro Castillo. Mejoría tecnocrática, claridad económica superlativamente mejor, liderazgo presidencial claro. Le ha tocado bailar con la tribuna enfervorizada en contra, a lo que contribuyó él mismo con la inaceptable respuesta represiva inicial, pero que merece una mejor suerte en las encuestas. Esperamos que las semanas siguientes confirmen que comienza a estabilizarse.
La desacreditación de Pedro Castillo es una tarea de profilaxis política que el Perú republicano debe emprender con hondura. La frustración profunda del pueblo que lo apoyó debido a la raigambre de clase del susodicho, nos pasará factura social y política muchos años por delante. Pero será hasta socialmente terapéutico que esos votantes aprendan una vez más a elegir gobernantes con cierta racionalidad y no simplemente por vínculos identitarios, que a la postre terminaron instalando un pillo avieso en Palacio de Gobierno.
La narrativa de persecución política contra Castillo, alentada por la izquierda nacional e internacional (tanto política como mediática) deberá rendirse ante las evidencias cada vez más claras y contundentes de que su paso por el poder fue una desgracia de espanto, de la que nos costará recuperarnos, pero que, por lo pronto, merece ser denunciada por todo lo alto y con la mayor insistencia posible.
En tercer lugar, se va a necesitar voceros calificados para establecer algún puente de diálogo, cuando finalmente éste pueda producirse. Y de preferencia habrá que buscar personajes con influencia en Puno, que, a su vez, sean puneños. Los hay, en diversos ámbitos de acción, y deben ser ellos los que lleven la voz cantante en representación de un Ejecutivo que en estos momentos carece de intermediarios calificados para la tarea.
En cuarto lugar, diseñar una suerte de Plan Marshall para la región, una de las que peores indicadores de calidad de vida tiene en el país, y que vaya más allá de los anuncios ya efectuados y que son bastante acotados. Se torna imperativo un megaplan de inversiones en infraestructura, que resuene en los oídos de una población desafectada del Estado peruano por décadas de soslayo.
Otro beneficio es que puede generar nuevas ideas y perspectivas. Al introducir nuevos ministros con diferentes antecedentes, experiencias y enfoques, el gobierno puede beneficiarse de una mayor diversidad de opiniones y soluciones. Esto puede llevar a una mayor innovación y creatividad en la formulación de políticas públicas.
El gabinete Otárola ya cumplió su ciclo. El Premier hizo lo adecuado al armar un gobierno de la nada, pero los nuevos desafíos lo han desbordado, claramente. Boluarte debe oxigenar su mandato y apostar a que ello baste para salir del entrampamiento en el que se encuentra. Si no lo logra, será ella el próximo fusible político.
