Cuando Forsyth era alcalde del distrito, la empresa que recogía la basura tuvo que dejar de brindar el servicio tras múltiples impagos. Ahora ha llevado el caso a un arbitraje que podría costarle caro a los contribuyentes victorianos.

Solo estuvo un año y ocho meses en el cargo, pero el breve paso de George Forsyth como alcalde de La Victoria, en el 2019, podría generarle más de S/6 millones de soles en pérdidas a esta municipalidad. ¿Por qué? La respuesta es un arbitraje que inició contra la comuna, en febrero del 2020, un consorcio de empresas peruano-colombianas. Estas alegan que la gestión del actual candidato presidencial se negó a pagarles un total de nueve semanas de deuda acumulada por el servicio de recojo de basura en el distrito. 

“Lo que era poco más de S/3 millones de soles en compromisos de pagos no cumplidos podría convertirse, con perjuicio e intereses, en una deuda millonaria que en un futuro los contribuyentes de La Victoria deberán afrontar” ha dicho a Sudaca el abogado del Consorcio Victoria Limpia, César Candela. Forsyth encabeza las últimas encuestas de intención de voto para las próximas elecciones.

El contrato 

El 26 de junio del 2017, la Municipalidad de La Victoria adjudicó la buena pro para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos al Consorcio Victoria Limpia. Dos semanas después se firmó el contrato por S/29´305,850. La alcaldía estaba “obligada a pagar al contratista en soles y semanalmente”, estipula el documento.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

Un año más tarde, en agosto del 2018, el municipio cayó en su peor crisis de gobierno luego de que su entonces alcalde, Elías Cuba, fuera detenido por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles. Tras la vacancia de Cuba, entró como encargado de gestión el primer regidor del distrito, Harry Castro Durand. Es aquí cuando La Victoria empezó a dejar de afrontar el compromiso. 

En esta etapa, pese a los incumplimientos, “la empresa siguió brindando los servicios pues se trata de limpieza pública, de una necesidad básica para la comunidad”, según el abogado Candela.  

Mal jugado

En enero del 2019, la llegada a La Victoria del exfutbolista George Forsyth −como joven alcalde con proyección−, hizo creer a sus proveedores que la crisis de gestión terminaría. Sin embargo, la política del llamado perro muerto continuó. 

Desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo, según los documentos oficiales que ha presentado el consorcio a Sudaca, la gestión de Forsyth no pagó por el recojo diario de basura. En febrero del 2019, los vecinos y comerciantes del distrito estuvieron a punto de quedarse sin el servicio. El contrato, además, estaba a punto de vencer. El municipio, entonces, planteó la ampliación del mismo, según estipulan las normas. 

El abogado Candela explica que, pese a que ya tenían semanas sin cobrar, el consorcio “decidió suscribir esta ampliación de servicio con la gestión de Forsyth el 1 de marzo del 2019 por S/5,861,170.00. Esto, dentro del marco de la ley, al tratarse de un servicio público que no puede quedar al aire”. 

Candela también precisa que lo hicieron porque la renovación propuesta por la gestión Forsyth les dio esperanza de que empezarían a cumplir con los compromisos de pago. Esto porque “la norma obliga a toda entidad pública a que, antes de suscribir estos nuevos contratos, tenga el presupuesto [el dinero] destinado, separado, para hacerlo. Pero esto [cumplir con los pagos atrasados] nunca ocurrió”, asegura. 

El 24 de junio del 2019, “pese a que supuestamente contaba con las partidas, la Municipalidad de La Victoria decidió de forma unilateral e injustificada, suspender el pago de la contraprestación acordada tanto en el contrato principal como en el segundo”, según Candela. El abogado agrega que aquí “empezó todo un vía crucis para la empresa”. 

Con más de S/3 millones de deuda y ante la negativa de siquiera responder sus reclamos, el 28 de junio del 2019, el consorcio “adoptó la decisión de resolver la relación contractual con la municipalidad por incumplimiento de la contraprestación”, explicó. La decisión fue comunicada por carta notarial, que la alcaldía se negó a recibir. El consorcio inició, entonces, un proceso arbitral. Eso es lo estipula el contrato ante cualquier controversia de las partes. Un año después, en octubre del 2020, Forsyth renunció a la alcaldía para convertirse en candidato presidencial.

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio y dar inicio a acciones legales.

La suma por los meses impagos ascendía a S/. 3,229,737. Sin embargo, el monto podría duplicarse a más de S/6 millones debido a que lo adeudado se suma el perjuicio causado al consorcio, los intereses pasados y los gastos que le ha generado al consorcio llevar el caso a contienda arbitral.

Pitazo final

Sudaca solicitó los descargos de George Forsyth, pero −al cierre de edición− sus voceros no concretaron la entrevista. Sin embargo, fuentes de la Municipalidad de La Victoria alegaron que la gestión del hoy candidato presidencial dejó, el 4 de julio del 2019, una carta en la que responsabiliza al Consorcio Victoria Limpia de paralizar el servicio de recojo el el 27 de junio de ese año. Ante la supuesta rebeldía de la proveedora, la alcaldía de Forsyth emitió una resolución aquel 2 de agosto del 2019 con la decisión de resolver el contrato. 

Para el abogado de la empresa, César Candela, “es una práctica medio torpe la que hizo Forsyth porque, de acuerdo al Código Civil, no puedes resolver un contrato ya resuelto, y −en este caso− la empresa fue la que, el 28 de junio, ya lo había dado por terminado ante los constantes incumplimientos”.

