“Creo que de detrás hay personas pudientes metidas en tráfico de terrenos”

Por: 15.05.2022

EL INVASOR Y EL EMPRESARIO

Sudaca también pudo acceder el récord de denuncias contra Luis Girón, quien ahora reclama la titularidad del terreno de la señora Reusche. Él está imputado en un caso que sigue la Fiscalía bajo los delitos de estafa, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Lo más llamativo de este caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, es su coinvestigado: Max Leigh García, un empresario de Piura dedicado al rubro inmobiliario, quien ha sido vinculado a un mediático caso de presunto tráfico de terrenos en la región.

Max Leigh
Max Leigh, empresario que comparte proceso penal con Luis Girón (foto: Facebook)»

Leigh fue uno de los beneficiados de una venta de más de 200 hectáreas por parte de un proyecto del Gobierno Regional de Piura. Según una nota del diario Correo, una ciudadana denunció haber sido despojada del terreno donde habitaba años atrás por parte de los funcionarios de este proyecto. Ellos le solicitaban que abandone el terreno, pues habían vendido “14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.”

Actualmente, Leigh García es gerente general de Urbana Constructora Inmobiliaria y Constructora Inmobiliaria Sausalito, según información de SUNAT. También ocupó el mismo cargo en Global Constructora Inmobiliaria, una empresa que fue dada de baja en 2017. Según su página de Facebook, Girón reconoce haber trabajado un tiempo con Leigh, siendo administrador y contador de la primera empresa mencionada. 

Intentamos comunicarnos con Girón y Leigh, les escribimos a sus redes sociales y llamamos a los teléfonos de sus respectivas empresas, pero no obtuvimos respuesta. Sólo contestó el celular una de las compañías donde Girón asegura ser gerente, pero el interlocutor aseguró no conocerlo. La jueza Ingrid Díaz, por su parte, tampoco respondió el correo en el que le solicitamos sus descargos.

 

 

 

 

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Piura, sociedad, Tráfico

Caserito de la fiscalía

Por: 1.05.2022

Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.

Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.

Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto. 

 

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Perú Libre

Las secuelas de Hernán Condori en el Minsa

Por: 17.04.2022

ROCES PREVIOS

El día en que entregó el cargo como coordinadora del programa, el 21 de marzo, Liliana La Rosa −que había asumido la jefatura el 18 de octubre de 2021− informó al entonces ministro Hernán Condori que ya se habían publicado convocatorias de licitaciones y expresiones de interés para ejecutar las responsabilidades del PCRIS.

Luis Hospinal Moori asumió ese mismo día. Hospinal es un médico cirujano titulado en 2010 en la Universidad Peruana de los Andes. El 13 de febrero de este año, llegó al Minsa designado por su amigo Condori, en su primera semana en la cartera, para ocupar un cargo de confianza: Director Ejecutivo II.

En ese cargo ya había tenido un accidentado episodio con La Rosa. Y es que, en su paso por el Minsa, el censurado Condori había mandado a Hospinal a hacer una inspección sin previo aviso a la sede del programa. “[El PCRIS] tiene 3 años de desarrollo, sin ningún resultado”, aseguró el exministro en un video del 7 de marzo.

Liliana La Rosa luego le enviaría una carta a Condori detallando el accionar de su funcionario de confianza durante la visita. Según indica el documento, Hospinal llegó a las instalaciones sin acreditación, se negó a conversar con La Rosa debido a “no ser de su interés y contar con poco tiempo para la recolección de información” y se retiró luego de instalar la laptop para que sus colegas se queden redactando el informe de la inspección.

En este documento, firmado por Hospinal, se afirmó que el PCRIS estaba gestionando consultorías de US$300.000 con el BID. Este dato, decía el documento, estaba basado en una supuesta información brindada por La Rosa. Pero ella lo desmintió en su carta enviada a Condori, junto con otras imprecisiones. 

