Si a algún sector ideológico, este gobierno debería agradecerle, es a la derecha. Ha sido gracias a ella, a sus voceros mediáticos y políticos, que se han conocido sinfín de entripados y sancochados, los mismos que han podido detenerse (como el último caso del contrato irregular de Petroperú), gracias precisamente a la fiscalización ocurrida.

Nombramientos injustificables, de gente con prontuario antes que curriculum, concesiones mal hechas y con sombras de corrupción, decisiones absurdas y calamitosas (como el anuncio de la Premier del cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho), y así, todo un rosario de cuchipandas que merced a la labor de auscultamiento de la clase política y la prensa derechistas, este gobierno -suponemos que, con gratitud- ha podido enmendar.

La izquierda, por el contrario, normalmente vocinglera, sensacionalista e hipercrítica de los gobiernos de turno, ha jugado un papel vergonzoso de connivencia y cuasi complicidad con los estropicios cometidos por el gobierno precario e improvisado de Pedro Castillo. Movida por los intereses subalternos de pequeñas cuotas de poder, renunciaron de la peor forma a su anunciado “voto vigilante” por un candidato que ya en campaña insinuaba radicalidad extrema, cercanías filosenderistas y absoluta orfandad programática.

La derecha no ha hecho absolutamente nada que le haya impedido a Pedro Castillo gobernar. Los únicos dos actos de gobierno que se podrían considerar obstructivos, han sido claramente positivos: primero, la denegatoria de las facultades tributarias que el MEF solicitaba (¿cómo se le iba a otorgar carta blanca a un régimen que castiga la inversión privada, principal fuente de recaudación fiscal, para que encimara aún más a tan golpeado sector?) y, segundo, la censura a un ministro como el de Educación, que nunca debió ocupar ese cargo y que ojalá el gobierno encuentre un reemplazo cualitativamente superior y no más de lo mismo.

La derecha peruana, fuera de algunos grupúsculos golpistas, ha jugado un rol democrático fundamental para evitar que el país se descarrile y caiga en la deriva radical bolivariana a la que nos quería conducir, en sus inicios, este gobierno, que hoy empieza a entender, al parecer, que ese camino no le es posible de recorrer sin destrozar previamente el Estado de Derecho y la propia democracia formal.

La del estribo: A ver si, llevados por los buenos vientos navideños, los amigos de la Asociación Alejandro Granda, dan alguna explicación sobre la presunta realización de la ópera Carmen, de George Bizet, que iba efectuarse a finales del 2020, que se suspendió por la pandemia, y que cuando uno se acercaba a pedir la devolución del dinero, respondían que no lo iban a hacer porque el evento había sido postergado para este año, 2021. Pues bien, ya este año tampoco se llevó a cabo, y las páginas oficiales del Festival Granda no dan señales de vida de qué es lo que piensan hacer con los cientos de consumidores que quieren, al menos, una respuesta que aclare el panorama.

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Derecha, Gobierno peruano, Izquierda

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antiestablishment, Estado, Salud pública

Una de las banderas principales que la izquierda enarbola en el mundo es el de la provisión de una salud pública eficiente, digna, capaz de contribuir a la creación de ciudadanía.

Porque, efectivamente, no hay mejor forma de hacerle sentir a la población que el Estado se preocupa por su bienestar y considera a sus compatriotas ciudadanos de primera clase, que proveerle de salud y educación gratuitas de primer orden, competitivas y comparables a las que pueda ofrecer el sector privado.

Bueno, pues, la pregunta que, al cabo de cinco meses de gestión, cabe hacerle al ministro de Salud, Hernando Cevallos, es qué está haciendo al respecto. Porque la logística de la vacunación, que viene funcionando adecuadamente, suponemos que no genera un desvelo de tiempo completo en el titular de la cartera, ya que habrá funcionarios subalternos encargados de velar por el eficaz cumplimiento de los planes anticovid.

¿Se va a integrar por fin el Minsa con EsSalud, eliminando la contribución que hace el empleado, bajo retención de su sueldo, a un sistema de seguro, práctica absolutamente antitécnica (como la de las AFP)? ¿Se va a integrar el SIS al resto o a universalizar? ¿Se ha previsto partidas presupuestales para compensar la pérdida de ingresos de EsSalud? ¿Entre las prioridades que el gobierno se ha trazado, con las facultades delegadas, está esa reforma en la salud pública?

