Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.
Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía.Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.
Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.
Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.
«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.
Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.
Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.
El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.
Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.
Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.
El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.
Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores,que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.
En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.
Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.
Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.
Keiko Fujimori está en problemas. El caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2011 y 2016 tiene ya 14 aspirantes a colaboradores, de acuerdo a la acusación fiscal presentada en marzo del 2021. Hoy José Domingo Pérez, a cargo del caso, está cerca de sumar un delator más. Y es uno clave para confirmar todo lo encontrado hasta el momento.
Se trata de Giancarlo Bertini Vivanco, acusado en este mismo proceso, quien fue parte del círculo más cercano de Jorge Yoshiyama Sasaki, el colaborador eficaz más importante de la investigacióny sobrino del exsecretario general del partido naranja, Jaime Yoshiyama. Bertini tuvo el encargo de reclutar falsos aportantes para la campaña de Fuerza 2011 -el nombre que usaba el fujimorismo aquel año-, la cual se financió con dinero de Odebrecht, Credicorp y el grupo Rasmuss.En total, serían más de US$10 millones inyectados a esa fallida candidatura.
Según pudo confirmar Sudaca, la Fiscalía y la defensa de Bertini ya sostuvieron una reunión con el objetivo de que el empresario se someta a un proceso de colaboración eficaz. Esta primera cita ocurrió días antes de su llegada al Perú, el jueves pasado, procedente de Italia. Allí permanecía prófugo desde el 2018.
Bertini quiere acogerse al proceso de entrega de información a cambio de beneficios, pero aún sus abogados no han solicitado esto de manera formal ante el Ministerio Público. En tanto, él permanece detenido. El pasado 4 de febrero, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el internamiento de Bertini en un centro penitenciario del país, para que cumpla con la orden de prisión preventiva que se le dictó en octubre de 2018. De acuerdo a la resolución, la medida terminaría el 3 de febrero de 2025. La colaboración eficaz podría dejarlo libre antes de esa fecha.
¿Pero, qué es lo que podría aportar Bertini sobre la trama de lavado de activos presuntamente liderada por Keiko Fujimori? En la acusación fiscal, José Domingo Pérez sostiene que antes de que acabe la campaña del 2011, en junio, Jorge Yoshiyama habría ido a la casa de su tío Jaime para informarle del reclutamiento de Bertini en la simulación de aportes. Aquella vez, tío y sobrino fueron a una habitación donde se ubicaba la caja fuerte, y este recibió US$100.000.
“Yoshiyama Sasaki se constituyó al domicilio de Jaime Yoshiyama Tanaka en un promedio de seis o siete oportunidades con el objetivo de que Yoshiyama Tanaka provea de activo ilícito a Sasaki, efectivo que iba a ser materia de ingresos a las cuentas del partido Fuerza 2011 (blanqueamiento de activos)”, se lee en la acusación. Jorge recibió de Jaime Yoshiyama un monto total de US$480 mil.
El testimonio del sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka ha sido clave para el caso que tiene a su cargo el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, la información que aporte Bertini robustecerá la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en sus puntos claves, pues fue este quien ‘pitufeó’ el dinero a través de falsos aportantes, incluida su esposa.
Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori conocía sobre la operación de lavado de activos. “Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, dijo Yoshiyama en su declaración.
También afirmó que Fujimori fue quien le pidió buscar falsos aportantes para Fuerza Popular en la campaña electoral de 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, señaló.
El testimonio de Giancarlo Bertini también servirá para corroborar lo dicho por su esposa, Patrizia Coppero del Valle, quien firmó un acuerdo de colaboración el 17 de diciembre de 2020. Coppero declaró ante la Fiscalía que su pareja le presentó recibos impresos de donación para Fuerza 2011 y le pidió que los firme hasta en tres oportunidades. En total, fueron cinco o seis recibos que sumaban alrededor de S/80.000, aseguró. Bertini, según su esposa, le contó que esa era su contribución a la campaña de Keiko Fujimori.
Y esa es, precisamente, la modalidad conocida como ‘pitufeo’. Una que, aplicada a gran escala -con más aportantes fantasma-, habría servido para camuflar todo el dinero ilícito en la campaña fujimorista. «Luego me enteré que también mi esposo Giancarlo Bertini le solicitó a otras personas que le hagan el mismo favor de firmar los recibos como aportantes a favor de la campaña electoral. Es decir, que presten su nombre a fin de realizar depósitos de dinero a la cuenta del partido Fuerza 2011 como aportantes a la campaña, por encargo del señor Jorge Yoshiyama», declaró la mujer.
“En otra oportunidad fui testigo de una llamada que recibió Jorge Yoshiyama estando en mi oficina, que era [la llamada] de Keiko Fujimori, quien le hablaba acerca de cómo iba la campaña. Luego colgó y [Yoshiyama] nos contó que le había llamado Keiko para señalarle que estaba preocupada por la campaña y que había que seguir apoyándola”, agregó Coppero.
El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además ha acusado a otros 39 imputados.
Enrique Ocrospoma Pella es investigado por presunto lavado de activos desde julio del año pasado. Un informe policial enviado al Ministerio Público indica que el exalcalde de Jesús María habría diseñado una estrategia para desviar dinero de ese municipio, originado mediante corrupción, con el que luego compró una serie de propiedades. A partir de dicho documento, la Fiscalía decidió iniciar la pesquisa.
Pese a ello, hoy Ocrospoma pretende regresar a la alcaldía de Jesús María con Avanza País. Hace tres semanas, la página de Facebook de ese partido publicó una foto donde se le ve junto a otros políticos que asumirán candidaturas municipales. Entre ellos están Carlos Bruce (Surco), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Luis Molina (Lima Metropolitana). «Reunión avancista para afinar los próximos eventos partidarios», dice la leyenda de la imagen.
