El ingreso de personajes como Susel Paredes, Alfonso López Chau o Jorge Nieto a las arenas presidenciales, es saludable y debe ser visto con alegría por parte de quienes creen en el capitalismo democrático como única opción potable para el futuro nacional.

Los mencionados forman parte de una centroizquierda sensata, que reconoce las bondades de una economía social de mercado y sobre ese lecho rocoso construye una opción de Estado social que se distingue de la derecha liberal en su énfasis en la salud y educación públicas, y en políticas de asistencia más amplias.

El país necesita de una izquierda democrática y liberal, en el sentido amplio del término. La izquierda tradicional peruana -incluyendo a Verónika Mendoza- se ha apartado de esos cánones y hoy profesa un radicalismo antimercado que la torna altamente nociva para el bienestar nacional.

La izquierda que da pie a esta columna, se distingue, además, de la típica izquierda llamada caviar en el Perú, cuyo sectarismo, intolerancia y espíritu excluyente de cuerpo, ha hecho que segane a pulso el repudio nacional, no solo de la derecha más rancia sino también, inclusive, de la izquierda clásica.

El mejor ejemplo es el de Francisco Sagasti -injustamente vapuleado por la derecha- que hizo un gobierno sensato, que fue capaz de convocar a un economista ortodoxo como Waldo Mendoza, y que condujo un gobierno abierto a todas las líneas políticas siempre y cuando cumplieran ciertos mínimos requisitos tecnocráticos.

Es la izquierda española, escandinava, uruguaya, chilena (hasta Boric ha tenido que ajustar sus propósitos refundacionales a golpe de realidad), la que triunfa y logra objetivos caros a su ideología, cuando entiende que el libre mercado es una fuerza que juega a su favor y no en contra.

A ello parecía conducirse Verónika Mendoza y su grupo, pero el régimen de Castillo desnudó su esencial falsía y terminó acomodándose en un régimen nefasto en términos políticos, económicos y sociales, que destruyó al país en poco más de año y medio. Hoy, Mendoza y compañía hacen gala de un radicalismo que ya no la coloca en la centroizquierda en la que en algún momento pareció instalarse.

La derecha debe mirar sin ojerizas ni prejuicios el surgimiento de una izquierda moderna, con la cual eventualmente alternarse en el manejo del poder. Ojalá la crisis actual de los partidos dé origen al surgimiento de esa tendencia ideológica.

Unas declaraciones al paso -primicia del programa de Milagros Leiva- del expresidente Alberto Fujimori han alborotado el cotarro y generado decenas de interpretaciones alrededor del fujimorismo.

Más allá de su terrible gazapo sobre Vladimiro Montesinos, qué ha dicho Fujimori: que hay un pacto con el gobierno y que no es certera la candidatura de Keiko Fujimori el 2026. Lo primero ya se sabía, por evidente, y sobre lo segundo sí hay pan por rebanar, porque o postula Keiko o el fujimorismo va en alianza con otros partidos y cede la candidatura presidencial, lo que bien merece una discusión.

Por supuesto, la primicia vale oro. Es la primera vez que el fundador de la dinastía Fujimori se pronuncia sobre temas políticos y es natural que cause el revuelo causado, pero a la vez pone de relieve la orfandad de noticias que en el ámbito político existen.

No sabemos en qué anda la treintena de candidatos a la Presidencia para el 2026. ¿Alguien los escucha o ve? ¿Alguno marca la cancha, rompe los cánones tradicionales o establece parámetros que generen discusión? Obviamente, el impacto de unas palabras dichas por Alberto Fujimori será incomparable, pero no es menor el asombro respecto de la nula presencia política del resto de actores.

Claro, la agenda mediática está hoy centrada en las revelaciones de Jaime Villanueva y en menor medida en el caso de Martín Vizcarra, pero un candidato político que se quiera perfilar no le puede sacar el poto a la jeringa y también debe pronunciarse sobre estos temas, más aún si, como vemos, comportan reflexiones sobre qué hacer con el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el sistema judicial en su conjunto.

A este paso, llegaremos a las próximas elecciones con la misma incertidumbre de siempre, con candidatos sorpresivos que suben y bajan en las encuestas, por azar del humor popular, sin un basamento construido a lo largo de los años que aún restan para la campaña. Hasta en eso, Alberto Fujimori les ha dado una lección de sapiencia. En esta coyuntura hay que hacer política desde ya y no esperar los meses finales para recién comenzar a hacerlo. No hay pan para mayo.