Al año se producen en el Perú, 70 millones de actos médicos, de los cuales 50 millones deben ser públicos, señalan los expertos. Casi 150 mil contactos médicos diarios en algún hospital, posta o centro de salud estatal. Y, me atrevo a señalar, en el 80 o 90% de esos contactos, el trato que el paciente y su familia reciben debe ser indigno. No les dan medicamentos porque no hay, no les dan citas porque están topadas, no les entregan camas porque son insuficientes, no los operan porque no hay médicos o salas disponibles; las muertes o daños médicos por cualquiera de esas causas debe superar ampliamente a aquellas que inevitablemente se deberían producir.

En suma, nuestra salud pública es una fábrica de peruanos antisistema, irritados con el Estado, prestos a cualquier narrativa antiestablishment, que sienten y resienten una situación que los coloca como ilegales dentro de su propio país.

¿Está haciendo algo al respecto el gobierno izquierdista de Castillo? Que se sepa, nada. Un ejemplo más de la pasmosa mediocridad gubernativa, medida, inclusive, bajo sus propios parámetros ideológicos.

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Celebraciones, Navidad, pedidos navideños

-Que, dicho sea con ironía, el presidente Castillo sufra una descompensación grave, que vea de cerca la muerte, y así tal vez se ilumine respecto de las graves responsabilidades que le toca desempeñar y a futuro las ejerza, por ende, con sentido de responsabilidad y con la entereza moral que hasta ahora, en casi cinco meses de gestión, no logra exhibir.

-Que la derecha peruana sea capaz de construir una pronta alternativa electoral, distinta a la fórmula tripartita ya desgastada de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Se necesitan nuevos cuadros, voces frescas, propuestas originales y seductoras, capaces de contrarrestar la demagogia implícita en la mayoría de propuestas radicales.

-Que algún día la izquierda peruana entienda que puede ejercer un gobierno de cambios estructurales sin afectar la economía de mercado y el flujo capitalista normal. Ya le costó, en el caso peruano, dos décadas, aquilatar el valor de la democracia (en los 80s buena parte de la izquierda, hoy formal y electoral, creía aún en la lucha armada); ojalá le cueste menos tiempo entender que la dinámica de las inversiones privadas es el motor de la economía, sin el cual no hay políticas sociales ni redistributivas posibles.

-Que haga carne alguna organización política liberal, que haga suyas no solo las banderas del libre mercado sino también de la institucionalidad democrática y los derechos civiles. Tanto libertario iletrado pulula por estos lares que están logrando distorsionar la imagen de una correcta propuesta liberal. Y como deseo adicional, ojalá esta alternativa tenga éxito electoral y alcance una votación si no triunfal, al menos protagónica en los próximos comicios.

-Que no surja ninguna nueva variante del Covid-19, que sea más letal que las sufridas hasta el momento, y podamos empezar el camino de la vuelta global a la normalidad, como ahora parece. Lo ocurrido ha sido de espanto y va a dejar huella en varias generaciones durante el siglo que corre.

-Que el periodista Christopher Acosta gane el juicio irracional que le ha entablado César Acuña (el líder de APP haría bien en desistir del mismo) y que Paola Ugáz salga bien librada del cargamontón judicial que le han lanzado los turiferarios del Sodalicio.

-Por último, que este año entrante campeone la U, preparando el terreno para el que debe ser un año triunfal imperativo, como es el 2024, en las celebraciones del centenario. Felizmente, los advenedizos de Gremco ya perdieron poder -ojalá salgan, inclusive, como corresponde, de acreedores-, y, por ende, se puede esperar un manejo administrativo no solo decente sino con la camiseta crema bien puesta.

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migración venezolana, Pedro Castillo, Venezuela, xenófobo

La fallida expulsión de 41 ciudadanos venezolanos del Perú, no por haber cometido delitos en nuestro país sino por ingresos irregulares o antecedentes en su lugar de origen -operación, además, frustrada porque el avión no tenía los permisos correspondientes en Venezuela-, ha sido un acto vergonzoso.

¿Qué tenían que hacer en ese acto, eventualmente administrativo, el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el propio presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Qué se quería transmitir? ¿La idea de que se combate la inseguridad ciudadana expulsando a los causantes de la misma, los inmigrantes venezolanos? Xenofobia pura y dura a la que se ha prestado el Primer Mandatario, un personaje dizque de izquierdas y, por ende, globalista.