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth.

Candela dice que “este tipo de malas prácticas se están repitiendo en otras gestiones ediles y la irresponsabilidad de alcaldes como Forsyth terminan ahuyentando a las empresas”. Recuerda que aquí las proveedoras “invierten antes de lograr un concurso con una entidad pública porque contratan personal, compran camiones para calificar y aprobar los requisitos”. “Ahora, la empresa tendrá que esperar un largo proceso para recibir su pago. Por el tiempo transcurrido, [este] superaría los S/6 millones, que deberán ser afrontados por una nueva gestión edil y por los contribuyentes del distrito”, remarca.

Sobre la responsabilidad directa o no del exfutbolista y eventual futuro presidente del país en este problema, Candela sostuvo que “el responsable de la ejecución del presupuesto y las contrataciones públicas es el titular de la entidad; en este caso, Forsyth”. 

Como experto en contrataciones del Estado, Candela agrega que la actuación del candidato Forsyth, “la de su equipo, incluyendo a su entonces gerente municipal, se enmarca, primero, en la posible comisión del delito de omisión de funciones por no cumplir su responsabilidad en la efectiva ejecución del presupuesto. Segundo, amerita el inicio de un proceso administrativo sancionador que puede llegar a una inhabilitación definitiva y permanente de ejercer un cargo público”.

Foto portada: ANDINA

Esta fase del caso tiene como acusados a dos personajes claves: un ex alto funcionario de ProInversión y la representante legal del consorcio que conformó Odebrecht. La exprimera dama Nadine Heredia cumple arresto domiciliario por la presuntamente irregular adjudicación de este proyecto.

Después de cuatro años de desatado el escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú, el Poder Judicial (PJ) acaba de dar luz verde para el inicio del primer juicio por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta es la concesión más grande que la empresa brasileña obtuvo en territorio peruano, por US$7.328 millones.

La primera etapa de audiencias involucra a dos personajes considerados por la fiscalía como los puntos ejecutores de lo que habría sido toda una cadena de mando de presunta corrupción. Se trata, por un lado, del expresidente del  Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, encargado de seleccionar a la empresa ganadora del gasoducto, y por el otro, de la representante legal del consorcio ganador −conformado por Odebrecht y la española Enagás−, Claudia Hokama.

A Ramírez y Hokama se les imputa presunta colusión agravada y, además, a Ramírez también presunta negociación incompatible. Las penas solicitadas son de 7 y 6 años de cárcel, respectivamente.

Primer gran paso

La acusación del fiscal Abia, presentada el 22 de agosto del 2017, señala que “Ramírez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, habría concertado con Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano [Odebrecht y Enagas], a efectos de favorecer a su representada, y adjudicarle la buena pro del proyecto” en junio del 2014. Según Abia, como parte de ese direccionamiento, se “descalificó irregularmente al consorcio competidor”.

Tres años después, el 31 de diciembre pasado, el juez Manuel Chuyo emitió la Resolución N° 55 rechazando el pedido de los investigados Ramírez y Hokama por archivar el caso. Según se lee en su documento, que Sudaca ha podido revisar en exclusiva, Chuyo ordenó el inicio del juicio oral. Otro magistrado debe ahora fijar fecha y hora de la primera audiencia.

Con la decisión del Juez Manuel Chuyo de ordenar el inicio del juicio por el caso Gasoducto, queda que otro magistrado disponga la hora y fecha de inicio de audiencias.

El fiscal Abia sigue esta investigación desde el 2014, apenas otorgado el contrato a Odebrecht y Enagás, cuando estaba en curso el gobierno de Ollanta Humala. En declaraciones a Sudaca, Abia sostuvo que, con su decisión, el Poder Judicial “nos está diciendo a todos: aquí hay caso, señores, presuntamente acá hubo corrupción de funcionarios”.

El fiscal explicó que “la mega obra, la más cara de toda la historia, sigue el mismo esquema de corrupción que se ve en otros casos. Hay un tema de verticalidad y un tema de horizontalidad porque hay vasos comunicantes. Ramirez y Hokama habrían sido parte de esos vasos comunicantes”.  Ramírez y Hokama, por tal motivo, no habrían actuado solos. Abia enfatizó que “Edgar [Ramírez] Cadenillas tenía a sus jefes en Proinversión llegando al alto nivel del Estado, que era la presidencia, y Hokama, por parte del consorcio, también llegaba hasta el primer nivel de la empresa”.

La punta del iceberg

No hay que perder de vista que el Caso Gasoducto está dividido en otros frentes fiscales, además del despacho del fiscal anticorrupción Abia. Dada su alta investidura como expresidente, el hoy candidato Ollanta Humala está siendo investigado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de “asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia, la organización instalada en el Poder Ejecutivo” con la finalidad de favorecer a Odebrecht en esta concesión.

Por su lado, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía y, en específico, la fiscal Geovana Mori tiene a su cargo a otros altos funcionarios, empresarios y civiles. Entre ellos está la propia Nadine Heredia, para quien en setiembre pasado logró que se dictara detención domiciliaria por 24 meses. Según el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, los indicios presentados por la fiscal Mori “corroboran la participación directa” de Heredia con los “graves hechos que se le atribuyen”. Los magistrados concluyeron, “a nivel de sospecha fuerte, la existencia de un pacto colusorio y progresivo entre la imputada Heredia Alarcón, Humala Tasso y los funcionarios de Odebrecht para defraudar al Estado, todo ello en el marco de una asociación ilícita” de alta jerarquía y con características de organización criminal.