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Alberto Fujimori, elecciones 2026, Jaime Villanueva

El gobierno ha logrado una mejoría significativa con el reciente cambio ministerial. Faltaron algunos, como el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no da pie con bola, pero en líneas generales la perspectiva mejora. Ya hay, además, temas relativamente descartados: una asamblea constituyente y elecciones adelantadas. Se supondría que en algunos meses, el régimen podría ir subiendo puntos en las encuestas.

Necesita, sin embargo, ampliar sus horizontes políticos. Necesita puntualmente resolver dos grandes temas de enorme vigencia y sensibilidad, como son la crisis económica y la inseguridad ciudadana. ¿Puede solo? No, requiere del apoyo congresal. ¿Lo puede conseguir? Sí. Ya lo tiene en buena medida.

Si el gobierno sale del área chica, si el premier Otárola se olvida de su disputa menuda con el hermanísimo, Nicanor Boluarte, y entiende que su rol político es primordial, podría lograr tejer una alianza reformista con el Legislativo y apuntalar los dos grandes temas que se han mencionado.

Ya no hablemos de salud y educación públicas, de regionalización, de reforma del Estado. Son palabras mayores para los que ya no da ni siquiera el tiempo. Que el gobierno, en conjunción con el Parlamento, se aboque a una agenda reformista en materia económica y de seguridad ciudadana.

Con ello habrá avanzado mucho y, sobre todo, habrá logrado una performance superlativa en términos de percepción ciudadana, que hoy le es adversa, con índices de desaprobación apenas vistos en los peores tiempos de desgobierno de Alejandro Toledo.

Dados los temas mencionados, contará con el concurso de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y algunos no agrupados. Ya es bastante y podría cambiar dramáticamente la perspectiva sombría que el desenlace electoral del 2026 arroja sobre las expectativas empresariales.

Un gran pacto reformista puede ser, además, la ocasión del fujimorismo, en particular, de reivindicarse de la tragedia ocasionada por su punible irresponsabilidad el 2016, y de esa manera reasomarse el 2026 con mejor aliento del que hasta ahora muestra. La figura consejera de Alberto Fujimori parece estar jugando ya en esas ligas mayores.

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Alberto Fujimori, Otarola

Tiene razón el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando advierte que muchos candidatos no recorren el país como sí lo hace Antauro y otros candidatos radicales de izquierda.

Es irreemplazable la visita física a un lugar remoto. Genera un recuerdo cognitivo y afectivo inigualable en el ciudadano que la recibe. Sobre ese recuerdo luego será más fácil que se asiente el mensaje del candidato, porque, claro está, en los pocos meses que dura la campaña propiamente dicha es materialmente imposible recorrer todo el país, y se debe uno limitar a las grandes capitales regionales y un par más de cada lugar, con suerte y buena logística.

Pero con la suficiente antelación, como la que existe hoy, con casi dos años por delante, sí es perfectamente factible emprender esa ruta de visitas permanentes, sostenidas, indetenibles.

Eso lo viene haciendo Antauro y varios más del grupete de potenciales candidatos radicales disruptivos que asoman en el horizonte preelectoral. Ya cuentan con un piso electoral importante (alrededor del 20% del electorado) y si le suman la dispersión del centro y la derecha, hoy con casi treinta candidatos, aspirarán, con éxito a pasar a la segunda vuelta, ya no solo uno quizás dos de ellos.

Mientras ellos recorren el país, palmo a palmo, qué hace la centroderecha. Sale en canal N, RRP, Willax, algún noticiero de señal abierta, escribe en diarios que ya casi nadie lee y cree que así está sembrando semillas para el futuro. A lo sumo, de vez en cuando sus portavoces ofrecen entrevistas a radios regionales, creyendo que con ello suplen el valiosísimo contacto físico real.

La centroderecha está perdiendo las elecciones del 2026. Si algo ha cambiado el país del 2021 a la fecha ha sido para peor. Y ya el 2021 se inclinó por un candidato radical. Con mayor razón, si no hay respuesta potente de la centroderecha, lo volverá a hacer el 2026.

Y si eso ocurre, a llorar al río. Habremos perdido el país, porque la izquierda que vendrá no será democrática y al desastre económico que ocasionará, le sumará la destrucción de la ya exangüe institucionalidad democrática que mantenemos. La ruta de Venezuela y Nicaragua estará a la vuelta de la esquina.

