Triste desenlace de una izquierda que, de haberse manejado con propiedad, hoy sería oposición robusta y marcaría su propia agenda, con presencia mediática significativa y trazando una estrategia promisoria para las venideras elecciones. Pero no, ha apostado por el corto plazo convenido y el país le va a cobrar la factura, sin duda.

La del estribo: gracias al Club del Libro de Alonso Cueto, he descubierto una joya, el cuento Los muertos de James Joyce. Una prosa inmejorable, un manejo de los tiempos formidable y un estilo que sorprende, sobre todo a quienes tienen la idea fija de que Joyce es solo el Ulises. Siempre hay que volver a los clásicos.

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 Lo que llama a sorpresa es que una información secreta, confidencial y a la que solo tiene el acceso la Fiscalía del caso “Cuellos Blancos” que ha levantado el secreto de las comunicaciones al celular de Guido Aguila Grados, y de otras personas que se le mencionan en el recuadro previo, de pronto se utilice para golpear y denostar a un candidato a Fiscal Superior Anticorrupción que se encuentra en los primeros lugares del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia y que no tiene alguna investigación pendiente ni en una Fiscalía penal ni en el ámbito disciplinario, con el único propósito de restarle opciones y querer sacarlo de carrera.

Si bien es entendible de que en el concurso para una plaza vacante en el Ministerio Público exista una competencia feroz y encarnizada sorprende que la información reservada que no tiene por qué manejarse como si fuera cualquier papel y que está en custodia de la Fiscalía de pronto se distribuya con el afán de meter una zancadilla al rival de turno y obtener a toda costa una plaza de Fiscal Superior.      

Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos. 

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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Lo importante en estos momentos es sacar a Castillo del poder. Correspondería sobradamente la vacancia, por los vínculos directos del presidente con núcleos de corrupción de allegados y familiares, pero como hay un grupo de parlamentarios cooptados delictivamente por el gobierno, nunca se podrán juntar los 87 votos necesarios para proceder a ello.

Pero para una reforma constitucional, con 66 votos y referéndum posterior, en la cual se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con que se vayan todos, sí hay factibilidad y el resultado va a ser abrumador a favor. Y resolvemos el problema mayor.

Ya habrá tiempo para procesar una reforma política. Hay muchas aristas al respecto que cabe discutir a profundidad y con tiempos largos. Es tarea de un mandato completo, no de meses apurados por coyunturas electorales críticas.

Se partiría de cero y allí, lo más probable es que resulte un Congreso más opositor y cuya primera tarea deberá ser vacar al presidente por haber cerrado el Congreso inconstitucionalmente, causal contenida en la Carta Magna.

Le puede suceder a Castillo lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso fastidioso y terminó siendo vacado por el siguiente. Y Castillo juega con fuego por gusto, porque, si no hiciese lo descrito, tiene casi asegurada su permanencia hasta el 2026, con sus propios votos, sumados a los de los congresistas cooptados con malas artes y que se suman al blindaje palaciego.

Lo que podrían ser tres años y medio más de mandato se podrían reducir a uno, si ocurre el escenario detallado, por torpeza de un régimen que solo hace lo que está haciendo porque cree que con ello sube en las encuestas y porque pone un paréntesis en la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación y que compromete al propio presidente en un círculo de corrupción y de delitos penales.

Si Keiko Fujimori se vuelve a presentar le va a arrebatar un 10% al resto de candidatos de la centroderecha y va a lograr, por efecto indirecto, facilitarle a un candidato radical antisistema como Antauro Humala terciar por entrar a la segunda vuelta con un porcentaje menor, tal como sucedió con Castillo el 2021.

Si Keiko Fujimori tuviese alguna opción de ganar en una futura segunda vuelta no hay quién le pueda negar el derecho a intentarlo por cuarta vez (no sería la primera ni la última candidata en hacerlo en el mundo), pero dadas sus enormes falencias personales en asuntos políticos, lo más probable es que pierda contra quien sea si pasase a la segunda vuelta electoral. Y el Perú ya no puede correrse el riesgo de tomar un nuevo rumbo equivocado, esta vez más antisestablishment que de Castillo. Perderíamos el país, la democracia, el crecimiento económico y el orden social.

De acá a diez años, con mayor madurez a cuestas, con un país más enrumbado, sin riesgos antisistema a la vista, podría volver a intentarlo, pero ni ahora ni el 2026, es su momento.

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-Potenciar las alianzas público-privadas para generar una inversión multimillonaria en infraestructura de todo tipo, de la que el país carece y sin la cual es insostenible el desarrollo productivo del país.

-Abrir todos los mercados cerrados o parcialmente cerrados, a la libre competencia nacional e internacional.

-Flexibilizar las torpes normas laborales, que, por rígidas, solo contribuyen al empleo informal y a la falta de resguardos mínimos que todo trabajador debería tener (seguro de desempleo, cobertura de salud, garantías laborales, etc.).

-Profesionalizar la administración pública. Extender los alcances de Servir a cuanta entidad estatal se pueda y lograr así un manejo relativamente eficaz de las políticas públicas. ¡Adiós primos, sobrinos, amigos, partidarios!

-Finalmente, establecer, entre los firmantes del pacto, mecanismos internos de rotación de poderes y de resolución de conflictos. Si no, por más acuerdo programático que haya, a la primera crisis estalla la alianza centroderechista que se propone.

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En lugar de tanto pronunciamiento generalista, los gremios empresariales harían bien en subrayar la ineficacia de este gobierno, especificando y puntualizando un problema acuciante para la mayoría de las familias que conforman la masa laboral formal que emplean.

Los gremios privados deben pronunciarse respecto de la crisis política. Desprestigiados, sin embargo, por los casos Lava Jato y Club de la Construcción, deben recomponer el liderazgo y la confianza ciudadana con gestos inteligentes y eficaces. Uno de ellos podría ser el mencionado: hacer campaña de denuncias puntuales sobre el pésimo estado de una institución medular para la PEA formal: EsSalud.

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La destrucción de los islotes tecnocráticos del Estado seguirá, se ahondará el deterioro de cuanta institución pública ha sido cooptada por amigos y parientes de él y de los suyos (veamos el caso reciente de la ministra de Cultura, Betsy Chávez).

Ojalá, el BCR, la Sunat, el MEF, la SBS, Indecopi y los organismos reguladores, logren mantener su independencia institucional y calidad tecnocrática para asegurar, al menos, que en el aspecto económico, las cosas no sufran un descalabro mayor al que ya van a padecer por el desplome de la confianza de los agentes empresariales. En el resto del Estado, solo se espera una terrible degradación de la función pública.

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Lo cierto es que, constitucionalmente hablando, Castillo ya hace rato no debería estar sentado en Palacio. Las pruebas de corrupción que ha adjuntado el prolijo informe de la Fiscalía de la Nación comprometen al presidente de tal forma, que la incapacidad moral permanente se desprende por sí sola. Pero Castillo ha cooptado antidemocráticamente a una parte del Congreso (¿se atreverá a decir algo la OEA sobre semejante atentado contra la voluntad popular?) y solo por ello ha logrado sobrevivir a lo que no es un ataque golpista de la derecha enfurecida e intransigente, sino el resultado de sus propias inconductas, mediocridades e inmoralidades.

La del estribo: solo el hecho de ver al gran Alberto Isola hacer por primera vez en su vida un monólogo ya justificaría acudir a ver Conferencia sobre la lluvia, pero que, además, estemos ante una puesta en escena de un texto de Juan Villoro y la dirección de Marco Muhletaler, termina por cerrar el círculo de convicción. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 5 de diciembre.

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