Así, la decisión del juez Chullo para el inicio del juicio a Ramírez Cadenillas y Hokama “incide también en el desarrollo del caso en el fuero del Equipo Especial Lava Jato y sus investigados”, sostuvo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Precisó que, con el inicio del juicio oral, “vamos a iniciar con el tema de fondo, con el núcleo del caso, con los actores que tomaron la decisión abajo para el otorgamiento de la buena pro. Esto es importante, trascendental y repercute en el gran trabajo que está haciendo el equipo especial”.

Los descargos 

El abogado de Edgard Ramírez, Jorge Paredes, consideró que la decisión del juez Chuyo tiene “dos puntos bárbaros”. Primero, se preguntó “cómo puede iniciarse un proceso por colusión agravada, que exige un daño al patrimonio Estado, cuando no hay perjuicio patrimonial al ser una obra 100% financiada por quien gana la concesión. En el contrato no hay un sol del Estado”.

Un segundo punto que considera relevante es que no pudo haber colusión con Claudia Hokama debido a que esta no tenía “capacidad de comprometerse por su nivel de poder. ¿Cómo se va a coludir [Ramírez] con alguien que no tiene capacidad de decisión en la empresa”. Para Paredes, “la mayoría de estos casos responden más a presión pública, pero por falta de pruebas se va a caer en el juicio oral”. Enfatizó, incluso, que en el proceso que involucra a Humala y Heredia tampoco ve “pruebas suficientemente claras”. “Peor aún, ahí no hay funcionario público que haya sido corrompido. Es el caso más incompleto”, afirmó.

Sudaca intentó contactarse con la defensa de Hokama, sin éxito.

Sudaca halló que el procurador Engie Herrera, hoy acusado de intentar boicotear el caso de las malas compras de mascarillas en la Aviación Policial, registra 22 llamadas con el investigado fiscal Sandro Paredes, además de una comunicación con el exjuez César Hinostroza. Herrera asegura no recordar ninguna conversación..

El procurador anticorrupción del Callao Engie Herrera Yactayo ha cambiado de frente de batalla. El Ministerio Público ha pedido su prisión preventiva al considerarlo presunto cómplice de los mandos policiales investigados por compras irregulares de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Ello, desde la División de Aviación Policial (Diravpol). El expediente del caso ha sido denominado ‘Mascarillas-Diravpol’.

Sudaca, sin embargo, abre ahora lo que sería un nuevo frente para la investigación. Este medio ha hallado, en exclusiva, que Herrera Yactayo registra una comunicación con el exjuez César Hinostroza en el 2015 y veintidós con el suspendido fiscal adjunto supremo Sandro Paredes en el 2018. El procurador Herrera asegura que no recuerda por qué caso o por qué razón se contactaron.

Las 22 comprometedoras llamadas

En 2018 el aún coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, Engie Herrera, registró 22 llamadas de ida y vuelta con el entonces fiscal en Lima Sandro Paredes Quiroz, quien se desempeñaba como adjunto del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Este último está vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Los diálogos entre Herrera y Paredes se dieron entre el 13 de febrero y 17 de abril del 2018 e iban desde las 9:23 am. hasta las 9:50 pm. Algunas comunicaciones duran apenas segundos, mientras que otras duran entre 4 y 6 minutos.

El exprocurador anticorrupción Amando Enco afirmó que, si bien son usuales las conversaciones con los fiscales, este caso le “llama mucho la atención”. Explicó que, al tratarse de “coordinación con fiscales supremos, tendría que haber sido reportado o comunicado al despacho del procurador en la sede central” y que en este caso a él no se le reportó. “Lo recordaría”, asegura. Agregó que “el señor Herrera tendría que explicar sobre qué caso conversó con el fiscal supremo [Sandro Paredes]”.

El procurador Engie Herrera, en respuesta a Sudaca, reiteró que no recuerda la razón de las 22 conexiones telefónicas: “hablo con muchos funcionarios y autoridades constantemente”. El registro del número de diálogos entre Herrera y el fiscal Paredes coinciden, sin embargo, con fechas claves de un caso de crimen y corrupción que hoy envuelve al segundo de ellos.

Según una investigación fiscal y policial, en los primeros meses del 2018 Sandro Paredes habría dado protección e, incluso, habría fingido ser inspector para favorecer a dos miembros de Los Malditos de Angamos, organización criminal enquistada en el distrito de Ventanilla que se dedicaba al cobro de cupos, sicariato e invasión de terrenos.

El fiscal Paredes, con quien el procurador Engie Herrera intercambió constantes llamadas, se habría involucrado con el grupo criminal del Callao a través de Dante ‘Kiko’ Mandriotti, dueño de la Academia Cantolao y actual gobernador regional del Callao. Existen interceptaciones en las que ‘Kiko’ se referiría a Paredes con frases como “el amigo fiscal”, “siempre me apoya a muerte” y “ya hemos hecho otros casos con él”.