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Kuczynski, rpp, Willax

Entre la primera y la segunda vuelta del 2016, se cruzaron en una sala previa al set de un programa de televisión, José Chlímper y Mercedes Aráoz. El primero le dijo, con claridad: “Meche, si sumamos los 73 votos de Fuerza Popular, los 18 de ustedes, de Peruanos por el Kambio, PPK, y los 9 de Alianza para el Progreso, tenemos cien congresistas. Si no hacemos las reformas que el Perú necesita, las próximas elecciones las gana el comunismo”.

No se equivocó en su pronóstico el destacado empresario. El 2021, en efecto, ganó las elecciones el izquierdista radical, Pedro Castillo, y condujo al país a un caos económico, político y social, del que todavía no nos recuperamos.

La responsabilidad fue mutua. De Kuczynski,porque no supo o no quiso tender todos los puentes necesarios para entablar una alianza potente con el fujimorismo. De Keiko Fujimori, porque, infantilmente, dolida por la derrota, ordenó, desde el inicio, petardear al gobierno de PPK, hasta provocar su abrupta salida del poder, inaugurando la crisis política permanente en la que vivimos desde entonces.

El 2016 la mesa estaba servida para un gobierno de derechas que, sin zozobra, pudiese desplegar las reformas que necesitamos a gritos en varios ámbitos del quehacer público. En los pasivos históricos del fujimorismo, que pretende reeditar la performance electoral el 2026, quedará ese lastre.

Hoy, el desafío es más complicado. La tarea no consiste en administrar una mayoría parlamentaria ya alcanzada, sino en conseguirla a punta de un esfuerzo mayúsculo de conciliación multipartidaria previa a las elecciones que se efectuarán de acá a poco más de dos años.

Para decirlo con meridiana pulcritud: si la derecha no se une en torno a una figura políticamente atractiva y conforma una lista parlamentaria potente, otra vez será la izquierda la ganadora y nuevamente hará retroceder al país décadas de desarrollo.

No nos cansaremos de insistir en ello. No es buena estrategia que haya una veintena de candidaturas, bajo el pretexto de que así habrá mayor representación parlamentaria, y que luego de la primera vuelta, se endosarán apoyos. Primero, porque tal endose no existe en una segunda vuelta. Y segundo porque la dispersión puede hacer que tranquilamente pasen a la segunda vuelta dos candidatos de izquierda. Ojalá la cordura se asiente en la mente de la pléyade de personajes con ansias presidenciales, en algunos casos, absurdas y muertas de nacimiento.

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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Dina Boluarte, Elecciones, eleecciones 2026, Gobierno

Lo importante de que ingrese al MEF un buen titular no pasa solamente porque sepa administrar con corrección su propio terreno de acción, sino que vuelva a hacer del portafolio del jirón Junín, el eje alrededor del cual se alineen todas las carteras vinculadas a la producción.

El nombramiento de Arista ha sido bien acompañado de Mucho en el Ministerio de Energía y Minas. Hace falta saber si se colocarán en la misma órbita los titulares de Transportes y de la Producción.

Particularmente, de acuerdo a sendos informes que ha propalado Sudaca, no se ve de parte de la ministra Choquehuanca predisposición para actuar técnicamente en un sector clave para la economía nacional como es la pesca industrial.

¿Qué se necesita? Puntualmente, que encargue al Imarpe la realización de estudios técnicos que determinen, por un lado, la arbitraria zona límite de pesca en el sur, que ha hecho quebrar a decenas de empresas pesqueras y solo ha beneficiado a Chile que pesca a manos llenas mientras los peruanos vemos pasar el valioso recurso, y, por otro lado, que actualice su medición de la talla mínima de la anchoveta, que todos los indicios señalan que, por los cambios climáticos, ha reducido su tamaño viable de pesca, pero que por una regulación anticuada no se puede pescar si mide menos de doce centímetros. Ya se ha variado la talla para varias especies por las mismas razones mencionadas, y no se ha producido depredación alguna (el lenguado, por ejemplo, pasó de 50 a 38 centímetros).

¿De quién depende ello? De la ministra Choquehuanca. ¿Qué debe hacer? Muy sencillo. Encargar al Imarpe que haga un estudio técnico y si éste demuestra que la talla de desove ya no es doce centímetros sino menos, pueda autorizar su pesca con la menor medida arrojada y de esa manera sumar toneladas de recursos hábiles, ingresos económicos, crecimiento del PBI, recaudación fiscal y generación de empleo en un sector duramente golpeado por la crisis.