El conflicto, sin embargo, ha persistido hasta hoy. La semana pasada, luego de que La Rosa acusara a Hospital públicamente de estar paralizando el PCRIS, este le escribió por WhatsApp para “pedirle que mida sus palabras en redes sociales, no deseo tomar acciones legales contra usted”. 

4. Mensaje de WhatsApp
«El mensaje de WhatsApp que Hospinal le envió a La Rosa, ‘en forma respetuosa’, a partir de sus publicaciones en Twitter»

Sudaca pudo comuncarse con Hospinal para este informe. El funcionario reconoció la reunión en el patio y aseguró que fue para anunciar la resolución de algunos contratos. “Se había contratado personal para proyectos de inversión que no fueron aprobados. Considerando los 6 proyectos aprobados, muchos de los consultores no tienen productos para generar la finalidad pública”, agregó al respecto, pese a que los consultores afectados señalan que sus labores no dependen de la cantidad de proyectos en el PCRIS. 

Hospinal también dijo desconocer sobre los retrasos en los pagos. Afirmó que la reasignación de computadoras se debió a que hay personas que no tienen una y que “sí cumplen con la finalidad pública”, a diferencia del equipo de comunicaciones. 

Acerca del correo del BID y del Banco Mundial, respondió que ambas entidades están preocupadas porque no se ha avanzado en los últimos tres años y no por la paralización durante su gestión. Aunque eso no es realmente lo que se lee en el escrito. 

“Los bancos han venido advirtiendo eso en diferentes momentos a los ministros de salud. Esto es un hito más. Están preocupados, al igual que nosotros. Estamos reorientando y reimpulsando el programa. En algo que ha estado parado por tres años, no pretendamos hacer obras públicas en tres semanas”, concluyó. Al funcionario no le entran balas. 

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Gobierno, Hernán Condori, Minsa

200.000 escolares víctimas de la ineptitud en Piura

Por: 9.04.2022

El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.

La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.

Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta. 

Meler Neyra Santur
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»

También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.

El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.

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Educación, Minedu, Piura

Lomas amenazadas

Por: 27.03.2022

EN CONSTANTE AMENAZA

“En ocasiones anteriores, les hemos mandado videos a las autoridades para que intervengan. Mayormente han hecho caso, pero han demorado en hacer desalojos”, recuerda Efraín Villegas, presidente del asentamiento humano Flor de Amancaes desde octubre del 2021.

El 2019, por ejemplo, la gestión municipal de la accionpopulista Cristina Nina, quien luego fue suspendida del cargo luego de ser detenida por cobro de cupos, hizo uno de esos desalojos. Pese a que las casas fueron retiradas tras la intervención, la vegetación no volvió a crecer igual: las fotos que muestra Christian Ipanaque, miembro del colectivo que defiende estas lomas, evidencian que los rectángulos de tierra afirmada −donde se habían instalado las casetas de los invasores− ya no recuperan el verde de antes. “Parte de la vegetación desaparece, ya no crece como antes”, coincide  Efraín Villegas. 

Invasiones
«Los módulos que han sido levantados desde agosto de 2021 hasta la actualidad en la parte alta de Lomas de Pamplona (foto: Nicolás Cisneros)»

Los vecinos de Flor de Amancaes también recuerdan amenazas por parte de los invasores, aunque prefieren no dar más detalles. “Como junta directiva no podemos hacer más. Están las amenazas, tienen sus matones”, señala Villegas.

La más reciente invasión se encuentra a unos metros de los dos logos de Podemos Perú, dentro del patrimonio natural: consiste alrededor de veinte casas, en su mayoría, no habitadas. Así lo señala un informe del Serfor realizado luego de visitar la zona en octubre pasado. “Pocos están viviendo. Es gente que tiene plata, [que ha instalado las casas] para vender”, agrega Villegas. Estaríamos hablando, a todas luces, de claros indicios de tráfico de terrenos.