Además, hay una visita que el procurador Herrera ha optado por no aclarar ante Sudaca. En la carpeta fiscal del caso Mascarillas-Diravpol existe un documento que revela que Mandriotti ingresó a la Procuraduría Anticorrupción del Callao el 23 de enero del 2018. En esa fecha, Mandriotti solo era conocido por ser fundador y dueño de la academia de fútbol. Ocho meses después sería elegido gobernador regional del Callao.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

El expediente del fiscal que lleva el caso Mascarillas-Diravpol, Francisco Alarcón, solo cuenta con una hoja del registro de entrada de Mandriotti a la sede de Engie Herrera. Alarcón quiso incautar todos los cuadernos de visitas el pasado 12 de octubre del 2020, pero la asistente de la Procuraduría refirió que estas evidencias ya no estaban en el lugar. “Se preguntó por los cuadernos de visita, a lo que respondió que no se encontraba en esta sede, señalando que los tiene el procurador [Engie Herrera]”, se lee en el Acta Fiscal de esa diligencia.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Sudaca logró contactar al suspendido fiscal Sandro Paredes para indagar sobre las razones de las más de veinte llamadas que mantuvo con el procurador Herrera, pero este respondió que no tenía “ni idea”. “Como te digo, no recuerdo bien, sí me acuerdo del apellido”, afirmó. Hoy, Paredes está suspendido de sus funciones por 24 meses tras haber sido acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en el caso Los Malditos de Angamos.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Contacto Hinostroza 

Engie Herrera trabaja como abogado para el Ministerio de Justicia (Minjus) desde el 2012. El principal hito de su carrera, sin embargo, data de abril del 2015. Ese mes fue designado como coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. En este momento, dicha sede no contaba con procuradores titulares y era el coordinador, en este caso Herrera, la persona con mayor rango de autoridad.

En paralelo, ese mismo año el extraditable juez César Hinostroza repetía el plato como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJCL), una entidad desde donde ya había sido protagonista de polémicas. El 2011 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su nombre era titular de denuncias periodísticas por desbalance patrimonial y plagio. La primera en el diario El Comercio y la segunda en el portal IDL-Reporteros.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Según el reporte de enlaces telefónicos al que Sudaca tuvo acceso, el 28 de mayo de aquel 2015, siendo flamante coordinador de la procuraduría del Callao, Engie Herrera llamó al juez Hinostroza a las 2:22 pm. Herrera aseguró a este medio que no recuerda el sentido de aquella comunicación, pese a que él era nuevo en el cargo e Hinostroza estaba en pleno apogeo de poder.

El procurador Herrera agregó, además, que no conoce personalmente a César Hinostroza y que “jamás, nunca” se ha “reunido con esta persona”. Sostuvo que, si bien no recuerda lo que lo motivó a llamarlo, “uno, como procurador, tiene que coordinar […]. Probablemente tiene que ver con poner en conocimiento [denuncias contra] muchos magistrados y jueces”.

Consultado, el exprocurador nacional anticorrupción Amado Enco, explicó que “es regular que se den llamadas por temas laborales entre procurados y magistrados, aunque es más con fiscales. Con los jueces tendría que ser un tema muy excepcional”.

Robo en pandemia

Ayer fue suspendida la audiencia a cargo de la jueza Tatiana Barrientos, del 11 Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde iba a determinarse el futuro legal del procurador Herrera por el caso Mascarillas-Diravpol. Esto, luego de que el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón pidiera 32 meses de prisión preventiva en su contra. El argumento de Alarcón es que Herrera está «directamente vinculado a una serie de actos de obstrucción para desacreditar el caso». Este fiscal explicó a Sudaca que Herrera habría sido «captado» con estos fines por la presunta organización criminal que operó desde la Aviación Policial para la irregular adquisición de mascarillas y alcohol en gel.

El caso Mascarillas-Diravpol, que ahora involucra al procurador, es el único por el que un general de la policía se encuentra en prisión. En agosto del 2020, el fiscal Alarcón realizó un operativo en el que se detuvo a seis personas, entre ellos el director de la Diravpol, el general PNP Alfredo Andrés Vildoso Rojas, y otros mandos policiales.

El procurador chalaco Herrera, quien fuera nombrado en su actual cargo por el exministro de Justicia Vicente Zevallos, sigue en funciones. Asegura que las acusaciones en su contra, “toda esta maraña, son invenciones” y que “todo lo que se está haciendo contra mi persona es un abuso de autoridad, una persecución” que se aclarará “ante el juzgado” donde se hará “conocida toda la corrupción dentro de la Fiscalía”.

El policía en retiro Carlos Sosa ha llegado a Lima huyendo de presuntas amenazas de muerte en Ucayali. Él asegura que “los autores intelectuales y únicos responsables de todo atentado, amedrentamiento y reglaje” en su contra son el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova y sus hermanos: el juez superior Wilder Arce y el exfiscal Nelton Arce. Dice también que la familia que conforman estos tres personajes controla, desde hace años, el Poder Judicial de su región.

Luis Carlos Arce es miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 2016, en representación de la junta de fiscales supremos. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, este organismo electoral tiene una agenda recargada: debe resolver con premura los cuestionamientos a la inscripción de candidaturas presidenciales y congresales. Arce es uno de los cuatro votos con los que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro del país: quiénes pueden postular para gobernarlo y quiénes no.

Pero el más conocido de los Arce carga con varios procesos a cuestas. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió en enero del 2020 dos investigaciones preliminares, una por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunto tráfico de influencias. En marzo pasado, la fiscal suprema Bersabeth Revilla inició una tercera investigación por otro supuesto tráfico de influencias. Los tres expedientes tienen como base denuncias presentadas por Carlos Sosa. 