El fiscal que dispuso abrir la investigación preliminar a Ocrospoma es Richard Rojas Gómez, quien también está a cargo de la carpeta sobre los aportes de campaña de Perú Libre. Para el fiscal, el caso de Ocrospoma es complejo y corresponde que sea investigado por ocho meses. Este plazo finalizará en marzo, que es cuando decidirá si formaliza la indagación o la archiva.
Esta no es la primera vez que el exalcalde está metido en líos judiciales. En el 2014 afrontó un juicio tras haber sido acusado de peculado doloso por hechos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, la Fiscalía decidió apartarlo de la acusación y el Poder Judicial aceptó el pedido.
PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS
Sudaca revisó la disposición fiscal, emitida el 5 de julio del 2021, con la que se da inicio al caso. Esta dice que, cuando estuvo en la municipalidad de Jesús María, en los periodos 2007-2010 y 2011-2014, Enrique Ocrospoma habría diseñado una estrategia ilícita con la finalidad de desviar dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor total de US$400.000 y S/300.000. Según la información policial, estos montos «no se condicen con sus ingresos durante [ambos] periodos de su gestión como alcalde», que alcanzaron apenas «un total de S/374.400».
En el caso también aparece implicada Rossana Montero Cancino, esposa de Ocrospoma, de quien se presume habría adquirido inmuebles para «facilitar el traspaso e insertación de los activos de capital ilícito en el sector empresarial y/o económico formal, con el fin de eliminarse toda fuente de procedencia ilícita de tales activos». Es decir, lavar el dinero.
La Fiscalía sostiene que ella es propietaria -junto con Ocrospoma- del inmueble ubicado en la Calle Islas Alautianas N°397-399, La Portada de la Planicie-La Molina, el mismo que fue comprado por US$400.000 y luego transferido en anticipo de herencia a sus dos hijos en el 2011.
En el esquema que plantea el fiscal Rojas aparecen tres personas jurídicas (Raggazzi EIRL, Instituto Seguridad y Convivencia, y Milec Servicios Educativos SAC) que habrían sido creadas para darle la apariencia de legalidad a la plata. Según los documentos, se trata de «empresas presuntamente constituidas con el fin de dar un aparente origen lícito al dinero proveniente de actividades ilegales (corrupción de funcionarios) con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, todos adquiridos durante el periodo ejercido ejercido como burgomaestre en el distrito de Jesús María».
La Fiscalía dice también que, en general, el modus operandi en el delito de lavado de activos tiene como punto de partida la creación de empresas, supuestamente formales, que puedan efectuar rápidamente la conversión o transferencia de los activos ilícitos.
CIFRAS Y BIENES
La investigación fiscal tiene su origen en el informe policial N 115-2021-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-DMINA, remitido por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado.
El informe policial señala que como alcalde de Jesús María, Ocrospoma recibió un ingreso mensual de S/7.800, lo que significa que durante todo su periodo le depositaron un total de apenas S/374.400. Eso «no le habría permitido la adquisición de bienes por un monto de US$400.000,00 y S/300.000,00», apuntan.
Además, dicen que Ocrospoma habría formado las empresas ya mencionadas para usarlas como fachada en la adquisición de propiedades. La Fiscalía considera que, ante todos los indicios, «resulta importante investigar si la constitución de dichas empresas guardan relación con el dinero maculado apropiado por el investigado proveniente del delito de corrupción de funcionarios, y perteneciente a la comuna de Jesús María».
La Policía informó que, en total, habrían sido 14 los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el presunto desvío de dinero.
Y la misma institución también recordó que Enrique Ocrospoma y su esposa ya han sido investigados por presunto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de concusión, por la 54° Fiscalía Provincial Penal de Lima.
En el 2018, Ocrospoma postuló sin éxito la alcaldía de Lima, por el partido Perú Nación. Su historial partidario incluye a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional y Somos Perú. Sudaca se comunicó con él para que brinde su descargo. Sin embargo, al ser consultado por la investigación fiscal, cortó nuestra llamada indicando que se encontraba en una reunión de trabajo. No volvió a contestar nuestros mensajes.
Una de las consecuencias de las últimas movilizaciones ha sido el retorno del debate sobre una nueva Constitución, como parte de las reformas que el Perú necesita de cara al bicentenario de su independencia. Si se requiere una modificación total o parcial de la Carta Magna, las vías más idóneas para lograrlo y los puntos específicos que demandan un cambio urgente son hoy –con más fuerza que en los últimos veinte años– parte de la discusión pública.
Y no es coincidencia que esto haya crecido con el descontento de los jóvenes, reflejado luego en las protestas a nivel nacional. Una semana antes de que el Congreso decida vacar al expresidente Martín Vizcarra, una encuesta de Datum reveló que el 56% de los peruanos estaba a favor de tener una nueva Constitución. Otro 27% dijo estar en contra. Entre quienes apostaban por el cambio, el 31% respondió que la principal razón es incrementar los castigos a los corruptos y el 25% señaló que no podíamos continuar con la Constitución concebida luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Un 20% consideró que se deberían incluir mayores sanciones para los delincuentes.
La opinión ciudadana –que el lector puede juzgar justa, acertada, errada o extraviada– está sobre la mesa. A la par, se ha creado una nueva bancada en el Congreso que tiene un nombre bastante explícito, Nueva Constitución, y que se suma a similares pedidos –por ejemplo– del Frente Amplio. Así, es oportuno evaluar lo más conveniente para el país. ¿Qué camino es el más viable para los cambios que la Constitución requiere? ¿Cuáles son esas reformas urgentes? ¿Es necesario el cambio total o una reforma parcial?
Las vías
El abogado constitucionalista Luciano López recuerda a Sudaca que existen dos caminos para las modificaciones a la Constitución. El primero es a través del Congreso de la República: el artículo 206 contempla la posibilidad de que se puedan hacer reformas parciales. “Pero no soy partidario, los congresos nos han demostrado que son de visiones cortoplacistas, que se llevan por intereses de coyuntura, no han sido capaces de llevar una reforma política,el próximo parlamento que venga va a ser tan igual que este o el disuelto”, opina.
