A la fecha, el caso continúa en investigación preparatoria y Kuczynski ya no está bajo arresto domiciliario (la medida se revocó en abril). El plazo para el fin de la investigación termina en agosto próximo, pero el Ministerio Público podría solicitar algunos meses más para finalizar con las pesquisas.

El caso es que Pérez y Kuczynski dialogaron, pero finalmente el expresidente desestimó la idea de convertirse en colaborador. Estos procesos implican necesariamente que los procesados reconozcan la comisión de delitos, reciban una condena por ello, y entreguen información valiosa que permita avanzar en las investigaciones. Nada de esto ocurrió en el caso de PPK. No hubo admisión de culpabilidad, ni tampoco entrega de información.

Según confirmaron las fuentes a Sudaca, el expresidente se negó a reconocer responsabilidad, con excepción de la estructura que creó para que sus bienes inmuebles pasen a estar a nombre de sus empresas. Kuczynski señaló que había sido inducido a error por sus abogados. 

Al finalizar la reunión, el fiscal Pérez leyó las condiciones de un proceso de colaboración eficaz, pero todo quedó ahí. Y tras aquella visita la defensa no ha vuelto a tener un acercamiento con el Ministerio Público. 

En declaraciones a Sudaca, Julio Midolo, abogado de PPK, sostuvo que “no hubo un requerimiento formal” para que el exmandatario se acoja a un proceso de colaboración eficaz, pero que es una posibilidad dentro de un proceso judicial. “No ha habido un planteamiento, la tesis de la defensa del presidente es sobre la inocencia”, insistió.

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Fiscalía, PPK

Patricia Benavides tomó una fuerte posición contra Pedro Chávarry a fines de 2019, cuando el ahora destituido Fiscal de la Nación dispuso la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, cabezas más visibles del equipo especial Lava Jato.

A través de un comunicado, Benavides se dirigió a Chavarry y dijo que su renuncia  podría permitir “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución.

“Frente a los riesgos de anomia generalizada, invocamos al actual Fiscal de la Nación, tome conciencia del impacto de sus decisiones y, anteponiendo los intereses institucionales, por el progreso de nuestro país y la tranquilidad de nuestros compatriotas, dé un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”, expresó en aquella oportunidad.

Tres años después, ahora desde el puesto más alto del Ministerio Público, Benavides enfrenta el reto de asegurar que las indagaciones prosigan y se conviertan en sólidas acusaciones.

 

 

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Fiscal de la Nación

La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.

La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

Tejada fue detenida en febrero de 2017 para cumplir con una orden de prisión preventiva, en medio de los escandalosos destapes del caso Lava Jato. Logró su excarcelación en el 2019, después de presentar un recurso ante el Poder Judicial. A Cuba, su expareja, también se le impuso comparecencia con restricciones. El equipo especial Lava Jato considera que Cuba, junto con otros funcionarios del gobierno aprista son parte de “un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal” que tenía al expresidente Alan García Pérez en la jefatura. Pronto se conocerá si esta acusación se sostiene ante el tribunal.

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Jessica Tejada, Metro de Lima, Odebrecht

Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.

Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».

Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».

«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.

Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.

Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.

En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.

Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta». 

Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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Fiscalía, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Bruno Pacheco, Pedro Castillo

Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.

Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

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Denuncias, ENEL
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