Le ocurriría probablemente lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso adverso, que efectivamente lo quería vacar, para terminar siendo vacado por el nuevo Legislativo convocado por elecciones ad hoc (aunque, claro, Vizcarra cometió el grueso error de no presentar lista congresal, quedando inerme frente al poder de la plaza Bolívar).
La pataleta anticonstitucional del premier Aníbal Torres está conduciendo al presidente al abismo político, a una situación de zozobra mayor (¿alguien, por ejemplo, va a invertir si disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones parlamentarias?) y a un riesgo que no figuraba en su horizonte político real (acabar su mandato antes del 2026).
Porque es claro que, tal como están dadas las cosas, Castillo va a culminar su mandato. No hay ni los votos ni la intención real de la oposición congresal de sacarlo de Palacio y correr el riesgo de anticipar elecciones generales. La lógica tácita es que se queden todos.
Pero si Castillo patea el tablero, disuelve inconstitucionalmente el Congreso y convoca nuevas elecciones, abre una caja de Pandora, que lo más probable es que termine por hacer realidad su temor de ser expectorado de Palacio antes del plazo original de su mandato.