El especialista precisa que el otro camino es el referéndum: una consulta promovida por la ciudadanía. “La única posibilidad de hacer una reforma total con la Constitución actual es llamando a un referéndum. O que la presión ciudadana desemboque en una herramienta legal como el referéndum. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar a referéndum”, señala.
López plantea que en esa convocatoria se consulte a la población si quiere una Asamblea Constituyente o quiere a una comisión que se encargue solo de reformas parciales. Él es partidario de la creación de una convención nacional que vea cambios específicos. “Un órgano que se dedique solo y exclusivamente a ver las reformas, terminan su trabajo y se van, plantean reformas hacia el futuro. Un Congreso no te va a ver algo así, al menos ya nos lo han demostrado”, dijo.
Su propuesta tiene un elemento clave: que el proceso no quede atrapado en el sistema político y partidario que nos llevó a la crisis. O, en otras palabras, que no sean los mismos políticos que han generado el caos del último mes los que redacten las reformas. Buscar independientes para que hagan el trabajo es un método que también podría aplicarse en caso se optara por redactar toda una nueva Constitución.
“Propongo que la convención se forme por voto popular con listas independientes para participar. De esa manera no te pones en manos de los partidos. Es más o menos lo que se hace en Chile, las elecciones para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente se van a hacer el mismo día que las elecciones generales en Perú, y ellos han elegido una fórmula en la que van a participar miembros de los partidos y listas independientes.Creo que podríamos buscar gente que no le interese estar en partidos pero le interese participar en una reforma estructural”, explica.
El constitucionalista dice que “lo rescatable del último quinquenio es que nos ha demostrado que el sistema político tiene una serie de fallas, no tiene como desahogar, por ejemplo, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un sistema demasiado parlamentarizado”.
El economista y exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Juan José Marthans, por su parte, tampoco le cierra las puertas a un referéndum como primera vía para una nueva Constitución. “Primero hay que definir qué se necesita modificar de la Constitución y en el caso extremo ponerlos a consideración de un referéndum, para que se defina si hay cambios o no, en qué espacios, en qué temas, y sobre eso se trabajen a nivel del gobierno o de Asamblea Constituyente las reformas del caso”, añade.
“Hay que propiciar el cambio de la Constitución con ciertos lineamientos. La que tenemos ahora lamentablemente se ha dado al amparo de uno de los gobierno más corruptos en la historia del Perú, eso no es una buena distinción para un peruano que tenga un mínimo de vergüenza democrática en el país”, asegura. El centro del debate pasa, entonces, del cómo –mediante cambios puntuales o un nuevo texto– al qué.
Principales reformas
¿Qué es exactamente lo que se debe cambiar de la Constitución? López considera que lo más conveniente es un cambio parcial, donde el tema prioritario son los capítulos vinculados a la estructura del Estado. “Ahí está la gran reforma, ahí sí hay que cambiar todo, requiere una profunda reforma”, dice.
“Al capítulo económico no le haría mayor modificación. La experiencia nos ha demostrado que el gran problema que tiene el Perú es la informalidad, entonces una buena estrategia puede ser establecer cambios constitucionales pero para incentivar del Estado una serie de obligaciones destinadas a la formalización de la economía”, agrega. En el capítulo 2, relacionado a derechos sociales y políticos, podrían hacerse ajustes vinculados al derecho a la salud, la seguridad social y las pensiones.
Marthans considera que la prioridad entre las modificaciones que necesita la Carta Magna está en el terreno político, pero no niega la posibilidad de que se cambie el capítulo económico. “La Constitución ha sido sistemáticamente violentada en todos sus capítulos, incluyendo el económico”.
Marthans hace un llamado sensato a los empresarios: “oponerse a una reforma va a ser un gran problema, ello podría exacerbar los ánimos, hay que ser inteligente”. “Lo ideal –matiza– es que en este último ambiente [el económico] se genere una reforma sin mellar los pilares básicos y el alcance de la definición de subsidiaridad del Estado. Creo que es esencial que se mantengan esos pilares a efectos de evitar un retroceso”.
Como primer punto a modificar propone la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan evitar “niveles de concentración extremos” en mercados. Para eso hay que darle un rango constitucional a Indecopi, el ente regulador encargado de velar por la libre competencia, agrega. También afinar medidas para que el capítulo económico sea respetado por todos los agentes económicos, así como remarcar que el Parlamento no tiene posibilidad de iniciativa de gasto.
“Si es que se evalúa la posibilidad de una nueva Constitución, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se abre la posibilidad del capítulo económico y se afecta negativamente el rol subsidiario del Estado y la autonomía de ciertas instituciones con carácter institucional, entonces vamos a dar un paso atrás inmenso”, insiste.
Tanto López como Marthans son partidarios, en primera instancia, de hacer reformas puntuales al texto constitucional. Pero ninguno de los dos se horroriza con la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna, incluso si esta decisión parte del voto popular. El debate, tanto en las calles como en la clase política, está abierto. Toca abordarlo y no huir de él.
Una cosa es la declaración de un colaborador eficaz y, otra, la documentación que acredita todos los detalles que se ocultan detrás. Hace más de dos años, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa había aportado dinero de procedencia ilícita a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Fue un día clave para el proceso, pero no era –en absoluto– suficiente. Desde entonces, el equipo especial ha logrado encontrar el camino que el dinero habría seguido de la contabilidad paralela de Odebrecht al partido político que todavía busca llegar al poder. Con ello, el círculo se sigue cerrando.
“Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte [el primero, de US$500 mil] en la campaña del 2011 […] Después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar. Incluso por una sugerencia de Marcelo, quien me dijo que, si estaba sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta, “aumente la participación” de la contribución a Keiko Fujimori. Y aumentamos US$500 mil más a Keiko Fujimori”, dijo Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en marzo del 2018.
La delación permitió a la fiscalía, cuyas investigaciones estaban aún en etapa preliminar, avanzar con mucha mayor velocidad. A partir de ese testimonio se pudo continuar con diligencias que permitieron identificar el papel de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como receptores de US$1 millón, y llegar luego a los aportantes fantasma que habría usado el fujimorismo para esconder el dinero de la constructora brasileña.
Ya era conocido, entonces, el camino que empleó el partido para ocultar los aportes. Según la tesis fiscal, una vez recibido el dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general, contactó a su sobrino Jorge (quien acaba de oficializar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía) para que reclute falsos aportantes y que estos ingresen el dinero a las cuentas del partido en Scotiabank.
Lo que no se conocía, sin embargo, era la ruta exacta que habría seguido el dinero desde que salió de Odebrecht hasta que llegó a Fuerza 2011. ¿Cómo pasó del Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado ‘Caja 2’, a las manos de Yoshiyama y Bedoya? Solo con esa información se puede acreditar la procedencia ilícita de los fondos.
A poco de finalizar la investigación, el equipo especial ha logrado reconstruir el esquema que habría usado la constructora para financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto, mientras sobre su partido, hoy, está pendiente un pedido fiscal de suspensión por dos años y medio. Si el juez Víctor Zúñiga le da la razón a la fiscalía, Fuerza Popular no podrá participar de las elecciones del 2021.
La ruta
Sudacaha podido acceder a documentación bancaria que registra el ingreso de dinero desde Panamá al Perú: reportes de transferencias, retiros en efectivo y emisión de cheques. El exprocurador Antonio Maldonado consideró que todo ello permitiría corroborar “los supuestos que están tipificados sobre criminalización de lavado de activos, actos de conversión y transferencia”.
La información tiene como personaje principal al empresario Gonzalo Monteverde Busalleu, identificado por la fiscalía como el ‘doleiro’ peruano de la constructora. Es decir, quien escondía y entregaba el dinero en efectivo. Su empresa, Construmaq SAC, fue utilizada por Odebrecht para ingresar dinero al país. Monteverde se encuentra hoy prófugo de la justicia.
Para entender el camino que recorrió la plata es necesario volver a recordar el testimonio de Jorge Barata ante el equipo especial. “El dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas”, declaró. La Caja 2 fue creada por Odebrecht para el pago de sobornos y de aportes a partidos políticos. Dichos fondos provenían de actos ilícitos cometidos por la empresa, como los sobrecostos de los proyectos que tenía a su cargo. Barata continuó: “Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.
La Constructora Internacional del Sur S.A fue creada el 11 de octubre de 2006 en Panamá, con un capital social de US$10 mil, según los documentos a los que accedió Sudaca, y fue una de las offshore utilizada para el pago de coimas. Según la tesis fiscal, también sirvió para la entrega de aportes de campaña al fujimorismo. A través de un acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas realizada el 3 de diciembre de 2006, se acordó autorizar a Olivio Rodrigues Junior, exoperador principal de la Caja 2, a firmar documentos de apertura de cuentas, otorgar, firmar y entregar cheques, giros, pagarés, entre otros, a nombre de Constructora Internacional.
En su declaración de febrero pasado ante fiscales peruanos, Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, ya había explicado verbalmente cómo llegó el dinero de Odebrecht al Perú. Su testimonio resulta clave: dijo que fue Gonzalo Monteverde, mediante su empresa, quien se encargó de esconder los pagos. Da Rocha Soares confirmó que transfirió dinero a las cuentas de las empresas de Monteverde mediante Olivio Rodrigues Junior, el mismo a quien se le dio poder en Constructora Internacional, la offshore de Odebrecht.
En diciembre de 2009, Gonzalo Monteverde abrió una cuenta para su empresa Construmaq SAC en el Credicorp Bank de Panamá, muestran los documentos revisados por este medio. Él y María Isabel Carmona figuraron como los apoderados. En la declaración de apertura de cuentas de depósito de Construmaq aparece como principal cliente depositante la Constructora Internacional del Sur y se precisa que la procedencia de los fondos para abrir la cuenta son transferencias internas de laoffshorede Odebrecht.
Seis meses después, en junio de 2010,la cuenta de Construmaq SAC en el Scotiabank (Perú) comenzó a recibir transferencias de dinero de la cuenta que Monteverde abrió para la misma empresa en el Credicorp Bank de Panamá. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, la cuenta de Construmaq en Perú recibió un total de US$5,828,216.
Pero como reveló Barata, Odebrecht destinó US$1 millón para Fuerza 2011, en dos armadas de US$500.000. De todas las transferencias, ¿cuáles concuerdan con el testimonio de Barata sobre los aportes realizados al fujimorismo? Los reportes de transferencias desde el exterior, emitidos por Scotiabank y también revisados por Sudaca, revelan que el 30 de junio del 2010 la cuenta de Construmaq en Perú recibió US$549,950. Además, al año siguiente, el 6 de mayo del 2011, se le entregó US$349,925. Ambos montos suman US$900.000.
Las dos fechas coinciden con lo mencionado por Barata, quien recordó ante la fiscalía los meses en los que pidió y entregó el dinero en efectivo para el partido de Keiko Fujimori. “Fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después […] acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta. Ese segundo aporte de 500 fue entregado una parte en nuestra oficina al señor Bedoya”, sostuvo.
De todo el dinero que llegó las cuentas de Construmaq en el país, Monteverde retiró US$1,197,227 en efectivo y la UIF reportó, además, la emisión de cheques por más de US$6 millones para el empresario.De la plata retirada en efectivo y en cheques habría salido todo el millón finalmente entregado al fujimorismo, según ha podido determinar la fiscalía.