Para Renzo Carlos, el abogado de Wilder Arce, Sosa “miente de forma grave […], e inventa por haber sido sentenciado por difamación” en una de las dos querellas que los hermanos le interpusieron.

Acusados o acosados

“Estoy en Lima por mi seguridad, por un seguimiento, un acoso, y la integridad física mía y de mi familia”, dice Sosa, quien asegura que vive amenazado desde que hizo sus primeras denuncias públicas contra los hermanos Arce en Ucayali. Todos son oriundos de ese departamento.

Las presuntas represalias, asegura el policía en retiro, se iniciaron en el 2016. Ese año comenzó a acusar a los Arce por supuestamente proteger a alcaldes locales que enfrentaban cargos por corrupción o procesos de vacancia. Para Alexander Gonzales, el abogado de Luis Carlos Arce, la amenaza de muerte que les atribuye Sosa “es absurda y categóricamente falsa”. En diálogo con Sudaca, Gonzales dijo que su defendido no ha sido notificado oficialmente de estos cargos.

“Carlos Sosa se está extralimitando, pues ya no recurre a las autoridades sino a medios de comunicación a modo de auxilio. No tiene respeto a la legalidad y hace aseveraciones de tal calibre olvidando que debe tener elementos de prueba”, alega el abogado. Pero Sosa asegura tener pruebas.

En octubre del 2020, el ex reo del penal de Pucallpa Manuel Pozo afirmó que, cuando estuvo preso en el 2017, otro interno le pidió que “llame al señor Sosa [desde la cárcel], que lo extorsione, que lo amedrente, que le coaccione, que le intimide a él y a toda su familia”. Hizo esta declaración, como testigo de parte, en una audiencia virtual sobre la querella que Wilder Arce entabló contra Sosa por difamación.

Manuel Pozo, ya en libertad, aseguró también que Fredy Moreno, el presidiario que lo quiso contratar, “se conectaba con una persona del exterior por celular, ordenando unos trabajitos para amedrentar o para atentar contra la vida del señor Carlos Sosa. En dichas conversaciones, en dichos diálogos, hablaba y mencionaba de un tal, de unos hermanos Arce”. Moreno fue asesinado tras salir de la cárcel.

El abogado de Wilder Arce alega que la presentación de ese testigo “fue sorpresiva” y que “es un dicho de una persona que no tiene cómo probar [lo que dice]”. Asegura también que Carlos Sosa “da manotazos de ahogado” y que “solo busca mediatizar los procesos porque sabe que los va a perder”.

En paralelo a la querella en proceso de Wilder Arce, su hermano Luis Carlos ya le ganó a Sosa una denuncia por calumnia. Esta ha sido confirmada en segunda instancia. Sosa, sin embargo, ha apelado el fallo al considerarlo parte de un hostigamiento judicial: “primero, la jueza que me condena aceptó como pruebas documentos que eran copias simples y sin legalizar; segundo, era una juez supernumeraria, o sea de aquellas que tienen el cargo a dedo y sin pasar un concurso; tercero, la sala que confirmó la sentencia estaba conformada por magistrados que trabajaron con Luis Arce y, cuarto, esa acusación por difamación es por un caso que hoy investiga la propia fiscal de la Nación”.

La tesis de Sosa es que, al tratarse de una juez supernumeraria, elegida de forma directa por los presidentes de corte sin que medie concursos de mérito, es vulnerable al direccionamiento de sus fallos. En cuanto a la sala donde perdió la querella, Sudaca ha cotejado que los tres vocales que ratificaron la sentencia coincidieron con Luis Carlos Arce en la Corte Superior de Justicia de Lima antes de que este se convirtiera en fiscal. Finalmente, parte de las afirmaciones por las que Sosa ha sido condenado como difamador son elementos tomados por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto tráfico de influencias abierto de forma preliminar contra los hermanos Arce.

Respecto a la declaración del exreo Manuel Pozo, el abogado de Luis Carlos Arce, Alexander Gonzales, dice que “evidentemente no hay asidero legal, ni el respaldo de elementos de prueba que debe tener toda versión, así sea testimonial. Debe estar respaldada por, siquiera, un elemento: cámara de vigilancia, conversaciones, mensajes, llamadas […]. Quizás por eso este señor Sosa recurre a ustedes pero hasta ahora no nos emplaza. Porque seguro sabrá que cuando nosotros tomemos conocimiento de ello vamos a tomar no represalias sino acciones por la vía legal. Evaluaremos una [nueva] querella o denuncia”. 

Los abogados de los dos hermanos Arce dijeron que Sosa tiene otra denuncia por difamación que un alcalde local le acaba de ganar y recordaron que este tiene abierto un caso por presunto tráfico de influencias.

Pero el policía en retiro tiene un contraargumento de fondo: está peleando contra personajes que, según él, controlarían el sistema de justicia de su lugar de residencia. Su versión es que vive un “acoso judicial despiadado” y que ello incluye la fabricación de pruebas en su contra. “La Fiscal de la Nación ha abierto procesos basada en las denuncias que yo he hecho. Ellos responden con querellas, pero querellas que debería ver un Poder Judicial independiente, no el de Ucayali, que ellos manejan”, reclama.

Las investigaciones

Carlos Sosa acaba de recibir una notificación para declarar contra Luis Carlos Arce el próximo 20 de enero. Se trata de la tercera investigación preliminar abierta el año pasado, por presunto tráfico de influencias, con base en indicios provistos por él. La fiscal suprema Bersabeth Revilla es quien lleva el caso.