Vegetación afectada
«Los terrenos donde se colocaron las casas en 2019, afectados por la falta de vegetación luego del desalojo (foto: Maycol Sulca)»

Según el informe del Serfor y los vecinos de Flor de Amancaes, quienes ocupan esta zona son parte de la Asociación Tres Ases, encabezada por José Cardenas Quispe. Cardenas vive en otro asentamiento humano de San Juan de Miraflores, según el Reniec. De acuerdo con los vecinos de la zona, no es la primera vez que esta asociación invade la parte alta de las lomas costeras. 

En la visita que hizo el Serfor, hace cinco meses, el presidente de Tres Ases se defendió diciendo que habían presentado distintos documentos a varias entidades para poder asentarse ahí (como la Comisaría de Pamplona o Sunarp), pero admitió que no cuentan con el reconocimiento de la municipalidad. Sudaca intentó contactarlo sin éxito.

La municipalidad de San Juan de Miraflores está al tanto de la nueva invasión. Sobre las pintas, mencionaron que “de inmediato el caso será derivado al área responsable a fin de que se tomen las acciones legales pertinentes”. Por su lado, la situación de las invasiones ya ha sido remitida a la Procuraduría Pública Municipal.

Adolfo Ocampo
«Adolfo Ocampo Vargas, quien ha sido alcalde cinco veces en San Juan de Miraflores (foto: Andina).»

En la Municipalidad de Lima también hay movimiento al respecto. El regidor Carlo Ángeles, quien ya había derivado la denuncia ambiental a la comuna del distrito, asegura que denunciará penalmente en caso haya omisión de funciones.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Denuncias armadas en el Indecopi de Palacín

Por: 15.03.2022

FANTASMAS

Por otro lado, Fortunato Ccama −supuesto autor de una de las dos denuncias idénticas− es un señor de 64 años que no consigna firma en el documento, a pesar de que su nombre figura como el que lo ingresó por Mesa de Partes Virtual el 22 de octubre. Sudaca llamó al número de celular que el denunciante incluyó en el formulario, pero contestó una señora que asegura no conocerlo.

Desde el correo electrónico que consignó en mesa de partes tampoco respondieron nuestras comunicaciones. Esta dirección de Gmail (smendozaj10@gmail.com), además, incluye iniciales y un apellido que no coinciden con el nombre de Ccama. Intentamos buscar al sexagenario en su dirección legal, pero no lo encontramos. Sus vecinos aseguran que no reside ahí y que solo va de vez en cuando.

La segunda denuncia fue ingresada por la empresa Pacific Security International SAC tres días después, el 25 de octubre. Una de las pocas diferencias con el primer documento es que sí se incluyó una firma al final: la del supuesto gerente general de la firma, Fredy Vargas.

Sin embargo, el Comité de Selección realizó un contraste de esta rúbrica con la que figura en el Reniec y encontró considerables diferencias. Otra irregularidad es que la gerenta general de la empresa desde el 2020 es Carolina Vargas Enriquez, según la Sunat, no su hermano Fredy.

Nota de edición: Después de publicado este reportaje, Fredy Vargas, de Pacific Security, se comunicó con nosotros. Nos confirmó que su firma fue falsificada, pues ni él ni su hermana la estamparon en la denuncia, y que no fue su empresa la que presentó el documento.

Y aquí lo peor: al día siguiente de que la empresa ingresó su denuncia, la Unidad de Abastecimiento le respondió que ese recurso de apelación no era válido, porque la empresa pertenece al postor ganador. Y es que Pacific Security International fue una de las cinco empresas de SWAT Security que participaron en el concurso público. De ser veraz su autoría de la denuncia, estaría cuestionando su propia propuesta de obligaciones y la buena pro del consorcio al que pertenece. Insólito.

SWAT Security registra dos contratos más con entidades públicas, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ambos fueron firmados con Cofopri y se dieron en los años 2020 y 2022.

Intentamos comunicarnos con la empresa Pacific Security International por distintas vías, pero no respondieron. Por su lado, Indecopi dio una respuesta negativa a nuestro pedido de descargos, asegurando que la única vía posible para comunicarse era el portal de acceso a la información. La gestión Palacín no parece muy interesada en que este caso se ventile.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

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Indecopi, Julián Palacín
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