La fiscalía sostiene que Monteverde fue el encargado de llevar el dinero para Fuerza Popular en maletas a Jorge Barata.Luego de recibir el dinero, el exejecutivo declaró haberse reunido con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han sido sindicados como los receptores de los aportes ilícitos y parte de la presunta red criminal que se habría formado en Fuerza 2011 para darles apariencia de legalidad. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Yoshiyama Tanaka, ya se ha encargado de contar cómo se ‘pitufeó’ ese dinero a través de empresarios como Gianrcarlo Bertini o Erick Matto Monge.
A Gonzalo Monteverde, aparte, la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por recibir el dinero ilícito de Odebrecht en las cuentas de sus empresas. No solo habría recibido aportes para campañas políticas, sino también sobornos para funcionarios públicos. Construmaq recibía montos diversos de Odebrecht desde su constitución.
Información que completa la tesis fiscal
En su momento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, la ha defendido señalando que falsos aportantes “indicarían tan solo una acción de simulación”, pero no de lavado de activos. “Las declaraciones de supuestos aportantes y de Jorge Yoshiyama no corroboran el conocimiento de la señora Fujimori, elemento central para la configuración del tipo penal de lavado de activos. No se aportan mayores indicios de la participación directa de la señora Fujimori”, dijo durante las audiencias donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
En conversación con Sudaca, sin embargo, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que detectar la ruta del dinero que aportó Odebrecht al fujimorismo “robustece y afianza la hipótesis de lavado de activos” que tiene el equipo especial. “Sirve para que la fiscalía pueda reafirmar que Odebrecht no quería que este dinero fuera contabilizado. Era un dinero que tenía origen espurio y para que no sea detectado se sigue esta ruta offshore, son prácticas recurrentes para lavar dinero. Sirve para reafirmar que querían darle apariencia de legalidad. Sí es posible hablar de un origen ilícito y de que las personas que recibieron hayan podido presumirlo”.
Chanjan sostuvo que existen indicios, a partir de estos documentos, que pueden indicar que se pudo conocer el origen ilícito del dinero. “Por ejemplo, cómo te lo entregan, no bancarizado, luego lo pitufeas y lo diluyes en cócteles, son indicios que pueden llegar a indicar que podrías haber presumido el origen ilícito”, señaló.
En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información revisada por Sudaca permite corroboraciones cruciales para la hipotesis de los fiscales. “Odebrecht convierte, transfiere el dinero de otra persona, la persona asume que el dinero iba para ella, y luego ese dinero es transferido al entorno cercano de Keiko Fujimori, con lo que se configuran los actos de ocultamiento y tenencia”.
El letrado explicó que los delitos de lavado de activos son siempre dolosos; es decir, aquellos actos que son cometidos a sabiendas de que van en contra de la ley. Dijo que Keiko Fujimori, por su nivel de formación, debía por lo menos presumir el origen del dinero.
“En base a esta información habría suficientes elementos de convicción, indicios que deberían ser constituidos como medios de prueba, y que deben ser sometidos a juicio. Son comportamientos que demuestran infiltración del dinero proveniente de actividades criminales, la entrega y el acto de recibir. Por lo menos el corazón del lavado de activos estaría ahí para ser desarrollado con los otros elementos que se tienen”, indicó. En el caso de Keiko Fujimori y su entorno, el equipo especial se acerca cada vez más a los momentos decisivos del proceso.
Ni a favor ni en contra. Nada. Cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron para que se declare improcedente la demanda competencial, presentada por el Ejecutivo, por el uso inadecuado del término “incapacidad moral permanente” para tramitar una vacancia presidencial. Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda consideraron que lo mejor era no analizar el fondo de la demanda, porque los hechos que la habían suscitado ya desaparecieron. La excusa: que la primera moción de vacancia (la que motivó el pedido) no se concretó. Recordemos que a Martín Vizcarra se le vacó en el segundo proceso, y no en el primero. Así, los magistrados alegaron “sustracción de la materia”. Fabiana Orihuela, abogada del grupo Perspectiva Constitucional, analiza el fallo y sus consecuencias.
Para entender la importancia del fallo del TC, ¿qué significa y cuál es la consecuencia más grande que traerá esta decisión?
La improcedencia quiere decir que no se están pronunciando sobre el fondo. No están validando ni la primera vacancia ni la segunda, que sí se concretó. Mucha gente piensa que esto quiere decir que se declaró bien la vacancia de Vizcarra. Eso es falso. Lo que han decidido es que no van a delimitar los alcances del artículo 113 numeral 2 de la Constitución. Es decir, que todavía está sujeta a los intérpretes, que en este caso serían los miembros del Congreso, hasta que el TC en un caso futuro pueda pronunciarse. No han puesto parámetros, pero eso no necesariamente quiere decir que dejan en desprotección a los siguientes presidentes.
Entonces, ¿el TC puede volver a pronunciarse si se presenta otra demanda similar?
Aún tenemos esperanzas de que un futuro Tribunal pueda cerrar [la figura de la incapacidad moral] con parámetros, para evitar arbitrariedades. El Tribunal sí se podría pronunciar, sea conociendo en última instancia un proceso de amparo contra la vacancia o si se presenta otra demanda competencial por el segundo proceso. Como no se han pronunciado sobre el fondo ahora, tampoco ha cerrado la posibilidad a que se interponga una nueva demanda.
Los cuatro magistrados que votaron para evitar pronunciarse, ¿abdicaron de sus funciones como miembros del TC? En teoría ellos deben dirimir para evitar futuras controversias.
Efectivamente, se han escudado en un formalismo. La sustracción de la materia [figura que apela a la desaparición de aquello que motivó la demanda] no es simplemente un tecnicismo. Es algo que supone que no hay conflicto. La sustracción de la materia es solo sobre el primer intento de vacancia, y no sobre el artículo 113. El TC tendría que dar una interpretación constitucional de cierre precisamente cuando hay incertidumbre.