Según los cargos que Sosa presentó, Luis Carlos Arce tendría injerencia en las salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Antes de ser fiscal supremo y miembro del pleno del JNE, él era juez y presidió dicha corte entre los años 2004 y 2006. Su hermano, el juez Wilder Arce, ocupó el mismo cargo entre 2017 y 2018.

Como se mencionó líneas arriba, ese no es el único proceso con el que Sosa ha logrado arremeter legalmente contra los Arce. En enero del 2020, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares. En la primera están involucrados Luis Carlos Arce, y sus hermanos Wilder y Nelton, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos que presentó Sosa, el miembro del pleno del JNE habría comprado, solo en el 2017 y al contado, cinco bienes inmuebles por más de US$170.000. También se han incluido más de 100 registros de compras y ventas de vehículos de los hermanos y sus hijos.

La segunda carpeta, por el presunto delito de tráfico de influencias, implica a Luis Carlos Arce junto a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Pablo Talavera. Estos son hoy investigados en el caso Cuellos Blancos. Según la acusación de Sosa, todos los antes mencionados habrían concertado para que Wilder Arce fuera nombrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali el año 2017.

El abogado del fiscal Luis Carlos Arce negó que las investigaciones abiertas le resten credibilidad a su defendido y consideró que solo se ha seguido el camino normal de todo proceso. “En esos tres expedientes aún no hay ejercicio de la acción penal. Todo proceso inicia con una denuncia, luego se abren las diligencias preliminares, y es ahí donde nos encontramos […]. El doctor Arce está llano a que todas sus investigaciones sean esclarecidas, hemos presentado ingente cantidad de documentos de descargo. En el caso del desbalance patrimonial hemos entregado más de 1.200 páginas de descargo”, asegura.

Para el abogado del otro hermano Arce, Wilder, estos procesos no prosperarán porque ellos tienen “la suficiente documentación para demostrar la inocencia” de sus patrocinados. Según él, “en la investigación de la fiscal de la Nación se demostrará que este señor [Sosa] está mintiendo y seguro se ganaría otra querella después de ello por vulnerar la imagen y la buena reputación de personas que se han ganado a pulso lo que hoy tienen”.

Según fuentes oficiales, los documentos que de los casos que lleva la Fiscalía de la Nación contra Luis Carlos Arce han sido solicitados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En julio del año pasado, esta entidad inició un proceso disciplinario en su contra a raíz de los diálogos que protagonizó con el exjuez César Hinostroza.

Sosa se mantendrá en Lima por el momento. Aunque, dados sus problemas económicos, no sabe por cuánto tiempo podrá sostenerse aquí. “Temo por mi vida y la integridad de mi familia, por eso estoy acá, porque [en Ucayali] no hay seguridad jurídica y menos garantías personales contra mi integridad física”, dijo a Sudaca.

**Ilustración: Manuel Cárdenas.

Desde que el presidente Francisco Sagasti nombró a Eduardo González como ministro de Transportes y Comunicaciones las alarmas sobre su neutralidad y su capacidad técnica se encendieron. Y no es para menos: González, quien durante años fue mano derecha del exministro vizcarrista Edmer Trujillo, lidera hoy una cartera cuyo presupuesto supera los S/10.000 millones.

El MTC no solo tiene la partida más gorda del sector público en cuanto a inversión, sino que 31 de los 52 proyectos del demorado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) corresponden a su sector. Este portafolio de obras prioritarias, ideado por Martín Vizcarra, tenía el objetivo de cerrar la enorme brecha de infraestructura que tiene el país. Hoy sigue, en gran medida, en manos de funcionarios de confianza de su gobierno.

Este reportaje es una radiografía de lo que hoy se vive en el MTC. Una lista de exfuncionarios de confianza del gobierno de Martín Vizcarra que, con Eduardo González como ministro, han sido promovidos o ratificados en cargos claves, jefaturales o de alta dirección en la cartera de Transportes.

Algunos de estos funcionarios han trabajado en el gobierno regional de Moquegua: uno fue suspendido de sus funciones el 2017 y trabajó para la empresa CyM Vizcarra, del ex mandatario, otro es investigado por irregulares pagos a la constructora ICCGSA en la obra del hospital regional. Ambos dejaron de laborar en el ministerio ayer jueves 21, luego de que Sudaca solicitara descargos para esta nota.

El ministro amigo

El ministro Eduardo González es periodista y tiene una maestría en gestión pública. Empezó su vida profesional a inicios de los 90, como asesor y hasta regidor en alcaldías provinciales de Puno, y en el 2000 dio el salto al Congreso. Lo hizo de la mano de legisladores del sur como Gregorio Ticona y Juvenal Ordoñez (Tacna), y Ernesto Herrera y Washington Zeballos (Moquegua). Allí fue parte de comisiones parlamentarias ordinarias e investigadoras. No tuvo puestos de mayor relevancia que esa.

Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sin embargo, González ingresó al Ejecutivo por la puerta grande. Según su propia Declaración Jurada, Edmer Trujillo, el primer ministro de Vivienda de PPK, lo nombró jefe de su Gabinete de Asesores en agosto del 2016. Este era un cargo de total confianza y el mejor remunerado que González había tenido en el Estado hasta entonces. Su suerte siguió in crescendo.

En setiembre del 2017, Edmer Trujillo dejó la cartera de Vivienda sin mayor brillo para convertirse en director del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). González se fue con él como asesor de la Dirección Ejecutiva. Es decir, como su asesor.