Ya habitan nuestro país cerca de un millón doscientos mil venezolanos que han huido y huyen de la miseria y la dictadura de Maduro. El Perú los ha acogido con relativa dignidad. Porque se han integrado a la sociedad, no habitan en ghettos urbanos y la mayoría de ellos trabaja honradamente.

Pero la asimilación es incompleta porque la mayor parte de esos migrantes no obtiene los papeles necesarios para ser considerado ciudadano pleno, acceder a los servicios de salud y educación gratuitos y eventualmente aspirar a un puesto formal de trabajo. Son, por ello, ilegales y algunos se ven compelidos al mundo delictivo porque no tienen posibilidad formal de trabajar adecuadamente (ese fenómeno ha sido estudiado hasta la saciedad en sociedades que han recibido, igual que la nuestra, un influjo masivo de migrantes).

El Presidente, en lugar de acudir demagógica y xenofóbicamente al aeropuerto a ver partir un avión con venezolanos expulsados, debería visitar la Superintendencia Nacional de Migraciones y supervisar que se les esté dando a los venezolanos, con la celeridad adecuada, sus permisos temporales de residencia o de trabajo, y que luego se les otorgue la ciudadanía plena.

Nuestros compatriotas venezolanos deben ser integrados plenamente al país, con todos los deberes y derechos ciudadanos. No se puede tolerar la situación de ilegalidad en la que muchos viven. Y en esa medida, si delinquen pues que vayan a las cárceles peruanas, como corresponde, y no que se perpetre un espectáculo xenofóbico como aquel en el que participó Pedro Castillo, encima con el bochorno de ni siquiera haberlo coordinado adecuadamente.

Es lamentable ver a un mandatario, que supuestamente cree en la “Patria Grande”, actuando como el más vulgar de los conservadores de la ultraderecha respecto de la migración venezolana, la misma que debemos agradecer en lugar de lamentar, por su aporte cultural, económico y social.

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Pedro Castillo, venezolanos, Venezuela, xenófobo

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Congreso de la República, ex ministro Gallardo, Ministro de educación

Se hizo una el Congreso de la República al censurar al inefable e incompetente ministro de Educación, Carlos Gallardo. Como habíamos señalado en anteriores columnas no era admisible que el Legislativo se abocara, entusiasta, a buscar la vacancia del Presidente y no haya sido capaz, en más de 130 días, de haber siquiera censurado a uno de los tanto ministros impresentables que este gabinete alberga.

En el caso de Gallardo, se trataba de un ministro comprometido con la reversión de la reforma magisterial y universitaria, sospechoso de haber filtrado la prueba docente de manera corrupta, ligado a un sindicato como el Fenatep, de filiación filosenderista, empeñado exclusivamente en destruir el tejido sindical del Sutep antes que en desvelarse, por ejemplo, por el reinicio de las clases presenciales. Muy bien censurado. Más bien, lo criticable es que no se haya hecho mucho antes.

La lista de próximos censurados cae por su propio peso. Juan Silva, ministro de Transportes, entre otros, resalta por su incapacidad y por su manejo sinuoso del portafolio. Ha destruido lo poco que se había avanzado en materia de reforma del transporte, entregándole cuotas de poder a las mafias del transporte informal, orondo e impune.

Eduardo Gonzáles, ministro de Energía y Minas, cómplice de la destrucción de la actividad minera que este gobierno está dejando que se produzca, ausente, cuasi responsable delictivo. El propio ministro ha llegado a hacer declaraciones contemplativas con los autores de los desmanes violentos que ya han paralizado varios proyectos mineros (ayer nomás han incendiado las instalaciones de la mina Anabi, en Chumbivilcas, Cusco).

El propio ministro del Interior, Avelino Guillén, merece, al menos, una interpelación. ¿Cómo es posible que las fuerzas policiales no intervengan en el levantamiento de los ilícitos y extorsivos bloqueos de carreteras, o que no actúen respecto de los ataques a la propiedad privada que hemos visto en varios campamentos mineros, sin que se haya producido siquiera una acción de custodia o de investigación posterior? La policía, al parecer por órdenes del ministro, ha decidido no actuar.

¿El Congreso quiere recuperar sus fueros y su legitimidad? Que acentúe su labor de fiscalización de un Ejecutivo que no da la talla. Eso no es obstruccionismo. Por el contrario, al hacerlo, el Parlamento colabora con la escasa gobernabilidad que un Presidente tan mediocre como Pedro Castillo despliega.

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