Como el TC no se ha pronunciado sobre el fondo, ¿no vamos a saber si la vacancia de Martin Vizcarra fue válida, ni tampoco qué implica la ‘incapacidad moral permanente’?
Lo podemos saber en el sentido de que cada uno puede interpretarlo como quiera, pero no hay una decisión final que elija una interpretación sobre las demás. Ahora mismo estamos a merced de lo que cada uno considera, porque no hay una interpretación oficial de cierre y tampoco hubo un pronunciamiento sobre si Vizcarra estuvo bien o mal vacado.
¿Cómo se explican las declaraciones del magistrado Ernesto Blume, que dijo que la ‘incapacidad moral permanente’ es un concepto que “no debe estar claro”?
Hay algunas concepciones del constitucionalismo antiguo que suponen que hay ámbitos que son meramente políticos y que permiten una discrecionalidad casi absoluta. Sin embargo, en el constitucionalismo actual eso está descartado. No hay ámbitos exentos de control de constitucionalidad y no hay ámbitos que permitan arbitrariedades, ni siquiera los discrecionales. Puedes tener una facultad discrecional, pero tienes que basarla en parámetros constitucionales. Su concepción obedece más a un entendimiento clásico antiguo del constitucionalismo.
¿El TC le ha dado carta libre al Congreso para seguir vacando presidentes?
No creo que le haya dado carta libre. Como ni siquiera se ha pronunciado diciendo que el alcance [de la ‘incapacidad moral permanente’] es amplio, si el Congreso lo usa de la misma forma de nuevo y el caso llega al TC, este sí puede decir que está mal usado. Entonces, no es verdad que tiene carta libre, tampoco. Nos ha dejado en la incertidumbre y la vacancia podría ser mal usada otra vez, pero el Congreso debiera actuar con prudencia porque el TC todavía puede invalidar sus futuras decisiones.
¿Martín Vizcarra tiene responsabilidad en esto? No presentó ningún recurso ante la segunda vacancia.
Sí tiene [responsabilidad]. Él ahora declara como si el TC hubiera renunciado a su funciones cuando él se las dificultó. Si hubiera planteado una demanda competencial nueva, hubiera tenido que verse el nuevo caso. No necesariamente se repondría a Vizcarra, pero se podría decir que estuvo mal vacado. Repito: no reponerlo, sino para que haya un pronunciamiento sobre el fondo. Al no presentar demanda en su momento, Vizcarra ató de manos al Tribunal y le dio argumentos para excusarse de pronunciarse.
¿La salida a todo esto sería un cambio de Constitución?
Es completamente posible hacerlo. Se pueden cambiar las partes que nos ocasionan estas crisis, hacer una reforma integral o pensar en una nueva Constitución. Si hablamos de la causal de incapacidad moral, en este caso no sería necesario una reforma. Posible es, pero puede modificarse el reglamento del Congreso. Creo que igual es necesario modificar el artículo 117 [que dispone los supuestos por los que un presidente puede ser acusado] para hacer una mejor interpretación con el 113, y así evitar impunidad.
La violenta represión policial durante la marcha nacional de ayer sábado 14 de noviembre dejó, por lo menos, la muerte confirmada de dos jóvenes universitarios. Ambos fallecieron luego de ser atacados por proyectiles de armas de fuego. Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) perdieron la vida mientras protestaban contra el gobierno de Manuel Merino, que no tiene –ni tuvo– ninguna legitimidad popular.
Desde Sudaca llamamos a que sus muertes no queden impunes. El rol que tendrá el Ministerio Público para que los responsables sean sancionados y las víctimas alcancen justicia será determinante.
Manuel Merino, el primer ministro Antero Flores Aráoz y el renunciante ministro del Interior, Gastón Rodríguez, tendrán que ser investigados por la Fiscalía de la Nación, según especialistas consultados por este medio. La titular de ese despacho, Zoraida Ávalos, tiene la prerrogativa de iniciar una investigación preliminar de oficio ante los graves hechos perpetrados por la Policía durante la noche del sábado.
En diálogo con Sudaca, el exprocurador Antonio Maldonado precisa que si la fiscalía califica estos hechos como homicidio calificado, de ser condenados, Merino y Rodríguez podrían recibir hasta 25 años de pena privativa de la libertad. “El asesinato de estos jóvenes alcanza a una ejecución extrajudicial”, asegura.
“No solo hay responsabilidades políticas, sino constitucionales y penales. Respecto de las constitucionales, acá hay una responsabilidad de quien encabezó todas estas operaciones, quien no puede ser otro que el señor Merino de Lama, debajo de él están todos sus ministros”, afirma.
Según el constitucionalista Luciano López, la muerte de los dos jóvenes constituye un delito de “grave violación de los Derechos Humanos”, que es tanto responsabilidad de Merino, como de Flores-Aráoz y su Gabinete. En el caso de Merino, es debido a la figura de la ‘autoría mediata’, por la que –por ejemplo– se juzgó al expresidente Alberto Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La estrategia, sin embargo, quedará en manos de la fiscalía.
Vale recordar que el viernes, después de la brutal represión de la marcha del día anterior, el primer ministro –junto al extitular del Interior– agradeció en persona la labor de las fuerzas policiales. Les dijo que siempre encontrarían en él a “un defensor” para sus actos de represión.
El expremier Juan Jiménez Mayor opinó en concordancia con la tesis de López en su cuenta de Twitter, donde aseguró que lo ocurrido ayer es “uno de los pocos tipos penales constitucionales que genera responsabilidad” y que debe “ligarse con los delitos especiales [aquellos que requieren de una cualidad específica para ser cometidos, como ser premier o ministro] del Código Penal”.