Cuando Vizcarra asumió la presidencia del país, en marzo del 2018, González volvió a cambiar de puesto. El entonces presidente nombró a Trujillo, una de las personas en las que más confía, oriundo de Amazonas pero de corazón moqueguano, como ministro de Transportes y Comunicaciones. Trujillo le dio a González el cargo de jefe del Gabinete de Asesores de su despacho.

El 30 de setiembre del 2019 Vizcarra cerró el Congreso y, a los pocos días, otro personaje de su círculo cercano asumió la PCM: el exparlamentario por Moquegua Vicente Zeballos. Él nombró a González como jefe de su propio Gabinete de Asesores. Cuando Zeballos dejó la PCM, en julio del 2020, González se recolocó como Asesor II del siguiente titular del MTC, Carlos Estremadoyro, quien ha desarrollado toda su carrera profesional en Moquegua. 

Apenas cuatro meses después, tras la vacancia de Vizcarra, parecía que la suerte de González iba a terminar. Sin embargo, el presidente Francisco Sagasti le dio en noviembre último el mayor de sus galardones en el sector público: lo nombró ministro en la cartera que venía asesorando.

Jefes y directores

En la gestión González, la tinta vizcarrista parece estar aún fresca en la alta dirección del MTC y David Mendoza Fernández es quizás el mejor de todos los ejemplos. Mendoza laboró hasta ayer jueves, según el portal web del MTC, como director en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes. En su Declaración Jurada omitió un detalle primordial: fue jefe de proyectos estratégicos del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Vizcarra.

¿Por qué Mendoza habría ocultado esta información? Un indicio es que, cuando ocupó el cargo en el GORE Moquegua, con Edmer Trujillo como gerente regional, Mendoza estuvo involucrado en uno de los casos que años después golpearía al gobierno de Vizcarra: presuntos pagos irregulares a la empresa ICCGSA −implicada en el caso Club de la Construcción− por la obra del Hospital de Moquegua. Según un informe de Contraloría, el gobierno regional aprobó desembolsar más de S/20 millones a ICCGSA con el visto bueno de Mendoza, pese a que no se cumplían los requisitos estipulados en el contrato. Por este caso, la Contraloría determinó su presunta responsabilidad penal y administrativa.

Pero la lista es mucho más larga. También con pasado moqueguano, el abogado Luis Antonio Tapia fue nombrado director de Fiscalización Vial y luego director de Fiscalizaciones en Transportes del MTC durante la gestión de Edmer Trujillo. Hoy permanece con el ministro González. Aunque no coincidió con la gestión regional de Vizcarra, Tapia fue director de Asesoría Jurídica en los periodos 2006-2008 y 2015-2016 en la gerencia regional de Educación de Moquegua.

En la dirección de la Oficina de Articulación Intergubernamental del MTC, además, González tiene a Jesús Suárez Berenguela. Aunque la Declaración Jurada de este funcionario no aparece en la web de la entidad, Sudaca pudo corroborar que Suárez fue Asesor II del despacho ministerial de Edmer Trujillo en la cartera de Vivienda entre julio y setiembre del 2017. En los 90 trabajó en el gobierno regional José Carlos Mariátegui, que entonces reunía a los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno.

En Provias Nacional, entidad adscrita al MTC y de crucial función en las licitaciones de construcción y mantenimiento de carreteras, hay también personajes claves del entorno vizcarrista. El ingeniero Franz Flores Flores, hasta ayer director de Control y Calidad de Provias-MTC, fue jefe de proyectos y residente de obras del gobierno regional de Moquegua de Martín Vizcarra entre el 2011 y 2014. Según su Declaración Jurada, también fue supervisor de obras de la empresa CyM Vizcarra SAC entre mayo del 2015 y marzo del 2016. 

Flores fue nombrado por el ex viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro, en abril del 2018, como gerente en la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional. Y aquí un detalle no menor: el 2017, siendo residente de obra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), el ingeniero Flores fue suspendido por 30 días tras haber incurrido en “falta de carácter disciplinario, incumplimiento y negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

Y la lista sigue. José Baldarrago Soto es asesor legal de la Dirección de Infraestructura de Provias-MTC, con una remuneración superior a los S/11 mil mensuales. Por su cargo, no existe una declaración jurada que detalle su experiencia pública, pero registra ser parte del bufete jurídico Baldarrago & Compañía E.I.R.L, con dirección en Moquegua. Su contrato de servicio tiene como fecha diciembre del 2018, cuando Edmer Trujillo era ministro.

Para los titulares de cualquier cartera ministerial, dos cargos de estrecha confianza son la Secretaría General y la jefatura de Gabinete de Asesores. Aquí González tiene a dos abogadas. Como secretaria general está Silvana Elías,quien desde el 2011 está en el sector: era asesora del regulador Ositran. Sin embargo, su primer gran contrato con el Estado se lo dio Trujillo cuando era ministro de Vivienda, en agosto del 2016, al asignarle la dirección general de la oficina de Asesoría Jurídica. Su carrera pública, desde entonces, fue de constante jerarquía en distintas carteras del Ejecutivo.

Como jefe de Gabinete de Asesores está la abogada Karina Flores Yataco. Ella coincidió con Gonzáez como asesora parlamentaria entre el 2012 y 2015 y tuvo pequeñas asesorías en el Ministerio de Justicia en los primeros meses del 2016. Pero su gran salto vendría también −sorpresa− de la mano de Trujillo. La abogada Flores tuvo sus primeras asesorías en la cartera de Vivienda en el 2016, con él como titular de la cartera. Cuando se fue al OTASS, ella fue contratada como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de esa entidad.