La industria pesquera es la última interesada en depredar el recurso. Mataría a la gallina de los huevos de oro. En este caso, la acompañan fundamentos científicos para reclamar diligencia en un sector clave para la economía y las expectativas de crecimiento del país, éste y los años venideros.

Dentro de lo poco que gusta moverse el gobierno -ha consagrado la tesis de la inamovilidad como herramienta de supervivencia-, ayer se produjo un relevo ministerial parcial, que, sin embargo, implica algunas buenas noticias.

Los cambios de Álex Contreras del MEF y Oscar Vera del Ministerio de Energía y Minas, son bienvenidos. Su reemplazo por José Arista y Rómulo Mucho supone un upgrade. Y aunque habrá que verlo en la cancha parece venir bien también el ingreso de Juan Carlos Castro en el Ministerio del Ambiente. El ingreso de Walter Astudillo en Defensa, particularmente, no parece revestir ninguna acción modificatoria de las políticas del sector.

Se comenta que estamos frente a una división de poderes, que Otárola, premier superviviente, ha designado a Arista y Mucho, y que Nicanor Boluarte, a Castro y Astudillo. Puede ser. Entre ambos se distribuyen las cuotas palaciegas alrededor de la presidenta. Para el caso, no interesa mucho, en la medida que revelaría cierta coordinación pacífica de los respectivos ámbitos de acción. Si hubiera fuego cruzado en la cúpula del poder, éste se habría resuelto de manera amistosa.

Lo cierto, sin embargo, es que las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas proinversión privadade la que existía con sus antecesores (particularmente con el nefasto exministro de Energía y Minas). La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el gobierno para recorrer el trance de acá al 2026.

¿Ello tendrá impacto en las elecciones de ese año? Sí, sin duda. Si lo hacen bien y recuperan la senda del crecimiento, habrán abonado en favor de los candidatos de semejante perfil ideológico. Pero si lo hacen mal, si se dejan arrastrar por la mediocridad rampante del régimen o cometen torpezas tecnocráticas que alienten la conflictividad social (es el caso del Minem), alimentarán, más bien, las fuerzas disruptivas agazapadas que alientan el fracaso del gobierno.

“Si los capos de las mafias mundiales, de la Yakuza, la Cosa Nostra, las mafias rusas, etc., tuvieran una reunión secreta anual para ver dónde invertir, seguro que analizarían los indicadores del Perú como muy atractivos: creciente desprestigio institucional, aumento de la corrupción, 35 partidos políticos, gran confusión, país difícil de gobernar”, responde Felipe Ortiz de Zevallos en reciente entrevista a Perú21.

Efectivamente, somos un paraíso para los “fondos de inversión” mafiosos. Ya algunos grupos delincuenciales regionales se han percatado de ello y por esa razón han movido sus portafolios a nuestras tierras. Pronto lo harán otros, más aún si se considera que se entrecruzan en el Perú todos los delitos pasibles de constelación criminal: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, extorsión y secuestros, tala ilegal de maderas preciosas, etc.

Si se le suma que la institucionalidad dispuesta a combatir el delito está contaminada de corrupción y, por ende, brinda impunidad a las mafias, el panorama se cierra. Autoridades locales, parlamentarios, fiscales, jueces, policías, militares y cuanto burócrata con injerencia en la ruta del delito exista, yan han sido tocados por los dineros sucios de las mafias y prestan su concurso al libre desempeño de las mismas.

Acierta la ciudadanía cuando identifica a la corrupción, como uno de sus principales problemas. Probablemente, responda así más por el impacto político de casos emblemáticos como Lava Jato, los Cuellos Blancos, el club de la construcción o algunos recientes (como los de Vizcarra y Cerrón), pero solo acentuaría su parecer si tomara plena consciencia de cómo este problema ya ha atravesado todas las fronteras estatales, desde lo más alto del escalafón hasta su peldaño más bajo.

Si a ello se le añadiese la terrible perspectiva política que se asoma para el 2026, con el único sector capaz de sacarnos de la crisis (la derecha propulsora del capitalismo democrático) dividido en por lo menos veinte candidaturas, entregándole en bandeja el país a la aparición de disruptivos neocastillistas o bukelianos de diverso pelaje, la situación alcanzaría ribetes de perfección para la mirada atenta y el olfato aguzado de los grupos mafiosos.

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