Sobre el resto de ministros de Estado, once de los cuales presentaron su renuncia en la madrugada de ayer, Maldonado aseguró que ello “no procede” para deslindar responsabilidades. Desde Sudaca advertimos que la brutal represión de la primera marcha -la del jueves 12- ya hacía prever que habría muertes. No haber visto ello es inaceptable.
“Es el cuarto día de la protesta social y de la represión desproporcionada. Eso no procede, han pasado varios días donde ellos conocían qué estaba pasando y finalmente hay responsabilidades penales graves, donde la lista principal la encabeza el ministro del Interior, que se ha venido manifestando de manera arrogante, falsa, diciendo que los policías no usaban proyectiles que causaban lesiones graves”, remarca. Uno de los jóvenes muertos recibió 11 disparos, varios de ellos en la cara, según el reporte oficial del Hospital Almenara.
Según el artículo 128 de la Constitución, además, “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo [de Ministros], aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. La renuncia de ministros, que cayó en cascada en la madrugada de hoy, se tras varios días de pública y conocida represión policial.
Para López, los ministros han renunciado demasiado tarde como para evitar su responsabilidad solidaria en la muerte de los jóvenes. Renunciar luego de que la violencia por parte de las fuerzas del orden se tradujo en dos muertes “no es una renuncia inmediata”, asegura.
Maldonado sostiene, además, que la hipótesis fiscal debiera apuntar a que existió un “patrón de represión sistemático y rigurosamente planeado, concebido en la más alta jerarquía policial, y por lo menos con instrucciones del señor Merino”. Algo que Sudaca ha podido comprobar con reporteros apostados en distintos puntos del Centro de Lima durante las manifestaciones. “Acá la fiscalía tiene que ser muy clara en lo que ha pasado, no se trata solo de ver el Código Penal, [eso] sería un error del Ministerio Público. Se trata de figuras complementarias en el ámbito de Derechos Humanos”, declara.
“Lo que debe quedar claro es que no hay nada que esperar, si Merino está intentando fugar del país, la primera medida coercitiva tendría que hacerla ya (la fiscal de la Nación)”, resalta también Maldonado. Repetimos: que la muerte de Jack Bryan y Jordan Inti no queden impunes.
*Actualización (13:00 pm): El Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos. Además se abrirá investigación por lesiones leves y lesiones graves en agravio de los heridos, y sobre los casos de desaparecidos en la movilización social.
En esta instancia deberán ser incluidos los altos mandos policiales y agentes a cargo de los actos de represión durante las protestas, como el Subcomandante General de la Policía, Jorge Lam Almonte, y el jefe de la Sétima Región Policial Lima, General Jorge Cayas Medina.Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación no se pronuncia sobre apertura de investigación a Manuel Merino y ministros
El personaje clave de la investigación por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori ha firmado, finalmente, un acuerdo de colaboración eficaz. En noviembre del 2018, poco después de que José Domingo Pérez sustentara un pedido de prisión preventiva en su contra, Jorge Yoshiyama Sasaki -el sobrino de confianza de Jaime Yoshiyama- empezó una serie de confesiones ante el equipo especial de fiscales que investiga los presuntos aportes ilícitos a Fuerza 2011. Pero hasta hace diez días esas delaciones -aunque muy mediáticas- eran solo dichos no corroborados de un aspirante a colaborador. Hoy están a punto de convertirse en herramientas poderosas para un próximo juicio.
A lo largo de dos años, Yoshiyama no solo ha dado testimonios reveladores que implican a Keiko Fujimori, sino también documentos valiosos para el progreso de la investigación. Aseguró, por ejemplo, que Fujimori sabía sobre los aportes a su campaña de la corrupta constructora Odebrecht, y que fue ella misma quien le pidió conseguir los falsos aportantes para ocultar el dinero. También que ella organizó la estrategia de presión a los testigos para que den versiones falsas a la fiscalía. Todo esto, por supuesto, ha sido negado por la ahora nuevamente candidata presidencial.
Pero Yoshiyama Sasaki ha hecho más que solo hablar de Fujimori. Con sus delaciones, la fiscalía ha podido corroborar la tesis del ‘pitufeo’ como herramienta para ocultar aportes en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Por encargo de su tío Jaime, que era secretario general del partido, Jorge Yoshiyama fue el nexo entre los aportantes fantasma y la cúpula de la presunta red criminal encargada de camuflar el dinero de Odebrecht. Yoshiyama se ha ocupado de desentrañar ese esquema de presunto lavado ante la justicia.
Toda su información ya ha sido corroborada por la fiscalía mediante documentos y otros testimonios vinculados al caso. Esa es una de las condiciones para que un aspirante a colaborador pueda firmar el acuerdo que le garantizará, a cambio de la información que brinda, beneficios frente a una posible condena.
Sudaca confirmó que el fiscal Pérez suscribió dicho documento con Yoshiyama el pasado 22 de octubre. El equipo especial ha dispuesto levantar la reserva de su identidad. Para que sus delaciones sean usadas como prueba en el próximo juicio, solo falta que un juez evalúe el convenio y emita una sentencia.
El cuaderno de colaboración fue enviado al Cuarto Despecho de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, el pasado viernes alrededor de la 1:30 de la tarde. Siete horas después, Keiko Fujimori anunciaba la inscripción de su precandidatura presidencial a través de su cuenta de Twitter. Irá acompañada por el excongresista Luis Galarreta y por la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez.
La documentación enviada al Poder Judicial contiene los hechos delatados por Yoshiyama y los actos de corroboración ejecutados por la fiscalía. Zúñiga será el encargado de evaluar, en audiencia reservada, la información entregada por Yoshiyama respecto a los beneficios que obtiene. De ratificarse el acuerdo, se convertirá en uno de los varios colaboradores eficaces en la investigación a Fujimori.