Al ingresar Edmer Trujillo al MTC en marzo del 2018, Flores volvió a virar la dirección de su carrera como funcionaria pública. Empezó como consultora legal y un mes después continuó como miembro de comités especiales dentro de ese ministerio.

Los viceministros

A las dos semanas de asumir la cartera, Eduardo González nombró como viceministro de Comunicaciones a Diego Carrillo Purín. Este es un joven abogado que hasta hace un par de años se desempeñaba como consultor senior. Edmer Trujillo, como titular del MTC, le dio el impulso que necesitaba su carrera al contratarlo como Asesor II del Despacho Ministerial en junio del 2018.

El viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, fue ratificado en el cargo por González. Había aterrizado en el puesto dos semanas antes de la crisis que devino en la salida de Vizcarra. Según su Declaración Jurada, Caiguaray fue colocado como viceministro el 1 de noviembre del 2020 por el también vizcarrista Carlos Estremadoyro.

Caiguaray es hombre de confianza: en enero del 2018 Edmer Trujillo le dio la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OTASS. Tres meses después, Vizcarra lo llevó a Palacio: lo nombró director general de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del despacho presidencial. Fue, sin dudas, un gran año para Caiguaray. En julio Edmer Trujillo lo incorporó al MTC como director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

El ministro responde

En una carta enviada a Sudaca, antes de viajar al interior del país, el ministro Eduardo González respondió que en sus 30 años de trayectoria en la gestión pública ha “asumido cargos de alta dirección y responsabilidad en los distintos niveles de gobierno” donde siempre se mantuvo con “independencia y autonomía”. 

Aseguró que su relación con el expresidente Vizcarra y el exministro Trujillo “ha sido estrictamente laboral”. El ministro también rechazó “de forma categórica cualquier injerencia” en su gestión y detalló que desde el día que asumió su nueva función envió oficios a la Contraloría General y a la fiscalía planteando su “total apoyo a cualquier tipo de investigación ”.

Consultado sobre el historial de sus funcionarios en cargos de confianza en distintas entidades de la gestión Vizcarra, el ministro Gonzalez les ratificó su respaldo: “El hecho que hayan trabajado en las gestiones de los últimos exministros no los inhabilita ni desacredita para ocupar cargos públicos, más aún cuando han demostrado eficiencia”.

González también aseguró que ninguno de los directivos mencionados en este reportaje “cuenta con alguna sentencia que les impida laborar, ni tienen antecedentes judiciales por casos de corrupción”.

Respecto a los cuestionables David Mendoza y Franz Flores, el titular del MTC replicó que ninguno tuvo “dependencia funcional” con su despacho e incluso argumentó que Flores “no registraría ninguna inconducta funcional en este sector”. Concluyó, sin embargo, diciendo que ambos ya no trabajan para su entidad. Sudaca pudo corroborar que tanto Mendoza como Flores dejaron de laborar desde el día de ayer jueves 21, después de que este medio solicitara los descargos a la oficina de prensa del despacho.

Sobre su preparación para el cargo, tema que genera fundadas suspicacias, Gonzalez sostuvo que “los profesionales en las comunicaciones [él es periodista] estamos en condición de asumir cargos de alto nivel como lo hacen profesionales de otras carreras”. Agregó que “se tiene la percepción de que el MTC se dedica solo a la infraestructura de vías y lo común es que ha sido dirigido por ingenieros, economistas o abogados, pero este sector también es de Comunicaciones, y uno de los objetivos principales de este Gobierno es llevar la conectividad digital a todo el país”. Cabe agregar que el MTC ve principalmente temas de infraestructura de comunicaciones.

La gallina de los huevos de oro

El periodista y analista político José Carlos Requena asegura que el nombramiento de González en el MTC le “parece algo negligente” que “sería necesario un distanciamiento más claro” por parte de este gobierno con el anterior. “Los ministerios son cargos de confianza, cargos de designación política. Llama la atención que [en la gestión de Sagasti] no haya una ruptura pese a todas las acusaciones e investigaciones que se dieron en su momento contra Vizcarra e incluso Trujillo”, afirma.

Requena recuerda que el “MTC tiene el peso de manejar un presupuesto muy importante”. El economista Carlos Casas resume la relevancia de esa cartera en una frase: “es el ministerio con mayor presupuesto de inversión de todo el Estado”. 

Casas detalla que “el presupuesto de inversiones de Transportes y Comunicaciones supera a las carteras de Salud y Educación juntas, ya que estas últimas destinan más dinero a gastos como el pago a profesores, médicos, material o equipos. En el MTC, en cambio, el 75% de presupuesto [de más de S/10 mil millones] se destina a inversiones como la construcción y mantenimiento de carreteras”. 

Para Casas, actual decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, el perfil óptimo para llevar un ministerio de esta envergadura es el de un “ingeniero o ingeniera con experiencia en el sector público, manejo de presupuesto y con dominio de compras estatales y licitaciones”. Recordó que “teniendo como antecedente los casos del Club de la Construcción y otras denuncias por corrupción”, la cabeza del MTC debe tener mucho dominio del sector para evitar que se repitan antiguos escenarios.

**La infografía que abre esta nota es de Leyla López