Entre el resto de testimonios, sin embargo, el suyo tiene un papel preponderante. Mientras que en la declaración de un falso aportante o alguien cercano a la cúpula de la organización solo se puede escudriñar uno de los flancos del esquema de ‘pitufeo’, Yoshiyama conocía los dos. Al haber sido el nexo entre aquellos y ésta, según sus propias revelaciones, se convirtió en el eslabón más importante de la cadena de presunto blanqueo de dinero.
Un rosario de revelaciones
“Mi tío (Jaime Yoshiyama) me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011”, confesó Yoshiyama en el 2018. Luego, dijo que su tío Jaime “tenía dinero de empresarios” entregado en efectivo para la campaña, pero que estos “no deseaban aparecer públicamente”. El fiscal Pérez consideró ese como un “momento cumbre” en la investigación.
Tras conseguir a los falsos aportantes, Yoshiyama contó cómo concretó la operación de supuesto blanqueo. “Voy nuevamente a la casa de mi tío, a quien le indico que tenía un amigo que me va a ayudar. Es en ese momento que mi tío me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet, donde había una caja fuerte, y sacó varios fajos de dólares por la suma de US$100 mil aproximadamente. Me los dio en una bolsa de plástico y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011. En ese momento me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank, donde debían realizarse los depósitos a nombre de Fuerza 2011”, dijo. Esos primeros falsos aportantes habrían sido, según Yoshiyama, Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.
Pero su siguiente testimonio sería más poderoso aún. En noviembre de 2019, Yoshiyama señaló directamente a Keiko Fujimori. Aseguró que ella sí sabía que, para la campaña presidencial del 2011, su partido había recibido presuntos aportes de Odebrecht. Dijo que su tío se lo había confesado en confianza durante la segunda mitad del 2015.
“Fuente: Andina”
“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, reveló el aspirante a colaborador.
Yoshiyama también declaró que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, tenían interés en que los falsos aportantes no digan la verdad a la fiscalía. “La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.
Pero la delación no se quedó en el 2011. Según Yoshiyama, cuyo segundo testimonio Sudaca revisó en su totalidad, Keiko Fujimori le pidió buscar personas para simular aportes también en la campaña del 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, aseguró.
Y vendría más: Yoshiyama también vinculó a miembros del “Club de la Construcción” con Keiko Fujimori. Según informó IDL-Reporteros, en diciembre del año pasado contó a la fiscalía cómo varios empresarios de dicho cártel realizaron aportes en efectivo para la campaña electoral de 2016. La excandidata presidencial le había pedido buscar empresarios para que donen US$10 mil cada uno.
El primero al que contactó fue Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, dueño de la compañía Aramsa Contratistas Generales, quien consiguió convocar -entre otros- a Ernesto Tejeda, de Obrainsa. Esta constructora, según otro aspirante a colaborador eficaz que declaró ante el fiscal Germán Juárez, habría pagado una coima de US$1 millón al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha rechazado en diferentes ocasiones las declaraciones de Yoshiyama y ha sostenido que existen contradicciones respecto a lo que ha dicho sobre el origen del dinero.
Extraños mensajes
Mientras que el despacho del fiscal Pérez avanzaba con la corroboración del proceso de colaboración eficaz, en febrero pasado, el número personal de Yoshiyama recibió extraños mensajes de Whatsapp. Un celular no identificado le pedía depositar S/10 mil a una cuenta bancaria si quería que el fiscal cambiara la dirección del proceso. “10 mil a esta cuenta y jdp limpia tu caso”, decía el primer envío.
Días después, el mismo número insistió y le pidió una respuesta. “Confirma si lo harás para informar arriba, me está preguntando”. Jorge Yoshiyama no respondió y un tercer mensaje le fue enviado. Esta vez, le planteaban pagar incluso menos de los S/10 mil solicitados en un inicio. “El doctor me está indicando si gustas hacer un depósito menor y luego en la semana recibirás un mensaje a través de la prensa, indicando que tus posibilidades de recibir una sentencia de inocente son altas por el compromiso de hablar con los fiscales”, le escribieron.
Conocido este hecho, el equipo especial dispuso identificar quién o quiénes enviaron los mensajes al aspirante a colaborador eficaz, y solicitó levantar el secreto bancario de la cuenta de ahorros que se le remitió a Yoshiyama. La operadora de telefonía Claro informó a la fiscalía que la titular de la línea era Miriam Giovanna Lozano Espinoza, mientras que el Banco de Crédito del Perú reportó que la cuenta (una cuenta sueldo) correspondía a David Pin Orihuela. Indicaron que se abrió a solicitud de la Compañía Universal Textil, empresa que forma parte del Grupo Romero.
Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales DIVIAC-DIRNIC de la Policía Nacional determinó que Miriam Lozano y David Pin son convivientes y residen juntos en el Callao. Pese a que desde el número telefónico de uno se proporcionó la cuenta bancaria del otro, Pin Orihuela aseguró a Sudaca que le habían robado el celular a inicios de año, y que recién pudo recuperarlo entre marzo y abril. Como era esperable, negó haber enviado los mensajes.
“No tengo relación con ningún partido. Alguien ha hecho uso indebido de mi celular, y también de mis redes sociales, sería irresponsable que desde mi propio teléfono extorsione o amenace a alguien”, señaló. Ninguno de los dos aparece como aportante de Fuerza 2011 ni está inscrito como afiliado. Con la información recopilada, el fiscal Pérez ha presentado el último lunes una denuncia ante la fiscalía anticorrupción para que se determinen responsabilidades y motivaciones detrás de los mensajes.
Pero más allá de ese hecho, cuya investigación seguirá curso para determinar si se trata o no de un intento por quebrar el proceso de colaboración, Yoshiyama tendrá por delante meses cargados. Como ocurre con el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, además de declarar en el juicio, el empresario se ha comprometido a seguir brindando información en las investigaciones contra el fujimorismo. Con Keiko Fujimori nuevamente en carrera por la presidencia, se viene movimiento en la arena judicial.
